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La deriva autoritaria

Pastora Filigrana García

La pandemia ha dejado un mensaje claro al mundo entero: «Hay que restar libertades para ganar seguridad». La seguridad sanitaria requiere sacrificios en este momento y el recorte de libertades y derechos es el primero de ellos. El estado de alarma ha supuesto la centralización del poder político en menos manos, en una autoridad competente, y un recorte de la libertad de movimiento a la ciudadanía. Preservar la democracia a la vez que la salud en un panorama como este requiere una estricta observancia del marco jurídico por parte del poder político, algo que lamentablemente no siempre se da.

Uno de los fenómenos más preocupantes que han ocurrido durante el estado de alarma es el de los abusos policiales, filmados por la ciudadanía desde sus balcones. Agentes de diferentes cuerpos empleando una violencia excesiva en el registro y detención de personas que presuntamente estaban en la vía pública sin poder justificar que estuvieran realizando algunas de las actividades permitidas: ir a comprar productos esenciales, ir o venir del trabajo, del médico, de atender a algún enfermo o pasear fugazmente al perro. El uso excesivo de la violencia por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, además de ser constitutivo de faltas y delitos, supone la vulneración de derechos fundamentes básicos como la integridad y la vida. Esto siempre alarma, pero la preocupación es mayor cuando se hace en unas circunstancias excepcionales donde parte de las libertades democráticas estás suspendidas y existe una concentración de poder inusual. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es la connivencia social que estos comportamientos han encontrado en el imaginario colectivo durante la pandemia. Hemos visto vergonzosas escenas donde los vecinos aplaudían y arengaban a los agentes cuando golpeaban a un transeúnte. El mantra «El policía está haciendo su trabajo y bien dao está el guantazo, ese tipo no debería de estar en la calle» ha llenado las tertulias de televisión, radio y redes sociales.

El estado de alarma finalizará, las competencias políticas se desconcentrarán y la ciudadanía recuperará la libertad deambulatoria, pero la idea de que la violencia de las autoridades está justificada para garantizar la seguridad habrá conquistado una parte importante del imaginario colectivo. Recurriendo a esta concepción de la seguridad por encima de la libertad, será más fácil retroceder en las conquistas democráticas, y supondrá una justificación para que la deriva autoritaria tenga más llano el camino. Tendríamos que poner en cuarentena la idea de que el desarrollo de la historia nos traerá progresivamente un horizonte de mayores libertades de manera automática. Debemos pararnos a pensar que quizá no sea así, que necesitaremos una lucha activa y continua por preservar y conquistar nuevas cotas de emancipación. En contextos como el actual se hace más necesario que nunca desmontar los mitos de que «el guantazo del policía está bien dao».

El Estado tiene el monopolio de la violencia y la podrá usar sólo en situaciones justificadas y previstas en la ley. Eso quiere decir que cualquier uso de la violencia por parte de una persona que no represente al Estado será castigado salvo en situaciones muy excepcionales, como la defensa propia o causa de fuerza mayor. Asimismo, la violencia que ejerzan las personas que representan al Estado fuera de las circunstancias que prevé la ley también debe ser castigada. La ley[1] dice que el uso de la violencia por parte de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser la excepción, sólo emplearse cuando exista resistencia del detenido y siempre intentando causar el menor daño posible. La violencia debe ser proporcional a la resistencia y sólo ir encaminada hacia el control de la persona. No es la misma fuerza la que se tiene que emplear para alguien que intente salir corriendo que para quien amenaza con un cuchillo. El agente debe ser oportuno, proporcional y congruente en el nivel de fuerza que usa y su aplicación. Ha de evitarse dañar zonas vitales y sólo usar las armas cuando exista un riesgo racionalmente grave para su vida o la de otras personas.