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ERICK PAJARES G.

Las revoluciones científicas más importantes, todas, incluyen, como única característica en común, el destronamiento de la arrogancia humana —de un pedestal tras otro— basada en las convicciones previas sobre nuestro lugar en el centro del Cosmos.

STEPHEN JAY GOULD

El presente ensayo se propone como un aporte para la comprehensión de las formas como se estructuran las políticas internacionales sobre biodiversidad y el papel que cumplen los regímenes de protección de propiedad intelectual asociados al patrimonio biogenético en los procesos de reconfiguración y recentralización de los poderes político y económico, a escala global.

La propiedad intelectual relacionada con la manipulación sofisticada de la biodiversidad involucra importantes cuestiones científicas y aspectos financieros de alcance transnacional, a la vez que incluye la utilización —con fines comerciales— de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, lindando muchas veces con la biopiratería, que exacerba inevitablemente el empobrecimiento biológico, cultural y económico de los países y grupos sociales poseedores de tal patrimonio biocultural, lo que a la larga deriva en conflictos diversos, por las formas en que se produce el acceso a esos saberes.

Pero a la par que ponderamos los derechos de propiedad intelectual, desde el acceso, resulta fundamental dimensionarlos también desde el enfoque de las «geopolíticas del conocimiento». Precisamente, en su obra Historias locales/diseños globales: ensayos sobre los legados coloniales, los conocimientos subalternos y el pensamiento de frontera, Walter Mignolo (2002) aborda la noción de las geopolíticas del saber en tanto eje crucial para alcanzar una comprensión crítica en la formación y transformación del sistema-mundo moderno/ colonial en regiones periféricas como América Latina. De esta forma se devela la relación entre historias locales y construcción de conocimientos, al tiempo que se expone otra epistemología para el estudio desde/sobre América Latina y sus dinámicas de inserción actual en la sociedad globalizada.

Uno de los objetivos de las geopolíticas del conocimiento es evitar que el pensamiento se genere formalmente en otras visiones, que se aproxime a otros orígenes, que intuya cosmovisiones abstrusas, que atisbe en mundos-otros. Así, un aspecto sustancial para la comprensión de los monopolios de la mente es que —bajo este paradigma— el conocimiento funciona como la economía, y es funcional a ella, aun cuando se persevere en la idea de que en el mundo global no existe ya ni centro ni periferia.

Las economías latinoamericanas, con excepción de México y Brasil, no influyen centralmente en el mercado mundial, por lo que sus fluctuaciones no tienen mayor repercusión en otras regiones del planeta. Con el conocimiento ocurre algo similar, con la diferencia de que, para la región de América Latina, en la producción de saberes existen mayores posibilidades de producir cambios que no necesariamente se presentan en la dimensión económica.

En este punto, debemos subrayar que, a partir de la década de 1980, diversos sectores —pueblos indígenas, académicos, políticos y conglomerados empresariales transnacionales— han mostrado un interés creciente por los conocimientos tradicionales¹ como aspecto sustancial en el mantenimiento de la biodiversidad, en diversas regiones del mundo. Aunque las motivaciones de los actores concernidos varían, todos coinciden en destacar la aplicabilidad y las potencialidades —para el uso comercial y no comercial— de estos sistemas de saberes cuando se asocian con los recursos biogenéticos.

Sin embargo, al igual que en otras cuestiones relacionadas con la sustentabilidad (ecológica, ambiental y social), en las que se involucra la economía, la relación entre recursos biogenéticos y los derechos de los pueblos indígenas no es una cuestión«neutra», por lo que un análisis descriptivo o político aséptico significaría una mirada ciertamente sesgada, por incompleta. Es este un asunto que diversos sujetos construyen, perciben y enfrentan en un contexto socioeconómico y político definido por la historia y la especificidad, mientras que no resulta menos cierto afirmar que los actores involucrados (pueblos indígenas, Estado, academia, trasnacionales y organizaciones de la sociedad civil) no conforman «bloques monolíticos» u homogéneos. Muy por el contrario, exponen distintas visiones, intereses y posiciones en torno al qué, por qué, y cómo internalizar y gestionar un tema altamente sensible.

En este escenario, entonces, emerge la bioprospección moderna —es decir, la investigación sobre los recursos biogenéticos, bioquímicos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas con potencial valor comercial— como una actividad impulsada por empresas especializadas en la utilización de tales recursos, a partir de aplicaciones biotecnológicas. A pesar de las utilidades que se obtienen y los problemas sociales que surgen como consecuencia de las asimetrías en el acceso, uso y control de la biodiversidad en América Latina, es notoria la deficiencia, o más precisamente la carencia, de políticas públicas sobre estos aspectos relevantes para la sustentabilidad de los países de la región.

Mientras tanto, es pertinente enfatizar que la biopiratería —o la apropiación y monopolización, por parte de individuos y organizaciones, de conocimiento y recursos genéticos de indígenas y agricultores²— no es algo nuevo, se remonta incluso a la Colonia (Crosby, 1988). En efecto, lo que ha cambiado son el contexto y los mecanismos regulatorios mediante los cuales se concretan tales formas de apropiación, entre los que destacan, como no, los tratados de libre comercio³.

Al respecto, un caso ilustrativo es el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que fue debilitada como mecanismo de concertación subregional a partir de las negociaciones de los acuerdos de promoción comercial que llevaron adelante unilateralmente el Perú y Colombia, con los Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE), propiciando de esta forma la crisis de los procesos de integración regional, y la profundización del modelo extractivo y privatizador de bienes públicos: recursos minero-energéticos, bosques, agua, biodiversidad, entre los más importantes. Tales dinámicas han agudizado la exclusión social, particularmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales de los Andes y la Amazonía de Sudamérica (ver Pajares, 2009).

La propiedad intelectual nos permite, pues, observar nítidamente las tensiones entre el corporativismo transnacional y los pueblos indígenas. Y es que las concepciones dominantes sobre derechos intelectuales vinculan estrechamente, por un lado, la creencia en la superioridad del episteme tecno-científico occidental sobre toda otra forma de conocimiento, y por el otro, las nociones liberales del individualismo y de la propiedad privada. Partiendo del supuesto de que la condición universal para la maximización de la innovación y creatividad humana es la existencia de la rentabilidad económica, se propone un régimen jurídico orientado a regular la protección, como propiedad privada, del producto resultante de dicha creatividad.

¿De qué forma los derechos de propiedad intelectual constituyen monopolios de la mente bajo las consideraciones de la geopolítica del saber?, ¿cuáles son las relaciones entre la economía del conocimiento y las geopolíticas del saber?, ¿cómo el sistema global de propiedad intelectual es funcional a un sistema global de biopiratería?, ¿cómo los sistemas de conocimiento tradicional asociados a los recursos biológicos son erosionados por la biopiratería?, ¿cuál es el impacto de la biopiratería en las economías nacionales de países que dependen sustancialmente de su patrimonio biogenético?

Para América Latina, tales interrogantes son críticas frente a la necesidad de revertir las tendencias de los impactos del cambio global en sus territorios (causado por la translimitación de los ecosistemas, a partir del consumo irracional de materia y energía), considerando que en países megadiversos, como México, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, estos aspectos no han sido adecuadamente integrados ni priorizados en el análisis de los estudios socioculturales, de las humanidades, de las ciencias políticas, ni se encuentran suficientemente articulados con los debates y consensos que se requieren para transitar hacia la construcción de políticas públicas para alcanzar la sustentabilidad y una gobernabilidad de signo positivo.

1. Apuntes para un marco conceptual sobre geopolítica de la biodiversidad

1.1. Geopolítica de la biodiversidad y biopolítica

En su ensayo El siglo de la biotecnología: el comercio genético y el nacimiento de un mundo feliz, Jeremy Rifkin postula que la humanidad no ha alcanzado aún plena conciencia de estar experimentando los inicios de una nueva era en su historia, signada por el surgimiento y desarrollo de la algenia. En esta etapa del proceso civilizatorio, la ingeniería genética habría empezado a transformar la relación del ser humano con la naturaleza, al tiempo que provocaría las más profundas modificaciones jamás conocidas en lo que se refiere a la forma de pensar el mundo y de estar en el mundo (1999, pp. 46-47). En el citado texto, Rifkin contrasta la algenia y la alquimia, exponiendo las mutaciones profundas a partir de una revolución tecnocientífica, pero también filosófica y cultural. A decir del autor, lo que está en debate es la reinvención de la propia definición de la vida y aquello que consideramos esencial (o no) en la autorrepresentación de lo humano⁴.

Aun cuando hay quienes consideran excesivo denominar esta época como el siglo de la biotecnología, lo cierto es que estamos hablando de mucho más que un nuevo sector tecnológico o industrial, pues la biopolítica⁵ resulta siendo tributaria, en lo esencial, de estrategias de poder que pretenden un control exhaustivo sobre la vida y que se vienen desplegando desde los inicios de la sociedad moderna (Sorrentino, 2008, pp. 90 y ss.). Al respecto, Francis Fukuyama refiere que la biotecnología representa una amenaza para la integridad de la propia naturaleza humana, y a menos que sea rigurosamente regulada, podría expandir un nuevo tipo de tiranía, a través del mejoramiento genético como medio para monopolizar los recursos y el poder político (Fukuyama, 2002).

La biopolítica explica, entonces, por qué la biodiversidad se convierte en un factor estratégico —en el ámbito geopolítico y geoeconómico— que redimensiona las agendas de poder en el escenario mundial. En efecto, como antesala de las tecnologías del siglo XXI— en especial, de la biotecnología—, la biodiversidad adquiere relevancia geoestratégica en tanto constituye un factor nuevo para la generación de valor (riqueza), en disputa con los países desarrollados y sus corporaciones biotecnológicas, por lo que las zonas que concentran los recursos biogenéticos del planeta, conocidas como regiones de megadiversidad, biorregiones o hot spots, son consideradas como las más importantes para el desarrollo deproyectos de bioprospección.

Así pues, el problema de la biopiratería y su impacto en la gestión de la biodiversidad, en los estilos tradicionales de vida de los pueblos indígenas y en sus conocimientos, innovaciones, prácticas y tecnologías ancestrales, guarda relación directa con el creciente desarrollo de la biotecnología⁶, que posibilita que las corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas utilicen y se beneficien del patrimonio biocultural⁷ de dichos pueblos y del conocimiento colectivo indígena o «saberes relacionales tradicionales asociados a la biodiversidad» (Pajares, 2004), incluyendo la agrobiodiversidad⁸, sin una retribución equitativa por haber contribuido —inter- y transgeneracionalmente— al mantenimiento de la diversidad biogenética del planeta.

Los saberes tradicionales, en tanto sistema, se crean y re-crean permanentemente, por lo que el término tradicional no debe asumirse como«fuera de uso» (outdated), mientras que el término innovación tradicional no resulta, tampoco, una contradicción. En efecto, lo que se caracteriza como tradicional respecto de los saberes indígenas no es su antigüedad en sí, sino la forma en que se va construyendo, el modo en que se adquiere y cómo se utiliza; es decir, el proceso social de aprendizaje y distribución del conocimiento, el cual es inherente a cada cultura indígena, y que se sustenta en su tradicionalidad. Mucho de este conocimiento es realmente nuevo, en tanto contiene un significado social y un carácter legal completamente distintos, frente a la ciencia objetiva de las sociedades industrializadas y colonizadoras de la naturaleza (Graham, 2000).

En ese sentido, a partir del desarrollo de la biotecnología, los países industrializados han desplegado una estrategia para acceder a los recursos biogenéticos del Sur global, sin considerar los derechos (registrados o no, reconocidos o no) de los pueblos indígenas, a la vez que se resisten a aceptar una negociación que implique la distribución equitativa de las utilidades provenientes de la utilización de los recursos biogenéticos. En la mayoría de los casos, solo las corporaciones transnacionales biotecnológicas perciben las regalías cuando generan nuevas variedades de plantas (derechos de obtentores) o logran patentes por productos farmacéuticos con base en la biodiversidad, mientras que las comunidades tradicionales no reciben ninguna compensación por el aporte de sus conocimientos.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) establece que los beneficios derivados del uso de la diversidad biológica, genética y de la diversidad cultural asociada (conocimientos tradicionales)⁹ deben compartirse equitativamente. Este acuerdo multilateral no ha sido ratificado por Estados Unidos —uno de los países que lidera la industria biotecnológica—, que, como es sabido, sostiene una política para su mercado interno y otra para el mercado externo, lo que limita la posibilidad de que se puedan conciliar intereses al respecto.

Actualmente, la aplicación de las leyes biológicas de la herencia, conjuntamente con el develamiento de la vigencia de los sistemas de conocimiento ancestral, están redefiniendo en forma progresiva el dogma de la evolución de la sociedad contemporánea, a la vez que introducen nuevos paradigmas sociales, económicos, jurídicos, culturales, éticos y ecológicos en la orientación/transición del pensamiento y práctica universal del presente siglo.

Mientras tanto, la visión de la vida compartimentada parece eternizarse:

… la biología reduccionista se caracteriza cada vez más por un reduccionismo de segundo orden —el genético— que restringe el comportamiento de los organismos biológicos, incluyendo los seres humanos, a genes. Pero el reduccionismo biológico supone además un reduccionismo cultural, en la medida [en] que devalúa otras formas de saber y otras éticas de la vida; tal es el caso de la agricultura y medicina no occidentales, incluyendo todas las disciplinas de la biología occidental que no se prestan al reduccionismo genético y molecular, pero que son necesarias para relacionarse de manera sostenible con el mundo vivo (Shiva, 2001, pp. 47-48).

Se pretende, así, validar —como en otras etapas de la historia mundial— el proceso dialéctico de colonización del Norte «rico» respecto del Sur «pobre». Una vez más, la periferia poseedora de materias primas termina sosteniendo el desarrollo industrial-económico de los Estados centrales.

1.2. Geopolítica y geoeconomía en el siglo XXI

La valorización del espacio —considerando la existencia de los «bancos de genes»— implica la emergencia de un paradigma geoeconómico que rentabiliza las biorregiones del planeta en forma heterogénea. En las regiones terrestres, la biodiversidad se acumula en las zonas boscosas, principalmente en los bosques y selvas húmedo-tropicales, en las regiones de transición (biomas terrestres, marinos y manglares), en las praderas marinas y en los bancos o arrecifes de coral¹⁰.

En consecuencia, la biodiversidad de la Tierra se concentra en América Latina, el centro de África, el Sudeste Asiático, Oceanía y el segmento de islas que forman Filipinas, Micronesia y Polinesia. Este verdadero cinturón emplazado alrededor del planeta concentra cerca del 80% de la biodiversidad, sobresaliendo América Latina como el epicentro de la biodiversidad mundial.

La Amazonía es considerada la zona de mayor biodiversidad; sobre todo, sus selvas y bosques inundados. En el otro extremo del planeta, el sur de Asia (Indo-Pacífico), que abarca Nepal, Bangladesh, Myanmar (Birmania), Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Malasia, Sumatra, Borneo, Java y las más de siete mil islas que componen la faja de Coral y Célebes, constituye no solo la segunda reserva terrestre —caracterizada por su alto grado de endemismos y su diversidad de especies—, sino, además, la primera reserva de biodiversidad marina del mundo.

En medio de este escenario, la prospección de la biodiversidad o bioprospección —que consiste en analizar los recursos genéticos en busca de compuestos activos para uso farmacológico, alimenticio, industrial o de defensa— se intensifica en las referidas biorregiones, buscando, sobre todo, plantas medicinales y sustancias naturales con actividad biológica, por cuanto el diseño artificial de fármacos mediante la bioquímica y las computadoras ha resultado más complejo de lo previsto.

Las nuevas herramientas biotecnológicas, diseñadas en los laboratorios y las universidades de los países que controlan la tecnología, han permitido a las empresas monitorear plantas, animales y microorganismos a una velocidad sin precedentes, para obtener de ellos información genética útil. Los genes potencialmente comerciales,en la actualidad pueden ser transferidos de un organismo a otro, igual o diferente, y hasta de diferente reino, a través de la ingeniería genética, que ha logrado resignificar la biodiversidad como un poderoso recurso económico¹¹, empresarial y político, además de genético.

Al respecto, un dato revelador en relación con la farmacología es que más del 60% de la población mundial depende en forma directa de las plantas para la elaboración de sus medicamentos. Los chinos, por ejemplo, utilizan con fines medicinales más de 5,000 de las 30,000 especies de plantas que, según se calcula, existen en su país.

Además, la mayoría de los medicamentos occidentales deben su existencia a la investigación de los productos naturales, pero menos del 10% de las 250,000 especies floríferas que —se calcula— existen en el mundo han sido científicamente examinadas para detectar en ellas posibles propiedades medicinales. De manera paradójica, se estima que, hacia el año 2050, una de cada cuatro de las plantas más evolucionadas se habrá extinguido antes de haberse explorado en forma adecuada sus potencialidades.

Los complejos moleculares biodiversos que produce la naturaleza no pueden replicarse a partir de invenciones científicas, pero cuando se descubre su principio activo natural pueden efectuarse modificaciones sintéticas para alterarlos. La bioprospección, con ayuda de la cibernética, permite ahora investigar estructuras de potencial interés para la elaboración de fármacos. La instrumentación de la biodiversidad para su uso en biotecnología permite alterar los sistemas alimentarios, la medicina, la industria, las armas, además del sistema jurídico internacional y el propio equilibrio ecológico.

Todo esto convierte a la biodiversidad en una ventaja comparativa para los países que la poseen, aunque solo en la medida en que estos la sepan valorar, mantener y aprovechar mediante políticas y estrategias que garanticen un adecuado planeamiento para su utilización sostenible.

Mientras que la economía clásica y neoclásica clasificó a los países en productores y consumidores, la economía del conocimiento¹² los divide en países productores, consumidores y de reserva (de biodiversidad y otros recursos estratégicos, como petróleo, gas, agua dulce, minerales, madera, alimentos). En el grupo de países de reserva se ubicarían China, Estados Unidos, Brasil, Australia, la India, Congo, México, Indonesia, el Perú, Sudáfrica, Colombia, Venezuela, Madagascar, Nueva Guinea, Malasia, Filipinas y Ecuador, entre los más importantes. Por ello, una de las formas de analizar las relaciones entre los países del hemisferio sur y del hemisferio norte es mediante el estudio de la diversidad biológica y cultural.

Así, los países del Sur se constituyen en verdaderos «inventarios de información» sobre la naturaleza y, por lo tanto, son reservorios biogenéticos con potencial de mercado, mientras que los países del Norte asumen el rol de extractores, procesadores y redistribuidores de los recursos biogenéticos mediante productos de consumo protegidos por el sistema internacional de patentes. Diversos investigadores y analistas consideran que tal situación configura una nueva forma de colonialismo: el recurso genético —la materia prima— se obtiene en el Sur, mientras que el valor agregado —el procesamiento— se incorpora en el Norte (incluyendo el registro de las patentes).

2. Propiedad intelectual, biopolítica y geopolíticas del conocimiento

A partir de los fundamentos expuestos en la primera parte de este trabajo, emerge un aspecto cuyo abordaje resulta sustancial para la comprensión cabal de lo que implican la biopolítica y las geopolíticas del conocimiento que subyacen a las estrategias de biopiratería que se despliegan en países que, como el Perú (y otros de América Latina), son megadiversos: el control (hegemónico) de los recursos biogenéticos por parte de los países centrales (en relación con los países de la periferia), dada su rentabilidad económica y su importancia en el contexto de la crisis de la biosfera.

2.1. Control hegemónico y bioprospección

El análisis sobre las geopolíticas del conocimiento asociadas al patrimonio biogenético y biocultural de los países de América Latina implica, necesariamente, la revisión de aquellos mecanismos que conducen a la apropiación privada de la naturaleza mediante derechos de propiedad intelectual, en medio de las tensiones por la afirmación del poder y la hegemonía mundiales.

Precisamente, un estudio de caso que nos permite aproximarnos al modus operandi de la geopolítica de la biodiversidad es el proyecto International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), por los alcances de sus objetivos de investigación y por la elocuencia con que nos permite mostrar tanto la lógica de apropiación relacionada con la dinámica de construcción de la hegemonía como el riesgo vital en que este proceso coloca al proyecto de humanidad. Entonces, para comprender las perspectivas de la biopolítica, la importancia de la biodiversidad y su lugar dentro del sistema general de reproducción y hegemonía del conocimiento, así como su relación con los procesos de resistencia social en la actualidad, es necesario exponer algunas premisas básicas.

Los soportes de la hegemonía

a) La sociedad de mercado, como forma de organización social, se rige por la competencia y, por lo tanto, deviene en un sistema piramidal en construcción y deconstrucción constantes. El funcionamiento de ese sistema no puede entenderse sin indagar sobre las relaciones de dominación que se despliegan en la disputa por la concentración de riqueza, poder y hegemonía.

b) La hegemonía se configura a partir de la convergencia de liderazgos empresariales, fortalezas tecnocientíficas, recursos productivos, pensamiento estratégico, capacidades políticas y coercitivas, así como por la explicación —a partir de esa confluencia— de un modelo del mundo susceptible de globalizarse. El hegemón está conformado, entonces, por un complejo militar-empresarial-tecnológico-estatal, que surge como un consorcio a partir de un conjunto de intereses comunes que se estiman vitales o estratégicos (Ceceña, 2000a).

c) Cuando un país como Estados Unidos se configura como hegemón, lo hace en representación del núcleo que agrupa las mayores capacidades productivas, tecnológicas, comerciales, financieras, militares e ideológicas.

d) Una de las características centrales de la disputa por la hegemonía se expresa en la reconfiguración de la territorialidad. En este proceso de concentración territorial por despojo (reterritorialización), se ponen en juego las concepciones y usos de los territorios, la relación con la naturaleza, la historia, las culturas originarias, incluyendo los derechos de los pueblos que habitan tales espacios (Ceceña, 2000b; Porto Gonçalves, 2001b).

e) La biodiversidad y, consecuentemente, los territorios con alta densidad endémica, constituyen factores estratégicos para la competencia y la definición de la hegemonía, en virtud de su importancia para el desarrollo de la industria tecnológica de vanguardia (Ceceña, 2000b).

Hegemonía y competencia

En las últimas décadas se observa una profunda transformación de los modos y contenidos de la hegemonía, como consecuencia de los cambios acontecidos en los ámbitos científico y tecnológico, pero también por las resistencias de diferente tipo que surgen en diferentes partes del mundo. La hegemonía es, en realidad, la constatación práctica de la dominación, la expresión de la conflictividad a través de las relaciones cotidianas en todos los campos de la vida social; es resultado y, a la vez, sustento de la concentración del poder en todas sus formas: económica, militar, política, cultural, ideológica y territorial (Ceceña, 2000b).

En medio del debate sobre las maneras¹³ en que opera la hegemonía y del cambio en sus protagonistas en el último siglo, lo cierto es que Estados Unidos se ha consolidado como líder mundial en todos los campos importantes, pero en un escenario en el que proliferan relaciones interestatales, interempresariales e interclases profundamente transformadas (Ornelas Bernal, 2001; Ceceña, 1995).

Este poder, que se reinventa en la afirmación de la sociedad de mercado, se consolida con la privación y el acaparamiento. Se trata de la apropiación privada con tendencia monopólica y el desconocimiento de derechos, en tanto no sean los patrimoniales, para lo cual aquel núcleo de poder concentrado despliega mecanismos que responden a una estrategia global, sustentada en los siguientes principios:

a) Principio de invulnerabilidad. Construcción de una situación de invulnerabilidad y autosuficiencia —siempre relativas—, que posibilite las condiciones para enfrentar la competencia desde el privilegio y la supremacía (Ceceña & Porras, 1995). Este principio general es acompañado por su opuesto, es decir, la inducción de una situación relativa de vulnerabilidad en determinadas regiones del planeta. Se pueden observar, por ejemplo, las distintas maniobras realizadas para asegurar la autosuficiencia alimentaria de Estados Unidos, frente a la insuficiencia provocada en zonas o países anteriormente autosuficientes.

b) Principio de monopolización. Considerando el principio de invulnerabilidad y la concepción del mundo como escenario de conflictos, la hegemonía tiene como soporte una estrategia de monopolización o control de todo aquello que se considera esencial para la reproducción social y la reproducción del sistema de poder. Así, lo que se pretende no es disponer solo de lo que es necesario, sino, esencialmente, acaparar lo que es necesario para el contrario. En esta perspectiva, pueden entenderse mejor los conflictos para controlar las regiones petroleras del planeta y las maniobras militares de Estados Unidos para posicionar sus bases de acuerdo con una estructura de control territorial que le da acceso inmediato a los recursos básicos o, por lo menos, le permite restringir el acceso de los competidores (o potenciales hegemones alternativos).

c) Principio de liderazgo. Proponer las reglas del juego otorga una ventaja inicial, por lo que resulta fundamental construir una normativa que, respaldada por la fuerza y la persuasión, establezca los parámetros de los procesos sociales más importantes. Así, la creación de las condiciones para liderar una situación general en el área tecnológica genera, a su vez, los equivalentes o referentes generales básicos en este campo (tendencias), con lo que se logra controlar la articulación del proceso en su conjunto. En este aspecto, la cuestionada supremacía de las empresas transnacionales de origen estadounidense —fuertemente ligadas a las políticas, contratos y campañas de expansión y control territorial de Estados Unidos— sale airosa en todos los sectores de alta tecnología que, en conjunto, imponen el paradigma general vigente (Ceceña, 1998; Ornelas Bernal, 2001). Lo mismo ocurre con otras normativas o equivalencias generales en campos como la economía, o el establecimiento de de los márgenes y límites en que se configuran la democracia y la justicia.

Sobre la base de estos tres principios, el núcleo de poder de Estados Unidos ha mantenido, disputado y reconstruido su hegemonía en las últimas tres décadas, caracterizadas por múltiples guerras comerciales, económicas, diplomáticas, ideológicas y —siempre que se requiera, militares— teniendo como eje el desarrollo científico, la absorción y sistematización de conocimientos generados en todo el mundo, así como la invención de una tecnología de doble uso para asegurar un lugar de vanguardia tanto en la industria civil como en la militar. Muestra de ello es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (Darpa, por sus siglas en inglés)¹⁴.

Los recursos biogenéticos como nuevo paradigma de la tecnociencia

Durante este periodo de búsquedas y grandes descubrimientos científico-tecnológicos se ha ido construyendo un nuevo paradigma productivo que, al vincular la microelectrónica con la codificación-digitalización, ha dado paso al conocimiento y uso industrial de las estructuras internas de los seres vivos, dirigiendo la investigación, centralmente, hacia los campos de la ingeniería genética y todas las ciencias relacionadas con el origen de la vida, los límites de sus posibilidades y sus variantes.

La carrera científica por alcanzar nuevos conocimientos y materiales de trabajo en estas áreas va acompañada de la experimentación tecnológica, que se orienta rápidamente hacia su aprovechamiento rentable o productivo. La naturaleza se convierte en biodiversidad (Escobar, 1997, noviembre), y las regiones del planeta propicias para la creación de la vida, y con alta densidad de endemismos, adquieren una importancia solo similar a los territorios que albergan los mayores yacimientos hidrocarburíferos. La investigación biogenética y sus ventajas tecnológicas están indisolublemente ligadas al territorio y, por ello, trascienden, en gran medida, las posibilidades de las empresas, por lo que estas, muchas veces, apelan a una intervención del Estado para no perder su posición de vanguardia, pero también para ampliarla.

La competencia por trascender las fronteras del conocimiento de la vida involucra tanto las actividades de investigación como el acceso directo a los territorios donde se encuentran los recursos biogenéticos, de la mano con los saberes desarrollados milenariamente por poblaciones indígenas y locales, pues los territorios ricos en biodiversidad lo son, en gran medida, debido a que no son zonas desocupadas (Porto Gonçalves, 2001a).

El conocimiento de la naturaleza (y sus usos diversos) constituye la materia prima de industrias como la farmacéutica, una de las más promisorias, contexto en el cual adquieren relevancia los saberes tradicionales de los pueblos indígenas que habitan las regiones biodiversas del planeta, quienes han acumulado conocimientos sobre las propiedades o principios activos de las plantas; pero también es la fuente primordial de la ingeniería genética, que requiere de amplios acervos de variedades de plantas o animales para la investigación en sus laboratorios. Así, los sistemas de conocimiento ancestral indígena representan una posibilidad de abreviar el tiempo necesario para la búsqueda y experimentación, y el canal más expedito para conformar bancos genéticos¹⁵.

Se calcula, por ejemplo, que en los procesos de investigación y desarrollo de nuevos fármacos puede ahorrarse hasta el 25% de los costos de producción (entre 300 y 500 millones de dólares) mediante la aplicación de conocimientos etnobotánicos o saberes indígenas asociados a los usos y aplicaciones de plantas medicinales.

¿Cómo ingresar a estos territorios?, ¿cómo extraer los recursos, las semillas, las muestras?, ¿cómo persuadir a las poblaciones locales para cooperar con estos proyectos?, ¿cómo impedir que otros competidores obtengan la misma información? Las respuestas son diversas y dependen de las estrategias que implementan los operadores de los proyectos de bioprospección, de su capacidad de ejercer coerción, de sus posibilidades de establecer alianzas estratégicas o de la legitimación de algunas de sus actividades. La creación de las condiciones de acceso está vinculada, también, a la capacidad de quienes impulsan las investigaciones para imponer un marco normativo adecuado que facilite el establecimiento de políticas sectoriales (agrícola, transgénicos, forestales u otras) o políticas generales como las de propiedad intelectual, que pueden incluir cuestiones relativas a patentes sobre formas de vida.

2.2. Bioprospección y geopolítica del conocimiento: International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG)

El reto de abrir un campo nuevo de investigación tecnológica implica una profunda transformación en la geografía del poder sobre los territorios mundiales, lo que obliga al Estado —en tanto personificación del núcleo hegemónico— a asumir esta tarea dentro del marco de la seguridad nacional y a emprender acciones encaminadas a construir esa hegemonía a través de un andamiaje que acelere la apropiación y el establecimiento de nuevas normas.

La división de funciones entre las instituciones del Estado y las empresas multinacionales (EMN) permite poner en práctica tanto mecanismos de presión económica como legitimaciones científicas respaldadas por los sistemas de universidades de los países del Norte (principalmente estadounidenses), a través de los cuales se logra disimular el empleo lucrativo que dichas empresas hacen de los recursos biogenéticos.

En este contexto, cabe explicitar que la relación Estado-EMN ha sido y es fundamental, sobre todo para el control de las economías más débiles de los estados nacionales periféricos (ENP)¹⁶; por lo tanto, resulta errada la creencia de que las transnacionales se han erigido como un actor autónomo en las relaciones económicas internacionales. En efecto, este discurso ofrece una interpretación equívoca, pues, virtualmente, todas las transnacionales —lejos de ser stateless corporations— operan desde una base nacional que se mantiene en estrecha relación con un Estado que es altamente funcional a los intereses privados (un caso excepcional es Estados Unidos), que las regula, protege y subsidia en formas diversas, ya sea por medio de un alto gasto público, mediante intensas relaciones industriales-militares o a través del despliegue de instrumentos de proyección diplomático-militar o económico-institucional, con la participación de organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De manera que no resultan casuales ni la forma ni el ritmo creciente con que se despliegan los proyectos de bioprospección a nivel global, ni su impulso por parte de organismos e instituciones nacionales e internacionales, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el consorcio International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG), que, a la larga, buscan homogeneizar, subordinar e integrar las principales oficinas de patentes del mundo en un único sistema internacional.

Este es el contexto en el que surge el programa ICBG, cuyas actividades dependen de la planeación estratégica realizada en el Grupo de Asesoramiento Técnico (TAG, por sus siglas en inglés), instancia gubernamental de altísimo nivel conformada por miembros de tres instituciones públicas estadounidenses: el Servicio de Agricultura Extranjera (FAS, por sus siglas en inglés), la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), dentro de este último se encuentra el Centro Internacional Fogarty (FIC, por sus siglas en inglés), cuyo representante asume el cargo de director del Programa de Biodiversidad.

En marzo de 1991, el TAG, junto con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), de EE. UU., convocó a una conferencia de expertos sobre el descubrimiento de drogas, biodiversidad y crecimiento económico, en la que participaron representantes de la industria farmacéutica, expertos en etnobiología, medicina tradicional y cuestiones jurídicas relativas a la propiedad intelectual. Con base en las conclusiones del evento, se lanzó, en junio de 1992, una convocatoria para formar el consorcio ICBG, que formalmente promueve la participación internacional en iniciativas de bioprospección con fines farmacéuticos, conservación de la biodiversidad y desarrollo de proyectos económicos sustentables en países del Sur global¹⁷. Atendiendo a esta convocatoria, entre septiembre y noviembre de ese mismo año se registraron 97 solicitudes proponiendo proyectos en trece países de América Latina y el Caribe, siete en Asia, cuatro en África y uno en el Medio Oriente. Las propuestas fueron evaluadas por un equipo multidisciplinario proveniente de universidades, museos, compañías farmacéuticas, el BM e instituciones sin fines de lucro con experiencia en química de productos naturales, propiedad intelectual, sistemática, ecología, etnobiología y desarrollo internacional.

En diciembre de 1993, se seleccionaron cinco proyectos ganadores¹⁸, los que recibirían un presupuesto anual del Gobierno de Estados Unidos que oscilaba entre los 400,000 y 475,000 dólares, el cual se fue incrementando según las necesidades de cada propuesta, que además debía contar con el soporte económico de la industria privada.

El TAG controla el proyecto general (a través del FIC), que se segmenta en siete subproyectos en once países diferentes, todos en regiones tropicales del planeta, excepto uno que concierne a zonas áridas. El TAG administra todo el conocimiento obtenido y los bancos de información que se han ido construyendo, los cuales son custodiados por diferentes universidades estadounidenses. Las muestras son entregadas a empresas privadas para que realicen investigaciones acerca de sus principios activos y potenciales aplicaciones¹⁹.

Una cuestión resaltante, más allá de la abierta relación entre dependencias gubernamentales y empresas privadas, es que el ejército estadounidense es el que lidera el proyecto en Nigeria, por considerársele a este último un país riesgoso (Giménez, 2001).

Los objetivos formales de los ICBG son: abordar aspectos interdependientes de la conservación de la biodiversidad, promover el crecimiento económico sustentable y mejorar la salud humana mediante el descubrimiento de nuevas drogas para enfermedades actualmente críticas (cáncer, hepatitis, sida). Sin embargo, la estructura de los ICBG deja entrever una marcada hegemonía del Norte sobre los países del Sur, poseedores de recursos biogéneticos, pues la institución que lidera los grupos y administra sus fondos debe ser estadounidense, al igual que el director del comité asesor.

Las acciones por desarrollar no son menos convenientes para los países industrializados: descubrir, aislar y evaluar preclínicamente compuestos naturales con potencial medicinal; colectar e inventariar la mayor biodiversidad posible (información que está disponible para cualquiera, incluso fuera del grupo); y apoyar la capacitación, incluyendo la experiencia de campo de científicos estadounidenses.

Sin embargo, el programa de los ICBG considera la incorporación de los derechos de patentes y la protección de la propiedad intelectual —ya sea de instituciones o de grupos de pobladores de los países en desarrollo que sean proveedores de material— siempre a través delos ICBG. Para ello, la investigación etnobotánica resulta relevante, y es el coordinador científico de Estados Unidos quien debe centralizar todos los datos obtenidos. En lo relativo al apoyo al crecimiento económico de los países del Sur, mediante el soporte para establecer políticas y planes de conservación de la biodiversidad, el programa es esencialmente declarativo²⁰.

En síntesis, los países del Sur proveen información básica que facilita el trabajo para el posterior desarrollo de drogas en los países industrializados, recibiendo a cambio algún beneficio de las patentes, que no les pertenecen, al tiempo que tampoco se les reconoce la propiedad sobre los recursos biogenéticos que poseen. En consecuencia, la debilidad tecnológica del Sur convierte al Norte industrializado en el primer y principal beneficiario de la bioprospección²¹.

El siguiente cuadro muestra las instituciones involucradas en el desarrollo del ICBG en diversas zonas del planeta.

A la luz de lo conocido hasta ahora, una cosa parece quedar clara: el consorcio ICBG le otorga a Estados Unidos un soporte fundamental para lograr la supremacía político-tecnológica a través del monopolio del conocimiento, el que pretende justificarse en un difuso discurso científico conservacionista que se funcionaliza para dar paso a la expropiación de los saberes y la vida. Hay que recordar que el saber y el conocimiento —como bien diría Foucault— devienen en espacios atravesados por relaciones de poder que es necesario deconstruir.

3. Consideraciones para un debate sobre políticas de gestión del patrimonio biogenético y biocultural de América Latina

A partir de los fundamentos expuestos en el presente análisis, nos permitimos alcanzar un conjunto de consideraciones para aportar al debate sobre biopolítica, biopiratería y geopolíticas del conocimiento en América Latina.

3.1. Geopolítica de la biodiversidad y concentración del conocimiento

a) La posibilidad de un acceso, sin mayores restricciones, a los recursos biogenéticos y bioculturales de los países de América Latina, por parte de Estados Unidos u otros países del Norte, y la protección de sus tecnologías de manipulación —mediante patentes sobre formas de vida— sustentan una geopolítica de la biodiversidad que se despliega para consolidar el corporativismo biotecnológico con visión de largo plazo.

Y es que, como señala Noam Chomsky, las corporaciones tienen como objetivo último:

… intentar alejar lo público de la toma de decisiones sobre aquello que pertenece a su misma esencia, limitar los campos de discusión públicos, controlar la opinión, asegurarse de que las decisiones fundamentales que determinan cómo va a funcionar el mundo —lo cual incluye la producción, el comercio, la distribución, el pensamiento, la política social, la política exterior, todo— no estén en manos públicas sino, más bien, en manos de un altamente concentrado poder privado (Corporate Watch, 1999)²².

Technical Assessment Group International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG)

Fuente: Ceceña, 2002.

b) Autores como Escobar (1999), Brush (1999), Moran, King y Carlson (2001), Boisvert y Caron (2002, marzo) ponen en cuestión si la bioprospección y el CDB contribuyen a proporcionar verdaderos beneficios para los países del Sur y a preservar los sistemas de conocimiento tradicional indígena, o si la bioprospección constituye un medio a partir del cual los países del Norte monopolizan el conocimiento, resignificando los saberes del otro cultural y controlando la biodiversidad, a través de derechos de propiedad intelectual.

c) Como plantea Enrique Leff (2005), la nueva geopolítica de la sustentabilidad (que incorpora a la biodiversidad) se desenvuelve en el contexto de una globalización económica que propicia una estrategia de apropiación —mediante el discurso del desarrollo sostenible— para «naturalizar» la privatización y el monopolio de la naturaleza, con lo que emergen las controversias entre la economización de la naturaleza y la ecologización de la economía.

d) La concentración de saberes se refiere a las formas que utiliza la biotecnología para reconfigurar los métodos de creación y transmisión del conocimiento, en lo que Digilio (2003) denomina una nueva tríada ciencia-técnica-mercado y que encuentra su máxima expresión en la propiedad intelectual.

Esto implica la consolidación de la relación entre las EMN y la investigación pública, así como la inserción de las lógicas de mercado en la investigación, lo que transforma el conocimiento en un producto con alto valor agregado y restringe su uso solo a quienes pueden pagar por él. Así, con este nuevo paradigma científico, tecnológico (institucional y productivo), dominando las políticas globales en agricultura y salud, el conocimiento se introduce en el mercado, con el blindaje que le otorgan los sistemas de propiedad intelectual (Lander, 2006; Rifkin, 1999), pero también anulando otras formas de conocimiento (Shiva, 2003).

3.2. Políticas públicas para la bioprospección y la gestión estratégica de la biodiversidad

a) Los programas de bioprospección presentan características que involucran la interacción entre el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales de los países del Sur y las actividades comerciales propias de industrias del Norte (principalmente, las empresas farmacéuticas) relacionadas con productos derivados de la biodiversidad. En esta interacción emergen diversos actores, como las organizaciones no gubernamentales, los centros nacionales de investigación y los propios Estados. Comprender la importancia estratégica de este engranaje resultará fundamental para el diseño e implementación de políticas nacionales de bioprospección.

b) En la bioprospección se complementa el conocimiento tradicional con el conocimiento científico, estimándose que el primero hace parte de un sistema no formal de innovación, que posee una comprensión macro-biológica de su microentorno, mientras que el segundo es considerado como el sistema formal de innovación, con una extensa comprensión microbiológica de su microentorno (The Crucible Group, 1994).

c) En los proyectos de bioprospección, durante la interacción e integración de los dos conocimientos o epistemes, se espera que el conocimiento tradicional contribuya al ahorro en tiempo y recursos, para transformar una planta en medicina, incidiendo en aspectos como la selección de la planta adecuada, su ubicación geográfica, la época apropiada para la recolección, el método de preparación y la posible posología (Moran et al., 2001). Pero en este proceso es importante valorar que el conocimiento local (tradicional) es intergeneracional, colectivo, tácito, incremental, socialmente distribuido (Brush, 1999), y es patrimonio de los pueblos indígenas y comunidades locales, en forma de legado oral o escrito, que se mantiene por un sentido de responsabilidad con las futuras generaciones bajo la noción de guardianía.

En efecto, cuando ambos conocimientos, el tradicional y el científico, se emplean para lograr una nueva droga o fármaco, o para encontrar una aplicación a un compuesto específico tomado de algún ser vivo, el proceso es un 25% más rápido y económico que cuando solamente se aplica la investigación científica. Lograr colocar una molécula medicinal en el mercado implica una inversión promedio de mil millones de dólares; sin embargo, cuando el procedimiento incorpora el conocimiento etnobiológico, el costo se reduce a 750 u 800 millones de dólares. En la misma proporción puede llegar a reducirse el tiempo empleado para lograr un nuevo fármaco.

Sin embargo, en la necesidad de considerar los derechos de las comunidades poseedoras de saberes tradicionales, así como la distribución equitativa de beneficios por su utilización, aparece la dificultad jurídica de definir un régimen de propiedad intelectual colectiva (Pardo Fajardo, 2000, octubre-noviembre).

d) Una característica importante de los proyectos de bioprospección es la relativa a la diferencia entre el valor de venta del producto procesado y el valor que se obtendría por la venta del material original. Para industrias como la de cosméticos, la farmacéutica y la de enzimas, el valor del material original con relación al producto procesado representa solo el 16%, el 8% y el 0.1%, respectivamente. Lo anterior indica que la mayoría de los productos obtenidos mediante bioprospección tienen la posibilidad de agregar altos valores, lo que representa un factor deseable por las industrias transformadoras.

e) A pesar de la intensidad de los debates internacionales acerca del tema en el sistema multilateral —Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), OMC—, a la fecha, las empresas bioprospectoras se resisten todavía a reconocer en forma abierta la contribución de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales al desarrollo de actividades de bioprospección. Esto genera un impacto negativo en el capital natural de América Latina, pues los términos de intercambio son cada vez más desfavorables, al tiempo que se erosionan los saberes ancestrales.

f) No existen mecanismos efectivos para concretar el pago de regalías por el acceso y uso del patrimonio biogenético y los conocimientos tradicionales indígenas. Al no aplicarse tampoco metodologías de valorización de los componentes de la biodiversidad, no se conoce con certeza razonable cuánto pueden estar perdiendo como renta per cápita los países de América Latina. Sin embargo, considerando los datos disponibles sobre las inversiones en bioprospección a nivel mundial, podemos inferir que, por la suma de los factores señalados, la región se descapitaliza.

g) Las debilidades institucionales y los procedimientos administrativos difusos para el acceso a los recursos biogenéticos, sumados al conocimiento insuficiente de nuestro patrimonio biocultural, configuran un escenario poco propicio para lograr la sustentabilidad con base en la biodiversidad de la región.

h) Desde la perspectiva geopolítica, observamos la emergencia de un sistema global de bioprospección (políticas de investigación) que se complementa con un sistema global de propiedad intelectual (políticas de protección y control del conocimiento) y un subsistema global de biopiratería, que es funcional a los dos primeros, mediante el cual se concretan las políticas de apropiación del conocimiento. Este esquema encuentra en los acuerdos bilaterales de promoción comercial (o TLC) el mecanismo para concretar el monopolio de los conocimientos biológicos y entomológicos.

i) En este contexto, resulta, pues, necesario transitar hacia el diseño e implementación de políticas nacionales de bioprospección que complementen las políticas de investigación y desarrollo (I+D), las políticas de biodiversidad (incluyendo la agrobiodiversidad), las políticas defensivas contra la biopiratería y los organismos genéticamente modificados (OGM), así como las políticas ofensivas para proteger, mantener y democratizar el acceso al patrimonio biogenético de la región.

La implementación de un marco integral para la bioprospección exige la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión de políticas, el desarrollo de juicio experto (diseñadores de política y tomadores de decisión debidamente enterados), la gestión del conocimiento, el desarrollo de cadenas de valor e integración de actores clave (academia, actores locales, pueblos indígenas y sector productivo). De otro modo, la concurrencia aislada de proyectos de prospección biológica solo contribuirá a exacerbar la biopiratería²³, sin ningún beneficio para los países que ostentan la propiedad de los recursos biogenéticos.

Así pues, develar las geopolíticas de la biodiversidad y del conocimiento nos permite apreciar los claroscuros, las distancias y las contradicciones entre el discurso de la conservación y las motivaciones reales que están en la base de una praxis orientada al control de la riqueza biogenética del planeta, y particularmente la de América Latina. Esto se refleja, precisamente, en lo que enfatiza Vandana Shiva (1995):

Como los principales impulsores de las disposiciones sobre propiedad intelectual del GATT²⁴, las trasnacionales han tratado de justificar el TRIPS²⁵ como medio para poner freno a la piratería de los fabricantes del Sur. La amarga ironía es que las mismas trasnacionales participan de la piratería a gran escala sobre los recursos biológicos del Sur (notas añadidas).

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