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Adanna llegó a este mundo envuelta en las indignidades del apartheid. El padre de Adanna era un granjero blanco y su madre biológica era una de sus trabajadoras africanas. Cuando la madre biológica de Adanna murió, su padre la dejó abruptamente en Kliptown, un pueblo ubicado, aproximadamente, a 35 km de Johannesburgo, para que viviera con una mujer llamada Ma Zwane y su hijo. Esa fue la última vez que Adanna o Ma Zwane lo vieron. Ma Zwane adoptó a Adanna y esta se convirtió en un miembro más de la familia Zwane.

Ma Zwane era una enfermera. Al observar una de sus fotos se ve a una mujer de mediana edad, labios llenos de orgullo, piel oscura, suave, impasible a las arrugas que dejan los años. A pesar de que el Estado sudafricano del apartheid hizo particularmente difícil que los africanos tuvieran propiedad raíz en las ciudades, Ma Zwane se mantuvo indoblegable. Ahorró sus modestos ingresos y con el tiempo compró dos propiedades en Kliptown. Sus propiedades le aseguraron un ingreso de renta estable y también le granjearon respeto y prestigio social entre sus vecinos en Kliptown –una comunidad unida y cosmopolita donde africanos, chinos, indios, blancos y mestizos locales conviven–, lugar donde las personas dependían unas de otras a pesar de sus diferencias.

Ma Zwane anhelaba que Adanna algún día contara con una educación que la protegiera de las vulneraciones a la dignidad que el apartheid infligía a las personas negras. Así que cuando Adanna terminó décimo grado, Ma Zwane la inscribió en un curso de comercio donde aprendió tipografía y mecanografía. Infortunadamente, a pesar de su educación y entrenamiento especializado, el color de la piel de Adanna no le permitía avanzar. «No podía conseguir un trabajo porque en ese momento estaban contratando solo blancos en las oficinas para realizar esos trabajos, por lo tanto, no había nada más que pudiera hacer, salvo volver a la fábrica»¹. A medida que el tejido de sueños que Ma Zwane tenía para Adanna se empezaba a descoser, ella oraba para que las propiedades le dieran a Adanna la capa extra de protección que ella necesitaba tan desesperadamente en cuanto sudafricana negra que vivía bajo el régimen del apartheid. Pero después de la muerte de Ma Zwane en 1955, la vida de Adanna se empezó a deshilachar.

Para ejecutar su agenda de supremacía blanca de subordinación y separación, en 1963 el gobierno del apartheid proclamó que solo los europeos podrían habitar en Kliptown. Acto seguido, el gobierno desarraigó a Adanna y a sus vecinos, y los reubicó en las comunas (Townships) designadas para sus grupos étnicos y raciales específicos. Después de forzar a Adanna y a su hermano a mudarse a Soweto (la comuna designada para negros), el gobierno demolió las dos propiedades que ellos heredaron de Ma Zwane y les dio únicamente una compensación nominal. Con el corazón triste, Adanna recordaba: «cuando eres dueña de algo, te sientes orgullosa de que tienes algo. Pero cuando te lo quitan te sientes desnuda […] te sientes como si te hubieran desnudado a la fuerza. No eres nada»². Los buldóceres que arrasaron Kliptown no solamente acabaron con edificios físicos, destruyeron la comunidad vibrante de Adanna, robaron su herencia y le negaron su dignidad. La destrucción y reubicación fue parte de la estrategia del régimen del apartheid para subyugar a la gente negra y consolidar su posición en la política como sub-personas.

En muchos sentidos, la historia de Adanna no es única. Sudáfrica no es la única nación donde un grupo de personas ha subordinado a otro y le ha privado de su propiedad y dignidad. La historia está repleta de ejemplos. Los conflictos en Ruanda e Iraq son ejemplos recientes de esta tendencia histórica que se mantiene. En el genocidio de Ruanda de 1994 la guardia presidencial empezó el asesinato masivo de tutsis en retaliación por el ataque fatal al avión del presidente hutu Juvenal Habyarimana. Los hutus masacraron alrededor de 800.000 tutsis y robaron sus propiedades³. Previo a la masacre, los tutsis fueron deshumanizados e igualados a cucarachas que merecían ser exterminadas⁴. Ahora, a medida que la nación se recupera de estos eventos horrendos y busca promover la paz, uno de los retos centrales de Ruanda ha sido ocuparse de los sobrevivientes que fueron desplazados de sus hogares, despojados de su propiedad y a quienes se les negó su dignidad.

De forma similar, durante varias olas de despojo, en Iraq, el partido árabe socialista Ba’ath oprimió y desplazó a sus oponentes así como a los kurdos, chiitas, turkmenos y asirios. La primera ola fue la campaña de arabización en la cual el Estado forzó a los kurdos a dejar sus casas y fincas⁵. El Estado entonces transfirió sus propiedades a los árabes sunitas del sur, desplazando finalmente entre 600.000 y 800.000 kurdos⁶.

Los kurdos fueron privados de su propiedad y su dignidad. Después del asesinato de Saddam Hussein, el régimen del terror ba’athista terminó y un estimado de 500.000 personas regresaron a los hogares y fincas confiscados por el Estado⁷. Para evitar más conflictos, el Estado iraquí debe encontrar maneras de resolver pacíficamente las disputas entre los propietarios pasados y actuales.

En Sudáfrica, Ruanda, Iraq y otras numerosas naciones, cuando acabaron las guerras, el apartheid y el colonialismo cayeron, la dictadura terminó y los genocidios pararon, los gobiernos que emergieron de las cenizas tuvieron que afrontar el peligroso paisaje que rodea la restitución de la tierra y otras propiedades a las poblaciones desterradas o diezmadas. Estas naciones tenían que elegir: podían ignorar el hecho de que las personas fueron privadas de su propiedad y dignidad, o podían resolver el asunto. Muchos Estados han tomado medidas. Iraq, Colombia, Sudáfrica, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, República Checa, Hungría, Francia, Países Bajos, Kosovo y las repúblicas bálticas están entre los muchos Estados que han provisto remedios para el despojo de propiedad ocurrido con ocasión de guerras, bajo el comunismo o durante procesos de conquista⁸.

Cuando un Estado toma la propiedad de un individuo o de una comunidad, la solución apropiada es devolver esa propiedad o proveer una compensación justa, la cual comúnmente es calculada con base en elvalor de mercado de los derechos de propiedad confiscados⁹. Pero, bajo ciertas circunstancias, el Estado ha hecho más que confiscar la propiedad, también ha negado a los desterrados su dignidad. He acuñado el término «expropiación de la dignidad» para describir este fenómeno. La expropiación de la dignidad ocurre cuando un Estado directa o indirectamente destruye o confisca derechos de propiedad de propietarios u ocupantes a quienes categoriza como sub-personas sin pagar una compensación justa o sin un propósito público legítimo¹⁰. Sostengo en este libro que un remedio integral para la expropiación de la dignidad requiere lo que yo llamo una «restauración de la dignidad», es decir, una compensación que considere tanto los daños económicos como la expropiación de la dignidad involucrada.

El derecho internacional y la mayoría de programas que buscan enfrentar despojos de propiedad se han enfocado en brindar reparaciones sin ocuparse de restaurar la dignidad¹¹. La reparación es «el derecho de recibir restauración por la propiedad que fue despojada o de la cual se fue privado en el curso del conflicto y de ser compensado apropiadamente por las propiedades que no puedan ser restauradas»¹². El objetivo de la reparación es reintegrar la propiedad perdida (es decir, el resultado). En contraste, la restauración de la dignidad se basa en principios de justicia restaurativa y, por lo tanto, busca rehabilitar al desposeído y reintegrarlo al tejido de la sociedad, haciendo énfasis en el proceso. Como lo afirma John Braitwhite, la justicia restaurativa está interesada en «restaurar la pérdida de propiedad, restaurar el daño, restaurar un sentido de seguridad, restaurar la dignidad, restaurar un sentido de empoderamiento, restaurar la democracia deliberativa, restaurar la armonía basada en un sentimiento de que se ha hecho justicia y restaurar el apoyo social»¹³. Cuando las reparaciones y la justicia restaurativa forman una alianza, la restauración de la dignidad es el resultado de esta unión formidable.

La mayoría de Estados que han enfrentado despojos de propiedad ocurridos en el pasado no han implementado medidas destinadas a la restauración de la dignidad porque se trata de un remedio más prolongado, complicado y costoso que las reparaciones. Los despojos de tierra de la era colonial y del apartheid en Sudáfrica son el ejemplo por excelencia de expropiación de la dignidad, y el gobierno del post-apartheid es único porque ha tratado de ir más allá de las reparaciones para facilitar la restauración de la dignidad. Dicho gobierno entendió su programa de restitución de tierras como una oportunidad de restaurar la propiedad así como la dignidad de sus ciudadanos negros¹⁴. Por ello, este libro usa el caso sudafricano para explorar empíricamente el intento de la nación de facilitar la restauración de la dignidad.

En Sudáfrica, como en muchas otras naciones, la expropiación de la dignidad ocurrió en medio de un proceso mayor de subordinación que incluyó el uso de la muerte, la desaparición, la tortura, la interrupción del proceso educativo, la exclusión política, el encarcelamiento, la violencia sexual y el terrorismo psicológico. El despojo de la propiedad exacerbaba y reflejaba la posición subordinada en la política de los desposeídos. Como tal, la restauración de la dignidad frecuentemente ocurre de manera simultánea con otras medidas no relacionadas con la propiedad. Por ejemplo, en Sudáfrica, el Estado del post-apartheid ha intentado remediar todo el espectro de afectaciones a la dignidad a través de distintas medidas que en todo caso se interrelacionan. La Comisión de Verdad y Reconciliación trajo a la luz la represión política, la violencia psicológica, la muerte y la tortura perpetradas bajo los regímenes pasados¹⁵. La Constitución post-apartheid concedió a las personas negras derechos civiles, políticos y socioeconómicos, y la Corte Constitucional fue la institución creada para defender estos derechos recientemente adquiridos¹⁶. Los programas de acción afirmativa crearon oportunidades para grupos previamente en desventaja que habían sido excluidos sistemáticamente de las oportunidades en los sectores público y privado durante regímenes anteriores. Los intentos del Estado del post-apartheid destinados a promover la restauración de la dignidad han ocurrido en conjunción con estos otros esfuerzos de mejorar el estatus de las personas negras, quienes solían ser tratadas como sub-personas hacia su nuevo estado de miembros dignificados de la política.

La pregunta central que aborda este libro es: cuando ha habido una expropiación de la dignidad, ¿qué se necesita para restaurar la dignidad? Existen, sin embargo, varias preguntas normativas que preceden esta pregunta. Por ejemplo, ¿debería una nación proveer remedios para despojos ocurridos en el pasado? De ser así, ¿qué tipo de remedio es más apropiado: la restitución de la tierra, la compensación monetaria, gestos simbólicos o disculpas? ¿Quién debería recibir el remedio: los desterrados durante un periodo específico de tiempo? En ese caso, ¿qué periodo de tiempo?; y si esos desterrados están muertos, ¿deberían los herederos ser beneficiarios de las reparaciones? ¿Cuánta compensación financiera debería pagar un Estado cuando usa sus poderes de expropiación para tomar propiedades de sus dueños actuales y dárselas a las poblaciones que fueron despojadas? Los académicos ya han desarrollado una literatura abundante que aborda estas importantes preguntas¹⁷. A partir de estos avances, este libro toma como punto de partida aquellos Estados que han decidido mirar atrás y proveer un remedio a los despojos ocurridos en el pasado.

Hay varias razones por las cuales los Estados han decidido remediar violaciones a la propiedad que ocurrieron en el pasado. La primera es proteger los derechos humanos y promover la justicia. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional, una persona arbitrariamente privada de su propiedad, sin el pago de una compensación justa, tiene derecho a un remedio efectivo¹⁸. Otra razón es que remediar las violaciones a la propiedad ocurridas en el pasado puede conferir legitimidad al Estado y a sus estructuras de gobierno¹⁹, y cultivar legitimidad es especialmente crucial después de una transición de régimen o liderazgo. También, los Estados han decidido abordar las violaciones a la propiedad, ocurridas en el pasado, porque en ocasiones ello es necesario para legitimar los regímenes de propiedad actuales. Cuando los derechos de propiedad son sistemáticamente adquiridos por medio del robo, es difícil justificar la protección de estos derechos ilegítimamente obtenidos por parte del Estado. Remediar las violaciones a la propiedad acaecidas en el pasado limpia los derechos de propiedad existentes y elimina el hedor del robo pasado. Adicionalmente, cuando los dueños actuales y pasados tienen derechos sobre la misma propiedad, la propiedad está en disputa, los derechos de propiedad no son claros y el desarrollo económico se ve obstaculizado²⁰. Al remediar violaciones de la propiedad ocurridas en el pasado, los Estados pueden clarificar los derechos de propiedad existentes y promover el desarrollo económico.

Finalmente, los Estados han decidido remediar las violaciones a la propiedad ocurridas en el pasado porque no hacerlo puede poner en peligro potencial la estabilidad actual²¹. Sudáfrica es un caso perfectamente ilustrativo porque un fracaso al rectificar sus inequidades en la distribución de la tierra es como un mar de petróleo esperando un fósforo. En uno de los estudios más impresionantes hasta la fecha sobre la opinión pública, en materia de reforma de tierras en Sudáfrica, James Gibson encuestó a 3.700 sudafricanos y encontró que el 85 % de los negros en Sudáfrica creían que «[l]a mayoría de la tierra en Sudáfrica fue arrebatada injustamente por los colonos, y que por tanto ellos no tenían derecho a la tierra hoy»²².

El resultado más inquietante del estudio de Gibson fue que dos de cada tres personas negras estaban de acuerdo en que «la tierra debe ser devuelta a los negros en Sudáfrica, sin importar cuáles sean las consecuencias para los dueños actuales ni para la estabilidad política del país»²³. De acuerdo con los datos de Gibson, la mayoría de los negros, tanto en áreas rurales como urbanas, ven la tierra como robada y la quieren de vuelta aun si la redistribución provoca inestabilidad política. Si el Estado post-apartheid no aborda adecuadamente las injusticias pasadas sobre la tierra, la estabilidad actual puede estar en peligro²⁴. Por todas estas razones, el Estado sudafricano post-apartheid ha decidido dar una mirada al pasado y abordar la expropiación de la dignidad ocurrida bajo el colonialismo y el apartheid.

Breve historia de la expropiación de la dignidad en Sudáfrica

Los primeros despojos de tierra en la historia sudafricana comenzaron con la fundación de la Estación del Cabo por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) en marzo de 1651²⁵. La VOC dio a la población nativa la opción de irse o quedarse en sus tierras como sirvientes de los holandeses²⁶. En 1679 la VOC comenzó a implementar una política más activa de adquisición de tierras, lo que les garantizó a los colonos blancos tierra siempre que fuera cultivada dentro de los tres primeros años²⁷. La VOC adquirió esta tierra de los nativos usando la fuerza bruta o algunas veces comprándola de los líderes comunitarios. No obstante, debido a que estos líderes no conocían la ley holandesa o el concepto de venta permanente de la tierra, algunos académicos han concluido que las compras iniciales de tierra se basaron en el engaño²⁸. La conquista británica de la colonia holandesa en 1806 no significó ningún cambio en las políticas racialmente opresoras que existían en la época²⁹. De hecho, el despojo se aceleró al mismo tiempo que los británicos conquistaron nuevas comunidades y tomaban la mejor tierra para sí³⁰.

Las poblaciones nativas no entregaron fácilmente sus tierras y pelearon varias guerras para resistir la invasión británica. Por ejemplo, en 1834, bajo el liderazgo de Gcaleka, los xhosa llevaron a cabo una guerra de guerrillas contra los británicos. A pesar de haber sido exitosos inicialmente en hacer retroceder a los británicos, la llegada de refuerzos de éstos llevó a la derrota de los xhosa y a la ejecución de Gcaleka³¹. No obstante sus valientes esfuerzos, las poblaciones nativas fueron finalmente diezmadas por la viruela, se retiraron hacia el interior o se mantuvieron bajo autoridad colonial. Estos nativos bajo el dominio colonial fueron forzados a la servidumbre como pastores, sirvientes domésticos o trabajadores agrícolas, y muchos tenían que pagar a los colonos renta, impuestos (en la forma de una porción de sus productos) o prestación de servicios³².

Desde principios del siglo XIX, los oficiales británicos usaron desalojos forzados y reubicaciones como forma de ejercer la autoridad colonial y controlar la población indígena. Sin embargo, inmediatamente después de que se diera la unión de Sudáfrica en 1910, la apropiación de tierras y la reubicación tomaron un decidido giro legal. La Ley de Tierra para Nativos de 1913 llevó a que solo el 7 % de la tierra del país fuera reservada para «nativos»³³. La Ley de Fiducia Nativa y Tierra de 1936 finalmente expandió este número al 13 %³⁴. Estas leyes prohibieron a los sudafricanos negros comprar o rentar tierra fuera de las reservas, lo que los relegó a ser arrendatarios laborales o empleados de tiempo completo en el 87 % de su tierra nativa. Los lotes de tierra situados fuera de las reservas designadas y comprados antes de 1913 fueron llamados zonas negras (black spots) y se mantuvieron bajo constante amenaza de desalojo³⁵. Como consecuencia de lo anterior, un académico resaltó que «[l]a Ley de Tierras para Nativos convirtió en ley el proceso de desposesión de los sudafricanos negros de sus tierras que ya llevaba 200 años. El derecho y no la guerra fue el medio final de conquista»³⁶.

El siglo XX trajo consigo la industrialización y la urbanización, y cambió el centro de la actividad económica del área rural a las áreas urbanas³⁷. A pesar de que el recientemente formado Estado sudafricano animó a los africanos negros a trabajar en las áreas urbanas, ellos no estaban llamados a echar raíces allí. La ideología que motivó esto era que los africanos, como los animales de finca, no pertenecían a la ciudad, sino a las áreas rurales. Esta ideología fue articulada de forma más influyente en 1922 por la Comisión de Gobierno local del Transvaal liderada por el coronel C. F. Stallard, popularmente conocida como la Comisión Stallard. Esta comisión concluyó que el sudafricano negro solo debería entrar a la ciudad «cuando estuviera dispuesto a atender las necesidades del hombre blanco», y «que debería ser forzado a salir cuando cesara de atenderlas»³⁸. Los académicos han identificado diferentes razones que explican el ímpetu que tuvieron las leyes y políticas públicas, que asumieron que los blancos eran naturalmente urbanos y los africanos eran habitantes congénitos del campo; las más prominentes están relacionadas con consideraciones militares, dominación política y acumulación de capital³⁹. A medida que la agricultura empezó a perder su dominio y las economías urbanas se volvieron más lucrativas, el Estado usó una complicada red de leyes mutuamente reforzadas para minimizar y controlar la presencia de las personas negras en las áreas urbanas.

La primera ley importante que buscó regular la presencia de africanos negros en áreas urbanas fue la Ley de Nativos (Áreas Urbanas) de 1923, la cual expandió el número de locaciones urbanas donde el Estado podía forzar a los nativos a mudarse. Los nativos podían ocupar pero no comprar una residencia en estas áreas urbanas, las cuales pasaron a llamarse «townships (comunas)» o «locaciones»⁴⁰. Esta ley permitió a aquellos africanos que cumplieran con los requisitos establecidos en la sección 10 de la ley modificada residir temporalmente en las townships siempre que tuvieran un pase a la mano en todo momento. Esto llevó a que solamente los sirvientes pudieran vivir en la ciudad⁴¹. La Ley de Áreas Urbanas hizo que no se estableciera una fuerza de trabajo negra urbana y en consecuencia creó una clase de trabajadores migrantes altamente vulnerable. Estos trabajadores podrían ser enviados a sus reservas nativas y privados de su sustento en cualquier momento. Esta vulnerabilidad hizo que los trabajadores africanos fueran menos propensos a organizarse y hacer huelgas para conseguir mejores pagos, lo que minimizó el riesgo que supondría para la supremacía blanca una clase de trabajadores sudafricanos negros empoderados⁴².

Las locaciones urbanas establecidas para los sudafricanos negros eran en su mayoría comunas deplorables. En el libro African Population Relocation in South Africa, Maré describe lo que la gente tuvo que soportar cuando se mudó a la comuna de Nondweni: «La gente fue llevada en camiones y las posesiones que no cabían tuvieron que ser dejadas atrás […] Las letrinas se llenaban con agua porque el suelo no era lo suficientemente poroso; frecuentemente ocurrían casos de fiebre tifoidea, enfermedades relacionadas con la nutrición y neumonía»⁴³. En los años 1920 hubo intentos iniciales de limpiar las comunas y construir comunas modelo cerca a las áreas urbanas, sin embargo las nuevas comunas no lograron remediar el hacinamiento porque no eran lo suficientemente grandes para acomodar el flujo de migrantes a las ciudades. En consecuencia, los trabajadores negros y sus familias fueron forzados a vivir en habitaciones hacinadas, sin ventilación y sin provisión de servicios sanitarios⁴⁴.

La Ley de Administración de Nativos de 1927 fue la siguiente ley importante responsable del desarraigo de los sudafricanos negros en las áreas urbanas⁴⁵. Antes de 1927, cada jurisdicción tenía sus propias políticas para remover africanos, siendo algunas jurisdicciones más agresivas que otras. Como resultado, la ley centralizó el poder del Estado permitiendo al Gobernador General –a quien el acto consideró como el jefe supremo de todos los nativos– remover cualquier «tribu o nativo» en la medida en que lo considerara necesario para promover el interés público⁴⁶.

Siete años más tarde, el Estado utilizó argumentos más creativos para desplazar a los africanos urbanos. Bajo el disfraz de una medida de salud pública, la Ley de Comunas de 1934 consolidó más fuertemente la regulación de la presencia de africanos en áreas urbanas⁴⁷. La ley creó un estándar mínimo para las viviendas y permitió al gobierno evacuar y confiscar cualquier propiedad que cayera por debajo de dicho estándar⁴⁸.

En vez de resolver el problema de las comunas, la ley simplemente creó nuevas comunas miserables lejos del centro de la ciudad, las cuales eran alojamientos inadecuados; esto forzó a muchos africanos y mestizos a establecerse ilegalmente. Las condiciones de hacinamiento y por debajo de cualquier estándar digno de vida promovieron el surgimiento de actividades ilegales que la gente empezó a desarrollar para ganarse la vida⁴⁹.

El partido nacionalista llegó al poder en 1948 y escaló el sistema existente de apartheid⁵⁰. El régimen del apartheid removió forzadamente a millones de personas negras urbanas de sus hogares y los privó de su propiedad para crear una sociedad donde cada raza y grupo étnico viviera separadamente. El gobierno del apartheid creó la Ley de Áreas de Grupo de 1950 y 1957, la cual asignó a cada grupo étnico un área donde solo él podía vivir, tener propiedades y realizar negocios⁵¹. Los blancos, asiáticos, mestizos, xhosa, tswana, venda, pedi, swazi, zulu y south sotho se convirtieron, cada uno, en piezas de un rompecabezas racial y étnico, y con gran fuerza destructiva, el gobierno intentó mover cada pieza para que cada grupo estuviera en su lugar «apropiado». Una organización de la sociedad civil, The Surplus People’s Project, reportó que la Ley de Áreas de Grupos fue responsable de la mayoría de las reubicaciones en áreas urbanas, desplazando alrededor de 860.400 personas⁵². El gobierno del apartheid transfirió la propiedad confiscada a los diferentes grupos raciales para ocupación étnica, la vendió para propósitos comerciales o industriales o se quedó con la tierra para uso gubernamental⁵³.

Para 1950, las leyes anteriores ya relegaban a los africanos a reservas rurales o a locaciones urbanas en la periferia de las ciudades, así que la Ley de Áreas de Grupo afectó principalmente a los indios y a los mestizos que se habían establecido y mezclado en áreas urbanas. Aun así algunos grupos africanos negros fueron afectados por la Ley de Áreas de Grupo. Por ejemplo, de 1900 a 1965 una comunidad en Simonstown, llamada Luyolo, era la única locación permanente de africanos en la península del Cabo. Los casi 1.600 luyolos varones residentes trabajaban principalmente en el puerto cercano y en las canteras, mientras que las mujeres trabajaban como sirvientas domésticas dentro y alrededor de la ciudad⁵⁴. El señor Rabodila, un antiguo residente de la comuna de Luyolo, lamentó el impacto que la ley de Áreas de Grupo tuvo en su comunidad:

Nací en Luyolo, sí. La localidad de Luyolo en Simonstown, yo crecí ahí y era un lugar muy agradable –vibrante […] Entonces éramos una comunidad muy unida; muy cercana. No éramos una comunidad grande. Era una pequeña locación, sí. Pero, con el pasar de los años, cuando el gobierno del apartheid llegó, empezaron a remover por la fuerza a todas las personas africanas de los barrios y nos tiraron en el Gugulethu […] Y ahí ahora la gente y las familias se resquebrajaron y la gente ahora está intentando hacerse a la idea del nuevo ambiente porque era un desierto, sí. Pero de todas maneras no podíamos hacer nada porque era el sistema que se aplicaba. Y para decirle la honesta verdad, las cosas nunca fueron iguales jamás porque esa fue la ley más cruel del apartheid. La llamaron la Ley de Áreas de Grupo. Fue lo que más [pausa] le dio un gran golpe a la gente africana y por eso es que estamos en esta situación, sí⁵⁵.

En los años 1960, el Estado del apartheid «des-estableció» (es decir, erradicó) las comunas, particularmente en Transvaal y en el Orange Free State, diezmando más aún la escasa presencia urbana de la población africana⁵⁶. Empezó en 1955 cuando la Comisión Tomlinson estableció bantustanes o patrias, que eran supuestamente Estados-nación autónomos destinados por el gobierno del apartheid para los diferentes grupos étnicos africanos. Las comunas fueron erradicadas y los africanos fueron forzados a mudarse al bantustán si sus comunas estaban a 75 kilómetros o menos de ellos. Por tanto, «en 1983 se calcula que a lo largo de la república 783.000 personas fueron obligadas a mudarse por medio de la política de erradicación de las comunas, y que otras 184.000 estaban bajo amenaza de desplazamiento»⁵⁷.

En otro golpe a los derechos sobre la tierra de los africanos residentes en áreas urbanas, en 1968 el gobierno del apartheid abolió el arrendamiento a treinta años –una cuasi-forma de propiedad⁵⁸. Además, a los africanos que habían llegado a ser propietarios de viviendas, el Estado les negó la posibilidad de legar sus casas a sus herederos⁵⁹. El régimen del apartheid también eliminó la provisión de casas económicas a los africanos y abolió la provisión de alojamientos familiares, lo que resultó en un déficit de 186.000 alojamientos en las comunas urbanas para 1980⁶⁰. En consecuencia, aun cuando el Estado del apartheid no eliminó formalmente las comunas, muchos africanos negros fueron forzados a abandonarlas y a mudarse a los bantustanes debido a las pocas opciones de vivienda a las que se vieron abocados.

Como se ha demostrado con esta breve historia, desde 1651 hasta la caída del apartheid en 1994, el Estado colonial y el del apartheid usaron una serie de normas meticulosamente diseñadas, combinadas con fuerza bruta, para despojar a los negros. Como resultado, en 1994 los blancos eran dueños de aproximadamente el 87 % de la tierra, a pesar de constituir menos del 10 % de la población⁶¹. Había un acorde unificador a través de los siglos: el despojo era parte de una estrategia más amplia para subyugar a los negros, a quienes las autoridades consideraban sub-personas no merecedoras de completa e igual inclusión en la comunidad política.

El señor Carol, un hombre mestizo de la comunidad de Die Eiland, lamentó: «Sufrí por el apartheid, por la segregación […] yo era un ciudadano de segunda clase, peor que eso. No creo que usted pueda saber realmente lo que es no ser tratado como una persona. No ser tratados como seres humanos»⁶². El historiador Leonard Thompson explicó cómo los blancos justificaban este trato subhumano:

Virtualmente todos los blancos en la región, en común con sus contemporáneos en Europa y las Américas, se veían como pertenecientes a una raza superior, cristiana y civilizada y creían que, como tal, estaban justificados para confiscar tierra nativa, controlar el trabajo de los nativos y subordinar a las autoridades nativas⁶³.

El archivo histórico es claro, los despojos en Sudáfrica fueron parte de una estrategia mayor que deshumanizaba e infantilizaba a los negros, ellos fueron expropiados de su dignidad.

Después de una lucha larga y duramente peleada, el apartheid terminó y nació una democracia multirracial comprometida con la justicia y los derechos humanos⁶⁴. Como muchos otros Estados en transición, el nuevo Estado sudafricano tenía al menos dos opciones: podía enfrentar el despojo de tierras o podía ignorarlo. Bajo el liderazgo del presidente Nelson Mandela, el Estado decidió enfrentarlo. Un elemento importante de la estrategia post-apartheid era la sección 25.7 de la Constitución sudafricana que establece que:

Una persona o comunidad que haya sido despojada de su propiedad después del 19 de junio de 1913 como resultado de las prácticas o leyes pasadas racialmente discriminatorias tiene derecho […] bien a la restitución de dicha propiedad o a una compensación equitativa⁶⁵.

La Comisión de Restitución de Derechos sobre la Tierra (en adelante, la Comisión) era la agencia administrativa encargada de convertir esta promesa constitucional en una realidad.

Una tarea complicada se erguía ante la Comisión, porque un remedio integral para las injusticias pasadas sobre la propiedad en Sudáfrica requería más que compensación por los despojos físicos. Involucraba confrontar la deshumanización latente, la infantilización, la exclusión política y económica que permitió esta expropiación de la dignidad. Esto es, involucraba una restauración de la dignidad. La siguiente sección describe los métodos utilizados por mí para investigar las circunstancias bajo las cuales la Comisión facilitó la restauración de la dignidad y aquellas en que no lo hizo.

Metodología

Este libro introduce los términos «expropiación de la dignidad» y «restauración de la dignidad» y se vale de métodos empíricos para desarrollar estos conceptos. La fuente primaria de información fueron entrevistas en profundidad y semiestructuradas a las personas que participaron en el Programa de Restitución de Tierras sudafricano. El libro privilegia, a propósito, sus voces y perspectivas, para que el lector oiga directamente a aquellos a quienes normalmente no se les da una oportunidad para hablar.

Realicé 141 entrevistas semiestructuradas de 151 reclamantes de tierras urbanas, con una duración de entre treinta y noventa minutos cada una. Estas entrevistas fueron grabadas, transcritas y realizadas con la promesa de confidencialidad (por ello los seudónimos enmascaran la identidad de los entrevistados). El 80 % de estas entrevistas las hice completamente en inglés, y usé un traductor cuando el entrevistado no se sentía cómodo hablando en este idioma. Todas las entrevistas tuvieron lugar frente a frente y no por teléfono. Llevé a cabo las entrevistas con una persona a la vez, pero en algunos casos usé grupos focales.

Adicionalmente a las entrevistas semiestructuradas, me apoyé en otras tres fuentes de información. Primero, realicé veintiséis entrevistas semiestructuradas a funcionarios, a quienes me refiero como funcionarios de la Comisión, que trabajaban en la Comisión Central de Reclamación de Tierras, así como en las comisiones regionales de Gauteng y el Cabo Occidental. Cada entrevista tuvo una duración de entre treinta y noventa minutos; todas fueron grabadas y transcritas pero no son confidenciales. Segundo, estuve en una oficina de la Comisión Central de Reclamaciones en Pretoria y realicé observación participante durante siete meses. Estuve en Sudáfrica de febrero a agosto de 2008 para llevar a cabo todo el trabajo de campo⁶⁶. Tercero, utilicé fuentes secundarias como documentos gubernamentales, libros, periódicos y artículos académicos.

Tanto la literatura existente como el debate público sobre reforma de tierras se han enfocado principalmente en reclamaciones rurales⁶⁷, y por ello este libro llena un vacío importante al enfocarse en las violaciones a los derechos de propiedad ocurridos en las áreas urbanas. La ausencia de trabajos sobre despojos urbanos es una omisión clave en los análisis sobre el programa de restitución de tierras porque la Constitución provee un remedio para las violaciones ocurridas entre 1913 y 1994, y, para el siglo XX, la industrialización y la urbanización movieron los centros de poder de las áreas rurales a las áreas urbanas⁶⁸. El poder de las autoridades blancas estaba basado en su habilidad para controlar estos espacios urbanos burgueses, así que el desplazamiento urbano era clave para subyugar a los negros y mantener el poder blanco⁶⁹. El despojo urbano era también importante porque afectaba a una porción significativa de la población sudafricana. A pesar de que no hay números exactos, se estima que 3.5 millones de personas fueron desplazadas forzadamente de las áreas urbanas como resultado de tan solo una de las muchas leyes usadas, la Ley de Áreas de Grupos⁷⁰. Finalmente, es importante enfocarse en los reclamantes urbanos porque ellos eran el 33 % de las 1.551.294 personas que se beneficiaron de las restituciones en el año 2008⁷¹.

Para investigar el impacto de los recursos provistos para aquellos que fueron desplazados forzosamente de las áreas urbanas seleccioné primero comunidades desplazadas en las provincias de Gauteng y Cabo Occidental (ver Mapa I.1, I.2 y I.3). En la muestra están incluidas comunidades dentro o cerca de Johannesburgo, Soweto, Pretoria y Ciudad del Cabo, las cuales están entre las ciudades más grandes de Sudáfrica. Las comunidades seleccionadas capturaban el rango completo de los tipos de entrevistados incluyendo: africanos, mestizos, asiáticos y blancos; antiguos arrendatarios y propietarios; personas que recibieron compensación financiera, tierra y viviendas; y personas que recibieron compensaciones financieras en cantidades variadas.

Figura I.1. Mapa provincial de Sudáfrica

Figura I.2. Mapa de la Provincia de Gauteng

Figura I.3. Mapa de la Provincia del Cabo Occidental

Después escogí reclamantes aleatoriamente dentro de esas comunidades. La Comisión mantenía una lista de personas que habían recibido compensación financiera, la cual fue organizada por comunidades y establecía cuánto dinero había recibido cada persona. Una lista separada de nombres identificaba a las personas que habían recibido viviendas e indicaba el lote de tierra o la casa que habían recibido. Escogí a la quinta persona de cada una de estas listas y solicité que el departamento de archivo de las oficinas de reclamos regionales me diera sus archivos para asegurarme de tener el número de teléfono de los reclamantes. Después yo o un traductor llamamos a cada uno de los reclamantes elegidos aleatoriamente para agendar una entrevista. Alrededor de tres cuartos de los reclamantes tenían un número de teléfono habilitado y disponible en su carpeta del departamento de archivo de la Comisión, y más del 90 % de los reclamantes accedieron a ser entrevistados. Los entrevistados identificaron a los líderes dentro de sus comunidades, a quienes entrevisté y también incluí en la muestra. El Cuadro I.1 describe la muestra resultante de entrevistas.

Cuadro I.1. Descripción de la muestra de la entrevista

Las entrevistas produjeron largas transcripciones llenas de descripciones profundas, ricas en detalles. El proceso de organizar y sintetizar la información proveniente de las entrevistas me llevó a organizarla en siete categorías: 1) naturaleza y consecuencias del desplazamiento; 2) nivel de control que los entrevistados tuvieron en el proceso; 3) impacto de las restituciones; 4) aspectos técnicos del proceso; 5) dinámicas familiares; 6) dinámicas comunitarias; y 7) puntos de vista sobre el gobierno actual. Cada una de las siete categorías tenía varios códigos dentro de los cuales incluimos extractos de cada entrevista. Por ejemplo, el código «uso de la compensación» hace parte de la categoría «impacto de las restituciones». Este código contenía todos los extractos de las entrevistas en las cuales los entrevistados discutían cómo usaron sus restituciones y las razones tras esas decisiones. Después de leer todos los extractos de entrevistas en este código, pude identificar la diversidad de las respuestas, tendencias sobre cómo y por qué los entrevistados usaron sus restituciones, y casos atípicos con alcance explicativo. En la medida de lo posible, verifiqué la información con las fuentes de información adicionales del estudio (entrevistas con agentes de la Comisión, observación participante y fuentes secundarias).

Los argumentos del libro están basados en las tendencias que identifiqué a partir de la información proveniente de las entrevistas. Cada una de las frases que presento en el libro fue escogida por ser la que mejor comunicaba una de las tendencias identificadas. No edité las frases porque las palabras usadas por los entrevistados para describir varios eventos y emociones ofrecen al lector una perspectiva única y valiosa. Adicionalmente, describí consistentemente todas las pautas no verbales y el contexto para cada frase usada porque esto también comunica significados importantes. El presente estudio no está basado en una muestra aleatoria y representativa de la población estudiada (es decir, reclamantes urbanos que recibieron compensaciones por medio del proceso de restitución de tierras).

En consecuencia, las conclusiones encontradas que describen las tendencias que identifiqué entre los encuestados pueden no ser generalizables a toda la población. En contraposición, usé las conclusiones para desarrollar los conceptos de expropiación de la dignidad y restauración de la dignidad, los cuales son conceptos que son aplicables globalmente a varios contextos.

Por último, en todo el libro uso el término «negro» para referirme a personas categorizadas durante el apartheid como africanos, de color (personas de raza mezclada) o asiáticos (principalmente indios, pero también chinos y en algún momento japoneses). Debido a que las ideologías de supremacía blanca adoptadas por los regímenes coloniales y del apartheid buscaban subyugar a todos los no blancos, el Estado post-apartheid ha adoptado el término «negro» para enfatizar esta opresión compartida⁷². Pero por supuesto, no todos los no-blancos tenían la misma clase de experiencias, ni experimentaron en la misma magnitud la opresión. Uso los términos africano, de color, asiático e indio cuando discuto las experiencias únicas de cada uno de los grupos. El Apéndice 1 contiene una descripción más comprensiva de los métodos utilizados en este estudio.

Esquema del libro

La primera parte introduce y define el primer concepto central del libro: la expropiación de la dignidad. El primer capítulo desarrolla el marco teórico para la expropiación de la dignidad usando ideas de las teorías contractualistas. Para demostrar empíricamente cómo se ha presentado la expropiación de la dignidad en Sudáfrica. El segundo capítulo se vale de las descripciones dadas por los entrevistados sobre sus vidas antes de las remociones forzadas y sobre cómo el Estado del apartheid los desplazó de sus hogares y sus propiedades. La conclusión central es que la expropiación de la dignidad en Sudáfrica involucró privaciones de propiedad, de valor humano, de agencia y de comunidad.

La segunda parte introduce y define el segundo concepto central del libro: la restauración de la dignidad, e investiga si el proceso de restitución de tierras de Sudáfrica la promovió. En el tercer capítulo, las entrevistas a los agentes de la Comisión proveen sus perspectivas sobre cómo el programa debía operar en teoría y cómo operó en la práctica. Esta perspectiva se contrapone con una descripción de cómo el proceso funcionó, sobre la base de las entrevistas a cada uno de los entrevistados que pasaron por el proceso de restitución de tierras. Dos historias emergen de este análisis de las dos caras del asunto. Una historia es sobre cómo la siempre pendiente fecha límite para terminar todas las reclamaciones disminuyó la habilidad de la Comisión para abordar efectivamente las privaciones de propiedad, valor humano, agencia y comunidad. La otra historia es sobre cómo las personas que habían sido despojadas estaban a menudo abrumadas e incapacitadas para navegar fácilmente en el complicado proceso de restitución, por no contar con los recursos financieros, el conocimiento, las redes o la asistencia necesaria por parte de organizaciones de la sociedad civil para pedir cuentas a la Comisión cuando no actuaba en favor de sus intereses o en estricto acuerdo con las leyes relevantes.

El cuarto capítulo explica por qué una conversación sostenida entre los agentes de la Comisión y los entrevistados aumentó la capacidad del Estado de facilitar la restauración de la dignidad. Infortunadamente, la estrategia de comunicación adoptada por la Comisión fue susceptible a rompimientos de comunicación que obstruyeron estas importantes conversaciones. Debido a que había 80.000 reclamaciones presentadas, los entrevistados que tenían el poder de demandar la atención de los agentes de la Comisión pudieron hacer oír sus voces, mientras que aquellos que no pudieron hacerlo fueron silenciados.

El quinto capítulo explora las formas en que las restituciones afectaron el patrimonio y la dignidad de los entrevistados. Más específicamente, describe las circunstancias bajo las cuales las restituciones aumentaron la riqueza neta de los entrevistados. El capítulo entonces muestra cómo la dignidad fue restaurada cuando los entrevistados usaron sus restituciones de maneras que honraron a aquellos que sufrieron los despojos de dignidad pero murieron antes de recibir justicia.

El libro concluye discutiendo cómo Sudáfrica puede promover la restauración de la dignidad en la segunda ronda del programa de restitución. Aunque los políticos actuales de Sudáfrica pueden aprender lecciones importantes de este libro, la comunidad global también tiene mucho que aprender. La historia está llena de momentos en los que las comunidades y los individuos fueron sometidos a la expropiación de la dignidad como resultado de la guerra, inestabilidad política, dictaduras o regímenes coloniales. En el futuro, las organizaciones internacionales, los burócratas, los hacedores de políticas públicas, las ONG y los intelectuales pueden usar la experiencia sudafricana tanto para aclarar como para facilitar la restauración de la dignidad.