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Tribuna

31 de diciembre de 2009

Nuevo marco regulatorio para viejos escenarios que tocan a su fin. El parlamento gallego acaba de aprobar recientemente la nueva normativa de cajas de ahorro de la región. No ha habido consenso, y ha sobrado tal vez demasiada prisa que ha evitado acercar todas las posturas, no de por sí irreconciliables, pero sí sumamente partidistas. Las espadas en todo lo alto y hoy ya todos sabemos a qué atenernos.

La Xunta por mucho que se diluya en el Parlamento el estereotipo retórico aquiescente, entra en los órganos de gestión y dirección de las Cajas de Ahorro. Nadie está llamado a engaño y el color político del arco parlamentario acabará definiendo e imponiendo los asientos preceptivos. Que nadie se engañe, el Parlamento será oído, ahí empieza y ahí termina todo. Dictamen o audiencia mejor dicho, no preceptiva en todo caso.

Un 20% es el sitial mínimo de la Xunta en las Cajas, amén de su capacidad de decisión y veto a toda fusión que no interese, aunque ¿a quién no interesa?, ¿al propio mercado, a los intereses financieros, intereses gallegos?, ¿quién define esa galleguidad amén de la solvencia?, criterio subjetivo aquél, técnico y objetivo éste.

A corto y medio plazo el presidente de la Xunta se apunta un tanto, tanto que también comparte el Bloque pese al abismo político que les separa así como las concepciones entorno a la cuestión financiera y la posibilidad de una Banca Pública diametralmente opuesta a las cajas de ahorro en tanto entidades de naturaleza y obra social como hace ya dos décadas definió el propio Tribunal Constitucional.

Veremos cómo responde el propio mercado y el intervenido al máximo escenario de las cajas de ahorro, auténticas y solitarias paganas de una crisis a las que se les hace pagar las consecuencias no solo propias sino también ajenas. Hemos fustigado la libertad de empresa y los criterios empresariales, a costa de una hermenéutica política legislativa que a largo plazo puede ser catastrófica.

Que nadie lo olvide. Son los costes, los riesgos, la aversión lógica y compartida por los gallegos, una amplísima mayoría, que no quiere perder la identidad gallega de ninguna de sus dos cajas. Un 20% que se incrementa notablemente ante el tercio de representación que corresponde a entidades representativas y fundadoras que, en el caso de Caixa Galicia son inexistentes y lo copa en elección la Xunta y los municipios. Pequeño subterfugio sin duda para incrementar la politización.

La nueva norma establece autorización de la Consellería de Facenda para toda inversión en obra social superior al medio millón de euros y superior a tres años. Cortapisa o prebenda, pero en todo caso pérdida de libertad de decisión por la propia caja de ahorro, las cosas por su nombre. No es nada bueno, y menos en escenarios obligados o no de mayorías absolutas, cainitas en unos casos, sordas en otros, pero necesarias sí quién quiere y pretende gobernar es la derecha. Nuevas norma, nueva ley, pero todo viejo en el fondo. ¿Alguien se cree que con estos artículos realmente hemos terminado con la politización de las cajas? Quien esto suscribe, profesor de Derecho mercantil, no se lo cree. Así son las cosas.

Veremos el tiempo, como juez imparcial quien otorga razones y certidumbres.