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PRESENTACIÓN

Nunca antes como ahora la globalización se ha hecho tan evidente como con la expansión exponencial del coronavirus en Asia, Europa, América, África y Oceanía; el mismo que, al ser un virus nuevo y no existir una vacuna, viene impactando en la salud y la vida de millones de personas en el mundo. Si bien la alarma sanitaria se dio desde Wuhan (China) el último día del año 2019, inmediatamente la Organización Mundial de la Salud inició los protocolos de estudio in situ del brote, realizó consultas a expertos y —el 11 de marzo de 2020— declaró a la infección del coronavirus como una pandemia por su expansión internacional.

No obstante, las potencias del hemisferio norte —aun con sus poderosos recursos económicos y tecnológicos— han visto como sus sistemas de salud públicos sucumbieron al coronavirus, con millones de contaminados y centenas de miles de muertos; mientras que los países pobres y/o en desarrollo del hemisferio sur han visto recaer las consecuencias del coronavirus en los grupos más vulnerables; lo cual está ampliando la pobreza y el hambre. Por eso, en un lado y otro de los hemisferios, los valores universales de la democracia, los derechos humanos y el mercado, se encuentran en debate debido a que: si la globalización es la fuente del problema, también debería ser la base de la solución a través del constitucionalismo global.

En el continente americano, caracterizado por sus regímenes presidencialistas, las reacciones han sido diversas en función del liderazgo de sus mandatarios; así, algunos líderes de países, más preocupados por la economía y el mercado que la salud pública, minimizaron al mismo coronavirus —Estados Unidos, Brasil, México, Ecuador—, otros ocultaron información por ser propio de Estados al borde y fuera del Derecho —Venezuela, Nicaragua—; mientras que la mayoría de presidentes que han puesto a la salud pública de forma prioritaria frente al mercado, no siempre han tenido éxito —Perú, Chile, Argentina, Colombia—, salvo las pequeñas democracias que han podido morigerar la pandemia —Uruguay, Costa Rica—.

En particular en el Perú, el 6 de marzo el sistema de salud detectó al “paciente cero” del coronavirus procedente de Europa, procediéndose a declarar el estado de emergencia sanitaria el 11 de marzo por 90 días, y el 15 de marzo el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia constitucional previsto en el artículo 137-1 de la Norma Suprema; suspendiendo la libertad y seguridad personales, la libertad de tránsito, el derecho de reunión pública y la inviolabilidad de domicilio, por 15 días, que se han ido prorrogando en cinco oportunidades hasta el 30 de junio.

En tres meses, el impacto del coronavirus en la vida pública y privada nacional ha tenido una magnitud sin parangón a otras epidemias, como la del cólera que en el año 1991 mató a 2,909 personas; ello porque no solo ha puesto al límite al sistema nacional de salud, el que ha quedado desbordado en algunas regiones, sino que las emergencias han traído graves consecuencias para los derechos fundamentales sobre todo de las poblaciones más vulnerables.

Por ello, en el Área de Derecho Constitucional, a través de nuestros “Desayunos Constitucionales”, hemos iniciado una etapa de reflexión sobre el Estado constitucional bajo el estado de emergencia sanitaria, con la presentación de ponencias cortas de sus profesores integrantes e invitados internacionales; para compartir con la comunidad académica el análisis del rol del Estado constitucional y la situación de los derechos fundamentales en la lucha contra el coronavirus, desde una perspectiva global, regional y nacional.

Así, en el presente electrónico damos cuenta de las reflexiones constitucionales sobre la emergencia sanitaria del suscrito sobre la perspectiva mundial y local del impacto de coronavirus en el Estado Constitucional; en tanto que David Lovatón lo hace sobre los límites de derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia en el Perú y América Latina; Isabel Sánchez, por su parte, aborda los retos en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en los establecimientos penitenciarios caracterizados por el hacinamiento, en el contexto de la pandemia generada por el coronavirus; Carolina Garcés reflexiona sobre los efectos de la pandemia en los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables.

Asimismo, se da cuenta con las colaboraciones de Juan Carlos Díaz acerca sobre la (des)protección de los derechos fundamentales laborales en tiempos de pandemia, abordando la constitucionalidad de las medidas gubernamentales en materia laboral adoptadas para enfrentar el coronavirus; en tanto que, Mônia Hennig aborda la problemática del control judicial del Supremo Tribunal Federal a las medidas de emergencia sanitaria en Brasil.

De otro lado, Erika García-Cobián reflexiona sobre el derecho a la alimentación, ya que es el otro derecho afectado por la pandemia y vulnerado en el estado de emergencia; Pedro Grández, de otro lado, realiza un análisis de la Constitución económica en cuarentena sobre bienes fundamentales y mercado en emergencia sanitaria, a propósito del debate sobre el control del acaparamiento y la especulación de precios.

Por su parte, Beatriz Ramírez reflexiona en torno a la pandemia y la igualdad, alcanzando algunas consideraciones desde la perspectiva de género; Diego Pomareda trata sobre los deberes fundamentales en la nueva normalidad; y, finalmente, Julia Romero reflexiona sobre el deber educativo de los medios de comunicación en tiempos del COVID-19.

Finalmente, queremos dejar este testimonio escrito dando cuenta que ante los grandes desafíos del coronavirus al Estado Constitucional, no son las alternativas autoritarias la solución al restablecimiento del orden sanitario, económico y social, sino el repensar y replantear la forma constitucional de la protección de los derechos fundamentales y del control de los excesos del poder, en situaciones de normalidad y de anormalidad constitucional como la que transita el mundo y el Perú frente al COVID-19.

Lima, 15 de Junio de 2020

César Landa Arroyo

Coordinador

Área de Derecho Constitucional