Читать книгу Estrategias de lucha contra el despojo: - Kelly Johanna Ariza Arias - Страница 11
ОглавлениеDurante la segunda mitad del siglo XIX, las élites de los Estados nación latinoamericanos vieron a los pueblos indígenas como un obstáculo para el progreso y la civilización. Ante esto, las naciones desarrollaron diferentes políticas que tenían el mismo fin: la desaparición física o cultural de las poblaciones indígenas en sus territorios. Para este objetivo cada Estado utilizó distintos métodos, los cuales pueden englobarse en, al menos, tres modalidades que fueron implementadas tanto de forma exclusiva como simultánea. En primer lugar, se efectuó la progresiva eliminación de las costumbres, tradiciones y formas de vida de los indígenas para lograr la eventual desaparición de sus grupos. En segundo lugar, se llevaron a cabo estrategias de segregación de los pueblos indígenas en lugares lejanos y apartados, denominados resguardos o reservas, con el fin de hacer una separación entre estos grupos y el resto de la sociedad. En tercer lugar, en algunos casos, se buscó la eliminación física de los pueblos, lo que llevó a campañas de exterminio de los grupos nativos.1
En Colombia, las leyes y programas de gobierno del siglo XIX estuvieron enfocados principalmente en la primera de las tres modalidades presentadas, pues buscaron que los indígenas se integraran prontamente a la forma de vida económica, social, cultural y política de la mayoría de la sociedad. Por esta razón, una de las medidas hacia la asimilación de los indígenas fue la progresiva supresión de la propiedad colectiva existente desde la época colonial bajo la forma de los resguardos;2 sin embargo, es importante aclarar que estas intenciones oficiales no siempre se llevaron a la práctica. De hecho, los resguardos del sur del país, especialmente en los departamentos de Nariño y Cauca, continuaron existiendo gracias al poco desarrollo económico de la región y la ineficacia del Estado para llegar hasta estas zonas.3
Con la expedición de la Constitución de 1886 y la consolidación de la alianza entre el Estado colombiano y el Vaticano en el Concordato de 1887, el proyecto de los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para la población indígena fue el de colonizarla y civilizarla con la ayuda de la Iglesia católica. Dicha empresa se resumía en “ganar almas para el cielo y ciudadanos para la República” y estaba dirigida especialmente a las zonas de más difícil acceso, consideradas áreas sin ley ni orden.4 Este proyecto se implementó con la ayuda de las misiones católicas, a las que por medio de la Ley 89 de 1890 se les otorgó una amplia autoridad sobre las poblaciones indígenas que estuvieran evangelizando.
Posteriormente, en las décadas de los veinte y los treinta, las formas de vida de los grupos indígenas empiezan a ser vistas por el Estado como un problema social relacionado no solamente con la educación, sino también con la tierra y la autodeterminación de dichos grupos;5 ante esto, se vio la necesidad de crear instituciones y organizaciones que promovieran la integración de los nativos a la vida nacional. La primera institución conformada con este objetivo fue el Instituto Indigenista de Colombia, fundado en 1943, pero este solo estuvo en funcionamiento unos años. Luego de este instituto, el trabajo de promoción y seguimiento de la asimilación indígena se delegó a la Sección de Negocios Indígenas del Ministerio de Agricultura, en 1958, y tan solo dos años después esta labor pasó a la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Aunque dichas instituciones aún se centraban en la progresiva transformación de los indígenas de la vida “salvaje” a la vida “civilizada”, para la época ya existía un reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos y, en cierta medida, esta diversidad era valorada.6
Así, el Estado centralista colombiano buscó de distintas maneras llegar a las zonas más apartadas de la geografía nacional y llevar a cabo el proceso de “integración” de los indígenas; no obstante, y contrario a lo que suele creerse, este proceso no fue únicamente unidireccional e impositivo, ya que se pueden encontrar matices donde las poblaciones indígenas demandaron la llegada del Estado a sus territorios. Siguiendo los planteamientos de Catalina Muñoz, este último es el caso de los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes buscaron de manera voluntaria y estratégica la ayuda del Estado colombiano para reclamar protección y encontrar soluciones a los principales problemas de la comunidad desde las primeras décadas del siglo XX.7
Para solicitar la ayuda del Estado en aspectos como la explotación laboral, el cobro indebido de impuestos, la colonización y diversas amenazas a la autonomía de su pueblo, algunos indígenas arhuacos recurrieron a repertorios de acción colectiva, como el envío de memoriales, cartas y telegramas a autoridades, tanto regionales como nacionales, y comisiones de visita a instituciones estatales en Bogotá y Santa Marta. Las primeras acciones de este tipo de las que se tiene registro datan del año de 1916 y marcan el inicio del intercambio de comunicaciones o la interlocución entre el pueblo arhuaco y el Estado colombiano en este siglo.
Las cartas, memoriales, telegramas y artículos de prensa que forman parte o dan testimonio de dicha interlocución son los documentos base del corpus documental constituido para el desarrollo de esta investigación, pues contienen los reclamos que reflejan las principales problemáticas del pueblo arhuaco entre 1916 y 1972. No obstante, el corpus también contiene comunicaciones interinstitucionales, prensa, informes y correspondencias de terceros que ayudan a comprender los reclamos presentados por los arhuacos. Estas fuentes se ubicaron en diversos acervos, como el Archivo General de la Nación (AGN), la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) y el Archivo Histórico del Magdalena Grande (AHMG). En el presente capítulo se ahondará en la descripción del corpus conformado y se presentarán los principales aspectos que fueron analizados en los documentos que lo componen, así como los alcances y limitaciones tanto de las fuentes como de las reflexiones hechas a partir de estas a lo largo de la investigación.
La mayoría de las fuentes que componen el corpus documental se encuentran en diversas carpetas del fondo del Ministerio de Gobierno del AGN, las cuales contienen las comunicaciones de la División de Asuntos Indígenas de esta entidad. Dado que dicha división inició su funcionamiento en 1960, gran parte de los documentos recopilados datan de esta década. Pero, ya que en un principio el objetivo del corpus era reunir parte de la interlocución de indígenas arhuacos con el Estado entre 1916 y 1972, se ubicaron otras carpetas de comunicaciones dentro del fondo del Ministerio de Gobierno del AGN que contenían correspondencias de indígenas y se recurrió a fuentes de otros acervos documentales, como el AHMG.
Además, se incluyeron distintos tipos de fuentes, como artículos de prensa hallados en la BNC y la BLAA, los cuales, si bien no hacían parte de la interlocución, sí daban testimonio de esta por medio de entrevistas a los indígenas que visitaron ciudades como Bogotá y Santa Marta para reunirse con representantes del Estado, con el fin de darles a conocer sus reclamos. De esta forma, se logró reunir documentos de todas las décadas dentro del periodo estudiado, aunque, como se mencionó, la mayoría de las fuentes de la interlocución corresponden a la época entre 1960 y 1972, dada la continua comunicación que existió entre algunos indígenas arhuacos y la División de Asuntos Indígenas en estos años.
Con esta búsqueda también se identificó que existía un gran número de documentos de diferente naturaleza que no formaban parte de la comunicación entre arhuacos y entidades del Estado, pero que podían ayudar a comprender el proceso de despojo en la Sierra Nevada de Santa Marta y el papel de intermediación que muchas de estas entidades estatales, junto con otras no estatales, llevaron a cabo para comunicar e intentar solucionar las problemáticas de los indígenas. Ante su relevancia para la investigación, dichos documentos se agregaron al corpus y este dejó de estar conformado únicamente por fuentes de la interlocución. Así, el corpus documental constituido se compone de 94 cartas, 15 memoriales, 21 telegramas, 7 artículos de prensa y 31 documentos varios, como informes y memorandos.
De estas 168 fuentes recopiladas, 37 cartas, 15 memoriales y 4 telegramas fueron enviados por indígenas arhuacos a diferentes funcionarios e instituciones del Estado y algunas organizaciones no estatales. Con excepción de los telegramas, la mayoría de estos documentos tienen una extensión de dos a tres páginas, aunque los memoriales rondan entre las cuatro y las ocho páginas; 35 de estos documentos corresponden a manuscritos y solo 17 se encuentran a máquina, pero algunos de estos son copias y transcripciones de los originales, hechas por las entidades que los recibieron. En el análisis de estas 56 fuentes de autoría indígena se identificó que existían diferentes maneras de firmar los documentos, razón por la que se establecieron cinco tipos de autoría o firmas denominadas de la siguiente forma: firmas a nombre de la comunidad, a nombre de instituciones u organizaciones, a nombre de grupos de particulares, a nombre de particulares y firmas mixtas.
En el grupo de fuentes a nombre de la comunidad se encuentran 17 documentos presentados bajo la autoría de colectivos generales, en los que no es posible identificar a sus integrantes. Estos son los documentos firmados bajo el nombre de “los indígenas de San Sebastián de Rábago”, “los indígenas arhuacos”, “los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta” y “la comunidad indígena de la Sierra Nevada”. En estos dos últimos casos, las correspondencias provienen de asentamientos arhuacos como San Sebastián (hoy Nabusimake), Las Cuevas y Donachuí, lo que permite inferir que fueron emitidas por indígenas de este grupo. A nombre de instituciones u organizaciones arhuacas se encuentran 12 documentos, en los que, a diferencia de las fuentes a nombre de la comunidad, sí es posible identificar a las personas que integraban dichos colectivos, pues en muchas ocasiones sus integrantes o representantes también firmaban. Entre las instituciones y organizaciones firmantes se encuentran el Cabildo Central, los cabildos de La Caja, El Mamón, Las Cuevas, Curacatá y San Sebastián, la Liga Indígena de la Sierra Nevada y sus secciones de Las Cuevas y San Sebastián.
A nombre de grupos de particulares se encuentran 7 documentos firmados de forma individual por entre 15 y 50 arhuacos. En estas correspondencias, los emisores no manifestaron la filiación a instituciones u organizaciones indígenas, aunque algunos firmantes pertenecían a estas, sino que presentaron sus denuncias y reclamos como individuos que hacían parte de la comunidad arhuaca. Los documentos firmados a nombre de particulares son aquellos que fueron enviados de forma individual por indígenas; en este grupo también se encuentran 7 elementos, pero firmados solamente por tres autores: Remilio Pastor Niño, Vicencio Torres y Dionisia Alfaro,8 quienes fueron lideres arhuacos activos que pertenecieron a la Liga Indígena de la Sierra Nevada. Finalmente, en el grupo de los documentos con firmas mixtas se encuentran 5 correspondencias de autoría conjunta entre instituciones u organizaciones indígenas, particulares e incluso autoridades como los mamos, líderes espirituales de los grupos indígenas de la Sierra Nevada, y los corregidores o inspectores, principales autoridades civiles de los poblados indígenas.
Todos estos documentos de autoría indígena fueron dirigidos a diversas entidades e instituciones estatales y no estatales. Entre los remitentes estatales más representativos se encuentran la Presidencia y el Congreso de la República, la Procuraduría, la Secretaría de Gobierno, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Valledupar, los ministerios de Agricultura, Economía, Industrias y Gobierno, la División de Resguardos Indígenas y la División de Asuntos Indígenas. Por su parte, dentro de los remitentes no estatales, a quienes está dirigido solo un documento de la correspondencia indígena compilada, se encuentran la Academia Colombiana de Historia y la Federación de Trabajadores del Magdalena (FTM).
De los 55 documentos de autoría indígena que fueron enviados a funcionarios y entidades del Estado solo se encontraron 9 respuestas hacia los indígenas. No obstante, es importante recordar que no se tiene la totalidad de la interlocución y, de hecho, en al menos 7 documentos se hace referencia a correspondencias envidas y recibidas de parte y parte que no fueron encontradas, pero que por su mención se sabe que existieron. De ahí que se pueda afirmar no solo que hubo más envíos por parte de arhuacos, sino también que hubo más respuestas por parte de las entidades estatales.
En cuanto al documento dirigido a la Academia Colombiana de Historia y la FTM, este memorial de 1962, firmado por “los indígenas de San Sebastián de Rábago”, fue reenviado por parte de la Academia al jefe de la División de Asuntos Indígenas bajo el argumento de que los asuntos del documento no correspondían a la institución.9 Por este reenvío, el documento se encuentra en los archivos del Ministerio de Gobierno del AGN y fue posible acceder a dicho memorial. Este caso permite suponer que es muy probable que más memoriales y correspondencias hayan sido enviadas por parte de indígenas arhuacos a otras organizaciones o instituciones no estatales de las que no se tiene conocimiento.
Ahora bien, estos documentos de autoría indígena se caracterizan por presentar denuncias y reclamos ante las diversas entidades estatales y no estatales, con el objetivo de obtener ayuda y soluciones para las problemáticas de la comunidad. Dentro de estas problemáticas, el tema territorial es el más recurrente, especialmente desde finales de la década de los cuarenta, e incluye denuncias por el despojo de tierras, el desplazamiento a causa de este y los abusos por parte de los colonos, como la quema de bosques y propiedades indígenas, los cobros exagerados por la devolución de terrenos y las amenazas a los indígenas que se resistían a la colonización. Junto con esto, dentro del aspecto territorial de los reclamos se encuentran todas las solicitudes para el reconocimiento del resguardo indígena, las cuales tuvieron un gran auge en la década de los sesenta.
Otras problemáticas no tan recurrentes en la correspondencia indígena recopilada, pero igual de relevantes, son: el cobro indebido del impuesto de degüello, la explotación laboral, la prohibición de celebraciones tradicionales, la toma de niños para internarlos en el orfelinato de la Misión Capuchina, los malos tratos a los internos de dicha institución, la afectación de los lugares sagrados por la construcción de vías y la expansión de la colonización, la falta de autoridades civiles indígenas, la infiltración de comunistas, los abusos de las autoridades externas y la persecución de líderes arhuacos. Algunas de estas problemáticas denunciadas se pueden ubicar en unos años o una década específica, pero la mayoría corresponden a situaciones que se mantuvieron por casi todo el periodo estudiado e incluso continuaron después de 1972.
Por su parte, las fuentes que no son de autoría indígena en su mayoría corresponden a comunicaciones internas e interinstitucionales de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno y la Comisión de Asistencia y Protección Indígena dependiente de esta División. Estos documentos fueron enviados y recibidos por la División y la Comisión desde y hacia diversas entidades estatales como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), el Departamento de Tierras del Ministerio de Economía, la División de Baldíos del Ministerio de Agricultura y la Sección de Resguardos y Parcialidades del Ministerio de Gobierno. Además, la División de Asuntos Indígenas recibió y envió correspondencias de algunas entidades u organizaciones no estatales, entre las que se destacan la FTM, el Sindicato de Pequeños Comerciantes, el Sindicato de Trabajadores de Carreteras Nacionales, el Centro Sindical de Valledupar y la Academia Colombiana de Historia.
Dichas comunicaciones internas e interinstitucionales abordan principalmente el aspecto territorial de las problemáticas presentadas por indígenas arhuacos, pues estaban enfocadas en hallar la forma de solucionar los conflictos con los colonos por el despojo de tierras y de dar respuesta a las solicitudes de constitución del resguardo. De forma secundaria, estas correspondencias también trataron la problemática de las autoridades civiles y, especialmente, los abusos y la imparcialidad de los corregidores o inspectores colonos; sin embargo, los reclamos y las denuncias sobre el accionar de los misioneros capuchinos y las condiciones de vida de los niños internos el orfelinato son aspectos relegados en estas comunicaciones.
Como todos los tipos de fuentes utilizados en la investigación histórica y social, los documentos recopilados tienen limitaciones y alcances o posibilidades de análisis. Hacer explícitos estos aspectos es fundamental, porque ayuda a potenciar o matizar las reflexiones hechas a partir de dichas fuentes y, en este caso particular, puede contribuir a una mejor comprensión del corpus documental. Por tal razón, en este apartado se presentarán aquellos elementos que se han identificado como las limitaciones y los alcances más relevantes tanto del corpus como de los documentos que lo conforman.
Por un lado, en cuanto a las limitaciones, un punto central es el hecho de que el corpus documental no contiene toda la interlocución entre indígenas arhuacos y entidades del Estado colombiano entre 1916 y 1972. Como se mencionó, en varias de las fuentes analizadas se hace referencia a la existencia de otros documentos que harían parte de la interlocución y que no fueron encontrados; además, se debe tener en cuenta que el trabajo de archivo se centró en las comunicaciones del Ministerio de Gobierno y que, como estas mismas comunicaciones lo muestran, los arhuacos no se dirigieron únicamente a dicha entidad, pues sus remitentes fueron diversas instituciones y funcionarios estatales tanto nacionales como regionales. Muchos de estos funcionarios reenviaron las correspondencias arhuacas a las oficinas del Ministerio de Gobierno encargadas de los asuntos indígenas; sin embargo, es muy probable que muchos otros documentos no hayan sido reenviados a dicho ministerio y, en ese caso, puede que se encuentren en los archivos de las instituciones a las que fueron dirigidas.
De esta manera, el corpus documental constituido solo contiene una parte de toda la interlocución, y esta parte se caracteriza por que la mayoría de sus documentos datan de la época entre 1960 y 1972. Esto se debe a que dichos documentos provienen de los archivos de las comunicaciones de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, la cual inició sus labores en 1960 y desde el principio su jefe, el señor Gregorio Hernández de Alba, prestó atención a los reclamos presentados por indígenas arhuacos. Con el envío por parte de la División de la Comisión de Asistencia y Protección Indígena a la ciudad de Valledupar en 1963, la comunicación con los arhuacos se facilitó y la interlocución fue más continua. Esta amplia cantidad de documentos recopilados de las décadas de los sesenta y setenta, tanto de las correspondencias indígenas como de las comunicaciones interinstitucionales de la División de Asuntos Indígenas y la Comisión de Asistencia y Protección Indígena, permiten tener una aproximación más completa a las dinámicas de la interlocución, algo que no es posible en las décadas anteriores.
Otra de las limitaciones del corpus, y específicamente de la interlocución entre indígenas arhuacos y entidades del Estado, es que en esta se omiten o son pocas las voces de otros actores, como los colonos o los misioneros capuchinos, e incluso de otros indígenas arhuacos. Por su naturaleza, en la interlocución trabajada solo se tienen los reclamos, denuncias y versiones de los hechos de aquellos indígenas que escribieron a entidades y funcionarios y cuyos documentos lograron recopilarse en el corpus. En el caso de los capuchinos, son pocas las fuentes que se tienen y que pueden dar luces de las posiciones de los misioneros con respecto a las problemáticas con los indígenas. Algunas de estas fuentes son los informes que la misión debía presentar ante el Gobierno para dar cuenta de sus procesos, así como algunos intercambios de correspondencias con la División de Asuntos Indígenas.
Una situación similar se presenta en el caso de los colonos, pues, aunque algunos de ellos, siendo ciudadanos particulares o autoridades civiles, también se comunicaron con diferentes entidades del Estado para presentar sus reclamos o respuestas a las acusaciones hechas por los indígenas, estos documentos son escasos en el corpus. En cuanto a las voces de otros indígenas, se debe tener en cuenta que enviar una carta, un memorial o un telegrama implicaba tener conocimiento de la escritura en castellano y tener los recursos para viajar al pueblo o la ciudad más cercana para hacer el envío. Esto hacía que los arhuacos tendieran a escribir sus comunicaciones de forma grupal, ya que la consecución de recursos económicos no siempre era sencilla y muchos indígenas no sabían escribir ni firmar; incluso en algunos documentos se delegaba a unas cuantas personas para que firmaran “a nombre de” otras o se “firmaba” con la huella dactilar.
Si bien estas dificultades pudieron ser superadas por algunos indígenas, seguramente con la ayuda de algunas personas u organizaciones aliadas, muchos otros arhuacos no presentaron sus reclamos ante el Estado, ya fuera porque no lo deseaban o porque no tenían los conocimientos ni los recursos para hacerlo. Entre estas otras voces indígenas se encuentran las de aquellos arhuacos cuyas perspectivas no coincidían con las de los líderes indígenas o con las de organizaciones como la Liga Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque son pocos los casos, en el corpus conformado se encuentran documentos en los que arhuacos se remiten a entidades estatales para refutar o contradecir los reclamos y las denuncias presentadas por líderes u organizaciones indígenas, por lo que siempre se debe considerar que dentro de la misma comunidad existieron diversas opiniones y experiencias, muchas de las cuales no se pueden divisar desde las fuentes analizadas.
Lo anterior se relaciona con otro aspecto que puede considerarse una limitación de los documentos trabajados: la dificultad para entender quiénes hablaban, especialmente en las correspondencias que fueron firmadas a nombre de la comunidad. Estos documentos, cuyos autores no son identificables y que son una parte importante de la totalidad de fuentes de autoría indígena del corpus, hacen que el reconocimiento o el seguimiento de los líderes indígenas no siempre sea posible, principalmente en aquellas décadas de las que no se tienen muchos documentos, como las de los años veinte y cuarenta.
Una última limitación de las fuentes de interlocución recopiladas en el corpus documental es la dificultad para identificar la colaboración de los aliados, entendidos como personas u organizaciones vinculadas y no vinculadas al Estado que ayudaron a los líderes arhuacos con la presentación de sus reclamos o la búsqueda de soluciones a sus problemáticas. El caso más representativo de estos aliados es la División de Asuntos Indígenas y su Comisión de Asistencia y Protección Indígena, pues sus funcionarios se mostraron dispuestos a dar solución a los reclamos de los arhuacos que se remitían a esta entidad, ya fuese que las soluciones a las problemáticas estuviesen en las manos de la División y la Comisión o que no. En los casos en los que la División de Asuntos Indígenas no estaba en capacidad de resolver los reclamos, estos eran remitidos a las instituciones que sí podían hacerlo, y se hacía un atento acompañamiento a los procesos llevados por estas instituciones para así brindar información oportuna a la comunidad sobre el estado de sus requerimientos.
Esta colaboración de la División de Asuntos Indígenas es fácil de seguir por la amplia cantidad de comunicaciones internas e interinstitucionales de esta entidad que forman parte del corpus; sin embargo, no se cuenta con la misma información de otros aliados estatales en las décadas anteriores a 1960, ni de los aliados no estatales. Entre estos aliados no estatales se encuentran diferentes organizaciones sindicales y federaciones que también presentaron las problemáticas del pueblo arhuaco ante diversas entidades. Sobre estos aliados no estatales se sabe por otras fuentes que se relacionaron directamente con varios líderes indígenas, pero esto no se aprecia desde la interlocución compilada, por lo que es difícil establecer desde cuándo, cómo y con cuáles líderes dichos sindicatos y federaciones se relacionaron y, además, qué tanta fue su incidencia en los reclamos presentados por parte de estos líderes.
Por otro lado, en cuanto a los alcances, desde los documentos del corpus es posible reconstruir una parte importante del proceso de despojo sufrido por el pueblo arhuaco durante el siglo XX. Las fuentes, especialmente las de autoría indígena, permiten comprender más a fondo las consecuencias que trajo la colonización, la evangelización y el abandono del Estado en la comunidad arhuaca desde diversos ámbitos, como el territorial, el político, el económico y el cultural. Además, estas fuentes posibilitan entrever las dinámicas de dominación y de resistencia arhuaca durante dicho proceso de despojo, lo que a su vez ayuda a que los indígenas no sean vistos únicamente como sujetos a los que les “pasaron” cosas y que vivieron bajo la autoridad de otros, ni como individuos que se enfrentaron a todo y a todos sin temor a las represalias.
Al tener documentos de las diferentes décadas, entre 1916 y 1972, es posible identificar los cambios que se dieron en los contenidos y en los argumentos de los reclamos presentados por arhuacos en este periodo. Si bien no se cuenta con toda la interlocución y se recopilaron más documentos de algunas décadas que de otras, desde las fuentes que se tienen se pueden encontrar tendencias y concordancias, tanto en la forma como en el fondo, de las reclamaciones en ciertos momentos particulares. Junto con esto, la interlocución y los documentos interinstitucionales que conforman el corpus permiten examinar los efectos reales que tuvieron las cartas, los memoriales, los telegramas y las visitas hechas por arhuacos. Estos efectos se traducen no solo en las respuestas de las entidades a dichas acciones, sino también, por ejemplo, en el envío de la Comisión de Asistencia y Protección Indígena o la expedición de normas, como el Decreto 68 de 1916, el cual es una muestra de que en varias ocasiones la interlocución trajo efectos adversos para la comunidad, pero sobre esto se ahondará en el tercer capítulo.
Para concluir, el corpus documental conformado para esta investigación contiene parte de la interlocución entre indígenas arhuacos y diferentes entidades del Estado entre 1916 y 1972, la cual se dio a partir del envío de cartas, memoriales y telegramas. Así mismo, en el corpus se encuentran comunicaciones internas e interinstitucionales de algunas de estas entidades estatales con las que los indígenas se comunicaron, especialmente en la década de los sesenta, ya que estas ayudan a comprender las dinámicas y los efectos de la interlocución. Aunque las fuentes recopiladas presentan limitaciones para la investigación, como la omisión de las voces de ciertos actores que formaron parte del proceso de despojo sufrido por los arhuacos, la concentración de una mayor cantidad de documentos en unas décadas que en otras o la dificultad para reconocer y hacer seguimiento a los líderes indígenas y algunos aliados, estos documentos también tienen alcances que abren varias oportunidades de análisis.
Entre estos alcances se encuentra la posibilidad de reconstruir el proceso de despojo a partir de los reclamos presentados por los indígenas en la interlocución; al analizar estos reclamos por un periodo considerable, se pueden identificar cambios en sus contenidos y argumentos. Además, por su naturaleza, las reivindicaciones presentadas por los arhuacos permiten divisar acciones de resistencia, lo que complejiza la relación de dominados y dominantes que usualmente podría asumirse entre los indígenas, los misioneros y los colonos. De igual manera, como se mencionó, las fuentes del corpus documental dejan ver parte de los efectos que la interlocución tuvo, pues esta trajo resultados reales para la comunidad, aunque en varias ocasiones estos resultados no fueron los esperados o no tuvieron efectos beneficiosos para los indígenas.
Notas
1 Uno de los casos más representativos se dio en Argentina con la Conquista del Desierto, una serie de campañas militares realizadas entre 1878 y 1885, las cuales, con el fin de conquistar el territorio, arrasaron física y culturalmente con los grupos indígenas que habitaban La Pampa y la Patagonia. Roberto Pineda, “El Congreso Indigenista de Pátzcuaro, 1940, una nueva apertura en la política indigenista de las Américas”, Baukara: Bitácoras de Antropología e Historia de la Antropología en América Latina n.° 2 (2012): 13-14.
2 Vega, Gente muy rebelde…, 8; Gloria Amparo Rodríguez, Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia: Luchas, contenido y relaciones (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2015), 28.
3 Absalón Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia: De la Colonia a la creación del Frente Nacional (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009), 48-49.
4 Muñoz, “Indigenous State Making…”, 302.
5 Pineda, “El Congreso Indigenista de Pátzcuaro…”, 14.
6 Ibid., 26.
7 Muñoz, “Indigenous State Making…”, 304-309.
8 En los documentos, la lideresa Dionisia Alfaro también firmó como Dionisia de Hernández, ya que este era su apellido de casada, pero a lo largo de este trabajo se utilizará su apellido de nacimiento.
9 Archivo General de la Nación (AGN), sección Archivos Oficiales, fondo Ministerio de Gobierno, caja 262, carpeta 2485: Comisión de Asistencia y Protección Indígena de Valledupar, Magdalena. Informes. Correspondencia, f. 51.
