Читать книгу La subalternidad, lo excepcional y la guerra en Colombia (2005-2010) - Luis Eduardo Lamus Parra - Страница 11

La seguridad se volvió la política fundamental de las formas estatales posteriores a 1989, y es la tarea de los distintos regímenes políticos en la hoy innegable era global. No es la seguridad entendida meramente como el fortalecimiento de los aparatos militares y policiales, sino la seguridad que blinda y salvaguarda las condiciones sociales y materiales de existencia de los individuos formalmente libres e iguales, que organizó el capitalismo cuando experimentan tiempo de crisis política. Es decir, la seguridad es un problema político porque garantiza la conservación de los órdenes sociales que permiten y posibilitan, gracias al mercado, la realización de las cambiantes necesidades individuales y colectivas. La modernidad fue el constructo imaginario que asimiló tales prácticas y competencias de la razón instrumental con la democracia liberal propia de la sociedad de control. (García, 2005, pp. 238-294)

Para observar los avances y retrocesos de la subalternidad social en Colombia, proveyó la información necesaria para precisar su desempeño y el modo de referir la praxis de los grupos y clases subalternas, en un campo histórico en el que está en disputa el problema fundamental de la guerra y la paz. Aquello que Alain Touraine denominó como el enjeu, “lo que está en juego” (Touraine, 2006, p. 255).

La subalternidad se juega en una lucha de larga duración a partir de los años 1947-1948 con el despertar de los grupos gaitanistas. Este es el punto de quiebre, el inicio de una onda larga de la historia nacional, en concreto, la que define el devenir interrumpido de la formación social capitalista colombiana, marcada por la disputa democrática de una guerra de posiciones. En ella, se encara una crisis orgánica (de hegemonía) que afecta las formas de representación del bloque de poder en la dirección de la sociedad política y la sociedad civil (Herrera Zgaib, 2005).

Esto remite al examen de lo subalterno, en términos de una nueva dirigencia social, que modifica el rumbo de la historicidad del campo en que se despliegan las relaciones antagónicas de los grupos o clases subalternas y de los dominantes, los sujetos sociales y políticos que los confrontan.

En lo propiamente teórico hacemos una operación de traducción de los principios de la filosofía de la praxis gramsciana, incorporando para efectos del análisis coyuntural de una situación específica, la valiosa contribución de Alain Touraine para la recuperación de la acción de los sujetos, que corrige los desafueros explicativos del estructuralismo en materia de la comprensión de los nuevos movimientos sociales y políticos. Aquí aprehendemos la categoría “campo de historicidad”, que da cuenta de la confrontación de los subalternos y dominantes “por la dirección social de la historicidad de una colectividad” (Touraine, 2006).

Las herramientas para conquistar aquel campo histórico y el enjeu son múltiples y medibles, si lo estudiamos desde la óptica del investigador social. La perspectiva que estableció el grupo de investigación Presidencialismo y Participación concibió toda una metodología de análisis en la que uno de los objetivos era observar esos avances y retrocesos de las acciones de los subalternos. Para tal propósito en la matriz de análisis se establecieron dos campos, uno cuantitativo y otro cualitativo para examinar las relaciones de fuerzas que definen una situación social, política y militar.

El estudio cuantitativo descriptivo está compuesto por seis tipologías. La primera señala el día, mes y el año en que ocurrió el evento registrado, la segunda registra el municipio, ciudad, departamento o región en que sucedió la acción, la tercera determina si el evento es de procedencia rural o urbana.

La cuarta tipología se basa en la clasificación de los grupos o las clases subalternas, según su actividad económica, arraigo, género u orientación sexual. Respondiendo a dicho orden aparecen once grupos subalternos: obreros, campesinos, empleados de carácter público, docentes, estudiantes, mujeres, indígenas, afrocolombianos, movimientos cívicos, artistas y la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).

La matriz codifica como quinta tipología los nueve conflictos con características económicas, culturales y sociales diferentes. La clasificación arrojó los siguientes conflictos: hábitat (vivienda y entorno vital), medio ambiente, conflictos de desarrollo económico, conflicto armado, conflictos por la posesión de la tierra, por el acceso a servicios públicos, laborales, conflictos ocasionados por la corrupción en la administración pública y conflictos de carácter sociocultural.

Las acciones que adelantaron los grupos subalternos para responder a los conflictos en que se vieron inmiscuidos aparecen en la sexta posición. Aquí fueron establecidas tres modalidades de respuesta, la primera se denominó “respuestas por la vía legal”, en esta se consideraron las acciones realizadas en el marco del Estado de derecho; la segunda fue establecida bajo el rótulo de movilizaciones sociales y considera hechos fácticos, como plantones, marchas y otros hechos sociales semejantes; y la tercera fue definida como “eventos” y comprende aquellos puntos de la historicidad de la lucha subalterna, en que los grupos o clases unieron esfuerzos junto a otros grupos para construir propuestas para exigir la garantía de derechos o para iniciar procesos dirigidos a incidir en escenarios como el poder constituyente o el hegemónico.

El espacio analítico inicia en la matriz, con las reivindicaciones económicas o corporativas que hicieron los grupos subalternos. En seguida aparece el espacio de los derechos, palabra que define los eventos en que la subalternidad acudió al Estado social de derecho para remediar situaciones en que sus derechos fundamentales o de segunda generación fueron vulnerados, o para continuar por la vía de la reivindicación frente al bloque dominante. La parte analítica continúa con la definición de poder constituyente, definición que establece los hechos en que la subalternidad se reivindicó como constituyente primario y en ciertos casos desde el poder constituido, para proponer reformas y cambios al aparato estatal.

Luego se define en la matriz lo que se entiende por hegemonía. Aquí se estableció si los grupos o clases sociales avanzaron en puntos que les permitieran asumir el liderazgo de una multitud que entró en constante desacuerdo con el bloque dominante. La matriz finaliza con la referencia a la relación político-militar, espacio en que fueron referenciadas aquellas acciones que los grupos subalternos desarrollaron con la finalidad de interrumpir la dinámica normal de la guerra en Colombia.

La explicación de la matriz de subalternidad y la premisa de establecer cómo fue el actuar de la subalternidad social en un periodo marcado por un presidencialismo de excepción, conduce en esta parte del texto a enunciar en cifras los resultados de cada una de las categorías que hacen parte del esquema de análisis gramsciano, y a observar cómo la subalternidad se desempeñó frente a los diferentes proyectos políticos y económicos propuestos e implementados por los grupos y clases dominantes del país.

El artículo, en efecto, expone el presidencialismo de excepción, término acuñado a partir de los conceptos propuestos por Giorgio Agamben (2004, pp. 23-70). Definiendo así este concepto como aquella tradición de los gobiernos democráticos que se afianzó después de la Segunda Guerra mundial y que adquirió mayor fuerza en la década de los años ochenta cuando gobiernos elegidos en el marco de democracias electorales, asumieron medidas propias de la figura del Estado de excepción para intervenir con un margen de discrecionalidad más amplio, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Un ejercicio de dominio explícito en una coyuntura determinada.

El avance del estudio por cada uno de los conceptos de la matriz de análisis gramsciano permite observar el actuar de dicho presidencialismo de excepción, el cual se valió de mecanismos de seguridad militar concebidos en el plano internacional, para responder a las particularidades del escenario de la guerra social en Colombia. Se evidencia que existía entonces una política pública de guerra por parte del Gobierno nacional, bautizada desde el discurso oficial y presidencialista como Seguridad Democrática.

El aparato estatal colombiano asumió en este contexto el esquema de seguridad emergido del escenario internacional luego de los ataques de Nueva York en el 2001 y generó sus aportes desde su experiencia en la guerra antisubversiva. La implementación de estrategias de seguridad para contener y detener el avance de la guerra como el Plan Colombia y el Plan Patriota, afectaron la autonomía política y la organización conseguida hasta dicho momento por los grupos y las clases subalternas. Y en particular por los subalternos insurgentes, es decir, las guerrillas.