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Оглавление| 3 | LA EVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA POLÍTICA CULTURAL VALENCIANA |
1.LA SOCIEDAD VALENCIANA CONTEMPORÁNEA: UNA BREVE CARACTERIZACIÓN
A la hora de abordar las políticas culturales en el País Valenciano hay que tener en cuenta, previamente, algunos de los rasgos que caracterizan a la sociedad valenciana en el tránsito del siglo XX la siglo XXI, es decir, en el tránsito hacia la llamada «era global» (Hernàndez, 2008). Porque a los retos derivados de la transición a la democracia, tras casi cuarenta años de dictadura, pronto empezaron a sumarse los vinculados a un creciente proceso de globalización. Se mezclaron, así, las problemáticas de la «Batalla de Valencia» con los intentos de generar una mayor proyección transnacional del País Valenciano y el avance de las fuerzas de la modernización. Entre tanto, la economía, la demografía, la sociedad y la cultura experimentaron relevantes transformaciones, de las que, seguidamente, tan solo ofreceremos una breve síntesis, en la medida que generaron un marco en el que insertar la evolución de las políticas culturales valencianas.
El referido proceso de modernización tiene un importante hito en la aceleración de la industrialización del País Valenciano en los años sesenta y setenta, si bien a raíz de la crisis económica desatada en 1973 fue necesario rehacer el modelo de crecimiento mediante una traumática reconversión industrial. Todo ello se acompañó de la progresiva democratización de la vida política y la aproximación al escenario europeo en las formas y opciones políticas, el funcionamiento de la economía y la homologación de la vida social. En ese contexto se aprobó el Estatut d’Autonomia de 1982, que asumía las competencias por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, lo cual, a su vez, reflejaba el escaso peso político del País Valenciano en la nueva España democrática.1 En los años ochenta y noventa se operó un fuerte cambio demográfico, se modificó el tejido productivo del país y se produjo un incremento de empleados y capas medias urbanas, el aumento de pensionistas y jubilados, así como de estudiantes, la integración de la mujer en el mercado laboral y el debilitamiento de los porcentajes de trabajadores industriales y agrícolas (Baldó, 2009).
Los gobiernos socialistas autonómicos apostaron por un modelo de crecimiento más o menos equilibrado entre industria, investigación, servicios y turismo, pero los gobiernos del Partido Popular optaron, a partir de 1995, fecha de su llegada al poder, por el turismo, la construcción masiva y los grandes eventos y proyectos espectaculares, todo ello auspiciado por una coyuntura propicia, la de ciclo expansivo finisecular de 1996-2007 (Naredo y Montiel, 2011), que fue capaz de generar un gran número de empleos en estos sectores, al menos hasta el estallido de la crisis de 2008. Sin embargo, en términos generales han aumentado la pobreza relativa y la desigualdad, ligadas al modelo productivo desarrollado en España (Navarro, Torres y Garzón, 2011). Por una parte, la desocupación persistente y masiva de los años ochenta fue dejando paso a un modelo de paro flexible, con una creciente flexibilización y precarización de la mano de obra, que se ha agravado extraordinariamente en los últimos años, por el impacto cruzado de la crisis y los ulteriores recortes gubernamentales. Una crisis que al ser básicamente de la burbuja inmobiliaria que tanto había crecido en tierras valencianas, disparó rápidamente las tasas del paro, que pasó del 8,8% en 2005 al 28,1% en 2012.2
La oleada expansiva de la economía de la última década generó un severo desequilibrio en la estructura económica, con unos impactos medioambientales muy grandes y crecientes, sin poderse superar los déficits sociales relativos que se arrastraban históricamente. Como consecuencia, los fundamentos del bienestar fueron perdiendo solidez, a lo que hay que sumar un modelo de desarrollo valenciano que no se ha caracterizado por la sostenibilidad, y que ha estado muy ligado a unas elevadas densidades de población y de actividad económica. Como se ha esbozado, la construcción ha sido el motor de la economía valenciana, pero el modelo de crecimiento extensivo en el espacio ha tenido graves repercusiones medioambientales, como son la sobreexplotación, la contaminación y la antropización extrema (Almenar, 2007).
En el ámbito demográfico, durante las últimas décadas del siglo XX la estructura generacional de la población valenciana ha cambiado muy significativamente, con transformaciones importantes en la estructura de edades y la tendencia hacia una pirámide de población claramente envejecida y mucho más regresiva que la de 1950, lo cual demuestra que el País Valenciano ha seguido la senda europea del envejecimiento demográfico, sobre todo a partir de 1981. La población valenciana pasó de 3 millones de personas en 1970 a poco más de 5 millones de habitantes en 2012, a lo que se debe añadir un 17,2% de población inmigrante. De hecho, la inmigración ha supuesto uno de los más relevantes fenómenos económicos recientes, que se ha traducido en una mano de obra barata y flexible, auspiciada por el propio modelo de desarrollo valenciano, ligado a necesidades de mano de obra en la construcción, la agricultura comercial, la hostelería y el servicio doméstico, especialmente en la atención a ancianos. En el último tercio del siglo XX la inmigración era básicamente intraestatal, de manera que las comunidades españolas con mayor presencia en el territorio valenciano eran la castellano-manchega y la andaluza. Pero en el último decenio se ha incrementó notablemente la inmigración de extranjeros, pero ya no solo de los prósperos europeos del norte que llegaban a las costas valencianas a establecer su residencia (principalmente británicos, alemanes y holandeses), sino a inmigrantes de países en vías de desarrollo (América Latina y África) y del este de Europa, que llegaban por motivos laborales, con o sin papeles.
Estos flujos migratorios hicieron crecer tanto las grandes ciudades como las coronas exteriores de sus áreas metropolitanas (Torrent, Paterna, Mislata, Alboraia, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja…). En la actualidad, las posibilidades de integración del sistema urbano valenciano en Europa pasan por su incardinación en el llamado Arco Mediterráneo, que se correspondería con la integración de las regiones de Andalucía, Murcia, País Valenciano, Cataluña y Baleares con tres regiones francesas y cinco italianas, además de las conexiones de tipo global establecidas a partir de los puertos y aeropuertos valencianos. Por su parte, y en clave interna de administración territorial autonómica y local, se ha ido desarrollando no sólo una nueva comarcalización (34 comarcas oficialmente reconocidas) sino también las llamadas mancomunidades de municipios (hay 23 constituidas), áreas metropolitanas y consorcios de administraciones locales, como el Consorci de les Comarques Centrals Valencianes.
Paralelamente, y durante el fin de siglo XX, se ha producido una intensa recomposición social, que ha hecho del País Valenciano una sociedad definida por la centralidad de sus amplias clases medias emergentes, asalariadas y urbanas, por la tecnificación, la diferenciación interna y la crisis de la conciencia de clase en los obreros industriales; por la pérdida del número, peso y homogeneidad de los labradores; por la creciente presencia de la mujer en todos los ámbitos del trabajo, cada vez con una mayor responsabilidad; y por el creciente número de jubilados y pensionistas, así como de jóvenes cuya cualificación es mayor que nunca. Pero también se ha podido advertir una creciente polaridad entre trabajos de calidad y trabajos precarios, así como el aumento de la segmentación social, de diferencias en la percepción de rentas, de persistencia e incluso incremento de factores de exclusión social que generan nuevas formas de pobreza y desigualdad. Lo cual ha ido unido al desequilibrio en la distribución espacial de la población, al riesgo de agotamiento de algunos recursos naturales o a la integración del multiculturalismo existente ya en la práctica. Todo ello ha convertido al País Valenciano en un «país complejo» (Romero y Azagra, 2007), que desde 2008, y tras los aparentes éxitos del modelo económico aquí imperante, ha tenido que integrar los duros impactos de la crisis económica, especialmente en los ámbitos económico y social (Alcaraz, 2009).
Por lo que respecta al asociacionismo y a los movimientos sociales, se ha producido un importante desarrollo, en consonancia con lo que ocurrido en Occidente, aumentando especialmente las asociaciones relacionadas con cuestiones vinculadas con los retos de la sociedad global del riesgo, como por ejemplo las asociaciones medioambientalistas, culturales y de patrimonio cultural, por la igualdad sexual, pacifistas, altermundistas o de cooperación para el desarrollo del Tercer Mundo (Hernàndez y Albert, 2008). Se trata de movimientos muy críticos con las tensiones generadas por el productivismo y el consumismo propios del capitalismo globalizado, que buscan su reorientación desde los presupuestos de una democracia integral de carácter mundial que no excluya las problemáticas de lo local. Entre estas asociaciones destacan las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de conservación del territorio y del patrimonio cultural, las asociaciones de defensa de la identidad valenciana, en sus diversas versiones, o aquellas que, como ocurre, por ejemplo, con Escola Valenciana, poseen una gran capacidad de convocatoria y tienen en su punto de mira la extensión y normalización de la educación en valenciano.
En el último decenio la capital del País Valenciano, Valencia, se ha insertado estratégicamente en una red global de eventos culturales y turísticos, algo muy acorde con la intensificación a gran escala de los procesos de globalización y de conectividad cultural. Hasta el punto de que ciudades menores, como Alicante y Castellón, han intentado el mismo camino, aunque a menor escala. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha convertido en el principal elemento referencial, pues en muy poco tiempo se ha erigido en un marcador de la identidad valenciana al mismo nivel que la Valencia patrimonial y artística, mientras que la propia Ciudad ha devenido un referente iconográfico de la modernidad local. La organización de grandes eventos internacionales, junto a la proliferación de ciudades temáticas, ha supuesto para Valencia su reposicionamiento en el marco de las ciudades que compiten por asignarse la etiqueta de «ciudad global». De este modo, si bien de una manera no del todo planificada, Valencia ha estado experimentando un tránsito efectivo hacia el estatuto de «ciudad glocalizada» mediante un modelo de decidida espectacularización. Todo ello pese al disenso de les élites culturales, intelectuales y académicas o las iniciativas críticas de movimientos sociales ciudadanos (Cucó, 2013).
2.POLÍTICAS CULTURALES Y DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL
Una vez definido el marco social contemporáneo del País Valenciano llega el momento de adentrarse en el mundo de las políticas culturales, que constituyen un elemento esencial de las dinámicas culturales que caracterizan la sociedad valenciana. Pero el acercamiento al estudio de las políticas culturales en el País Valenciano requiere una previa contextualización, referida al papel de aquellas en relación a la evolución de la democratización cultural en España. Y es que, como ha señalado Ariño (2010), en las sociedades del bienestar surgidas tras la Segunda Guerra Mundial se tomó conciencia del carácter minoritario y elitista de la alta cultura con la intención de extender al conjunto de la población el derecho al disfrute de los bienes y servicios culturales. En este contexto, «y con el fin de cimentar la acción política, aparecen las instituciones, las políticas, las estadísticas y las encuestas sobre prácticas culturales» (Ariño, 2010: 123). La orientación de estas políticas es claramente distributiva y tiene como objetivo correlativo garantizar la accesibilidad de determinados bienes al mayor número posible de personas. De este modo, las administraciones públicas tratan de legitimar su acción mediante la ampliación progresiva de los públicos.
La democratización cultural ha inspirado en gran medida la institucionalización de una administración cultural en distintos niveles, como los que trataremos en este libro dedicado al caso valenciano, hasta el punto de que los agentes que se sitúan en el Tercer Sector o el sector privado no pueden dejarse de ver, al hablar de políticas culturales, más que en relación dialéctica con las diversas administraciones culturales (autonómica, provincial y local). En España la puesta en marcha de políticas culturales modernas es inseparable tanto de la creación del Ministerio de Cultura en 1977 como de la recuperación de un régimen de libertades democráticas y la construcción del Estado de las Autonomías, estrechamente ligado a la reivindicación y promoción de las culturas de las diversas comunidades autónomas. En ese sentido, las políticas culturales de la era democrática aparecen nítidamente definidas por el paradigma de las políticas de democratización cultural, que el ministro de Cultura francés André Malraux pusiera en marcha en 1959.
Sin embargo, como destaca Ariño, en España no se ha producido un periodo dilatado de implantación y desarrollo intenso de las políticas de democratización cultural (redistribución), con la consiguiente creación de infraestructuras, equipamientos, cuerpos de expertos, instrumentos de impulso a la participación y programas de dinamización (Ariño, 2010: 126-127). Más bien han predominado unas acciones fragmentarias, tímidas e inmaduras, sin demasiada articulación interna, que además se han visto desbordadas tanto por las específicas políticas de democracia cultural (reconocimiento) generadas en el marco de la consolidación del Estado autonómico como por el desplazamiento hacia la cultura orientada por el desarrollo económico y la espectacularización, como demuestra, en este último extremo, el caso valenciano (Cucó, 2013).
En España es cierto que, entre 1978 y 2009, ha habido un significativo crecimiento en la mayoría de los campos de actividad cultural, hasta el punto de que han llegado a generalizarse prácticas antaño minoritarias. No obstante, para que haya democratización cultural absoluta es imprescindible que exista tanto un incremento del volumen de los practicantes por aumento de la tasa de penetración (participación cultural) como una reducción de las diferencias existentes entre categorías. Así pues, si se entiende el concepto de democratización cultural en su sentido más básico y generalizado de ampliación del volumen de público, es cierto que en España se ha dado una auténtica revolución cultural en las últimas tres décadas, que ha afectado a todas las prácticas culturales, democratizándolas. Pero cuando se realiza un balance más ajustado de dicha democratización se obtiene que no se ha producido una significativa atenuación o desaparición de los sesgos participativos de signo sociodemográfico (de género, edad, nivel educativo u ocupación), e incluso es posible apreciar que en algunos casos dichos sesgos se mantienen o acentúan. Es más, no solo nos encontramos ante políticas de democratización cultural insuficientes,
sino que éstas han sido desbordadas por políticas dispersas de reconocimiento (democracia cultural) de las comunidades autónomas, y todas ellas por las ya referidas políticas de subordinación de la cultura a los enfoques económicos (desarrollo cultural, flujos turísticos, rentabilidad inmediata de los equipamientos culturales) y a los intereses políticos (singularización y espectacularización) (Ariño, 2010: 222).
Un diagnóstico a tener muy en cuenta a la hora de abordar el desarrollo de las políticas culturales valencianas, en la medida en que están muy influidas por el modelo español, hasta el punto de que algún rasgo destacado, como la tendencia a la espectacularización, aparece muy desarrollado en el caso valenciano, como tendremos oportunidad de ver a lo largo del trabajo.
3.DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA (1975-1995)
En el País Valenciano, como en el resto de España, no existía en los inicios del nuevo sistema democrático nada que se pudiera equiparar a una política cultural contemporánea. Como ha señalado Sirera (2008):
En 1975, la situación de la cultura valenciana desde el punto de vista de sus infraestructuras era poco menos que catastrófica: escasas y en precario, como fruto de una desidia sistemática por parte de las autoridades franquistas, tanto de las centrales como de las de ámbito local. Las carencias, pues, eran enormes: faltaban dotaciones tan básicas como bibliotecas o polideportivos. Y no eran menos acentuadas las carencias en otros ámbitos: el musical, el teatral o el de las artes plásticas (p. 12).
Pero, como el mismo autor indica,
en menos de treinta años el panorama cultural valenciano se ha visto profundamente alterado por las inversiones que en materia cultural se han venido haciendo (p. 13).
Para Sirera, la política cultural autonómica de los años ochenta (en lo que a dotaciones se refiere) se desarrolló en dos direcciones. La primera, la creación de centros que diesen apoyo, y coordinasen, infraestructuras ya existentes o en curso de realización. La segunda, la construcción de edificios emblemáticos. Posteriormente, el triunfo del PP en las elecciones autonómicas de 1995 (precedido por el obtenido en las municipales de la capital valenciana, 1991), tras algunos meses de indefinición, cuajó en el terreno cultural en una política basada prioritariamente en la potenciación de las grandes infraestructuras y los eventos igualmente grandiosos. Desde 1995, la política cultural conservadora continuó por la senda de las grandes inversiones en infraestructuras culturales, con la pretensión de lograr una gran visibilidad nacional e internacional para el País Valenciano. Según Sirera (2008: 8),
Si para los gobiernos socialistas los objetivos culturales prioritarios fueron la modernización de la Comunidad y la resolución de los principales conflictos que la atenazaban (singularmente, el lingüístico), los del Partido Popular que les han sucedido han desarrollado una política cultural en dos direcciones. Por una parte, tratando de dar satisfacción a las formas más tradicionales de entender y practicar la cultura. Por la otra, reforzando la modernidad antedicha y la proyección internacional de la Comunidad a través de grandes eventos culturales y deportivos, gestionados habitualmente por instituciones, sociedades y fundaciones creadas ad hoc.
Pero, para entender la puesta en marcha de la administración pública cultural valenciana hay que recordar el proceso de institucionalización del propio marco autonómico, que suponía la recuperación y actualización de la Generalitat Valenciana. El primer Consell Preautonòmic del País Valenciano se constituyó en abril de 1978, bajo la presidencia de Josep Lluís Albiñana, que no consiguió sus primeras transferencias hasta los decretos ley de enero y febrero de 1979. Los partidos políticos intentaron ponerse de acuerdo para definir el modelo de nuevo estatuto de autonomía. Tras las elecciones de 1979 el nuevo Consell se vio envuelto en una lucha de intereses entre la mayoría socialista y los consellers de la Unión de Centro Democrático (que provenían de las Diputaciones provinciales). Después de un tiempo de discrepancias se designó a Enrique Monsonís como presidente en funciones de la Generalitat y tras diversas discusiones se puso en marcha el Estatut d’Autonomia, que resultó aprobado en 1982 y oficializó la denominación de Comunitat Valenciana para el territorio valenciano. En 1983 obtuvo la victoria en las elecciones autonómicas el PSPV-PSOE (Partit Socialista del País Valencià), que gobernó entre 1983 y 1995, año en que el Partido Popular venció en las elecciones, cosa que también volvió a suceder en 1999, 2003, 2007 y 2011.
En consecuencia, a la hora de analizar las políticas culturales en el País Valenciano deberemos distinguir un primer período preautonómico entre 1978 y 1982, del que casi no se dispone de información, dada la precariedad institucional del propio ente autonómico; un segundo período, de gobierno socialista con mayoría absoluta, entre 1983 y 1995, y un tercer período correspondiente a una mayoría conservadora con dos subperíodos: entre 1995 y 1999, a raíz de un pacto en el gobierno de la Generalitat Valenciana entre el Partido Popular y Unió Valenciana (partido regionalista conservador); y a partir de 1999, con el gobierno en solitario del Partido Popular y con mayoría absoluta.
Antes de entrar a describir y analizar los datos disponibles respecto a la política cultural en el País Valenciano para los años referidos, justo será sintetizar, para contribuir a una adecuada contextualización, el panorama que sobre la política cultural de los años ochenta y noventa realiza la relevante monografía de Rausell (1999). Según su trabajo, en general el gasto público en cultura de las comunidades autónomas en relación al presupuesto total consolidado entre 1985 y 1994 fue de un 2,39%, siendo las magnitudes más elevadas las de aquellas comunidades autónomas con competencias transferidas de manera más pausada, y no con grandes competencias transferidas, que diluyen el peso de la cultura a favor de la sanidad o la educación, como es el caso del País Valenciano, cuyo promedio de gasto público en cultura para el período referido es del 1,31% del presupuesto.
Se pueden distinguir tres períodos: el primero entre 1985 y 1988, fase de normalización de la transferencia de competencias desde el gobierno central, que en el País Valenciano supone una reducción del peso específico de los gastos culturales por el crecimiento considerable de otras partidas; la segunda fase se da entre 1989 y 1992, y está marcadas por el «síndrome 92». En el País Valenciano tiene lugar el evento Música 92, lo que implica un crecimiento en las partidas destinadas a cultura; en la tercera fase, a partir de 1992, se produce una recesión, al tiempo que se agota el primer impulso para las grandes inversiones en equipamientos y empiezan los ajustes presupuestarios que afectan especialmente a las partidas culturales. Tomando todo el período 1985-1994 se aprecia como en el País Valenciano el gasto en cultura (situado entre los 5.000 y los 11.000 millones de pesetas constantes de 1994), se va elevando lentamente a partir de 1987, alcanzando una meseta entre 1991 y 1992, para descender también suavemente a partir de 1993. Como señala Rausell (1999), en este período es posible detectar dos cuestiones relevantes: por una parte la escasa importancia presupuestaria de los gastos en cultura, con unos políticos encargados de la gestión cultural que no son los más relevantes en sus respectivos partidos y que gozan de cierta autonomía en sus políticas, menos dependientes de las líneas programáticas de los partidos; por otra parte la importante función simbólica de la política cultural, especialmente en los «momentos conmemorativos», lo que implica que su importancia para la imagen colectiva del gobierno es mayor de lo que refleja su importancia presupuestaria:
Así tenemos unos políticos culturales que controlan poca cantidad del presupuesto y que proviene de los sectores menos relevantes de los aparatos de los partidos, pero que en momentos concretos son los «constructores» de la imagen colectiva del gobierno y por extensión del partido gobernante (p. 357).
Asimismo se evidencia la elevada dependencia entre el gasto en cultura y el ciclo económico, lo que demuestra la «excepcionalidad» de los gastos en cultura, que no generan corrientes de gastos (ni estructuras o instituciones) estables y permanentes: se trata de políticas puntuales, no normalizadas y muy prescindibles cuando existen restricciones presupuestarias. Es el caso de la situación producida por el impacto de la crisis económica desatada en 2008, que ha provocado sucesivos y drásticos recortes en todos los sectores de las administraciones públicas, siendo aquellos especialmente drásticos en los presupuestos de cultura, como se ha evidenciado especialmente a partir de 2010.
En 1990 el Consell Valencià de Cultura (CVC) encargó un estudio sociológico sobre el estado de los sistemas culturales básicos del País Valenciano, que se entregó en 1991. Se trata de un estudio muy valioso, pues nos proporciona una radiografía de las infraestructuras culturales valencianas de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.3 Del trabajo realizado se desprenden una serie de conclusiones de alcance general, referentes al ámbito de la infraestructura de información, a su relación con el entorno social y a las necesidades de planificación para la política cultural en las áreas consideradas. El estado de los equipamientos culturales del País Valenciano en 1991 se caracteriza, desde el ángulo de la oferta, por un proceso de cambio en el sentido de la democratización y modernización de la cultura, dentro del contexto de las transformaciones de distinto orden operadas en el último cuarto de siglo, y en el marco concreto de las nuevas instituciones políticas. No cabía duda, para los autores del informe, de que este proceso había partido de unos niveles de oferta altamente deficitarios o inadecuados a las necesidades y expectativas sociales vinculadas a dicho proceso de cambio.
El proceso de democratización cultural se manifestaba de manera muy profunda en los nuevos ámbitos de producción y de cobertura de los medios de comunicación (autonómica, comarcal, municipal), en el desarrollo cultural a través de la vertebración de la vida asociativa, en la nueva consideración de que han de ser objeto formas de expresión propias como las manifestaciones populares y el folklore, en la exigencia de replanteamientos en otras áreas de conservación y defensa del patrimonio cultural, que integran el patrimonio histórico en los distintos aspectos, etc. Todo ello tenía que llevar, en opinión de los redactores del informe, a un planteamiento del propio concepto de cultura en una orientación capaz de superar la visión restrictiva clásica, de carácter elitista y, a su vez, por de trascender todo intento de apropiación, o etiquetación ideológica de sus contenidos.
En general, se diagnosticaba una insuficiencia de infraestructura informativa sobre el estado de infraestructuras, dotaciones y actividades culturales. También se constataba la necesidad de definir y consolidar un espacio comunicativo valenciano, y si bien en el caso de las bibliotecas se valoraba su desarrollo como adecuado, no sucedía lo mismo con los archivos. En materia museística, en conjunto, la provincia de Valencia aparecía, en relación con su población, menos equipada, manteniendo un nivel medio la provincia de Alicante y un nivel alto la provincia de Castellón, si bien destacaba la alta concentración de museos en Valencia como capital de provincia, contrariamente a las provincias de Alicante y Castellón. En cuanto a los equipamientos, se hacía de nuevo patente la necesidad de una ordenación jurídica que regulara sus funciones, organización y depósito de fondos. Asimismo se proponía la creación de una Red Comarcal de Museos. En cuanto al patrimonio no declarado o incoado, ni todavía sujeto a protección normativa, se le veía como cuantitativamente muy importante pero mal conocido.
Las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado a los ayuntamientos y relacionadas en el Informe, ponían de manifiesto el gran nivel de disparidad existente a nivel municipal en cuanto a información, consideración legal y proyecto de conservación de los elementos de propio patrimonio cultural. Tampoco se había realizado ningún censo de salas y auditorios que pudiera servir de base para la valoración de la oferta. Por otra parte, se constataba que tanto las casas de cultura (de titularidad municipal) como las aulas de cultura (dependientes de la obra social de las cajas de ahorro), presentaban la dificultad del conocimiento exacto de la programación de actividades efectuadas. Se contaba con información respecto a la existencia o inexistencia de casas de cultura acerca de 163 municipios valencianos. En 1991 disponían de este equipamiento 113 municipios (69,3%): 27 en la provincia de Alicante (71,1% respecto al subtotal provincial), 17 en la de Castellón (47,2%) y 69 en la de Valencia (77,5%). Por otro lado, se constataba una falta de coordinación o de relativo aislamiento entre las casas de cultura, al margen de su proximidad geográfica. Esta falta de coordinación dificultaba, según los autores del informe, una optimización de los recursos la infrautilización de los servicios, a la vez que se producía una desconexión y empobrecimiento de la actividad cultural. En el tema de las competencias, la duplicidad de funciones de la Diputación Provincial y de la Conselleria de Cultura se convertía en un factor desfavorable para la racionalización del sistema de recursos de información y financiación. Debe enfatizarse que se trata de unas apreciaciones que hemos podido también constatar en nuestras entrevistas, como se verá en capítulos ulteriores.
Siguiendo con el repaso de las políticas culturales entre 1985 y 1994, y por lo que respecta a la composición del gasto público en cultura, se aprecia que en las comunidades autónomas con políticas culturales más estables y consolidadas, como es el caso del País Valenciano, existe una consolidación y profesionalización de los equipos humanos responsables de la gestión cultural, suponiendo un coste por unidad de gasto cada vez menor. En la evolución del gasto total en cultura, ordenado por funciones, se advierte al comienzo del período una elevada proporción de actuaciones sobre el patrimonio cultural; seguidamente se produce la eclosión de los programas de promoción cultural (básicamente programación propia, transferencias y subvenciones), pues a medida que se han consolidado los equipos humanos se diseñan los grandes proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos culturales, con una mayor cantidad de recursos destinados a museos, teatros o auditorios y equipamientos municipales, para acto seguido acentuar la provisión propia de bienes y servicios culturales. A partir de 1992, por la presión de la recesión se produce una reducción del nivel general de gastos en esas mismas partidas. Por su parte, tanto los servicios centrales como los museos, archivos, bibliotecas y patrimonio han generado ya unas infraestructuras estables que obligan a mantener los niveles de gasto, de forma que la reducción de los gastos en cultura provoca lógicamente el aumento de los costes en personal.4 Respecto al patrimonio cultural, habitualmente la gama posible de objetivos de la intervención pública se sitúa en torno a cuatro aspectos destacados: protección frente a la destrucción, impacto económico sobre el territorio, transformación del territorio (reordenación urbana, integración social, etc.) y generación o reforzamiento de valores simbólicos. Con todo, la realidad es más compleja y habitualmente las intervenciones efectivas se argumentan de manera que recogen más de un objetivo (Rausell y Martínez Tormo, 2005).
Según el estudio de Bonet et al. (1994) sobre el gasto en cultura en las administraciones territoriales, comunidades autónomas, para 1993 destaca que el gasto en pesetas por habitantes en el País Valenciano es sensiblemente inferior al resto de comunidades autónomas (1.814 frente a 2.555). En la composición por funciones la distribución porcentual, en el que destaca el mayor gasto en museos en el País Valenciano respecto al resto de comunidades autónomas (por efecto de la puesta en marcha delIVAM, Institut Valencià d’Art Modern), o en teatro y danza (las artes escénicas como prioridad relevante en la política cultural valenciana). Según los datos de Bonet et al. (1994) referidos a la estimación del gasto consolidado en cultura de las administraciones territoriales del País Valenciano (1993), su distribución aparece cercana a la media estatal: el gobierno autónomo colabora con un porcentaje del 27,3% de los gastos; las diputaciones provinciales con el 12,5%; los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes con un 24,6% y los ayuntamientos de menos de 50.000 con el 35,6% del total, con un total de gasto en cultura de 6.640 pesetas por habitante que están muy cerca de las 6.890 pesetas por habitante de la media estatal. De aquí se deduce el activo papel de los ayuntamientos en las intervenciones sobre cultura, especialmente de los más pequeños (destinaron en 1993 un 5,63% de sus presupuestos a cultura, frente a los 4,97% de los municipios grandes). Por lo tanto, si se toma en consideración sólo el gasto cultural del gobierno autónomo, se constata una limitada proporción del gasto público total en cultura. En el caso de las diputaciones provinciales, según los mismos datos de Bonet et al. (1994) para 1993, aquellas destinan una relativamente elevada proporción de sus gastos a cultura, pues la Diputación de Alicante destina el 7,07%; la de Valencia el 4,22% y la de Castellón el 4,27%.
Por lo que respecta a la intervención de la Generalitat Valenciana en los sectores culturales, teniendo en cuenta que una política propiamente cultural en el caso valenciano aparece en los años ochenta, Rausell (1999) aporta una serie de estimaciones para el período que llega hasta mediados de los años noventa. En el sector de las artes plásticas, y además de la intervención pública en las enseñanzas regladas y las centradas en el patrimonio cultural, las intervenciones de la Generalitat Valenciana se habrían centrado en la difusión y promoción de las artes plásticas, intervenciones centradas, además de en subvenciones menores a museos y colecciones museográficas de arte contemporáneo, en las actuaciones alrededor del IVAM, creado en 1986 e inaugurado en 1989. El IVAM incluía el Centro Julio González y fue obra de los arquitectos Emilio Jiménez y Carlos Salvadores. El nuevo museo pronto se convirtió en el emblema de la modernidad del País Valenciano, sin que ello haya implicado que haya funcionado como un instrumento integral de apoyo a las artes plásticas contemporáneas valencianas. Por lo que respecta a la intervención en el sector de la música la gama de intervenciones es más variada, dirigiéndose fundamentalmente hacia la música en vivo; por ello se creó en 1986 el Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinema i Música (IVAECM), que se centró casi exclusivamente en la producción, promoción, programación y difusión de la música seria. También habría destacado el impulso de una red de infraestructuras alrededor del programa «Música 92», perteneciente al área de música del IVAECM y a la Dirección General de Promoción Cultural. Tampoco debe olvidarse la organización, durante la década de los años 80, de la Trobada de Música del Mediterrani, que dentro del intento conducido por la administración socialista de convertir a Valencia en una de las capitales culturales del Mediterráneo. Por ello se vio acompañada por la Trobada d’Escriptors del Mediterrani o la Mostra de Cinema del Mediterrani, que también fueron puestas en marcha en los años ochenta.
En 1994 desapareció el IVAECM y las acciones de política musical las asumió el Servei de Música de la Direcció de Promoció Cultural. Las intervenciones pasan a incidir más en las actividades de producción, distribución y consumo, así como en la provisión y los incentivos directos: en todo caso la intención básica es compensatoria en los sentidos de oferta y demanda, especialmente si consideramos el rico tejido de asociaciones musicales (bandas de música) que caracteriza al País Valenciano. También en un primer momento el Palau de la Música de Valencia, edificio emblemático de la modernidad musical en la época de gobierno socialista, estuvo bajo gestión de la Generalitat, para pasar luego al Ayuntamiento de Valencia, que ya poseía su titularidad. En todo caso también hay que destacar la escasa preocupación por el aspecto industrial de la producción musical, que ha solido recibir escasas subvenciones autonómicas.
En cuanto a las artes escénicas, la política teatral es una de las que primero desarrolla el gobierno valenciano, al comienzo de manera puntual, y desde 1987 mediante un sistema más estructurado de ayudas genéricas al teatro valenciano, agrupadas en diversos conceptos: teatros y compañías concertadas, ayudas a la producción, exhibición y giras, ayudas a las infraestructuras teatrales, a las asociaciones culturales, becas y bolsas de viaje para estudios teatrales, subvenciones a festivales, muestras y congresos y ayudas a la creación a través de los premios de Teatro y Danza. Este modelo perduraría hasta 1994, cuando hubo una remodelación de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que pasó a ser Conselleria de Cultura, se desmanteló el IVAECM y se creó el ente Teatres de la Generalitat. En la intervención pública destaca, en primer lugar la importancia de las medidas destinadas y orientadas hacia los agentes de la oferta teatral y en segundo lugar hacia la provisión de producciones públicas y de una red propia de teatros públicos, con una clara intencionalidad de prestigio. Por lo que se refiere a la intervención de la Generalitat Valenciana en el sector editorial y en el del cine, tienen básicamente un carácter testimonial, con una intervención en la producción para la provisión propia que hace la competencia al sector privado; en general no existiría una política cultural orientada hacia el sector del libro, si bien las editoriales que publican en valenciano recibirían más ayudas, dentro de un tímido modelo de política lingüística.
Si se considera el conjunto del sector de la cultura y el ocio según lo hacen García et al. (2000), parece ser que la participación del sector público en la generación de valor añadido y ocupación ha sido relativamente modesta. Según datos de 1997, el País Valenciano se sitúa en una zona intermedia dentro de España (10% del valor añadido público). No obstante Rausell y Carrasco (2002) señalan que estas cifras resultan engañosas respecto a la importancia de las políticas culturales en la articulación de los sectores y las actividades culturales y más todavía en la configuración de los sentidos simbólicos de dicha producción y sus posibilidades de generar cohesión social y mayor calidad de vida, sobre todo por la incidencia directa o indirecta del sector público en las actividades generadores de valor añadido en el sector privado. Por ello la importancia de la política cultural transciende su dimensión estrictamente económica.
También hay que considerar que, como han señalado algunos autores (AA.VV., 2004) para el caso español, en los últimos años, junto con una creciente profesionalización derivada tanto de la experiencia como de mayores niveles de formación, fueron apareciendo organismos orientados a la gestión de la cultura en todos los niveles de gobierno, tratando de dar flexibilidad y eficacia a las prácticas administrativas y de gestión. En el ámbito de los discursos, desde posiciones liberales o conservadoras se abogaba por una mayor implicación de los agentes privados en la articulación de la cultura. Desde posiciones progresistas, se señalaba que ante cierto fracaso del discurso más voluntarista de la acción sociocultural y el efecto transformador de las políticas culturales, debía potenciarse una mayor participación e implicación de la ciudadanía en la configuración de la producción simbólica colectiva. En este contexto deben entenderse las diferentes iniciativas legislativas propuestas por el Partido Popular valenciano, en el sentido de favorecer la incorporación de los agentes privados en la financiación de las actividades culturales.
En su caracterización de la política cultural del País Valenciano en los años noventa, Rausell y Carrasco (2002) señalan que su dimensión presupuestaria se mueve, en términos comparativos, en posiciones bastante modestas. Entre 1993 y 1997 las tendencias (que no habrían apenas variado hasta 2002) apuntan a un gasto público en el sector cultural en torno al 2,4% y 4,4% del total del País Valenciano, adscribiéndose ésta al grupo de comunidades autónomas que menos interés mostraban por las políticas culturales. En cuanto al gasto público per capita en 1997 en el País Valenciano se situaría alrededor de la media estatal (un poco más de 100 euros), gasto del cual una tercera parte correspondería a los gobiernos autónomos y otras dos terceras partes a las corporaciones locales (García et al., 2000).
Por lo que se refiere al modelo de política cultural, en el ámbito de los ayuntamientos se habría seguido una lógica estrictamente local, y ni siquiera en los municipios más dinámicos se habría considerado a la política cultural como un elemento estratégico para el desarrollo territorial. El estilo se habría ajustado al escaparate de las fiestas patronales y a la construcción de infraestructuras básicas, siendo insuficiente para generar hábitos de consumo y demandas o estructuras relativamente estables y autónomas de oferta. Habría que mencionar algunas experiencias, como el Circuit Teatral Valencià, o los programas y campañas del SARC (Diputación de Valencia), con un cierto impacto sobre la regularidad en la programación y la profesionalización de la gestión por parte de los técnicos municipales.
En cuanto a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos, Rausell y Carrasco (2002) señalan que la política cultural se construye como tal en el período de los gobiernos del PSPV-PSOE (1983-1995) a partir de dos ejes: la construcción extensiva de infraestructuras culturales y cierta «normalización» en la provisión de servicios culturales con modelos diversos según fueran los sectores de intervención. En comparación con otras comunidades autónomas, el modelo valenciano muestra más querencia hacia los museos (especialmente con el peso del IVAM) y el teatro, y un menor interés relativo por la arqueología, el patrimonio y la promoción del libro. También se ha destacado, especialmente si se tiene en cuenta que la cultura ha constituido un factor importante de enfrentamiento ideológico entre los partidos políticos, que una de las políticas públicas más continuistas desde el giro conservador en la presidencia autonómica ha sido precisamente la cultural, pues el Partido Popular ha mantenido el interés por el arte contemporáneo y los museos, pero ha sustituido el teatro por el patrimonio, mostrando el mismo desinterés por el sector del libro.
4.TRAS LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA (1995-2013)
A la altura de 2002, y por lo que respecta al modelo global de intervención, Rausell y Carrasco (2002) no encontraban ninguna novedad sustantiva que permitiera hablar de diferencias ni desde el punto de vista de los objetivos, ni de los instrumentos, respecto a la década de los años noventa. En fecha de 2002, los autores referidos manifestaban que:
Algunas grandes infraestructuras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante o la Ciudad del Teatro en Sagunto, o eventos (Bienal, Encuentro Mundial de las artes) se encuentran aún en una nebulosa fase de concreción que dificulta la posibilidad de determinar si van a significar un cambio cualitativo en el marco de los sectores implicados o sólo se trata de iniciativas que, aún con vistosos impactos mediáticos, tengan escasa capacidad de afectar a la realidad. Lo que resulta evidente es que este tipo de actuaciones se enmarcan en un entorno de propuestas ocurrenciales que no responden a ningún tipo de planificación estratégica (p. 268).
Sobre todo si pese al desarrollo de leyes sectoriales (Ley de la Música en 1998, Ley de Patrimonio en 1998) estas no iban acompañadas de los textos reglamentarios correspondientes. Los autores concluyen que, en general,
se puede hablar de una maduración de las políticas culturales, fruto en parte de una notable especialización y profesionalización de los recursos humanos destinados a la gestión cultural pública, pero aun así seguimos en un «estilo de política pública» donde ya se ha alcanzado cierto grado de consenso sobre los valores y los objetivos pero que el grado de certeza sobre los medios, los hechos y el conocimientos son muy débiles (p. 269).
Y es que, como señalan los referidos autores:
La ausencia de estudios, fuentes estadísticas normalizadas y en general de mecanismos y sistemas de evaluación de las políticas culturales hace que el debate social se limite a la discusión sobre actuaciones muy concretas o se dirima en el especio de los discursos grandilocuentes y de fácil consenso pero hueros de actuaciones, compromisos y verificaciones (p. 269).
Con todo, y como veremos, sí que parece haber existido cierto planeamiento estratégico alrededor de los grandes eventos en la ciudad de Valencia, como se desprende de la documentación producida por el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD), pues se recogen planeamientos que se remontan a finales de los años noventa y llegan hasta la actualidad.5
Como ha puesto de manifiesto Rausell (2007b), entre 2000 y 2005 crece el empleo en el sector cultural en el País Valenciano, con un total de 45.000 empleados en 2005, lo que suponía el 2,3% del total de empleo y un 2,59% del PIB regional total, en consonancia con lo que pasaba en España. En cuanto al número de empresas, el perfil dinámico del período también se ajusta al caso español, aunque con un crecimiento ligeramente más moderado. En cuanto al consumo, la posición de los consumidores valencianos, que en 2000 se situaba en niveles similares a la media española, en 2005 lo hacía en un 20% por encima de ella. Si atendemos a la diferencia del modelo de consumo de los valencianos, éstos muestran unos gastos menores por hogar en libros, revistas periódicas y cine. Sí que muestran niveles de gasto superiores a la media los sectores de artes escénicas, música y artes plásticas, así como moderadamente superior en el ámbito de equipamientos para el consumo o la práctica cultural.
En cuanto a los sectores culturales, por lo que respecta a las artes escénicas se aprecia una oferta teatral más o menos correspondiente a la dimensión poblacional, de manera que en el periodo señalado el número de representaciones teatrales supone aproximadamente el 10% del total, así como también el número de espectadores. En cuanto a las infraestructuras, se sitúan ligeramente por debajo de la media española. Y en cuanto a la oferta de compañías de teatro en el País Valenciano, se sitúa por debajo de lo que correspondería a su dimensión poblacional. Destaca la nula presencia de compañías nuevas, lo que parece evidenciar un mercado muy rígido y que impone importantes barreras de entrada.
En cuanto a las industrias culturales valencianas, destacan por el raquitismo de la industria editorial, por ser un sector atomizado y de pequeñas empresas. El sector audiovisual muestra un comportamiento similar, con apenas seis productoras de cine con actividad regular en el periodo señalado. En conjunto el sector audiovisual valenciano supone apenas el 2% de la facturación nacional con una creciente pérdida de importancia relativa en los últimos años. De hecho, los efectos sobre la estructura del sector audiovisual de la Ciudad de la Luz de Alicante no son del todo evidentes. Por si ello fuera poco, a resultas de los recortes de gasto público derivados de la crisis económica de 2008, en 2011 el Ayuntamiento de Valencia eliminó la Mostra de Cinema de la ciudad.
En lo referente a patrimonio, museos y artes plásticas, el País Valenciano cuenta, a fecha de 2005, con el 6,6% de los bienes muebles protegidos (BIC) y el 6,7% de los inmuebles del total en España. Al mismo tiempo contiene el 12,7% del número de muesos, con cierta especialización en la tipología de museos arqueológicos y de ciencias naturales o de historia natural.
En cuanto al patrimonio, en términos genéricos, y dada la elevada dependencia de las políticas públicas, se advierte que en el País Valenciano las partidas destinadas a patrimonio artístico son sensiblemente menores en términos proporcionales a las del resto de las comunidades autónomas, que dedican más del doble que la Generalitat Valenciana (un 19,2% del presupuesto total de cultura en el periodo 2002-2005, frente al 34% de los recursos en el conjunto de comunidades autónomas en el año 2000). En cuanto a las artes plásticas, en términos de artistas, la cifra valenciana se acerca a su representación poblacional, mientras que el número de centros de arte queda reducido al 5,5% del total de España.
El gasto público en cultura y política cultural, referido al periodo 2000-2005, destaca por el hecho de que el sector público, tanto como actor propio en la producción, provisión y programación de cultura como regulador de la actividad cultural es, sin duda, un agente relevante en la articulación y funcionamiento de los sectores culturales. En el caso valenciano destaca el mayor protagonismo relativo de las administraciones locales, que asumen casi las tres cuartas partes de la financiación, mientras que en el conjunto de España estos niveles sólo llegan a los dos tercios.
Con todo, señala Rausell (2007b), los efectos del gasto de las distintas administraciones tiene efectos muy distintos sobre la articulación de los sectores culturales, ya que las intervenciones de los entes locales constituyen pequeñas intervenciones de muchos municipios y centradas casi exclusivamente en el ámbito de la programación y distribución de bienes y servicios culturales o en la preservación del patrimonio cultural. Por el contrario, las intervenciones de la administración autonómica tienen efectos sobre la capacidad de creación y producción de los sectores culturales.
En este contexto, y especialmente desde mediados de los años noventa, la política cultural valenciana se engarza con una estrategia deliberada de grandes inversiones promovidas por diversos agentes institucionales, pero especialmente liderados por la Generalitat Valenciana, con sus grandes infraestructuras en Valencia, Castellón o Alicante. Además, todas estas propuestas se hicieron sin ningún estudio previo de viabilidad o planificación, si bien concentraron grandes inversiones públicas. Según cálculos del Instituto de Estudios Económicos de Madrid, en 2003 las inversiones públicas en esta estrategia superarían los 1.500 millones de euros en 2005, si bien, y pese a la opacidad informativa que impregnan todos estos procesos, hay evidencias de que las cifras podrían ser considerablemente mayores. En el Informe referido se cifraban, en miles de euros: 147.000 euros en la Ciudad de la Luz, 428.000 euros en Terra Mítica, 842.000 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 18.000 en el Circuito del Motor de Cheste, 62.000 en la Fundación Ciudad de las Artes Escénicas (ubicada en los terrenos de los antiguos Altos Hornos de Sagunt), y 72.000 en Castelló Cultural.
En el ámbito de los eventos Valencia se postula claramente como sede de eventos deportivos y culturales, al tiempo que desarrolla sus propias propuestas en proyectos originales como Valencia Tercer Milenio (la Fundación Valencia Tercer Milenio funcionó entre 1995 y 2005), o la Bienal de las Artes de Valencia (2001, 2003, 2005, 2007). También cabe destacar una masiva presencia de proyectos financiados por le Generalitat Valenciana en el marco de las artes plásticas o el entorno internacional, especialmente en América Latina y a través del instrumento institucional del Consorcio de Museos. En el marco de las artes escénicas se producen, como indica Rausell (2007b), proyectos desmesurados, dirigidos y animados por un peculiar star system, como fue el caso de Irene Papas, con la producción Las troyanas, o Bigas Luna con Las comedias bárbaras. Asimismo, en este periodo se muestran los mayores excesos en la orientación de los recursos públicos hacia megaeventos o hiperequipamientos que necesariamente debían ser los más grandes de Europa. De este modo, el País Valenciano se convierte, según datos recientes (2012), en la segunda comunidad autónoma más endeudada de España, en relación a su PIB.6
Pero al mismo tiempo se observa cómo a partir de 2003, cuando Valencia es designada como sede de la Copa del América, en el ámbito de las artes plásticas se reduce drásticamente la actividad interna y externa del Consorci de Museus, instrumento de despliegue de las actividades expositivas, y languidece la Bienal de Valencia. También se retrasa la Ciudad del Teatro de Sagunto, y se abandonan algunas de las propuestas más excéntricas. En el ámbito del patrimonio cultural se articulan una serie de fundaciones que incrementan, más si cabe, la opacidad del control de los recursos públicos y una gran parte de las inversiones se orientan hacia la preservación del patrimonio eclesiástico. Paralelamente, los eventos y festivales se suceden, destacando los del VEO (València Escena Oberta), Eclèctic, Off, L’Observatori y la programación de «Valencia Vive», preparada para acompañar la America’s Cup. A finales de 2006 se postula a Valencia como candidata a Capital Cultural Europea y en 2007 se firma un acuerdo para la celebración de la prueba de la Fórmula 1 en el circuito urbano del Puerto de Valencia, hecho que acontece a partir de 2008 de la mano de la firma de un convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, por una parte, con el magnate Bernie Ecclestone, propietario de la Fórmula 1. Estos acontecimientos supusieron la apoteosis de la política cultural de grandes eventos, muy ligada a una glocalización de la ciudad bajo un modelo de cosmopolitismo neoliberal que pretendía «colocar» Valencia en el mapa de ciudades globales (Cucó, 2013).
En opinión de Rausell (2007b), la dinámica de los sectores culturales en el País Valenciano se encuentra enmarcada en una lógica nacional que concentra, por razones estructurales, la creación, producción y distribución culturales en Madrid y Barcelona. El País Valenciano, como espacio que contiene la tercera área metropolitana de España, se ubica en tercera posición pero aún a distancia de Madrid y Barcelona. El referido autor señala que desde el análisis de la configuración de los sectores culturales se puede afirmar que el País Valenciano no muestra ninguna especialización relativa destacable y resulta especialmente llamativo el especial raquitismo de las industrias culturales como el sector editorial y la industria audiovisual. Y todo ello en un entorno donde la retórica política sobredimensiona la importancia y dimensión de la cultura a partir de algunas iniciativas puntuales, de gran resonancia pública. Por ello Rausell (2007b) afirma que se puede calificar la política cultural valenciana de especulativa, es decir, arriesgada y de inciertos resultados, que se ha cubierto a partir de proyectos emblemáticos y aventurados a partir de cierta lógica ocurrencial y en procesos de prueba y error. Hacia 2007 algunos de estos proyectos se habían consolidado con éxito, al menos aparentemente, pero otros no resistían ya ningún análisis riguroso de eficiencia y eficacia. Los límites de esta estrategia «extensiva» se ubicaban en su propia sostenibilidad financiera, siendo fácil comprobar como una primera etapa muy expansiva acababa hipotecando la frontera de posibilidades del último periodo, desde 2000. Y así fue. Con el estallido de la crisis de 2008 y la subsiguiente crisis de la deuda pública de las administraciones valencianas, especialmente a partir de 2010, el modelo se vino abajo y reveló sus profundos agujeros y debilidades. La mayor parte de los grandes proyectos y eventos se evidenciaron ruinosos, y algunos eventos emblemáticos desaparecieron en poco tiempo (Fórmula 1, America’s Cup…), mientras que los barrios populares apenas experimentaron cambios positivos derivados de la política de la espectacularización (Torres y Hernàndez, 2013; Pilán y Ruiz, 2013), si bien la ciudad de Valencia comenzó a ser proyectada, incluso en los circuitos turísticos, bajo un prisma de ciudad vanguardista y futurista (Santamarina y Moncusí, 2013). Como se señalaba en la prensa,7 el modelo de Valencia tocaba fondo, la deuda pública se disparaba, los recortes se hacían muy duros y una de las primeras sacrificadas fue la inversión en cultura.
En general, si la planificación constituye un indicador relevante sobre la maduración de la percepción de la dimensión estratégica en las intervenciones en cultura, en el caso valenciano, resulta evidente que a pesar de los recursos destinados a la dimensión cultural, la «no-planificación» parece haberse convertido en el sello distintivo, al menos hasta 2002-2003, años a partir de los cuales el CEyD parece iniciar una tarea de planificación más sistemática, de modo que el grado de maduración de la política cultural se muestra muy poco avanzado. Y ello resulta así, por una parte debido a la escasa capacidad tecnocientífica de los responsables en política cultural, pero también debido a las características históricas del ciclo político valenciano, pues la mayor maduración del sector cultural exigía también una mayor profesionalización de las políticas culturales. Para Rausell (2007b), si en términos generales se puede hablar del fracaso en el objetivo de la democratización de la cultura (Ariño et al. 2006), en términos de eficacia comparativa, los indicios sobre los resultados nos indican el fracaso de la política cultural valenciana. Los indicadores están casi siempre por debajo de la media española y en muchos casos en posiciones similares a las regiones menos activas en su dimensión cultural como Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. Y estos indicadores se muestran tanto en los niveles de frecuentación a eventos de alta cultura, como también en visitas a museos, usos y dotaciones de bibliotecas, visitas a elementos patrimoniales o en la realización de viajes motivados por razones culturales. Las ganancias se limitan a una mayor asistencia en el caso de la música clásica debido a la tradición bandística valenciana. También se apuntan los éxitos derivados de una mayor potenciación de la ciudad de Valencia y el incremento del número de turistas.8 Para Rausell (2007b), todo ello lleva a la conclusión de que el liderazgo del sector público en el ámbito de las políticas públicas culturales ilustra la descompensación evidente del desarrollo de la política cultural reciente. Así, junto a la incontinencia ocurrencial de la política cultural valenciana se ubica el manifiesto desinterés, por parte de los responsables, en tratar de averiguar cuáles son los efectos de sus intervenciones, cuales son las características de los sectores culturales sobre los que se interviene, cómo se articulan, qué relaciones establecen con las demandas, etc. Y esto ha sucedido así porque una parte importante de las políticas culturales en España no son propiamente política públicas en el sentido estricto de la palabra, ya que en el fondo no pretenden transformar la realidad sobre la que actúan, sino que se convierten en caros abalorios para vestir y decorar la acción política. O como demuestra el caso valenciano, la política cultural aparece casi siempre supeditada a los intereses políticos partidarios, de modo que no existe un verdadero interés por ella, a no ser que sirva instrumentalmente a propósitos de control político.
Por otra parte hay que tener muy en cuenta que la política cultural en el País Valenciano viene directa o indirectamente influida por el papel que ha tenido la cultura en el conflicto identitario valenciano, al que hemos hecho referencia, y que se desarrolló justamente en el período de la transición a la democracia, si bien se ha prolongado hasta la actualidad.9 Como indica Piqueras (1996: 41-42):
Así las cosas, la identidad valenciana se nos presenta como un fenómeno escurridizo, complejo y con multitud de aristas y vértices no todos ellos precisamente reconciliables. Una identidad donde la indefinición parece haberse asentado, y un país donde la ambigüedad se diría que ha quedado incardinada en su devenir, impregnando tanto el carácter colectivo como el conjunto de la dinámica social valenciana.
Bajo estas coordenadas deben valorarse también las políticas culturales de los diferentes gobiernos autonómicos, en la medida que han representado a grupos y partidos políticos alineados a uno y otro lado en el conflicto identitario valenciano, que ha marcado definitivamente la historia reciente del País Valenciano y la propia manera de «ser valencianos» (Mira, 1997). Un conflicto básicamente articulado por la cultura, y más explícitamente, por el contenido que había que dar a la «cultura valenciana» o al «valencianismo cultural». En este sentido, el PSPV-PSOE se habría situado, aunque tibiamente, en el campo de la potenciación de una cultura valenciana más acorde con el universo intelectual nacionalista-progresista representado por la herencia cultural e ideológica del ensayista Joan Fuster (padre del moderno nacionalismo progresista valenciano, a partir de los años sesenta) y ello se habría plasmado singularmente en el campo simbólico y muy especialmente en el ámbito de la política lingüística (defensa de las tesis de la unidad de la lengua catalano-valenciana frente a las tesis del secesionismo lingüístico). Por el contrario el Partido Popular, que entre 1991 y 1995 compartió gobierno autonómico con Unió Valenciana (partido que encarnaba los ideales del anticatalanismo y antifusterianismo cultural y del regionalismo valenciano, contrario a la unidad de la lengua y partidario del secesionismo lingüístico –el valenciano como lengua independiente del catalán–) se habría situado en la otra orilla, la de la defensa de la españolidad de Valencia y de sus especificidades culturales locales o regionales, opuestas a las catalanas y con un especial énfasis en la defensa de los elementos más folklorizantes de la cultura. Con todo, estas diferencias de fondo parece ser que no habrían sido decisivas a la hora de optar por determinados modelos de políticas culturales que significaran una apuesta por la modernidad y por la globalidad, si bien el elemento de conflictividad identitaria se mantiene como un telón de fondo que no debe ser pasado por alto, en la medida que está siempre presente en los debates sobre la política cultural valenciana.
Dadas las circunstancias de creciente endeudamiento de la administración pública autonómica –a finales de 2013 la deuda pública de la Generalitat Valenciana ascendía a 29.643 millones de euros, que suponía el 29,8% del PIB regional, la más alta de España (El País, 13 de diciembre de 2013)– la Generalitat Valenciana procedió en 2012 a remodelar toda el área de Cultura, y lo hizo creando una entidad denominada Culturarts, todo ello en el marco del Decreto-ley 7/2012 de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. Se trataba de crear un consorcio cultural que ahorrara dinero a las arcas públicas, que fusionaba organismos tan dispersos como los vinculados a la música, la restauración, las artes escénicas o el audiovisual, y que en principio suponía la extinción de la Fundación Palau de les Arts, el Proyecto Cultural Castellón S.A. y la Fundación La Llum de les Imatges. También se incorporaban al consorcio tres institutos: el de Cinematografía Muñoz Suay (IVAC), conocido como la Filmoteca; el de la Música (IVM) y el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El IVAM, que en principio parecía destinado a formar parte del consorcio, mantenía su identidad como entidad de derecho público. Quedaban excluidos los museos y el propio Consorcio de Museos. Teatres de la Generalitat también se incorporó a Culturarts, la nueva entidad instaurada sin ningún tipo de diálogo previo con los sectores afectados, que aglutinaba a todos los demás organismos. Todo ello provocó mucho malestar en los sectores afectados, especialmente en el ámbito de las artes escénicas, por las consecuencias que la reestructuración podía tener para los trabajadores del sector (despidos a través de diversos ERE) y la propia gestión de la política cultural valenciana, que podría implicar la progresiva desnaturalización de los distintos proyectos culturales ya consolidados.10
Pero mucho mayor impacto político, social, cultural e informativo tuvo el anuncio y posterior ejecución, por parte del Gobierno valenciano, del cierre de RTVV, que desde 1989 constituía el medio público por excelencia en valenciano, con la misión añadida de estimular y desarrollar el sector audiovisual propio. El 5 de noviembre de 2013 el Gobierno valenciano anunció en un comunicado su decisión de cerrar RTVV, siete horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declarara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a un millar de empleados, al estimar que los gastos de la readmisión lo hacían «inviable». Un día después el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ostentaba el cargo al haber dimitido Francisco Camps en verano de 2011 debido al escándalo Gürtel, comparecía ante los medios de comunicación para afirmar que el cierre era «innegociable», con el argumento de que no iba cerrar colegios u hospitales por mantener la radiotelevisión pública. Y ello pese a que los trabajadores aseguraban que la empresa era viable. Como respuesta estos pidieron negociar y se hicieron cargo de una programación especial en la que reivindicaban su continuidad, admitían errores del pasado, especialmente la manipulación informativa por parte del Gobierno valenciano, y recababan apoyos con el lema «RTVV no es tanca» («RTVV no se cierra»). Acto seguido dimitió la directora de RTVV, Rosa Vidal, alegando por falta de confianza en el Consell y también lo hicieron los otros cuatro miembros del Consejo de administración propuestos por el PP, con lo que ese órgano quedaba en manos de los cuatro consejeros de la oposición.
El 7 de noviembre el Gobierno valenciano, reunido de urgencia, modificó por decreto la ley de RTVV para poder nombrar, sin esperar a su elección parlamentaria, al nuevo director general –Ernesto Moreno, a la sazón director de Culturarts– y a cuatro nuevos consejeros, con el fin de hacer frente a la «ingobernabilidad» en la empresa. Un día más tarde el RTVV presentó en las Cortes Valencianas una proposición de ley para la disolución y liquidación de RTVV. Sin embargo el 9 noviembre miles de ciudadanos salieron a la calle en diversas ciudades valencianas, convocados por el comité de empresa de RTVV, para reclamar que no se cerrara RTVV, contando con el apoyo de cientos de entidades, sindicatos y partidos políticos. Pese al clamor popular, que también se evidenció en las redes sociales, el 12 noviembre la Mesa de les Corts tramitó, solo con los votos del PP, la proposición de ley para liquidar RTVV y pone en marcha el proceso para la elección del director general y los cuatro consejeros. El 15 noviembre el Consell aprobó el criterio favorable a la proposición de ley para liquidar RTVV. Seis días después, el 21 noviembre, el pleno de las Cortes Valencianas eligió en segunda vuelta, gracias a los votos del PP, a Ernesto Moreno, como director general de RTVV y a los cuatro consejeros nombrados por el partido del Gobierno.
Los acontecimientos se precipitaron y el 25 noviembre el comité de empresa entregó al Consell su propuesta para garantizar la viabilidad de RTVV durante dos años a un coste inferior al del cierre, mediante la reestructuración de la plantilla, sacrificios salariales y suspensiones temporales de empleo. Tan solo un día después el Gobierno valenciano rechazó la propuesta del comité de empresa. El 27 noviembre el pleno de las Cortes Valencianas aprobó, solo con los votos del PP, la ley de liquidación de RTVV, que la oposición ya anunciaba que llevaría a los tribunales. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba en una edición vespertina la ley.
El 28 noviembre entró en vigor la ley de liquidación de RTVV. Mientras, el Gobierno valenciano se reunía de urgencia y nombraba a los liquidadores de RTVV. Una edición nocturna del DOCV dictaba el cese de las emisiones de RTVV por cualquier medio o canal de difusión. Poco antes de la medianoche, Ràdio Nou dejaba de emitir. El 29 noviembre, ya pasada la medianoche, el informativo de TVV, que seguía emitiendo autogestionadamente, informaba del corte de las emisiones radiofónicas y explicaba que la policía había rodeado las instalaciones de RTVV en Burjassot. Aunque hubo resistencia de los trabajadores, que emitían un programa en directo, con asistencia de los líderes de la oposición progresista, finalmente acudió la policía con una orden judicial y procedió al cierre de las emisiones de RTVV, que fue retransmitido en directo hacia el mediodía del 29 de noviembre. Rápidamente se convocó una multitudinaria manifestación en Valencia en contra del cierre, que tuvo sus réplicas a menor escala en otras ciudades valencianas, y en la cual se pedía la convocatoria de elecciones anticipadas. Las repercusiones del cierre de RTVV eran realmente graves, con especial incidencia en el sector audiovisual valenciano, así como en el sector de las artes escénicas, además de limitar enormemente a promoción y difusión del valenciano y de la cultura propia, que de esta manera desaparecía prácticamente de los medios de comunicación.
Unos días antes un informe del Consell Valencià de Cultura (CVC) hablaba de «una situación crítica de los sectores profesionales de la Cultura» y de un «descenso de la demanda cultural que está llevando al hecho cultural a una situación de difícil subsistencia» y de que «los recortes públicos en inversiones culturales, unidos al aumento del IVA, amenazan la capacidad de creación y de expresión, así como el uso y disfrute por parte de los ciudadanos». El estudio recogía que
el descenso de la renta de los ciudadanos, producido por la falta de empleo, sumado a la subida de los precios de los bienes y servicios culturales, junto con los recortes de presupuestos públicos y el aumento del IVA al 21%, son las causas de un descenso de la demanda cultural.
El informe, no obstante, hizo suyos datos ofrecidos por el Anuario de la SGAE, como que las artes escénicas sufren un «varapalo» con la caída de espectadores de cerca del 30% entre el 2008 y 2012 o como que la danza «se encuentra en trance de desaparición» con una caída del 43% de representaciones (Las Provincias, 21 de noviembre de 2013).
Con todo, el Gobierno valenciano ya estaba intentando, en paralelo, el recorte de personal y funciones de otras instituciones emblemáticas de la cultura valenciana, siempre amparándose en la necesidad de reducir el déficit de las arcas públicas autonómicas. Así, ya en octubre de 2013 el PP había rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Compromís y EUPV –el PSPV había retirado la suya antes del debate– para pedir la devolución al Consell del proyecto de ley de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) con la que se pretendía reducir a la mitad –de 21 a 11– sus miembros y cambiar a sus académicos. Desde la oposición se había advertido de que se trataba de una modificación que podía resultar inconstitucional porque la actual ley prevé la «inamovilidad» de los académicos. Ante las críticas el conseller de Justicia y Gobernación, Serafín Castellano, había explicado que la sustitución de la ley de creación de la AVL –como la de las otras instituciones consultivas de la Generalitat– «nace como respuesta del Consell de adecuarlas a criterios de austeridad por la crisis» (El Mundo, 20 de octubre de 2013).
Pero el afán de recortes no se detenía, y a finales de ese mismo mes de noviembre de 2013 se debatían en comisión parlamentaria los proyectos de ley para reducir el número de miembros de la AVL, el Comité Económico y Social (CES), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el CVC. (Levante-EMV, 26 noviembre 2013). Concretamente, y respecto a este último, el 26 de noviembre el Butlletí Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba el Projecte de Llei de Reforma del CVC, y en él se indicaba que:
En la actual situación de prolongada crisis económica, cuando se está pidiendo a la ciudadanía que realice importantes sacrificios para lograr una significativa reducción del déficit público que permita a España afianzar su credibilidad en los mercados internacionales y retomar la senda del crecimiento y la creación de empleo, las administraciones públicas han de ser parte activa a la hora de alcanzar tales logros y deben contribuir, cada una en la medida de sus posibilidades, a la consecución de los objetivos marcados.
En realidad, tras todas estas medidas del Gobierno autonómico valenciano se ocultaban algunas importantes cuestiones de fondo, como la puesta en marcha de todo un proceso, a escala española, de recentralización estatal y de devolución de competencias autonómicas, también en materia cultural, ligado a la aplicación de la agenda política neoliberal de reducción y privatización del sector público, especialmente con la excusa del impacto de la crisis en el incremento de la deuda pública de las comunidades autónomas, especialmente en el caso del País Valenciano.
A todo ello debe añadirse que la antes mencionada crisis presupuestaria de la Generalitat Valenciana se ha llevado por delante los «sueños rotos de grandeza de la cultura valenciana» (El País, 8 de enero de 2014). Lo que ha supuesto la paralización del proyecto de la Ciudad de la Luz (del cine) en Alicante, el progresivo deterioro del Palau de les Arts (con amenaza de ERE incluida a sus empleados), el abandono de la Ciutat de les Arts Escèniques a construir en Sagunt, la reducción a la mitad del presupuesto de un cada vez más desprestigiado IVAM, la no implementación del plan de promoción de la lectura o las dificultades para llevar a cabo la ampliación del Museo San Pío V. Como ha señalado acertadamente algún autor (Castillo, 2013), esta situación de desmoronamiento no se puede entender sin considerar el hecho del despilfarro de recursos públicos que la Generalitat Valenciana ha cometido en los últimos veinte años, que podría ascender a una cifra aproximada, debido a las dificultades para obtener datos fiables dados el secretismo y ocultismo practicados por la administración autonómica, de 12.500 millones de euros (el presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2013 era de 13.940 millones de euros). Unas cifras del despilfarro absolutamente inseparables, por otra parte, de los grandes casos de corrupción que han salpicado a las administraciones públicas valencianas (casos Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación, Bankia, Nóos, Fabra, CAM…) (Castillo, 2013).
1Pese a que el País Valenciano era una nacionalidad histórica que solo dejó de obtener el Estatuto de Autonomía debido al estallido de la Guerra Civil, se escogió la vía estrecha del artículo 143, junto a trece comunidades autónomas más, para la obtención de la autonomía durante la transición. Mientras, Cataluña, Euskadi y Galicia lo hacían por la vía privilegiada y con más competencias (recogida en la disposición transitoria segunda), y Andalucía lo haría por la vía amplia del artículo 151.
2Datos procedentes de la Encuesta de Población Activa del INE (EPA del tercer trimestre de 2012).
3El informe tenía por objeto reseñar los trabajos realizados en el estudio sobre los Sistemas Culturales Básicos de la Comunidad Valenciana, según los términos expresados en el Proyecto aprobado por el Consell Valencià de Cultura (febrero de 1990). El informe se centró en una serie de puntos como: la ampliación de entrevistas personales a representantes o responsables técnicos de organismos y asociaciones con competencia en las materias a investigar; la recopilación y análisis de las fuentes de información secundaria, con el objeto de determinar su estado actual y las áreas a cubrir; el diseño final del cuestionario y aplicación de la encuesta a todos los municipios del País Valenciano; una encuesta de carácter opinativo, dirigida a expertos, profesionales, agentes económicos y personalidades relevantes en las distintas áreas que conforman la oferta cultural; y la recepción de cuestionarios y primer análisis parcial de los resultados obtenidos.
4En el País Valenciano, la evolución de la proporción de gastos de personal (Capítulo I) sobre el total del gasto en cultura entre 1986 y 1994 es la siguiente: 1986: 31,93%; 1990: 22,75%; 1992: 18,38%; 1994: 24,26% (Rausell, 1999: 358).
5El CEyD fue creado por el Ayuntamiento de Valencia en 2003-2004, disuelto en 2011 y sustituido por el InnDEA ese mismo año.
6Según datos del Banco de España de septiembre de 2012, la deuda pública total del País Valenciano es de 21.364 millones de euros, lo que significa el 20,8% de su PIB.
7Véase el reportaje de Cristina Vázquez «El modelo de Valencia toca fondo», El País, 14 de octubre de 2012.
8En 2005 Valencia recibió un total de 1.294.260 turistas, mientras en 1999 fueron 753.969, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
9Tanto es así que en la primera mitad de 2013 la Generalitat Valenciana y el Gobierno valenciano en manos del Partido Popular procedieron a lanzar una campaña de «defensa de las señas de identidad valenciana» en contra de las «injerencias» de Cataluña y el «catalanismo», hasta el punto de que el 15 de mayo de 2013 se aprobó en las Cortes Valencianas, con los votos populares, una proposición no de ley que vetaba la presentación en las Cortes de cualquier iniciativa que hiciera referencia al término «País Valencià».
10El País, 5 de octubre de 2012.
