Читать книгу Negocios y relaciones internacionales colombo-venezolanas - Luis Nelson Beltrán Mora - Страница 8

Este capítulo realiza un análisis de lo que han sido las relaciones colombo-venezolanas y los acuerdos en materia económica que, no solo han ayudado congelar la agitada agenda política, sino que han servido para proyectar la integración bilateral a otros espacios regionales, esto es, la CAN, Unasur y la OMC, entre otros; el capítulo pone de manifiesto los acontecimientos que han llevado al rompimiento de las relaciones diplomáticas, como la delimitación de aguas marinas por la posesión de Los Monjes. La agenda política, no obstante genera incertidumbre a la integración, es la que más ha propiciado la puesta en marcha de los instrumentos del Derecho Internacional (DI) para la firma de acuerdos y convenios en materia comercial que terminaron por aliviar las agitadas relaciones políticas.

El capítulo se presenta en tres grandes ítems. En el primero se analizan las eternas diferencias que han existido en torno a la delimitación de fronteras en el denominado conflicto de Los Monjes; no obstante evidenciar que los países no han llegado a acuerdos para acabar las controversias, se resalta cómo esa agenda ha decantado en acuerdos económicos para relanzar las relaciones de las dos naciones, y cómo ha permitido sumarle más actores a las tensas relaciones internacionales; en el segundo ítem se muestran los principales convenios y acuerdos económicos en que han concluido las tensas relaciones políticas; especial interés han adquirido las propuestas de negociación del sector empresarial, representadas en las comisiones bilaterales, que han logrado propender al arreglo amigable y los acuerdos económicos complementarios, aún en las zonas de disputa territorial; finalmente, el capítulo reflexiona sobre los últimos acuerdos económicos que se produjeron entre el 2008 y el 2011.

LA TENSIÓN ETERNA DE LA DELIMITACIÓN DE FRONTERAS: EL CASO DE LOS MONJES

Colombia y Venezuela han tenido desde 1952 serios desencuentros políticos como consecuencia de posiciones divergentes sobre la soberanía y la demarcación de aguas marinas y submarinas en el océano Atlántico, básicamente en lo que hoy se conoce como el golfo de Venezuela. No obstante que los acontecimientos de desencuentro se han logrado mitigar por las comisiones bilaterales para lograr acuerdos en la materia, no se ha podido firmar un tratado definitivo que ponga fin en espacio y tiempo al diferendo (Vásquez, 1987).{1}

Los Monjes son un archipiélago en el mar Caribe (golfo de Venezuela) que está integrado por un grupo de cinco rocas o islotes: Monjes del Norte, Islote Central y otros tres más pequeños ubicados en el sur. Los Monjes son terrenos rocosos con una altura de hasta cincuenta metros; por su ubicación geográfica reciben el impacto permanente de los vientos alisios y son predios deshabitados sin vegetación propia. Los Monjes son de color blanco por la sal del mar y el excremento (guano) que depositan las aves marinas en estos. En 1885, Colombia autorizó a un norteamericano para explotar el guano (figura 1).

a pesar que los monjes no representan una extensión grande de tierra, su área de influenciapara la navegación y la obtención de recursos en el mar sí lo es, toda vez que por allí circula el petróleo que sale de venezuela a los mercados internacionales. el ministerio de energía y minas de venezuela ha advertido en más de una oportunidad que los monjes tienen petróleo, y ricos yacimientos de gas que deben ser explorados y explotados para anexarlos a las reservas comprobadas y a la producción diaria de crudo de toda la nación, que oscila entre 267.000 millones de barriles y 3 millones de barriles diarios, respectivamente (ministerio de energía y minas de venezuela, 2011).

Los recursos energéticos de Los Monjes, como el área de influenciapara la navegación comercial, son los elementos más atractivos para ejercer soberanía en el archipiélago. la disputa de los dos países por los monjes se remonta a los años de la Colonia, en 1500. Por no entrar a ahondar en estos hechos, y por la importancia de analizar los acontecimientos después de 1952, donde se refuerza la idea en torno a la no aplicación del dI para resolver el diferendo y avanzar en la integración económica, se procederá a explicar mediante la ayuda de los recuadros, los principales hechos que han ocurrido después del cambio de soberanía de colombia por venezuela en los monjes

Reclamaciones en derecho internacional

al observar los acontecimientos ocurridos entre 1870 y el 2011 en torno al diferendo, se puede concluir que los países no han logrado definirclaramente sus diferencias sobre el archipiélago, y menos aún, han podido realizar una delimitación definitia de las aguas marinas y submarinas; como se verá, los dos países no han utilizado y aceptado el DI.{2} los tres periodos que analizaremos a continuación indican que es necesario que los dos países se apoyen en el dI y los instrumentos que de este se derivan: conferencias y convención del Mar (Convemar), para avanzar en una solución pacífica,definitia y propositiva, incluso en el campo comercial.

El primer periodo de análisis, que va de 1871 hasta 1951, es el lapso vque se puede considerar de mayores aproximaciones y aceptación del DI; en este intervalo, los dos países pudieron arreglar sus diferencias territoriales, especialmente sus límites fronterizos terrestres, apelando al derecho y la mediación internacional. cabe destacar la disposición de ambos gobiernos para aceptar el Laudo Arbitral de la Reina Sofía de 1910, y la Sentencia de Alindamiento pronunciada por los expertos suizos en 1924. En este periodo, la soberanía de colombia en Los Monjes transcurrió sin mayores tensiones.

No solo los instrumentos mencionados del DI permitieron delimitar las fronteras terrestres, sino que ayudaron a otros entendimientos bilaterales. Después del Laudo Arbitral y el Alindamiento suizo, los dos países firmaron uno de los acuerdos más importantes del siglo XX: en 1939 suscribieron un tratado sobre “no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial”, donde también se proscribió el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En 1941, se firmó el Tratado de Límites Generales de venezuela y colombia. No se mencionan allí Los Monjes, lo cual favorece la tesis colombiana en torno a su soberanía sobre estos (valois, 1981).

La larga tranquilidad se va a ver perturbada con el reclamo de venezuela en 1951, cuando invocando el DI admite su soberanía sobre Los Monjes, argumentado que el archipiélago en los tiempos coloniales hacía parte de la “capitanía del Puerto de Las Piedras” de territorio venezolano. La anterior situación fue rechazada por colombia que, también a la luz del DI, protestó, mostrando los títulos de propiedad adquiridos: reales cédulas de la Corona española (tabla 1).

El primer hecho donde se nota que los países no van a aceptar y practicar el DI, e incluso los propios acuerdos bilaterales en la delimitación de sus aguas marinas y submarinas, es el que se produce en 1952, cuando venezuela reclama la soberanía de Los Monjes por la vía militar, olvidando no solo los laudos arbitrales ya mencionados, sino más penoso aún, desconociendo el acuerdo bilateral de no agresión de 1939. En efecto, la soberanía pacífica que Colombia había ejercido en Los Monjes se ve vulnerada por la invasión militar de venezuela que, arguyendo como provocación la incursión de patrullaje de la fragata Almirante Padilla de colombia y la colocación de un faro en Los Monjes, irrumpe en el archipiélago con tres corbetas y cuatro aviones militares para establecer su soberanía en ese territorio (fuerza aérea venezolana, 2000).

En el estudio que la fuerza militar de Venezuela realizó sobre los hechos de 1952, esta institución afirma que en su país se convocó al ejército de reserva y que la intención no fue otra que tomarse Los Monjes para mostrar la superioridad militar de Venezuela sobre Colombia. Este hecho, que termina con la apropiación de Venezuela del archipiélago tras el cruce de cartas diplomáticas en noviembre de 1952, es, sin duda, junto con las provocaciones militares posteriores, el elemento que más va a producir tensiones en las relaciones diplomáticas de los dos países entre 1953 y 1990, y que se podrían volver a desatar en el siglo XXI después de que no haya entendimiento en la agenda comercial; los acontecimientos de 1952 llevaron a los gobiernos a involucrar a la sociedad civil con grandes manifestaciones nacionalistas y arengas para aumentar los rencores y odios de los países que se decían ser hermanos y vecinos (tabla 2).

El último periodo de análisis, que va de 1953 hasta nuestros días, tiene dos subperiodos: alta tensión política entre 1953 y 1989, y desgolfización de las relaciones entre 1990 y 2011. En el primero, la reacción y reclamación de Colombia no se hace esperar; en los foros externos, nuestro país comienza a invocar el DI para solucionar el diferendo y declarar nulas las cartas diplomáticas de 1952, por considerar que violan la normativa del Derecho Interno colombiano. También, el espíritu de revancha militar hace que Colombia realice nuevas incursiones militares en Los Monjes; en 1987 se produce así el incidente lamentable de la corbeta Caldas colombiana que estuvo haciendo maniobras militares frente al archipiélago, en lo que consideraron los venezolanos como la violación de su soberanía territorial.{3} En este lapso, como se comentará más adelante, hay un gran desconocimiento de Venezuela del DI; en 1958, cuando se produce en Ginebra la primera Convemar, el país vecino expresa serias reservas sobre la propuesta de delimitación de la línea media para el mar territorial, y, en general, sobre la forma de solucionar la delimitación de las aguas marinas y submarinas. En la tercera Convemar en 1973, celebrada en Caracas, y que concluyó en Jamaica en 1982, que, entre otras disposiciones, le negó la plataforma continental a las rocas, Venezuela no solo fue el único país del continente americano que se puso en su contra, sino que al mismo tiempo, rechazó los instrumentos de arbitraje internacional que establecía la Convención; cabe agregar que Colombia a la fecha no ha ratificado la Convención de 1982 (Naciones Unidas, 1982).

Lo más importante de este periodo está en que, no obstante los problemas del diferendo de Los Monjes, y la no aceptación del DI, los dos países entraron a hacer parte del Grupo Andino (GRAN), mediante el Acuerdo de Cartagena en 1969,{4} que como se explicará más adelante, permitió que la agenda colombovenezolana se llevara al campo de la integración económica regional.{5} Finalmente, desde 1990 y hasta el 2010, no se muestran incidentes lamentables, pero es necesario poner de presente que colombia insistió en la reclamación de sus derechos en los monjes y la delimitación de aguas marinas y submarinas en el golfo, esta vez apoyado incluso en los fallos del consejo de estado de colombia de 1992, que declaró nula la carta diplomática de 1952 (tabla 3).

Carta Diplomática de 1952

Como se desprende de los hechos ya descritos, Venezuela ejerce jurisdicción y soberanía en Los Monjes desde 1952. Los argumentos del vecino país sobre la propiedad en el archipiélago se basan en el uti possidetis juris,{6} ya comentado anteriormente, por considerar que en el sentido histórico, Los Monjes, desde 1528, eran de la Provincia y Capitanía General de Venezuela; también el vecino país se apoya de la Carta Diplomática que firmó Colombia en noviembre de 1952, donde nuestro país reconoce la soberanía a Venezuela en el archipiélago.

El 22 de noviembre de 1952, el ministro de relaciones exteriores de Colombia, Juan Uribe Holguín, envió al embajador de Venezuela en Bogotá, Luis Jerónimo Pietro, la Carta GM-542 que fue contestada en la misma fecha por el embajador venezolano mediante Nota 1659. En efecto, la carta colombiana dice: “Con base en los antecedentes mencionados el Gobierno de Colombia declara que no objeta la soberanía de los Estados unidos de Venezuela, sobre el archipiélago de Los Monjes y que, en consecuencia, no se oponen ni tienen reclamación alguna que formular respecto al ejercicio de la misma o a cualquier acto de dominio por parte de este país sobre el archipiélago en referencia”.

La nota de respuesta de Venezuela dirigida al canciller Uribe Holguín agradece y expresa que no objeta su soberanía sobre dicho archipiélago sometido a la jurisdicción de su país. “Desde muy antiguos tiempos y acerca del cual este posee diversos y muy fundados títulos que lo definen como parte integrante del territorio Venezolano” (Monroy, 2002).

No está en discusión que la nota del ministro de relaciones exteriores de Colombia es un verdadero tratado internacional que obliga y da derechos a Venezuela en Los Monjes, pues como lo señala la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969: “Se entiende por tratado un acerado internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”, y según la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que el 5 de septiembre de 1935 afirma: “Desde el punto de vista del carácter obligatorio de los compromisos internacionales, se sabe que estos pueden ser tomados bajo forma de tratados, de convenciones, de declaraciones, de acuerdos, de protocolos, de intercambio de notas”. sin embargo, también la misma Convención de Viena, artículo 46 sobre derechos de los tratados, dice:

El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia y fundamental de de su derecho interno, una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que, proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

Ante este articulado, es evidente la violación de la constitución colombiana y la propia venezolana, toda vez que el tratado no fue aprobado por los congresos de las repúblicas; y en el caso particular de colombia, la constitución Política, en al artículo 150, numeral 16, afirma sobre las funciones del Congreso: “Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados” (colombia, 1991).

En consecuencia, la carta Diplomática violó la constitución Política de colombia y, por lo tanto, no puede ser vista como un tratado válido para nuestro país; gracias a las demandas de inconstitucionalidad y la sentencia del consejo de Estado colombiano en octubre de 1992, que declaró nulo el instrumento por excepciones de falta de competencia y cosa juzgada, el consejo de Estado declara la nulidad de la Nota Diplomática GM-542 de 22 de noviembre de 1952 sobre la cesión de Los Monjes a venezuela. Otra tesis que maneja colombia, para declarar la Carta Diplomática nula, es que la firma fue realizada por un canciller encargado, Juan uribe Holguín, quien no solo desconoció la orden del presidente interino, Roberto urdaneta Arbeláez, y la constitución colombiana, al no pasarla por el Congreso de la República, sino que la firma olvidó también el momento por el que atravesaba nuestro país: entre 1950 y 1953, colombia tuvo problemas políticos internos por la intensificación del conflicto de los partidos políticos (conservador y Liberal) y, desde luego, enfrentada la ilegalidad del gobierno de Laureano Gómez, quien había cerrado el congreso en 1952, contexto que le impedía a la nación formalizar tratados internacionales.

sobre el uti possidetis juris, colombia ha puesto serios reparos con argumentos sólidos para la reclamación en DI. Sobre el primero, Colombia señala que en 1777, la provincia de Maracaibo y las islas de Margarita y Trinidad fueron separadas del virreinato y agregadas a la capitanía General de venezuela, en cambio, Riohacha quedó como capitanía pegada al Nuevo Reino de Granada, situación que hace que Los Monjes hagan parte del territorio colombiano. La razón geográfica señala que Los Monjes están ubicados a escasas 19 millas de La Guajira noroccidental, y en la Colonia fueron considerados como anexión natural a la península y sometidos a la jurisdicción de la presidencia del Nuevo Reino, de la Audiencia de Santa Fe o Nueva Granada y del Virreinato del mismo nombre, hoy territorio colombiano. Colombia coloca como ejemplo la Real Orden del 13 de agosto de 1790, donde la Corona ordenó segregar de la provincia de Riohacha el pequeño establecimiento de Sinamaica y agregarlo a la provincia de Maracaibo, ahora perteneciente a territorio de Venezuela.

Convenciones del mar

Los foros internacionales fueron muy dinámicos en los temas de derechos de mar y delimitación de aguas marinas en el siglo XX. La primera Convención de Ginebra de 1958 define cuatro áreas: mar territorial, plataforma continental, zona económica exclusiva y recursos marinos; junto con la III Convención de Derecho del Mar en 1982, manejaron particularidades como la explotación de toda clase de recursos, pesca, conservación racional y utilización de especies, investigación científica, preservación del medio marino y delimitación de aguas marinas y submarinas para países ribereños con costas enfrentadas, como puede ser el caso de Colombia y Venezuela en el golfo. No hay que olvidar que en 1982, luego de una tarea casi interminable, se logró la aprobación del proyecto de Convención, con 130 votos a favor, 17 abstenciones —la gran mayoría de los países que conformaron la disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) excluyendo a Rumania y a la ex Yugoslavia—, así como España, Italia, Alemania, Holanda y Bélgica, y cuatro votos en contra: Estados Unidos, Turquía, Israel y Venezuela, único país que la rechazó abiertamente, a pesar de que la Convención se iba a denominar la “Convención de Caracas”, en honor a la nación que acogió en su territorio esta iniciativa en 1973.{7}

La última Convemar de 1982 es, en esencia, una importante compilación de normas sobre las diferentes cuestiones relacionadas con el uso y aprovechamiento del mar y sus valiosos recursos, tanto vivos como no vivos. contiene previsiones sobre navegación de superficiey submarina, tendido de tuberías submarinas, exploración y explotación de toda clase de recursos, pesca, conservación racional y utilización de especies, investigación científica,preservación del medio marino. la ley universal del mar, vigente desde 1982, y la cual han ratifiado 150 países, defini y reglamentó siete espacios marinos y submarinos donde los países ribereños pueden ejercer jurisdicción y soberanía en el mar, estos son:{8} mar territorial, aguas interiores, zona contigua, alta mar, plataforma continental y zona económica exclusiva y aguas interiores de los estados. Por no entrar a detallar los primeros que fueron definidosen la Convención de Ginebra y en la cual no hay mayores objeciones colombo-venezolanas, merecen destacarse algunos de estos, que han incidido en la delimitación de las aguas marinas y submarinas entre colombia y venezuela.Respecto a la plataforma continental, la Convención de 1982 definióque los países ribereños tienen derecho al lecho y subsuelo marino con una distancia de 200 millas a partir de la costa. En ese espacio el Estado ribereño puede explotar de manera exclusiva los recursos allí existentes. también la convención definióla Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde el Estado ribereño ejerce jurisdicción de 200 millas a partir de la costa; en la ZEE el Estado ribereño puede explotar y explorar los recursos pesqueros allí existentes; es a partir de estos dos conceptos que colombia está reclamando a venezuela la delimitación de aguas marinas y submarinas, pues considera que venezuela no solo está explotando sus recursos, sino que, más grave aún, su jurisdicción la ejerce en territorio colombiano.

Colombia también podría defender sus derechos en el golfo, citando el artículo 57 de la Convemar de 1982 que dice: “[...] un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específicoestablecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención” (artículo 55), es decir, que de acuerdo con la Convención, el Estado ribereño ejerce derechos soberanos sobre los recursos naturales o para su exploración y explotación. dentro de esta zona tendrá derechos exclusivos a efectos de control, regulación, explotación y preservación de los recursos orgánicos e inorgánicos, de prevención y control de la contaminación (Naciones Unidas, 1982, artículo 57).

Venezuela en algún momento utilizó sus argumentos de propiedad de plataforma continental, apoyado en la soberanía de Los Monjes, pero la Convención de 1982 solo les reconoce a Los Monjes mar territorial de 12 millas y no plataforma continental y ZEE, por considerar que son rocas no aptas para la vida humana y la vida económica propia. Es tan clara la Convención de 1982, que establece que los intentos de crear artificialmente condiciones para la vida humana en Los Monjes no asimilan las rocas a los dos propósitos definidos: “La rocas no son aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental” (Naciones Unidas, 1982, artículo 123, numeral 3).

No obstante que la Convemar en Ginebra en 1958, ya había definido la manera en que los países ribereños con costas enfrentadas deben delimitar las áreas marinas y submarinas, caso de Colombia y Venezuela en el golfo, es la Convemar de 1982 la que determina la delimitación a través de la línea media para hacer justa, distributiva y equitativa la delimitación.{9} La Convemar considera que la línea media es una norma capaz de determinar la medida de las partes, y, al mismo tiempo, se trata de un método técnico que facilita el trazado de las líneas con la necesaria exactitud.

La Convención de 1982 estableció la línea media o equidistante para determinar los límites del mar territorial, la zona contigua y la plataforma continental, solo basta citar el artículo 12 de la Convención de Ginebra y 15 de la Convención de 1982 que dice:

Cuando las costas de dos Estados se hallen situadas frente a frente o sean adyacentes, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo mutuo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media determinada en forma tal que todos sus puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados.

Para zona contigua y plataforma continental, la Conferencia hace las mismas afirmaciones:

Cuando las costas de dos Estados estén situados frente a frente o sean adyacentes, salvo acuerdo contrario entre ambos Estados, ninguno de ellos podrá extender su zona contigua más allá de la línea media cuyos puntos sean todos equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base que sirvan de punto de partida para medir la anchura del mar territorial de cada Estado

Cuando una misma Plataforma Continental sea adyacente al territorio de dos o más Estados cuyas costas estén situadas frente a otra, su delimitación se efectuará por acuerdo entre ellos. A falta de acuerdo y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra delimitación, esta se determinará por la línea media cuyos puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar territorial de cada Estado (Convención de Mar Territorial y Zona Contigua, 1958, artículo 24, parágrafo 3).

Venezuela, desde la Convemar en 1958, se ha mostrado en contra del principio de la equidistancia, aduciendo como argumento el hecho de que la línea conduciría a realizar una división “por mitad” de las zonas de acaballamiento adyacentes a las costas enfrentadas de dos o más Estados. La delegación venezolana ha propuesto así prescindir de la equidistancia y proponer un acuerdo entre las partes.

La tesis de Colombia sobre línea media y reconocimiento de la plataforma continental es consistente con lo que se ha definido en las Convemar de Ginebra en 1958 y la propia Convención de 1982 que, paradójicamente, Colombia no ha ratificado{10} (figura 1). Tres son los aspectos que las Convemar le dan a Colombia para reafirmar sus aspiraciones y tesis. El primero y el más importante es el relacionado con el reconocimiento de la plataforma continental y la zona económica exclusiva que Colombia tiene por ser país ribereño en el golfo de Venezuela; el segundo es la delimitación de la línea media; y el tercero la aceptación en caso de no acuerdo con Venezuela de un tribunal internacional para delimitar las aguas marinas y submarinas.{11}

AGENDA ECONÓMICA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA POLÍTICO

No obstante las tensiones del diferendo de Los Monjes y con la intención de fomentar las relaciones económicas entre los países, a la par de la accidentada agenda política, los dos países comenzaron a tener en cuenta las relaciones económicas en las diferentes controversias. En efecto, después de que los países no lograron delimitar sus aguas marinas y submarinas en el golfo, y de que en ambos lados se han mostrado renuentes a utilizar los mecanismos de solución por la vía de acudir a procedimientos arbitrales como el Pacto de Gondra que fue aprobado en la V Conferencia Internacional Americana en Santiago de Chile en 1923, la Convención General de Conciliación Interamericana de 1929, el tratado colombo-venezolano de 1939, la mediación de la ONU, del sistema de seguridad de la OEA y la misma Corte Internacional de la Haya, las naciones decidieron crear comisiones negociadoras que han involucrado asuntos económicos y comerciales en sus diferentes reuniones.

La más importante como se verá más adelante, es el Acta de San Pedro Alejandrino, firmada por los presidentes: colombiano, Virgilio Barco Vargas, y venezolano, Carlos Andrés Pérez, en 1990, donde se establecen sendas comisiones bilaterales, cuyo objetivo es involucrar temas comerciales de complementación económica para fomentar las relaciones entre los países y congelar así la agenda política; en estas comisiones se revisan diversos temas, entre otros: migraciones, cuencas hidrográficasinternacionales, delimitación de áreas marinas y submarinas, ríos internacionales, utilización de recursos transfronterizos, tráficode estupefacientes, sistemas de control para evitar los robos de vehículos en la frontera y fomento a la integración entre los dos países en las áreas económicas, sociales y culturales.{12}

En cualquier caso, antes de 1990, ya se avizoraba la negociación directa como mecanismo para involucrar las relaciones económicas en la agenda política. en efecto, por ejemplo en 1940, se creó la sociedad binacional del táchira y norte de santander, que hizo público un documento en el cual se hacía la solicitud a los gobiernos de ambos países para dinamizar las relaciones económicas y prestar una mayor atención a los principales problemas latentes en la región fronteriza, como la regulación de la actividad económica en esas regiones.

En 1942, los dos gobiernos acordaron un estatuto fronterizo que eliminaba la necesidad del pasaporte para el ingreso a la región fronteriza. en 1963, en el Acta de San Cristóbal, firmad por los presidentes Rómulo Betancourt de Venezuela y guillermo león valencia de colombia, se planteaban como objetivos de la relaciones políticas, el desarrollo de la integración económica, el bienestar social de las zonas fronterizas y la promoción del desarrollo limítrofe con el apoyo técnico y financieo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para 1969, con la creación de la Junta del acuerdo de cartagena, se otorgó carácter de prioridad al desarrollo y a la integración económica fronteriza.

En la década de los años setenta, los gobiernos de los dos países continuaron colocando gran interés en el fomento a la integración económica, acelerando algunos de los instrumentos de negociación bilaterales de la agenda de los monjes. cabe mencionar el papel que jugaron las comisiones binacionales fronterizas (conbifrom),{13} que llegaron incluso a las propuestas del presidente colombiano alfonso lópez michelsen de 1974, y el acuerdo de caraballeda de los presidentes Julio César Turbay y Herrera Campins en 1980 de explorar y explotar conjuntamente Los Monjes. En el primero, Colombia propuso la creación de empresas bilaterales; en el segundo, aceptando el llamado tema de la línea media, catalogado por muchos analistas como un verdadero tratado, Colombia proponía reconocer la soberanía de Venezuela en Los Monjes, a cambio de que Venezuela reconociera los derechos de plataforma continental que le corresponden a nuestro país en el golfo de Venezuela. Colombia estaba dispuesto, incluso, a perder cerca de 800 km2 de mar, pero el presidente Herrera Campins, en vez de radicar la propuesta en el Congreso de ese país, la sometió a la opinión pública, lo cual no solo acabó con el acuerdo, sino que aún más, revivió diferencias entre la sociedad civil de los dos países, y, sobre todo, en los negociadores colombianos que, desde 1981, vienen proponiendo que cualquier solución al diferendo sobre Los Monjes debe someterse a referéndum en Colombia (tabla 4).

No obstante que entre 1970 y 1987, la cooperación económica en las agendas bilaterales se ve interrumpida por el conflicto originado por la delimitación de las áreas marinas y submarinas en áreas del golfo de venezuela, en 1988 se amplían los mecanismos de integración fronteriza, y dentro de la normativa andina se comienzan a dinamizar los acuerdos comerciales, para profundizar la complementación económica, solución de problemas comunes y el aprovechamiento de los recursos con los que contaba cada economía.

En 1989, en la Declaración Presidencial de Ureña, nacen las comisiones presidenciales para asuntos fronterizos colombo-venezolanos (Copaf), esas comisiones realizaron varias reuniones técnicas bilaterales, dando importancia al diálogo y definiendo la prioridad asignada a las relaciones entre Colombia y Venezuela. Con la Declaración de Ureña nace también la Comisión Negociadora Binacional (Coneg).

Los presidentes virgilio Barco vargas y Carlos Andrés Pérez, Acta de San Pedro Alejandrino, firmaron el convenio para reanudar las relaciones y, para ello, nombraron un equipo binacional de altos comisionados que se encargaron de realizar los inventarios de los distintos temas que afectaban la frontera común, incluyendo en estos, los aspectos de delimitación de áreas marinas y submarinas. De allí surgieron diez temas fundamentales, y para tratarlos, se nombraron dos comisiones: una que atendiera los problemas sociales y económicos de la zona fronteriza, y la otra, los problemas relacionados con las delimitaciones.

La Copaf hizo varios estudios para los sectores públicos y privados sobre el planteamiento de un Sistema Metropolitano Binacional. Esta comisión estableció normas para tránsito de personas y vehículos; la lucha contra el contrabando; la circulación y el control al maltrato de los trabajadores indocumentados; la revisión de los asuntos de los indígenas; la explotación abusiva de los recursos naturales; la búsqueda de soluciones a los conflictos de orden público; la seguridad para los habitantes de frontera; y, finalmente, elaboró propuestas y estrategias para el desarrollo científico, técnico y del trabajo cultural de las zonas limítrofes. En 1991, la Copaf presentó el proyecto de Zona de Integración Fronteriza (ZIF), que es la delimitación, diseño e instrumentación de la correspondiente ZIF del estado Táchira de Venezuela, y del departamento de Norte de Santander, Colombia.

A finales de la década de los noventa, las actividades de la Copaf se redujeron, y en la reunión de Santa Marta, Colombia, el 4 de mayo del 2000, los presidentes de Colombia y Venezuela se comprometieron a la reactivación y profundización de los distintos aspectos que conforman la agenda bilateral y la necesidad de otorgar una dimensión más amplia a las comisiones respectivas de cada país (El Tiempo, 4 de mayo del 2000). En septiembre del 2000, se creó la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos fronterizos (Copiaf), en sustitución de la Copaf.

La Copiaf surgió como una necesidad de impulsar el proceso de integración en la búsqueda de alternativas para el desarrollo en las áreas económicas, sociales, culturales y políticas de ambas naciones. Su objetivo es promover la voluntad política y la necesidad de ejecutar proyectos que contribuyan al proceso de integración binacional, que mejoren la calidad de vida de las poblaciones fronterizas. La Copiaf y la Coneg son los instrumentos más expeditos para ayudar a componer las relaciones políticas y económicas entre los dos países.{14}

En marzo del 2008, a propósito del rompimiento de relaciones diplomáticas por la muerte del guerrillero Raúl Reyes y la posición venezolana de apoyo a Ecuador por considerar que hubo daño transfronterizo e invasión de la soberanía de ese país, también fueron las mismas comisiones las que comenzaron a trabajar en soluciones bilaterales para congelar la agenda política, haciendo votos para que Venezuela retornara a la CAN, o en su defecto, para que los dos países pudieran acordar un nuevo tratado comercial para proyectar la integración económica.{15}

La Copiaf y la Coneg han funcionado en el frente económico, debido a que en su interior se le ha dado participación al sector empresarial de los países,{16} y que estas han hecho las recomendaciones, acatando los principios del Acuerdo de Cartagena (1969) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Por ejemplo, Colombia y Venezuela, al amparo de los preceptos del Acuerdo de Cartagena, lograron acelerar la zona de libre comercio y concertar los aranceles contra terceros para evitar las triangulaciones. El Acta de Barahona en 1991 hizo así que el comercio de bienes comenzara a acelerarse entre los dos países, toda vez que después de esta, y hasta el 2006, el 95% de las mercancías intercambiadas no pagaron aranceles entre los países integrantes (Cámara Colombo Venezolana, 2005).

También el Acta de Barahona relanzó la integración y los procesos de apertura con terceros mercados, en especial con América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea; finalmente, algo muy importante por su impacto sectorial fue la política bilateral de fomento a las inversiones cruzadas, y, sobre todo, a la creación de grandes alianzas industriales, como las del sector de metalmecánica en 1991 y automotriz en 1993, que incentivaron los intercambios de manufacturas en momentos de tensiones políticas (Ramírez, 1996) (tabla 5).

Cabe recordar que los buenos oficios de las comisiones entre 1980 y el 2008 reversaron medidas presidenciales como el cierre de las fronteras, los llamados a las consultas de embajadores y las intenciones del rompimiento de las relaciones políticas. La violación de la soberanía colombiana por el ejército venezolano, en la política de ese país de persecución en caliente a los insurgentes colombianos entre 1995 y 1997, obligó al presidente Samper en varias oportunidades a invocar las comisiones y los tratados internacionales de paz y no agresión con Venezuela. Más recientemente, la violación colombiana de la soberanía venezolana con la captura del guerrillero colombiano Rodrigo Granda por el Ejército colombiano en territorio venezolano en el 2005, hizo que el presidente Chávez cerrara la frontera; los buenos oficios de la Coneg y la Comisión Presidencial restablecieron en febrero de ese año las relaciones bilaterales; en aquella oportunidad, esas comisiones se acompañaron con la introducción de proyectos económicos como el gasoducto bilateral para llevar gas de La Guajira de Colombia al estado Zulia de Venezuela, y después, la idea de retomar la agenda en torno a la explotación conjunta de las aguas en conflicto creó un ambiente propicio para el comercio bilateral entre el 2005 y el 2006 (Ramírez, 2006).

A manera de conclusión, se puede señalar que las comisiones bilaterales han logrado desde 1990 una agenda llamada de globalidad para las relaciones entre Colombia y Venezuela, que no solo ha servido para componer y mejorar las relaciones políticas, sino más importante, para dirigir la integración a otros asuntos como el económico, el social, el desarrollo fronterizo y el propio tema de los desencuentros políticos (Ramírez y Hernández, 2003).

ACUERDOS ECONÓMICOS DE FINALES DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

Después de los desafortunados hechos del 2008 y de los pronunciamientos de micrófono de los presidentes Chávez y Uribe en foros como la Cumbre de Río, en los encuentros posteriores para componer las relaciones diplomáticas impulsados por Brasil, Argentina y el propio México,{17} estuvo presente la agenda económica para mejorar la agenda política. Solo basta recortar los encuentros y acuerdos incluso de los presidentes Chávez y Uribe en abril del 2009 en Caracas, donde se puede afirmar que hubo la intención de arrancar un tratado de libre comercio con visos de mercado común que no solo supliera la deficiencia normativa en materia arancelaria por el retiro de Venezuela de la CAN, sino más importante, que los países decidieran comenzar a estudiar los fondos comunes para superar y afrontar de manera conjunta la crisis internacional que se avizoraba en ambos países (tabla 6).

El acuerdo, que en principio se vendió con la idea de restablecer los pagos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de Venezuela a los empresarios colombianos, y con esto saldar la deuda empresarial, toda vez que desde abril del 2008, el gobierno venezolano había decidido unilateralmente el cierre de los pagos y la limitación de las importaciones de vehículos extranjeros y darle prioridad a la comercialización de autos ensamblados en el país;{18} se pasó al terreno de agendas de entendimiento binacionales para pensar en un nuevo tratado comercial. La declaración de los presidentes que estableció puntos de paz y concordia estableció 5 puntos de la agenda económica: Venezuela abrió el cupo para 10.000 vehículos procedentes de Colombia para abastecer la demanda en camiones pequeños de estacas, camiones, buses y vehículos de bajo costo.

Otros tres documentos firmados por los dos mandatarios fueron la intención del gobierno venezolano de constituir un fondo binacional de USD$200 millones con recursos públicos para establecer una línea de crédito que impulsara el comercio bilateral y permitiera el comercio de las pequeñas y medianas empresas en época de crisis, un memorando de entendimiento para llevar energía eléctrica de Puerto Inírida (Colombia) a San Fernando de Atabapo (Venezuela) y una carta de intención para evaluar la posibilidad de utilizar las monedas locales en el intercambio comercial entre ambas naciones en lo que se denominó una propuesta de comercio al trueque; la constitución del fondo binacional había sido acordada en cartagena durante la reunión que uribe y chávez sostuvieron en enero de ese año. El fondo también tenía por objeto promocionar y financiar proyectos relacionados con el transporte, la salud, el ambiente, la educación, la agricultura y la infraestructura, entre otros.

En esta misma reunión se lanzó como quinto documento la idea por parte de venezuela de construir un tren y el poliducto que conectara a venezuela con el Pacífico —a través de Colombia, para transportar el crudo venezolano a los mercados asiáticos (China)—. La propuesta de Chávez, inclusive, no solo fue acogida por uribe con entusiasmo, sino que este le agregó al proyecto un nuevo tramo que entraría por La Guajira para conectarse en un futuro con centroamérica. Que “sea el comienzo para que nos integre con centroamérica, con la visión de Mesoamérica y con México”, dijo el mandatario colombiano; además de acordar la reactivación de la comisión Negociadora para el diferendo limítrofe en el golfo de Venezuela y buscar la firma de un nuevo acuerdo comercial tras el retiro de venezuela de la cAN; de este modo terminó la cumbre del 14 de julio del 2009.

Empatía Santos-chávez

Después de los desencuentros desafortunados de finales del 2009 entre los que se destacan insultos de los presidentes chávez y uribe y amenazas de acusaciones ante la corte Penal Internacional (cPI), viene un profundo receso de las relaciones, pues venezuela en mayo del 2010 decidió unilateralmente romper relaciones comerciales y diplomáticas con colombia, cerrando cualquier posibilidad de echar a andar los convenios. Desde la posesión del presidente Juan Manuel santos, el 7 de agosto del 2010, los dos presidentes se han reunido en cuatro oportunidades para restablecer las relaciones diplomáticas y retomar la agenda económica. El 10 de agosto del 2010, tres días después de que santos se posesionara como presidente de colombia, anunciaron el restablecimiento de todas las relaciones diplomáticas y comerciales de las dos naciones; con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales y reactivar el comercio bilateral, se restablecieron las comisiones y la negociación del Acuerdo de complementación

Económica con Colombia, que regulara las relaciones bilaterales después del 21 del abril del 2011, cuando vencían las preferencias de Venezuela en la CAN.

La visita de Santos a Caracas, el 1 de noviembre del 2010, generó una cumbre importante para retomar el diálogo de los mandatarios con sus equipos respectivos; en esta oportunidad, se avanzaron en decisiones comerciales en las áreas energéticas y de seguridad, pero también se pensó en la integración cultural. Venezuela anunció la venta mensual de 37 millones de litros de gasolina venezolana a 6 departamentos colombianos: La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Amazonas, Guainía y Vichada; la compra de la cosecha de caña a productores nortesantandereanos y nuevos pagos de deuda a exportadores colombianos. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, para retomar la agenda social, sumaron a los acuerdos la posible creación de una liga binacional de béisbol. La Cumbre también revisó el tema de las drogas; mediante una Acta de Compromiso para la cooperación en la lucha contra el problema mundial, los dos países se comprometieron a trabajar también el tema de la guerrilla en la frontera.{19} Finalmente, los dos mandatarios se comprometieron a ejercer en la región un liderazgo para sacar adelante el bloque de Unasur.

En esta oportunidad, también se acordó fomentar el comercio mediante “alianzas productivas en textiles, alimentos, café, cacao, ganadería, vivienda, materiales de construcción y sectores automotor y energético”; se acordó el pago de deudas atrasadas a exportadores colombianos por USD$ 336 millones, de un total de más de USD$800 millones. Se establecieron precios referenciales de cada país con el fin de realizar en el comercio, y se dispuso agilizar el trámite de exportaciones colombianas en textiles, calzado, medicamentos, productos de higiene personal y limpieza, alimentos, empaques, repuestos y autopartes.

También se tomaron decisiones para contrarrestar el contrabando. Venezuela volvió a expresar su interés para que Colombia se sume a proyectos como la explotación conjunta de crudo pesado en la llamada franja del Orinoco, a llevar gas venezolano a Centroamérica y a la construcción de un poliducto para transportar combustible venezolano hasta el Pacífico. Y se dieron instrucciones para resolver los problemas que obstaculizan el transporte de carga en la frontera.

Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, se volvieron a reunir en abril del 2011 en Cartagena para hacerle seguimiento a la agenda de Caracas y continuar con el estudio del acuerdo de alcance parcial que reemplazará las normas que regulaban el comercio bilateral en el marco de la CAN por el retiro de Venezuela.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron en esa ocasión dieciséis acuerdos de cooperación e integración en diversas áreas, anunció el presidente Juan Manuel Santos, al término de su reunión con su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, en Cartagena, e indicó que fue “una reunión muy productiva. Se cumplen ocho meses desde que se decidió poner en marcha un proceso en diferentes frentes para fortalecer las relaciones entre Venezuela y Colombia”, manifestó el mandatario colombiano. Explicó que “en esta tercera reunión logramos avances importantes. Firmamos dieciséis acuerdos que tienen que ver con proyectos de infraestructura, que van a fortalecer la integración, por ejemplo construcción de poliductos, oleoductos y carreteras” (El Universal, 23 de abril del 2011).

Tratado de alcance parcial del 2011

Finalmente, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, se reunieron el 29 de noviembre del 2011 y firmaron el acuerdo comercial de alcance parcial que regulará e impulsará el intercambio económico entre los 2 países. Este acuerdo de alcance parcial cobija a cerca de 4000 partidas arancelarias, que son las que más se comercializaron entre los 2 países en los últimos 5 años. De otro lado, este instrumento remplazó el marco normativo del comercio bilateral de la CAN por el de la Aladi.

En esta reunión se firmaron otros convenios en materia de comercio, pago de exportaciones a empresarios colombianos, creación de empresas de salud, turismo, desarrollo fronterizo, suministro de combustibles y lucha antinarcóticos. Colombia y Venezuela también firmaron ocho acuerdos de integración en materia de comercio, ciencia y tecnología, industrias, vivienda, petróleo, energía, salud, agricultura y alimentación y cultura. Por ejemplo, en el tema de minas y energía, los países se comprometieron a constituir empresas mixtas que puedan hacer realidad el oleoducto que conecte a Venezuela con Colombia y con el Pacífico. También se destaca el acuerdo que permite la explotación conjunta de petróleos pesados, proyecto para el desarrollo de la industria petroquímica y básica.

Cabe mencionar que con el cierre de la última ronda de negociaciones que terminó en enero del 2012, Colombia y Venezuela firmaron el acuerdo comercial de alcance parcial, que establece un arancel cero para la mayoría de los productos intercambiados por los dos países.

Venezuela, según el documento, plantea que el acuerdo se firme por un plazo de cinco años, que pueda ser renovable por periodos iguales, algo que no cuenta con el visto bueno del empresariado colombiano, porque no permite una planeación de largo plazo. Santos manifestó que este acuerdo de alcance parcial tiene “los mismos objetivos” que el tratado comercial suscrito hace veinte años por ambos países, al puntualizar que busca “quitar las barreras arancelarias y parancelarias” de los productos que pueden suponer un incremento del comercio, Acta de Barahona donde las dos naciones relanzaron la CAN.