Читать книгу El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio - Julio César Moreno Correa, Alberto Prada Galvis - Страница 4

Construcción de Agendas Territoriales de Paz

Yo creo que todavía no es demasiado

tarde para construir una utopía que

nos permita compartir la tierra.

Gabriel García Márquez

Este apartado le presenta al lector unos elementos históricos que lo van a ubicar en tiempo y espacio de unos colombianos habitantes en una región nominada Magdalena Medio que agrupa varios departamentos: Boyacá, Santander, Antioquia y Cesar. Como se ha enunciado en acápites anteriores, Puerto Boyacá (Boyacá), Barrancabermeja (Santander) y San Pablo (Bolívar) fueron seleccionados para el trabajo de investigación, ya que tienen en común actividades económicas basadas en la explotación del petróleo, zonas agrícola y pecuaria; tienen puertos fluviales en el gran río Magdalena y comparten historias entrelazadas del conflicto armado.

En el presente capítulo, primero, se presenta una panorámica del conflicto armado que tiene como epicentro la tierra y la respuesta por parte del Estado a través de reformas agrarias; el et, con una revisión sobre los conceptos tierra, territorio y et; un último tema como es la agenda pública y con ella la agenda territorial.

Es necesario aclarar que, para los autores de la presente obra, se está empleando el término sobreviviente, como un constructo social que denota una perspectiva de temporalidad situacional, en vez de la etiqueta víctima del conflicto armado como lo plantea la visión jurídica (temporalidad de condición y permanencia) (Moreno-Correa, Salas-Picón y Valenzuela-Bonilla, 2019). Sin embargo, se ha respetado el empleo del término víctima en aquellos párrafos que corresponden a citas textuales y leyes. De igual manera, se encontrará que se hace referencia al posacuerdo, como es expresado por Nieto, Espinosa y Dávila (2017), al firmado entre el Gobierno nacional y las farc, uno de los grupos guerrilleros más grandes y longevos de la historia de Colombia, pues el conflicto armado, como tal, no ha desaparecido, dado que persisten problemas económicos, sociales y políticos y “se da inicio a un proceso de reincorporación a la vida social por parte de pobladores rurales, familias campesinas y exguerrilleros que fueron de una u otra forma afectados por la guerra” (p. 117).

Un último apunte es sobre el corpus textual (respuestas de los participantes de la investigación) sobre los temas de competencia de este capítulo: territorio, identificación de problemas, agendas territoriales de paz, que al igual que el proceso del posacuerdo, son experiencias que evidencian un trabajo de madurez comunitario-organizativo que se plantean como acciones en los nuevos territorios de paz de Colombia.

La tierra en Colombia

Este subtítulo probablemente genere una primera apreciación de encontrar en estas líneas un recorrido histórico sobre la tenencia de la tierra en Colombia, lo cual sería más apropiado para todo un documento de estudio desde épocas prerrepublicanas hasta esta fase denominada posacuerdo, que para un capítulo resultado de una investigación social.

Para los investigadores, los autores Tirado (1979) y Machado (2003 y 2004), estudiosos del tema y referentes de muchos artículos y discusiones sobre la tierra en Colombia presentan la relación de esta con el conflicto armado interno, los cambios que se han suscitado en el transcurso de sesenta o hasta más años atrás; como lo expresan tanto Tirado como Machado, desde la época en que llegaron los españoles, la posterior colonia, y pasando por el periodo de formación de la república, los históricos años del reconocido conflicto interno, hasta el día de hoy, sobre el cual, Machado (2003) indica que se vislumbra un esquema medieval:

[...] donde los señores de la guerra dominan territorios con base en súbditos que pagan tributos, unos, y cuidan las propiedades, otros —basados en la fuerza de las armas—, y donde se hace un proceso selectivo de las personas que manejan las propiedades o pueden trabajar en ellas. (p. 134)

Colombia en el siglo xix

Tirado (1979) señala que en la Nueva Granada había ganadería extensiva, algunas plantaciones, grandes haciendas y gran cantidad de resguardos; sin embargo, lo más sobresaliente era la concentración territorial en manos de una reducida oligarquía. Entre las razones que suscitaron los cambios en la propiedad de la tierra estuvieron dadas por las guerras de Independencia, los beneficiarios fueron antiguos terratenientes que se hicieron al lado de los vencedores, militares republicanos que obtuvieron la paga de los servicios con tierras, los comerciantes, terratenientes y militares que acapararon tierras bajo la denominación de bonos de deuda pública. En el Congreso de Angosturas (1819) fueron otorgadas tierras a través de una ley que premiaba a los militares y los soldados, estos últimos se vieron obligados a vender los bonos de la deuda pública (las tierras) por un valor inferior e incluso recibieron el pago en especie. Lo anterior propició más concentración de tierras en manos de comerciantes y terratenientes.

En el Congreso de Cúcuta (1821) se ordenó la repartición de los resguardos; en 1832, se volvió a ordenar el repartimiento de los resguardos, en 1843 se extendió la prohibición de enajenar tierras de los resguardos y en 1850, con la Ley 22 se autorizó disponer la libre enajenación de los resguardos. Dicha ley elevaba a todos los colombianos a ciudadanos iguales con los mismos derechos y obligaciones; con ello, los resguardos se repartían entre los indígenas y estos contaban con libre disposición sobre los predios adjudicados. Las presiones llegaron y los indígenas terminaron vendiendo, por lo tanto, quedaron libres de toda propiedad sobre la tierra. Esto llevó a que los indígenas se vincularan como mano de obra libre en las haciendas a través de una paga, lo cual permitió que ante la pérdida de los resguardos se ampliaran los latifundios y la mano de obra esclava se volviera antieconómica y se viese la necesidad de suprimirla. La excepción se dio al sur, en lo que hoy es Nariño y Cauca, donde sobrevivieron los resguardos porque el desarrollo capitalista fue menor, carencia de vías de comunicación y con ello la no exportación de productos.

Finalmente, con el Decreto-Ley 1421 de 1940, las clases dominantes amparadas por el Estado extinguieron los resguardos en esa apartada región. La forma arbitraria de desalojo se procedió con la exigencia de la titulación y el registro, por supuesto inexistente, por lo tanto, el resguardo dejaba de existir, con ello, se consideraban baldías y los indígenas simples ocupantes o colonos a quienes se les reconocía lo cultivado y la mejora.

Otros territorios que se vieron afectados fueron los ejidos, herencia de España. Los monarcas españoles dispusieron por Real Cédula del 29 de mayo de 1525 que cada población debía dejar terreno (solares) a los vecinos. Los ejidos eran una porción de terreno de uso público en el cual se podía pastar ganado, pero no cultivar, así como emplear a futuro en la medida en que el pueblo creciera. Con el tiempo, los terratenientes se apropiaron de esas tierras ampliando cercados y agrandando sus propiedades, los ejidos fueron acaparados e impidió que la población pobre los utilizara.

En los episodios de 1850, los terratenientes eran reconocidos políticamente como conservadores y los liberales encarnaban los intereses de la clase comerciante interesados en reformas económicas que los beneficiaran. La Reforma Agraria de 1850, Ley 30, eliminó el censo, que era un impuesto sobre las propiedades territoriales tanto urbanas como rústicas, dicho impuesto frenaba el desarrollo de la agricultura. En 1861, Tomás Cipriano de Mosquera declaró la desamortización de bienes de manos muertas, como otra medida de la reforma; el resultado fue pasar del latifundio eclesial al laico, lo cual trajo como consecuencia que los conservadores y los liberales se fortalecieran como una oligarquía comerciantes-terratenientes. En resumen, esta reforma no eliminó el latifundio y las medidas implementadas favorecieron a los latifundistas al eliminar el pago de impuestos.

La colonización antioqueña dio nacimiento a la mediana propiedad campesina y familiar. A mediados del siglo xix se presentó la colonización de zonas deshabitadas al occidente del país, la región sur de Antioquia, como son hoy los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, asimismo, se extendió al Valle del Cauca y norte del Tolima; en ese periodo los colonos fundaron muchas poblaciones. Una de las razones de salir a colonizar estaba en la calidad de las tierras, la concentración de propiedades en pocas manos y los hallazgos mineros, donde se daba explotación minera y se ofrecían plantíos para la sustentación de la población trabajadora. Se han establecido como tres tipos de colonización: a) ocupación de forma violenta por familias de escasos recursos económicos; b) en terrenos baldíos cedido por autoridades y c) promovido por capitalistas especuladores, negociantes con títulos de deuda pública. Esta última modalidad permitía deshacerse de pocas hectáreas, los colonos trabajaban la parcela y en algunos días hacían obras de caminos; esto hizo que se valorizara el predio del terrateniente. Los cultivos predominantes fueron el café, el tabaco y el comercio del oro. Las tierras por trabajar requerían mucha mano de obra, siendo los hijos los encargados, de allí que una característica son las familias numerosas, se acentuó el núcleo familiar y el rígido patriarcalismo antioqueño. El café fue el producto determinante de la comercialización y la exportación lo que incentivó la construcción de vías, mano de obra y elevó el nivel de ingresos.

Colombia en el siglo xx

Según Tirado (1979), al inicio del siglo xx, las tierras laborales estaban acaparadas. Después de la Primera Guerra Mundial, con la expedición de leyes proteccionistas comenzó la industrialización que influyó en la estructura agraria. En 1918, iniciaron las grandes huelgas, especialmente en la región caribe. Entre 1923-1928, ingresaron al país los millones de dólares provenientes de la indemnización de los Estados Unidos por el arreglo de Panamá, lo cual se invirtió en obras civiles, hubo prosperidad e inflación, esta última fue aprovechada por los latifundistas que ven como sus propiedades fueron ganando valor. Se presentaron migraciones del campo a la ciudad, el ofrecimiento de los latifundistas para mantener la mano de obra campesina explotada; estos se organizaron en las llamadas Ligas Campesinas para invadir tierras y exigir contratos más favorables. La respuesta del Estado fue a favor de los terratenientes con apoyo de la fuerza pública y con la solución de traer mano de obra extrajera.

En 1928 se presentó la acción del Gobierno de la clase dominante actuando a favor de los monopolios extranjeros, representado por la United Fruit Company, antes de proteger a los trabajadores colombianos; este episodio va a pasar a la historia como la Masacre de las Bananeras. De acuerdo con Tirado (1979), aquí se unieron “la producción capitalista en la agricultura de exportación y los intereses de la nuestra clase dominante con el imperialismo norteamericano” (p. 309). En 1947, por contrato con el Gobierno colombiano, se estableció una nueva modalidad de trabajo, se siguió explotando la producción directa de propiedad de la compañía extranjera, que compraba los racimos a los productores colombianos, a quienes les había dado crédito, esto se tradujo en que obtenían una fruta de calidad con mínima inversión de sus propios recursos. Años más adelante, la compañía le vendió las tierras al Instituto Nacional de la Reforma Agraria (en adelante Incora) y con una nueva compañía llamada la Frutera de Sevilla; se trasladó a Urabá la siembra de banano, lo cual trajo como consecuencia que le compraba el producto a una sociedad de productores y así en cualquier momento podía dejar el país. Esta modalidad solo se celebró en Colombia, así cualquier conflicto social era entre empleadores y trabajadores, y la compañía quedaba fuera de las protestas nacionales.

En 1930, las condiciones de lucha por la tierra se intensificaron, sucedieron invasiones de tierras y las respuestas fueron los desalojos. Los terratenientes acudían a una ley de 1905, que cuando un territorio se ocupa sin que medie contrato de arrendamiento y sin consentimiento del arrendador, se podía acudir a la Policía a entablar una queja y en 48 horas se procedía a la expulsión en el menor tiempo posible. La legislación se modificó y el proceso de lanzamiento podría realizarse 30 días siguientes a la ocupación o cuando el dueño se percataba, solo que en este caso esperaba que el terreno fuera desmontado, trabajado por el campesino, comprobando su fertilidad y valorización para después entablar la denuncia y esperar los 30 días para que el Estado, a su favor, desalojara al intruso, el cual en muchas ocasiones perecía por la violencia oficial al servicio del terrateniente, entregando una posterior ayuda a la viuda y familiares. Ante la presión de los campesinos, el dueño del terreno llegaba a un acuerdo, el Gobierno de mediador le compraba la tierra al terrateniente y procedía a otorgarles títulos a los invasores.

El 16 de diciembre de 1936 se promulgó la Ley 200, más conocida como la Ley de la Reforma Agraria del liberal López Pumarejo, quien debía responder a las nuevas condiciones resultantes de la crisis de 1930; en esta se exigían modificaciones a la estructura agraria, como modernizar el campo y establecer mejores relaciones capitalistas, porque se requerían alimentos para la población y las materias primas para la industria. El sistema de parcelas era inadecuado, se debían pagar salarios y ampliar el mercado interno. Esta Ley frenaba el desalojo de los colonos, amparada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926 y ratificada en 1934; por lo tanto, quien se considerara propietario, en caso de litigio, debía acreditar la concesión de la Corona o de la República, esto fue apreciado por los terratenientes como una prueba diabólica. Tirado (1979), lo expresa:

Las consecuencias fueron positivas para la clase dominante en la medida en que el reformismo y el proceso creciente de industrialización que absorbió mano de obra del campo, no dejaron de cristalizar un movimiento nacional agrarista, ni acción revolucionaria de las masas campesinas. (pp. 322-323)

El mismo López Pumarejo sancionó la Ley 100 de 1944, borró lo impulsado en la anterior: reglamentó el contrato de aparcería a favor de los terratenientes y amplió los términos para la extinción del dominio de los predios incultos.

En 1948, la represión laboral iniciada por el liberal Alberto Lleras Camargo continuó con el conservador Mariano Ospina Pérez, violencia oficial que se extendió al campo. Tirado (1979) enuncia a tal punto, que el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán hizo un llamado al presidente “todo lo que pedimos es la garantía de la vida humana, que es lo menos que una nación puede pedir” (p. 325), dos meses después fue asesinado y, con su muerte, se sucedieron más de 300 000 asesinatos. Una nueva guerra civil se inició y con ella cambios en la propiedad de las tierras; muchos perdieron estas por muerte, o se vieron obligados a abandonarlas, venderlas a bajo precio y por la llamada Violencia, otros ampliaron sus posesiones. Este periodo determinó cambios en la estructura agraria de forma directa o por efecto mediato, se apreció concentración de tierras en ciertas zonas y, con ello, el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Otro hecho influyente fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, que propició el desarrollo de la industria y la inversión de capital en la mecanización del campo, por ello, la clase dominante ofreció seguridad al propietario y este interés marcó la política agraria: la propiedad de la tierra era intocable y las decisiones fiscales favorecieron la productividad.

En 1953, Rojas Pinilla quien, con el apoyo de la clase dominante, frenó la violencia, especialmente en los Llanos Orientales y esta se abrió frente en el Tolima y Huila, donde los campesinos tenían tintes comunistas, por ende, surgieron los grupos guerrilleros. Un hecho que va a ser trascendental para el tema agrario, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica fue la Revolución Cubana (1959); esta repartió la tierra en el campo y vinculó al campesino en el proceso político. La respuesta fue inmediata por el gobierno imperialista del norte en cabeza del presidente Kennedy, con la propuesta en Punta del Este, llamada Alianza para el Progreso, en el cual las reformas agrarias eran básicas para frenar que los países al sur de los Estados Unidos siguieran el ejemplo de Cuba. En Colombia estaba el Frente Nacional, que asumió en el contexto económico, social y político elaborar una reforma agraria de urgencia, en la que se dieron tres variantes: la posición de avanzada de Lleras Restrepo, la de los conservadores y la relación comunista en toda la reforma y la desarrollista de López Michelsen.

En la discusión del proyecto de ley de reforma agraria confluían en lo mismo, “la negación de la reforma agraria” (Tirado, 1979, p. 341). En este proceso se pueden ver dos fases: a) repartir un poco de tierras entre los campesinos en las zonas donde subsistía la violencia y b) dirigida hacia la productividad, respetando la situación de los latifundistas y sin redistribución de la tierra. Con lo anterior se actuó como los bomberos dejado brasas. La razón expuesta por el autor Tirado (1979) es que en Colombia

[…] la burguesía industrial buscando ganancias, engorda lotes, que se valorizan por la inflación crónica, y que por lo tanto se haya formado una sola clase dominante, industrial terrateniente… no pueden hacer una reforma agraria que implique expropiación y repartición de tierras. Equivaldría a un hara-kiri económico que no se van a hacer. (p. 352)

Por eso, lastimosamente, la reforma agraria que hicieron fue la que los benefició como clase dominante. Machado (2003), economista reconocido, quien desde la academia ha explicado el complejo proceso de la tenencia de la tierra en Colombia. En los siguientes párrafos se apreciará el pensamiento y el trasegar del tema en mención. Desde los años sesenta, se han estado aplicando reformas agrarias que no han solucionado los problemas en torno a la tenencia de la tierra, se ha iniciado un nuevo siglo sin resolver lo relacionado con la propiedad y la tenencia que es desigual y bimodal, haciendo más complicado el proceso, en la medida en que se dan los cambios políticos, económicos y sociales, además de los internacionales como son la dinámica de los mercados, la tecnología y la globalización.

En el periodo de 1960-1970, la reforma agraria de la época no impactó en la estructura de la propiedad; el Incora entregó predios baldíos y de compra directa, se dio un crecimiento moderado de la superficie sometida al régimen y la concentración de la propiedad y la disminución de predios. Entre 1970 y 1984, aparecieron los cultivos ilícitos en la costa atlántica con la llamada “Bonanza Marimbera” y el surgimiento de una clase social con el dinero para comprar tierras y lavado de activos, crecimiento de la superficie y de los predios, expansión de zonas para la ganadería, descomposición de la propiedad y la consolidación de la mediana propiedad.

En los años noventa se presentó una nueva dinámica con la compra de tierras por parte de los narcotraficantes, que fueron destinadas a ganadería extensiva como una forma de mostrar el dominio territorial; se englobaron los terrenos y aparecieron los neolatifundios como expresión del poderío de los traficantes, en tanto la pequeña propiedad se fragmentó y desapareció la mediana, se mantuvo la estructura agraria bimodal. Los pequeños y medianos propietarios, así como agricultores sin opciones de ascender económica y socialmente; los controles territoriales por parte de grupos armados y el despojo violento de tierra del que fueron objeto los medianos y pequeños propietarios.

Machado (2003) señala los conflictos sociales generados alrededor de la tenencia y la propiedad sobre la tierra:

Dificultad de acceso a la propiedad por parte de pequeños y mediados propietarios, poca generación de empleo en una ganadería extensiva, expulsión de población hacia los centros urbanos, un mercado de tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia, una escasa tributación predial por el poder político de los propietarios en los municipios, en especial de los ganaderos, y por tanto, poca capacidad de los municipios para tener recursos propios que les permita invertir y promover el desarrollo rural. A lo anterior se agrega que la presión sobre la tierra se ha trasladado hacia las zonas de expansión de la frontera por la debilidad de la democratización de la propiedad en el interior y el mal uso de la tierra. Ello tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente en zonas de gran fragilidad ecológica, y para las familias que se ven envueltas en los conflictos generados alrededor de los cultivos ilícitos en esas áreas. En los últimos 15 años la frontera agrícola ha sido colonizada por campesinos dedicados más al cultivo de la coca y la amapola (zonas altas del interior) con un grave daño ecológico, y son utilizados por los empresarios del narcotráfico. (p. 127)

Adicionalmente, sobre el fenómeno del paramilitarismo, Machado (2003) dice:

[…] existe una grave distorsión institucional sobre los derechos de propiedad, y en particular un proceso de involución en los derechos de propiedad territorial y sus usos, al establecerse territorios de dominio al estilo feudal (ejércitos privados o por fuera del control del Estado que utilizan la fuerza para controlar un territorio), en una sociedad y ambiente capitalista que se enmarca en un proceso de globalización y de lucha por la modernidad. (p. 128)

Según Berry (2014), algunos grupos de paramilitares, llamados autodefensas, se financiaron con dinero de los narcotraficantes para combatir los secuestros, repeler a la guerrilla y controlar el territorio y así poder manejar el negocio de la droga, de esta manera se asesinaron líderes campesinos, se cometieron masacres y desplazamientos.

Las reformas agrarias

Tibble (2017) entrevista a Absalón Machado, quien, al referirse a las reformas agrarias en Colombia, hace un conciso resumen y las califica de tímidos intentos y experiencias fracasadas: “las reformas no han contado con apoyo político y decisiones serias de la sociedad para transformar las estructuras agrarias, sumiendo al sector rural en una situación de conflicto, atraso y pobreza” (p. 8), calificándolas de normas inútiles, injustas o progresistas que nunca se cumplen.

El Estado ha obstaculizado el modelo agrícola que Colombia requiere —la inversión en el campo en todo el recorrido histórico en este capítulo así lo muestra—. Adicionalmente, el sector urbano no lo ha sentido como propio y necesario, en términos muy coloquiales, le ha dado la espalda aun dependiendo de los productos del sector rural. El campesino, no solo excluido, sino también invisibilizado tanto para el Estado, como ante los ojos del país todavía está esperando respuestas.

A continuación, se presenta un compilado de las reformas agrarias de los siglos xx y xxi. Las últimas son respuestas de Gobierno de acuerdo con la visión particular del contexto por intervenir.

Tabla 2. Compilado sobre las reformas agrarias o relacionadas con la propiedad o tenencia de la tierra

Ley	Comentarios
Ley 200 del 16 de diciembre de 1936.	“Sobre régimen de tierras”.Compromiso político con los terratenientes.Figura jurídica de “extinción de dominio”.
Ley 100 del 31 de diciembre de 1944.	Conocida con ley de aparcería.Mantuvo la explotación agraria.Amplió el plazo de extinción de dominio entre 10 a 15 años.Contrato de arrendamiento y aparcería como utilidad pública.
Ley 135 del 13 de diciembre de 1961.	Reforma social agraria.Respuesta del Frente Nacional.Compromiso de las élites liberales y conservadoras para frenar el movimiento campesino de la violencia partidista (1948).Respuesta a la Revolución Cubana (1959) con impulso de la Alianza para el Progreso del presidente americano, Kennedy.Se pretendía presionar a los propietarios agrícolas para modernizar la producción y uso adecuado de los suelos.Se crean:Comité Nacional Agrario.Consejo Nacional Agrario.Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).Fondo Nacional Agrario (fna).Figura de los procuradores agrarios.
Ley 1ª del 26 de enero de 1968	Reforma las leyes de 1944 y 1961.Será conocida como ley de Arrendatarios y Aparceros, regula los arrendamientos agrarios y protección al arrendatario campesino.Se crea la Unidad Agrícola Familiar (uaf) para proteger, regular la tenencia y explotación, asignadas individualmente a los campesinos beneficiarios.
Ley 4ª del 3 de marzo de 1973.	Nace del Pacto de Chicoral (realizado en Tolima en enero de 1972) ante la creciente lucha campesina liderada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Acnur) y para calmar a empresarios y propietarios de tierra ante la posibilidad de expropiación.El Pacto se realizó entre gremios, partidos políticos y Gobierno.La ley benefició a los terratenientes al obstaculizar la expropiación de latifundios y bajar impuestos a los predios rurales.Se debilitó al Incora.En este gobierno se inició la representación de los latifundistas en el Congreso.
Ley 5ª del 29 de marzo de 1973.	Mediante la cual se estableció un sistema de financiamiento para el agro a través del Fondo Financiero Agropecuario, Fondos Ganaderos, Banco Ganadero, asistencia técnica, deducciones y exenciones tributarias.
Ley 6ª del 10 de enero de 1975.	Reformó la Ley 1ª de 1968.Se impulsó el programa Desarrollo Rural Integrado.
Ley 35 del 19 de noviembre de 1982.	Conocida también como Ley de Amnistía, el Incora fue encargado de la dotación de tierras y provisión de otros servicios a las personas indultadas.Se vendieron muchas tierras improductivas en el tráfico de influencias y compras entre terratenientes y altos funcionarios.Agilizó los trámites para la entrega de tierras en zonas de conflicto a través del Programa Nacional de Rehabilitación (pnr).
Ley 30 del 18 de marzo de 1988.	En términos generales, fijó como lineamientos: lograr una acción más coordinada de las instituciones gubernamentales; elevar el nivel de vida de la población campesina; simplificar los trámites para la adquisición y la dotación de tierras a los campesinos, eliminando la calificación de las tierras y proveer una mayor cantidad de recursos al Incora para el desarrollo de los programas de su competencia.
Ley 70 del 27 de agosto de 1993.	Reconoció los derechos de las comunidades negras sobre las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico de acuerdo con el artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional, atendiendo a un vacío en la legislación agraria.
Ley 160 del 3 de agosto de 1994.	El principal cambio consistió en dinamizar la redistribución, introduciendo el concepto de propiedad a través del mercado de tierras, mediante un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos.El énfasis institucional se centró en facilitar la negociación directa entre propietarios y campesinos.Creó reservas campesinas en zonas con agrosistemas frágiles que fueron como una especie de muro ante la colonización desordenada.Créditos complementarios a los campesinos a través de la presentación de proyectos productivos, que resultaron contraproducentes por la carencia de experiencia de los campesinos como empresarios y con ingresos de subsistencia.Se creó el novedoso concepto de zonas de reserva campesina.Creó zonas de desarrollo empresarial.Creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.Introdujo como causal de extinción el destino de la tierra para cultivos ilícitos.
Ley 387 del 18 de julio de 1997.	Por la cual se adoptaron medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, la protección, la consolidación y la estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.En 1995, el Estado reconoció el desplazamiento forzoso e inició atención del fenómeno. Se destacan los documentos Conpes 2804/95 y el 2924/97 para atender de forma integral a la población desplazada por la violencia.Se expidieron decretos reglamentarios para atender lo correspondiente a la propiedad y la tenencia de la tierra de quienes se vieron obligados a abandonarla para proteger la vida.
Ley 1152 del 25 de julio del 2007.	Estatuto de Desarrollo Rural.Se reformó el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).Se instauró el subsidio a la compra de tierra, el papel desempeñado por el mercado en el acceso a la propiedad, así como el requisito de tener un proyecto productivo.La Corte Constitucional declaró inexequible la totalidad de la ley.
Ley 1133 del 9 de abril del 2007.	Conocida como la Ley de Agro Ingreso Seguro (ais) que buscaba subsidiar y favorecer a quienes se perjudicaban por la suscripción del tlc con Estados Unidos, siendo beneficiarios los poseedores de extensiones en el sector rural, quedando sin presupuesto los pequeños campesinos como productores de alimentos y de algunas materias primas.
Ley 1148 del 10 de junio del 2011.	El fenómeno del desplazamiento y el despojo de tierras ha estado presente desde la Conquista española a América y en la Colonia, como también en el inicio de la Violencia (1948). Lo anterior es reconocido por el gobierno de Santos, por lo tanto, con el reconocimiento de un conflicto armado interno se promulga la Ley 1448/11 y se dictan una serie de disposiciones para tal fin.Esta ley presenta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, la cual pasa a ser más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Fuente: elaboración propia.

Colombia siglo xxi

Según Machado (2004), el conflicto interno en el país se mantenía porque el problema de la propiedad y la tenencia de la tierra seguía vigente; la situación trascendió de lo rural a lo urbano. Los citadinos vieron que el conflicto estaba más allá de la lucha de reivindicación de los campesinos ante los incumplimientos de los gobiernos cuatrienales.

El siglo xxi heredó los actores de siempre: guerrilla, narcotraficantes y paramilitarismo; como también el minifundio y microfundio, que alimentan la pobreza de los campesinos. Otros con mayor fuerza, como los cultivos ilícitos que se empleaban para generar ingresos, tanto por parte de la guerrilla como del paramilitarismo y controlar los territorios, así como para la compra de armas que se usaron para el terrorismo contra el Estado y a la misma sociedad, propiciando el desplazamiento forzoso de los campesinos y la vulneración de derechos humanos.

El siglo xx legó el inicio de la globalización que vino a agregar nuevos hechos al país en el siglo xxi: la modernización en la agricultura, liderada por gremios empresariales; en el ámbito internacional, la presión de empresas transnacionales agroindustriales, los tratados de libre comercio, el subsidio a los agricultores en países desarrollados que cerraban importaciones a los productos del trópico y proponían nuevas reglas para abrir mercados; consumidores dispuestos a disfrutar de bajos precios; finalmente, un Estado con un Ministerio de Agricultura débil, con políticas internas que no se ajustaban a las exigencias internacionales e incluso la academia que había identificado muchos de los factores internos de la compleja telaraña de lo rural se había quedado alejada. López (2003, citado en Machado, 2004), lo expresa de la siguiente manera “de las corrientes de pensamiento de los principales centros de investigación internacionales que estaban girando los análisis sectoriales hacia las teorías del desarrollo y combinando los análisis microeconómicos con los más generales y el comportamiento de los agentes socioeconómicos” (p. 132), así como el estudio de los problemas rurales con el posacuerdo. La identificación que hizo la academia del problema agrario no escaló al ámbito gubernamental ni se definieron políticas para atender y resolver el problema agrario, el cual iba más allá de la tierra ya que también agroindustrial, financiero y comercial, con un vínculo directo con el conflicto político y las políticas macroeconómicas.

Marco Romero, director de Consultoría para los Derechos Humanos (en adelante Codhes), en una entrevista con Semana (2010), dice que la tierra ha sido el problema central del conflicto armado e indica cuatro problemas del sector agrícola: a) concentración de la propiedad; b) el uso de la tierra, destinada a ganadería extensiva, la cual, si se compara con el nivel global de la economía, es improductiva, solo ventajosa para los propietarios, es un uso irracional y asfixia la agricultura; c) la crisis social, bajo acceso a salud, vivienda, educación y servicios básicos en las zonas rurales y d) mayor concentración de la tierra, debido al despojo por parte de mafias, narcotraficantes, grupos paramilitares y bandas criminales. De igual manera, el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante cnmh), en el 2013, apuntaba que “la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado” (p. 21). Asimismo, se documentan los procesos de despojos y apropiación de la tierra y a ellos se les suman la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales, las alianzas criminales entre narcotraficantes, políticos, paramilitares, servidores públicos, élites locales, tanto económicas como empresariales.

En el informe del pnud (2011):

El conflicto agrario y el armado terminan relacionándose a través de sus efectos: el desplazamiento de la población y el despojo de tierras. Porque la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y por ello, es objeto de expoliación y despojo por vías de hecho, o mediante la utilización ilegal de instrumentos jurídicos. Y la población es el objetivo del control y, por ello, susceptible de ser desplazada o confinada. (p. 57)

O como sintetiza Berry (2014):

[…] aunque el desplazamiento y el despojo han sido a veces una consecuencia del conflicto, son principalmente una estrategia sistemática de acaparamiento y de control territorial. Es decir, el desplazamiento no se genera a causa de la guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados. (p. 12)

En Colombia, la vulneración de los derechos de propiedad ha sido una constante y se ha dado con las personas que no tienen recursos, no tienen quién los represente jurídicamente, sin la educación suficiente para comprender el avasallamiento del que han sido objeto; el conflicto potenció esa vulneración y con ella la violación de los derechos humanos que ha propiciado el mismo Estado de derecho, que debía ser el garante en la protección del campesino y de su trabajo de cultivar la tierra y alimentar la nación.

En expresiones de los sobrevivientes en calidad de participantes de la investigación de las poblaciones de seleccionadas, sobre el origen del conflicto en Colombia, que está atado a la posesión sobre la tierra, se manifiesta:

Desde mi perspectiva … vuelvo lo repito la tenencia de la tierra. Aquí en Colombia el problema es únicamente en la posesión de tierras a raíz de eso se ha desarrollado un conflicto interno en el país que viene de 50-60 años atrás. (Participante)

[…] porque el problema que se origina principalmente es un problema de tierras, posesión y tendencia de tierras, entonces que las tierras sean repartidas equitativamente y que haya estabilidad económica para todos. (Participante)

El Acuerdo de La Habana vuelve a poner en la agenda pública el tema del desarrollo rural y las políticas agrarias, dado que, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se reconoce la existencia del conflicto armado y el despojo de tierras. Tibble (2017) expone que el Acuerdo Agrario contiene una agenda de mínimos ante el descuido de las políticas agrarias después de 1990 y, para ello, se requiere una capacidad institucional pública, con compromiso por parte del sector privado, apoyo de la ciudadanía, así como recursos; por ello, es compleja su implementación. Sin embargo, hay una oposición de unos grupos sociales que defienden los derechos de propiedad y están dispuestos a no beneficiar a esos sectores. El acuerdo necesita una revisión que permita concreción idiomática, asignación de recursos, tanto para la tierra como para el trabajador de esta a largo plazo. Sin duda, lo que más requiere el acuerdo es un Gobierno con capacidad y juego político para adelantar transformaciones que afectan intereses particulares en función del bien colectivo.

El enfoque territorial (et)

Antes de presentar los aspectos del et es básico que se conozca lo relativo a la tierra y al territorio, términos que de igual manera se asemejan y se diferencian.

La tierra

En la economía clásica, la tierra forma parte de los factores de producción, los otros son: trabajo, capital y tecnología. Como factor productivo, en la tierra se incluyen: la tierra misma, si es cultivable o no; los edificios y la infraestructura, y los recursos naturales, como minas de minerales, flora, fauna, agua y aire. Los recursos anteriores están clasificados en renovables, no renovables y permanentes. El valor de la tierra está sujeto a la cercanía con el sector urbano, acceso a los medios de comunicación y la disponibilidad de los recursos enunciados anteriormente.

Absalón Machado, en la entrevista con Tibble (2017), se refiere a la tierra

[…] en sí no es lo importante como un fin, sino como un medio para controlar el territorio y la población por agentes que buscan reproducir el capital de manera intensa, o que usan la tierra no para producir sino para valorizarla y obtener grandes ganancias con pagos marginales de impuestos o simplemente su no pago. (p. 14)

Tierra y territorio son elementos entrelazados, se requieren para abordar problemas complejos como los de Colombia, donde la tierra ha jugado un papel determinante en el conflicto armado y el despojo.

El territorio

Di Méo (1998, citado en Stamm y Aliste, 2014) expresa que el territorio “es un espacio apropiado por grupos sociales, construido socialmente. Es una producción compleja y multidimensional” (p. 70); adicionalmente, lo presenta como participe de

[…] tres órdenes distintos: el primero corresponde a la realidad geográfica; el segundo, a la perspectiva de la psique individual, es decir, a la relación a priori, emocional y presocial del Hombre a la Tierra; y el tercero, a las representaciones colectivas, sociales y culturales. (p. 70)

En el territorio se funde lo individual con lo colectivo, es un lugar de identidad, memoria e historia. Aunta y Barrera (2016) conceptúan sobre el territorio como “una coproducción de naturaleza y sociedad que hace que los procesos de su configuración sean dinámicos, cambiantes y, sobre todo, disputados tanto en el campo de la vida material como en el campo de la vida simbólica” (p. 9) y agregan que, tratándose del conflicto armado en Colombia, el territorio se ha convertido en epicentro de disputas alterando las dimensiones material y simbólica. Sobre la primera, la transformación del paisaje con la deforestación para el cultivo de productos ilícitos u otras acciones, una vez logrado el desplazamiento de población; la segunda, los cambios en las relaciones afectivas originadas por el desarraigo, lo que impide la construcción de identidad, aunado a ello, el imaginario y las representaciones en ciertas zonas por las nuevas ocupaciones (grupos armados al margen de la ley) son lugares caóticos e ingobernables.

Nieto, Espinosa y Dávila (2017) presentan el territorio como “el espacio con contenido histórico cargado de quehaceres, de prácticas humanas y transformación de la naturaleza” (p. 117); de igual manera, los autores enuncian que el concepto es complicado, no debe quedarse solamente en lo geográfico y lo asemejan a un cuerpo.

Por su parte, Muñoz (s. f.) considerado el territorio:

[…] como un producto social e histórico —lo que lo hace un tejido social único—, dotado de una determinada base de recursos naturales; donde se desarrollan diversas actividades productivas y de intercambio entre diferentes núcleos poblacionales; y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de regular y dar cohesión a estas dinámicas territoriales. (p. 41)

Savério (2003, citado en Carvajal, 2017) define territorio:

[…] desde una perspectiva conceptual y cognitiva, dividida en un factor natural, individual y otro espacial. El factor natural es el encargado de justificar las guerras con finalidades de conquista como imperativo funcional; el individual explica su concepción desde un punto de vista cultural; y el espacial lo ve como un conjunto de relaciones sociales proyectadas en el espacio. (p. 64)