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Nota preliminar

ONCE años han tenido que transcurrir para concluir la elaboración de este libro al que he titulado La infamia. Para María Moliner,² una infamia es una maldad o vileza cometida en contra de alguien, una canallada pues. Por eso decidí darle este título al texto que tienen en sus manos, porque lo sucedido a mi familia y a mí representa una injusticia, una canallada, la cual desde el poder se concibió y diseñó en el año 2009, con el propósito de destruir políticamente a quienes fuimos opositores a un gobierno surgido del fraude electoral, y que fue perseguido por la ilegitimidad hasta su conclusión.

Confieso haber disfrutado su escritura y que su redacción me apasionó. A lo largo de estos años, pacientemente, fui compilando información; acudiendo a averiguaciones ministeriales, investigaciones políticas, hemerotecas, expedientes judiciales, reportajes, columnas, artículos de fondo y editoriales publicados en medios de comunicación convencionales y digitales; incluso al registro de actos proselitistas, a campañas de guerra ruin y sucia, a actuaciones simuladas e ilegalidades electorales toleradas.

Fui registrándolo todo: lo analicé y valoré para plasmarlo en este documento —el libro número 28 de mi autoría—, cuyo veredicto final dejo a consideración de quienes lean sus páginas.

Este trabajo relata una historia real, una experiencia que a nadie le deseo y que lastimó y dañó, social, económica, moral y políticamente a la familia y al apellido Monreal. En él se describe, de manera cronológica, cómo se fue urdiendo la trama, y cada uno de los datos está sustentado con pruebas documentales públicas y de naturaleza jurídica diversa e incuestionable.

Los ataques sistemáticos en mi contra y de mi familia iniciaron desde 1997 —con mi renuncia al PRI—, continuaron en 1998 durante mi campaña política para gobernador —que se convirtió en una lucha contra el cerrado y autoritario sistema político mexicano—, y luego se retomaron en 2006, cuando el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, fue impuesto como presidente de la República, y México estaba por entrar en una espiral de violencia que hasta el día de hoy lastima a la sociedad en su conjunto.

Lo peor de todo es que hoy existe un consenso en torno a que el cambio en la estrategia de seguridad no necesariamente tenía como eje el interés nacional de todas y todos los mexicanos, sino, por un lado, dar concesiones a los Estados Unidos de América y, por otro, adquirir por la fuerza la legitimidad que el proyecto en el gobierno no pudo obtener a través de los mecanismos democráticos.

Como prueba están los datos y elementos relevantes de ese sexenio, que hoy, que están saliendo a la luz pública, se vuelven relevantes, pues lo sitúan en un plano de franca complicidad con el crimen internacional y la delincuencia organizada. A esto se le suma la reciente detención y sujeción a proceso en la Unión Americana de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de aquella administración, acusado por delitos de tráfico de drogas, recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y falsedad de declaraciones en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, lo cual amplía la verdad popular sobre la errática, simulada y selecta guerra contra el narcotráfico en México.

Hoy, 14 años después, en que dio inicio esta espiral de violencia, estos elementos son reveladores, pero en ese momento las fuerzas políticas en el poder encontraron en la guerra contra las drogas una justificación para rebasar los límites del Estado, en un intento por lograr reivindicar la imagen fraudulenta con la que su proyecto llegó a la Presidencia. Desde entonces, miles de personas fueron acusadas injustamente, a partir de una política autoritaria, en la que los procesos de investigación —que son primordiales en cualquier nación donde priva el Estado de derecho— fueron simple y sencillamente ignorados.

Muchas de estas personas: jóvenes víctimas del crimen organizado, campesinos que nada tenían que ver con actividades criminales y personas que iban en contra del autoritarismo del antiguo régimen fueron injustamente encarceladas, algunas se encuentran aún purgando una sentencia que no les corresponde. Otras pudieron hacer frente a las falsas acusaciones realizadas en su contra, resistiendo los embates de quienes hicieron del Estado y de su monopolio de la fuerza un instrumento de persecución.

Es por ello, por todas aquellas víctimas que no tuvieron voz, que he decidido contar cómo mi familia, a causa de mi posición política frente al atropello democrático, fue víctima de asedio y de la persecución estatal. No lo puedo negar, ha sido un camino largo y difícil, pero hoy, después de más de 20 años de resistir, de luchar y de encarar al antiguo régimen, con la ley como única arma, hemos logrado que las acusaciones contra mi familia se hayan desechado; sin embargo, los daños permanecen, pues hasta el día de hoy se pueden encontrar notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que se reciclan continuamente por adversarios políticos para intentar descalificar nuestras actividades públicas actuales. Así pues, las campañas de desprestigio que en el pasado reciente, desde la cúpula del poder, se orquestaron en contra de nuestra familia siguen ahora manejadas desde las sombras por oscuros intereses políticos, a pesar de que, como ya dicho, hemos sido totalmente exonerados de tantas falsedades e ignominias, como se irá demostrando en el desarrollo de esta investigación.

En 2016, por ejemplo, cuando mi hermano David era candidato a gobernador por el estado de Zacatecas, el exmandatario Felipe Calderón, en una visita a la entidad, revivió sus falsas acusaciones para tratar de dañar a David, e influir en el resultado electoral. En una conferencia de prensa, tuvo el descaro de revivir imputaciones que, como aquí se relatará, eran desde entonces improcedentes.

En esa misma contienda electoral, el entonces partido en el poder, el PRI, a través de su representante ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, acusó injustamente a David de enriquecimiento ilícito por la compra de 13 propiedades que supuesta y falsamente fueron enajenadas por el gobierno del estado de Zacatecas cuando yo era gobernador. Consciente de la falsedad de ambas acusaciones, decidí presentar una demanda por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal en contra de Felipe Calderón, Mariana Moguel —entonces presidenta del PRI-DF—, y de Jorge Carlos Ramírez Marín, la cual se encuentra sub iudice.

Si bien las acusaciones que fueron tejidas desde 2009 han sido desechadas, pues gracias a la perseverancia y a la valentía de mi familia pudimos defender la verdad y con ello la moralidad de nuestro comportamiento, hasta el momento los ataques injustificados de los cuales mi hermano fue víctima no han cesado y mucho menos han sido desagraviados por el poder público.

De igual forma, hasta el momento, ni quienes nos acusaron ni los medios de comunicación, que dedicaron al tema miles de páginas, han emitido una sola línea respecto de la reserva de la averiguación previa emitida por las autoridades, a través de la cual se intentó inculpar a mi familia. Nosotros hemos vencido con la verdad, pero la infamia llevada a cabo por toda una estructura de poder al servicio de la clase política de entonces no ha sido señalada por nadie.

Bajo este contexto, el objetivo de este trabajo de investigación va más allá de contar una historia personal; lo que busco, a partir de este caso concreto, es describir los medios políticos utilizados por los gobiernos anteriores con un único móvil: intentar frenar a sus adversarios.

Aun cuando falta por repararse el agravio cometido contra la familia Monreal Ávila, en el desarrollo del documento se analizan no sólo los hechos que se suscitaron, sino las consecuencias políticas, morales y jurídicas que se provocaron y que lastimaron a quienes fueron objeto del ataque frontal de los gobiernos del PAN, PRI, e incluso del PRD. Esto no puede suceder nuevamente. No debemos permitirlo, menos ahora que estamos frente a una transformación de la vida pública en la cual los gobernantes deben respetar los límites que la ley les señale y no, como en el pasado, ignorarlos. Las infamias no pueden seguir teniendo lugar en el desarrollo de la política democrática de nuestro país sin que haya consecuencias, ni menos continuar convirtiéndose en claves de éxito político-electoral, como sucedía en el pasado reciente.

La historia está llena de infamias, de intentos que resultan exitosos —en la inmediatez— para destruir la reputación y, con ello, los derechos de alguien. Sin embargo, la enseñanza reiterada es que en el largo plazo la verdad siempre sale a la luz, y cada cual queda en el lugar que le corresponde. Por desgracia, en algunas ocasiones, ese momento, el de la verdad, se retrasa, lo que trae implicaciones casi irremediables, pues el lapso que corre entre la infamia y la verdad da oportunidad de que se afecten vidas, bienes, negocios, proyectos, trayectorias. Máxime que hoy las plataformas informáticas contienen información inexacta, por no decir francamente falsa, que es prácticamente imposible corregir a pesar de que contamos con leyes y normas que protegen los datos personales y la vida privada. De ahí la importancia de desmontar una infamia desde su origen, y de exigir que quienes —de buena o mala fe— le dieron cabida, por lo menos se retracten.

El presente libro se divide en cinco capítulos: el primero describe el proceso ministerial que representó el inicio de la infamia; mi renuncia al PRI, y los efectos de las campañas de desprestigio en nuestra contra a nivel estatal y nacional. El segundo capítulo da cuenta de cómo la justicia electoral se pervirtió y se manipuló, profundizando la infamia. El tercero relata la actuación jurisdiccional y sus resoluciones, que corroboraron la inocencia de mi familia en la causa criminal imputada, así como la naturaleza y el fin del bien inmueble que fue el punto de partida de la infamia; las derivaciones del daño económico; el saqueo, y el abuso de poder.

El cuarto capítulo aporta una descripción sobre la justicia en México, su desgaste y uso faccioso. El quinto y último describe el cambio que se inició en 2018, rumbo al respeto y la ampliación de derechos, como parte de la transformación de la vida pública nacional, e incluye también una descripción de cómo vislumbro el proceso electoral de 2021, como un momento de la consolidación democrática en el país. Por último, se presentan las reflexiones finales, a manera de conclusión.

RMA

[Ciudad de México, mayo de 2020]