Читать книгу Por qué Patria Grande - Miguel Ángel Barrios - Страница 7

Desde la independencia, gobiernos progresistas (que no eran más que nacionalistas y desarrollistas) en países latinoamericanos como los de Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México, Getúlio Vargas (1930-1945 y 1950-1954) en Brasil, Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en Perú y Juan Domingo Perón (1946-1955) en la Argentina buscaron volverse, ocasionalmente y sin éxito duradero, menos sujetos a la hegemonía política estadounidense.

Esta hegemonía nunca había producido en sus países los beneficios económicos que habían soñado y reclamado, pero sí muchas veces intervenciones políticas e incluso militares para ponerlos en el “buen camino”.

El colapso de la Unión Soviética (1991), el fin de la Guerra Fría y el enfoque controlado de la China comunista hacia los países capitalistas crearon un entorno que permitiría una mayor articulación de los Estados latinoamericanos en su aspiración a la independencia, sobre la base de los principios de no intervención y autodeterminación. Por ejemplo, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso convocó una reunión de presidentes de América del Sur, lo que despertó la sospecha de Estados Unidos porque no fue invitado a la conferencia.

Es interesante recordar que, en el momento de la conferencia (agosto de 2000), la mayoría de los presidentes simpatizaban con Estados Unidos: el argentino Fernando de la Rúa (1999-2001), el brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), el colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), el peruano Alberto Fujimori (1990-2000), el uruguayo Jorge Battle (2000-2005), el paraguayo Luis González Macchi (1999-2003), el ecuatoriano Gustavo Noboa (2000-2003).

Además, Brasil y Argentina, junto con otros Estados como Chile, habían tomado iniciativas de desarme, como la Declaración de Mendoza sobre la Renuncia a las Armas Químicas y Biológicas, y se habían adherido a acuerdos de no proliferación, como el Tratado Nuclear Tratado de No Proliferación (TNP), el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), la Convención sobre Armas Químicas, “iniciativas” espontáneas, para gran satisfacción de Estados Unidos. Por lo tanto, la reunión de presidentes de 2000 no fue realmente un desafío para la política estadounidense en América del Sur.

La segunda reunión de presidentes sudamericanos se llevó a cabo en 2001, en Guayaquil, y la tercera en Cuzco, en 2004. En esta última, siguiendo una sugerencia del presidente peruano Alejandro Toledo, el canciller brasileño Celso Amorim tomó hábilmente la iniciativa de promover las negociaciones para la formación de una comunidad sudamericana de naciones. En 2005 se llevó a cabo en Brasilia el Primer Encuentro de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana.

La política brasileña permanente de no intervención, equidistancia y respeto de la autodeterminación, y la participación del presidente Lula de Silva, quien entre 2003 y 2008 realizó varias visitas a países de la región, contribuyeron a superar las sospechas. En 2008 se firmó el tratado fundacional de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Así, Unasur, y ya no la OEA, se convirtió en el foro para la solución de controversias entre Estados sudamericanos, reduciendo la capacidad de Estados Unidos para influir en la región.

La OEA, sin embargo, era de vital importancia para Estados Unidos: desde sus inicios había sido un instrumento de legitimación de su política en América Latina y, por lo tanto, Unasur apareció como un obstáculo para los intereses estadounidenses en la región.

Unasur surgió como un importante instrumento de cooperación no solo política, sino también militar, económica y tecnológica. Se creó una secretaría y consejos de Ministros, incluido el Consejo de Defensa. El Consejo de Defensa previó el avance de la industria de armas regional y el desarrollo del pensamiento estratégico, dos áreas vitales para la acción militar estadounidense en América del Sur.

El tema de la reintegración de Cuba al sistema interamericano, tema de gran sensibilidad e importancia para Estados Unidos, fue abordado inicialmente en la Conferencia Iberoamericana (1991) en la que participaron todos los países latinoamericanos, y por ende Cuba, más España y Portugal.

Luego, en 2008, Cuba fue admitida en el Grupo de Río que se había formado luego del fin del conflicto en Centroamérica (1986-1987).

En 2010, en México, una reunión presidencial de los Estados del Grupo de Río, Estados del Caribe, incluidos los anglófonos, y Cuba, creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La CELAC es un organismo político que aún no ha logrado una mayor institucionalización, pero que se presenta como un potencial sustituto de la OEA para abordar temas políticos y de seguridad en toda América Latina y el Caribe.

Uno de los propósitos de Unasur fue promover la convergencia de esquemas de integración en América del Sur, a saber, el Mercosur, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

De esta manera, se creó un vínculo formal entre los procesos de integración política y económica en América del Sur, siempre entrelazados, y la posibilidad de conformar un bloque de naciones sudamericanas.

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La estrategia económica de Estados Unidos para la integración (en rigor, control) de América Latina ha sido parte de su estrategia económica global desde el inicio de la vida política del país del norte como Estado independiente, y se ha desarrollado con el tiempo a través de presiones, como las negociaciones políticas y económicas, de acuerdos bilaterales y acuerdos regionales –como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)– y las multilaterales en el ámbito del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y hoy de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Los objetivos iniciales de la estrategia económica estadounidense hacia los nuevos Estados independientes de América Latina fueron prevenir la recolonización, intentada por España con el apoyo de la Santa Alianza; enfrentarse a la tradicional presencia y competencia inglesa y fortalecer los lazos económicos, comerciales y financieros entre los nuevos Estados independientes y Estados Unidos.

Estados Unidos, entonces país proteccionista, llevó a cabo una política de acuerdos comerciales con naciones sudamericanas en la que buscaban obtener aranceles preferenciales sobre sus productos manufacturados a cambio de acceder al mercado americano de productos primarios sudamericanos.

En 1890, en la Primera Conferencia Americana, Estados Unidos presentó la propuesta de crear una zona de libre comercio continental, la cual no fue aceptada.

En el siglo XX, Brasil firmó acuerdos en los que otorgó preferencias arancelarias a las importaciones de manufacturas estadounidenses a cambio únicamente del acceso continuado del café, con arancel cero, al mercado estadounidense.

Durante la Gran Depresión (1929-1939), las relaciones económicas de los países de América del Sur con Estados Unidos y con los países europeos se vieron profundamente afectadas y las corrientes comerciales, de inversión y de financiación se redujeron considerablemente.

Después del ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, parte de las élites estadounidenses, y especialmente el presidente Roosevelt, se dieron cuenta gradualmente de la amenaza de hegemonía nazi en Europa y del riesgo para Estados Unidos del control por parte de Alemania de fuentes de suministro de materias primas estratégicas. Entonces Estados Unidos firmó acuerdos estratégicos de suministro de minerales con países de América del Sur para garantizar el abastecimiento de su industria, indispensable para enfrentar militarmente el desafío nazi.

La victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que habían recibido de los países latinoamericanos en la guerra y en la organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), y la ayuda del Plan Marshall (1948) para los países europeos, incluidos los antiguos enemigos del Eje, generaron la expectativa en América Latina de que podrían beneficiarse del Plan Marshall, o un plan similar, para promover su desarrollo industrial.

Antes del Plan Marshall, los países de América Latina habían superado la ilusión de normalización del comercio exterior porque ya en 1947 se hizo evidente que la moneda acumulada durante la guerra no era convertible y que estaban sujetos a severas restricciones a la importación.

En 1948, ante las demandas latinoamericanas en la Conferencia de Bogotá, la respuesta de Estados Unidos fue que los países latinoamericanos deberían atraer capital privado y, para ello, mantener sus economías en orden, ganándose la confianza de los inversionistas.

En 1949, el cuarto punto (de ahí el nombre de Punto IV) del discurso inaugural del presidente Harry Truman anunció recursos para el desarrollo. La comisión mixta Brasil-Estados Unidos se organizó en 1951 para preparar proyectos de infraestructura, que fueron 41, en los sectores de transporte (66%) y energía (33%). El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDE) de Brasil se creó para recibir los dólares que el Banco Mundial (entonces BIRF) y el Eximbank americano enviarían para tal fin, y también se creó el Fondo de Reequipamiento Económico, que era la contrapartida, en cruceros, a los dólares que llegarían. En 1953, el presidente Dwight Eisenhower puso fin unilateralmente a la participación estadounidense en la comisión conjunta, que se disolvió.

En 1958 las manifestaciones antinorteamericanas durante la visita del vicepresidente estadounidense Richard Nixon a Perú brindaron la oportunidad al presidente brasileño Juscelino Kubitschek de enviarle una carta al presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower en la que proponía la “operación panamericana”, cuya estrategia consistía en promover el desarrollo económico para contener la subversión política.

La Revolución Cubana llevó a Estados Unidos a crear, en 1961, la Alianza para el Progreso, un programa de financiamiento, especialmente para obras de infraestructura, que preveía la elaboración de planes nacionales de desarrollo por un monto total de 20.000 millones de dólares, para ser distribuidos en diez años entre países latinoamericanos, sin restricción a la inversión industrial extranjera.

Mientras se enfrentaba a las iniciativas de los países en desarrollo en foros multilaterales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés), Estados Unidos continuó con su objetivo histórico de construir una zona continental de libre comercio en la que los países latinoamericanos serían absorbidos por la economía estadounidense.

En 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton convocó una reunión de los “países democráticos” de las Américas en Miami. En el encuentro, Estados Unidos lanzó la Iniciativa para las Américas, un ambicioso programa económico y social en las áreas de educación, salud, infraestructura, combate a la pobreza, etc., cuyo eje fue la negociación de un área de libre comercio, el ALCA, que se implementaría en diez años.

Luego de cuatro cumbres de las Américas, decenas de reuniones de ministros de Comercio y grupos técnicos, en parte por la decisión estadounidense de no negociar los temas de defensa comercial y agricultura y en parte por la reacción popular contra el ALCA en varios países, se suspendieron las negociaciones. En la Cumbre de Mar del Plata, Argentina, en 2005, ante la oposición de los presidentes Lula, Chávez y Kirchner, se cerraron las negociaciones del ALCA.

Estados Unidos, derrotado en su estrategia multilateral-regional ALCA, comenzó a implementar una política de hub y radios, es decir, la creación de un sistema de acuerdos que tiene un centro (hoy, Estados Unidos) y radios (acuerdos bilaterales de Estados Unidos con países individuales de la región).

La Alianza del Pacífico, creada en 2012, en la que participan Chile, México, Perú, Colombia y Costa Rica, agrupa a países que han suscripto tratados de libre comercio con Estados Unidos. La Alianza es parte de la estrategia estadounidense para, por etapas, crear un área de libre comercio en las Américas.

Queda, sin embargo, a los estrategas norteamericanos superar la resistencia del área económica más importante de América del Sur, el Mercosur, que corresponde a más del 64% de la economía suramericana, la zona más industrializada y con mayor y mercados diversificados, para integrarse total e irrestrictamente con la economía estadounidense. Ahora lo están logrando, por eso es potencialmente estratégico brindar la respuesta a la pregunta por qué Patria Grande.

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La estrategia latinoamericana de integración económica tenía los siguientes principios: la promoción del desarrollo industrial, con la acción complementaria del Estado; la integración económica con los Estados vecinos de la región y una acción política afirmativa para exigir ayuda económica y financiera de los países desarrollados y condiciones especiales en los acuerdos comerciales internacionales.

Sin embargo, el recuerdo de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, los conflictos entre Ecuador y Perú, la guerra de Paraguay, la guerra entre Chile, Bolivia y Perú, y de las disputas entre la Argentina y Chile mantuvo resentimientos y sospechas, lo que dificultó la ejecución de cualquier proyecto de integración.

Perón, que asume la presidencia en 1946, lanzó, antes de la Conferencia de Bandung (1954), la idea de la Tercera Posición que se traducía en política exterior en América Latina en una geopolítica del continentalismo, como muy bien lo explica contundentemente Miguel Barrios. En un momento de alineamientos incondicionales de la Guerra Fría, esta posición de independencia del general Perón ganó una gran antipatía por parte de Estados Unidos, que provenía de la posición de neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial.

En 1953 se impulsó a instancia de Perón el Nuevo ABC conformado por la Argentina, Brasil y Chile, integrado además por el presidente brasileño Getúlio Vargas, y el chileno Carlos Ibáñez del Campo. Fue la gran oportunidad de generar un punto de partida de integración político-económica, pero las fuerzas del imperialismo, interna y externa, en cada uno de los países lo boicotearon de manera tal que no se pudo concretar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico y tecnológico de Estados Unidos, el éxito de la planificación y la industrialización en la Unión Soviética, las iniciativas europeas para la formación de un mercado común basado en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y el Tratado de Roma provocaron una reflexión sobre el subdesarrollo de América Latina en relación con Estados Unidos y los países europeos, que tuvo lugar en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada en 1948.

Según la CEPAL, la estrategia para superar el subdesarrollo de América Latina radica en la industrialización, en la expansión de los mercados internos, además de la reforma agraria, la reforma tributaria y la construcción de infraestructura de transporte y energía.

Sin embargo, debido al reducido tamaño de los mercados, el éxito de la industrialización hizo necesaria la integración económica y la distribución de las inversiones industriales en los territorios de los diferentes Estados.

En 1960 se creó la primera entidad de integración regional, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con objetivos puramente comerciales, a ser implementada en doce años. Pero la ALALC fracasó debido al método de su programa de desgravación arancelaria. Los programas nacionales de industrialización por sustitución de importaciones, las dificultades de la balanza de pagos y las crisis petroleras de 1973 y 1979 llevaron a los países de la ALALC a transformarla, en 1980, en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La ALADI, a pesar de proporcionar una preferencia arancelaria regional, es, en realidad, un conjunto de acuerdos bilaterales de preferencias arancelarias no extensivas, no lineales, no automáticas, no progresivas.

La redemocratización en la Argentina, en 1984, y en Brasil, en 1985, llevó a los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney a buscar establecer lazos de cooperación que redujeran los resentimientos entre los dos países y fortalecieran sus respectivos gobiernos.

En 1985, la reunión de Sarney y Alfonsín inició las negociaciones que conducirían a la firma en 1986 del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) y en 1988 del Tratado de Integración Brasil-Argentina.

Los presidentes Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Melo decidieron transformar el esquema de integración bilateral Brasil-Argentina en una unión aduanera, que incluiría a Paraguay y Uruguay, como instrumento auxiliar de sus políticas neoliberales que tenían la liberalización comercial como un aspecto importante.

En 1991 el Tratado de Asunción creó el Mercado Común del Sur (Mercosur), basado en una unión aduanera que se implementaría mediante un programa de desgravación arancelaria automática y lineal.

En 1988, la elección de Gert Rosenthal como secretario ejecutivo de la CEPAL, quien ocupó un largo período de 1988 a 1997, fue decisiva para la reorientación del trabajo del organismo. Surgieron la teoría del regionalismo abierto y la del desarrollo con equidad, elaboradas por técnicos de la CEPAL, bajo la dirección de Rosenthal. La teoría del regionalismo abierto pretendía justificar la negociación de tratados de libre comercio del Mercosur con otros bloques y países, lo que permitiría la inclusión del Mercosur en el ALCA y, por tanto, lógicamente conduciría a su disolución. La teoría del desarrollo con equidad serviría para reorientar las políticas de desarrollo económico para priorizar los desafíos de disparidades, pobreza, salud y educación y reducir el énfasis en el desarrollo físico de la infraestructura y la industria.

La elección de gobiernos progresistas (Lula da Silva 2003-2010, Néstor Kirchner 2003-2007, Tabaré Vázquez 2005-2010, Fernando Lugo 2008-2012) condujo al fortalecimiento del Mercosur, con la creación de mecanismos como el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), la realización de reuniones especializadas de ministros en diferentes áreas, la creación de organizaciones de cooperación –como el Foro Universitario Mercosur (Fomerco) y Mercociudades– y la firma de varios convenios.

El Mercosur se expandió en direcciones políticas y sociales insospechadas por sus promotores iniciales a través de la cooperación en diversas áreas y la creación de entidades. La multiplicidad de intereses y actividades en un Mercosur ampliado se convirtió en un obstáculo para el avance de la política estadounidense de integrar (absorber) las economías de los países miembros en la economía norteamericana.

Esta nueva situación ha hecho que el Mercosur sea objeto de una sistemática campaña adversa por parte de la prensa y los círculos proamericanos de los países que lo integran, que están a favor de acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y países aislados con bloques y países. La prensa lo presenta como un bloque formado por economías estancadas, con poco comercio entre sí y con el mundo, aislado de las cadenas productivas globales, tecnológicamente atrasado, integrado por países “enemigos” de Estados Unidos, como Argentina y Venezuela, a diferencia de la Alianza del Pacífico, “moderna y dinámica”, que es en realidad una alianza de países con escaso comercio entre sí y con una pequeña dimensión económica, a excepción de México, una economía peculiar por su integración con la economía norteamericana.

Las políticas económicas en términos de comercio y desarrollo son muy diferentes entre los países latinoamericanos que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos por un lado y los países del Mercosur por otro. Esta diferencia hace prácticamente imposible un proyecto de integración a nivel de América Latina en su conjunto (o América del Sur). Este hecho, sin embargo, no impide la cooperación económica y política, especialmente en la construcción de infraestructura regional, que es fundamental para la integración de sus mercados y el desarrollo de cada economía del bloque, y en muchos temas como el medio ambiente.

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El desafío más grande, complejo y auspicioso para la política económica interna y externa de los países de América Latina y especialmente para los de América del Sur y el Mercosur es el surgimiento de China, que podría convertirse en la mayor potencia de la economía mundial en las próximas décadas.

La política económica exterior de China (similar a la estadounidense) tiene como objetivo importante garantizar el acceso a fuentes de materias primas minerales, energéticas y agrícolas en todo el mundo, especialmente en África y América Latina.

Debido al importante aumento de los ingresos, el incremento de la población urbana y la firme política de reducción de la pobreza, la demanda china de alimentos seguirá creciendo por encima de la oferta interna, a pesar del esfuerzo por ampliar la producción nacional de alimentos para el consumo de la población. La demanda china de productos primarios tiene un impacto directo en la economía del Mercosur, especialmente para Brasil.

Un segundo aspecto de la política económica exterior de China es la incesante búsqueda de mercados para sus manufacturas, que inicialmente se produjo en el ámbito de los bienes de consumo más simples, pero que hoy abarca toda la gama de bienes industriales, incluidos los bienes de capital sofisticados.

Los países del Mercosur se caracterizan por la disparidad extrema en territorio, población, recursos naturales y producción, la importante producción y exportación de productos agrícolas (y en el caso de Brasil también minerales y cada vez más petróleo), el gran potencial para expandir la producción agrícola, los parques industriales menos integrados, menos sofisticados y menos competitivos que los de los países capitalistas desarrollados y China; la capacidad de generación de pequeña tecnología, la presencia grande y no regulada de megaempresas multinacionales en sus economías, incluida su agenda de exportaciones; el alto grado de urbanización en sus sociedades, excepto Paraguay, y las disparidades extremas de ingresos, con la excepción de Uruguay.

El impacto del surgimiento de China, que en muy poco tiempo se convirtió en el principal socio comercial de la Argentina y Brasil, el segundo de Uruguay y Paraguay y uno de los mayores socios comerciales de cada país de América Latina, ha sido doble. Por un lado, la demanda china contribuye a mantener la actividad económica en el Mercosur y, por otro, genera una entrada de divisas que contribuye a valorar las monedas locales, estimulando las importaciones, desalentando las exportaciones, “desintegrando” las cadenas productivas industriales locales y fomentando el gasto en rubros como remesas de utilidades.

La demanda externa de productos primarios estimula la inversión, tanto interna como externa, en la agricultura y la minería, y desalienta las inversiones en el frágil sector industrial, que se vuelve menos rentable.

La relativa escasez de oportunidades de inversión en las economías desarrolladas hace atractiva la adquisición de empresas en los países del Mercosur, lo que profundiza la desnacionalización de sus economías. Estas inversiones pueden generar dificultades en la balanza de pagos, ya que las empresas extranjeras invierten en sectores que no generan divisas, pero que las demandarán para futuras remesas de utilidades a sus accionistas en el exterior.

El debilitamiento de los sectores industriales en los países del Mercosur como consecuencia de la penetración de las exportaciones chinas, europeas y americanas hará que sus Estados miembros pierdan mercados para sus productos industriales en los países del bloque, y por ende su importancia en la agenda de comercio exterior de cada país del bloque se reducirá.

Como el principal eslabón del proceso de integración es el comercio industrial (y no el de productos agrícolas o minerales), el Mercosur sería cada vez menos relevante para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y se disolvería, como sucedió en el pasado con otros esquemas de integración en América del Sur.

La principal característica del Mercosur son las asimetrías. Cuando se creó, agrupaba a cuatro Estados igualmente soberanos, pero profundamente desiguales en cuanto a territorio, población, producción y situación social. Uruguay y Paraguay son países de pequeño territorio (176.000 km² y 407.000 km²), con una población pequeña (3.500.000 y 7.000.000) y parques industriales pequeños y poco diversificados. Son países importadores de productos industriales y, por tanto, practicaban aranceles bajos antes de la creación del Mercosur. Hoy pagan al TEC (tarifa externa común del Mercosur) las importaciones de fuera del Mercosur y no abonan nada por las importaciones de bienes de otros miembros del organismo, es decir, de la Argentina y Brasil. Actualmente les interesa tener aranceles bajos, o incluso nulos, para las importaciones de cualquier país del mundo.

Así, favorecen (la situación en Paraguay es muy especial y diferente de la de Uruguay, incluso debido a Itaipú Binacional) la negociación del Mercosur de tratados de libre comercio con bloques o países y la libertad de negociación individual de cada miembro, manteniendo la zona de libre comercio entre los cuatro países.

En el ámbito económico, las regiones que están mejor dotadas de infraestructura, capital humano, recursos naturales y un mercado más amplio tienden a ejercer mayor atracción sobre las inversiones productivas. Esta concentración de inversiones conduce al surgimiento de empresas más grandes. Las empresas más grandes tienden a tener ventajas competitivas y a adquirir o excluir del mercado a las más pequeñas. De esta manera, se generan desequilibrios comerciales, con efectos económicos, entre las regiones, que a su vez generan tensiones políticas que resultan de la presión sobre sus gobiernos de las fuerzas económicas dañadas, para proteger el empleo y las ganancias.

Estos desequilibrios, que provocan tensiones políticas, pueden disminuirse si se reducen las asimetrías y deficiencias de infraestructura entre regiones y Estados, lo que haría que las fuerzas de atracción de inversiones fueran menos desiguales entre regiones.

Existe un tema crucial para el futuro del Mercosur, derivado de las asimetrías y del objetivo supremo de promover un desarrollo económico y social equilibrado de los cuatro Estados para preservar su unión y profundizarla. La implementación del Tratado de Asunción, al no tomar en cuenta las diferencias entre países y el impacto económico y político de las dislocaciones económicas provocadas por la eliminación de aranceles, generó todo tipo de tensiones y tendencias centrífugas, especialmente en los Estados menores e incluso en Estados más grandes, de grupos e intereses que comienzan a defender el regionalismo abierto.

La supervivencia y eficiencia del Mercosur como instrumento para el desarrollo de los Estados miembros dependen de su transformación en una agencia de desarrollo regional.

La transformación del Mercosur de una simple unión aduanera y un área de libre comercio imperfecta en un organismo que promueva el desarrollo regional equilibrado y armónico de los cuatro Estados, lo que significa la eliminación paulatina de asimetrías y la construcción paulatina de una legislación común, requeriría lo siguiente:

1 mantenimiento del TEC como instrumento esencial de la Unión Aduanera;

2 fortalecimiento organizativo, financiero y técnico de la Secretaría del Mercosur;

3 expansión significativa del Focem, que incentivaría la participación de las economías más pequeñas y compensaría las desventajas comerciales;

4 trato comercial preferencial en los Estados más grandes para los más pequeños, única vía para permitir su industrialización;

5 acuerdos de cooperación tecnológica para abordar la creciente brecha tecnológica entre las economías altamente desarrolladas y el Mercosur;

6 constitución de fondos comunes, con recursos adecuados, en cada área de integración, reconociendo asimetrías en los aportes y en la asignación de recursos;

7 firma de acuerdos comerciales organizados en sectores industriales relevantes, similares al acuerdo automotor, teniendo en cuenta la importante presencia de megaempresas multinacionales en la producción y el comercio intrarregional del Mercosur;

8 creación de mecanismos que eviten la “desorganización de los mercados nacionales” y, al mismo tiempo, eviten el desvío del comercio a favor de países no miembros del Mercosur;

9 fácil acceso de las empresas de capital nacional, con sede en los cuatro Estados, a los organismos nacionales de financiamiento de cualquiera de los cuatro Estados;

10 armonización de la legislación de los cuatro Estados en todos los ámbitos de la integración, y

11 desarrollo de la conciencia comunitaria y cultural en el territorio del Mercosur (en el los dos primeros capítulos de este libro se encuentra explicado y desarrollado la identidad cultural y educativa de la Patria Grande con una sorprendente erudición).

Paralelamente a la transformación del Mercosur en una agencia de desarrollo regional, la firma de acuerdos de comercio e inversión con China (y con otros países) sería de suma importancia para el procesamiento industrial de las materias primas que actualmente en los países miembros exportan juntos, con garantías de acceso al mercado chino (y otros países) en sistemas de cuotas.

Esta política de acuerdos con China (y con otros países) estaría perfectamente alineada con el objetivo de desarrollar la economía brasileña y la de los demás países del Mercosur, que es crear la capacidad para transformar sus recursos naturales para agregar valor a la producción, generar más y mejores empleos, elevar su nivel tecnológico e integrar verticalmente los distintos sectores de sus economías.

Sería de gran importancia concertar acuerdos conjuntos de investigación tecnológica entre las principales instituciones brasileñas (y las del Mercosur) con homólogas chinas más avanzadas en áreas de especial interés común.

Si no se toman estas medidas y si no hay un compromiso firme por parte de los presidentes de cada Estado miembro, el Mercosur podrá sobrevivir, pero siempre lo hará cojeando y no se transformará en un bloque de Estados capaces de defender y promover con éxito sus intereses en este mundo de transformaciones y crisis.

El futuro del desenvolvimiento y la integración de América del Sur y el Mercosur se enfrenta al desafío que presentan las economías capitalistas desarrolladas que están tratando de recuperarse de la crisis económica y de salud, y apostar por un enfrentamiento económico político con China (y Rusia) bajo liderazgo estadounidense con todas sus implicaciones de alineación para los Estados subdesarrollados, incluido Brasil.

Pero, sobre todo, el futuro del Mercosur se enfrenta al desafío de superar la hegemonía sofocante del pensamiento neoliberal en sus sociedades, que acepta como destino el mediocre desarrollo económico, social y político de sus países.

El progreso de la integración en América Latina (y el Sur) tendrá que esperar el control de la pandemia, el regreso a la actividad económica normal, la política del presidente Joe Biden hacia la región y un futuro gobierno brasileño a partir de 2023.

Brasilia, agosto de 2021