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Tribuna

14 de julio de 2009

Es sin duda la financiación autonómica una de las cuestiones más complejas, delicadas y a la vez insatisfactorias que asisten al Estado autonómico. El sectarismo político, la demagogia hueca y la confrontación centro-periferia hacen acto de presencia.

El modelo ya está presentado, lo hizo la vicepresidenta el domingo pasado. Luces y sombras, atisbos y conatos de opacidad. Algunos se quejan de no tener cifras exactas, otros se muestran exultantes. Ni una posición ni la otra son buenas ni serias. Pero no está la situación económica como para que ninguna de las 15 comunidades se niegue con vehemencia al mismo. Los 11.000 millones adicionales son más necesarios que nunca. Muchos piensan que gana Cataluña, pero ¿quién pierde realmente si es que alguien pierde? Criterios de población, de envejecimiento, dispersión, bilingüismo, insularidad, etcétera. Llega un año tarde, pero llega. El Gobierno necesita apoyos que mitiguen su acuciante soledad parlamentaria. No es ilegítimo. Otros lo han hecho y callado.

No hay paz que cien años dure, pero tampoco cuando las diferencias de trato entre autonomías son tan sangrantes y carentes de justificación. Los vicios de origen, esto es, conceder más competencias a unas autonomías, las viejas nacionalidades históricas en detrimento de las otras, las de vía lenta, no ha hecho sino acentuar y agravar viejos problemas para eternas demandas de diferenciación que nunca han cesado.

La compra de apoyos al Madrid de las investiduras presidenciales siempre ha tenido una contraprestación selectiva para unos pocos, injustificable, vergonzosa. Ni vascos ni catalanes aceptan una paridad de trato. Prefieren postergarse en esa asimetría, en esa bilateralidad con el Estado central que tan buenos resultados les ha deparado, y perjudicado al resto. Hay recelo, hay desconfianza, siempre la ha habido, y máxime en momentos de enorme debilidad del Gobierno central que necesita el apoyo de los nacionalistas para sacar adelante presupuestos y leyes.

Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía y Madrid son las grandes triunfadoras. Más dinero sobre la mesa, sí, pero sólo para unos pocos, las autonomías más fuertes, más pujantes industrial y económicamente. Esa es la realidad, la misma que no tendrá en cuenta otros parámetros, otras realidades que agudizan el deterioro del Estado de bienestar.

España es uno de los Estados más descentralizados. Ni siquiera Estados federales gozan de las competencias y poderes que tienen aquí las autonomías. Una España de facto federal y asimétrica, pero de lege autonómica. Sin duda el verdadero vórtice de nuestra democracia. Unas autonomías que adoptaron los mismos vicios y excesos institucionales y burocráticos que el estado central. No hay presupuesto que aguante tanto gasto, menos si se demuestra lo innecesario e irresponsable de algunas partidas, suntuosos, excesivas, innecesarias. Pero las maquinarias del poder deben engrasarse de dinero, afines, prebendas y puestos políticos y públicos. Máxime en un país donde al político le cuesta distinguir lo público de lo privado.

Mayor corresponsabilidad fiscal de las autonomías. El Estado sigue adelgazando y enfrentándose en solitario a las prestaciones por desempleo. En un horizonte donde la recaudación disminuirá, por mucho que se cedan tributos, la hora de la verdad vendrá presidida por un aumento desbocado del déficit público. El gasto público difícilmente será contenido. Es exigible mayor ebriedad de gasto y menos despilfarro a las autonomías. Y a la espera, las reformas, las necesarias reformas que son imprescindibles para salir de este túnel.