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Оглавление1. EL CAMBIO VIGILADO
Jaume Guillamet Christopher D. Tulloch
En el primer gobierno del rey –segundo presidido por Carlos Arias Navarro, que se aferró al nombramiento por cinco años hecho por Franco en enero de 1974–, el Ministerio de Información y Turismo fue confiado al diplomático Adolfo Martín-Gamero y González-Posada, nieto de académicos. Para la Dirección General de Coordinación Informativa, se nombró al veterano periodista Carlos Sentís, hasta el momento director de Radio Barcelona y presidente de la Asociación de la Prensa de esta ciudad.
El resultado más visible de la nueva orientación política fue la aparición de dos nuevos diarios –Avui, 23 de abril de 1976 en Barcelona, y El País, 4 de mayo, en Madrid–, cuya autorización fue saludada como símbolo de la nueva época que se abría. El permiso otorgado al primer diario en catalán de la postguerra, a finales de enero de 1976, se ha atribuido personalmente a la gestión de Sentís, formado en la prensa catalanista de los años 1930, y su salida a la calle se aceleró por temor de sus editores, vinculados a la oposición catalana, a una eventual marcha atrás del gobierno (Cadena, 2004). En el caso de El País, la autorización había sido concedida el mes de septiembre anterior a una empresa entre cuyos promotores figuraban Manuel Fraga Iribarne, que en el momento de su aparición es vicepresidente político y ministro de Gobernación, y José María de Areilza, que es ministro de Asuntos Exteriores. Su publicación fue resultado de un proceso más largo y meditado de preparación (Seoane y Sueiro, 2006).
La aparición de una primera tanda de nuevos diarios se completó este mismo año con Diario 16, el 18 de octubre, promovido por los editores del semanario Cambio 16, vinculados a la oposición antifranquista, y un vespertino de vocación popular sensacionalista, Catalunya Express, el 14 de diciembre, en Barcelona, perteneciente al grupo editor del semanario Mundo y de Mundo Diario. En vísperas de las primeras elecciones democráticas, aparecería en Bilbao Deia, 8 de junio de 1977, órgano oficioso del Partido Nacionalista Vasco, y el 29 de septiembre de ese mismo año en Hernani Egin, portavoz de la izquierda abertzale vasca.
En todos los casos, las autorizaciones de esos nuevos periódicos y otros más, antes y después de las elecciones, se llevaron a cabo siguiendo lo establecido por la Ley de Prensa e Imprenta aprobada en abril de 1966, por iniciativa del entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne, con las preceptivas autorización e inscripción en el Registro Oficial de Empresas Periodísticas. Hasta el 1 de abril de 1977 no procedería el gobierno presidido por Adolfo Suárez, nueve meses después de su constitución, a la derogación de los artículos 2 y 69 relativos a las limitaciones a la libertad de prensa y las sanciones relativas a su infracción. En lo demás, dicho texto legal seguiría vigente hasta que la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, anulara automáticamente la mayor parte de su articulado.
Las limitaciones establecidas por el artículo 2 a la libertad de prensa, proclamada en el artículo 1, eran las siguientes:
el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.
Según el artículo 39 de la ley, la responsabilidad de cualquier infracción recaía en el director del periódico, con independencia de las responsabilidades de orden penal o civil que puedan recaer sobre otras personas.
El nuevo equipo ministerial de Martín-Gamero anunció una única medida liberalizadora cual fue la desaparición de la censura cinematográfica (30-1-1976),1 a la vez que el propósito de regulación expresa por el Consejo de Ministros de las publicaciones de carácter erótico (1-2-1976).
LA VIGENCIA DE LA LEY DE PRENSA
El cambio más apreciable en la aplicación de la Ley de Prensa durante los primeros gobiernos de la Monarquía fue el final de la arbitrariedad con que los gobiernos de Franco la habían interpretado. Así, no había habido respuesta administrativa a las solicitudes sucesivas de Avui como semanario en 1967, ni como diario en junio y noviembre de 1975, hasta la llegada como director general de Carlos Sentís en enero de 1976. A partir de este año, se daría trámite ordinario a las solicitudes de inscripción y autorización de diarios y revistas, sin las demoras arbitrarias del período anterior, de las que los citados ejemplos no son los únicos casos.
La primera solicitud de inscripción de El País en el Registro Oficial de Empresas Periodísticas, en junio de 1972, no recibió trámite hasta marzo de 1975. Los informes político-sociales sobre los accionistas de las nuevas publicaciones que acompañan los respectivos expedientes conservados2 hablan de las «ideas monárquicojuanistas» de Darío Valcárcel, del «peligro» que representa el catedrático de Química de la Universidad de Málaga, Vicente Iranzo, de la «simpatía con el régimen» de Joaquín Muñoz Peirats o de la desafección en «una línea liberal-izquierdista» de Julián Marías, entre los accionistas de El País. De manera similar, ideas separatistas, socialistas y comunistas fueron atribuidas en los expedientes administrativos a los principales promotores de Avui – Jaume Vilalta, Josep Lluís Virós, Jordi Maluquer, Josep Espar, Ramón Fuster y Josep Maria Cadena.
Dentro de la normalidad en la aplicación de la Ley de Prensa, se continuó practicando la instrucción de expedientes sancionadores relativos al artículo 2. Al día siguiente de la muerte de Franco, 21 de noviembre de 1975, se había abierto expediente administrativo por presunta infracción del artículo 2 al semanario Doblón. Unos días más tarde se procedía al secuestro del primer número de diciembre de Cambio 16 por un editorial que la revista consideraba de «claro apoyo al mensaje de la Corona», según lo explicado en la segunda edición. El indulto general otorgado el día 25, tras la jura del rey Juan Carlos I como sucesor de Franco, fue la primera muestra del continuismo que caracterizó el gobierno de Arias, no sólo por la negativa a la concesión de una amnistía general, sino porque contuvo excepciones, como la ya citada en el capítulo introductorio de este libro, relativo al semanario Triunfo, suspendido durante cuatro meses por un artículo titulado «No estamos preparados para el cambio».
El indulto benefició, en cambio, a los directores de los Diario de Barcelona, Ya de Madrid y La Región de Orense, como responsables administrativos de infracciones del artículo 2, así como permitió el levantamiento de una suspensión de cuatro meses al semanario Mundo. El periodista Josep María Huertas Clavería fue indultado de la condena a dos años de prisión impuesta el 26 de agosto de 1975 por la jurisdicción militar a causa del reportaje costumbrista «Vida erótica subterránea», publicado el 7 de junio en Tele/eXprés, que contenía una breve alusión a viudas de militares que habrían regentado casas de citas. No lo fue, en cambio, de la acusación de colaboración con ETA de que fue objeto a principios del mismo mes (Semir y otros, 1978). El caso fue traspasado de la jurisdicción militar al Tribunal de Orden Público, en marzo de 1976, lo que permitió su puesta en libertad el 14 de abril. Se benefició de la amnistía de 30 de julio de 1976, propuesta al rey por el gobierno Suárez.
Las sanciones gubernamentales por infracciones del artículo 2 no se interrumpieron tras la jura del rey ni tras la formación del gobierno. Así, se impusieron multas a los directores de los diarios El Correo de Andalucía de Sevilla (28-11-1975), Heraldo de Aragón de Zaragoza (31-11-1975), La Tarde de Santa Cruz de Tenerife y Diario de Barcelona (22-4-1976) y del semanario Esfuerzo Común de Zaragoza (31-11-1975), además de sendas suspensiones de cuatro meses, por presuntas faltas contra la moral a las revistas El Papus y Papillón de Barcelona (9-3-1976). Aunque en las últimas semanas de 1975 se sobreseyeron cuatro expedientes administrativos a Diario de Mallorca y Mundo Diario por presuntas infracciones del artículo 2 (9-12-1975, 13-12-1975 y 27-12-1975), se ratificó un secuestro del semanario en catalán Canigó (3-12-1976) en relación con el consejo de guerra que había condenado a muerte, en septiembre, al militante de ETA Juan Paredes Manot (Txiqui).
Durante los tres primeros meses de 1976, se sucedieron hasta trece secuestros por el artículo 2 en el apartado de faltas a la moral de Matarratos, Papillón, El Papus, Fotogramas y Muchas Gracias de Barcelona y El Pope de Vigo (28-1-1976, 31-1-1976, 10-2-1976, 12-2-1976, 24-2-1976, 25-2-1976, 2-3-1976, 9-3-1976, 11-3-1976 y 26-3-1976). Tras su aparición en mayo de 1976, el semanario Interviú fue objeto de un primer expediente por el mismo motivo. Pero también sufrieron secuestros semanarios de información general como Sábado Gráfico (26-5-1976 y 3-7-1976) y Gaceta Ilustrada (3-6-1976).
Una modalidad intermedia de actuación administrativa fueron los retrasos forzados en la publicación de revistas semanales, tras cambiar contenidos detectados como presuntamente delictivos durante el depósito previo. Hubo, al menos, cuatro casos durante el gobierno Arias que afectaron a Guadiana (22-4-1976), Destino (6-5-1976), Canigó (7-5-1976) y Cuadernos para el Diálogo (2-6-1976). Los directores de Diario de Barcelona, El Correo Catalán y Avui fueron expedientados por el hecho de publicar el itinerario de la llamada Marxa de la Llibertat, organizada por la organización católica Pax Christi, «sirviendo de convocatoria para la misma» (7-6-1976).
El indicio más grave de resistencia al cambio fue el propósito no consumado del gobierno Arias de secuestrar la edición de 7-13 de junio de Cambio 16 y suspender por cuatro meses la publicación del semanario. La causa: una viñeta en la que Juan Carlos I aparecía bailando a la manera de Fred Astaire sobre el sky-line de Manhattan, a propósito del discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en que el rey se comprometió nítidamente a traer la democracia a España. El nerviosismo de Carlos Arias y Manuel Fraga Iribarne ante el comportamiento de la prensa había ido creciendo –«ABC está prudente, el Ya reticente, la prensa de Barcelona, impertinente»–, hasta el punto de que el ministro de Gobernación habría amenazado con aplicar la ley de orden público y meter en la cárcel a los periodistas, como se había hecho con Huertas Clavería (Areilza, 1977: 151, 162, 195-197).
Por estas fechas, se llegó incluso a abrir expediente administrativo contra la traducción al castellano de artículos críticos con el gobierno como el caso de la publicación Prenoticias cuyo director fue sancionado por haber traducido del artículo «Pleasing no one» publicado en Newsweek (10-5-1976) una frase que dice «Arias Navarro anunció su esperado programa de reformas y consiguió no satisfacer a casi nadie».
En julio de 1976, el nombramiento del segundo gobierno de la Monarquía, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, ofreció pronto indicios de una aceleración del cambio político tras el escaso avance producido hasta el momento, con la concesión de una amnistía general, de la que se exceptuaron los delitos de sangre y relacionados con el terrorismo. Por las mismas fechas, el nuevo ministro de Información y Turismo, Andrés Reguera Guajardo, abogado del Estado y procurador en Cortes por el Tercio Familiar de Segovia, anunció la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas de los profesionales depurados tras la Guerra Civil (28-7-1976) y reconoció el papel de la prensa en los avances de la sociedad española. Sin embargo, hay constancia de que dicho ministro mantuvo la costumbre de presionar a los editores. Está documentada la ejercida sobre el conde de Godó, que era procurador en Cortes por designación de Franco, en relación con la línea editorial de Tele/eXprés y que culminó en la dimisión de Pere Oriol Costa como director (Ibáñez Escofet, 1990: 330-331).
Sin plantear todavía la revisión de la Ley de Prensa, se establecieron de facto las tres limitaciones a la libertad informativa –el respeto a la Monarquía, a las Fuerzas Armadas y a la unidad nacional– que se consagrarían en la reforma de abril siguiente (7-9-1976). A pesar de ello, el Gobierno acordó la declaración de «materia reservada» para los documentos destinados al Consejo de Ministros (4-9-1976) y se evidenció el mantenimiento de las viejas prácticas en el retraso forzado de la aparición de Guadiana, tras retirar una entrevista en la que un dirigente disidente de Falange criticaba a Franco (2-9-1976).
La evolución de la política informativa se evidenció, en vísperas del referéndum de la reforma política, en una conferencia del ministro Reguera sobre la importancia de la libertad de prensa y la contribución de esta en «acelerar y estimular el cambio» y la creación de un clima de «convivencia democrática pacífica y ordenada» (3-12-1976). El anuncio de una próxima modificación de la Ley de Prensa en un almuerzo con directores (4-2-1976) precedió en dos meses la decisión del Gobierno, que compensó la derogación del artículo 2 con el establecimiento de la crítica a la Corona, el Ejército y la unidad nacional, como únicas limitaciones a la libertad de expresión, «tres temas quedan al margen de toda conciencia política» en palabras del ministro (5-4-1976). A pesar de ello, se procedió a la declarar «materia reservada» las noticias y comentarios sobre el asesinato del despacho de abogados laboralistas de Madrid de 24 de enero de 1977, medida sólo levantada mes y medio más tarde (15-3-1977).
La derogación del artículo 2 dejó abierto el debate político, hasta el momento restringido a los límites de las leyes del Movimiento Nacional. Pero, además de la protección dispensada por el decreto a la Corona, el Ejército y la unidad nacional, el decreto de 1 de abril de 1977 establecía una legislación protectora ante eventuales delitos de injuria y calumnia destinada al período electoral, conocida como ley anti-libelo. Cabe añadir que significados procuradores aliancistas, como el presidente del Consejo de Dirección de ABC, Torcuato Luca de Tena, criticaron severamente la modificación de la Ley de Prensa, dictada por el Gobierno sin pasar por las Cortes (15-4-1977).
«La mejor Ley de Prensa es la que no existe», proclamó en la euforia del momento el ministro Reguera, pero la ley de 1966 siguió vigente. Así, el Partido Comunista de España hubo de solicitar la inscripción en el Registro Oficial de Empresas Periodísticas para su órgano Mundo Obrero (7-6-1977), como hubieron de seguir haciendo los nuevos periódicos en adelante. Dicho registro, que no fue finalmente derogado por ley hasta la ley 29/84 de 1984, permitía, entre otras cosas, la inspección de las cuentas de las empresas. El resto del articulado de la ley mantenía la «consulta voluntaria» previa a publicar un editorial considerado delicado, el depósito previo de un ejemplar en las dependencias ministeriales y la inclusión obligatoria de notas de rectificación. En las mismas fechas, el diario nacionalista vasco Deia tuvo que aplazar unos días su aparición en espera de la firma de la autorización preceptiva por el ministro de Información y Turismo (5-6-1977). Aún en enero de 1978, se continuó observando la obligación del depósito previo de ejemplares, por lo cuya infracción fueron expedientados los directores de Catalunya Express, Jaume Serrats, y TeleXpres, Miguel Ángel Bastenier.3
El número de expedientes administrativos abiertos a lo largo de 1976 fue más bajo que la media de los años anteriores –66 sobre la media de 127 entre 1966-19754–, pero no dejó de ser una cifra elevada, que ascendió a 97 en 1977. En los nueve meses de vigencia del artículo 2 durante el gobierno Suárez, predominaron los expedientes debidos a cuestiones morales y eróticas, de forma que Interviú acumularía siete en siete meses. Casi la mitad de los expedientes incoados en 1977 fueron debidos a esta causa, con revistas reincidentes como los diez expedientes a Personas y los cinco a Fotogramas, pero no faltaron los casos de diarios de información general como Diario 16, Diario de las Palmas, Diario de Castilla y El Alcázar. El desacuerdo con la decisión del ministro de sancionar a este diario franquista por un artículo sobre «El día de las Fuerzas Armadas» causó la dimisión del director general de Régimen Jurídico de la Prensa, José Luis Fernández (20-5-1977).
La restricción establecida sobre el Ejército facilitó los secuestros de Sábado Gráfico a propósito de jefes militares del Ejército del Aire relacionados con el caso de la compañía aeronáutica estadounidense Lockheed (9-9-1976). La información sobre el escándalo de sobornos motivó la apertura por el Ejército del Aire de una causa militar por daños al honor de oficiales generales, además de una petición de disculpas por parte del periódico (9/10/16-9-1976) y la retirada de dos páginas del semanario Mundo (16-9-1976).
Otros casos significativos del uso sancionador de la Ley de Prensa reformada fueron varios secuestros de semanarios: Cambio 16 por criticar autoridades judiciales responsables de interpretar la amnistía (15-9-1976); Diario 16 por un artículo de Gregorio Morán sobre un complot militar (24-5-1977) y por un artículo de Francisco Cerecedo sobre Manuel Fraga (12-6-1977); Sábado Gráfico por un presunto delito de injurias en la sección «Ruido ibérico» de Lorenzo Contreras (12-6-1977); y la revista mensual Siesta, por varias caricaturas y un artículo sobre «Franco o la pasión de mandar» (22-12-1976). Es de señalar que quien fuera promotor de la Ley de Prensa, Manuel Fraga, fue el primero en acogerse a la llamada ley anti-libelo por el citado artículo en Diario 16, durante su campaña electoral como líder de Alianza Popular.
Siguiendo las viejas prácticas, la revista eclesial Vida Nueva tuvo que aparecer con dos páginas recortadas por críticas a las fuerzas de orden público (14-10-1976) y la franquista Fuerza Nueva hubo de suprimir una portada sobre la Corona (13-1-1977). El director de Destino, Baltasar Porcel, fue expedientado por un artículo criticando unas declaraciones de Suárez que cuestionaba la idoneidad del catalán como lengua de uso científico (16-10-1976). El semanario Don Balón fue expedientado por una portada en la que aparecía Johan Cruyff «crucificado» (22-2-1977). La persecución del erotismo y la pornografía, por la que Bazaar fue objeto del primer secuestro tras la reforma de la ley (15-4-1977), produjo el cierre definitivo de Papillon, en aplicación del artículo 29 (18-2-1977). De la misma forma, se continuó sancionando a publicaciones que excedieran la finalidad temática declarada en la solicitud de autorización, como lo fue revista cultural Ozono por tratar temas como la amnistía, la homosexualidad y el trotskismo (22-2-1977).
REPRESIÓN GUBERNATIVA Y POLICIAL
La represión gubernativa y policial del ejercicio profesional de los periodistas se fijó en los primeros meses en los corresponsales extranjeros, que habían acudido en gran número a cubrir los inicios del postfranquismo. (Tulloch, 2016). En los días que siguieron a la jura del rey, se ordenó el cierre del Centro Internacional de Prensa de Madrid, donde debía dar una conferencia Felipe González, líder del aún clandestino Partido Socialista Obrero Español (27-11-1975) y se adoptaron severas medidas de seguridad en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas tras unos incidentes de cámaras y fotógrafos franceses con la policía (28-11-1975).
La prensa internacional quedaba fuera del alcance de la aplicación de la Ley de Prensa, pero hacía tiempo que el Gobierno se había acostumbrado a impedir la distribución de los periódicos extranjeros cuando llevaban alguna noticia o artículo especialmente crítico. Tras la jura del rey, la persecución policial de corresponsales extranjeros está documentada con diversos testimonios, con episodios de golpes, rotura y confiscación de cámaras en las manifestaciones de los domingos 1 y 8 de febrero de 1976 en Barcelona a la francesa Lain Keler y al estadounidense Alexis Hint (Chislett, 2011; Guillamet, 2016: 68) y los franceses Alain Gaston Robert y Jean Michel Rillon en la manifestación obrera aún prohibida del 1 de mayo en Madrid.
Los problemas gubernativos y policiales de los periodistas españoles, en ocasión de la cobertura de manifestaciones no autorizadas y de otros actos públicos fueron una constante hasta junio de 1977 y motivaron protestas frecuentes de las asociaciones de la Prensa ante las autoridades en Santa Cruz de Tenerife (5-12-1975), Bilbao (6-12-1975), Madrid (12-12-1975), Oviedo (20-1-1976), Santiago de Compostela (1-4-1976) y La Coruña (4-5-1976).
Otros casos son la detención y paso a disposición de la jurisdicción militar de José María Torre Cervigón de La Voz de Galicia con motivo de una manifestación y denuncia por insolencia con la Policía Armada (12-3-1976); la detención de Rodrigo Vázquez-Prada y de un fotógrafo de Informaciones con motivo de un intento de manifestación de periodistas en Madrid, el 29 de marzo, en solidaridad con el director de Doblón, José Antonio Martínez Soler, víctima de una agresión de la extrema derecha; o la detención y procesamiento de Luis Lázaro por presunta propaganda ilegal, con imposición de una fianza de 30.000 pesetas. A VázquezPrada, vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid, se le impuso una multa de 100.000 pesetas por su actitud en dicho conato de manifestación de periodistas que había sido prohibida (1-4-1976), en contraste con la autorizada en Barcelona el 18 de marzo en petición de libertad para Huertas Clavería.
La imposición de sanciones pecuniarias a periodistas por infracción del artículo 2 fue frecuente durante el gobierno Arias: multas de 25.000 y 50.000 pesetas a José María Requena Barrera, director de El Correo de Andalucía de Sevilla, y a la empresa Editorial Sevillana, por una entrevista al presidente de la Unión de Trabajadores de Dinamarca (28-11-1975); multas de 50.000 y 100.000 pesetas al director y a la empresa de Heraldo de Aragón de Zaragoza, por el artículo «El triste oficio de censor» (30-11-1975); multas de 50.000 pesetas a María del Camino Raquel Fernández Gago, directora de la revista Esfuerzo Común de Zaragoza y de 100.000 al editor Ildefonso Sánchez Romero por el artículo «De nuevo el 98», atentatorio contra la unidad nacional (30-11-1975); multa de 100.000 pesetas al diario La Tarde de Santa Cruz de Tenerife por una entrevista a Ramón Tamames (2-1-1976): multa de 250.000 pesetas a El Papus y Papillón, además de ser suspendidas durante cuatro meses (9-3-1976); multa de 100.000 pesetas a Josep Pernau, director de Diario de Barcelona, por una esquela de Oriol Solé, muerto por la Guardia Civil tras una fuga de presos de ETA y MIL de la cárcel de Segovia (22-4-1976).
Las incidencias gubernativas no cesaron durante el gobierno de Suárez, período en el que destacan dos suspensiones de actos públicos: la presentación de la revista El Cárabo (17-10-1976) y una rueda de prensa de Comisiones Obreras sobre el atentado contra los abogados laboralistas de Atocha (16-3-1977). Hubo también varias actuaciones policiales: una denuncia de la Guardia Civil contra la revista Garata de San Sebastián (8-12-1976), un registro de la Guardia Civil al amparo de la legislación antiterrorista en el domicilio del director de El País, Juan Luis Cebrián (8-2-1977) (Cebrián, 2016: 234-239) y las detenciones de José Antonio Gaciño de El Ideal Gallego (15-2-1977) y de Gregorio Morán de Diario 16 (24-5-1977).
ANTE LOS TRIBUNALES
De forma paralela, periódicos y periodistas fueron objeto de acciones judiciales ante las jurisdicciones civil y militar, con frecuentes comparecencias de los directores de periódicos ante distintos juzgados para responder a exhortos del Tribunal de Orden Público. El director de Tele/eXprés ha dejado constancia de haber tenido que cumplimentar al menos diez visitas a sedes judiciales (Costa, 2014), mientras que el de El País ha explicado que, en menos de un año, se abrieron cuarenta expedientes administrativos contra el diario y dieciséis procedimientos judiciales contra su director (Cebrián, 2016: 248-249).
Sin entrar en los numerosos casos de «escándalo público» por temas morales y eróticos, ni reiterar los ya citados, he aquí algunos ejemplos significativos en los tribunales civiles: querella del fiscal contra la revista satírica deportiva Barrabás de Barcelona (23-1-1976); comparecencia del director de Cambio 16 por un editorial sobre el gobierno y una información sobre ETA (31-1-1976) y del director y seis redactores de Doblón por un artículo sobre Arias (17-3-1976); querella del alcalde de Burgos contra un comentarista de Arriba (5-2-1976); declaraciones de redactores de Sábado Gráfico y la agencia Pyresa por lesiones causadas por la policía en una manifestación en Madrid y traslado a la jurisdicción militar (18-2-1976); declaraciones de los directores de Sábado Gráfico y Triunfo por diversos artículos (1/3-4-1976) y del corresponsal en Barcelona de Noticias Obreras, por un artículo sobre la muerte de un trabajador (10-4-1976); querella de la fiscalía y del Ayuntamiento de Valencia contra Ajoblanco por supuestos artículos vejatorios del pueblo valenciano (27-3-1976 y 27-4-1976), a la que siguió el boicot de la Agrupación Sindical de Vendedores de Prensa de Valencia a la venta de la revista (17-4-1976); condena de Antonio Guerra Gil por ofensas al Movimiento Nacional en Diario de Barcelona (4-5-1976); declaración de Antonio Gala por un artículo en Sábado Gráfico (12-5-1976) y nuevo procesamiento por comentar aspectos del artículo anterior (4-7-1976); declaración de los directores de ABC y El Correo de Andalucía de Sevilla por informaciones sobre un anteproyecto de estatuto de autonomía de Andalucía (15-5-1976); declaración de una redactora de Cambio 16 en Bilbao por artículos sobre supuestos malos tratos a detenidos (26-6-1976); declaraciones del director de Ciudadano, por un artículos sobre métodos anticonceptivos y homosexuales (3/4-7-1976); y procesamiento, después archivado, contra el director y el redactor jefe del semanario Posible de Madrid por un artículo contra el procesamiento instado por el ex ministro falangista José Antonio Girón de Velasco (12-6-1976, 4-7-1976).
Los episodios judiciales relacionados con periodistas continuaron tras el nombramiento del gobierno Suárez, con una mayor variedad de casos: querella de recaudador municipal de Madrid contra el director y un colaborador del diario Pueblo por un artículo sobre las agencias ejecutivas municipales (5-8-1976); demanda de dos concejales de Alboraia (Valencia) contra el corresponsal de Levante por unas críticas a un plan de pavimentación en un pleno municipal (9-9-1976); demanda del Ayuntamiento de Segovia contra periodistas por críticas a la construcción de un embalse (16-9-1976); ingreso en prisión del corresponsal en Badalona de El Correo Catalán por una noticia sobre malos tratos a dos detenidos por error (7/8-10-1976) y de una periodista La Jaula por un artículo sobre la Magistratura de Trabajo (28-11-1976); declaraciones del director y un colaborador de El Alcázar (9-11-1976) y del director y el subdirector de El Correo de Andalucía (14-11-1976).
A querellas de origen político, como una contra Posible por un reportaje sobre la Internacional Fascista (4-12-1976) y otra contra Diario 16 por no desmentir la vinculación a CEDADE del presunto asesino del estudiante Arturo Ruiz (30-3-1977), se añaden otras que ya eran propias de los nuevos tiempos. Destaca la querella que el abogado y dirigente de la Junta Democrática de España, Antonio García Trevijano presentó contra cuatro directores de Blanco y Negro, Cambio 16, Diario 16, Guadiana y cinco redactores de Interviú, El País, Posible, Pueblo, Telva y anuncios de querella contra Día 32 y Destino, por informaciones sobre su actuación como abogado en Guinea Ecuatorial (16-11-1976), así como la que presentó contra García Trevijano el corresponsal de Le Monde José Antonio Novais (17-11-1976 y 1-12-1976), o el periodista Vicente Talón, relacionado con la extrema derecha, contra el director de Cambio 16 (22-3-1977).
Hubo un caso de escándalo público que tuvo los máximos efectos. Francisco Sáiz González, director de Personas, con tres de siete sumarios aún pendientes, fue inhabilitado para el cargo por 19 años, condenado a diez meses de arresto mayor y suspendido de ejercicio profesional por un año por el Tribunal de Ética Profesional del Ministerio de Información y Turismo (20-1-1977).
Hubo diversos casos de comparecencia de periodistas ante la jurisdicción militar, aparte del caso Huertas Clavería: procesamiento de Rodrigo Vázquez-Prada de Nuevo Diario por negarse a revelar los nombres de los asistentes a una rueda de prensa de la clandestina Unión Militar Democrática del 22 de diciembre de 1975 en Madrid (11-2-1976), con posterior condena por desobediencia grave (27-4-1976); procesamiento del corresponsal en Barcelona del semanario católico Noticias Obreras (10-4-1976) y declaración de dos periodistas de Sábado Gráfico por denuncia de malos tratos y lesiones contra la Policía Armada (14-5-1976). Durante el gobierno Suárez, continuaron las actuaciones abiertas en la jurisdicción militar contra el director de Sábado Gráfico por los presuntos implicados en el escándalo de la compañía aeronáutica norteamericana Lockheed (10-9-1976, 22-9-1976, 28-9-1976, 27-11-1976, 1-12-1976 y 13-1-1977).
Entre las restantes, destaca el ingreso en prisión de Mirentxu Purroy, directora de Punto y Hora de Pamplona, por una acusación de injurias al Ejército (29-12-1976 y 11-1-1977), el sobreseimiento de una causa contra Antonio Izquierdo de El Alcázar por un artículo sobre las Fuerzas Armadas (21-1-1977), el procesamiento del director del mismo diario por incitación a la rebelión (24-5-1977) y un nuevo proceso contra Sábado Gráfico por un artículo sobre el libro del primo del Caudillo, Francisco Franco Salgado-Araujo (5-2-1977). Además de instar la actuación de los tribunales, la autoridad militar emitió ocasionales desmentidos como los movimientos de tropas comentados en el artículo citado de Gregorio Morán en Diario 16 (24-6-1977) o las noticias de ese mismo diario sobre diferencias del capitán general de Cataluña en relación con la participación blindados y motorizados en Día de las Fuerzas Armadas (4-6-1977).
AGRESIONES EXTREMISTAS
Periódicos y periodistas tuvieron que hacer frente a las agresiones, en algunos casos mortales, de grupos de extrema derecha y extrema izquierda, como sucedió con otros colectivos como libreros, abogados y militantes políticos, en una oleada de violencia iniciada en los meses anteriores al relevo de la Jefatura del Estado.
En los primeros meses del gobierno Arias, destacó el caso de secuestro y tortura de José Antonio Martínez Soler, director del semanario Doblón por un grupo de extrema derecha (6-3-1976) (Martínez Soler, 2009). En los meses anteriores había habido destrozos en la sede del semanario Guadiana, también en Madrid (23-12-1975), una agresión al corresponsal de Mundo Diario en Sabadell (2-1-1976), amenazas a los periodistas de Línea y La Verdad de Murcia (7-2-1976) y un paquete bomba enviado a Cambio 16 (6-3-1976), además de una amenaza de extrema izquierda contra La Prensa, vespertino del Movimiento de Barcelona (27-2-1976). En las semanas siguientes, se registró una agresión a un fotógrafo de Cuadernos para el Diálogo (30-3-1976), nuevas amenazas de muerte a Martínez Soler, junto a Vázquez-Prada y a José María Requena, director de El Correo de Andalucía (1-4-1976) y otra amenaza al corresponsal de Mundo Diario en Gerona (11-4-1976).
No disminuyeron las amenazas y agresiones tras el nombramiento del gobierno Suárez: amenazas de un comando nazi contra los directores José Ángel Ezcurra de Triunfo y Álvaro de la Iglesia de La Codorniz (3-7-1976); asalto y robo a Torneo de Sevilla que acabó cerrando por daños (15-7-1976, 23-8-1976, 8-9-1976); amenaza neofascistas a Soledad Gallego-Díaz y José Luis Martínez de Cuadernos para el Diálogo (6-8-1976); coacciones a periodistas en Santa Cruz de Tenerife y Lérida (1-9-1976, 5-9-1976 y 9-9-1976); amenazas y daños de la extrema izquierda (GRAPO) contra La Voz de España de San Sebastián (8-9-1976) y El Ideal Gallego de La Coruña (16-12-1976) y de extrema derecha contra periodistas de Posible, Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, Le Monde, Opinión (16-11-1976), En Punta (23-11-1976) y El Correo de Andalucía (29-12-1976). En los primeros meses de 1977, hubo noticias de amenazas ultras contra periodistas de Barcelona (6-2-1977) y ataques con bolas de plomo contra Diario de Barcelona (30-3-1977 y 2-4-1977).
Ya celebradas las elecciones en junio de 1977 y constituido el primer parlamento democrático se produjeron los casos con mayor repercusión que fueron las bombas de la extrema derecha contra El Papus en Barcelona, el 20 de septiembre, y El País, en Madrid, el 30 de octubre de 1978, que costaron la vida a los respectivos conserjes. En 28 de junio de este año, ETA asesinó al periodista José María Portell, director de Hoja del Lunes de Bilbao. José Antonio Novais, por entonces corresponsal también de La Repubblica, fue apuñalado por los Guerrilleros de Cristo Rey en un bar de Madrid, el 9 de diciembre de 1977.
EL CAMBIO PROFESIONAL
El protagonismo informativo de las asociaciones de la Prensa, en apoyo de periodistas en apuros, de peticiones de amnistía, de elecciones libres y de libertad de expresión, además de reivindicaciones corporativas, fue uno de los elementos más visibles del cambio profesional. Estas entidades de afiliación obligatoria para los periodistas titulados por la Escuela Oficial de Periodismo, los únicos autorizados a ejercer la profesión, habían iniciado su propia transición corporativa, de forma que algunos periodistas antifranquistas se habían incorporado a las juntas directivas, incluidas las de Madrid y Barcelona.
El caso más visible es que el propio director general de Coordinación Informativa, Carlos Sentís, había propiciado la renovación de la Asociación de la Prensa de Barcelona de acuerdo con el Grup Democràtic de Periodistes (Roglan, 1993) y como presidente gestionó el apoyo a Huertas Clavería con motivo de la detención y consejo de guerra al que fue sometido en verano de 1975. Un ejemplo opuesto sería la querella por injurias presentada por el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Celestino Fernández Ortiz, contra Antonio Guerra Gil y José Antonio Garmendia Gil, periodista y director de la revista Campo, por el relato negativo que se hizo en esta revista de su intervención ante la detención del primero de los citados (20-1-1976).
La intensidad del número de noticias sobre protestas y reivindicaciones corporativas fue muy alta bajo el gobierno Arias, de las que ofrecemos algunos ejemplos. En las primeras semanas tras la muerte de Franco, la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife se quejó del mal trato de palabra y obra por un inspector de policía a un periodista en una manifestación (5-12-1975), los diarios de Bilbao protestaron por la detención de un redactor y dos colaboradores de El Correo Español-El Pueblo Vasco en una manifestación de mujeres y niños (6-12-1975), y un grupo de 170 periodistas de Barcelona pidieron al rey una amnistía general que incluyera a periodistas, publicaciones y sanciones administrativas, tras la limitación del indulto (9-12-1975).
La Junta General de la Asociación de la Prensa de Madrid condenó las agresiones a periodistas, el incremento de dificultades a la labor informativa y las sanciones administrativas a periódicos y periodistas (12-12-1975); una asamblea de periodistas y colaboradores de Barcelona pidió la supresión del artículo 2 de la Ley de Prensa, así como el reconocimiento de la cláusula de conciencia, el secreto profesional y la autorización de las lenguas regionales, además la supresión de las jurisdicciones especiales y la concesión de la amnistía (13-12-1975); la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa pidió el más amplio indulto para las penas y sanciones de prensa y periodistas y la protección de los periodistas ante los incidentes frecuentes (20-12-1975); un grupo de 31 redactores de ABC pidió amnistía general y reconocimiento de los derechos democráticos (24-12-1975); un grupo de periodistas de Las Palmas de Gran Canaria pidió la amnistía política y sindical y para la prensa (26-12-1975); y redactores de Pyresa, la agencia del Movimiento, pidieron amnistía y protección de la libertad de expresión (14-1-1976).
Las noticias de este cariz siguieron siendo numerosas hasta el cese del gobierno Arias. Hubo nuevas protestas, peticiones y reivindicaciones a propósito de hechos y cuestiones ya reseñados y otros de las asociaciones de Oviedo (20-1-1976), Madrid (25-1-1976), Valencia (14-2-1976), San Sebastián (18-2-1976), Vitoria (19-2-1976) o Barcelona (20-2-1976 y 7-8-1976), redactores de Pueblo (7-3-1976) y las asociaciones de la Prensa de Madrid (10-3-1976), Santiago de Compostela (1-4-1976) y La Coruña (4-5-1976). Un caso especial fue el rechazo por la Asociación de la Prensa de Vitoria de la versión oficial de los sucesos del 3 de marzo en la catedral de San Francisco de esta ciudad, que costaron la vida a cinco trabajadores en huelga y heridas graves a más de un centenar (11-3-1976). En la Asociación de la Prensa de Badajoz, se produjo la dimisión del director y subdirector de Hoja del Lunes a propósito de la polémica por las dificultades del semanario Sorprendentemente tras publicar un artículo sobre la Guerra Civil en la provincia (28-12-1976).
Las tensiones profesionales más fuertes se produjeron en Madrid, donde una asamblea general extraordinaria de la Asociación de la Prensa llegó a aprobar la realización de una huelga de periodistas en defensa del derecho al secreto profesional en solidaridad con el vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid, Rodrigo Váz quez-Prada, por el procesamiento militar ya citado por negarse a revelar sus fuentes (26-2-1976), una «huelga rota» (Fernández Lera, 1976; Bustamante, Roma y otros, 1977) que no evitó la salida de ningún diario ni revista, incluida la Hoja del Lunes de la propia asociación.
El cambio profesional favorecido por la incorporación a las redacciones de jóvenes periodistas nacidos tras el final de la Guerra Civil, había coincidido con la apertura informativa de la Ley de Prensa pero había tardado en visualizarse en las asociaciones de la prensa, que en muchas provincias estaban controladas por directivos de la Prensa del Movimiento. El horizonte reformista abierto por el gobierno Suárez y la inmediata concesión de la amnistía política en verano de 1976 planteó la necesidad de reformar a su vez la Cadena de Prensa del Movimiento, titular del único periódico diario de la mayoría de provincias, aunque superada por algunos diarios tradicionales de empresa en las ciudades más importantes.
La gestión de Adolfo Suárez como ministro secretario general del Movimiento bajo la presidencia de Arias no había estado exenta de tensiones internas. En Arriba, el diario de cabecera que había fundado José Antonio Primo de Rivera en 1934 como portavoz de Falange Española, el relevo de Cristóbal Páez por Alejandro Armesto en marzo de 1976, favoreció una evolución paulatina en línea con la reforma política. Más compleja fue la adaptación de Pueblo, el vespertino de la Organización Sindical que había dirigido Emilio Romero desde 1952 y fue desplazado a la dirección general de la Cadena Prensa del Movimiento. Su sucesor Luis Ángel de la Viuda fue cesado en dos meses por el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, que nombró a Juan Fernández Figueroa, substituido en julio de por José Ramón Alonso, ya bajo el gobierno Suárez.
Hay dos ejemplos opuestos de la evolución en ambas redacciones. En Arriba, la querella de 27 redactores contra Antonio Gibello por un artículo de 26 de enero en que denunciaba como «intolerable atentado» la retirada de una fotografía de José Antonio Primo de Rivera en la redacción del diario (2/12-6-1976). En Pueblo, las dimisiones de José Luis Alcocer, Ángel Gómez Escorial y Carlos Luis Álvarez, Cándido, en disconformidad con la publicación de un editorial crítico con unas palabras del director general de Coordinación Informativa, Carlos Sentís, desligando el futuro de la Monarquía del legado de Franco (28-4-1976 y 30-4-1976). Una señal distinta de las tensiones de esos meses es la no publicación de El Diario Vasco, La Voz de España y Unidad en señal de duelo por la muerte de dos miembros de ETA por acuerdo de los trabajadores de los tres diarios, el segundo y tercero pertenecientes a la cadena del Movimiento (12-3-1977).
Con la disolución de la estructura del Movimiento Nacional, decretada el mismo día 1 de abril de 1977 en que el Gobierno reformó la Ley de Prensa, se cumplían 38 años, día por día, del parte final de la Guerra Civil, fecha celebrada hasta dos años antes como el Día de la Victoria. Al cabo de cuatro semanas, todos los periódicos de la cadena suprimieron los símbolos del yugo y las flechas de sus cabeceras (23-4-1977), al día siguiente de la constitución del nuevo organismo de Medios de Comunicación Social del Estado (22-4-1977). En los primeros meses del gobierno Suárez, los trabajadores ya habían pedido al Gobierno seguridades sobre el futuro de estos periódicos (28-9-1976, 8-10-1976) con la consiguiente respuesta tranquilizadora del ministro y sus colaboradores (7-4-1977, 12-4-1977, 16-4-1977). La Unión General de Trabajadores renunció a reclamar la propiedad de Pueblo, nacido sobre la incautación de su antiguo órgano Claridad, a cambio que se asegurase la continuación del vespertino público (26-4-1977), aunque un grupo de treinta redactores denunciaron la «sovietización» del diario (28-4-1977). La CNT, en cambio, ocupó por unas horas en Barcelona la sede conjunta de Solidaridad Nacional y La Prensa, en reclamación de su antiguo órgano Solidaridad Obrera (7-6-1977), mientras que sus trabajadores pidieron la continuidad de ambos como diarios públicos (9-6-1977).
De cara a las elecciones, la candidatura de Suárez al frente de Unión de Centro Democrático dispuso de un apoyo amplio en la cadena reconvertida al servicio del Estado, si bien en sus páginas se fue advirtiendo una creciente variedad de posiciones en contraste con el monolitismo franquista que la había caracterizado. El cambio profesional experimentado en la prensa privada de las principales ciudades y reflejada en la conflictiva aplicación de la Ley de Prensa para un número creciente de publicaciones, así como en la renovación de las asociaciones de la prensa, acabó reflejándose también en el seno de los antiguos periódicos oficiales, a pesar de lo reducido de la mayoría de redacciones y su menor permeabilidad a las nuevas incorporaciones. El personal del matutino Solidaridad Nacional y del vespertino La Prensa se sumó a la huelga de prensa declarada en Barcelona el 22 de abril de 1977 en reivindicación de una paga lineal de 50.000 pesetas –superior al sueldo mensual de un redactor– de la que sólo quedaron al margen La Vanguardia Española y dos deportivos (23-4-1977 a 1-5-1977).
En ocasión de dicha huelga, se publicó en Barcelona durante seis días consecutivo el periódico Premsa en lluita, editado por el Sindicat de Treballadors de Premsa de Barcelona, creado en febrero, paralelamente a la constitución de las secciones de prensa de los principales sindicatos reconocidos legalmente el mismo abril. Como en julio de 1975, La Vanguardia Española y los diarios deportivos no se sumaron a la huelga, lo que sí harían el 22 de septiembre de 1977 en protesta solidaria ante el atentado terrorista mortal contra la redacción de El Papus.
Por las mismas fechas, el Gobierno trataba de evitar la reaparición del diario Madrid, después que el Tribunal Supremo anulase la suspensión ordenada en 1972 por el gobierno aún presidido por el mismo Franco, y condenase a la Administración a pagar daños y perjuicios a la empresa editora, que anunció inmediatamente su propósito de reaparición a primeros de año (14-10-1976 y 27-10-1976). El recurso presentado no se vio hasta la víspera de las elecciones y fue en vano (7-6-1977 y 8-7-1977). Sin embargo, Madrid no llegó reaparecer, a pesar de los anuncios sucesivos de sus antiguos editor y director Rafael Calvo Serer y Antonio Fontán (9-10-1976; 6-2-1977).
En ese contexto contradictorio de estreno escalonado de la libertad y sujeción a vigilancias y amenazas diversas, decrecientes en número aunque no en importancia y que se prolongarían aún tras las elecciones primeras elecciones e, incluso, tras la aprobación de la Constitución, se produjo la transición de la prensa del franquismo a la democracia. Diarios y revistas tendrían un papel relevante en ese singular proceso de cambio político, al que muchos de ellos no sobrevivirían.
1. Para los hechos citados en este capítulo, se utilizan indistintamente como fuente la documentación consultada en el Archivo General de la Administración y las noticias publicadas en la sección de noticias «Prensa» del diario ABC de Madrid en las fechas referidas, que utilizamos como principalreferencia informativa. Aunque pudieran haber algunas ausencias, dicha fuente nos ha parecido la más indicada como muestra de lo acaecido durante todo el período al que nos referimos.
2. Archivo General de la Administración. Signatura 9.01.01 Grupo de Fondos Presidencia del Gobierno. Dirección General Medios de Comunicación Social. Número de Registro General 837-839. Tomos I-V.
3. AGA, Ministerio de Cultura, Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa, Sección de Actuaciones, Expedientes 1 y 2/1978.
4. El número total de expedientes incoados entre 1965 y 1975 fue de 1.270 (Sánchez ArandaBarrera, 1992: 415).
