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Оглавление¿Qué le hace falta a la memoria histórica para representar el terror?
Estudiantes: María Camila Castro Montealegre, Juliana Garavito Rojas y María Manuela Márquez Velásquez
Fecha: I semestre de 2016
La memoria y la reconstrucción de los hechos ha sido una responsabilidad eludida. Las voces de las víctimas han sido silenciadas y se ha reemplazado su lugar con narraciones por parte de los victimarios, de las diferentes instituciones estatales y de los medios de comunicación. Sin embargo, existe una nueva apuesta en Colombia por un proceso de reconciliación y, en especial, por la consolidación de la memoria histórica, es por esto que el problema que ahora nos atañe es saber si dicha memoria es o no fiel a la representación del terror.
Para tratar el asunto en el presente texto, en primer lugar, se presenta una breve exposición de los elementos generales del tema, y luego se realiza una exhibición de los conceptos de memoria histórica más relevantes; en segundo lugar, se hace un análisis de las tres masacres objeto de discusión: El Salado, Trujillo y San Onofre; y, en tercer lugar, se plantea una breve discusión del tema fundamentada en posiciones críticas sobre la construcción del concepto de memoria. Finalmente, se exponen algunas críticas frente al debate historiográfico y conclusiones al respecto.
La memoria histórica tiene como finalidad principal esclarecer los hechos derivados del conflicto armado que se ha vivido en Colombia por más de 60 años. Busca generar un cambio en las actitudes y perspectivas de las víctimas, ayudar a cerrar los laberintos de horror e impulsar a la población a una verdadera reconstrucción del tejido social. Es por medio de esta como los abogados seremos capaces de aplicar adecuadamente la justicia y reparación, en otros términos, podremos decidir, juzgar y comprender con una aproximación un poco más humana y abierta a un fenómeno con tantas aristas como lo es el conflicto armado.
2. Exposición de los elementos del tema
2.1. Deber estatal de memoria: una perspectiva dogmática
Entrando en materia, se conoce que Colombia ha vivido más de 60 años de conflicto armado, y aunque un gran número de soluciones se han planteado a lo largo de los años, estas han carecido de organización y efectividad, dejando a la población y especialmente a las víctimas sin ningún tipo de reparación o justicia, a la par de que los actores armados del conflicto y sus crímenes han quedado en el olvido.
Como mecanismo para enfrentar la realidad nacional, en 2005, entró en vigor la Ley 975, también conocida como Ley de Justicia y Paz, la cual grosso modo pretendía generar una reintegración de los desmovilizados y una transición hacia la paz en Colombia. Dicha ley cobijaba a todos los grupos armados que voluntariamente quisieran someterse a ella y a las víctimas del conflicto armado mediante la búsqueda de una verdadera reparación y satisfacción de sus necesidades y derechos. La Ley de Justicia y Paz de manera directa vela para que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la paz y a la reparación se hagan efectivos de acuerdo con el modelo internacional de justicia transicional. Así, el artículo 4º establece lo siguiente: “Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”.
Actualmente, y desde la entrada en vigor de dicha ley, se ha venido realizando un proceso de reconstrucción del pasado y esclarecimiento de la verdad, se ha construido un proyecto de memoria histórica articulado desde diversas instituciones y procedimientos. Aquello es esencial, ya que la reconstrucción del pasado es la base para la construcción de la memoria colectiva del país, base que le permite tanto a las víctimas como a los victimarios reconocerse y avanzar hacia una relación pacífica, salir de aquellos laberintos de dolor y horror del pasado. Les abre la oportunidad de volver al ayer con una identidad compartida, con reconocimiento de los hechos. Es necesario entender que, si bien los acontecimientos y masacres pueden haberse borrado de algunas mentes e incluso del mismo Estado, para las víctimas esto nunca desaparecerá y para ellas es esencial una reconstrucción fiel de los hechos.
Finalmente, es menester destacar el papel que juega la memoria histórica dentro del marco de la no repetición. La Ley de Justicia y Paz no solamente establece un marco bajo el cual las víctimas y en general la población tendrá acceso a la verdad y los diversos archivos que puedan generarse para esto, sino que define una serie de medidas para la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición, dentro de las cuales se encuentran “el reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles”; “la colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas”; la búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias, todas las anteriores orientadas a resarcir las víctimas y generar un verdadero proceso de paz mediante la reparación y memoria colectiva.
Luego de haber hecho un breve recuento histórico sobre la situación, es pertinente ahora desarrollar la labor y funcionamiento del Grupo de Memoria Histórica, que, al ser creado en 2005 con el objetivo de emprender una búsqueda a través de la elaboración de un trabajo narrativo sobre las razones del surgimiento y de la evolución del conflicto armado en Colombia, busca promover la documentación de las memorias que se han gestado en medio del conflicto armado, en donde el eje central gire en torno a las víctimas como sobrevivientes a la crueldad (Grupo de Memoria Histórica, 2013).
Mucho se ha comentado de las víctimas, pero ¿qué denota la palabra y cuál es su trascendencia? Víctima se puede definir como el reconocimiento de un rol social de una persona afectada en sus derechos fundamentales, que puede degenerar en un ser pasivo y doliente, o que puede, por el contrario, sobresalir al ayer y convertirse en un móvil para la transformación y reconstrucción de la comunidad (Grupo de Memoria Histórica, 2013).
Teniendo presente lo expresado, el Grupo de Memoria Histórica pretende que las voces, las interpretaciones y los conocimientos de las víctimas acerca del pasado tengan preponderancia en las narrativas, y que se desarrollen dentro de un ámbito de confianza y confidencialidad, en donde ellas elijan el método más cómodo y acorde para plasmar sus historias. Es a través del relato de los aciertos, de los errores y de las experiencias perturbadoras del pasado como estas se van a identificar y a ubicar en la nueva sociedad (Grupo de Memoria Histórica, 2009b, 2013).
Es primordial crear una memoria de las víctimas que pretenda sentar las bases de un futuro más democrático y participativo, dirigido a la búsqueda de soluciones a los problemas a los cuales se enfrentaban desde sus orígenes. Para lograr crear la memoria de las víctimas, se deben emprender métodos diferentes con cada una de ellas, que respondan a los presupuestos de la fenomenología, puesto que el universo de estas es heterogéneo y sus modos de enfrentar la violencia o procesar las pérdidas y los daños son muy variados dependiendo de su género, raza, edad, clase y demás; un ejemplo claro de lo anotado es la violencia sexual de la cual generalmente las mujeres son las principales afectadas, y que requiere de un proceso especial y diferenciado (Grupo de Memoria Histórica, 2009b, 2013).
2.3. Análisis desde las tres masacres: Trujillo, El Salado y Bojayá
Es necesario recordar que el departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los más golpeados por la violencia desde la época del conflicto entre liberales y conservadores —no olvidemos que León María Lozano controló este departamento y el Eje Cafetero—, desafortunadamente todas estas acciones han caído en el olvido no solo de los vallunos, sino también a nivel nacional. Para 1988 los grupos paramilitares consolidan su presencia en la región y hasta 1994 los habitantes de Trujillo fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura y la desaparición forzada; dichas acciones se dieron con la complacencia de agentes estatales, Ejército y Policía, quienes permitieron la realización de un gran número de masacres por parte de los paramilitares; algunos de los sobrevivientes narran cómo eran llevados a las afueras del pueblo cerca al batallón del Ejército y en un improvisado coliseo eran enjuiciados, sentenciados y luego torturados1 de formas que harían pensar si sus ejecutores tenían un poco de humanidad (Álvarez, 1985). La impunidad permitió que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas sufrieran una doble victimización al no conseguir justicia por sus familiares y por el silencio que debían conservar, aumentando el enorme dolor de la pérdida de sus seres queridos. Una de las muertes que más marcó el municipio fue el asesinato del párroco Tiberio Fernández, quien fue torturado y posteriormente asesinado, a tal punto de que su cuerpo quedó irreconocible; y el subsecuente asesinato del campesino que mostrando un poco de humanidad decidió sacar del río el cuerpo del párroco. Las masacres se hicieron cada vez de mayor envergadura y en los años noventa, junto con los señores de la droga, sirvieron de plataforma para acrecentar las existentes dinámicas de tortura y terror que eran implementadas en la región (Grupo de Memoria Histórica, 2008).
Trujillo es, por lo tanto, un municipio emblemático por la interminable lucha de los guardianes de la memoria, una lucha por la organización y movilización de documentos, pruebas y actas que permitan un esclarecimiento de la verdad. Es preciso aclarar que se ha vivido en Trujillo un proceso de memoria amenazada, una reconstrucción de los hechos que se ve atentada por actos contra los símbolos y procesos de memoria histórica, como la construcción del Parque Monumento, y que localizan a la población en un profundo silencio, en una desvinculación con la memoria, impidiéndoles avanzar y salir de los laberintos de los horrores vividos, esto sumado a la grave indiferencia estatal y de la sociedad civil. El programa de reparación de víctimas, por su parte, solo se realizó parcialmente, no contó ni con los recursos ni con las instituciones necesarias y dejó en muchos de los casos, según lo establece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, muchos puntos inatendidos o hizo uso inadecuado de los fondos. Vemos cómo el proceso de memoria y reparación en Trujillo ha sido complejo y cómo este turbulento proceso ha impedido que el municipio prospere y se reconstruya adecuadamente (Grupo de Memoria Histórica, 2008).
El municipio de El Salado, por su parte, ha sido también víctima de la crueldad y la masacre, entre 1999 y 2001, situado en la región de los Montes de María y gracias a sus presuntos nexos con guerrilleros, lo que llevó a que se estigmatizara a la población campesina bajo el rótulo de “guerrilleros de civil” por su ubicación estratégica, fue partícipe de la conocida política de limpieza social que ostentaban los paramilitares. Seis días de horror y de violencia marcaron la historia de dicho pueblo por siempre, 42 masacres fueron propiciadas y 342 vidas fueron arrebatadas, muchas de ellas ejecutadas en la plaza pública con la intención de que todo el pueblo presenciara el espectáculo (Grupo de Memoria Histórica, 2009a).
Un pueblo donde el terror se caracterizó por la impunidad conjugada con la destrucción del patrimonio cultural y los sangrientos asesinatos y violaciones. Los relatos de los sobrevivientes evocan los lugares y las personas, describiendo a la perfección la topografía del terror, y, además, buscan reclamar todo lo que les fue arrebatado. Al recordar estos lugares se reclama que tales espacios tenían un valor y un significado antes de los eventos violentos que los marcaron (Grupo de Memoria Histórica, 2009a).
La reiterada mención a la ausencia de fuerzas estatales resalta las razones por las que los sobrevivientes no intervinieron en las detenciones y muerte de sus familiares, vecinos, conocidos y demás allegados, y pone bajo la lupa el abandono en que quedaron, las drásticas consecuencias que sufrieron y la ineficacia estatal para ayudarlos, así como la impunidad en que con frecuencia han quedado dichas acciones. La población, a causa de los vínculos que por entonces existían entre paramilitares y Ejército, sufrió una doble victimización. Es prudente mencionar que tiempo después de que ocurriera la masacre de El Salado los medios de comunicación escucharon las voces de los victimarios y de las instituciones estatales, los cuales manipularon las versiones de los hechos a su beneficio. Por lo anterior, es esencial el proceso de reconstrucción de memoria histórica en aras de que las víctimas puedan narrar lo sucedido a través de talleres didácticos propiciados por el Grupo de Memoria Histórica, con esto se podrá reconocer lo sucedido y se generará una solidarización y movilización hacia la justicia, la verdad, la dignificación y la reparación de las víctimas (Grupo de Memoria Histórica, 2009a).
A su vez, en el departamento del Chocó se vivió una masacre el segundo día del mes de mayo del año 2002, la cual dejó marcado por siempre a la población chocoana y en general a todos los colombianos. Esta masacre ocurrió en el municipio de Bojayá, en la zona conocida como el Medio Atrato, cuya locación es de gran importancia para la dominación del conflicto interno. Lo que allí sucedió fue un enfrentamiento por el control de la zona entre guerrilleros y paramilitares, cabe resaltar que antes de este enfrentamiento la presencia del Estado fue nula, aun sabiendo que la Procuraduría Nacional y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le habían advertido al gobierno nacional de un posible enfrentamiento. La falta de presencia estatal fue una de las razones que incentivó a los dos grupos al margen de la ley a enfrentarse en este departamento (Grupo de Memoria Histórica, 2010).
En el año 2000, el panorama cambió para la población de Bojayá debido al ingreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al municipio de Vigía del Fuerte, situado en las cercanías del pueblo bojayaseño. En 2002 las FARC se ubicaron antes de un puente colgante que unía a un barrio llamado Pueblo Nuevo y la cabecera municipal donde se encontraba la iglesia, lugar que acogió la gente para refugiarse de los tiroteos de ambos grupos. El grupo paramilitar ubicado en la cabecera municipal del pueblo usó de escudo a los bojayaseños, pues estos se encontraban detrás de la iglesia que los refugiaba. A medida que el día transcurría los combates se hicieron más intensos y es entonces cuando la guerrilla decidió lanzar un artefacto de uso no convencional, el cual consiste en cilindros llenos de metralla; y aunque su explosión tiene gran alcance, solo funciona si el blanco está inmóvil. Este hecho afectó a los bojayaseños, pues las AUC estaban en constante movimiento, mientras que los habitantes de Bojayá permanecieron resguardados en la iglesia del pueblo. Al lanzar el cilindro bomba, este cayó en la iglesia, ya que para ese momento los paramilitares se ubicaron detrás de esta, y la explosión fue inminente para los resguardados. El horror comenzó y con ello un gran número de muertos y heridos, en los cuales se presencia desmembramiento de los cuerpos y desfiguración en los rostros. Los heridos no reciben pronta ayuda y no hay escapatoria, puesto que el enfrentamiento aún continúa. Al caer la tarde, los grupos al margen de la ley se comunican por radio y deciden parar el enfrentamiento por el día, y ese es el momento que los habitantes de Bojayá usan para escapar por el río dejando a su familia y sus pertenencias atrás (Grupo de Memoria Histórica, 2010).
Para entender el impacto de este crimen de guerra, es preciso demostrar que las pérdidas de los habitantes de Bojayá abarcan más que pérdidas económicas, ya que el horror que se vivió el 2 de mayo de 2002 se ve reflejado en la ruptura que se da en la vida de los bojayaseños, dado que vivir un ataque sin siquiera haber disparado un arma es un hecho injusto, que refleja la ‘guerra sin límites’. Por un lado, hay que tener en cuenta la destrucción de un símbolo religioso como lo es la iglesia, lo cual genera un sentimiento de desilusión, ya que este es un lugar sagrado en el cual la guerra no se tiene por qué presentar; sin embargo, a las FARC y a las AUC no les importó el valor que tiene la religión en el pueblo de Bojayá y destruyó por completo a la población (Grupo de Memoria Histórica, 2010).
3. Discusión historiográfica del tema
Se nos plantea aquí una nueva visión del terror, un análisis diferente de la violencia, que busca eliminar la tajante diferenciación implantada entre víctima y victimario. Para esto, es necesario entender a su vez que existe una marcada distinción entre las acciones heroicas y las virtudes cotidianas, y, si bien en situaciones extremas como los campos de concentración o exterminio se dan actos heroicos, muchas de las actitudes a las que se hace alusión como ‘heroicas’ son en realidad las virtudes cotidianas.
Virtudes cotidianas como la dignidad parten de la autonomía, del autogobierno, de mantenerse limpio, de ser capaz de decidir por uno mismo. Otra virtud cotidiana de gran importancia es el cuidado, que consiste en esa serie de gestos dirigidos a otros seres humanos, que en esencia puede ejemplificarse como ser capaz de arriesgarse de darlo todo por alguien más, compartir la comida o el abrigo, morir con la familia (Todorov, 1993). Por otro lado, es importante entender que los victimarios son, al igual que las víctimas, “gente común”, no son patológicamente enfermos; en su mayoría no son personas sádicas, sino que, por el contrario, son conformistas, son burócratas que se limitan a aplicar las normas y seguir las órdenes establecidas, no disfrutan de la masacre ni del dolor, solamente se satisfacen con cumplir su deber y seguir órdenes (Todorov, 1993). Los guardianes y en general todos los que formaban parte de las burocracias son dotados de una nueva moral, un adoctrinamiento que les permite comportarse como gente común y, al mismo tiempo, cometer atrocidades (Todorov, 1993).
Los testigos, por su parte, también juegan un rol en muchas ocasiones de responsabilidad. El primer círculo de testigos se encuentra conformado por la familia y los parientes de los criminales, quienes podían haber evitado los crímenes pero decidieron callar por el temor; en segundo lugar, tenemos el círculo de los compatriotas, quienes negligentemente decidían ignorar lo que por entonces sucedía; como tercer grupo, están los países sometidos, que tienen diversas actitudes frente al conflicto; y, finalmente, los países libres, que por miedo a llenarse de migrantes conservan una postura cómoda (Todorov, 1993).
Ahora pues, es importante que toquemos dos fenómenos que atañen a la personalidad y moralidad de los individuos en situaciones extremas. La fragmentación es básicamente una defensa contra el mal, nos permite mantener las partes esenciales de nuestra vida moralmente reservadas, intactas, es, de una forma u otra, una manera para la disminución del mal, pues el tener separada la esfera pública y privada, la coexistencia de la bondad y la maldad en un individuo posibilitan un punto medio. La despersonalización es un fenómeno que se da tanto en víctimas como en victimarios: los primeros al verse comparados con animales, al perder todo estatus humano, al no poseer un nombre, sino un número; los segundos, para poder lidiar con su situación generan una sumisión completa a las órdenes, pierden todo sentido de autonomía o responsabilidad, se convierten en una rueda de la máquina del terror (Todorov, 1993).
Finalmente, es preciso que nos concentremos en la me-moria, pues es el tema que aquí nos ocupa; debemos entender que no existe una discontinuidad entre ellos y nosotros, que no hay una división marcada entre víctimas y victimarios, y que, por ende, no debemos satanizar a los culpables ni santificar a los sobrevivientes. Y aunque gran parte de las personas externas se rehúsan a leer o escuchar los relatos de quienes tantas torturas han sufrido, es nuestro deber divulgarlas, hablar de ello. Debemos como ciudadanos y como hombres entender que la memoria se forja a través de la recolección de hechos, la justicia y la comprensión. No queda más que ponernos a la tarea de decir, juzgar y comprender (Todorov, 1993).
Adriana Cavarero establece una diferencia entre la palabra horror y la palabra terror. La palabra terror implica el acto de temblar, lo que significa que exista miedo físico. Cuando hay terror la víctima tiende a escapar, los antiguos griegos se refieren al terror como el miedo que se tiene a la posibilidad de morir en la guerra. Cavarero hace alusión a la guerra de mezquitas en febrero de 2006, donde hubo un conflicto religioso entre chiitas y sunitas, lo cual implicó la participación de grupos islámicos-nacionalistas, yihadistas, etc. En dicha guerra bastó con una amenaza de atentado suicida para que el terror y el pánico consumieran a la gente; es entonces cuando Cavarero se refiere a “cuerpos contiguos, presos del pánico y capturados por la física del terror” (Cavarero, 2009).
A diferencia de la palabra terror, el horror alude a tener los pelos de punta, lo que supone de manera drástica el congelamiento de la persona al estar presente en una escena. La repugnancia está inscrita en la palabra horror, es por eso que el desmembramiento se asocia al horrorismo. Afectar la unicidad del cuerpo humano es esencialmente un atentado a la ontología del ser humano. La singularidad del cuerpo es importante para la huida que implica la necesidad de escapar de la guerra, mientras que en la escena del horror al presentarse el desmembramiento la huida no es una opción en la víctima. Cavarero, por lo tanto, nos presenta dos ejemplos: el primero hace referencia al caso de una joven chechena que perdió su vida en un atentado y su padre tiene que reconocer su cuerpo, pero, para sorpresa de él, su hija quedó reducida a una cabeza nada más. El segundo ejemplo hace alusión a la iconografía de la Revolución francesa en la cual se guillotinaba a los enemigos y se usaban las cabezas como triunfo simbólico (Cavarero, 2009).
Para representar el horror, se toman dos mujeres de la mitología griega, Medusa y Medea, las cuales reflejan un crimen a la ontología del ser. Medusa es una mujer sin cuerpo, con mirada espeluznante y un alarido que espanta a cualquiera. Caravaggio dibuja su cabeza chorreando sangre y con su boca abierta, la imagen no necesita palabras ni sonidos para representar el horror. Medea es madre y comete infanticidios, al matar a los niños los desmiembra, reflejando de manera directa el horror (Cavarero, 2009).
En la guerra existen escenas tanto de terror como de horror; Cavarero toma como ejemplo La Ilíada de Homero, en donde el terror se ve inminente en la muerte y el horror se refleja al jalar el cuerpo muerto con un carro y mientras que este avanza su descomposición es cada vez más notoria. Así mismo, en la guerra existen el inerme y el vulnerable. El vulnerable hace referencia al acto de aprovecharse de la herida de la víctima, mientras que el inerme significa que la víctima no tiene armas para defenderse (Cavarero, 2009). Con todo esto, Cavarero intenta demostrar que la violencia contemporánea está compuesta por horrorismo, ya que el terrorismo hoy en día es una palabra con un significado pequeño para los verdaderos horrores de la guerra, en donde se presentan formas de violencia atroces que llevan a analizar la situación desde un punto vista diferente dependiendo desde donde se vea, si se hace desde los zapatos de las víctimas o desde los zapatos de los victimarios.
3.1.3. Discusión desde Cavarero y Todorov de los planteamientos del Grupo de Memoria Histórica
Víctimas y victimarios, ni santos ni monstruos. El Grupo de Memoria Histórica colombiano ha concentrado todos sus esfuerzos en mostrarnos a las víctimas como sobrevivientes a las atrocidades, y a los actores como sádicos, desalmados, sin humanidad. Pero cabe preguntarse hasta qué punto estos estereotipos son correctos, si verdaderamente las acciones y personajes que las perpetran son monstruos o si, por el contrario, son gente común (Todorov, 1993).
A la luz de lo anterior, creemos que en el caso colombiano se ha evitado la comprensión del victimario, se le ha clasificado siempre como atroz y terrorífico, pero no nos hemos tomado la labor de entender sus motivaciones, el funcionamiento de la moral en sus almas, y en ese punto el Centro de Memoria tiene una profunda deuda con la población. Otro punto por comprender es que la memoria no debe responder a un proyecto político, no se debe concentrar en la reconstrucción de los hechos desde una sola perspectiva y centrar de tal forma toda la responsabilidad en las víctimas, se debe incluir también a las diversas instituciones, los relatos y confesiones de quienes han cometido crímenes, para así poder construir un relato neutral.
Debemos entender que aquellos que nosotros llamamos culpables o perpetradores son, al igual que nosotros, seres humanos, que no existe una línea definitiva que separe el ellos del nosotros y que, por el contrario, se puede visualizar una relación entre ambas partes. Lo anterior puede ejemplificarse, ya que en muchos de los casos los sobrevivientes a los campos de exterminio reconocen en sus agresores humanidad, aceptan sus acciones, comprenden sus sentimientos y se hacen partícipes de su realidad; una vez más, es necesario afirmar que la memoria no solo puede partir de los hechos, sino que, a su vez, requiere una identificación y comprensión de aquellos que en el pasado hicieron daño.
Otro aspecto que se debe mencionar es que los victimarios pueden ser al mismo tiempo víctimas, tal y como lo ilustra el Grupo de Memoria Histórica a través del ejemplo de unas mujeres que vivieron alrededor de diez años a la merced de un grupo rebelde, el Ejército de Resistencia del Señor; estas mujeres fueron obligadas a casarse con comandantes de alto rango y tuvieron que mantener a sus hijos contiguos a las bases del ejército rebelde; tiempo después decidieron escapar y empezar una vida nueva en la ciudad de Gulu, puesto que en sus pueblos de origen fueron estigmatizadas como criminales por haber estado relacionadas con un grupo insurgente. Por lo anterior, podría decirse que Todorov es consecuente con sus palabras al señalar que no se debe tildar a los victimarios como personas violentas, crueles, inhumanas y degradantes.
Las masacres colombianas mencionadas anteriormente describen la definición de horror que Cavarero plantea en su libro Horrorismo. Para Cavarero, el horror tiene que ver con la repulsión que implica el desmembramiento del cuerpo, irrespetando la ontología de este. Los paramilitares, en el caso de Trujillo, reunían grupos de personas para horrorificarlos, pero a una de las personas la aterrorizaban y, posteriormente, la dejaban libre como testigo de lo sucedido. Cavarero diferencia el horror y el terror, de modo que el horror implica congelamiento (no poder huir), mientras que el terror solo implica miedo y la víctima es capaz de huir (Cavarero, 2009). El fin de este tipo de barbaries implica la deshumanización de las víctimas y un ultraje a su dignidad, todo esto como la muestra de la violencia contemporánea que se vive en el conflicto interno.
En el caso de la masacre de El Salado, ocurre algo similar, dado que en este lugar los paramilitares asesinaron de manera brutal a los que ellos pensaban que pertenecían a algún grupo guerrillero sin siquiera saber si la información era verídica, el horror se toma este territorio; según Cavarero, antes de hablar del terrorismo es preciso tener en cuenta la repulsión de los actos cometidos por los paramilitares, por lo tanto, se usa el concepto de horrorismo como reflejo de los actos violentos realizados por los paramilitares, los cuales reflejan la deshumanización de las víctimas por presuntos estigmas que rondaban por la población (Cavarero, 2009).
La masacre de Bojayá ocurrió cuando la guerrilla de las FARC optó por arrebatarle el territorio al grupo paramilitar AUC, el cilindro bomba fue detonado y apuntado a la iglesia principal del pueblo, en donde hubo cientos de muertos y la mayoría de estos quedaron en pedazos, mientras que los sobrevivientes vivían el horror al ver a niños y adultos desmembrados alrededor del recinto sagrado. Las víctimas de esta masacre, en términos de Cavarero, serían denominadas como inermes, ya que la situación vivida durante el horror de la guerra implicó que no tuvieran escapatoria alguna y, por ende, no pudieran defenderse. A su vez, el asesinato sistematizado cometido por los actores armados supone quitarle la dignidad a las personas (Cavarero, 2009).
La inmensa burocratización de los procesos legales referentes al proceso de memoria histórica no parece asequible a las personas del común, pues en Colombia nos hemos acostumbrado a vivir en una constante búsqueda, donde cada proceso es constantemente remitido y no parece tener fin ni solución, esto para evitar siempre la responsabilidad de los funcionarios. El derecho y la justicia en Colombia han caído en una infinita cadena de trampas y trabas, donde nos vemos en la penosa obligación de darlo todo por la ley, la cual debería estar para facilitarnos y no para impedirnos. Igualmente, vemos cómo la Ley de Justicia y Paz se ha convertido en algo ajeno a la población, lleno de impersonalidades y altas figuras públicas que parecen inalcanzables para las personas humildes, parece que nos encontramos en una lucha individual contra el tiempo, donde nada de lo que hagamos vale, donde solamente gana el más fuerte y las puertas cada día se cierran más; un derecho donde la norma no representa la reparación a víctimas, sino que es una herramienta que se usa para que los actores políticos ganen popularidad.
Problemas centrales: el análisis de Aguilera pretende hacer visible no solo los fines políticos de las prácticas judiciales de la guerrilla, sino identificar los cambios en sus diferentes modalidades e instrumentos; parte, por lo tanto, de una mirada transversal a diferentes grupos insurgentes, desde sus orígenes hasta su actualidad, estableciendo puntos comunes y diferencias con relación a las prácticas judiciales que ejercen con respecto a la población civil. Busca mostrar el surgimiento de varias prácticas justicieras y su relación con la formación, influencia e ideología del grupo que las propugna, reafirmando de paso la existencia de una indisoluble conexión entre justicia y estrategia política guerrillera (Aguilera, 2000).
3.2.1.1. Tipos de justicias guerrilleras
La justicia ejemplarizante: los orígenes de la insurgencia se materializan entre 1964 y 1976. Los grupos guerrilleros anhelaban ganarse la voluntad de los campesinos, para así lograr asegurar su supervivencia y su expansión, no obstante, ante las decisiones apresuradas de dichos grupos por posicionarse y obtener una clara identidad, optaron por establecer una práctica judicial, la cual se fundamentó en la idea de utilizar la pena de muerte frente a los sujetos que pusieran en riesgo la integridad de los grupos guerrilleros y la seguridad de las zonas rurales campesinas, a estos sujetos se les denominó “chivos expiatorios” (Aguilera, 2000).
La justicia retaliadora: este tipo de justicia se estableció durante la crisis y reconstrucción de las guerrillas colombianas, es decir, entre 1976 y 1985, y fue influenciada por los movimientos revolucionarios de Uruguay y Argentina, los cuales se fundamentaron en una lucha en contra del Estado burgués y en un medio de defensa para el pueblo. La adopción del sistema de dichos países en Colombia permitió que las organizaciones guerrilleras se distanciaran de los partidos tradicionales y conformarán una verdadera y estable identidad, la cual estuvo en vía de extinción al mismo tiempo que se desarrolló paralelamente el surgimiento de movimientos de izquierda; unos de ellos fueron el M-19, la Autodefensa Obrera y el Quintín Lame; se podría asegurar que de todos estos grupos el que tuvo mayor relevancia fue el M-19, ya que se dedicó a la ampliación de la democracia, al uso de la propaganda, y recurrieron a realizar ciertas actuaciones como la toma de la Embajada de la República Dominicana (Aguilera, 2000).
La justicia del poder local: esta justicia se desarrolla a partir de la evolución de los movimientos insurgentes, es decir, entre 1985 y 1999; es en esta etapa en donde los grupos al margen de la ley se expanden tanto cuantitativa como cualitativamente, obtienen participación en los procesos electorales, enjuician a los malos alcaldes y a los concejales, conducen las inversiones públicas de las zonas rurales que habitan, continúan realizando la limpieza de delincuentes y construyen obras públicas para la explotación y conservación de los recursos naturales. Como aspecto relevante, continúan apoyando al campesino con aras de ganarse su voluntad (Aguilera, 2000).
3.2.1.2. Contradicciones de los órdenes armados para ofrecer seguridad jurídica
Los diversos grupos guerrilleros trataron de ofrecer alternativas a las insuficiencias del Estado, sin embargo, mientras, por un lado, proporcionaban juicios y limitaban los delitos de los pueblos; por el otro, perpetraron diversas masacres, atemorizaban gravemente a poblaciones enteras y, más aún, carecían de todo respeto por la normatividad o los conceptos de derecho y de derecho internacional humanitario. Es paradójico que sean los grupos al margen de la ley los que hablen de justicia y seguridad jurídica cuando uno de sus principales ideales era el de llevar una lucha contra el Estado y contra las normas que en muchas ocasiones clasificaron como limitantes e inapropiadas; es incoherente que sean grupos al margen de la ley y aquellos peculiarmente violentos los que tratan de generar la misma seguridad que en algunos casos proclaman querer destruir.
Las justicias guerrilleras en Colombia fueron fundamentales a la hora de que al campesinado se le estigmatizara como un ente guerrillero, logrando que, como se menciona en la masacre de El Salado, estos se dejaran permear por dicha estigmatización, creyéndose la idea de que ellos eran personas malas e inútiles que merecían sufrir la guerra; por lo anterior, es fundamental la reconstrucción de la memoria histórica en aras de que la población pueda volver a ser la misma y pueda recuperar la tranquilidad que una vez tuvo, pues, como se expresó en la masacre de El Salado: “Esta guerra no era nuestra”. La reconstrucción de memoria histórica con estas poblaciones, que en su mayoría se podría decir son rurales, se debe realizar a través de mapas mentales, líneas del tiempo, mapas andantes y mapas del cuerpo, ya que dichas herramientas son las más adecuadas para que las víctimas puedan narrar sus historias a partir de las marcas que la guerra ha dejado impregnadas en ellas.
3.2.2. Fernando Cubides. Burocracias armadas
Problemas centrales: según Cubides, el origen del paramilitarismo se debe analizar desde una perspectiva histórica que nos permita reconocer el rasgo específico, nuevo y propio de los paramilitares de hoy: la economía que los financia, los recursos con que cuentan, las redes en las que se apoyan, el dominio territorial que han adquirido y, en fin, el margen de impunidad que los ha revestido. Además, sin dejar de lado los elementos que han tomado de la guerrilla, su imitación consciente de orientaciones estratégicas y de técnicas probadas, y sus nexos con las prácticas corruptas de oficiales y suboficiales del Ejército regular (Cubides, 2005).
3.2.2.1. La mirada organizacional de los actores armados
Para Cubides, los grupos paramilitares han jugado un papel excepcional dentro del conflicto armado colombiano, se han adaptado con tal facilidad y flexibilidad que su impacto ha sido desconcertante. Sus alianzas, sus redes de información, su sistematicidad, su innovación y su funcionamiento les ha permitido asentarse y obtener mayor reconocimiento que sus rivales en muy poco tiempo. El constituirse como una empresa, innovadora desde su seno y completamente abierta a cualquier tecnología o desarrollo que le pudiese impulsar, de la mano de una constante búsqueda de aprendizaje de los diversos actores del conflicto armado y una cooperación o coacción mediante grandes redes y alianzas, es lo que le permite al paramilitarismo construir su macroproyecto de influencia y establecerse en la sociedad colombiana como uno de los más importantes grupos y poderes (Cubides, 2005).
3.2.2.2. Las claves organizacionales del paramilitarismo de las AUC
El grupo creado por los Castaño es extremadamente exitoso; en primer lugar, por el hecho de imitar los métodos guerrilleros que les fuesen pertinentes y dejar de lado todas aquellas técnicas poco provechosas, como los secuestros. Así mismo, establecen diferentes “frentes de guerra” en donde existe una estructura sólida que les permite generar un orden y control social del territorio en el que se encuentran presentes. La estrategia que los Castaño usan para conseguir recursos económicos se basa en organizar algo parecido a una sociedad de inversionistas anónimos con el fin de evitar cualquier nexo directo y correr el riesgo de ser juzgado por entes estatales. Además, su organización cuenta con varios factores determinantes, como la jerarquización y división de labores, la presencia y uso de la inteligencia e investigación como metodología principal, y la innovación constante (Cubides, 2005).
Lo mencionado anteriormente es una muestra de cómo los grupos paramilitares trabajaban para accionar mecanismos de control sobre la población, cómo estos actores hacen usos del horror para someter a las víctimas a sus políticas, por eso, la mayoría de las masacres son claves para la organización del paramilitarismo. Para los sobrevivientes, es esencial la memoria histórica, puesto que las estrategias de grupos paramilitares tienen un efecto psicológico en las víctimas que las llena de miedos. De otra parte, es necesario que los victimarios realicen, a su vez, un proceso de reparación, pues, como bien afirma Todorov, la memoria histórica se construye desde varias perspectivas. Debemos entender que los victimarios están tan influidos por el pensamiento de sus líderes que suelen actuar como una parte más de una maquinaria e, incluso, en muchos casos terminan en la zona gris de la cual habla Primo Levi, así, el victimario se convierte en víctima y la víctima se convierte en victimario.
El derecho ha descuidado el proceso de memoria histórica, ha dejado de lado la reconciliación y reparación, y se ha centrado en ajusticiar a los actores involucrados en el conflicto, pero el proceso de paz demanda ahora una nueva visión, una mirada crítica que permita la creación de una verdadera nación, todo lo anterior ligado a una análisis y representación del terror en la memoria.
Del otro lado, la memoria en Colombia ha omitido algunos de los actores del conflicto, se ha constituido como un proyecto político, ha santificado y satanizado a las diferentes partes, por ende, nuestra propuesta está dirigida a una nueva concepción un tanto más amplia del proceso de memoria histórica.
Teniendo en cuenta el momento de transición que vive Colombia, la reconstrucción de memoria histórica es fundamental para entender desde el ámbito jurídico cómo es que se deben juzgar a los actores del conflicto armado. ¿Se debe o no tener justicia transicional?, ¿se deben o no aceptar ciertas impunidades? son algunas de las preguntas que relacionan el derecho, la representación del terror y la memoria.
Pues bien, la guerra ha estado presente en la vida de los colombianos por alrededor de 60 años, no obstante, hoy nos enfrentamos a una etapa crucial y difícil, en la cual todos los hechos perpetrados por los actores en conflicto salen a la luz con el objetivo de esclarecer la verdad y aplicar justicia, por ello, se puede decir que nosotras seremos las abogadas del posconflicto y contribuiremos a la nueva organización de la sociedad, somos conscientes de que es un proceso arduo y largo, por lo que tenemos que conocer la historia de la guerra a cabalidad a través de los archivos históricos y preguntarnos qué le hace falta a esta para ser un proyecto completo y cómo podemos contribuir.
Como hemos venido exponiendo, el derecho actual se ha olvidado de la reconstrucción de la memoria; si antes de enjuiciar a los victimarios, si antes de sentenciar tantos delitos, generamos una aproximación más abierta a un fenómeno complejo y amplio, nuestro derecho tendrá medidas diferentes, posiblemente más cortas o, incluso, menos severas pero más efectivas; medidas que no busquen solamente la punitivización, sino la reconstrucción social, para evitar la repetición. Es por esto que, si integramos planteamientos como los anteriores, nuestro derecho ya no se centrará en crear penas eternas, o en atiborrar las cárceles, sino que, por el contrario, buscará educar, reintegrar, perdonar y establecer medidas que les permitan a los individuos partícipes de los grupos armados reintegrarse adecuadamente en una nueva sociedad.
Es vital para nuestro país construir una narración completa de lo sucedido, que no se base en uno de los actores o en la posición de las víctimas, sino que mire el fenómeno de manera un poco más neutral y global; una memoria que sepa representar el terror vivido por la población sin deformar las identidades de aquellos que lo vivieron o perpetraron; que logre eliminar las marcadas diferencias a veces inexistentes entre víctimas y victimarios; que le permita a la sociedad construir una identidad e historia compartidas y salir así de los laberintos de horror en que se encuentran las víctimas; que propugne por una aproximación más humana y menos culpabilizante al fenómeno.
Es fundamental que en el proceso de esclarecimiento de la verdad y reparación dentro de un marco transicional, al ser transitorio, este no deje abiertas las heridas del pasado, sino que pugne por un cambio real en la vida de las víctimas y de los perpetradores de la violencia.
La construcción de una memoria histórica desde nuestro punto de vista permitirá una verdadera reparación del tejido social y un nuevo comienzo para la paz.
Se espera con este problema de investigación entender el porqué de la necesidad de la recopilación de las versiones de los hechos perpetrados en el conflicto armado y que, con esto, la población nacional conozca la historia del país en aras de que sepa cómo se debe juzgar a los actores armados y cómo resarcir a las víctimas en la era de posconflicto, la cual es la más crucial e importante, puesto que, si se comete algún error, la nación puede volver a recaer en un conflicto sin salida.
Aguilera, M. (2000). Justicia guerrillera y población civil. En B. de Sousa Santos & M. García (Eds.), El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo II. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Álvarez Gardeazábal, G. (1985). Cóndores no entierran todos los días. Bogotá: Plaza & Janés.
Cavarero, A. (2009). Horrorismo: nombrando la violencia contemporánea. Barcelona: Anthropos.
Cubides, F. (2005). Burocracias armadas: el problema de la organización en el entramado de las violencias colombianas. Bogotá: Editorial Norma.
Grupo de Memoria Histórica. (2008). Trujillo, una tragedia que no cesa. Planeta.
Grupo de Memoria Histórica. (2009a). La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra.
Grupo de Memoria Histórica. (2009b). Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica.
Grupo de Memoria Histórica. (2010). Bojayá. La guerra sin límites. Bogotá: Taurus.
Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.
Todorov, T. (1993). Frente al límite. México D.F.: Siglo Veintiuno.
Notas
1 Las víctimas de estas atroces acciones eran desmembradas vivas con motosierras, hierros calientes eran introducidos en sus cuerpos, sufrían el ataque de perros entrenados, entre otras múltiples atrocidades (Grupo de Memoria Histórica, 2008).
