Читать книгу La paz sin engaños - Mario Ramírez-Orozco - Страница 7

El largo conflicto colombiano ha generado muchos debates en América Latina. Desde su gestación a mediados del siglo pasado, cuando en 1948 sucedió el llamado “Bogotazo”, tras el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, derivando este acontecimiento en la aparición de gran cantidad de movimientos armados de todo tipo, donde se confrontaban los liberales y conservadores, y posteriormente lo propio de la Guerra Fría, donde todas las variables del mosaico de ideologías de la izquierda armada hicieron su ingreso al escenario colombiano, se desprendieron grandes polémicas: ¿es una guerra civil prolongada o no?, ¿es una guerra contra una clase dominante bipartidista y excluyente?, ¿o se fue conformando una guerra cuyos actores principales que no se acogieron a los procesos de paz de los años ochenta y noventa, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se convirtieron en un grupo que derivó en actividades de narcotráfico y otras modalidades como el secuestro prolongado de líderes políticos, empresariales, policíacos y militares?

Al contrario de lo sucedido en América Central durante los años noventa, donde todos los grupos armados existentes, tanto de izquierda como de derecha, se desmovilizaron en procesos de paz que fueron negociados con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se insertaron a los procesos políticos de sus países, en Colombia no se logró encauzar la reinserción de los grupos armados en la misma dirección. Por el contrario, en el país andino los que no se desmovilizaron crecieron en poder de fuego, se construyeron nuevos ejércitos de paramilitares vinculados a los grandes propietarios de tierras y también realizando actividades de producción y comercio de drogas, y las fuerzas armadas y policíacas aumentaron su poder de fuego, se fortalecieron sus procesos de profesionalización y Estados Unidos entró en escena mediante el Plan Colombia.

En Colombia, tanto su gobierno como el de Estados Unidos, se habla constantemente de que existe un fenómeno terrorista y que este se vincula a las actividades de narcotráfico. En este contexto se abren las puertas a programas de respaldo a su combate y a los gobernantes la población les otorga legitimidad para luchar contra el “mal”. Esta sería una diferencia notable respecto al combate al narcotráfico en otras partes de América Latina, pues los gobiernos evaden el empleo de las palabras “terrorismo” o “narcoterrorismo”, dadas sus consecuencias en el ámbito de lo político y lo que implica en materia de resguardo —o violación— de garantías individuales.

Todo este proceso se analiza a detalle en el libro de Mario Ramírez-Orozco, profesor de la Telemark University College de Noruega. La paz sin engaños. Estrategias de solución para el conflicto colombiano, se vuelve un texto necesario para la comprensión de la gran crisis que envuelve a ese país. Su autor, desde las ventajas que ofrece la distancia para analizar la realidad de su país, tomando como base el concepto de paz estructural, hace una rigurosa revisión de la gran cantidad de intentos de pacificación desde 1949, culminando el análisis en el 2010. Para su autor, la paz y la violencia están conviviendo como fenómenos contrapuestos. Si no hay paz estructural se desarrolla en gran escala la violencia en Colombia. El concepto de paz estructural significa que paz no solo es ausencia de guerra, sino que es la presencia de una gran cantidad de variables que permiten a un grupo social o a la población entera de un país estar satisfecho en sus necesidades de salud, educación, vivienda, libertades, justicia, etcétera. Mientras más ausencia exista de estas condiciones mínimas que le den satisfacción a las necesidades de un pueblo, más potencialidad existe para la explosividad social. Si esto se convierte en una condición permanente de ausencia de los condicionantes mínimos, entonces crece y se despliega la “violencia estructural”.

En su análisis de los “procesos de paz” existentes en Colombia desde 1949, Mario Ramírez-Orozco los cataloga en la parte segunda del libro por periodos gubernamentales, señalando que han sido procesos de corta vida, incompletos, que buscan el desarme de los grupos alzados en armas sin ofrecer garantías y sin tener la voluntad de construir mejores condiciones de vida para la población. El autor desglosa los componentes específicos de cada periodo y destaca las limitaciones de cada propuesta gubernamental, siendo una constante que las ofertas de paz se asimilan a las ofertas que se dan cuando hay competencias por la presidencia de los países: se ofrece “todo” sin tener una estrategia real para implementarlo, sin hacer las alianzas que son mínimas para su viabilidad y sustentabilidad, y finalmente la “paz” es componente más de cualquier programa o discurso de gobierno sin ser una política deseada por el gobernante en turno. Simplemente la paz es uno más de los discursos gubernamentales.

Una de las partes que sobresale en el libro por su rigurosidad es la que analiza la estructura económica y social de Colombia, destacando el poder de los señores de la tierra. Este capítulo hace hincapié en una gran contradicción: un país muy rico por la provisión que la naturaleza le dio, con una concentración de la riqueza extremadamente alta. De allí se desprende el poder de las élites agrarias, por ejemplo, las cafetaleras. Ese poder llevó a que el Estado no pudiera ejercer su presencia en todo el territorio nacional y provocó que los terratenientes fueran los que impusieran su propia ley. Por ello, los movimientos de protesta campesina muy rápidamente se transformaron en la mayoría de los casos en grupos que ejercían la violencia armada, y la configuración de ejércitos privados financiados por los terratenientes fue una condición que se dio desde el siglo XIX. En otras palabras, había una especie de feudalismo, y las fuerzas de la “modernidad” no pudieron contener y acotar a los dueños de la tierra. Por eso los enfrentamientos entre guerrillas, grupos paramilitares y ahora también grupos vinculados al narcotráfico se da básicamente en las zonas rurales.

Otro factor analizado a profundidad por el autor es el cambio de élites en Colombia a medida que avanzó la “modernización obligada”, la industrialización y se creó una clase moderna que se apropió del Estado en un pacto ente los liberales y los conservadores después del Bogotazo y la crisis de 1948. Este pacto construyó una coalición de gobierno tan sólida que, a pesar de darse la existencia de condiciones para que hubiera un golpe de Estado, como sucedió en la gran mayoría de los países de América del Sur para contener movimientos rebeldes de izquierda, en Colombia esta “oligarquía democrática” fue funcional a la estrategia de contrainsurgencia y a la construcción incluso legal de un Estado de Seguridad Nacional. Así, a la oligarquía tradicional agrícola se le agregaron las élites urbanas y las fuerzas militares.

En la parte cuarta del libro, donde se analizan las estrategias estructurales de paz, se comparan los procesos de paz colombianos con los de otras partes del mundo. Ese es uno de los aspectos más valiosos de este capítulo. Además, el autor enfatiza en el rol potencial que podría tener la comunidad internacional ante una eventual negociación con los actores armados. Se hace énfasis en que Estados Unidos tiene un rol fundamental, por lo que su participación sería como “actor” del conflicto. Esta propuesta, con muy distintas variables, ha sido formulada por la Unión Europea en diversos momentos. Para el autor, una ventaja de las condiciones políticas colombianas es que se han sucedido procesos electorales sin interrupción; sin embargo, a pesar de ellos, la población no vive en condiciones de democracia, sino lo contrario: en condiciones de violencia estructural. Se enfatiza que los grupos oligárquicos han sabido emplear a los partidos políticos y la condición de democracia electoral para sostener sus intereses. Ello a pesar de que la Constitución de 1991 abrió las puertas a gran cantidad de partidos minoritarios y sectores sociales antes excluidos.

En el análisis que hace Mario Ramírez-Orozco de la primera década del siglo XXI, los grupos que auspician el paramilitarismo (oligarquía rural), organizado principalmente en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y los narcotraficantes están sobrerrepresentados en las instituciones políticas colombianas. El autor señala que la mayoría de los representantes en el Congreso colombiano en los últimos procesos electorales de 2002, 2006 y 2010 son miembros de las principales élites económicas del país, y solo marginalmente hay presencia de otros grupos sociales y políticos. En este marco ubica la presencia de la llamada “izquierda legal”. En el siglo XXI, producto de una gravísima crisis política en el campo, se han producido fenómenos masivos de desplazados de sus lugares de origen, situación que fue aprovechada por los propietarios de tierras para, mediante el empleo de paramilitares, apropiarse de la tierra, reconcentrando la propiedad de ella. Incluso estos desplazados se han convertido en un problema internacional, por ejemplo, con Ecuador.

Una de las grandes polémicas que se ha abierto en torno a la realidad de Colombia es el poder real que ha acumulado el narcotráfico. Después de diez años de implementación del Plan Colombia entre los gobiernos de Estados Unidos y el colombiano, se abre una duda de si en realidad ese plan no fue un plan de contrainsurgencia, en concreto para emprender una ofensiva contra las FARC, revestido de un plan antinarcóticos y antiterrorista.

El autor señala que, por ejemplo, los programas de fumigación de plantíos de coca durante el gobierno de Álvaro Uribe se centraron solo en territorios donde operaban las FARC, sin afectar las zonas donde se asentaron los grupos paramilitares. Lo que es un hecho es que la exportación de cocaína de Colombia no ha disminuido sustancialmente. Sin embargo, el gran éxito mediático de las políticas implementadas por Álvaro Uribe se centran no en la reducción del narcotráfico, sino en la baja de las estadísticas de la violencia criminal en el país, hecho que se debe en parte a la desmovilización de los grupos paramilitares, más que a la política antinarcóticos.

En las conclusiones del libro se hace un recuento de los proyectos de acuerdos de paz y se concluye que estos no estaban centrados en resolver el problema de la violencia estructural. Los acuerdos de paz implementados en otras partes del mundo entre fuerzas alzadas en armas y gubernamentales, se restringieron a la desmovilización de combatientes y reinserción de fuerzas opositoras a los procesos políticos. Los elementos estructurales económicos y sociales casi no son afectados y no modifican las estructuras prexistentes. Por ello, la violencia estructural solo se resolvería con fórmulas integrales de paz estructural que van más allá de los acuerdos de paz clásicos. Por ello, las propuestas formuladas durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana no prosperaron. Además, las propuestas ofrecidas a la parte contraria no tomaron en cuenta sus planteamientos, por lo que los acuerdos de paz nunca llegaron a una verdadera negociación de paz con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC. A lo anterior también se le agrega la falta de voluntad de los grupos alzados en armas, pues al condicionar su desarme a grandes reformas estructurales, en la práctica imposibilitaban la viabilidad de acuerdos concretos.

La paz sin engaños. Estrategias de solución para el conflicto colombiano se vuelve una lectura alternativa a la literatura existente sobre la crisis colombiana y los planteamientos para su resolución. Claramente el autor adopta una postura no convencional, centrada en la inclusión de fórmulas que den pie a una gran reforma estructural de las estructuras económicas, sociales y políticas vigentes en Colombia. Para el autor, la sustentabilidad de la paz es más importante que la fórmula específica que se implemente para lograrla. Es lo que llaman los teóricos del conflicto pensar en el posconflicto y no en el corto plazo.

En Colombia y en algunos países de América Latina, fenómenos como el narcotráfico y la violencia asociada a este se ven como factores coyunturales, sujetos de políticas de contención donde las fórmulas militares sobresalen sobre medidas preventivas, de cohesión social o de solución de problemas estructurales. La violencia estructural derivada de la marginalidad y la pobreza de amplios sectores de la población, necesita de la paz estructural para superarse. Esta es quizás la contribución académica que Mario Ramírez-Orozco ofrece a los lectores al desarrollar todos los detalles de la que podríamos llamar una larga trayectoria de “paz frustrada” que hace al país andino como uno de los más violentos de la región y el mundo. Por ello, estamos seguros de que la lectura de La paz sin engaños va a generar polémica y agregar elementos al debate no solo colombiano sino latinoamericano.

Raúl Benítez Manaut

CISAN-UNAM

Ciudad Universitaria, octubre de 2011