Читать книгу Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000) - Rolando Álvarez Vallejos - Страница 8

A fines de 1990, el ex diputado comunista Luis Guastavino editó un libro titulado Caen las catedrales. Reunía textos políticos y entrevistas concedidas a diversos medios durante ese agitado año. El título de su obra se convirtió en una de las metáforas más conocidas y utilizadas para describir la compleja situación del PC durante aquel año. El enfrentamiento contra los agoreros que desde dentro y fuera de la organización anunciaban su fin, marcó la existencia de la organización durante ese año. Este se había iniciado pletórico de expectativas para la mayoría de los chilenos, los que a fines de 1989 habían optado por el abogado demócrata cristiano Patricio Aylwin para que encabezara el primer gobierno democrático tras los años de la dictadura del general Pinochet. Sin embargo, la alegría del fin de la dictadura pronto dio paso al realismo, las concesiones y los pactos con la derecha, que caracterizarían a la transición democrática chilena. La decepción pronto rodearía a los comunistas y otros sectores de izquierda. Así enfrentaron los comunistas chilenos el inicio de la última década del siglo XX: por un lado, con la amenaza del peligro de extinción de proyecto político de transformación que habían desarrollado durante gran parte del siglo; por otro, con el dolor de ver que el sueño democrático por el que habían luchado durante la dictadura estaba lejos de cumplirse.

En efecto, para entender el desenvolvimiento de la crisis del PC durante 1990, es fundamental mencionar el campo cultural en el que esta se desarrolló. El 11 de marzo, el dictador Augusto Pinochet, que había perseguido ferozmente a la izquierda chilena durante 16 años y medio, entregaba el poder ejecutivo a Patricio Aylwin, el líder de la oposición. Esta salida de la dictadura había significado que la oposición reconociera la institucionalidad creada por el régimen. El costo de la llamada «transición pactada» implicaba la legitimación de una institucionalidad que estaba lejos de aproximarse a los cánones de las democracias occidentales. Por ejemplo, el Senado tenía nueve integrantes designados por Pinochet, lo que le daba mayoría parlamentaria a la derecha, a pesar de haber sido derrotada en las elecciones de 1989; el poder judicial estaba compuesto por los mismos integrantes que habían tenido una actitud cómplice durante la dictadura, todos designados por el dictador saliente; la Constitución asignaba un papel «garante» a las fuerzas armadas, que, a través del Consejo de Seguridad Nacional, tenían derecho a veto sobre el poder civil. Esto, sumado a que Pinochet permaneció al mando del ejército durante casi toda la década, provocaba que su figura continuara siendo muy relevante en la vida política del país. Por último, la autonomía del Banco Central y las disposiciones constitucionales que garantizaban la existencia de leyes laborales antisindicales, aseguraban la continuidad del modelo neoliberal. De esta manera, la coalición gobernante, a pesar de poseer mayoría electoral, se movía en aguas políticas muy complejas, producto de la poderosa presencia del legado dictatorial. Este argumento fue utilizado sistemáticamente para explicar el no cumplimiento del programa democratizador prometido al país en las elecciones presidenciales de 1989, ganadas por la oposición²⁹.

A estas condiciones políticas objetivas se le debían unir otros elementos. Uno de los principales era que se había hecho hegemónico el sentido común que sostenía que la forma de terminar con la dictadura había sido por medios pacíficos. La apelación a que «la alegría ya viene» de la campaña opositora durante el plebiscito de 1988, cuyo resultado fue fundamental para evitar la prolongación del mandato de Pinochet, hizo que las fuerzas de izquierda, que alentaban fórmulas más confrontacionales, incluso armadas, perdieran legitimidad. Hacia 1990, la condena a la violencia política era un consenso en el marco de una sociedad cansada de esta luego de casi 16 años y medio de dictadura³⁰. Por el contrario, la llamada «democracia de los acuerdos», proclamada por el gobierno y un sector de la derecha, ponía en el centro del quehacer político y cultural de la época la mirada hacia el futuro, tratando de olvidar el pasado. Por este motivo, se intentó terminar y negociar la problemática generada por la violación a los derechos humanos durante el régimen militar, que, como se comprobó años más tarde, alcanzaba al mismísimo general Pinochet. Por último, un país viviendo un delicado proceso de cambio político, como Chile en aquel año, no podía dejar de recibir de manera influyente los espectaculares acontecimientos registrados que en Europa del Este habían decretado el fin del campo socialista. Esto, unido a la crisis política que enfrentaba Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, consolidó la noción del «fin de la historia» y el triunfo del liberalismo a nivel planetario. En el país, uno de los principales énfasis de la recepción de estos sucesos fue utilizarlo como fundamento para la continuidad del modelo neoliberal implementado por la dictadura. En resumen, el Chile de 1990 comenzó a desarrollar un régimen político que ha sido definido como una «democracia semisoberana», en alusión a sus limitantes para expresar de manera realmente democrática la voluntad ciudadana³¹.

Este fue el clima político en el que se desenvolvió la crisis del PC. Esta tuvo un doble origen: uno exógeno, relacionado con la crisis del campo socialista, tal como le ocurrió al resto de los partidos comunistas alrededor del planeta. El segundo origen fue endógeno, producto de los cuestionamientos internos a la línea política seguida por el PC durante los años de la dictadura y especialmente en la coyuntura de término de esta. Esta crisis la hemos tratado ampliamente en un trabajo anterior³², y en esta oportunidad volveremos a ella en el siguiente capítulo de este libro. De esta manera, podremos ahondar en otros aspectos para explicar la forma como la dirección y la militancia del PC vivieron esta compleja coyuntura.

Como señalábamos más arriba, en esta crisis se conjugaron cuestiones estrechamente relacionadas con la histórica coyuntura política que Chile vivió entre fines de 1989 y comienzos de 1990, a saber, las primeras elecciones presidenciales en 20 años y el fin de la dictadura del general Pinochet. Desde nuestro punto de vista, para entender las definiciones del PC en esta fase crítica, es necesario contemplar las dimensiones más subjetivas de la política, lo que puede explicar las dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones que experimentaba el país. En efecto, el PC se había jugado por una salida insurreccional de la dictadura. La apuesta había sido que, en base a la movilización popular, se pondría fin al régimen y se dejaría atrás su legado político y económico. Se desmontaría el andamiaje jurídico, se castigaría a los culpables de la violación de los derechos humanos y se recuperarían los derechos laborales para los trabajadores. Esta apuesta de romper con la institucionalidad creada por la dictadura, tuvo expresiones concretas en la vida cotidiana de los militantes y, en algunos casos, les implicó perder su vida, ser detenidos y sometidos a salvajes torturas, quiebres familiares, exilio y la dureza de la vida clandestina. En ese sentido, para muchos, el partido se convirtió en la razón más importante de su existencia.

En el caso de «David», alto dirigente del FPMR durante la dictadura, perdió contacto total con su familia (madre, hermanos, etc.) por casi 9 años: «estuvimos totalmente incomunicados, no sabían si vivía, si estaba muerto…no tenían nada claro respecto a mí». Sobre la familia, el mismo «David» explica que nunca pudo construirla, solo tuvo relaciones de pareja pasajeras. Acerca de los hijos, señala que tuvo «dos hijos que no están conmigo, viven en…‘en algún lugar del mundo’…A la niña por ejemplo, la vi nacer, estuve con ella hasta los cuatro meses… después la vi cuando tenía cuatro años, y, posteriormente la vi cuando tenía 11 años…». «Daniel», por otro lado, describe que vivió 5 o 6 años de clandestinidad absoluta: «Hubo momentos malísimos… uno añoraba tener una persona de confianza con la cual poder conversar algo íntimo… hacer recuerdos. Porque con los compañeros de trabajo tampoco podía hacer ni recuerdos del pasado, ni hablar de tu familia…». Por último, «Manuela», recordaba lo que experimentó cuando un compañero muy cercano fue asesinado por los organismos de seguridad del régimen: «…cuando esa persona se muere, y más aún, se muere siendo consecuente con sus ideas, ¡es muy fuerte el golpe! ¡Es muy terrible! Además…yo no pude ir ni siquiera a su funeral… No pude ni siquiera saludar a su mamá y decirle ‘señora, yo tuve el honor de conocer a su hijo’… esas cosas te quedan adentro, como una rebeldía…»³³.

Así, la modificación drástica de los objetivos políticos de la organización no era una medida sencilla para la dirección del PC. Una muestra la constituía la crisis que estalló en 1987 entre la dirección y el brazo armado del partido, el popular Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese año se quiso limitar su accionar luego del fracaso del atentado contra Pinochet en 1986, cuestión que había generado un nuevo cuadro político, donde la violencia política perdía protagonismo. Sin embargo, las medidas de la dirección sobre su aparato armado produjeron el desgajamiento de parte importante de este organismo. La antigua acusación de «reformismo» contra los dirigentes del PC fue desempolvada por los «rodriguistas». Esta crisis demostró que un sector significativo de la militancia, que se había comprometido con el éxito de la «Rebelión Popular» o que, derechamente, se había hecho comunista al calor de la épica revolucionaria que esta poseía, no estaba dispuesto a abjurar fácilmente de ella³⁴. Parte importante de la legitimidad de la dirección clandestina encabezada por Gladys Marín se basó en ser impulsores de esta línea política. Desde nuestra óptica, este aspecto es el que explica, en buena medida, las continuidades de las posiciones más radicales del PC durante los primeros años de los gobiernos democráticos.

Pero, por otra parte, para la dirección comunista era indiscutible que, con la asunción de Patricio Aylwin a la primera magistratura del país las condiciones políticas habían cambiado. Por lo tanto, la tensión se producía respecto al grado del cambio de la orientación política de la línea del partido. ¿Había que dar un corte radical a la Política de Rebelión, incluyendo sus expresiones armadas?, ¿había que incorporarse al gobierno? Como la coalición (especialmente la Democracia Cristiana) excluía al PC por sus posiciones favorables a la violencia y su adscripción a un marxismo considerado ortodoxo, ¿había que «hacer méritos» para congraciarse con los nuevos gobernantes?, ¿había que renunciar a los credos, tal como lo había hecho el Partido Socialista? En el fondo, la disyuntiva era respaldar o no al gobierno democrático. No hubo dudas en la necesidad de descartar del uso de formas armadas de lucha durante el nuevo período. Por otra parte, excluirse de la coalición de gobierno no era decisión fácil para el PC, pues durante la dictadura había promovido constantemente coaliciones e intentos de acuerdo con el centro político. Además, se sentían partícipes del proceso que había permitido el fin de la dictadura; por lo mismo, ¿por qué marginarse de la coalición que encabezaba dicho proceso? Tradicional articulador de pactos con partidos de centro, resultaba una novedad que el PC quedara fuera de los principales debates de la arena política.

En resumen, la dicotomía entre mantener los principios y la ética partidaria que le habían entregado la mística para resistir los embates represivos de la dictadura y rebelarse con «todas las formas de lucha» en su contra, versus la necesaria adaptación de los contenidos políticos e ideológicos en la nueva etapa democrática, estuvo en el centro de gravedad de la crisis partidaria que estalló en 1990. Como una manera de resolver esta disyuntiva, el PC proclamó una posición de «independencia constructiva» ante el gobierno democrático. Es decir, no era opositor a este; de hecho, se recordaba que los comunistas habían llamado a votar por Aylwin; empero, se reservaba el derecho a ser críticos de una administración que avizoraban insuficientemente decidida a contrarrestar el legado de la dictadura.

De esta manera, en octubre de 1990 se realizó el XIII pleno del Comité Central del PC. A esas alturas, el momento más álgido de la crisis había pasado y la organización intentaba con ahínco recuperar la estabilidad interna para enfrentar la coyuntura política. En el fondo, este pleno fue el inicio de la etapa post-crisis, en donde los ejes de las preocupaciones volverían a ser los acontecimientos políticos y no las cuestiones internas, que habían consumido la vida partidaria desde comienzos de ese año. El diagnóstico que hacía la dirección del PC se alineaba con las definiciones del XV Congreso del año pasado y la Conferencia Nacional de junio de 1990: la opción del gobierno de Aylwin era, cada vez más, aceptar el modelo económico neoliberal, por lo que la «transición democrática» se encaminaba más en la línea del continuismo del legado dictatorial que en el de su modificación. Por lo tanto, la tesis era que la contradicción fundamental del período seguía siendo «dictadura-democracia». Según el PC, un conjunto de evidencias demostraba que las fuerzas armadas (y Pinochet) no estaban sometidas del todo al poder civil. Además, este no podía tomar las medidas prometidas a la ciudadanía, producto del entramado legal heredado de la dictadura. Pero aparte de estos obstáculos, para el Partido Comunista, la «visión cupular» de la política que tenía el gobierno, hacía que este optara por resolver los nudos políticos sin la participación ciudadana y en componendas con la derecha. Por lo tanto, la principal conclusión a la que arribó el Comité Central del PC era que la democracia en Chile todavía era una tarea pendiente³⁵.

Esto, desde la óptica de la dirigencia comunista, se reflejaba en numerosos ejemplos cotidianos. Un caso especialmente sensible lo representaba el proyecto de reformas laborales. En el marco de un Senado con mayoría de derecha, gracias a la presencia de senadores designados, el proyecto gubernamental privilegiaba los acuerdos con la oposición de derecha antes que una propuesta que realmente modificara el Plan Laboral de la dictadura. Para el PC, se observaba «un afán escandaloso de congraciarse con la derecha y los empresarios»³⁶. En materia de derechos humanos, aspecto muy sensible para el PC, se valoraba la creación de la «Comisión de Verdad y Reconciliación» y la liberación de algunos presos políticos, pero se consideraban que eran medidas «absolutamente insuficientes». Entre las deudas que tenía el gobierno en este aspecto, se mencionan la no resolución del caso de los «detenidos-desaparecidos», la existencia de 244 presos políticos, atentados contra la libertad de prensa, ausencia de condenas por violaciones a los derechos humanos y que la Corte Suprema seguía aplicando la ley de amnistía de 1978³⁷.

Aunque se reconocían avances en diversos aspectos, el programa de cambios prometidos al país en diciembre de 1989 estaba siendo sacrificado, por lo que la propuesta del PC era acentuar su política de «independencia constructiva», o sea, aumentar las críticas frente a lo que se consideraba el inmovilismo del gobierno ante Pinochet y la derecha. Para ello, planteaba la tesis de la «ruptura institucional», es decir, promover cambios políticos, económicos e institucionales rompiendo la legalidad establecida en la Constitución de 1980 a través de la movilización popular. El Partido Comunista resumía el significado de la «ruptura institucional» en un programa básico: expulsión de los alcaldes designados por Pinochet (recién serían reemplazados en 1992); libertad a los presos políticos; verdad y justicia en materia de derechos humanos; reformas laborales y restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba³⁸.

Sin embargo, tal como ha sido señalado, Chile estaba en presencia de la inauguración de una «democracia semisoberana». En ese sentido, el diagnóstico de los comunistas era certero en señalar las insuficiencias y falencias de la nueva democracia chilena. La dupla ministerial de Patricio Aylwin compuesta por Enrique Correa y Edgardo Boeninger, principales articuladores de la «transición desde arriba», también lo compartían. Pero la diferencia radicaba en que mientras los primeros proponían romper con los obstáculos puestos a la profundización de la democracia, los segundos asumían que el único camino posible para recuperar la estabilidad democrática, era asegurar altas dosis de continuismo respecto a la dictadura³⁹. En el Chile de 1990, esta última visión se hizo hegemónica y los alegatos comunistas fueron duramente descalificados, acusados de falta de realismo, irresponsabilidad política, incapacidad de comprender los cambios que supuestamente había sufrido el país; en fin, de no entender que la recuperación de la democracia tenía un solo camino: el de los acuerdos y negociación con la derecha y las fuerzas armadas.

Desde este punto de vista, la temprana decisión del PC de alentar las reivindicaciones sociales y políticas hizo que la actividad de los militantes se fuera concentrando en las labores vinculadas a la ampliación y profundización de los derechos sociales y políticos. A pesar de los quiebres marcados por el golpe de Estado de 1973, la represión dictatorial y la derrota de la salida no pactada de la dictadura, se mantuvo un hilo conductor del relato que alentaba la mística militante: los comunistas, como ayer, seguían luchando por defender derechos laborales, la libertad de expresión, la justicia social y la memoria de los caídos. Desde el punto de vista de la subjetividad militante, lo que para el establishment político de principios de 1990 era considerado «irresponsabilidad» o «autismo político», la posición del PC representaba la reafirmación del quehacer histórico de la organización. A diferencia de quienes señalan que esta óptica crítica al gobierno de Aylwin implicaba que los comunistas chilenos sostenían una concepción del cambio social «contradictoria conceptualmente con la democracia pluralista y la universalidad de los derechos humanos», centrada en la obtención de la totalidad del poder, los militantes sentían que, en la práctica, estaban aportando a la democratización del país⁴⁰.

Tal como lo han desarrollado algunas investigaciones sobre el comunismo y partidos políticos, se debe evitar correlacionar de manera mecánica el discurso oficial de la organización con su quehacer concreto. Desde la óptica de Angelo Panebianco, la proclamación de la mantención de ciertos aspectos identitarios fundamentales, como los ideológicos, debe entenderse como una señal de tranquilidad hacia la militancia. Es decir, los dirigentes de los partidos necesitan de legitimidad ante la militancia para encabezar la organización⁴¹. En el caso de los partidos comunistas, donde las cuestiones ideológicas eran fundamentales, este punto se acentúa. Por este motivo, establecer que la posición política y la definición ideológica del PC en 1990 era antidemocrática, guiándose solo por las declaraciones de algún dirigente o lo señalado en algún documento oficial, puede ser visualizada como una falacia desde las prácticas o experiencias militantes de esa época. No se terminan de entender los debates, las opciones y las definiciones de un partido solo incorporando el discurso público de sus dirigentes y aislándolo del campo cultural de su época y las experiencias prácticas de sus militantes. Por último, la caricaturización de la temprana posición crítica del PC (y otras fuerzas menores de izquierda) frente a los gobiernos de la Concertación, tienen un fuerte componente político. En efecto, durante años, los intelectuales orgánicos de esta coalición política plantearon que el camino elegido era «el único posible» y que cualquier otra opción, era irracional, antidemocrática y carente de realismo⁴².

El otro eje de la crisis comunista fue la cuestión ideológica. En la historiografía sobre el comunismo este es uno de los aspectos más debatidos, debido a la importancia que los PCs asignaban a esta esfera. En esta línea, el trabajo del historiador galo François Furet ha sido muy influyente. Este describió el conjunto de la experiencia comunista en el siglo XX desde una aproximación psicológica, catalogándolo como una ilusión, basada en la creencia en la utopía comunista. Para Furet, el comunismo fue una religión secular que creía ser capaz de regenerar el mundo⁴³. Este enfoque ha recibido múltiples críticas que han aportado de manera significativa a repensar la historia sobre el comunismo. En primer lugar, al centrarse en una historia de las ideas, engloba a toda la experiencia como un caso único e indivisible. No contempla las recepciones locales o nacionales y las distintas razones para adscribir a esta ilusión. Como señala Eric Hobsbawm, al plantear Furet que la adscripción al comunismo era independiente de la experiencia social, descartó la importancia fundamental de los contextos históricos para entender la amplia diversidad de historias nacionales del comunismo⁴⁴. En esta línea, se ha propuesto un programa de investigación del comunismo centrado en comprenderlo como un fenómeno diverso y múltiple, convirtiéndolo en un fenómeno mucho más complejo que una mera «religión secular» seguida por prosélitos acríticos⁴⁵. Y recientemente, una investigación sobre el PC francés ha vuelto a enfatizar que, si bien la «ilusión» y la creencia formó parte fundamental del imaginario comunista, esto no debe llevar a confundirlas con las prácticas militantes, muchas veces contradictorias a estas⁴⁶.

Este debate historiográfico es importante tenerlo en cuenta para analizar la discusión ideológica dentro del PC durante 1990. Más arriba hacíamos alusión al adverso contexto histórico –nacional e internacional– que padecía la organización. Esto fue aprovechado por sectores liberales y conservadores para configurar un escenario propicio para caricaturizar las posiciones de los dirigentes comunistas. Así, cualquier asomo de defensa de las ideas marxistas o el uso de algunos vocablos (revolución, socialismo, lucha de clases, etc.), era catalogado de ortodoxia e incapacidad de comprender lo que estaba sucediendo en el mundo. Los ejemplos en la prensa de la época son abundantes, pero elegiremos uno publicado en La Época, órgano afín al nuevo gobierno democrático y ajeno a la histeria anticomunista de los medios derechistas. En él se definía al Partido Comunista chileno como «anacrónico en lo ideológico, lo político y lo orgánico», que «no ha entendido nada de los cambios que han quebrado el mundo socialista» y que se aferraba «a sus referentes teóricos con un dogmatismo increíble». Desde el punto de vista de su organización interna, era «temeroso de la opinión pública» y no aceptaba las disidencias. Además, que sus credenciales de compromiso con el sistema democrático estaban en duda por su posición ambigua ante la violencia política⁴⁷. Estos conceptos resumían los tópicos que arreciaron contra la dirección del PC durante este período: dogmáticos, antidemocráticos y violentistas.

En este marco, el PC intentó abrirle camino a lo que denominaron como su proceso de «renovación revolucionaria», con el afán de distinguirlo de aquel que significaba el abandono del marxismo y el cambio social⁴⁸. En todo caso, producto de lo vertiginoso de los sucesos que estaban ocurriendo en Europa y la progresiva escalada de la crisis interna del partido, es necesario señalar que las definiciones ideológicas de la dirección del PC tuvieron más el carácter de una búsqueda que la de una definición acabada. Destacaremos las declaraciones y documentos oficiales, que deben ser entendidos como orientadores para una militancia que veía desmoronarse tanto su universo político (la idea comunista) como a la propia organización.

Entre los militantes que finalmente optaron por seguir integrando la organización, hubo un temprano consenso sobre lo que significaba la «renovación»: buscar nuevas definiciones ideológicas y estrategias políticas para sustituir al capitalismo. En efecto, el límite de los cambios entre el sector mayoritario de la dirección del PC se basó en mantener este horizonte utópico⁴⁹. De esta manera, a lo largo de 1990, el PC fue elaborando los principales contenidos de su particular visión de los cambios que permitirían la continuidad de la lucha de los comunistas en Chile. Volodia Teitelboim, secretario general de la organización, fue uno de los principales articuladores de esta fórmula. En una ponencia realizada a comienzos de año en una «escuela» del partido, sintetizó sus principales contenidos: la «nacionalización» del acervo político y cultural del PC; la opción por un socialismo democrático y un concepto de democracia «a secas» y el anticapitalismo⁵⁰.

Respecto a lo primero, la Conferencia Nacional de 1990 decidió dar pie a un proceso que culminaría en 1994: reescribir la historia partidaria. En efecto, la dirección comunista promovió el cambio de fecha de fundación de la organización del 2 de enero de 1922, al 4 de junio de 1912. En esta última fecha, Luis Emilio Recabarren había fundado en la ciudad de Iquique el Partido Obrero Socialista. Este, diez años más tarde, modificó su nombre para ser aceptado en la Internacional Comunista. Con este gesto, los comunistas buscaban ratificar su origen íntegramente nacional, independiente del estallido de la Revolución Rusa, ocurrida recién en 1917⁵¹. Respecto al socialismo democrático y la democracia, Teitelboim exponía que esto significaba que sus planteamientos se concretarían «a través de un veredicto mayoritario». Además, señalaba el líder del PC, «yo no llamaría a la democracia a la cual aspiramos ‘democracia socialista’, porque creo que ya basta de apellidos. Por eso prefiero la redundancia ‘democracia democrática’ o ‘democracia’ a secas»⁵². Por último, la perspectiva o punto de llegada del accionar comunista debía ser la sustitución del capitalismo, ante el cual la dirigencia comunista se negaba a hacer concesiones, a pesar del colapso del socialismo.

Además, dos aspectos cruciales del antiguo credo comunista entraban al debate: el concepto de «dictadura del proletariado» y el de «centralismo democrático». Respecto al primero, en enero de 1990, en sendos discursos públicos, los dos principales dirigentes de la organización, Volodia Teitelboim y Gladys Marín, habían señalado la conveniencia de abandonarlo⁵³. Según algunas visiones, esta definición sería tan solo «retórica», pues no iba acompañada de una concepción democrática de acceso al poder y de cambio social⁵⁴. Por el contrario, se afirma que la visión de la dirigencia comunista estaba, supuestamente, asociada a formulaciones «leninistas» de «asalto al poder», es decir, estrategias ajenas a las normas y reglas de la democracia. Sin embargo, este planteamiento no da cuenta de algunos aspectos: primero, que dicha categoría no volvió a ser empleada en el lenguaje político de los comunistas chilenos, y segundo, que otras reflexiones de ese período enfatizaban el compromiso del PC con el sistema democrático. Por ejemplo, José Cademártori, uno de los principales intelectuales orgánicos de la dirección del PC y ex ministro de Economía de Salvador Allende, adelantaba algunos de los conceptos del nuevo «Proyecto de Programa» del partido. La invitación era buscar «un nuevo camino al socialismo» en base a un guion preliminar que contenía tres títulos: los comunistas y los valores que defienden; el Chile socialista del mañana y democratización de Chile y camino al socialismo. Resaltaban, entre los titulares de cada tema, el compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unidad Popular como vía al socialismo, conformación de una nueva mayoría nacional popular hacia la democracia, entre otras⁵⁵. Ciertamente, a nivel de la militancia de base, que había luchado a favor de Salvador Allende y contra la dictadura militar, estos eran los conceptos que daban sentido a su quehacer. Por ello, si se aceptara que estas declaraciones tenían un carácter «meramente instrumental», al mismo tiempo habría que decir que su recepción en la militancia comunista se tradujo en un quehacer práctico asociado a la democratización y reorganización de los movimientos sociales. Durante toda la década de 1990, la militancia comunista no propugnó la imposición en las organizaciones sociales de consignas tales como «dictadura del proletariado» o «destrucción del Estado burgués», «asalto al poder», «derrocamiento de la burguesía» u otras típicamente de origen leninista.

El otro aspecto polémico era la organización interna del partido, basada en la concepción del centralismo democrático. Como se sabe, esta fórmula implicaba la elección indirecta de los dirigentes nacionales y el acatamiento riguroso de las posiciones de la mayoría por parte de la minoría, evitando la conformación de corrientes de opinión organizadas al interior del partido. En la práctica, se convierte en una poderosa herramienta que asegura por largo tiempo el control del partido «desde arriba»⁵⁶. Este aspecto, como era de esperar, fue defendido celosamente por la dirección comunista y fue uno de los más criticados por la disidencia. Esta proponía una democratización interna radical de la organización, con elecciones universales de los dirigentes y posibilidad de destituirlos por decisión de las bases⁵⁷.

En todo caso, la dirección del PC se esforzó por separar aguas entre la defensa del «centralismo democrático» y la crítica al estalinismo. En ese momento, esta denominación fue utilizada sistemáticamente para definir la conducta de la dirección ante la disidencia. En esos años, se convirtió en el peor de los insultos, porque se empleó como sinónimo de antidemocrático. En una etapa histórica en que Chile retornaba a la democracia y se comenzaba a dejar atrás años de prácticas autoritarias, se convirtió en una potente herramienta descalificatoria. Como veremos, fue la principal acusación que la disidencia lanzó contra la dirección del partido. En todo caso, desde mediados de 1980, cuando Mijaíl Gorbachov asumió como jefe de Estado en la Unión Soviética, el PC chileno se declaró un entusiasta seguidor de los nuevos aires que la perestroika estaba llevando a dicho país. Según reconocía Volodia Teitelboim, el estalinismo «influyó en diversos aspectos de nuestra actuación, en hábitos, códigos de conducta, métodos de análisis, en el lenguaje», pero «no afectó decisivamente nuestra práctica dentro de Chile… nutrida por un vínculo muy vivo y directo con los trabajadores y el pueblo»⁵⁸. Por eso, una de las principales consignas repetidas por los integrantes de la dirección del PC, era la necesidad de abandonar los modelos y «pensar con cabeza propia». La principal defensa al respecto, era que el PC chileno, durante su extensa trayectoria, se había guiado por su propia experiencia, dejando de lado (en la práctica) buena parte de los dogmas del modelo soviético. Jorge Insunza, destacado integrante de la dirección comunista, recalcaba en 1990 que, en Chile, los comunistas habían renunciado a la idea de construir el socialismo en base a un partido único y siempre reconocieron la importancia del pluripartidismo y el respeto a la oposición (como lo habían hecho el PC francés y el italiano). Más tarde, los comunistas chilenos colaboraron decisivamente en la construcción del proyecto de la Unidad Popular, en donde no se planteó la estatización de toda la economía. El pecado ideológico de los comunistas, según Insunza, fue que «nos negábamos inconscientemente a reflexionar de una manera crítica sobre determinadas formulaciones elevadas a la calidad de principios absolutos… por ejemplo, nos resistíamos a cuestionarnos sobre el problema de la ‘dictadura del proletariado’… buscábamos hacer coincidir esa concepción y, más que ella, su concreción en los países socialistas, con nuestras convicciones íntimas en cuanto a la democracia como condición indispensable de desarrollo de una sociedad nueva….»⁵⁹. Por este motivo, Insunza coincidía con lo señalado por Gladys Marín en un histórico discurso a comienzos de 1990, que marcó, en los hechos, el fin de dieciséis años y medio de clandestinidad del PC. En este, la líder comunista había afirmado que: «…la gran lección [que hemos tenido] ante la crisis en el socialismo… [es] pensar por nosotros mismos… Es un modelo del socialismo el que ha hecho crisis, no es crisis del marxismo o del leninismo»⁶⁰.

Por último, una cuestión que quedó abierta en el debate del año 1990, fue el empleo del concepto «marxismo-leninismo». Ampliamente utilizado entre los militantes de base, la mayoría formados con los manuales provenientes de la Unión Soviética, no era una tarea fácil desprenderse de esta categoría. Un punto concedido por la dirección del PC a la disidencia fue reconocer que había sido acuñado por Stalin, por lo tanto, seguir utilizándolo significaría no desprenderse del legado del dictador georgiano. Como hemos visto, el llamado a «pensar con cabeza propia» requería entregar algunas señales concretas al respecto. De esta manera, en las resoluciones de la Conferencia Nacional de junio, evento interno de mayor importancia del año, se ideó una solución intermedia. Se eliminó de la jerga oficial la palabra «marxismo-leninismo», sustituyéndola por la fórmula de que el partido se regía por los aportes de Marx, Engels y Lenin, sumándole «otros pensadores» de raigambre latinoamericana y chilena: Simón Bolívar, José Carlos Mariátegui, Bernardo O’Higgins, José Martí, Luis Emilio Recabarren, César Augusto Sandino y Salvador Allende⁶¹. De esta forma, se zanjó provisionalmente el tema, no obstante a nivel de base, la militancia seguiría utilizando la nomenclatura «marxismo-leninismo». En realidad, la dirección del PC se mostró pragmática: por un lado, extirpó esta noción de los documentos oficiales, pero tampoco se condenó su utilización de manera expresa. Esa ambigüedad dejaba tranquila a la militancia más tradicional, pero su desaparición del lenguaje oficial ratificaba la versión sobre el alejamiento del PC chileno de las nociones de raíz estalinista. Con todo, el vuelco a lo nacional y latinoamericano en la que se traducía la noción de «pensar con cabeza propia», fue una vertiente muy importante para tonificar el imaginario político de los comunistas chilenos. Así, se iniciaba el lento tránsito del PC desde su acentuado pro-sovietismo hacia un renovado latinoamericanismo⁶².

En este contexto, y como ya decíamos, los acontecimientos internacionales tuvieron gran impacto en el quehacer de los comunistas chilenos. Como lo ratifican numerosos documentos y declaraciones, el PC chileno respaldó desde un comienzo la perestroika en la Unión Soviética. La argumentación seguía de cerca los planteamientos oficiales de Gorbachov, en el sentido de reivindicar la necesidad de avanzar hacia una democracia socialista, porque a pesar de las denuncias contra el estalinismo en el XX Congreso del PCUS, se habrían continuado cometiendo «errores», especialmente hechos de corrupción por la falta de transparencia y control efectivamente democrático de las autoridades. Sin embargo, se decía, esto no implicaba desconocer las bondades y logros del modelo socialista. La superioridad sobre el capitalismo estaba fuera de discusión, por lo que eran necesarias «restructuraciones», «volver a los clásicos» y extirpar verdaderamente el lastre del estalinismo⁶³.

En este sentido, en el imaginario comunista chileno, la Unión Soviética y el campo socialista, a pesar de las evidencias de la profundidad de la crisis que padecían, seguían siendo un referente que permitía sostener la superioridad del ideario marxista sobre el capitalismo. Con todo, los reportajes sobre lo que ocurría en la URSS publicados en la prensa partidaria, reconocían lo agudo de los problemas y la crisis de la sociedad soviética⁶⁴. Es decir, no hubo un negacionismo absoluto de lo que pasaba en la URSS o solo apelaciones a culpar al «imperialismo» de distorsionar lo que allí estaba ocurriendo. Existió un intento real de reflexión. Probablemente el reconocimiento implícito del fracaso de la experiencia europea del socialismo hizo que los comunistas chilenos se volcaran a recoger la experiencia de América Latina. Al respecto, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones históricas. Luego del golpe de Estado, el gobierno cubano sostuvo muy buenas relaciones con los comunistas chilenos. Esto se expresó, entre otras cosas, en el ingreso de militantes comunistas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba para que se formaran como oficiales de ejército. Posteriormente, parte de este contingente de militantes participó en la guerra revolucionaria en Nicaragua, luego colaboró en la formación del Ejército Sandinista y en la persecución a la «Contra» en dicho país. Asimismo, otros militantes comunistas participaron en la guerra de guerrillas encabezada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. En este país, los comunistas chilenos tenían muy buenas relaciones con el PC y su líder, Schafik Handal, que formaba parte del FMLN⁶⁵. Por lo tanto, la cercanía con estas experiencias hizo que la transición de un imaginario pro-soviético, propio de las generaciones anteriores al golpe de 1973, hacia uno latinoamericanista, comenzara a surgir a fines de los setenta y especialmente a lo largo de la década de 1980. Por ello no deben extrañar las referencias a la guerra en El Salvador y la apropiación de la consigna que señalaba que «la lucha del pueblo salvadoreño es parte de nuestra lucha». Algo similar ocurría con el caso de Nicaragua⁶⁶.

Si el respaldo a Nicaragua y El Salvador pasó a ocupar un espacio en el imaginario comunista, definitivamente Cuba fue la principal referencia que vendría a reemplazar paulatinamente el tradicional internacionalismo de raigambre soviética en el PC chileno. Durante 1990, sus órganos de prensa publicaban in extenso los discursos de Fidel Castro sobre los acontecimientos en el campo socialista. Poco a poco, en la medida que la perestroika parecía destinada al colapso, el PC fue adoptando los puntos de vista de la dirigencia de la Revolución Cubana. En sus discursos, Castro enfatizaba que Cuba seguía un camino propio, distinto al de la perestroika, inspirado por la realidad cubana. Este proceso, conocido como de «rectificación de errores», cerraba toda posibilidad a ideas tales como el pluripartidismo o relativizar el carácter socialista del proceso cubano. Por el contrario, decían los cubanos, independientemente de la crisis de los países «ex socialistas» (como los llamaba Castro), el capitalismo se mostraba incapaz de terminar con la explotación, la pobreza y de construir una sociedad justa. Esto, continuaba señalando el líder cubano, dejaba en claro la vigencia del socialismo en Cuba y el resto del mundo pobre⁶⁷. En 1990, con ocasión de un nuevo aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Gladys Marín encabezó la delegación del PC a la isla. En medio del contexto internacional hostil, las palabras de Fidel Castro parecían calzar al dedillo con la profunda crisis que vivía el comunismo chileno. Frente al descalabro del socialismo, Castro señalaba: «¿Cuál debe ser la actitud de nuestro partido, de los militantes revolucionarios, de los comunistas, de los patriotas, de los millones de mujeres y hombres de honor? LA DE LUCHAR, LUCHAR, LUCHAR, LA DE RESISTIR, RESISTIR!...»⁶⁸. La percepción de amenaza y la apelación a la épica y al orgullo partidario en tiempos de crisis, ciertamente conectaron al proceso cubano con la realidad del PC chileno.

Con todo, es importante recalcar que las transformaciones ideológicas y del imaginario político de la militancia comunista fue un proceso lento. Como ha sido señalado por diversos autores, los cambios en estas esferas son, a lo menos, de «mediana duración» y probablemente imperceptibles desde el punto de vista de los análisis coyunturales. No son automáticos los ajustes realizados por los partidos políticos que buscan adaptarse a los factores que presionan por cambiarlos. El ejemplo del PC chileno durante 1990 es un caso extremo de esta premisa. Por este motivo, sostenemos que el Partido Comunista efectivamente estaba viviendo un proceso de profundos cambios en aspectos cruciales de su imaginario. Cuestiones identitarias tan significativas como las ideológicas y los referentes internacionales, siempre fundamentales en el armazón de todo partido comunista, en 1990 comenzaron a experimentar transformaciones. Sin embargo, los factores endógenos y exógenos que los provocaron fueron de tal magnitud, que el objetivo de preservar la organización ante la avalancha de aceleradas transformaciones dejó a los partidarios de la continuidad de la existencia del PC como una expresión radical de arcaísmo político.