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CAPÍTULO 2

Raúl (1983-1989)

La humanidad toda, en una tarea constante, debe

transformarse en maza para golpear una y otra vez el huevo

de una serpiente con infinitas formas de mutación.

Jorge Caterbetti,

Jorge Julio López. Memoria escrita, 2012.

El gobierno de Raúl Alfonsín tuvo su “primavera democrática” con políticas progresistas, como el decreto que impulsó el juicio a los nueve jefes militares de las tres primeras Juntas de la dictadura, por sus graves y masivas violaciones de derechos humanos, desde el 24 de marzo hasta la guerra de Malvinas. Fue la emblemática “causa 13/84”. Luego de que el fiscal de aquel histórico proceso, Julio César Strassera, finalizara su alegato diciendo “señores jueces, nunca más”, pasaron muy pocos años hasta que las corporaciones aliadas a los sicarios de uniforme del terrorismo de Estado buscaran consolidar su impunidad. Era imperativo frenar la continuidad de los juicios por los delitos de lesa humanidad que habían cometido en forma sistemática sobre un grupo de población, a partir del intento de destruir su identidad, y del intento de su destrucción total o parcial como grupo.47 Era el turno de los que ejecutaron las órdenes genocidas. Las asonadas carapintadas propiciaron las dos leyes que buscaron consagrar la impunidad, de Obediencia Debida y de Punto Final. Pero algunos pensaban que irían por más. El fantasma de un inminente golpe cívico-militar encabezado por el coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín y el menemismo fue un motor para Enrique Gorriarán Merlo, autor intelectual del asalto del Movimiento Todos por la Patria (MTP) al cuartel de La Tablada, la acción bélica que frenaría una nueva intentona golpista. En sus elucubraciones ese golpe buscaba desplazar a Alfonsín por el entonces vicepresidente Víctor Martínez, para garantizar una transición ordenada a un futuro gobierno justicialista que indultara a los militares. El ejército pudo dar una aplastante demostración de fuerza, que culminó con el aniquilamiento casi total del grupo, cuya referencia pública era la revista Entre Todos, los que queremos la liberación.

Con el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en Rosario en mayo de 198348 los represores marcaban la cancha antes de dejarla. Una vez asumido el gobierno democrático siguió habiendo desapariciones, antes, durante y después del asalto a La Tablada.

José Luis Franco, Rosario, Santa Fe

José Luis Franco fue detenido la noche del 24 de diciembre de 1983 por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la comisaría 11ª de la ciudad de Rosario. Horas más tarde la Justicia rechazó un hábeas corpus presentado en su nombre. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven de 23 años resultó “muerto en un enfrentamiento con la policía”. Es el primer caso del que se tiene registro en el inicio de la era democrática postdictadura.

Habían pasado apenas dos semanas de la asunción de Alfonsín y en la ciudad de Rosario ya había un desaparecido, que luego fue hallado sin vida. El asesinato de José Luis anticipaba de lo que vendría: desde aquella Nochebuena hasta diciembre de 2020 los muertos a manos de miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado superaron los 7500, según el relevamiento anual de los archivos que elabora la Correpi.

Néstor Lito Gutiérrez, Neuquén

Tenía 23 años y desapareció el 26 de diciembre de 1984. A “Lito”, como lo llamaban, lo detuvieron y subieron a su auto, un Fiat 127 celeste, que hicieron arrancar flanqueado por dos patrulleros. Había salido de madrugada tras el brindis navideño con su vehículo, que fue encontrado abandonado en Colonia Valentina Sur, camino a Balsa Las Perlas. Tenía los vidrios bajos y le faltaba el pasacasete. Al día siguiente, Héctor Gutiérrez radicó la denuncia por la desaparición de su hijo, que no había vuelto al hogar y no estaba en ninguna comisaría ni hospital de la zona. Lito había salido con dos amigos. Luego de pasar por el balneario municipal, se dirigió por la ruta 22 hacia el oeste y se detuvo a la altura del Barrio Jardín para orinar bajo unos árboles. Estaban los tres lejos del auto cuando llegaron al lugar dos móviles policiales, un Renault 18 y un Falcon, con varios efectivos a bordo. Uno de sus amigos atestiguó que vio cómo se abalanzaron contra Lito, le dieron una paliza, lo metieron al patrullero y salieron en dirección a Valentina Sur.

En Neuquén gobernaba Felipe Sapag, reelecto en ese cargo desde 1962, y su ministro de Gobierno era Aldo Robiglio, quien había nombrado jefe de policía a Luis Marcelo Jaureguiberry.

“Estos hechos, las desapariciones de personas, pasan en todo el país”, dijo el ministro Robiglio cuando el caso tomó estado público. En tanto, su jefe de policía Jaureguiberry se apresuró a negar cualquier posibilidad de que policías a su cargo hubieran participado de semejante operativo ilegal. El juez de Instrucción Ricardo Mendaña indagó a decenas de uniformados y procesó a ocho, mientras trató de encontrar a Gutiérrez. Los propios imputados confesaron que Lito murió por los golpes y que su cadáver fue arrojado al río Limay a la altura de Balsa Las Perlas. Uno de los policías lo habría rematado de un disparo. En el juicio oral fueron condenados los policías Francisco Cárdenas, Rubén Jara, Carlos Pena, Félix Varela, Carlos Quilapi, Raúl Curinam, Omar Ramírez a penas de 2 a 13 años de prisión. En julio de 1988 la Cámara en lo Criminal confirmó la sentencia.49

“Otra Navidad pasó, otro año más tu silla en la mesa está vacía. Se cumple otro aniversario de tu ausencia y ya son 35 años que sigo esperando que golpeen a mi puerta o suene el teléfono para decirme que encontraron el cuerpo de mi hijo Néstor Gutiérrez, quien, en la noche del 25 de diciembre de 1984, a pocos días de la vuelta de mi adorada democracia, fue víctima de la represión policial neuquina, reproductora de las prácticas de la dictadura militar, convirtiéndolo en un desaparecido más”. Con estas palabras comienza una carta pública de su padre, Héctor Gutiérrez. El papá de Lito dijo que sus vidas jamás volvieron a ser las mismas, que fueron víctimas de la “desidia investigativa y el encubrimiento policial”, y que necesitaba respuestas para encontrar su cuerpo. “¿Por qué el juez de la causa nunca me hizo ninguna prueba para saber si el cuerpo desmembrado hallado en el río era mi hijo? ¿Por qué nadie lo siguió buscando? Solo cuando encuentre respuestas y podamos llevarte una flor a tu tumba habrá un poco de paz y alivio para el corazón de mi señora y el mío”.

En junio de 2013 el nombre del segundo desaparecido en democracia fue pronunciado en la presentación de un libro en Buenos Aires. “El caso tuvo mucha resonancia por la proximidad con la dictadura y porque la forma en la que las fuerzas de seguridad actuaron era igual a la de los grupos de tareas”, relató el periodista Walter Pérez50 en esa oportunidad. El autor abordó el asesinato y desaparición de Lito, y también los de Pablo Ramírez, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba.51 “Lo terrible es que dentro de las fuerzas de seguridad siguen existiendo estas prácticas propias de la dictadura, donde hay jóvenes que son formados desconociendo lo que establece la Constitución, los derechos de los demás. Y las manifiestan no solo en protestas sociales, sino que es una conducta diaria de la policía para con los jóvenes, en particular con los más humildes, que son todos los días golpeados y maltratados”, consideró.

Osvaldo Sivak, Lanús, Buenos Aires

“Quedará en la historia policial argentina la ronda macabra que se inició con el descubrimiento del cadáver del ingeniero Osvaldo Fabio Sivak, siguió con los hallazgos del cuerpo del empresario Federico Benjamín Neuman y unos huesos calcinados que pertenecieron a Eduardo Tomás Oxenford, asesinado cuando tenía solo 26 años. En los tres casos se trató de secuestrados por los que se pagó rescate. Así, Sivak, Neuman y Oxenford dejaron de formar parte de la trágica nómina de desaparecidos que soporta la sociedad argentina. Pero, no se dude, esta secuencia de cadáveres enterrados es una de las tantas herencias que dejó el Proceso. Es que los hombres que debían custodiar la seguridad y la vida de los habitantes secuestraban y mataban”.52 Con estas palabras trazó el claro nexo entre los métodos de los genocidas de la dictadura y la democracia en pañales de los años 80 el periodista Carlos Juvenal, en su libro sobre el segundo secuestro de Sivak, ocurrido el 25 de julio de 1985 en pleno centro de la capital, a manos de una banda de policías federales. Fue la primera vez que Martín Sivak, su sobrino escritor y periodista, vio llorar a su padre, Jorge. Osvaldo tenía 44 años y estuvo desaparecido hasta el 5 de noviembre de 1987, cuando los hombres al mando del jefe de la policía federal Juan Pirker, del juez Martín Irurzun y su secretario Mario Filozof encontraron su cadáver en un club de campo a unos cincuenta kilómetros al sur de Buenos Aires y cerca de la ruta nacional 2. La familia había pagado el rescate de un millón cien mil dólares, pero lo asesinaron días después.

“La investigación, que implicaba a los servicios de espionaje del Estado y salpicó a funcionarios del gobierno democrático, se aclaró al fin cuando el nuevo ministro del Interior, Enrique Nosiglia, ordenó al jefe de la policía federal que detuviera a los oficiales acusados. El inspector Héctor Salcano fue interrogado por una brigada especial y confesó la participación de un grupo de tareas –tal como se denominaba a las bandas paramilitares que actuaron durante la dictadura en la represión ilegal de la guerrilla– en ese y en otros secuestros de empresarios para exigir rescate. Su declaración permitió descubrir el lugar donde había sido enterrado el cadáver de Osvaldo Sivak, presidente de Buenos Aires Building, la más importante compañía inmobiliaria de Argentina”. Así reflejaba el diario El País el hallazgo que conmovía a la nación. El ex ministro del Interior Antonio Tróccoli había negado ante los diputados, que lo interpelaron en 1986, la responsabilidad de la policía y acusó a la familia del empresario de querer actuar por su cuenta. Su hermano Jorge Sivak, que asistía como invitado a la sesión, se levantó enfurecido de su asiento y gritó al ministro: “¡Miente, miente!”.53 Los policías Ignacio Báez, Roberto Buletti, Héctor Galeano, José Lorea, Carlos Lorenzatti y Félix Roque Miera fueron condenados a prisión perpetua en 1994, por este y otros secuestros. En 2016 se les dio por cumplida la pena. El primer secuestro sufrido por Sivak en 1979 fue declarado delito de lesa humanidad por la Cámara Federal porteña, que en 2012 condenó a 10 años de prisión a uno de los ex policías detenidos por el hecho. La pena recayó en el ex oficial de la policía federal Ricardo Taddei, en cuya casa de Remedios de Escalada estuvo secuestrado Sivak entre el 7 y 9 de agosto de 1979 por la “banda de los comisarios”, como titularon los diarios. El empresario sobrevivió a ese secuestro en el que se pedía un rescate de dos millones de dólares, efectuado por un grupo de tareas del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército integrado mayoritariamente por policías federales que reunía dinero para la llamada “lucha antisubversiva” o para provecho propio al amparo de las autoridades dictatoriales. El rescate no llegó a ser pagado. Cuando estaba a punto de concretarse apareció otro grupo de policías que detuvo a los cobradores y logró la liberación de Sivak. Entre quienes lo liberaron estaba Roberto Buletti, a quien Sivak en reconocimiento empleó como jefe de seguridad de su empresa. Sin saberlo, llevó a su círculo íntimo a quien armaría la banda para su segundo secuestro. “Me animo a suponer que esta banda, y alguna otra que puede aparecer, no hizo sino copiar lo que cada uno de sus miembros vio e investigó durante el proceso militar. Todos se enteraron cómo se organizaba un secuestro, de qué forma se negociaba el pago de un rescate, y cómo se cobraba el dinero. En esos tiempos los secuestros se organizaban en Seguridad Federal [antes Coordinación Federal], primero con la excusa de formar un pozo para la lucha contra los subversivos, y luego directamente para hacerse millonarios. La policía federal sabe perfectamente lo que ocurrió cuando esa superintendencia respondía más a [Carlos “Pajarito”] Suárez Mason que a sus mandos naturales. Solo resta tirar de la punta del ovillo, investigar. Al Capone cayó por evasión de impuestos”, resumía Juvenal.54

La familia Sivak, sus hermanos y su mujer, Marta Oyhanarte, insistieron desde el inicio con el carácter político del secuestro. La mujer, que forjaría su carrera política desde aquellos días, denunció “la impunidad de ciertos grupos vinculados con la extrema derecha”. Este señalamiento se volvió más tangible cuando apareció el cadáver y con él los nombres de los culpables. El tiempo les daría la razón. “Una madeja de personajes vinculados de manera directa con el aparato del Estado entró en escena. Los nueve involucrados directos integraban o habían pertenecido a la Policía Federal Argentina. Este ensamble evidenciaba el poder mortífero de las fuerzas represivas y la continuidad, sin variantes en sus prácticas e integrantes, de la policía de la dictadura en democracia. Se trataba de un viaje al pasado que no solo permitía comprobar su persistencia, ahora intolerable, sino también significaba para algunos periodistas y medios de comunicación una oportunidad para intentar ‘rehabilitarse’, a través de la firme condena de este accionar, de su apoyo previo al gobierno militar”.55

Los cuatro del Movimiento Todos por la Patria, La Tablada, Buenos Aires

Carlos “Sordo” Samojedny, José “Maradona” Díaz, Iván Ruiz y Francisco “Pancho’’ Provenzano desaparecieron el 24 de enero de 1989 en medio del operativo represivo desplegado por el gobierno de Raúl Alfonsín para recuperar el Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM) 3 General Belgrano, en La Tablada, que horas antes había sido asaltado por un grupo del MTP. En el curso de los días 23 y 24 los que quedaban vivos negociaron su rendición. Cuatro de ellos, que se entregaron con vida, fueron desaparecidos.

Aquella madrugada un camión de gaseosas embistió los portones principales del Regimiento y quienes ingresaron lo hicieron al grito de “¡Viva Rico! ¡Viva Seineldín!”. La idea era confundir a la guardia con un supuesto levantamiento carapintada y así ocupar el cuartel. Durante las primeras horas hubo desconcierto en el Gobierno, el ejército y la policía, sobre quién había perpetrado el ataque, pero a medida que el combate fue recrudeciendo se confirmó que los protagonistas eran 46 militantes del MTP, liderados por el ex dirigente del PRT-ERP, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Todo debió finalizar a media mañana, pero los militares resistieron en el casino de suboficiales. Hubo también un cerco de la Policía Bonaerense y el ejército, junto a militares y policías que se sumaron sin encuadramiento, que les impidieron replegarse. “No querían que ninguno saliera vivo”, dijo José D’Angelo Rodríguez, ex teniente dado de baja por carapintada, que se sumó ese día a la acción.56 2000 efectivos de las fuerzas de seguridad los reprimieron a sangre y fuego durante treinta y seis horas con morteros, ametralladoras antiaéreas, tanquetas, e incluso bombas de fósforo, prohibidas por convenciones internacionales. La reacción había sido rápida porque el ejército contaba con información sobre un presunto ataque guerrillero a uno de sus cuarteles. El entonces general Francisco Gassino reforzó la seguridad de las principales unidades del ejército. El combate de La Tablada dejó un saldo de 33 militantes, 7 miembros del ejército y 2 policías muertos. 2 de los miembros del ejército cayeron producto del fuego cruzado, mientras que del lado del MTP no hubo un solo herido, únicamente muertos y desaparecidos. Entre los 33 militantes del MTP muertos están los 4 que no aparecieron nunca más. Ruiz y Díaz fueron capturados con vida el 23, aparecen rindiéndose en la secuencia fotográfica tomada por Eduardo Longoni y en imágenes de la Televisión Española. Caminan hacia los fondos del cuartel con los brazos en alto, escoltados por un soldado. Es el último registro de ambos. Después fueron torturados y desaparecidos. Berta Calvo y Pablo Ramos fueron fusilados con tiros a quemarropa.57 La recuperación del cuartel fue un condensado de todos los métodos represivos utilizados por los genocidas durante la dictadura.

Más allá de las hipótesis sobre el origen del dato sobre el supuesto inminente golpe, el MTP consideraba que la toma del cuartel iba a impulsar tanto al gobierno radical como a las masas populares a detenerlo y a salir a defender la democracia. “Con La Tablada se armaron varios mitos. Que teníamos un vínculo con el radicalismo, que estábamos infiltrados, que los militares nos estaban esperando. Nunca pudimos confirmar ninguna de esas situaciones. Puedo asegurar que no estábamos infiltrados y, en cuanto a que nos estaban esperando, de ninguna manera. Entramos, los sorprendimos, ocupamos el cuartel y si no cumplimos con nuestra misión fue por errores nuestros”, dice Miguel Aguirre.58 Otros dos periodistas que profundizaron en la investigación de funcionarios de la época destacan el vínculo personal entre Provenzano y el ministro del Interior Enrique Nosiglia, en línea con ubicar la toma de Tablada como un hecho generado para mancillar al justicialismo y reforzar la imagen del ya desgastado gobierno radical. Y plantean una conclusión. “¿Quién ganó y quién perdió con el ataque? Más allá de las víctimas de uno y otro sector que pusieron el cuerpo, el Ejército se robusteció tras el bombardeo exagerado que teatralizó con la recuperación del cuartel”.59

Tras el expeditivo juicio que se les hizo ese mismo 1989,60 los presos de La Tablada estuvieron privados de su libertad por más de 12 años. Hicieron dos huelgas de hambre. La última, de 116 días, fue en 2000, y tuvo amplia repercusión internacional, lo que significó una fuerte presión para el gobierno de Fernando de la Rúa, quien finalmente les conmutó las penas.

José Díaz

Era un militante internacionalista que había nacido en Santiago del Estero, participó de la lucha revolucionaria en Nicaragua desde 1982, y en ese país nació su hijo Daniel. Luego fue parte de la guerrilla en Guatemala, en contra de la dictadura de José Efraín Ríos Montt. En 1987 regresó a la Argentina y se sumó al MTP. El 23 de enero de 1989 ingresó al regimiento de La Tablada, lo detuvieron junto a Iván Ruiz. José fue torturado y fusilado.61 “Díaz era de acá, de Ingeniero Budge. Nos habíamos conocido en Brasil y viajamos juntos a Nicaragua, estuvimos en el Ejército Sandinista y también en la guerrilla de Guatemala. En la selva a veces a la noche conversábamos de los libros que leíamos. Él se casó y se quedó allá, donde vive su hijo. Nos reencontramos el día que fuimos a La Tablada”, cuenta José Moreira, militante del MTP que sobrevivió al operativo represivo. “Era una persona muy tranquila, vivía con su mamá en el barrio tomado de San José Obrero. Le decíamos Maradona por el pelo, tenía rulos negros”. Andaban los tres juntos, con José e Iván Ruiz, solían practicar tiro con una moneda y un rifle de aire comprimido. Moreira se fue a Nicaragua en 1983, poco antes de la formación del MTP. “Lamento no haber triunfado en la lucha armada y en Tablada, era lo único que podía cambiar algo en este país, ahí se jugaba la última carta de hacer la revolución por las armas, el Pelado lo vio así. Ahora la derecha en lugar de milicos usa a los jueces y a los medios”, dice al sintetizar el pasado y el presente.

Iván Ruiz

“A Iván le decíamos ‘Chumpipe’, como les dicen allá a los pavos, porque era colorado”, recuerda Moreira sobre Ruiz en su paso por la Nicaragua revolucionaria. A los 13 años se alistó como voluntario para integrarse a los batallones de la frontera norte de ese país. Al momento del asalto al cuartel de La Tablada tenía 20 años. Roberto “Gato” Felicetti, dirigente del MTP que sobrevivió a la represión de La Tablada y ahora trabaja en una cooperativa de reciclaje de residuos electrónicos, habla con respeto y cariño de sus compañeros. “Con Roberto Sánchez, el tío de Iván Ruiz, que era militante del ERP-PRT, estuvimos presos en 1975 en Sierra Chica. Aurora, mamá de Iván y hermana de Roberto, iba de visita a la cárcel. Luego él en el 78 se va a Europa, sale con la opción por pedido de Francia,62 tenía la ciudadanía francesa. Y en los 80 volví a ver a Iván, pero lo conocía desde chiquito”, cuenta sobre Ruiz y su tío. A Sánchez le decían “el Che Gordo”. Para su hermana Aurora Sánchez Nadal –mamá de Iván, militante, fotógrafa y escritora, además de protagonista del documental Los Indalos–,63 ambos “dieron su vida por lo que creían era justo”. En el film, Maira Ruiz Sánchez dice que le llevó un tiempo comprender que la muerte de su hermano en La Tablada “fue su destino y su decisión, su manera de liberar a los demás”. Ella no cree que lo encuentren, pero confiesa que “sería algo que me daría mucha paz”. Aurora recuerda: “Roberto era su ídolo, su Che Guevara”. A los 14 años Iván ya estaba peleando en un batallón de reserva del ejército sandinista. Tres años después ya era aviador. “Cuando yo le decía algo, él me decía, ‘nos hubiéramos quedado en España, me trajiste acá y acá hay que luchar’”, recuerda su madre. En 1988 Iván decide volver a Argentina junto con su tío para sumarse al MTP. Aurora lo llevó al aeropuerto de Managua para tomarse un avión rumbo a Cuba. Él le aseguró que se encontraría con Roberto allí y luego volvería. Cuando sucedió el intento de copamiento de La Tablada se dio cuenta de que le había mentido. “No sé por qué volvieron. ¿Qué se yo? Querían salvar a la Argentina. No lo sé”, dice Aurora. Sin embargo, no hay reproches hacia ellos, en su mirada fueron personas valientes que mantuvieron la dignidad, sus ideales y tuvieron el coraje de enfrentarse al mayor ejército de América Latina. “Al margen de si La Tablada fue o no fue un acierto, ellos entregaron su vida”, afirma.64

“Era alegre, juguetón, servicial, la personificación de un revolucionario, y un día me robó un beso”, dice Ana Carrión Mejía, su esposa nicaragüense. Aurora menciona la fundación del MTP en ese país en 1986. Tres años más tarde durante el asalto a La Tablada, Ruiz es herido por la mañana del 23 en la guardia de Prevención, y se comunica con su compañera, Claudia Acosta, a través de un handy. Ese día él y Díaz se entregan ante los militares, tal como quedó reflejado en las fotos de Longoni, que en ese momento trabajaba freelance. El reportero gráfico se había subido a una terraza, y pudo captar “el pasaje entre la vida y la muerte”, como dice en el documental. “Aurora quería que esa secuencia siguiera, era la desesperación de una mamá que quiere saber, porque no sabe, es lo que pasa con esta maldita palabra, desaparecido, es más terrible que saber que a alguien lo matan”, evoca.

Carlos Samojedny

Arrancó muy joven su militancia estudiantil, integró el PRT-Córdoba y, un poco más tarde, la guerrilla rural del ERP en Tucumán. Estuvo preso durante más de diez años, en la cárcel escribió Psicología y dialéctica del represor y el reprimido,65 sobre la supervivencia de los presos políticos en la dictadura. Quedó en libertad en junio de 1984 y se sumó al proyecto de los fundadores del MTP en Managua. Fue uno de los principales dirigentes del MTP y daba cursos de filosofía y marxismo a los compañeros más jóvenes en el conurbano bonaerense. Sobre Samojedny lo primero que menciona Felicetti es su vasta formación teórica. “Él cayó con la Compañía de Monte, era militante desde chico, trabajó para organizar a los psicólogos de Córdoba, muy comprometido y acompañó por todo el país a Fray Antonio Puigjané, era un marxista dogmático”. El “Gato” se ríe cuando recuerda que además de “Sordo” le decían “Beethoven”, por cierta dificultad para oír. El periodista y escritor Hugo Montero66 afirmó que al día 24, cuando se entrega el resto de los sobrevivientes, “separan al Sordo y a Pancho, porque los conocían por su nombre, habían estado presos durante la dictadura, querían fusilar a los dirigentes, se cebaron en aniquilar al grupo”.

Francisco Provenzano

Hijo de una familia radical de médicos, Pancho, como le decían, fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde comenzó su militancia en plena dictadura de Onganía. Dejó de lado la práctica del rugby y se sumó al PRT-ERP. Distribuía Estrella Roja y los boletines fabriles entre operarios y vecinos. Fue preso político por primera vez en 1975 en la cárcel de Devoto, luego en enero de 1976, durante el gobierno de Isabel Perón, y permaneció detenido durante toda la dictadura. En 1986 nació Irene, hija de Pancho y Claudia Lareu, militante a quien había conocido en la organización. Por esos años se sumó al grupo que fundó el MTP. Ese año participó de la tarea de pensar un diario de izquierda que atendiera la problemática de derechos humanos, y en 1987 salió a la calle Página/12. La mañana del 24 de enero, agitando un trapo blanco, habló con el jefe del operativo militar, el general Alfredo Arrillaga. Su reclamo de garantías había sido “aceptado”. Con las manos en la nuca, y una herida de bala en un brazo, Pancho cerraba la fila de compañeros que se entregaban. Minutos más tarde los militares lo apartaron del resto. Fue fusilado y su cuerpo habría sido quemado. Aún sigue desaparecido.

“Con mis viejos era una vida vinculada a la militancia y a las reuniones, la vida con compañeros y compañeras, mis amigos de chica eran los hijos de los compañeros del MTP, me acuerdo de reuniones en barrios populares, de viajes por política de ellos, recuerdos pequeños y fragmentados porque era muy chiquita, pero me acuerdo de esa vida. Para mí hubo un gran cambio cuando pasé a vivir con otra familia, con otras profesiones, de escuelas privadas y otra inscripción política. Pero el cambio más significativo tenía que ver con que ellos no estaban. Esa vida tan distinta que le proponían a su hija cambió totalmente cuando no estuvieron. Pasé a vivir con un hermano de mi papá, Sergio Provenzano, de militancia radical. Si bien era una persona politizada, la militancia en los partidos tradicionales es muy diferente a la vida del militante en una familia de izquierda”. Irene Provenzano habla dulce y pausadamente sobre su papá, en un cuarto intermedio del juicio contra Arrillaga.

Felicetti estuvo detenido con Provenzano en Sierra Chica, después en Rawson, y en los 80 fue uno de los primeros compañeros con quien retomó relación. “Él tenía un profundo sentido de empatía con las personas, una gran capacidad de diálogo, era el coordinador del secretariado del MTP, no confrontaba. Y era muy obsesivo con cumplir con las tareas. Y era muy distraído, me acuerdo que en el 79 ponían un celador que en cualquier momento ordenaba que nos metiéramos en las celdas, y siempre él estaba despistado, o no se daba cuenta de que estaban pasando lista. Viajamos juntos a Cuba y a Nicaragua, era muy cariñoso con su hija y su compañera Claudia Lareu”. Provenzano tuvo un hermano que murió durante la dictadura, tras un atentado al edificio Libertad. “Pancho fue el que organizó Página/12, esa es la verdad, lo fundamos nosotros y no era por dinero como dice [Jorge] Lanata, todos los que entraron después nos puteaban de arriba a abajo, pero los hicimos famosos, les cambiamos la vida, ahora me los encuentro y los saludo a todos. El problema fue que se asustaron muchísimo, y sin un control ideológico y político suceden los vaivenes que vinieron después. La experiencia en Página es muy ilustrativa de la capacidad de diálogo de Pancho, logró trabajar ahí con Lanata, con [Gerardo] Sokolowicz, con el ‘Biafra’ [Hugo Soriani], con [Horacio] Verbitsky, y todos los que se fueron incorporando. Tuvo mucho empuje para construir un diario desde la nada, su sentido de unidad y empatía fue un pilar para semejante tarea”. Joaquín Ramos, otro ex MTP, ratifica las palabras de Felicetti. “Era un diario para que se generara cierta conciencia, un espacio donde íbamos a estar nosotros, no nos servía tener un diario sectario; fue un gran aporte de Pancho Provenzano que fue el que lo convenció al Pelado”, dijo en alusión a Enrique Gorriarán Merlo.67

Treinta años de largo camino

Las ocho fotos de la secuencia del reportero Longoni fueron a la Comisión IDH, que en 1997 determinó que había que investigar qué sucedió en La Tablada, que podía ser falso que los cuatro militantes desaparecidos se habían fugado como dijo el ejército para cubrir esos asesinatos y los demás crímenes que cometió. El organismo internacional emitió un informe negativo para el Estado, recomendando una investigación seria para determinar las responsabilidades respectivas. En 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos. Y así se llegó al juicio al genocida Arrillaga, aunque los sobrevivientes y familiares aspiraban más. Luego de la rendición, las violaciones a los derechos humanos fueron ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas y torturas. Las habían denunciado ante el juez Gerardo Larrambebere y ante uno de sus secretarios, Alberto Nisman, sin ser escuchados. También las ratificaron en el juicio oral en el que fueron condenados por el ataque. “El actual proceso contra Arrillaga nos da fuerzas para perseguir a los otros responsables que intervinieron ese 23 y 24 de enero, y por los demás militantes que sufrieron las más aberrantes prácticas en democracia, tal cual se ejecutaron en la dictadura que precedió a la instauración del estado de derecho”, dijo la querellante abogada Liliana Mazea en ese juicio en 2019, junto a Pablo Llonto y Ernesto Lombardi, contra el general retirado, de 85 años. “Como aseveración de los dichos de los testigos de lo ocurrido, un sargento que ese día 23 actuó al mando de una ambulancia recogiendo heridos militares, reconoció que lo obligaron a firmar un acta junto al secretario Nisman y Larrambebere, y a decir que entregó a los dos desaparecidos, Díaz y Ruiz, al mayor Jorge Varando, cuando en realidad no los conocía. Se quebró en ese momento el encubrimiento judicial y político que pretendía acusar a los dos militantes malheridos de matar a la persona a la que Varando confió su guarda. Como querellante en delitos de lesa humanidad, nunca escuché un reconocimiento de los hechos como el del testigo [César Ariel] Quiroga, por lo que el testimonio de las víctimas reafirma la eficacia y valor en todos estos juicios”, agregó Mazea, militante de derechos humanos. Se refería al testimonio del ambulanciero que declaró que Larrambebere y Nisman le hicieron firmar una declaración de hechos que no vio, y que nunca transportó a “ningún subversivo”. El relato oficial sostuvo siempre que Quiroga entregó a Ruiz y Díaz al suboficial Raúl Esquivel, quien luego apareció muerto. Así, los atacantes lo habrían asesinado y luego se habrían fugado. Pero se cayó ese discurso oficial que el ejército había sostenido durante tres décadas.

“Que a treinta años estemos en esta instancia tiene que ver con el aparato judicial al servicio de garantizar la impunidad de los milicos. Los testimonios fueron esclarecedores de las demás responsabilidades militares que empiezan a aparecer, permiten desentrañar un poco cómo fue el operativo de violación a los derechos humanos que se activó una vez que se consumó la rendición de los compañeros, quedó bien claro que se rindieron 16 el 24, que Berta Calvo fue asfixiada, que mi viejo y Carlos Samojedny fueron separados del resto”, declaró la hija de Provenzano.68 El 12 de abril de 2019 el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín emitió la condena contra Arrillaga, y la sala de audiencias estalló en aplausos. El veterano represor ya tenía prisión perpetua por cinco casos de delitos de lesa humanidad, y gozaba de arresto domiciliario. “Lo esperábamos, tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo Daniel Díaz, hijo de la víctima desaparecida, que había viajado desde Nicaragua, levantando el cartel con la foto de su padre. Atrás había quedado la angustia de los relatos de las eternas sesiones de tortura, que incluyeron la violación de algunos militantes por parte de los represores del ejército.

En 2009 intervino el EAAF con la hipótesis de que el cuerpo de Provenzano había sido mal identificado por su familia. Luego de hacer un análisis de todos los cuerpos que todavía estaban sin reconocer, los expertos llegaron a la conclusión antropológica y genética de que había militantes de los cuales no había ningún rastro. En 2013 ese Equipo identificó los cuerpos de Roberto Sánchez, Carlos Burgos, Roberto Vital Gaguine, Juan Manuel Murúa y José Mendoza, y se estaba en proceso de certificar la identidad de un sexto combatiente. “Habían sido enterrados como N.N. en el cementerio de la Chacarita y no se había permitido exhumarlos hasta 1997, después del informe de la CIDH”.69 Sus familiares habían tenido que esperar más de seis meses para inhumar los cuerpos y los restos rescatados luego del combate, que permanecieron en la morgue judicial. Había amanecido algo nublado el 2 de junio de 2013. “Veinticuatro años más tarde de la desaparición de Roberto e Iván en el copamiento de La Tablada durante el gobierno democrático de Alfonsín me entregaron los restos de mi hermano, pero sigo buscando a mi hijo”, se escucha a Aurora en la película sobre su familia de revolucionarios. Ese día había ido junto a otros familiares, amigos y compañeros de militancia a Plaza de Mayo para dejar en la tierra debajo de un pino las cenizas del Che Gordo. “No han muerto, siguen vivos”, dijo ella levantando en alto una botella de ron traída especialmente de Nicaragua para despedirlo. Mientras la bebida añejada circulaba entre quienes quisieran un trago, hablaron otras mujeres. “Compañeros caídos en La Tablada, presentes, ahora y siempre”, gritaron todos juntos.

Raquel Laguna y Sergio Sorbellini, Río Colorado, Río Negro

Se acercaba el otoño, podía olerse en el aire. Sergio y Raquel terminaron de almorzar y salieron hacia el campo en una bicicleta tándem. Sus conejos se habían quedado sin alimento y buscaban pasto fresco para darles de comer. Al no regresar, sus padres y familiares comenzaron a buscarlos. Luego de 24 horas los hallaron muertos a balazos, detrás del predio de la Sociedad Rural de Río Colorado. Raquel murió de un tiro en la nuca y su cuerpo tenía rastros de tortura –quemaduras de cigarrillos–, y el de Sergio un balazo en las costillas, disparado a quemarropa. Además, los cuerpos habían sido orinados. El doble homicidio de Sorbellini, de 19 años, y Laguna, de 17, desaparecidos y asesinados el 12 de marzo de 1989, sacudió a toda la provincia de Río Negro. Sergio y Raquel se habían recibido un año antes. Él estudiaba en la Escuela Agrotécnica de Guatraché y ese mismo marzo tenía que ir a retirar el diploma de técnico agrónomo. Raquel había terminado el secundario.

La precaria investigación policial y judicial avanzó sin proteger y resguardar el lugar donde estaban los cadáveres. Se borraron huellas del lugar, fue sustituida la ropa interior de Raquel, la pericia balística fue fraguada, las autopsias descritas no fueron realizadas. Funcionarios policiales adulteraron las declaraciones testimoniales, varios elementos secuestrados por la policía desaparecieron, hubo actas de procedimiento alteradas y otras irregularidades que se comprobarían años más tarde. La investigación sobre el aberrante crimen de la pareja tuvo de todo: inocentes detenidos, varias hipótesis del hecho que hablan de contrabando de ganado y hasta de droga, sugestivos suicidios, cadenas de encubrimientos, nombres de personas influyentes y ligadas a la política formaron parte del caso que sigue impune. Ese largo recorrido de impunidad arrojó policías detenidos y acusados de destruir pruebas, un juez destituido por juicio político, dos personas condenadas y poco después absueltas, y un par de testigos que se suicidaron. Hubo un primer juicio al comisario Héctor Almendra, a los subcomisarios Juan Carlos Moyano y Rodolfo Bohlman, y a los suboficiales Viterbo Castro y Raúl Pérez. Fueron procesados y con prisión preventiva como partícipes y autores del doble homicidio, además de falsificación de pruebas. Años más tarde la decisión fue apelada y el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de lo actuado. En 1995, el gobernador Pablo Verani puso en marcha a una comisión policial dependiente del nuevo juez de la causa, Juan Torres, con el fin de iniciar una investigación seria. Sin embargo, el propio juez se habría negado a recabar judicialmente lo aportado por dicha comisión policial. En marzo 1997, luego de una manifestación popular, la Legislatura creó otra comisión especial para investigar la cadena de encubrimientos. En septiembre del mismo año se realizó la exhumación de los cuerpos, que había sido solicitada por los padres de las víctimas para esclarecer la causa de las muertes. Con la nueva autopsia se comprobaron numerosas irregularidades. Con el programa de recompensas y testigos protegidos, se incorporaron nuevas pruebas y testimonios. Fueron procesados por falso testimonio policías y peritos involucrados, fue condenando el perito balístico Julio Arriola, y el primer juez de Instrucción, Fernando Bajos, fue destituido mediante un juicio político. Con el informe de la Comisión Legislativa se iniciaron causas por el delito de asociación ilícita en contra de policías, aunque en 2003 fue declarado el sobreseimiento de todos los funcionarios policiales.

La mamá de Sergio, Irma Girolami, mantuvo viva la presión sobre la causa y el recuerdo de los jóvenes. “Los chicos vieron algo raro”, decía Irma en alguna oportunidad. “Un tema de droga, quizás. Desde el principio yo dije que los mataron porque los chicos vieron algo”. Otra sospecha fue que lo “raro” que vio la pareja fue alguna operación relacionada con contrabando de ganado: en aquella época, una barrera sanitaria impedía el ingreso de carne con hueso a Río Negro. La operación consistía en ingresar ganado a través del río y venderlo como si fuera de producción local, lo que duplicaba su valor. El padre de Raquel dijo a un medio nacional que tres personas tuvieron que ver con la muerte de los jóvenes. Llegó a esa conclusión luego de que una testigo declarara que en la escena del crimen hubo un Renault 18 perteneciente a la Legislatura, donde iban tres personas. Esta hipótesis se vio reforzada luego que Eustaquio Lezcano, uno de los testigos muertos, dejara una carta con datos sobre un campo ubicado cerca de donde aparecieron los cuerpos. La otra persona que se quitó la vida disparándose con un rifle fue Adalberto Dante Carrasco, quien tomó la drástica decisión luego que trascendiera públicamente su supuesta relación con los crímenes.

Semejante enchastre en la causa motivó que, el 6 de septiembre de 2001, los padres decidieran llegar hasta la CIDH. Ellos consideraron que, a partir del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus hijos, en lugar de realizarse una investigación eficaz se había desplegado una actividad policial con el fin de encubrir el hecho y borrar o tergiversar las pruebas. El gobierno rionegrino reconoció su responsabilidad por las deficiencias en la investigación del hecho y sus consecuencias jurídicas, por lo que le abonó 100 000 dólares a cada una de las familias, en el marco de un acuerdo en el que los damnificados se comprometieron a renunciar a iniciar otro reclamo por el tema.

Horacio Héctor Guerrero y Gloria Echenique, El Rincón, Neuquén

El 20 de febrero de 1988 el matrimonio integrado por Gloria Echenique y Horacio Guerrero regresaba de Chile en su auto. El gendarme Gustavo Sánchez Decker se les acercó en el puesto fronterizo y les agilizó los trámites, a cambio de que lo llevaran hasta Neuquén. En el camino hacia La Angostura atacó primero a Horacio, lo golpeó y finalmente le disparó en la nuca. Amordazó y ató a Gloria, la violó, y le disparó dos veces, y una tercera con el arma apoyada en el cráneo. Esa misma noche mostró a su novia y amigos el auto del matrimonio, diciendo que lo había comprado, y se fue de viaje 26 días. Él mismo dirigió el operativo que encontró los cadáveres el 28 de marzo. Cuando lo detuvieron exhibió un boleto de compraventa del auto con la firma falsa de Gloria, fechado al día siguiente del doble asesinato. Una de las pruebas fundamentales para esclarecer el hecho fue que la mano del gendarme tenía marcas de una mordida que coincidía con la impronta maxilar de Gloria, en su desesperado intento de defenderse. Fue condenado a reclusión perpetua. A finales de 2008 salió de la Unidad 9 de Neuquén con libertad condicional.

Tres N.N. masculinos, La Matanza, Buenos Aires

Tres pibes –de 16, 17 y 18 años, sospechados de ser “rateritos”– aparecieron ejecutados en un baldío, con balazos en la nuca, amordazados con sus medias y las manos y pies atados con sus propios cordones. Hubo sospechas de la intervención de un “escuadrón de la muerte” liderado por el sargento Guillermo Eduardo Monteiro, alias Rambo, pero la causa fue archivada.

47 Daniel Feierstein: Los dos demonios (recargados), Buenos Aires, Marea, 2018, p. 222.

48 El caso Cambiaso y Pereyra Rossi se sumó a una treintena de hechos intimidatorios que se habían registrado en los primeros meses de 1983, en perjuicio de militantes populares, magistrados y hasta exfuncionarios del propio gobierno militar que se atrevieron a formular críticas. Dirigentes de distintas tendencias políticas hicieron responsable “a un sector del Ejército” y agregaron que el Gobierno “se transforma en cómplice de este asesinato al pretender que los militantes peronistas murieron en un enfrentamiento. ‘El Viejo’ Cambiaso y ‘Carlón’ Pereyra fueron secuestrados en el bar Magnum de Rosario por un grupo parapolicial comandado por Luis Patti. Sus cuerpos aparecieron baleados en Zárate. Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y torturados antes de morir.

49 Marcelo Castro: “A 35 años de la desaparición de Néstor ‘Lito’ Gutiérrez”, Mejor Informado, 26 de diciembre de 2019.

50 Pérez trabaja en la agencia Télam, cubrió periodísticamente el crimen de Gutiérrez y escribió un libro con esa y otras historias, Desaparecido en democracia. Es parte de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y fue dirigente del Sindicato de Prensa.

51 Pablo Ramírez era un joven que fue asesinado en 1993 por un cabo de la policía, Teresa Rodríguez murió en 1997 durante la represión a las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul, y Carlos Fuentealba fue el docente asesinado en 2007 durante una represión en una marcha de docentes en Arroyito.

52 Carlos Juvenal: Sivak, Buenos Aires, Editorial IGI, 1987, p. 8.

53 Carlos Ares: “Hallado el cadáver de un empresario secuestrado hace 28 meses en Argentina”, El País, 6 de noviembre de 1987.

54 Ib., p. 9.

55 Sandra Gayol y Gabriel Kessler: Muertes que importan. Una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, pp. 66 y 67.

56 Guido Braslavsky: “Hace 30 años el MTP atacaba La Tablada, la última batalla de la izquierda militarista”, Clarín, 23 de enero de 2019.

57 Felipe Celesia y Pablo Waisberg: La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina, Buenos Aires, Aguilar, 2013. En ocasión de la publicación del libro, sus autores dieron una entrevista a Clarín donde afirmaron que “los que entraron a La Tablada eran revolucionarios, no una secta de dementes”.

58 Eduardo Anguita y Daniel Cecchini: “Hablan dos ex militantes del MTP que participaron del intento de copamiento del cuartel de La Tablada”, Infobae, 23 de enero de 2019.

59 Darío Gallo y Gonzalo Álvarez Guerrero: El Coti. Biografía no autorizada de Enrique Nosiglia, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

60 Fueron pocos los abogados que se animaron a tomar la defensa de los militantes enjuiciados por el ataque, entre ellos Marta Fernández, Eduardo Salerno y Rodolfo Yanzón.

61 Entre fines de 2019 y enero de 2020 el grupo periodístico La Retaguardia, junto a la Agencia Paco Urondo y FM La Caterva, realizó El Diario del Juicio por los desaparecidos de La Tablada, en el que publicaron el seguimiento de las audiencias del proceso en el cual fue condenado el general Alfredo Arrillaga, jefe de la represión para recuperar el cuartel, a prisión perpetua por el homicidio y desaparición de José Díaz. Allí hicieron conocer también breves biografías de los cuatro militantes desaparecidos.

62 En septiembre de 1978 Francia exigió a Argentina el envío de presos políticos por la falta de esclarecimiento del crimen de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

63 Aurora Sánchez reivindica una estirpe de militantes que lucharon en momentos cruciales del siglo xx, desde la Guerra Civil Española a la Nicaragua sandinista de los 80. En 1989, su hermano Roberto y su sobrino Iván tuvieron un final trágico en el asalto a La Tablada por el MTP, uno murió y el otro sigue desaparecido. “Mis indalos, que son mi hermano Roberto y mi hijo Iván, son los que me protegen ahora”, cuenta Aurora. Y explica que el indalo es un símbolo de la era neolítica encontrado en Mojácar, España. Las personas que viven allí sostienen que esta figura te protege de las personas que tienen mal ángel. Es por eso que ella tiene uno dibujado en la puerta de su casa y otro como colgante.

64 Gonzalo Magliano: “Familia de revolucionarios”, Haroldo, 2 de octubre de 2019.

65 Carlos Samojedny: Psicología y dialéctica del represor y el reprimido, Buenos Aires, Roblanco, 1986.

66 Autor de De Nicaragua a La Tablada, Una historia del Movimiento Todos por la Patria (Buenos Aires, Peña Lillo-Ediciones Continente, 2010) y cofundador de la revista Sudestada. Falleció en marzo de 2021. “Este no es un libro neutral, decíamos. En el combate librado entre un grupo de militantes que apostó por un cambio revolucionario a través de una acción guerrillera y un ejército genocida que fusiló a detenidos, carbonizó y mutiló cadáveres y torturó a los presos; no hay neutralidad posible”, escribió.

67 F. Celesia y P. Waisberg: O. cit., p. 152.

68 Adriana Meyer: “El proceso judicial está siendo muy reparador”, Página/12, 21 de enero de 2019.

69 F. Celesia y P. Waisberg: O. cit., p. 300.