Читать книгу Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece? - Amanda Alvarado Cortés - Страница 10

La paz es un deber y un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia. Siguiendo ese mandato, la Universidad Nacional de Colombia (UN), como institución pública por excelencia, viene apoyando desde 2012 el proceso de paz entre el Gobierno y las anteriormente denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP). Esto, a partir del reconocimiento de que se requiere una solución definitiva al conflicto armado interno, problema de enorme gravedad social, económica, ambiental y política, que ha persistido por más de cincuenta años en el país.

Ese compromiso de la UN con una paz estable y duradera se ha hecho explícito en sus dos últimos planes de desarrollo. Así, en su Plan Global de Desarrollo 2016-2018, se plantearon dos ejes estratégicos: “Eje 1. Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia” y “Eje 4. La Universidad Nacional de Colombia de cara al posacuerdo: un reto social”. Posteriormente, en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, ese compromiso se ratificó explícitamente en las siguientes políticas:

1. La Política número 3: “La Universidad Nacional de Colombia como proyecto cultural y colectivo de Nación, debe promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre actores de la academia, el Estado, el sector real de la economía y la sociedad civil, con los propósitos de hacer del país una sociedad de conocimiento y de aportar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible como instrumentos para la construcción de paz y desarrollo humano”.

2. El Eje Estratégico 3: “La Universidad, como proyecto cultural de la Nación, se orienta a la construcción, desde el conocimiento, de una sociedad flexible, sostenible y en paz que se transforma y adapta permanentemente”.

3. El Programa 7: “Comunidad Universitaria en nuestras nueve sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación”.

El programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU), del cual hacen parte los centros de pensamiento de la UN, fue creado en el Plan Global de Desarrollo 2016-2018, como estrategia académica, con el objetivo de

contribuir a la solución de problemas prioritarios del país, como resultado del diálogo de la comunidad académica con diversos actores de la sociedad civil y el Estado, tratando de posicionar a la UN como un actor protagonista en la construcción de las políticas que se formulan en las diversas escalas de la gestión del Estado.

Se dio continuidad a la EPPU en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, mediante el Programa 6, ideado para la

transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento.

Aquí se cuenta también la Estrategia 10. “Escuela Permanente de Pensamiento Universitario en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, cuyo objetivo específico es

Posicionar a la EPPU como instancia de fomento de alianzas entre la UN y entidades del Estado, para lograr reconocimiento de nuestra universidad como asesor válido del Estado y referente en el ámbito de los centros de pensamiento del país.

El Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural (CPDR) hace parte de la EPPU y viene trabajando desde 2015 como un espacio de reflexión sistémica y permanente acerca de los graves problemas del medio rural, teniendo como referente el proceso de paz en el país y la necesidad de plantear alternativas de solución para el posacuerdo. Lo anterior, con la coordinación del Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, y la participación de los grupos de investigación en Gestión y Desarrollo Rural (GIGDR), Gestión de Empresas Pecuarias (GIGEP), Grupo de Investigación Espacio, Tiempo y Territorio (UN, Bogotá), Agroecología (UN, sede Palmira), Recursos Zoogenéticos (UN, Sede Palmira), y Conservación y Manejo de Agroecosistemas (UN, Sede Medellín).

El trabajo del CPDR resulta de gran relevancia dada la persistencia de la crisis estructural en el medio rural colombiano y la enorme brecha que este tiene, frente al medio urbano. Además, se destaca cierta incertidumbre frente al cumplimiento del Gobierno nacional del Punto 1 del Acuerdo de Paz “Política de desarrollo agrario integral”, “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral”. Si bien el proceso está presupuestado para un horizonte de quince años y el Gobierno nacional ha expresado su compromiso con el acuerdo, hay aspectos de preocupación: el alto número de asesinatos de líderes y lideresas sociales, y excombatientes de las Farc-EP, documentado por Naciones Unidas y diferentes organizaciones sociales; el relativo crecimiento de las disidencias de las Farc-EP y otros grupos armados ilegales; los preocupantes procesos de degradación ambiental en zonas que históricamente han sufrido la violencia, algunas de estas anteriormente ocupadas por las Farc-EP; los avances relativamente modestos en torno al proceso de paz que muestran los organismos encargados de la evaluación y seguimiento; y, el escaso desarrollo de la implementación de la reforma rural integral (RRI), particularmente en cuanto al tema de tierras y de mejoras efectivas en la calidad de vida de los pobladores rurales. Lo anterior genera desconfianza acerca de la capacidad y la voluntad del Gobierno para avanzar hacia una paz estable y duradera, donde se promueva un verdadero desarrollo del campo colombiano.

A la fecha, se han desarrollado dos fases del CPDR. En la primera (2015-2017), se propuso como objetivo generar y proponer lineamientos de política pública para el desarrollo rural que apunten a superar los problemas estructurales que sufre el medio rural. En esa fase, los esfuerzos se enfocaron hacia el debate participativo y la definición de lineamientos en torno a cómo implementar la RRI, trabajando en cinco ejes temáticos, a saber: articulación al sistema agroalimentario; multifuncionalidad del territorio; ciencia, tecnología y educación/ extensión; provisión de servicios y bienes públicos; y tierras y desarrollo rural. La comunicación de los resultados encontrados y de las propuestas hechas en torno a la RRI se realizó principalmente mediante la publicación Territorio en vilo. Desarrollo rural para el posconflicto (Leiva, 2017), que fue uno de los diez más vendidos por la UN en la Feria del Libro en Bogotá en 2018.

En la segunda fase se propuso como objetivo generar y proponer lineamientos de política pública para el desarrollo rural territorial en el contexto de la consolidación de una paz duradera en el país. Como fruto del trabajo llevado a cabo en esta fase, en ejercicio de la autonomía universitaria, se presenta esta segunda publicación del CPDR, desarrollada a partir del trabajo de profesores, estudiantes y grupos de investigación de las sedes Bogotá, Medellín y Palmira de la UN. Para el efecto, se trabajó a partir de resultados de investigación académica, complementados con revisiones bibliográficas y debates con representantes institucionales de organismos internacionales (FAO e Instituto Kroc) y de comunidades campesinas, étnicas y de mujeres rurales.

El libro consta de once capítulos, organizados en tres partes: Parte 1. Desarrollo rural, tierras y postconflicto; Parte 2. Investigación y extensión para el posconflicto y Parte 3. Perspectivas de género y campesinas frente a la Reforma Rural Integral.

La Primera Parte inicia con el capítulo “¿Desanda el Punto 1 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, que presenta aspectos referidos al seguimiento y al cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de paz, Reforma Rural Integral, visto como una política pública. Allí se muestra que existen diferentes enfoques en evaluación y seguimiento de políticas públicas, los cuales implican resultados prácticos diferentes, según la concepción de proceso y del evaluador.

En el segundo capítulo, intitulado “Escenarios futuros de los acuerdos del proceso de paz”, se presenta un ejercicio prospectivo de tipo exploratorio, desarrollado alrededor de los puntos del Acuerdo Final, con el fin de anticipar posibles escenarios del proceso, en lo referente al cumplimiento de los puntos centrales de la agenda.

En “Fase de implementación de la política pública de restitución de tierras en Colombia, ¿en qué va?”, tercer capítulo, se analiza el estado de la implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, usando la metodología de Knoepfel et al. (2008). La evaluación de esta política, cuyo objetivo es generar diferentes medidas en beneficio de las víctimas del conflicto armado en Colombia, tiene en cuenta que el anterior Gobierno nacional reconoció a la población rural como víctima de ese conflicto y que han transcurrido poco más de siete años de los diez que se fijaron como tiempo de ejecución.

En el cuarto capítulo, “El papel de los programas de desarrollo con enfoque territorial en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”, se busca explicar el papel que pueden desempeñar los PDET como desarticuladores de nuevas violencias en el marco del Acuerdo Final.

El siguiente capítulo, “Las zonas de reserva campesina: límites y posibilidades del campesinado para una reforma rural integral”, tiene el objetivo de analizar el proceso de incorporación e implementación de la figura de las ZRC en el contexto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, como forma de comprender los alcances y limitaciones que ofrece el Punto 1 al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

La primera parte termina con el capítulo sexto, intitulado “Multifuncionalidad territorial y servicios ecosistémicos en un contexto de posconflicto”, el cual tiene los objetivos de 1) analizar algunos impactos negativos de tipo ecosistémico en territorios colombianos específicos durante el posacuerdo; 2) promover el debate entre diferentes actores académicos, tomadores de decisión, expertos y sociedad civil acerca de los aspectos multifuncionales del territorio frente a cualquier intervención sociotécnica; 3) visibilizar cómo las acciones humanas e intervención (agropecuaria, minera, infraestructura, deforestación, cultivos de uso ilícito) pueden deteriorar el paisaje rural (bosques, suelos, agua y aire), poniendo en riesgo incluso ecosistemas estratégicos de Colombia; y 4) destacar la valoración de los servicios ecosistémicos como soporte para la búsqueda de soluciones a la problemática planteada.

La Segunda Parte, Investigación y extensión para el posconflicto inicia con “Análisis bibliométrico de las tendencias en la investigación en torno al Acuerdo Final de paz en Colombia”, séptimo capítulo del libro, donde se muestran los resultados de un estudio realizado con el objetivo de identificar tendencias sobre el estado actual de la literatura e investigaciones relacionadas con el desarrollo del Acuerdo Final en Colombia, a partir de la Biblioteca Electrónica Científica en Línea (Scientific Electronic Library Online, SciELO) y la base de datos bibliográfica Scopus.

En el capítulo octavo, nombrado “Apuntes para la formación de posgrado en extensión y transferencia de tecnología para el desarrollo rural con enfoque territorial”, se muestra que el esquema tradicional de extensionismo, basado en la generación y transferencia lineal de conocimientos, es poco eficaz para generar procesos relevantes de innovación. En consecuencia, para lograr los objetivos que se propone la extensión, deben desarrollarse iniciativas que incluyan el conocimiento técnico apropiado, la articulación con los agentes relacionados y metodologías que fomenten la comprensión de la información técnica y su integración en las decisiones de los beneficiarios directos.

Esta segunda parte concluye con “La educación y la comunicación rural como ejes formativos en competencias profesionales en los programas curriculares de ingeniería agronómica y afines. Una visión desde la Escuela Agrobiológica de la Universidad Nacional de Colombia”, capítulo noveno del libro. Allí, se propone este modelo de escuela, como contexto en la educación superior agraria, que vincula universidad y campo, sin menoscabo de las autonomías, libertades y saberes de las comunidades rurales. En este sentido, los proyectos educativos deben ser reformulados desde las prácticas de las nuevas escuelas y facultades para el campo de hoy, con una ruta encaminada hacia la formación de sujetos que desarrollen un pensamiento crítico, con perspectiva de un sujeto que es guía de viejos y nuevos saberes, con el fin de descubrirlos y trascenderlos, con libertades plenas en el ejercicio de su papel como extensionista o comunicador social, en los ámbitos rurales.

En la Tercera Parte. Perspectivas de género y campesinas frente a la Reforma Rural Integral, se incluyen dos capítulos. El capítulo décimo, “¿Oportunidad de las mujeres rurales o nueva frustración?”, que se cimenta en la oportunidad de que lo aprobado en el Punto 1 del Acuerdo sobre RRI y los aspectos relacionados con las mujeres en el Punto 4 logren su cometido. El análisis se hace incluyendo una perspectiva histórica, porque muchas de las acciones y medidas previstas en el Punto 1 hacen parte de las demandas y reclamos que las mujeres han venido presentando, en su ejercicio de sujeto colectivo y considerando que se les adeuda ese reconocimiento.

Finalmente, el capítulo undécimo, intitulado “Del conflicto al posconflicto en Colombia”, con la perspectiva del salto adelante dado por la sociedad, en materia de civilidad política, implícita en el acuerdo firmado, aborda un análisis, desde una visión histórica, para reforzar la idea de avanzar en su cumplimiento, a pesar de los reparos que abierta o solapadamente continúan haciéndosele.

El libro se orienta, principalmente, hacia los responsables de la política pública, los actores de los territorios rurales, los centros de reflexión académica y los profesores, estudiantes y técnicos que trabajan en los temas de paz y posconflicto, desarrollo rural, enfoque territorial, campesinado, la cuestión de género y políticas públicas para el sector agropecuario. Es importante destacar que se recogieron diferentes visiones y puntos de vista, por lo cual el lector puede encontrar disensos entre los planteamientos realizados en los distintos capítulos.

El CPDR ha hecho valiosos aportes académicos al proceso de paz, en particular, acerca de la importancia del medio rural en el desarrollo integral del país. Además, su labor ha conllevado a fortalecer el trabajo de diferentes grupos de investigación y formar estudiantes mediante trabajos de grado de estudiantes de pregrado, tesis a nivel de posgrado y pasantías. Igualmente, ha permitido el fortalecimiento de la actividad docente y la creación de asignaturas. De esta forma, el CPDR y la UN aportan tanto al desarrollo rural y territorial, como a la construcción y, sobre todo, la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia.

Fabio Rodrigo Leiva

Editor