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Sin la muerte, Colombia no daría señales de vida.

R. H. Moreno-Durán

Cuando uno está mal informado, está de acuerdo con todo.

Proverbio chino

La intención central de este libro es la elaboración de principios generales para la solución pacífica de los conflictos originados por problemas estructurales. Al abordar en específico el caso Colombia se pretende mostrar la eficacia de los postulados teóricos aplicados a una situación concreta. Así mismo, es conveniente dar un giro a una visión equívoca sobre las causas de los levantamientos armados. Es preciso demostrar que habrá mayores posibilidades de formación de grupos insurgentes en la historia de Latinoamérica mientras persista la violencia estructural y no, como se afirma de forma contundente, que la principal causa de violencia es la existencia de dichos grupos.

Aunque la presencia de organizaciones armadas responde en gran medida a la desigualdad social, influyen también otros factores como los altos índices de corrupción, la falta de oportunidades para la mayoría de la población y el grado de desarrollo de los movimientos sociales y partidos políticos. Los graves problemas sociales son un llamado para la revisión de su situación estructural, como la fórmula más eficaz contra los brotes de violencia o sucesos de carácter terrorista.

Al proponer como parte central el caso de Colombia, basado en el estudio comparativo de los diversos procesos de paz llevados durante el último medio siglo en Latinoamérica, se procura sacar este conflicto político nacional del confinamiento en el cual se ha mantenido, como si la especificidad de Colombia, violencia prolongada y narcotráfico, volviera inútil toda aproximación a otras experiencias. El estudio comparativo permitirá sobre todo mostrar cómo, más allá de las diferencias contextuales evidentes, es posible encontrar ciertos elementos parecidos en las estrategias de paz aplicables en Colombia y en las propuestas elaboradas para otros países de la región o del aún llamado Tercer Mundo.

El presente estudio tiene el reto de proponer estrategias que sirvan como modelos de trabajo para futuros acuerdos de paz en la región. De forma paralela, será útil presentar alternativas y pautas de trabajo que ayuden a resolver las causas originales de los conflictos políticos y exponer también sus graves consecuencias económicas y sociales para toda la región.

Además, su finalidad principal es alcanzar implicaciones prácticas en futuras negociaciones de paz, entre fuerzas políticas enfrentadas al interior de países de la región, al demostrar la importancia de propuestas que planteen la solución real y duradera de las causas que originan los conflictos. Incluso en aquellos países en los que no existe un enfrentamiento armado abierto, pero hay inestabilidad política y donde la mayoría de la población padece la extrema pobreza.

Este proyecto adquiere una dimensión latinoamericanista al contextualizar el problema concreto de un país con los países de su entorno. Lo que sucede en Colombia tiene grandes repercusiones en toda la región. Ni la violencia política ni las causas que la originan son un fenómeno exclusivo de Colombia. Las consecuencias de la grave situación política de Colombia traspasan sus fronteras, tanto por sus repercusiones políticas: con la reanudación de diferendos limítrofes, como por que los frecuentes desencuentros entre los presidentes de la región. En lo económico, la presencia latente de organizaciones y dineros del narcotráfico. En el plano militar, con choques armados en las fronteras o en las alianzas entre grupos insurgentes de varios países. Y, en lo social, con grandes desplazamientos de población entre países, afectando, en distinto grado, a casi todos los países de la región.

Los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington confirmaron la necesidad de indagar en las causas que generan los actos de violencia no solo en otras partes del mundo, sino también en Latinoamérica. Luego de la declaración de guerra del presidente George W Bush contra el terrorismo, un amplio espectro de académicos e intelectuales de todas las tendencias políticas y religiosas, y de diversos países, insistieron en la búsqueda de soluciones negociadas e invitaron a reflexionar sobre las causantes del terrorismo.

Con respecto a Latinoamérica, vale recordar que en la relación de organizaciones terroristas internacionales, redactada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, aparecen tres de los principales actores de la violencia en Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); el Ejército de Liberación de Colombia (ELN), ambos de orientación izquierdista, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha. Lo que convierte a Colombia en un país de alto riesgo en la política de Estados Unidos de guerra total al terrorismo.{1} Además, sin olvidar los todavía en marcha, aunque en menor grado, Plan Colombia, ampliado en lo interno con el Plan Patriota y con la inclusión de los países fronterizos en el Plan Andino de Seguridad, los que enfrentan de manera indirecta a Estados Unidos con los narcotraficantes de la región y de manera directa con los grupos insurgentes de izquierda.{2}

Desde una perspectiva regional es necesario observar que años después de la firma de acuerdos de paz en América Central, entre gobiernos y grupos guerrilleros alzados en armas, hay una gran frustración. En El Salvador, Guatemala, Nicaragua y, parcialmente en la misma Colombia, donde se firmaron acuerdos de paz durante la década de los noventa, se quedaron sin solución los problemas estructurales que causaron el levantamiento de grupos armados.

Pasadas casi dos décadas no hay coincidencia entre una parte importante de los acuerdos firmados y la realidad imperante. La deficiente redistribución de la riqueza, la tenencia de la tierra en pocos propietarios, la inexistencia de una justicia eficaz, la falta de servicios básicos para la mayoría de la población, etc. siguen siendo en la actualidad fuente importante de la inestabilidad política y social en Centroamérica.{3}

También es primordial, en el caso colombiano, realizar un estudio sistemático que analice los procesos y acuerdos de paz llevados en la región y elabore propuestas de estrategias de paz; y que al término de la guerra formule alternativas para la reubicación y reeducación de grandes masas de desplazados y miles de desmovilizados de los grupos armados insurgentes, los paramilitares y las bandas criminales. Colombia exige una reforma a fondo de las estructuras socioeconómicas que abonaron la guerra y de las instituciones de gobierno y justicia que no lograron solucionar a tiempo las tensiones.

El conflicto más grave de Latinoamérica en el comienzo del siglo XXI es el de Colombia. No es de extrañar, entonces, la proliferación de ensayos y testimonios sobre la violencia colombiana, referidos casi en su totalidad a describir la barbarie de la guerra y las anécdotas de los actores principales del conflicto armado. Aunque ya parece superado lo que afirmaba Jesús A. Bejarano, unos meses antes de su asesinato: “la ‘violentología' pareciera agotar la utilidad de su estudio tan pronto se entra en el esquivo terreno de las propuestas de solución”.{4} Además de la proliferación de publicaciones sobre el tema, un giro importante ha sido la creación de estudios universitarios especializados en la resolución de conflictos y la realización de investigaciones de paz independientes, complementarias a los estudios de la violencia, que han profundizado en las negociaciones y las vías de resolución del conflicto colombiano, son un buen síntoma de la nueva dirección en los estudios sobre el conflicto armado en Colombia.{5}

La experiencia mundial en la resolución de conflictos internos muestra dos modelos principales. Uno, el pragmático, donde el fin capital es el desmonte y reinserción de los grupos rebeldes armados dentro de un orden establecido. Se busca con ello un efecto a corto plazo a través del reconocimiento de ciertos derechos políticos y de algunas prebendas económicas, casi siempre beneficiosas solo para los jefes de la insurgencia.

En estos casos la agenda negociadora se concentra con exclusividad en asuntos operativos: en cómo realizar la desmovilización y la reinserción, los procedimientos para la entrega de los auxilios económicos y un cronograma con plazos definidos para toda la acción pacificadora.{6} Los temas referentes a las reformas políticas, económicas y sociales se dejan por fuera de los acuerdos y deberán ser alcanzados con la transformación lenta del orden político y social.{7}

La principal crítica a este modelo de resolución son las difíciles condiciones posconflicto. Más que una solución del conflicto este modelo es una respuesta evasiva a las causas principales del mismo. Además de la posible reanudación de la lucha armada por grupos o facciones que se sienten marginadas de los beneficios de la paz; la frecuente situación de caos institucional posguerra y la frustración de las bases insurgentes, que sienten que han luchado “por nada”, acrecientan al extremo los indicadores de delincuencia común y el crimen organizado.{8}

Este modelo de resolución fue impulsado por las Naciones Unidas a través de sus distintas misiones de paz en Centroamérica, Angola, Somalia y Congo, para citar algunos ejemplos.{9} De igual modo las misiones de paz o facilitación de la Unión Europea y países como Noruega se han guiado bajo las mismas premisas del pactar “lo posible” para luego, en el camino de construcción democrática, conquistar los anhelos de paz y justicia que motivaron los levantamientos armados.{10}

La tendencia contraria es aquella que aboga por un modelo estructural. Su premisa fundamental es la superación de las causas principales que originan los conflictos.{11} Además de los compromisos políticos acordados, que son importantes, considera fundamental el impulso de políticas de desarrollo social que tengan como prioridad la superación gradual de la desigualdad y la pobreza.{12}

La crítica mayor a este modelo es la dificultad para que grupos o fuerzas interesados en mantener el statu quo realicen con prontitud y eficacia las metas pactadas, lo que afectaría sus privilegios. Si se agrega, además, la lentitud propia de la concreción de reformas profundas en un orden social que prevaleció, como en el caso de África o Asia, por varios siglos bajo un sistema colonial y su caótica descolonización, es normal que se produzca impaciencia e incomprensión de la población por la casi nula visibilidad de los resultados.

Aunque es cierto que una nueva sociedad amerita un proceso de largo plazo, no se puede ignorar que la paz requiere una promoción inmediata a la que se sumen instancias nacionales e internacionales; por lo menos, mientras se mantiene la euforia de la firma de los acuerdos. Pero la mayor inconsistencia del modelo es, según sus críticos, la de intentar una “revolución por decreto”. Nadie querrá ceder “por las buenas” lo que considera unos bienes o privilegios adquiridos de manera legal o legitimada por herencia o por logros militares.

Otro cuestionamiento es la insuficiente representatividad de alguna de las partes. En particular, cuando se trata de gobiernos que alcanzaron el poder en elecciones fraudulentas o bajo un sistema político excluyente, casi siempre dentro de una legalidad ilegítima, donde la participación política de amplios sectores sociales fue restringida o reprimida. Respecto a la parte insurgente se critica que asuma, dado su carácter casi siempre de dominio parcial, la representatividad total de los inconformes del país, y sobre población o zonas bajo las que no tienen ningún tipo de control político ni militar.

Además de académicos como Johan Galtung o John Burton, apoyan esta tendencia los partidos y movimientos socialdemócratas y de la izquierda legal, los grupos insurgentes de izquierda y las ONG comprometidas con los problemas de pobreza y marginación extrema.{13}

Se puede reconocer también un tercer modelo, al que se podría denominar mixto. Y sería aquél en el que, a pesar de tomar en consideración los problemas estructurales e incluirlos en la agenda negociadora, los deja en un segundo plano. El principal ejemplo práctico de este modelo fueron las negociaciones de paz adelantadas bajo el gobierno de Andrés Pastrana.{14}

Y, por supuesto, el análisis comparativo, sistemático, y crítico de los últimos procesos de paz entre el gobierno colombiano y los movimientos armados; lo mismo que de su situación económica y social, con especial énfasis en el problema de la tenencia de la tierra, se utilizará para elaborar estrategias estructurales posconflicto que sirvan para la reconstrucción nacional. Los aspectos políticos de desmovilización y reconciliación, reformas institucionales y reparación de destrozos económicos, sociales y educativos, presentados intentan superar de manera realista y concreta las causas originales del conflicto e impedir su reactivación.

A partir de esa revisión crítica quiero demostrar la insuficiencia del logro político de los acuerdos de paz, por lo que es necesario formular estrategias de paz que modifiquen las causas estructurales que dieron origen y alimentan hasta hoy el conflicto armado. En ese orden, es necesario un plan estratégico de índole social y económica, con prioridad en las zonas rurales; con la participación activa de una comunidad internacional respetuosa de los intereses de las partes y de la idiosincrasia del país y, como es tradicional, sin fórmulas impuestas desde los centros de poder; así como es obligatorio que el posconflicto obligue a un cambio sustancial de la doctrina imperante por décadas en las Fuerzas Armadas y de una reducción sustancial de sus efectivos.

Además, una pregunta que el lector se hará a través de las páginas de este libro es si el presidente Juan Manuel Santos, al sancionar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (junio 2011), responde a los principales cambios estructurales aquí propuestos. Hay que decir que no. En primer lugar, porque todo indica que salvo el estilo altanero y peleador de su predecesor y los necesarios ajustes a su nefasta política internacional, el presidente Santos ha reiterado la continuidad del modelo económico y político de Álvaro Uribe; lo mismo que de su plan de Seguridad Democrática, por supuesto que con un nuevo nombre: “Seguridad para la prosperidad”.{15} Y, en segundo lugar, porque aunque siendo un gran avance, la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es insuficiente para resolver el grave problema estructural de Colombia. Pues, hay que señalarlo, la sanción de la ley no es la panacea para resolver el conflicto social y político que sufre Colombia por décadas, a pesar de la euforia gubernamental de que con ella: “hoy estamos dando pasos audaces para superar este conflicto y llegar a una etapa de reconciliación y paz”.{16} Además, hay que tener en cuenta que durante el marco temporal de su realización 2011-2020 y, presumiendo que tuviera un éxito completo, algo difícil, retornaría al estado de cosas vigente al 1 de enero de 1985, en el caso de las víctimas y sus familiares, y al 1 de enero de 1991, respecto a la restitución de tierras; momentos en los que la situación social y política era de por sí muy grave en materia de conflicto armado y violencia social. Sin olvidar que en la mayoría de regiones de desplazamiento forzado el conflicto armado continua latente.

En definitiva, Colombia, que ha probado muchos tipos de paz a medias y con engaños, como se detalla en el capítulo 2 de este estudio, enfocadas en su totalidad resolver de manera coyuntural la gobernabilidad en crisis; lo que necesita son modelos estructurales como los sugeridos en el capítulo 4 y en las consideraciones finales. En palabras claras, una paz sin trampas, con metas posibles, que cambien de una vez por todas las estructuras del violento y desigual statu quo de la realidad social colombiana.

Frente a este panorama, el presidente Santos se enfrenta ante dos únicas opciones: una cargada de retórica y buenas intenciones, con cambios aparentes y para que todo siga igual. Y otra más exigente y comprometida con las mayorías empobrecidas, que lo coloca frente a un choque de intereses con las estructuras del poder tradicional, de las que él es uno de su más altos representantes por razones económicas, ideológicas y familiares. En consecuencia, inclusive al considerar el recalcitrante presidencialismo colombiano, las soluciones no están determinadas por la sola “buena voluntad” presidencial. Es importante, tanto para presionar como para impulsar nuevas políticas, el necesario concurso de otros poderes del Estado y de organizaciones políticas, gremiales y sociales.

La tarea es compleja porque enfrenta un problema difícil, no hacerlo volvería a una frustración que se expresará como lo ha hecho siempre: con violencia. Solo que esta vez será una violencia todavía más cruda, pues frente a ella no quedará ni la más pequeña esperanza de que algo pueda cambiar. El abismo sin fin.