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Оглавление4. El factor territorial y medioambiental
Francesc Hernández
Josep Sorribes
Universitat de València
4.1 Introducción: el territorio también cuenta
No siempre el factor territorial y medioambiental ha sido tratado como factor relevante en el análisis económico. De hecho, el factor de producción tierra (o territorio, en un sentido más amplio) es una de las principales víctimas del tránsito del paradigma clásico al neoclásico. Recordemos que en la economía política de los clásicos, la tierra está presente en todas las explicaciones sobre la reproducción del sistema, estrechamente vinculada a la distribución del excedente económico entre las clases sociales que participan en la actividad económica. Desde los fisiócratas a Marx, pasando por Adam Smith y David Ricardo, la renta de la tierra es un capítulo básico en la distribución del excedente, hasta el punto de poner en peligro el propio crecimiento económico si se comprime en exceso éste.
Con el triunfo del paradigma neoclásico, la tierra pasa a ser considerada sólo en el ámbito de las actividades primarias y como un factor más. Para las otras actividades económicas emergentes (industria y servicios), el crecimiento económico se hace depender exclusivamente del factor capital y del factor trabajo.
Afortunadamente, esta marginación teórica se está cuestionando seriamente en la actualidad y cada vez es más cierta la afirmación de que «el territorio también cuenta». Una certeza que se ha visto propiciada por diversos caminos y desde distintas disciplinas.
Por una parte, tenemos la tradición marshalliana, la del Alfred Marshall más joven que, a finales del XIX, había subrayado la existencia de economías externas a la empresa (e internas al entorno territorial) que eran patentes en los llamados distritos industriales de pequeñas y medianas empresas. Si existían economías de localización y éstas eran relevantes, el territorio no podía ser dejado de lado en el análisis económico. Tras muchos años de olvido de estos planteamientos por parte del mainstream neoclásico, el economista italiano Giacomo Becattini lo «redescubrió» a finales de los años setenta del siglo pasado para poder explicar el éxito económico de la Terza Italia.
Otra vía de penetración del factor territorial en la reflexión teórica proviene de las excesivas restricciones analíticas que suponía la hipótesis fundamental del pensamiento neoclásico de los rendimientos constantes a escala (y la competencia perfecta) para explicar el crecimiento económico. La evidencia de la existencia de rendimientos crecientes ha sido siempre muy fuerte, pero su traducción analítica complicaba en exceso el desarrollo de la teoría.
Robert Solow, en 1956, trata de superar estas restricciones introduciendo el concepto de productividad total de los factores (PTF) que, como se comenta en los capítulos anteriores, intenta explicar el crecimiento económico no explicable por el mero aumento en la utilización de capital y de trabajo. En el análisis de los componentes de esa «caja negra» que, en principio, supuso la PTF (o residuo de Solow), se ha encontrado la vía para romper aquellas restricciones.
Con la tesis doctoral de Paul Romer, en 1986, y su teoría del crecimiento endógeno, se sientan las bases para que la tradición neoclásica pueda trabajar con nuevas hipótesis fundadas en la lógica de los rendimientos crecientes a escala y la competencia imperfecta. Es la puerta abierta para la nueva teoría del comercio internacional, la economía industrial y, por supuesto, la nueva geografía económica en la que el factor territorial puede ser estudiado sin incompatibilidades conceptuales.
Así, elementos territoriales básicos como la dotación de infraestructuras se han convertido en factores relevantes en el análisis económico y las economías de aglomeración pasan a ser un elemento explicativo de los rendimientos crecientes. En consecuencia, llega a ponerse en cuestión, entre otras cosas, el paradigma neoclásico de la convergencia de las rentas per cápita en el ámbito territorial.
Una tercera vía por la que el territorio vuelve a estar presente en el análisis económico es, sin duda, la creciente importancia de la economía de los recursos naturales. Cuando se desecha la ingenua creencia de que estos recursos son de oferta ilimitada y su obtención no tiene coste alguno, se comprueba que son agotables y/o degradables, y que suponen o pueden suponer un límite para el crecimiento. Entonces, el territorio deja de ser una variable neutra.
El uso de los recursos naturales se convierte en una variable estratégica para el crecimiento económico hasta el punto (como pasa con el petróleo, el gas y, cada vez más, el agua) de condicionar o explicar conflictos geoestratégicos de alcance mundial. Incluso en términos más locales los conflictos potenciales entre crecimiento y medio ambiente merecen la consideración más atenta.
Pongamos el caso más evidente de las actividades turísticas, que pueden quedar muy afectadas por una degradación irresponsable de los recursos paisajísticos. O la consideración creciente del medio natural como valor cultural y como valor para el bienestar social. Por lo tanto, con la necesidad de valoración económica en el mercado.
De hecho, el nuevo paradigma de la sostenibilidad, que comenzó muy ligado a las cuestiones medioambientales, hoy en día se ha convertido ya en un concepto «holístico» que plantea la necesaria compatibilidad entre crecimiento económico, cohesión social y patrimonio natural y, que encuentra en las cuestiones territoriales un campo de reflexión privilegiado. La sostenibilidad ha acabado siendo un paradigma intelectual que va más allá de la propia economía, aunque la implica, y supone una afortunada reformulación de la teoría del desarrollo de los años setenta.
A pesar de esta creciente importancia del factor territorial y medioambiental en el análisis económico, aún hay vertientes que permanecen en la periferia del mainstream, como sucede con la poca importancia que tienen las rentas urbanas en el análisis de la distribución del excedente o de la tasa de crecimiento económico.
A continuación, se desarrollan los principales ítems que caracterizan la interacción entre el territorio y la actividad humana y económica.
4.2 Marco físico y recursos naturales
La base física de un territorio así como su dotación de recursos naturales afectan de manera importante tanto a su especialización productiva como a la distribución de su población. En el caso español, las condiciones geográficas han sido, en general, poco favorecedoras del crecimiento económico y los asentamientos poblacionales. El medio físico ha tenido repercusiones más favorables en la Comunidad Valenciana, ya que con una extensión de 23.256 km2 (el 4,6% del territorio español), tiene una población superior a los cuatro millones ochocientos mil habitantes (algo más del 10% sobre la española), y un PIB que representa el 10% del español.
4.2.1 Orografía
El territorio español cuenta con una orografía muy irregular que históricamente ha dificultado las comunicaciones y el aprovechamiento del suelo. A diferencia de lo que sucede en la mayoría del territorio europeo, la existencia en la península Ibérica de grandes cordilleras que atraviesan y rodean una amplia meseta central, además de contribuir a la fragmentación territorial, ha supuesto serios obstáculos al desarrollo económico. En el caso de la Comunidad Valenciana, se trata de un territorio con forma alargada con una considerable fachada marítima de 450 km, mayoritariamente de costa baja y arenosa y, por lo tanto, con escasos puertos naturales. Al igual que en el conjunto español, también su orografía ha obstaculizado tradicionalmente las comunicaciones, tanto las interiores como con el resto de la península. Sólo el eje litoral ha facilitado la conexión hacia el norte, hacia Cataluña y Europa, si bien las serranías transversales han hecho difícil su proyección meridional.
De manera concreta, en la orografía valenciana podemos distinguir al menos tres zonas: el litoral (por debajo de los 200 m de altitud), una franja costera y llana de irregular amplitud, que representa la tercera parte del territorio, con suelos arcillosos de elevada productividad agrícola y donde se concentran la población y la actividad económica; la zona intermedia (entre 200 y 400 m de altitud), una especie de cordón que delimita por el oeste la zona anterior, y, finalmente, la zona interior (por encima de los 400 m de altitud), una amplia zona abrupta y de difícil relieve, con conexiones con el altiplano castellano-manchego y con un tipo de suelo básicamente calcáreo, lo cual, unido a la presencia mayoritaria del secano, se traduce en un escaso aprovechamiento agrícola.
4.2.2 Clima
Las diferencias climáticas son significativas entre las distintas áreas del territorio español. El mayor contraste se da entre la zona sureste, con altas temperaturas estivales y muy escasas lluvias, especialmente de carácter torrencial, y el área más septentrional, de clima templado y abundantes precipitaciones. A su vez, el amplio espacio delimitado por la meseta central muestra un clima continental, caracterizado por veranos secos y precipitaciones habitualmente de tipo tormentoso. Tampoco la Comunidad Valenciana es ajena a esta variedad climática, y podemos distinguir en ella al menos dos tipos de clima: el mediterráneo, de temperaturas templadas y suaves, con inviernos débiles y veranos calurosos, escasas lluvias concentradas en primavera y otoño, propio de la zona litoral y de algunos valles interiores, y el continental, de temperaturas extremas, con inviernos fríos y veranos calurosos, propio de las tierras de interior. Si bien la temperatura media (15°) es típica del área templada de tipo mediterráneo, se pueden apreciar las diferencias entre las comarcas costeras (17,9° de media) y las del interior (13,9°). Estas diferencias se manifiestan también en las precipitaciones: en las zonas montañosas del noroeste y del sur se registran 500-700 mm anuales, mientras que en las llanuras meridionales estas cifras son inferiores a los 350 mm. Además, la cantidad de agua caída se reparte de forma desigual a lo largo del año hasta el punto de que en las tormentas de primavera y otoño han llegado a registrase 100 mm en 24 horas; en algunos lugares esto representa la mitad del agua caída en todo el año.
4.2.3 Vegetación
La vegetación se encuentra condicionada por la orografía y el clima. Las formaciones predominates en la Comunidad Valenciana son el bosque en las zonas de montaña y la garriga en las tierras más bajas. En algunas zonas del litoral existen marjales y humedales en distinto estado de conservación por su parcial transformación en arrozales y otros cultivos.
Las especies arbóreas predominantes son de hoja perenne: carrascas, alcornoques, robles, sabinas y pinos. Sólo en las márgenes de los ríos hay árboles caducifolios (chopos, olmos y sauces). No obstante, debido a la sobreexplotación económica y a algunos incendios, las formaciones originales de carrascas, alcornoques y robles están en recesión y han sido reemplazadas por distintas especies de pinos. La vegetación de las tierras bajas está formada por numerosos arbustos (jara, lentisco, coscoja, etc.) y gran variedad de plantas aromáticas.
4.2.4 Recursos naturales
La actual concepción del término recursos naturales engloba todos aquellos recursos que conforman el patrimonio natural: minerales, recursos hídricos, espacios naturales de singular interés, recursos forestales, etc.
4.2.4.1 Recursos minerales
Cabe destacar que los recursos minerales disponibles en la economía española no pueden considerarse muy abundantes. La carencia de recursos es especialmente notable en los energéticos, lo que supone elevados niveles de dependencia externa y muy bajas cotas de autoabastecimiento, que sólo alcanzan cifras significativas en la disponibilidad de carbón nacional. Éste presenta, sin embargo, importantes problemas de costes y de calidades y se encuentra en un proceso de cierre escalonado de buena parte de las explotaciones. El consumo energético ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas y, aunque se ha iniciado un proceso de sustitución del petróleo por otras fuentes de energía alternativas, nuestro grado de autoabastecimiento es notablemente inferior al de la Unión Europea y al de la OCDE, como pone de manifiesto Jiménez (2003).
Los recursos mineros son también escasos en la Comunidad Valenciana. Sólo revisten cierta importancia los minerales no metálicos como es el caso de las explotaciones salinas del Pinós, Santa Pola y Torrevieja, las de caolín y las canteras repartidas por todo el territorio. En la actualidad, la explotación de yacimientos minerales se destina a fines industriales, a la construcción de carreteras y autovías, a la mejora de la red ferroviaria, a la ampliación de los puertos, a la construcción de diques y al sector de la construcción en general.
Entre esta multiplicidad de usos a los que se destinan los minerales extraídos, cabe destacar por su importancia económica y por la magnitud de las extracciones la arcilla destinada a la industria cerámica y a la construcción, localizada principalmente en las comarcas de l’Alcalatén y la Plana Alta. También tiene cierta importancia la extracción de yeso en la zona de l’Alt Palància y la Serra d’Espadà, para ser usado en revestimientos y decoración o como aditivo en otros materiales de construcción.
Por lo que respecta a recursos energéticos, las dotaciones actuales de la Comunidad Valenciana son claramente insuficientes para atender sus necesidades. De hecho, el índice de autoabastecimiento se sitúa en un 2,3 frente al 22,1% del conjunto español. Además, el consumo de energía procedente de fuentes renovables en la Comunidad Valenciana supone solamente un 2,2% sobre el total, siendo inferior al caso español (3,9%). En 1997 se elaboró en la Comunidad Valenciana el Plan de Energías Renovables, con el objetivo de que en el 2010 el 12% de la energía consumida provenga de fuentes renovables.
4.2.4.2 Recursos hídricos
La diversidad climática y geográfica existente en España condiciona tanto la oferta como la distribución de los recursos hídricos en el territorio nacional. Los contrastes más acusados se dan entre las zonas del norte y noroeste, con abundancia de agua, y las áreas del sur, donde este recurso escasea. De manera gráfica y, con referencia a la distribución de recursos hídricos en el territorio español, pueden identificarse tres grandes áreas:
El área septentrional y noroccidental, constituida por Galicia y las regiones cantábricas y pirenaicas. Cuenta con recursos hídricos abundantes y de carácter regular.
El área central, integrada por las grandes cuencas hidrográficas interiores. Las precipitaciones son moderadas y existen amplias zonas áridas.
El área mediterránea, que incluye una serie de pequeñas cuencas que desembocan en el mar Mediterráneo. Las precipitaciones son escasas e irregulares. La escasez de agua se hace más intensa cuanto más nos desplazamos al sur y es máxima en las zonas litorales de Murcia y Almería. En estas circunstancias, adquieren una notable significación los recursos subterráneos.
Según la evaluación de los valores de escorrentía media anual en España realizada para el Libro Blanco del Agua (2000), éstos se cifran en unos 220 mm, lo que significa una aportación de unos 111.000 hm3/año. Este valor medio se muestra muy irregular a lo largo del territorio. Por ejemplo, en la cornisa cantábrica se obtienen cifras por encima de los 700 mm/año, mientras que en la cuenca del Segura no se llega a los 50 mm/año. A esta heterogeneidad de tipo espacial habría que unir otra de carácter temporal.
A su vez, la irregularidad temporal de los recursos hace que sólo pueda aprovecharse un pequeño porcentaje (inferior al 10%) del total de recursos naturales existentes. Con el fin de paliar esta situación tan irregular y aumentar la disponibilidad de recursos para adaptar su cuantía a los niveles de demanda, se han construido importantes obras hidráulicas de regulación como los embalses y trasvases, se ha recurrido a la extracción de aguas subterráneas o, incluso, al uso de recursos no convencionales. La mayoría de las estimaciones realizadas coinciden en señalar que la disponibilidad real de los recursos hídricos en España se sitúa en torno al 40% del total existente. La utilización de aguas subterráneas se cifra actualmente en algo más de 4.300 hm3 anuales, con los que se cubre casi el 18% de las necesidades del regadío y cerca del 30% del abastecimiento urbano. El uso de estos recursos hídricos alcanza gran envergadura en las cuencas del Xúquer y Guadiana, mientras que es bajo en el Duero, Ebro o Guadalquivir. En algunas zonas del litoral mediterráneo y en La Mancha se dan situaciones de sobreexplotación de acuíferos de consecuencias muy negativas.
Entre los recursos denominados no convencionales cabe mencionar los provenientes de la regeneración de aguas residuales y de la desalación de aguas marinas y salobres. En el primer caso, se obtienen algo más de 400 hm3 anuales (destacando Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias y Cataluña), que se destinan mayoritariamente al riego. Una cuantía similar se genera mediante los sistemas de desalación siendo España el primer país europeo en cuanto al volumen obtenido. De manera global, la importancia de estos recursos no convencionales es todavía muy escasa, ya que cubren sólo un 4% de la demanda total de recursos hídricos.
En cuanto a la demanda de agua, habitualmente se identifican tres tipos: abastecimiento urbano, industrial y regadío. En el primer caso se incluyen tanto el consumo doméstico como el de aquellas actividades (industriales o de servicios) ubicadas en los núcleos urbanos. Según la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua, en el 2006 se distribuyeron en España 4.698 hm3 por las redes públicas de abastecimiento urbano. Las pérdidas aparentes de agua (fugas, roturas, averías, errores de medida...) fueron estimadas en un 16,7%. En concreto, el consumo de agua potable de las familias españolas se situó en 2.616 hm3, lo que representa un consumo medio de 160 litros por habitante y día (185 l/hab./día en la Comunidad Valenciana). Aunque la evolución de este consumo es de moderado descenso respecto al 2005, habría que destacar los aumentos de tipo estacional que se registran en las zonas con mayor afluencia turística. En cuanto al regadío como destino mayoritario del agua en España, el consumo de las explotaciones agrarias ascendió a 15.865 hm3 en el 2006 (tabla 4.1), lo que supone un descenso del 3,9% con relación al 2005. Por tipo de cultivo, los herbáceos representan el 44,7% del total, mientras que si atendemos a las técnicas de riego (tabla 4.2), el tradicional riego por gravedad es la técnica mayoritaria con un 45,2% sobre el total del agua consumida. Como es lógico, el peso de la superficie regada es muy distinto en función del ámbito territorial del que se trate.
Los desequilibrios espaciales existentes en cuanto a dotación de recursos hídricos han influido históricamente en la distribución de los asentamientos demográficos y de la actividad económica entre las distintas áreas geográficas de la península ibérica, puesto que el agua es un recurso esencial para cualquier actividad humana. La existencia de zonas con una elevada dotación de recursos hídricos frente a otras que presentan escasez hace que se invoque con frecuencia el principio de solidaridad interregional. Como es lógico, cualquier actuación dirigida a optimizar el uso de los recursos disponibles debería basarse en la utilización de mecanismos tanto de oferta como de demanda.110
TABLA 4.1
Consumo de agua por tipo de cultivo y comunidad autónoma (2006) (miles de m3)
Fuente: Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario en 2006. INE (2008).
TABLA 4.2
Consumo de agua por técnica de riego y comunidad autónoma (2006) (miles de m3)
Fuente: Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario en 2006. INE (2008).
Las políticas de oferta tratan de incrementar la dotación de recursos en un área deficitaria, y el mecanismo tradicional ha sido, efectivamente, la construcción de embalses y trasvases. Sin embargo, los avances tecnológicos han hecho posible contar con otros recursos no convencionales, procedentes en su mayoría de la depuración de aguas residuales y de la desalación de agua marina (tabla 4.3). La reutilización de recursos obtenidos de la regeneración de aguas residuales debería considerarse como una necesidad irrenunciable tanto desde el punto de vista social como ambiental y sanitario. Además de rentabilizar el propio proceso de depuración, la utilización de estos recursos reduciría la presión de la demanda sobre los denominados recursos hídricos convencionales. En cuanto a la desalación, hace años que se utiliza en zonas con déficit hídrico. Lanzarote, por ejemplo, construyó su primera planta desalinizadora en 1965. En la actualidad, son casi un centenar las plantas instaladas en Canarias. También Baleares optó hace años por esta alternativa (1985, primera planta en Formentera) y ha continuado en esa línea para asegurar el abastecimiento de Mallorca y de las otras islas del archipiélago. España, con cerca de 800 plantas, ocupa el quinto lugar mundial en capacidad instalada.
TABLA 4.3
Disponibilidad de recursos hídricos en el sector agrario por comunidad autónoma (2006) (miles de m3)
Fuente: Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario en 2006. INE (2008).
En cuanto a la gestión de la demanda, dado que el sector agrícola es el mayor consumidor, es lógico pensar que es en este campo donde pueden obtenerse los mayores ahorros. La reducción de la demanda agrícola puede conseguirse básicamente cambiando el sistema de riego, de inundación a goteo, por ejemplo, mejorando las canalizaciones o incrementando el precio del agua. A este respecto, conviene insistir en el bajo coste que este recurso tiene en la actualidad para el usuario, entre otras razones, porque en el caso del regadío, debido en parte a una serie de derechos históricos, se suele cobrar en función de la superficie regada y no del volumen de agua utilizado, con lo cual no existen incentivos para disminuir el consumo. En cambio, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (Directiva 2000/60/CE) considera que el precio del agua debe reflejar su verdadero coste económico, incluyendo los costes ambientales y los relacionados con el agotamiento de los recursos, así como los costes de los servicios necesarios para su provisión. Es probable, por tanto, que la situación presente se modifique para adecuarse al nuevo marco comunitario.
Los desequilibrios hídricos citados a escala nacional están también presentes en la Comunidad Valenciana: una demanda superior a la oferta y desigual distribución espacial de los recursos. En esta zona geográfica, el nivel medio de precipitaciones es inferior a la media española. Además, este índice es especialmente bajo en las comarcas litorales situadas al sur de la Comunidad. Se trata de un área fuertemente deficitaria en recursos hídricos, por lo que se generan graves problemas tanto para la actividad agrícola como para el propio consumo humano en los períodos de mayor presión demográfica derivada del turismo. Además, existe una distribución estacional muy irregular de las lluvias, que se concentran, sobre todo, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Este régimen de lluvias ocasiona una intensa erosión y alimenta el proceso de desertización de amplias zonas del territorio valenciano, sobre todo en la parte sur.
A efectos de analizar la situación en la Comunidad Valenciana, habría que distinguir entre recursos hídricos de superficie y subterráneos. Los primeros proceden de los ríos, los cuales podemos diferenciar entre autóctonos y alóctonos. Los autóctonos son cortos, irregulares, de escaso caudal y elevados desniveles, como el Sénia, Cérvol, Cervera, Sec, Palància, Serpis o Alcoi, Girona, Gorgos, Algar, Amadori, Sella, Montnegre y Vinalopó. Los alóctonos son más largos, con mayor caudal, más regulares y con mayor utilidad económica, como el Millars (50% de recursos de fuera de la Comunidad), Túria (53%), Xúquer (78%) y Segura (100%). En conjunto estos últimos aportan el 82% del total de los recursos hídricos fluviales. Cabe tener en cuenta algunos afluentes importantes como el Vistabella (del Millars) o el Magre, el Cabriol, l’Albaida o el Sallent (del Xúquer). Asimismo, cabe mencionar el río Bergantes, que es afluente del Ebro. En total, las aguas superficiales suponen una aportación cercana a los 3.500 hm3, de los cuales un 60% procede de fuera de la Comunidad. Los recursos hídricos subterráneos se encuentran básicamente en la franja litoral (la más rica es la de L’Horta-Ribera) y se cifran en algo más de 1.000 hm3. En suma, los recursos hídricos totales de la Comunidad se sitúan en torno a los 4.500 hm3.Al otro lado de la balanza se encuentran las necesidades hídricas, las cuales cuantificaba el Plan Hidrológico Nacional por encima de los 3.100 hm3, de los cuales cerca de un 84% corresponde a consumo agrícola; un 13%, a usos urbanos, y el resto, a uso industrial. Aunque el balance hídrico global pueda ofrecer superávit, existen numerosas zonas con déficit debido a que la distribución de los recursos y los usos no es homogénea. Además, en algunas áreas como El Vinalopó-l’Alacantí, la Vega Baja del Segura y, en menor medida, el litoral norte de Castellón, los déficits alcanzan una magnitud considerable y se agravan en la época estival.
4.2.4.3 Recursos forestales
La superficie forestal de España ocupa alrededor de 26 millones de hectáreas del territorio nacional, pero la zona arbolada sólo representa el 52% de esta superficie (13.509.000 ha); el resto está formado por monte bajo, tierras de labor abandonadas y terrenos improductivos. En la Comunidad Valenciana, la superficie forestal es de 1,2 millones de hectáreas, lo que representa un 4,6% del total español. La zona arbolada asciende a 628.280 ha (52% del total). Las comarcas más boscosas son las del interior de Valencia (els Serrans, la Plana d’Utiel-Requena y la Vall d’Aiora) y las del interior de Castellón (els Ports, l’Alt Palància y l’Alt Millars). La importancia de estos montes no reside en su explotación maderera (prácticamente nula), sino en las importantes funciones ambientales y recreativas que desempeñan.
4.3 La interacción entre el territorio y la actividad humana
Desde una perspectiva histórica, población y actividad económica se localizan en el territorio (introduciendo cambios radicales en el medio natural mediante caminos, carreteras, ferrocarriles, embalses, desviaciones de corrientes fluviales, etc.) y tratan de aumentar las ventajas y de reducir los inconvenientes del territorio en términos, fundamentalmente, de accesibilidad. Cada nueva generación modifica tanto las condiciones del medio como la accesibilidad, y cambia las pautas de asentamiento de la población y la actividad económica.
4.3.1 Sistemas urbanos
Desde el punto de vista del sistema urbano europeo y español, el País Valenciano pertenece al arco mediterráneo noroccidental. Desde la perspectiva europea, éste es un subsistema urbano bastante dinámico (el norte del sur), que se extiende desde Murcia hasta Roma y que conecta con el eje Lotaringi (o Banana europea) por el valle del Ródano. A pesar de su demostrada dinamicidad, el eje mediterráneo ha experimentado en las últimas décadas serios obstáculos e impedimentos a su desarrollo. Unos tienen que ver con la falta de coordinación y de políticas comunes y el déficit de infraestructuras de comunicación eficientes. Otros, con el evidente desplazamiento hacia el este del eje transversal europeo como consecuencia de la ampliación hacia oriente de la Unión Europea y la presencia activa de ciudades como Berlín, Praga o Budapest (mapas 1 y 2).
MAPA 1
MAPA 2
Por su parte, el sistema urbano español se caracteriza por la coexistencia de dos modelos claramente diferenciados. Por un lado, un sistema radial que tiene Madrid como punto nodal básico y, por otro, la parte española del precitado potente eje mediterráneo que conecta con Euskadi por el Valle del Ebro. La fuerza del eje Madrid-Alicante/Valencia (que se ve reforzada por la finalización del AVE) determina claramente la única estrategia territorial razonable: la «T», es decir, la consolidación equilibrada tanto del eje (o ejes) que une el País Valenciano con Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón, como del propio eje mediterráneo como vínculo básico con Cataluña y Europa (mapas 3 y 4).
En tanto que los sistemas urbanos condicionan el conjunto del territorio, es imprescindible tipificar las características básicas del sistema urbano valenciano si queremos entender cómo se organiza su territorio. En síntesis, este sistema urbano se estructura en torno a «ejes», el principal de los cuales es el potente eje litoral, donde se ubica un porcentaje de población y actividad económica próximo al 75% del total.
El segundo eje longitudinal es el llamado carrer major del País Valenciano: el que transcurre entre las ciudades de Valencia y Alicante por tierras del interior. Estos dos ejes longitudinales se ven complementados por cuatro ejes transversales: el débil eje Vinaròs-Alcañiz, la vía de Aragón (Sagunto-Segorbe-Teruel), el potente eje Valencia-Madrid y el corredor de la Vall del Vinalopó (Elx-Almansa) que, entre Villena y la Font de la Figuera, se articula con el que fue históricamente el más potente eje de penetración hacia el interior de la península, Valencia-Almansa.
MAPA 3
MAPA 4
Sobre esta estructura de ejes, se articulan las áreas y los núcleos urbanos más importantes: el área metropolitana de Valencia (la única con peso «internacional»), las de Castellón y Alicante, el corredor del Vinalopó, la región urbana de las «comarcas centrales» articulada por el polígono Gandia-Dénia-Xàtiva-Alcoy-Ontinyent y el resto de ciudades medianas (mapas 5, 6 y 7 y tabla 4.4).
MAPA 5
MAPA 6
MAPA 7
TABLA 4.4
Distribución de los municipios según número de habitantes (2007)
Fuente: Institut Valencià d’Estadística (2008).
Con casi 100 núcleos que superan los 10.000 habitantes, el sistema urbano valenciano es, a pesar de los fuertes desequilibrios territoriales entre gran parte del interior y la costa y la falta de una imprescindible reforma del gobierno local, un sistema urbano bastante denso y bien estructurado que genera abundantes economías de aglomeración, de localizatión y de red.
4.3.2 Red de comunicaciones
El sistema urbano valenciano debe buena parte de su eficiencia a una red de comunicaciones que ha experimentado una sustancial mejora en los últimos 30 años y que, hoy día, se puede considerar satisfactoria si excluimos los excesivos problemas de congestión que se registran en las áreas urbanas más densamente pobladas y que tienen su origen en el uso abusivo del vehículo privado y en el déficit de las comunicaciones ferroviarias. Problemas reales y de urgente resolución que, de todas formas, no contradicen el diagnóstico de un funcionamiento satisfactorio de la red viaria. Una red que mejora sensiblemente con la finalización de las obras de la autovía Valencia-Alicante por el interior y la autovía transversal Albaida-Gandia. A éstas hay que añadir la construcción prevista del segundo by pass de Valencia, por la congestión del primero.
Este es, precisamente, el «límite» que presenta un sistema excesivamente dependiente de la red viaria: el incentivo a la utilización del vehículo privado y la reproducción de los niveles de congestión. Y es este límite el que permite afirmar que la red de comunicaciones valenciana tendría que verse mejorada en las próximas décadas por una inversión pública que priorizará el ferrocarril tanto en las áreas urbanas densamente pobladas como en los recorridos interurbanos. La red ferroviaria en el País Valenciano es verdaderamente raquítica, y eso puede convertirse en un obstáculo muy serio para su desarrollo.
En cuanto a las infraestructuras portuarias, comencemos por destacar que una buena parte de los antiguos puertos pesqueros se han convertido en puertos deportivos, y la actividad pesquera queda como residual. Las excepciones son los puertos de Castellón, Sagunto, Valencia, Gandia y Alicante, que mantienen (en el caso de Gandia, sólo en parte gracias a las importaciones de papel) un importante papel logístico. Importancia objetiva que se ve afectada, lógicamente, por la fuerte competencia internacional y por la duda de si en el ámbito mediterráneo no sería más conveniente complementar la natural competencia (sobre todo entre los puertos de Valencia y Barcelona) con una política de cooperación estratégica de cara a conseguir ser las puertas meridionales de Europa, tras el traslado de la «fábrica» del mundo a Asia. Además, en el caso del gran puerto intercontinental de Valencia, aún está por decidir si el crecimiento de la actividad portuaria debe permanecer en el Grao de Valencia (donde hay usos alternativos de turismo y ocio) o bien desplazarse al Puerto de Sagunto.
En cuanto a las comunicaciones aéreas, el futuro del aeropuerto de Castellón es incierto, mientras que las sucesivas ampliaciones de los de Manises (Valencia) y L’ Altet (Alicante) están mejorando claramente su utilización, particularmente con las compañías de bajo coste y el inicio de vuelos intercontinentales.
Si el diagnóstico sobre la red viaria interior ha sido relativamente positivo, no se puede decir lo mismo cuando hablamos de la «gran accesibilidad», es decir, de aquella que nos relaciona con los sistemas urbanos español y europeo. Más allá de lo que aún se puede considerar déficit de comunicaciones aéreas, el problema fundamental se encuentra en el mantenimiento del peaje en la AP-7 pero, sobre todo, en el déficit ferroviario (de personas y de mercancías) del arco mediterráneo.
En cuanto a las mercancías, la propuesta de la Unión Europea contempla el arco mediterráneo desde Murcia (antes ni lo contemplaba), pero no establece la continuidad desde Algeciras, y ésta es una cuestión capital para llevar a cabo la conexión intermodal con los grandes puertos del eje mediterráneo. Por lo que respecta al transporte ferroviario de pasajeros, el servicio de Euromed Alicante-Barcelona es manifiestamente mejorable (el tramo Castellón-Reus debería ser como el resto y no está previsto), y sólo lo podrá ser con la dotación del AVE en el corredor mediterráneo. La «T» tiene que funcionar.
4.3.3 Ubicación de la población y la actividad económica
Si prescindimos del análisis de la evolución histórica y nos fijamos en una especie de foto fija del territorio valenciano, las pautas de asentamiento de población y actividad son relativamente fáciles de reconocer. La población, por ejemplo, mantiene un fuerte dualismo entre el escaso poblamiento de las comarcas interiores de Castellón y Valencia y la cada vez más colmada franja costera. Sólo la Vall del Vinalopó y las comarcas centrales suponen una excepción, aunque es menor la cuota relativa de población asentada.
Por el contrario, la franja de 30 km a partir de la costa concentra un porcentaje de población creciente. Las mejoras en la accesibilidad han permitido un asentamiento más disperso de la población, y han aumentado en radio todas las aglomeraciones urbanas densamente pobladas. Además, el turismo ha continuado fijando población en la franja costera, aunque las mejoras de la accesibilidad han permitido crecimientos de baja densidad en «segunda línea» de la mano del boom inmobiliario experimentado desde 1998 hasta principios del 2007.
La distribución espacial de la actividad económica presenta un patrón relativamente parecido al de la población, pero no exactamente coincidente. El aumento de los flujos diarios residencia-trabajo, residencia-estudios o residenciaocio es la prueba más evidente de esta inexistencia de paralelismo. Aun así, la geografía económica del País Valenciano presenta concentraciones significativas de actividad no agraria, y es un rasgo diferencial la existencia de numerosos distritos industriales que demuestran la fuerza de las economías de localización. En términos generales, y observando el territorio de norte a sur, podemos destacar el distrito industrial del azulejo en el área de la Plana. La relativamente pequeña área industrial de Sagunto sirve de vínculo con la potente área industrial y de servicios del área metropolitana de Valencia, que alcanza unos 70 municipios en un radio de unos 30 km.
Camino de Xàtiva, vuelve a bajar la intensidad industrial para subir significativamente en las «comarcas centrales» del interior, donde el textil, el juguete y la industria basada en el know-how de la matricería están muy presentes. El mapa industrial del País Valenciano finaliza con el eje del Vinalopó, donde el calzado continúa dominando el paisaje industrial a pesar de la notable diversificación generada por la crisis, en un proceso parecido al experimentado por el textil y el juguete. La actividad industrial se ve complementada por una relevante industria agroalimentaria presente en diferentes lugares y por una actividad comercial y terciaria que se explica tanto por el intenso grado de urbanización como por el efecto arrastre del turismo, un turismo fundamentalmente de sol y playa.
De este modo, población y actividad económica se localizan en el territorio obteniendo tanto recursos naturales como economías de aglomeración, localización y red. Y, en un proceso siempre interactivo, someten al territorio a la presión que supone la utilización (no siempre prudente y comedida) de recursos agotables o degradables y el vertido de residuos de todo tipo. Esta presión supone elevados costes sociales insuficientemente internalizados vía costes por las familias y los agentes económicos, como se verá en el siguiente epígrafe.
4.4 Actividad económica y efectos ambientales
Tanto España como la Comunidad Valenciana sufren los efectos ambientales de carácter planetario, entre los que destacan los relacionados con el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono. Uno de los problemas ambientales de carácter global es el aumento de la temperatura del planeta debido al efecto invernadero, provocado por las emisiones de algunos gases contaminantes. El principal causante del cambio climático en cuanto a magnitud es el dióxido de carbono, ya que en los países desarrollados supone alrededor del 80% de las emisiones totales. Las emisiones de CO2 proceden principalmente del uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad, el transporte y las instalaciones de calefacción. En la Comunidad Valenciana, la comarca de Els Ports es la peor situada en cuanto a niveles de ozono. Con relación a las partículas de polvo de mayor tamaño (PM10), destaca negativamente Castellón, que paga este tributo por la concentración de la actividad cerámica en su entorno urbano.
4.4.1 El deterioro y la erosión del suelo, la degradación del medio físico y la desertización
La actividad humana y los propios factores ambientales pueden causar el deterioro del suelo de manera irreversible y dar lugar a problemas de desertización. Se estima que un 12% del territorio europeo, es decir, más de 115 millones de hectáreas, sufre los efectos de la erosión. Esta problemática se manifiesta con mayor intensidad en España, ya que casi la mitad de su superficie (44%) está afectada por la erosión, y es especialmente grave la situación de las comunidades de Andalucía y Murcia. Se trata de un problema de difícil solución y que se ve agravado por los propios condicionantes físicos (zonas con fuerte pendiente, suelos arcillosos, períodos de sequía, lluvias torrenciales), la acción humana (roturaciones y talas excesivas, éxodo rural) y, especialmente, los incendios forestales.
En la Comunidad Valenciana, los incendios se han sucedido ininterrumpidamente en distintas zonas, tal como lo atestiguan los datos que figuran en la tabla 4.5. Durante el período 2000-2007, de promedio, se han producido 474 incendios anuales, que han provocado daños en un total de 31.961 hectáreas. Las pérdidas ocasionadas por los incendios abarcan distintos aspectos. En primer lugar, el rendimiento económico derivado de la explotación maderera del bosque disminuye, ya que la madera que puede extraerse de un bosque quemado es de peor calidad y se vende a un precio más bajo. En segundo lugar, se produce una merma en las funciones ambientales realizadas por esa masa forestal (reducción de la capacidad de absorción de dióxido de carbono, aumento de la erosión, etc.) y, por último, los incendios afectan también a las funciones recreativas de estos espacios verdes, porque un bosque quemado pierde su atractivo.
El conjunto de las actividades agrarias afecta aproximadamente al 90% del territorio de la Comunidad Valenciana, con lo que su incidencia ambiental es claramente relevante. Aparte de los efectos ambientales nocivos de diversos productos propios de la agricultura intensiva (pesticidas, plaguicidas, herbicidas, abonos químicos, etc.), en las áreas de secano el principal problema es la práctica desaparición de la vegetación natural y el empobrecimiento del suelo con los consiguientes problemas de erosión.
TABLA 4.5
Número de incendios y hectáreas quemadas en la Comunidad Valenciana (2000-2007)
Años | Número de incendios | Hectáreas quemadas |
2000 | 605 | 6.548 |
2001 | 442 | 4.793 |
2002 | 321 | 1.202 |
2003 | 408 | 3.331 |
2004 | 487 | 1.102 |
2005 | 686 | 3.285 |
2006 | 471 | 3.475 |
2007 | 375 | 8.225 |
Total | 3.795 | 31.961 |
Media | 474 | 3.995 |
Fuente: Elaboratión propia basada en los Anuarios del IVE, varios años.
4.4.2 El tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de las aguas residuales
Los residuos admiten varias clasificaciones según su peligrosidad y procedencia. Son residuos peligrosos todos aquellos objetos y sustancias que presentan toxicidad o ciertos riesgos para las personas y el entorno (como los productos inflamables), independientemente de cuál sea su origen.1 Según su procedencia, se clasifican en residuos sólidos urbanos (RSU), sanitarios, industriales, agropecuarios, etc. Aunque en España estos últimos son los mayoritarios, desde un punto de vista ambiental, resulta más problemática la gestión de los residuos urbanos e industriales.
La generación de residuos se halla directamente vinculada con la evolución de los niveles de renta y consumo. En toda Europa se ha producido un aumento de los residuos sólidos urbanos a medida que crecía la renta. Actualmente, en España se producen en torno a 500 kilogramos por habitante y año, y se superan con creces los objetivos establecidos en las directivas comunitarias (300 kg/hab./año), pero todavía por debajo de los valores alcanzados por otros países como Francia o Italia.
Para abordar el problema de los residuos, la Unión Europea trata de difundir la política de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar, en ese mismo orden de prioridad, con el objetivo de disminuir el volumen de residuos generados y de estimular los procesos de reutilización y reciclaje. En España, según la Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos correspondiente al año 2006, se recicla un 13,5% de los residuos urbanos generados, un 16,4% se destina a la producción de compost y el resto se elimina a través de vertederos y, en menor medida, de la incineración. En la Comunidad Valenciana, la mayoría de los residuos urbanos generados (en torno al 70%) recibe tratamiento en plantas de compostaje, un porcentaje cercano al 20% se elimina a través de vertederos, mientras que el resto se recoge selectivamente. Por otra parte, la Unión Europea ha incorporado los principios de autosuficiencia y proximidad al origen en la gestión de los residuos, a fin de que éstos sean tratados por quien los genera en puntos próximos a su origen.
En el ámbito del saneamiento y la depuración, prácticamente la totalidad de la población dispone de agua potable en su domicilio y, según la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006), se recogen diariamente más de 15,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de los que un 89% reciben tratamiento (tabla 4.6). En el caso de la Comunidad Valenciana, el volumen recogido supone 1,8 millones de metros cúbicos al día, y son tratados prácticamente la totalidad de éstos. No hay que olvidar que la Directiva 91/271/CEE obliga a depurar las aguas residuales de las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes en el año 2005 como máximo. En este sentido, es importante señalar que la Comunidad Valenciana fue pionera en esta iniciativa y ya en 1992 diseñó un Plan Director de Saneamiento y fomentó la construcción de EDAR (estaciones depuradoras de aguas residuales) en todos los municipios con más de 500 habitantes. En la actualidad, existen 415 plantas en servicio con un alto grado de cumplimiento (93%) de la citada Directiva.
TABLA 4.6
Recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas (2006)
Comunidad Valenciana | España | |
Volumen de aguas residuales recogidas (m3/día) | 1.776.667 | 15.365.775 |
Volumen de aguas residuales tratadas (m3/día) | 1.334.458 | 13.741.235 |
Volumen total de agua reutilizada (m3/día) | 634.499 | 1.361.450 |
Fuente: Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua (2006). INE (2008).
4.4.3 La generación de residuos no urbanos y su tratamiento posterior
Según la Encuesta de reciclado y tratamiento de residuos del INE, en el 2006 las empresas gestoras de residuos no urbanos recogieron en España un total de 27 millones de toneladas de residuos no peligrosos2 y 3,2 millones de toneladas de residuos peligrosos. Del conjunto de los residuos no peligrosos gestionados, el 64,6% se destinó al reciclado; el 34,4%, al vertido, y el 1,0% fue incinerado. En el caso de la Comunidad Valenciana se recogieron casi 1,4 millones de toneladas de residuos no peligrosos y algo más de 40.000 toneladas de residuos peligrosos.
Con referencia a la regulación ambiental en el campo de residuos, es evidente la necesidad de emprender nuevas actuaciones destinadas, por un lado, a estabilizar y limitar su generación estimulando los procesos de reutilización y reciclado y, por otro, a ampliar las infraestructuras de recogida, tratamiento y eliminación, tanto de los residuos urbanos como de los no urbanos. En este sentido, tanto la Ley de Envases y Residuos de Envases de 1997 como la Ley de Residuos de 1998, que siguen las respectivas directivas europeas, establecen criterios de responsabilidad compartida para reducir el volumen de residuos y estimular los procesos de reciclado y valorización, impulsando sistemas integrados de recogida, tratamiento y gestión que, al mismo tiempo, eviten la contaminación de los suelos.
En cuanto al marco normativo específico existente en la Comunidad Valenciana en esta materia, cabe mencionar sobre todo la Ley 10/2000 de Residuos. Esta ley establece con carácter general la competencia de las entidades locales para la gestión de los residuos urbanos o municipales, y es responsabilidad del ayuntamiento la prestación del servicio público de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos. Asimismo, se prevé, de forma expresa, la posibilidad de que se constituyan voluntariamente consorcios entre los entes locales y la Generalitat para una prestación más eficaz de los servicios mencionados. Finalmente, las diputaciones provinciales contribuirán a la adecuada ejecución de las competencias locales, tal y como dispone al efecto la legislación de régimen local.
Esta misma norma obliga a los productores de residuos peligrosos a presentar un plan de prevención y reducción de residuos a la Conselleria competente, con el fin de favorecer la adopción de técnicas y tratamientos más respetuosos con el medio ambiente, y promover la valorización material y energética por encima de la eliminación en vertederos. La gestión de residuos peligrosos en la Comunidad Valenciana se encuentra condicionada por la regulación existente en aquellas comunidades autónomas a las que se envían residuos peligrosos para su adecuado tratamiento.
4.4.4 La estacionalidad de la actividad turística y el predominio del turismo de sol y playa
Como resulta conocido, el crecimiento de la actividad turística supone aumentar la presión sobre los hábitats, los servicios de transporte, el suelo en la costa y en la montaña, los recursos energéticos e hídricos, etc., particularmente en las zonas costeras.
Junto a los efectos beneficiosos de generación de riqueza y creación de empleo, la actividad turística en la Comunidad Valenciana es también una fuente de impactos ambientales de todo tipo, más intensos cuanto más se concentra en el espacio (áreas litorales) y en el tiempo (meses estivales). El hecho de que estructuralmente el turismo valenciano tenga un neto perfil extrahotelero y que la mayoría de visitantes se alojen en viviendas propias o arrendadas multiplica esos impactos. Fuertes et al. (2001) han estimado en millón y medio de habitantes la población estacional turística, y se localizan mayoritariamente en la provincia de Alicante, donde se produce un uso abusivo del suelo y de recursos naturales en general. Siguiendo las recomendaciones contenidas en el Quinto Programa Ambiental de la Unión Europea para este sector, la transformación del modelo turístico hegemónico de sol y playa en una oferta más amplia y equilibrada en el espacio y en el tiempo, así como las posibilidades y los inconvenientes del desarrollo en la Comunidad Valenciana de un turismo específicamente verde o ecológico, son aspectos que cabe considerar en cualquier estrategia de futuro.
4.5 Retos de la política ambiental
Si tenemos en cuenta el conjunto de problemas ambientales que nos afectan, se plantea el reto de diseñar y aplicar una política ambiental3 capaz de encontrar soluciones que garanticen el principio de sostenibilidad. En este sentido, habría que hacer mención de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2007. Los principales objetivos de esta estrategia podrían resumirse de la siguiente manera:
En el ámbito del cambio climático: Reducir las emisiones a través de un mayor peso de las energías renovables y de una mejora en la eficiencia energética en transporte y edificación.
En materia de producción y consumo: Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje; aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores; optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de personas y mercancías.
En lo referente a conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio: Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado; asegurar la calidad del recurso hídrico garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible de éste.
Un importante reto medioambiental que preocupa a la sociedad es el cambio climático. En el marco de los objetivos internacionales, y en particular europeos, se pretende limitar el crecimiento de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) al 15% en el período 2008-2012 frente a los niveles del año base. Aunque las emisiones entre el año base y el 2005 crecieron un 52,2% como consecuencia de un rápido crecimiento económico y de un fuerte incremento de la población, no conviene olvidar que las emisiones de GEI per cápita en España siguen situándose un 8% por debajo de la media europea.
Otro gran reto especialmente importante en la Comunidad Valenciana es la disponibilidad y adecuada gestión de los recursos hídricos. En este sentido, se apuesta por sustituir los tradicionales enfoques de oferta basados en grandes infraestructuras por estrategias de gestión de la demanda y de conservación y regeneración de los recursos. En coherencia con la Directiva Marco del Agua, y para asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del agua, se ha puesto en marcha el Programa Global de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (Programa AGUA). En este programa se integran actuaciones de depuración de aguas residuales, de regeneración y reutilización de las aguas, de mejora y modernización de sistemas de abastecimiento y de riego, así como la construcción de plantas desalinizadoras. Se priorizan las inversiones en aquellas zonas con mayores desequilibrios hídricos, como son las cuencas mediterráneas.
Para responder a la necesidad de mejora de la calidad de las aguas, se aprobó en junio de 2007 el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, con el fin de poder cumplir los objetivos no alcanzados del Plan de Saneamiento y Depuración 1995-2005, con las exigencias comunitarias de la Directiva 91/271/CEE y con los objetivos medioambientales para el año 2015 establecidos en la Directiva Marco del Agua y, al mismo tiempo, establecer un nuevo mecanismo de gestión, cooperación y coordinación institucional entre administraciones competentes en la gestión del recurso. Además, la puesta en marcha del Plan de Tolerancia Cero de Vertidos persigue el objetivo estratégico de que ningún efluente de municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes llegue al curso de un río o al mar sin depurar.
La reutilización directa de aguas residuales en zonas costeras supone un incremento en la disponibilidad de los recursos, ya que se trata de un agua que no se aprovecharía de otro modo, mientras que las aguas depuradas en el interior pueden ser vertidas a los cauces, y pueden ser aprovechadas posteriormente junto con otras aportaciones naturales. Con el objetivo de fomentar la utilización de las aguas regeneradas (en la agricultura, riego de parques y jardines, campos de golf, mantenimiento de caudales medioambientales, etc.) como línea estratégica de uso sostenible del agua, se aprobó el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Además de esta normativa reguladora, se requerirá una adecuada coordinación entre las distintas administraciones competentes en la materia, junto con el establecimiento, en su caso, de instrumentos económicos y financieros que ejerzan un papel incentivador.
En materia de desalación como fuente de recursos hídricos adicionales, especialmente necesarios en el litoral mediterráneo, el Programa AGUA incluye alrededor de 100 actuaciones específicas con una inversión de 3.900 millones de euros y unas aportaciones previstas de 1.100 hm3/año, concentradas en las cuencas del Sur, Segura, Xúquer, Ebro e internas de Cataluña.
El marco físico de un territorio y su dotación de recursos naturales afectan de manera importante tanto a su especialización productiva como a la distribución de su población. Las condiciones geográficas han sido, en general, poco favorecedoras del crecimiento económico y los asentamientos poblacionales en España, y siendo más favorables en el caso de la Comunidad Valenciana.
A su vez, población y actividad económica interaccionan con el territorio ejerciendo cambios radicales en el medio a través de las infraestructuras y provocando importantes daños ambientales siempre que no se gestionen adecuadamente los llamados outputs no deseables derivados de la propia actividad humana y del crecimiento económico.
Resulta conocido que en los últimos años las economías española y valenciana han experimentado un fuerte crecimiento que ha supuesto un aumento de sus niveles de renta per cápita hasta aproximarse a la media europea, pero también un mayor consumo de recursos naturales y la generación de más contaminación y residuos, entre otras externalidades territoriales. El objetivo básico de cualquier política ambiental deberá ser conseguir el desacoplamiento entre un crecimiento económico deseable y sus consecuencias ambientales. Para ello se requiere la aplicación de instrumentos eficaces como el incremento de la eficiencia, la adopción de mejoras tecnológicas en todos los ámbitos (energético, hídrico, residuos), la mejora de las redes de transporte, tanto de energía como de agua, la vigilancia de las emisiones de sustancias contaminantes y el fomento de la información y la concienciación de los ciudadanos y las empresas en materia ambiental. La adecuada combinación de todas estas medidas logrará reducir los problemas ambientales y contribuirá a un crecimiento verdaderamente sostenible y respetuoso con el territorio. Éste es el principal reto al que se enfrentan el conjunto de países desarrollados y, por tanto, las economías española y valenciana.
Práctica 4.1 Rango-dimensión, índice de primacía e indicadores de sostenibilidad
a) Tomando como base los conceptos de las estadísticas del rango-dimensión y del índice de primacía y la tabla P. 4.1, calcúlense las estadísticas mencionadas.
b) Propóngase un sistema de indicadores de sostenibilidad que contenga, al menos, 15 elementos.
TABLA P.4.1
Ciudades de más de 10.000 habitantes del País Valenciano
1 | Valencia | 797.654 |
2 | Alicante | 322.673 |
3 | Elx | 222.422 |
4 | Castellón de la Plana | 172.624 |
5 | Torrevieja | 94.006 |
6 | Orihuela | 80.468 |
7 | Gandia | 77.421 |
8 | Torrent | 75.131 |
9 | Benidorm | 69.058 |
10 | Sagunto | 63.359 |
11 | Alcoy | 60.700 |
12 | Paterna | 59.043 |
13 | Elda | 55.289 |
14 | Sant Vicent del Raspeig | 49.341 |
15 | Vila-real | 49.045 |
16 | Mislata | 43.336 |
17 | Alzira | 43.038 |
18 | Dénia | 42.704 |
19 | Burjassot | 37.402 |
20 | Ontinyent | 36.695 |
21 | Villena | 34.523 |
22 | Petrer | 33.486 |
23 | Burriana | 33.255 |
24 | Vall d’Uixó (la) | 31.978 |
25 | Vila Joiosa (la) | 30.550 |
26 | Xirivella | 30.212 |
27 | Alaquàs | 30.177 |
28 | Jávea | 29.923 |
29 | Manises | 29.778 |
30 | Santa Pola | 29.221 |
31 | Xàtiva | 28.597 |
32 | Crevillent | 28.172 |
33 | Aldaia | 28.138 |
34 | Sueca | 28.112 |
35 | Calp | 27.768 |
36 | Oliva | 27.374 |
37 | Algemesí | 27.272 |
38 | Vinaròs | 26.977 |
39 | Novelda | 26.525 |
40 | Catarroja | 25.650 |
41 | Quart de Poblet | 25.340 |
42 | Benicarló | 25.248 |
43 | Campello | 25.055 |
44 | Onda | 24.140 |
45 | Ibi | 23.609 |
46 | Cullera | 23.406 |
47 | Altea | 22.648 |
48 | Paiporta | 22.374 |
49 | Almassora | 21.772 |
50 | Carcaixent | 21.695 |
51 | Llíria | 21.638 |
52 | Alboraia | 21.582 |
53 | Moncada | 21.109 |
54 | Sant Joan d’Alacant | 20.997 |
55 | Requena | 20.440 |
56 | Mutxamel | 20.364 |
57 | Pilar de la Horadada | 20.338 |
58 | Alfafar | 20.321 |
59 | Alfàs del Pi | 19.913 |
60 | Bétera | 19.491 |
61 | Aspe | 19.246 |
62 | Riba-roja del Túria | 19.083 |
63 | Pobla de Vallbona (La) | 18.790 |
64 | Silla | 18.597 |
65 | Picassent | 18.556 |
66 | Tavernes de la Valldigna | 18.004 |
67 | Puçol | 17.947 |
68 | Almoradí | 17.945 |
69 | Rojales | 17.543 |
70 | Callosa d’En segura | 17.423 |
71 | Benicàssim | 17.267 |
72 | Eliana (l’) | 16.349 |
73 | Núcia (La) | 15.519 |
74 | Carlet | 15.189 |
75 | Guardamar del Segura | 15.132 |
76 | Albal | 14.840 |
77 | Massamagrell | 14.568 |
78 | Benetússer | 14.283 |
79 | Canals | 13.771 |
80 | Teulada | 13.281 |
81 | Nules | 13.007 |
82 | Godella | 12.993 |
83 | Monòver | 12.923 |
84 | Chiva | 12.890 |
85 | Benissa | 12.690 |
86 | Alginet | 12.605 |
87 | Benifaió | 12.204 |
88 | Utiel | 12.053 |
89 | Cocentaina | 11.209 |
90 | Alcúdia (l’) | 11.105 |
91 | Albatera | 11.102 |
92 | Pego | 10.878 |
93 | Alcora (l’) | 10.765 |
94 | San Fungelcio | 10.583 |
95 | Picanya | 10.543 |
96 | Benaguacil | 10.374 |
97 | Alberic | 10.330 |
Práctica 4.2 Analícese la inclusión de variables ambientales dentro de una tabla input-output
a) Explíquense de manera intuitiva los contenidos de una tabla input-output medioambiental poniendo el énfasis en la consideración de los inputs y los outputs ambientales (tabla P.4.2).
b) A partir de la información sobre la necesidad de inputs ambientales por unidad de output, calcúlese qué efecto tendría en el uso de estos inputs un crecimiento de un 10% en el output total de los tres grandes sectores de la economía (tabla P.4.3).
c) Tomando en consideración los outputs ambientales generados por unidad de output total, calcúlese qué repercusiones ambientales tendría un incremento de un 10% en la producción total del sector industrial (tabla P.4.4).
TABLA P.4.2
Tabla input-output
TABLA P.4.3
Necesidades de inputs ambientales por unidad de output (coeficientes técnicos)
Inputs ambientales | Agua | Recursos minerales | |
Agricultura | 0,0476190 | 0,0476190 | – |
Industria | 0,0566037 | 0,0094340 | 0,0471698 |
Servicios | 0,0175438 | 0,0175438 | – |
TABLA P.4.4
Outputs ambientales generados por unidad de output total
Práctica 4.3 A partir de la información contenida en el gráfico P.4.1, analícese la posible utilización del precio como mecanismo para racionalizar la demanda frente a la política de transvases.
a) Si actualmente el precio medio estimado en Valencia para el agua de regadío es de 0,03 €/m3, ¿cuál debería ser el nuevo precio del agua para conseguir una reducción de la demanda de 315 hm3/año que hiciera innecesario el trasvase de esa cantidad de agua desde el Ebro a la cuenca del Xúquer?
b) Con un coste estimado del agua trasvasada de 0,3 €/m3, ¿qué efecto tendría sobre la demanda de agua para regadío en Valencia si se imputara este coste al usuario?
c) Explíquense las principales diferencias entre las curvas de demanda de Valencia y Castellón.
GRÁFICO P4.1
AEAS (Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento) (varios años): El Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España.
AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) (2004): Europe’s environment: the third assessment, disponible en línea <http://eea.eu.int>.
FUERTES, A. M., A. BENGOCHEA y J. J. RUBERT (2001): «Turismo y disponibilidad de recursos hídricos: el caso de Benidorm», Papers de Turisme, 26, Valencia, pp. 29-47.
GENERALITAT VALENCIANA (2002): II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, Valencia.
GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT (2002): Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana.
GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS (2002): Hipótesis de modelo territorial de la Comunidad Valenciana, Valencia.
GENERALITAT VALENCIANA, INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1996): Los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, Madrid.
IVE (Institut Valencià d’Estadística) (varios años): Anuari estadístic.
JIMÉNEZ, J. C. (2003): «Sector energético», en García Delgado (dir.): Lecciones de economía española, Madrid, Ed. Civitas, cap. 9, pp. 257-277.
RICO AMORÓS, A. M. (2007): «Tipologías de consumo de agua en abastecimientos urbano-turísticos de la Comunidad Valenciana», Investigaciones Geográficas, 42, pp. 5-34.
RICO AMORÓS, A. M. y M. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (2007): «Ordenación del territorio, escasez de recursos hídricos, competencia de usos e intensificación de las demandas urbano-turísticas en la Comunidad Valenciana», Documents d’anàlisi geogràfica, 51, pp. 79-109.
YBARRA, J. A. (2008): Mapa de áreas de cambio e innovación en la Comunidad Valenciana, Alicante, Universitat d’Alacant, Servei Publicacions.
Legislación
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes.
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo. DOCE 275/L, de 25-10-03.
Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.
Ley 10/1998, de Residuos.
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana.
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, 21 de noviembre, de Montes.
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental en la Comunidad Valenciana.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
1. Legalmente, tienen esta consideración los residuos calificados como peligrosos por la normativa comunitaria, la legislación nacional y los que figuran como tales en los convenios internacionales de los que España forma parte. Las características que deben reunir los residuos para ser catalogados como peligrosos se detallaron en la Directiva 91/689/CEE. La lista europea de residuos peligrosos se aprobó en 1994 (Decisión 94/904/CE). En España, la relación de residuos tóxicos o peligrosos se publicó en 1997 (RD 952/97) siguiendo las directrices de la normativa comunitaria.
2. Se incluyen bajo esta denominación tanto los residuos asimilables a urbanos (RAU) (son aquellos que por sus características pueden gestionarse junto a los urbanos, como papel y cartón, algunos plásticos, materiales de escritorio, etc.) como los residuos inertes (RI) (son los que no sufren modificación en su estado o composición por interacción con el medio ambiente, como la chatarra, el vidrio o los ladrillos).
3. Dentro del proceso de implantación de la normativa comunitaria en nuestro territorio conviene recordar que, en materia medioambiental, la Constitución española asigna al Estado, de manera exclusiva, la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer normativas adicionales de protección y asumir, además, la gestión en este ámbito. Los ayuntamientos también tienen asignadas competencias específicas de gestión ambiental y pueden desarrollar normas de aplicación exclusiva en los correspondientes términos municipales.
En la actualidad a nivel estatal, además del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que es el principal responsable de la política medioambiental del Estado, hay varios ministerios que en mayor o menor grado ejercen competencias medioambientales. Estos son el Ministerio de Fomento (infraestructuras, transporte), el de Industria, Turismo y Comercio (competencias relativas a instalaciones industriales), el de Sanidad y Política Social (cuestiones relacionadas con la incidencia de la contaminación en la salud), el Ministerio del Interior (tareas de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales) y, finalmente, el Ministerio de Educación, porque tiene competencias en el ámbito de la investigación en temas ambientales.
Las corporaciones locales tienen competencias en varios aspectos que inciden en la calidad ambiental del municipio. La Ley reguladora de las bases del régimen local delimita el ámbito competencial de cada municipio en función de su tamaño poblacional. Todos los municipios tienen competencias en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso al núcleo de población independientemente del número de habitantes que tengan. Los municipios con más de 5.000 habitantes pueden asumir competencias en el tratamiento de residuos y parque público. Los que superan los 20.000 habitantes añaden las competencias en materia de protección civil, mataderos y prevención y extinción de incendios. Si el municipio cuenta con más de 50.000 habitantes, debe ejercer el servicio de protección del medio ambiente.