Читать книгу Análisis del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia: propuestas para el Estado social de derecho - Óscar Mejía Quintana - Страница 9

PRESENTACIÓN

Esta obra se encuentra dividida en seis capítulos, en los cuales se ofrece una visión amplia y detallada de la problemática a la que se ha enfrentado el Estado colombiano en relación con la crisis humanitaria que se vive en un gran número de los centros carcelarios y penitenciarios en Colombia. Es de destacar que a lo largo de la obra se reconoce reiteradamente el papel trascendental que la Corte Constitucional ha venido desempeñando durante las últimas dos décadas, en las que ha ordenado, coordinado y supervisado, a través de diversas resoluciones, la imprescindible participación conjunta de las autoridades estatales, con la finalidad de contrarrestar los problemas estructurales que han derivado en las graves violaciones a los derechos fundamentales de centenares de personas que se encuentran privadas de la libertad.

En el primer capítulo se analiza el desarrollo constitucional durante los dos últimos siglos y su relación con el recién implantado –pues lleva casi tres décadas– modelo de “Estado social y democrático de derecho”, cuyas consecuencias contemporáneas se traducen en la constitucionalización de los derechos reconocidos en tratados internacionales y la vigencia del bloque de constitucionalidad, del que se derivan obligaciones ineludibles para todas las autoridades estatales en relación con el debido respeto y garantía de un conjunto de derechos fundamentales.

En el segundo capítulo se realiza un estudio de la línea jurisprudencial que ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia, que en un conjunto de sentencias ha desarrollado la figura del estado de cosas inconstitucional, y ha impuesto obligaciones tanto a las autoridades legislativas como a las ejecutivas para dar solución a los problemas estructurales que han impedido que se garanticen de manera eficaz los derechos de las personas recluidas. En el análisis también se estudian las tensiones entre los distintos poderes.

En el tercer capítulo se analiza el problema de hacinamiento en los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Colombia, y se señala que esta situación tiene repercusiones directas en detrimento de un gran cúmulo de derechos, tales como la salud, la igualdad, el trabajo, la seguridad, la educación, la familia, la intimidad, entre otros. Este aspecto se aborda desde diversas perspectivas teóricas y prácticas al analizar de forma integral tanto la legislación nacional como los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado colombiano en materia de tratamiento penitenciario, junto con otros instrumentos generales en materia de derechos humanos. Este análisis se complementa con los aportes de la academia y la doctrina especializada en dichos temas, y este conjunto de elementos se contrasta con las manifestaciones de las autoridades administrativas y de guardia de los centros penitenciarios, y con testimonios de los internos.

En el cuarto capítulo, continuando con el estudio de las lesiones colaterales a los derechos humanos de sentenciados y sindicados en las prisiones colombianas, se analiza el tema relacionado con la violación a la dignidad humana, derecho que los autores consideran como un derecho amplio y, por lo tanto, complejo en comparación con otros. Asimismo, se profundiza en el estudio de las diversas violaciones a los derechos individuales más básicos de aquellos que se encuentran en reclusión (como el derecho a la presunción de inocencia, a los subrogados penales y a la reinserción social) y se advierte que el Estado incumple con la principal función del sistema: la función resocializadora. En este capítulo también se establece una serie de propuestas que emanan tanto del derecho vigente colombiano (del que se advierte su inadecuada aplicación) como del derecho comparado, con miras a la descongestión de la vía penal en general y de las hacinadas prisiones colombianas, en particular.

En el quinto capítulo se evidencian las precarias condiciones en las que viven miles de personas, derivadas del alto grado de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, y se afirma que lejos de promover la reinserción social, esta se obstaculiza, lo que se materializa en el innegable fracaso del sistema. Esto se sustenta en la ya reiterada tesis de la ineficacia en la aplicación de las medidas que contemplan las leyes (que son la base total del tratamiento de reinserción social), así como en la ausencia, en algunos centros, de personal suficiente y debidamente capacitado para su correcta instrumentación. Por este motivo, las personas que se encuentran cumpliendo sentencia no reciben un tratamiento adecuado de acuerdo a los estándares internacionales, lo que impide la resocialización y, en lugar de eso, se impulsa la repetición de la transgresión del orden y la paz social.

La obra concluye con el sexto capítulo, en el que se realiza una fuerte crítica a la política criminal que aplica el Gobierno colombiano, que es calificada por los autores como desproporcionada, incoherente y errónea, toda vez que se basa en el populismo punitivo, lo que ha traído como consecuencia que la problemática se pretenda resolver con penas cada vez más elevadas. La experiencia colombiana, sostienen los autores, nos ha demostrado que la aplicación de tal política criminal no ha servido para proteger y garantizar el conjunto de intereses que la propia sociedad reclama, que se traducen principalmente en combatir la criminalidad y disminuirla a niveles tolerables, así como en lograr la efectiva resocialización de las personas que cumplen una condena.

Finalmente, los autores coinciden en que la implementación de una nueva política criminal resulta ser indispensable para reducir la conflictividad social que ha provocado el Gobierno nacional al aplicar una estrategia inestable e incoherente, con la cual se ha generado una crisis profunda del sistema. Por esta razón, resulta urgente encaminar los esfuerzos hacia una política criminal de corte humanista y garantista que atienda los retos nacionales y respete los derechos humanos que se reconocen en la normativa doméstica y supranacional, que sea una herramienta útil y eficaz para disminuir las conductas criminales, y que no impacte de forma negativa las condiciones de reclusión y el alto e ilegal hacinamiento carcelario.

DR. CIPRIANO SOTELO SALGADO

Rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos (México)

Cuernavaca, 10 de julio de 2018