Читать книгу El gran desafío: La nueva constitución - René Cortázar - Страница 9

Para enfrentar el futuro tenemos que lidiar con tres herencias muy pesadas: a) la necesidad de reactivación económica y reducción de la pobreza para enfrentar la angustia y los miedos que campean en el país; b) la violencia que resucitó (¿Porqué no iba a resucitar? Los encapuchados se enfrentaron el 2019 a las fuerzas de orden del Estado y ganaron.); y c) la mediocridad de nuestro desarrollo, que ya estaba presente antes del 18 de octubre de 2019. Considerando todas estas herencias, he argumentado que se requiere de una mejora en la calidad de las reglas del juego, la que depende de la calidad de la política.

Supongamos, por un momento, que coincidimos en el diagnóstico. Frente a la mala calidad de la política hay dos enfoques posibles, tal como respecto del desarrollo: la culpa es de los jugadores (los políticos) o de las reglas del juego. Siguiendo a North (1990), voy a argumentar que pongamos el énfasis en las reglas del juego. En concreto, más que predicarle a los políticos que cambien sus conductas, se requiere de una reforma política que cambie los incentivos que inducen su comportamiento. Sin eso, a mi juicio, no hay salida.

Cuando al hablar de la calidad de la política, como lo hicimos a propósito de la calidad del desarrollo, ponemos el énfasis en las reglas del juego más que en los jugadores, dejamos de buscar culpables. Para algunos éstos son el gobierno, y para otros la oposición; para algunos los empresarios, y para otros los sindicalistas o los políticos de uno u otro bando. La verdad es que en Chile no sobra nadie. Lo que falta son mejores reglas del juego, que regulen de mejor manera nuestras relaciones.

Doy un ejemplo de reglas a cambiar. Probablemente, el problema más grande que tenemos es un sistema político que se fraccionó y se polarizó. Esa estructura, más allá de la buena voluntad de las personas, hace imposible la creación de bienes públicos, y en particular de reglas del juego de buena calidad9. Simplificando, las políticas que buscan aplicar los gobiernos se pueden agrupar en dos canastos: por una parte, el que considera las políticas que se estiman necesarias y populares; y por otra, el que incluye las políticas necesarias pero no populares (a veces impopulares). Dentro de las primeras están los reajustes generales de salarios y pensiones. Cuando se presentan iniciativas legales en ese sentido, los parlamentarios concurren en masa a votar favorablemente y salen apurados para hacer una cuña en la radio.

Entre las políticas necesarias pero no populares están, por ejemplo, la regulación del gasto público y los tratados de libre comercio. Siempre hay algún sector que piensa que se vería beneficiado por un aumento en el gasto público que resiente que su expansión se haya moderado; del mismo modo, por más que los tratados de libre comercio estén en el interés general de un país pequeño como Chile, siempre hay algún sector o actividad que piensa que podría verse perjudicado.

Cuando existen dos bloques, como ocurrió en los ‘90 con la Concertación y la Alianza por Chile, con un gobierno que estaba en minoría en el parlamento, ambos sabían que eran indispensables para una solución. No podían mirar al techo. Por otra parte, como cubrían la gran mayoría del espectro político, eran pocos los que podían dispararles desde fuera.En cambio, cuando existen 15 partidos que actúan descoordinadamente, enfrentados entre sí (como ocurre hoy en la Cámara de Diputados), cada uno de ellos sabe que, frente a una política potencialmente impopular, no son indispensables para aprobarla, y si alguno da un paso adelante van a existir muchos dispuestos a dispararle. Entonces, habitualmente, concluyen que es mejor restarse del acuerdo y concentrarse en la propia reelección. Como resultado de ello, por ejemplo, el tratado de libre comercio TPP11 duerme, desde hace años, el sueño de los justos en el Senado.

Con 15 partidos sin coordinación y enfrentados entre sí, no es posible la gobernabilidad10 11 12.Para reformar el sistema político y generar uno menos fragmentado y más responsable, se requiere de un cambio importante en el sistema electoral13 y en el sistema de partidos14; ¡sin estos cambios no hay salida!

Existen muchas experiencias de las cuales sacar lecciones: Alemania, Nueva Zelandia, Japón, Corea, entre otras. Todos estos países le dan a cada elector dos votos. Con el primero se elige un solo diputado por distrito (en esto tienen el mismo sistema que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia). Con ello dejarían de tener representantes en el Congreso los partidos de menor tamaño que no se quieran aliar con otros y desaparecería la bancada del 1%15, ya que para ser elegidos tendrían que tener cerca del 50% de las preferencias. Y el segundo voto se reserva para evitar la sobrerrepresentación de las mayorías, con listas proporcionales a nivel nacional16. Existen muchas alternativas para obtener el resultado que necesitamos (IDEA, 2005).

Estoy convencido que la instancia más apropiada para hacer estos cambios es la Convención Constitucional, como parte de un acuerdo más amplio que tendría diversos ingredientes, dado que buscará responder al malestar, incertidumbre y temor de muchos sectores de la sociedad. La Convención Constitucional tendría varias ventajas: a) no participan los parlamentarios directamente afectados; b) los cambios son por el quórum de dos tercios; c) estos cambios se pueden negociar como parte de un acuerdo más amplio.

Pero hay que ser claros. La Convención Constitucional ofrece esta oportunidad pero también tiene muchos riesgos. El más obvio es deteriorar aún más las reglas del juego, que son claves para la buena convivencia y la buena política, así como para incentivar la inversión y el desarrollo. Vivimos en un mundo globalizado, con capitales nacionales y extranjeros que van y vienen, según la calidad de las reglas del juego de los distintos países; un mundo en que nadie está obligado a invertir en Chile.

Para reconocer esta posibilidad de deterioro hay que recordar que partimos de una hoja en blanco. Para escribir una norma cualquiera en ella se requiere de dos tercios de los votos. El anverso de esta afirmación es que para que la hoja siga en blanco basta con un tercio de los votos de la Convención. En este segundo caso, el tema del que se trate (por ejemplo la protección del derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central, la iniciativa exclusiva del gobierno en ciertas materias o el Tribunal Constitucional) quedaría relegado a ser definido como materia de ley por simple mayoría en el Congreso, perdiendo la protección del quórum constitucional.

Un caso que vale la pena destacar es el de la autonomía del Banco Central. Chile fue, durante más un siglo, el país con la mayor inflación de América Latina. La inflación es un impuesto directo que afecta el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones y se transformó, por muchas décadas, en una variable clave que influía sobre el respaldo político a los gobiernos. Hay que recordar que en 1990 la inflación superaba el 27%. Hoy, en parte gracias a un Banco Central autónomo, la tasa de inflación fluctúa entre 2% y 3% al año. Dada nuestra historia, parecen sorprendentes las propuestas para restarle independencia.

¿Habrá sectores que busquen evitar que las reglas del juego mencionadas tengan la protección que viene de estar en la Constitución? Según las declaraciones que conocemos, ciertamente hay quienes lo van a intentar17.

Otro riesgo que no hay que subestimar es que después de haber prometido lo imposible, el proceso termine en una gran decepción. Entre quienes votaron a favor de la Convención Constitucional, un 48% lo hizo “para terminar con la desigualdad social en pensiones, educación y salud”; un 8% “para que mejoren los sueldos y la calidad de vida en general”; y un 8% “para cambiar el modelo neo-liberal” (CADEM, 2020). Para encauzar las expectativas de un modo más acorde con los posibles efectos de una reforma constitucional, se requiere de un mayor liderazgo de parte de los dirigentes políticos. La política democrática tiene dos polos: representar y liderar. En democracia la representación supone saber escuchar y tener cercanía con las personas y sus necesidades, de modo de tener eficacia en la capacidad de respuesta frente a los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. Pero la política tiene también una función de liderazgo: mostrar los caminos posibles; no crear falsas expectativas; hablar con la verdad. Esta función de liderazgo se ha ido atrofiando en los últimos años. Sin embargo, resulta indispensable para una democracia de alta calidad, en particular para que la Convención Constitucional no termine en una gran decepción.

Por último, no debiéramos subestimar el impacto que podría tener sobre la deliberación de la Convención Constitucional el clima de violencia que persiste en el país. De hecho, muchos parlamentarios han sido objeto de amenazas durante los últimos años. El Partido Comunista, en el Informe Político de su Comité Central al XXVI Congreso Nacional, señaló la “necesidad de rodear […] el desarrollo de la Convención Constitucional” para influir sobre sus resultados (PC, 2020). Ello fue interpretado, por diversos dirigentes políticos, como una amenaza directa a los futuros constituyentes18. Por esta razón, un rasgo indispensable de los nuevos constituyentes es su capacidad de autonomía en un clima de presiones y violencia. Si son amenazados en las redes sociales, que en vez de cambiar su voto apaguen su celular.