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Política de Estados Unidos en América Latina

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El arbitraje americano, en 1878, de la cuestión del Chaco entre Paraguay y Argentina después de la guerra del Paraguay; la decisiva ayuda naval a la consolidación de la República en Brasil, en 1894; la imposición a Gran Bretaña de la solución arbitral de la disputa territorial entre Venezuela y el territorio inglés de Guyana (1895); el arbitraje de la cuestión de Palmas entre Brasil y Argentina, en 1895, y su participación como uno de los garantes del protocolo de paz entre Perú y Ecuador (1942) fueron algunos de los episodios que marcaron la creciente influencia política de Estados Unidos en América del Sur.

La política norteamericana fue resentida y temida por las naciones latinoamericanas, especialmente las de Centroamérica, tras la anexión de la mitad del territorio mexicano y la declaración del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe (1908), en el que Estados Unidos se asignó el papel de policía del continente, con derecho a intervenir e imponer el orden por la fuerza a las naciones que consideraban “turbulentas”.

Así ocurrieron las intervenciones y ocupaciones militares estadounidenses en Haití (1914-1934), República Dominicana (1916-1924), Nicaragua (1926-1933), Honduras (varios, entre 1903 y 1925) y Cuba (varios, entre 1906 y 1933).

Estados Unidos apoyó política y militarmente la secesión de Colombia y la creación de Panamá como Estado independiente (1903), que permitió la construcción del canal (1904-1914) y la concesión de este. La zona permaneció como territorio bajo soberanía política y militar estadounidense hasta 2000. El canal permitió la conexión marítima rápida, tanto comercial como militar, entre la costa este y la región del golfo con la costa oeste de América del Norte. Este puede considerarse el principal logro de la estrategia para expandir la influencia política y militar estadounidense en Centroamérica y el Caribe que aseguró su control político, económico y militar de la región.

A lo largo del siglo XX, Estados Unidos organizó conferencias con el objetivo de alinear a las naciones latinoamericanas y construir la solidaridad del continente en torno a Estados Unidos frente a Europa y, posteriormente, frente a la amenaza de Alemania y el nazismo. En 1890, la primera conferencia estableció la Oficina Internacional de Repúblicas Americanas, con sede en Washington.

En esas conferencias, las naciones latinoamericanas hicieron esfuerzos para que Estados Unidos aceptara el principio de no intervención, pero sin éxito hasta la década de 1930, mientras Estados Unidos buscaba imponer la tesis del arbitraje en las disputas entre Estados de la región (con Estados Unidos como árbitro permanente).

La “política del buen vecino”, iniciada en 1933 con el presidente Franklin Delano Roosevelt, constituyó un cambio radical en la política exterior estadounidense en un esfuerzo por preparar a Estados Unidos para enfrentar el desafío nazi acercándose a los países de América del Sur, principalmente con Brasil y Argentina, donde existieron importantes comunidades de origen alemán e italiano.

Los objetivos de extraordinaria importancia para los estadounidenses eran garantizar el acceso exclusivo a minerales estratégicos en caso de ocupación de fuentes de abastecimiento por parte de los países del Eje, y contar con el consentimiento de Brasil para utilizar militarmente la ubicación privilegiada del noreste de este último país frente a África.

Después de la guerra, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1948 en el contexto de la Guerra Fría, define la agresión contra cualquier Estado signatario como agresión contra todos los Estados de la región y obliga a todos los países miembros a cooperar con el Estado agredido.

Los acuerdos militares bilaterales servirían para consolidar la presencia de Estados Unidos como los principales proveedores de armas y entrenamiento del personal militar latinoamericano.

Después de la Revolución Cubana, al poner en marcha, en 1962, la Alianza para el Progreso, Estados Unidos creó en la zona del canal la Escuela de las Américas, donde se capacitó a miles de oficiales latinoamericanos que luego serían entrenados como jefes de los golpes de Estado y la administración de los regímenes militares.

Estados Unidos se esforzó por crear una fuerza interamericana de paz, de carácter multilateral, para encubrir su intervención en caso de necesidad. Esta propuesta siempre ha contado con la oposición de los gobiernos civiles latinoamericanos y la simpatía de los gobiernos militares de la región.

En cuanto a la OEA, desde su creación ha sido un importante instrumento para legitimar la política estadounidense en América Latina. Apoyó la destitución, con la participación de mercenarios armados por Estados Unidos, del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), la suspensión de Cuba de la OEA en 1962, la intervención en República Dominicana (1964), y no condenó a ninguno de los regímenes militares que se instalaron en toda América Latina como resultado del uso político de la Alianza para el Progreso.

En la OEA, Estados Unidos casi siempre ha logrado unir a sus posiciones a los países de Centroamérica y el Caribe, cuyos gobiernos, a menudo conservadores y autoritarios, estaban sujetos a su hegemonía militar, política y económica. El control político de Centroamérica y el Caribe se fue aflojando (pero no en su vertiente militar) a medida que desaparecía el conflicto con la Unión Soviética, como también cuando comenzó a superarse el conflicto de Centroamérica.

Con las réplicas provocadas por el escándalo de Watergate (1970), la derrota en Vietnam (1975) y la revolución iraní (1979), los gobiernos de los presidentes Ronald Reagan y Jimmy Carter desarrollaron una estrategia para recuperar la imagen de Estados Unidos y desestabilizar a los gobiernos socialistas de Europa del Este, basada en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Por extensión, comenzaron a defender los derechos humanos y la redemocratización de América Latina y la implementación de políticas liberales por parte de los nuevos regímenes civiles. Uno a uno, los gobiernos militares instalados y mantenidos por Estados Unidos dieron paso a gobiernos civiles.

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