Читать книгу La revolución ciudadana en Ecuador (2007-2017): posneoliberalismo y (re)colonización de la naturaleza - Diego Alejandro Ramírez Bonilla - Страница 13

La Revolución Ciudadana, como proyecto que reviste particularidades propias de la realidad latinoamericana y ecuatoriana de principios del siglo XXI, debe comprenderse a la luz de las transformaciones y las dinámicas de resistencia, ejercidas tanto en el Norte como en el Sur global que modificaron las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de orden planetario e inauguraron un nuevo estadio en la configuración del patrón de poder mundial desde finales del siglo XX. En este contexto, resalta con especial nitidez la crisis de hegemonía de Estados Unidos y la emergencia de nuevas potencias (Wallerstein, 19 de junio del 2006; 3 de septiembre del 2006; O’Neil, 2001; 2003), así como la crisis del modelo neoliberal y las múltiples formas de resistencia que esto suscitó, particularmente en América Latina, lo cual desembocó en procesos políticos que cuestionaron (y cuestionan) los dictámenes de Washington y de los organismos multilaterales (Stiglitz, 2002; Harvey, 2007; Gambina, 2013; Santos, 2008; Svampa, 2008; 2009; 2010).

Crisis de la hegemonía estadounidense y surgimiento de los Brics

En la primera década del siglo XXI se manifiesta con particular ahínco la dificultad que experimenta Estados Unidos para mantener su posición de liderazgo político, económico y militar a nivel global, al tiempo que aumenta su intervencionismo bajo la retórica de la guerra contra el terror.

El título de única superpotencia mundial, adquirido luego de la implosión de la Unión Soviética, fue contrastado por la profundización de las dificultades de distintos órdenes que Estados Unidos afronta con cada vez menos éxito. A principios del nuevo milenio, el debilitamiento del dólar –que se mantiene a flote solo gracias a la compra de bonos del Tesoro por parte de países como China y Japón, entre otros– expuso la crisis que atraviesa el señoreaje global que ejerce la potencia norteamericana como emisor monopólico de la moneda de reserva mundial. A su vez, los grandes fiascos militares en los que derivaron las guerras estadounidenses desde la invasión de Afganistán en 2001 clarificaron la magnitud de la crisis de hegemonía por la que atraviesa la potencia norteamericana desde comienzos de siglo, y demostraron la debilidad de las tropas terrestres empleadas por el aparato industrial militar para acabar con las fuerzas rebeldes en los países invadidos. De igual manera, mostraron la disminución en la efectividad de la diplomacia de intimidación que ejerció el gobierno de George W. Bush para imponer la voluntad irrestricta de Washington en el escenario político global (Wallerstein, 2006).

Esta serie de problemas, sin embargo, corresponden a manifestaciones superficiales de contradicciones más profundas que tienen su origen en la reestructuración del capitalismo de posguerra en el último tercio del siglo XX. Como consecuencia del aumento en la producción de bienes industriales por parte de países como Alemania y Japón, que entraron en competencia con Estados Unidos, se produjo una crisis de sobrecapacidad, esto es, de creciente producción de manufacturas sin suficientes oportunidades para ser vendidas en el mercado, lo cual condujo a la disminución en la tasa global de ganancia desde la década de 1960, poniendo en riesgo el lugar de privilegio que ocupaban las élites norteamericanas en el sistema-mundo. La respuesta del establishment estadounidense consistió en la implementación de una serie de medidas para reestablecer su hegemonía, entre las que se encontraron la restructuración neoliberal, la financiarización de la economía y la puesta en marcha del proceso de globalización como manera de reapuntalar las ganancias percibidas por las élites industriales (Harvey, 2003; 2004a; 2007).

Aunque las medidas de liberalización económica permitieron la restauración del poder de clase de los magnates de las grandes industrias, paradójicamente profundizaron también el declive de Estados Unidos como consecuencia de la desindustrialización que atravesó el país ante la relocalización del capital productivo, con la consiguiente pérdida de empleos y creciente dependencia de manufacturas importadas que ello generó (Harvey, 2007; Martínez Torres, 2016).

La constante y paulatina contracción de los salarios, junto con la disminución del gasto social –suscitadas por las políticas neoliberales de flexibilización laboral y reducción del gasto público– tuvieron como consecuencia lógica una drástica reducción de la demanda agregada, que condujo a la economía estadounidense a periódicas recesiones. La solución empleada por las autoridades económicas estadounidenses consistió en incentivar la adquisición de deuda, tanto pública como privada, para fomentar el consumo a través del crédito (Brenner, 2009; Martínez Torres, 2016). De esta manera, lo que Robert Brenner (2009) denomina un keynesianismo de precios de activos –es decir, el impulso al endeudamiento privado como sustento de la economía ante la disminución de los salarios– sustituyó al keynesianismo tradicional como impulsor del crecimiento económico.

Como resultado de la economía deficitaria que se gestó en Estados Unidos, la formación de sucesivas burbujas financieras fue la constante en el país durante la última década del siglo pasado y la primera del presente. A finales de la década de los noventa, el auge de las empresas punto com propició el aumento del valor de sus acciones, lo cual terminó en su estrepitosa caída con el estallido de la burbuja especulativa que se generó entorno a ellas. Frente a este acontecimiento, la Reserva Federal disminuyó la tasa de interés al 1 %, un nivel “sin precedentes en 45 años” (Bello, 5 de octubre del 2008), como medida para evitar la profundización de la recesión que se había gestado. Esto incentivó el aumento en el otorgamiento de créditos inmobiliarios por parte del sector bancario y permitió la formación de otra burbuja financiera, esta vez en torno al mercado de finca raíz, y constituyó el antecedente inmediato de la crisis financiera que se extendió a la economía global en 2008 (Harvey, 2003; 2004a; Brenner, 2009; Bello, 5 de octubre del 2008).

En el contexto de consolidación del carácter deficitario, importador y consumista (Martínez Torres, 2016, p. 37) de la economía estadounidense, la invasión a Iraq en 2003 se desplegó como una estrategia para restaurar la posición dominante de Estados Unidos en el mundo, por medio de una “política unilateral de militarismo macho” (Wallerstein, 3 de septiembre del 2006), más allá de la retórica oficial sobre la necesidad de rescatar los principios y valores occidentales frente al terrorismo internacional que los amenaza. El neoconservador Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, implementado por la administración Bush Jr., pretendió reposicionar a Estados Unidos por medio del control territorial de los recursos energéticos de Medio Oriente. Sin embargo, este intento no logró legitimarse entre las potencias capitalistas de manera similar a como lo consiguieron las intervenciones militares estadounidenses durante la Guerra Fría en medio de la lucha contra la amenaza comunista internacional. Al no conseguir el consenso requerido por parte de los demás actores políticos en el sistema interestatal, el militarismo neoconservador falló en su propósito de renovar la hegemonía estadounidense (Arrighi, 2005a; 2005b; Harvey, 2007).

Aunque resulte desacertado referirse al final absoluto del papel hegemónico de Estados Unidos en virtud de la ausencia de un candidato digno a ocupar su lugar (Chomsky, 2012) y, sobre todo, tomando en cuenta el papel que la potencia norteamericana ocupa como gendarme del sistema capitalista (Katz, 2011), la disminución del poderío económico de Estados Unidos desde la última parte del siglo XX ha confluido con una pérdida de su influencia política en territorios como Latinoamérica, y ha cedido el paso al ingreso de nuevos actores internacionales en la región a principios del nuevo milenio.

En los albores del siglo XXI, el analista económico Jim O’Neil, de Goldman Sachs, escribió dos artículos (2001; 2003) sobre el creciente peso que un grupo de países estaban adquiriendo en la economía mundial. Estos países fueron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –también conocidos como Brics– y, según previsiones basadas en el crecimiento de sus PIB, prometían convertirse en las economías dominantes a nivel mundial para el año 2050.

La creciente gravitación de estas economías o potencias emergentes en el sistema-mundo representó un desafío para los poderes establecidos en el orden internacional, tanto por el peso que adquirieron sus manufacturas en el mercado mundial (en el caso de China e India), como por su objetivo de crear un orden político y económico alternativo al de las potencias occidentales y, al menos en el plano estrictamente retórico, “crear un mundo más justo y equilibrado a favor de los países del sur” (Gratius, 2016).

La denominada cooperación sur-sur se convirtió en la punta de lanza que permitió a las clases hegemónicas de los países de dicho bloque insertarse de manera más favorable en los circuitos globales de comercio de energía y minerales, así como en los escenarios políticos internacionales, donde consolidaron efectivas estrategias de oposición a las prácticas hegemónicas de los Estados Unidos. Tales estrategias se sustentaron en el creciente poderío económico y militar de China y, también, aunque con menor rango de importancia, el poderío atómico que aún ostenta Rusia.

Sin embargo, a la luz del desempeño que obtuvieron dichas economías a lo largo de las dos décadas del siglo XXI, es China quien realmente cumple un papel central dentro de los Brics, al punto que el mismo analista que originalmente resaltó la importancia económica de dichos países reconozca que el país asiático fue el único del grupo que cumplió sus expectativas (O’Neil, 31 de agosto del 2017). Los Brics adquirieron, en realidad, un carácter de plataforma para potenciar el poder geopolítico de China: facilitaron el relacionamiento del país asiático con distintos países del denominado tercer mundo y el acceso a sus recursos naturales.

Tras el surgimiento del capitalismo con características chinas, que permitió la emergencia de China como principal economía industrial del mundo, se incrementó la demanda mundial de materias primas, especialmente de aquellas relacionadas con el sector energético, lo que modificó las condiciones comerciales para los países periféricos primario-exportadores a nivel global. En el caso específico de América Latina, particularmente aquellos países cuyos gobiernos se enfocaron en la búsqueda de fuentes de financiación y aliados políticos diferentes al imperio estadounidense, China incrementó exponencialmente su participación desde principios del nuevo milenio como demandante de materias primas, que incluyeron petróleo, minerales y semillas (Gallagher y Porzecanski, 2010).

Crisis del modelo neoliberal y resistencias sociales

Junto con la profundización de la crisis hegemónica estadounidense y la entrada de nuevos actores en la escena regional, la primera década del nuevo milenio se destacó por la expansión de manifestaciones de resistencia frente a las políticas de ajuste estructural, privatización y desregulación del modelo neoliberal, imperante desde la década de los setenta y profundizado a nivel mundial luego de la implosión de la Unión Soviética. Latinoamérica, como territorio donde se ensaya por vez primera el experimento neoliberal bajo la bota de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile de 1973, cumplió también un papel protagónico en el advenimiento de las primeras prácticas contestatarias frente al fundamentalismo de libre mercado –término empleado por primera vez por el economista Joseph Stiglitz–. El aumento en las tasas de pobreza y desigualdad producto de la imposición del modelo (Stiglitz, 2002; Harvey, 2007) condujo a manifestaciones contestatarias como el Caracazo en 1989, los levantamientos indígenas en Ecuador durante la década de 1990, y el alzamiento zapatista en 1994 (Antentas y Vivas, 2009).

Este último acontecimiento marcó el comienzo de las manifestaciones masivas de resistencia globalizada a los postulados del Consenso de Washington (Williamson, 1990), una serie de medidas de carácter político y económico impulsadas desde 1990 por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como recetas para implementarse en América Latina y el resto de regiones denominadas subdesarrolladas, a fin de encauzarlas en el camino del crecimiento económico y el desarrollo (Gambina, 2013).

Las respuestas contestatarias se hicieron mundiales con eventos como la Batalla de Seattle, en 1999, y las manifestaciones de Praga en 2000, la primera como reacción a la cumbre de la OMC y las segundas contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La mundialización de las protestas conllevó el incremento de prácticas represivas a manos de los Estados que alojaron a los representantes de las instituciones financieras durante sus encuentros. Los procesos de represión policial y militarización, emprendidos con el propósito de frenar el avance de la resistencia, se hicieron más atroces en la medida en que los altos mandos gubernamentales se valieron del terrorismo de Estado para eliminar las manifestaciones antineoliberales. Un ejemplo de las prácticas mencionadas fue el estado de sitio impuesto en Génova (2002) y en Evián (2003) (Iturribarría, 2 de junio del 2003; Baigorria, 5 de diciembre del 2009)15.

En el proceso de deslegitimar la resistencia y neutralizar su impacto, fue muy importante el papel desempeñado por los medios de comunicación; su uso de términos despectivos como antiglobalización –cuyo énfasis se centraba en lo aparentemente reactivo de los movimientos, y no en su naturaleza constructiva– y globalifóbicos –útil para ridiculizar a los protestantes a través de la caricaturización de sus reclamos– (Baigorria, 5 de diciembre del 2009). El ataque mediático tuvo como objetivo directo aquellos sectores de la población que apoyaban las consignas de los movimientos contra el neoliberalismo; en esta arremetida discursiva, los jóvenes fueron un público importante por ser el sector en el cual tenían mayor eco las ideas antineoliberales. El ataque mediático se profundizó tras la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Este evento propició la intensificación de las políticas represivas y permitió la elevación del concepto terrorismo como eje articulador de la deslegitimización y criminalización de los movimientos contestatarios.

En el año 2001, con el lanzamiento del Foro Social Mundial (FSM), en la ciudad de Porto Alegre, como confrontación directa al Foro Económico Mundial (Gambina, 2013), la resistencia globalizada adquirió nuevas formas organizativas: se transitó de prácticas contestatarias frente a los dictámenes de los organismos multilaterales a la puesta en marcha de opciones propositivas encaminadas a la construcción de otro mundo posible16. El foro se constituyó como un proceso de globalización contrahegemónica (Santos, 2008, p. 41), que toma enseñanzas de experiencias organizativas previas, como los Encuentros por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en la Selva Lacandona, organizados por los zapatistas (Antentas y Vivas, 2009, p. 31), y las jornadas de lucha callejera antisistémica en París, acontecidas en mayo de 1968 (García, 2018). Se constituyó como un espacio de encuentro para fijar marcos de acción colectiva mundial, orientados a construir propuestas antineoliberales por parte de diversos movimientos políticos y sociales. Los asistentes han sido militantes políticos y académicos de distintas corrientes ideológicas, cuyo fin común es la superación del neoliberalismo como modelo civilizatorio.

En medio de la larga crisis que afrontan los movimientos anticapitalistas desde la caída del Muro de Berlín, el foro se destaca por su distanciamiento frente a las lógicas vanguardistas que acompañaron a la izquierda eurocentrada durante los últimos dos siglos; en especial, aquellas propias de los partidos comunistas. En dicho sentido, rechaza otorgar centralidad política a un sujeto social determinado –sea el proletariado, organizaciones gremiales o movimientos sociales de un tipo específico– y aboga por la construcción y articulación, de orden local, nacional, regional e internacional, de múltiples estrategias de lucha desplegadas por una multiplicidad de sujetos individuales y colectivos.

El Foro Social Mundial denuncia la violencia estatal y toda forma de dominación, y fomenta el respeto a los derechos humanos y la democracia real, participativa e igualitaria. Asimismo, defiende el desarrollo de luchas no violentas por parte de los sujetos subalternizados, en aras de construir una utopía “en un mundo carente de utopías” (Santos, 2008, p. 42). Su labor se encamina hacia el debate, el libre intercambio de experiencias y la construcción de acciones orientadas a romper con el control de la vida por parte del capital, enfocándose en proponer y desarrollar opciones de vida que promuevan la convivencia armónica entre seres humanos, y entre estos y la naturaleza. En este espacio de reflexión y praxis internacional, se le opone al modelo neoliberal de globalización imperante con una propuesta de globalización solidaria que permita fortalecer la justicia social, la autonomía soberana de los pueblos y la igualdad, a través de la subversión de las dinámicas de exclusión predominantes.

El nuevo ciclo de acción colectiva desde América Latina

Con el despliegue de la guerra del agua en Bolivia en el año 2000, comienza un “nuevo ciclo de acción colectiva” (Svampa, 2009, p. 4) en América Latina, caracterizado por la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, el protagonismo de movimientos sociales diferentes al obrero y, particularmente, por la confrontación al modelo neoliberal (Svampa, 2008) en un contexto de agotamiento del discurso revolucionario de izquierda a nivel mundial. Manifestaciones de este nuevo ciclo, como el cacerolazo en Argentina (2001) o la rebelión de los forajidos en Ecuador (2005), evidenciaron la acumulación de experiencia por parte de distintos movimientos sociales –con especial protagonismo de las clases medias urbanas–, que les permitió pasar de exigencias particulares y aisladas a la reivindicación de modelos políticos y económicos alternativos (Svampa, 2009; 2010; 2011a).

Las luchas sociales que surgieron en el continente latinoamericano en el siglo XXI se caracterizaron por poner en tela de juicio el discurso que legitimaba el modelo de desarrollo neoliberal, caracterizado por el despojo de bienes naturales en beneficio del capital transnacional. Esta ruptura del consenso social, requerido para sostener el neoliberalismo en las sociedades latinoamericanas, permitió la articulación de demandas colectivas en torno a elementos como la autonomía indígena, la reivindicación de los derechos territoriales y culturales, y el rechazo a los sistemas de democracia representativa (Svampa, 2010), todo en aras de conseguir un cambio radical en la realidad sociopolítica de los países del continente.

Organismos de poder mundial y reforma institucional

Desde finales de la década de 1990 –cuando ya no es posible ignorar los efectos del recetario neoliberal en relación con el aumento de la inequidad, la pobreza y, especialmente, la amplia gama de manifestaciones contestatarias frente al modelo–, las instituciones de poder político y económico mundial consideraron preciso recurrir a la gobernabilidad como forma de mantener la globalización hegemónica. Después de la crisis financiera asiática de 1997 y la constitución de movimientos alterglobalización, se asistió a un periodo reconocido por la aceptación –por parte de distintos gobiernos y agencias multilaterales– del rol que debe asumir el Estado, en conjunto con diversos organismos no estatales, con el fin de mantener la cohesión social requerida para la continuidad del neoliberalismo (Dávalos, 30 de noviembre del 2010; Stolowicz, 2012).

En un informe de 1998, titulado Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional, el vicepresidente y el economista jefe de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Banco Mundial abogaron por la ejecución generalizada de políticas neoinstitucionalistas en el continente, con el fin de mejorar la competitividad del sector privado, estabilizar los mercados de flujo de capitales, reducir la disparidad salarial y garantizar sistemas de seguridad social para los sectores más vulnerables en la globalización (Javed y Perry, 1998, pp. 2-3). En la celebración de la Segunda Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en abril de 1998 en Santiago de Chile, los gobernantes latinoamericanos “aceptaron explícitamente el desafío de responder a la creciente demanda por reformas institucionales” (Javed y Perry, 1998, p. 8).

El descontento social de principios del nuevo siglo condujo a los organismos internacionales de poder a buscar maneras de recuperar la cohesión en las sociedades que ingresaban a la globalización neoliberal, fracturada por la irresponsable ejecución de políticas neoliberales. Esta situación generó una cruzada moral que visibilizó a disidentes dentro de los propios organismos multilaterales, una suerte de mea culpa en la cual personajes como Joseph Stiglitz, execonomista en jefe del Banco Mundial, cobraron protagonismo al reclamar por cierta regulación del capitalismo salvaje en virtud de sus negativas consecuencias sobre las identidades y valores culturales de los pueblos:

Por desgracia, hasta el presente los responsables de gestionar la globalización, aunque han alabado esos beneficios positivos, demasiado a menudo han mostrado una insuficiente apreciación de ese lado negativo: la amenaza a la identidad y los valores culturales. Esto es sorprendente, dada la conciencia que sobre tales cuestiones existe en los propios países desarrollados: Europa defiende sus políticas agrícolas no solo en términos de intereses especiales sino también para preservar las tradiciones rurales. En todas partes la gente de las pequeñas ciudades se queja porque las grandes cadenas nacionales y los centros comerciales han liquidado sus pequeños negocios y comunidades. (Stiglitz, 2002, p. 307)

Dicha regulación, sin embargo, no propuso la negación de los postulados centrales del Consenso de Washington, ni objetó el rol del gran capital en las dinámicas de extracción intensiva de bienes naturales y explotación de los sujetos que padecen el modelo neoliberal. Con la reforma institucional propuesta inicialmente por el Banco Mundial,

[e]l neoliberalismo tradicional y monetarista se transforma en un neoliberalismo institucional. Es decir, en un discurso más complejo, más vasto, más comprehensivo. Un discurso que incluso entra en contradicción y conflicto con la misma teoría tradicional del neoliberalismo. Es una transformación provocada y exigida desde las formas especulativas y financieras de la acumulación del capitalismo que integra a las instituciones de la vida social al juego de casino mundial. (Dávalos, 20 de mayo del 2016)

El neoinstitucionalismo económico, más que representar una ruptura con el modelo neoliberal, consistió en un cuestionamiento de la teoría neoclásica en su vertiente estadounidense, y en un regreso a los postulados de la escuela austríaca de economía sobre el papel que cumplen las instituciones para garantizar la acumulación de capital (Puello-Socarrás, 2008). Se trató de una estrategia de disciplinamiento de las sociedades que permitió una reconfiguración de la acumulación capitalista, para garantizar una mejor articulación entre los mercados locales y las necesidades del capital global (Stolowicz, 2011; octubre del 2011; 2012). En este sentido,

[l]os cambios macroeconómicos del ajuste estructural del FMI solamente podían tener sentido en el largo plazo si estaban acompañados de transformaciones profundas en el tejido institucional. Empero, estas transformaciones institucionales implicaban una intervención directa sobre el plexo social. Al mismo tiempo que se intervenía en los marcos institucionales el Banco Mundial también intervenía en las sociedades disciplinándolas al interior de las coordenadas del neoliberalismo. (Dávalos, 30 de noviembre del 2010)

A finales del siglo XX y comienzos del XXI, periodo enmarcado por la crisis neoliberal, los poderes económicos y políticos de todo el mundo incluyeron en la agenda pública internacional los postulados neoinstitucionalistas, centrados en mitigar las consecuencias perjudiciales del capitalismo del llamado libre mercado. Dichos postulados han influido en las políticas de distintos gobiernos latinoamericanos hasta el día de hoy; tanto aquellos caracterizados por su acérrima defensa de la libertad de empresa, como aquellos que se mostraron adversos a la primacía del capital sobre el trabajo17.

Surgimiento de los gobiernos posneoliberales18

A comienzos del nuevo milenio, en distintos países de América Latina surgieron gobiernos caracterizados por su discurso contrario al neoliberalismo y a favor de la intervención estatal en la economía, por la redistribución de las rentas percibidas por la extracción de materias primas en sus respectivos territorios, y por su rechazo a la injerencia imperialista de Estados Unidos en el continente. Todo ello se dio en un contexto marcado por la “progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales” (Svampa, 2009, p. 4), así como por los procesos de reestructuración capitalista impulsados por agencias multilaterales como el Banco Mundial.

A pesar del debilitamiento en el que continuaba sumida la izquierda tradicional –otrora subsidiaria del bloque soviético–, los proyectos políticos posneoliberales cobraron fuerza en la década del 2000 en distintos países, alimentándose de la entrada en escena de outsiders –dirigentes políticos que, sin ser políticos profesionales o haber participado en política anteriormente, accedieron a cargos públicos a partir de un contundente apoyo social y electoral, como Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia– y movimientos sociales que anteriormente no influían de manera determinante en el devenir político de sus respectivos países, como es el caso de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador.

En estas circunstancias, el primer gobierno de la región en enarbolar la bandera antiimperialista, luego de la declinación del discurso revolucionario marxista en el mundo, fue el del venezolano Hugo Chávez, elegido popularmente en 1999. Él recuperó en 2005 el debate sobre la alternativa socialista frente al neoliberalismo y la posibilidad de adecuar las teorías y prácticas revolucionarias a la realidad concreta del siglo XXI. A este le siguieron las posesiones de mandatarios como Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia y Manuel Zelaya en Honduras (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2007), Rafael Correa en Ecuador (2007) y Fernando Lugo en Paraguay (2008)19.

Entre estos gobiernos, los de Bolivia, Ecuador y Venezuela se han caracterizado como la corriente más radical de los proyectos políticos surgidos en el continente durante la primera década del siglo XXI, en virtud de su mayor voluntad para implementar políticas sociales que trascendieran el asistencialismo focalizado neoliberal. Así, tomaron como punto de partida procesos constituyentes que

[…] representaron avances en las pretensiones de desmontar el marco jurídico-institucional impuesto por el proyecto político-económico neoliberal, de formular un concepto alternativo de economía y de sentar las bases para una mayor garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. (Estrada, 2012, p. 133)

De igual manera, la creación de los Consejos Comunales del Poder Popular en Venezuela, así como el ingreso de sujetos sociales históricamente marginados, como los indígenas, en la esfera política de Bolivia y Ecuador –fenómeno que tuvo expresiones e intensidades particulares en cada país y, en cualquier caso, se presentó con mayor intensidad en los primeros años de gobierno posneoliberal–, evidenciaron el carácter sustancialmente diferente de estos procesos políticos respecto de sus pares continentales.

Sin embargo, los tres últimos casos señalados, así como los procesos de Brasil, Argentina, Uruguay y Nicaragua, enfrentaron limitantes estructurales y contradicciones internas que les impidieron avanzar hacia la superación de los elementos nucleares del neoliberalismo, como se verá en el apartado “El Estado posneoliberal como reproductor de la colonialidad de la naturaleza”.

La Revolución Ciudadana en Ecuador

En el marco del surgimiento de los gobiernos posneoliberales, en Ecuador se concretó el proceso de cambio político –bautizado como Revolución Ciudadana– bajo el liderazgo de Rafael Correa y su movimiento Alianza PAIS. Dicho proceso se produjo como consecuencia tanto de las transformaciones que se gestaron a nivel global durante el periodo de tránsito al nuevo milenio, como de las históricas luchas que los movimientos sociales y sujetos subalternos protagonizaron en el país desde finales del siglo pasado.

En la década de los noventa, Ecuador atravesó por un periodo de profundización de las políticas de ajuste estructural heredadas del Consenso de Washington, lo cual tuvo como resultado el advenimiento de una de las peores crisis económicas en la historia del país (Acosta, 1995). De manera simultánea, se gestó una crisis de legitimidad de la clase política ecuatoriana y, particularmente, del sistema de partidos políticos o partidocracia, como vendría a ser llamada por Rafael Correa durante su campaña presidencial (Unda, 2006).

Durante la última década del siglo XX, el movimiento indígena se constituyó como el referente de la acción colectiva en el país, luego de atravesar múltiples procesos de acumulación de fuerza y experiencia organizativa regional, desde la constitución en la Sierra de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en 1972, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en 1980 en la Amazonía, hasta llegar a la creación del Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conacnie) que posteriormente se transformó en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en 1986. Esta se convirtió en la principal organización indígena, que aspira a consolidar la unidad de acción a nivel nacional entre los diferentes pueblos que habitan el territorio del país andino (Maldonado, 2004).

En 1990 se produjo el mayor levantamiento indígena de la historia reciente del Ecuador. De la mano de sectores campesinos, este expresó el descontento popular que se experimentaba frente al incumplimiento de las promesas de campaña de Rodrigo Borja, quien prometió la aplicación de una reforma agraria y, en cambio, profundizó las políticas neoliberales que afectaron con particular fuerza a los sectores populares del país. Desde ese momento, las exigencias del movimiento indígena tendrían como eje principal el reconocimiento oficial de las diversas nacionalidades indígenas que habitan el Ecuador, en oposición al concepto de etnia que, según los voceros de la organización, los minimiza y relega al estatus de minorías. Esta propuesta enfrentó la oposición de hacendados, élites regionales y nacionales, instituciones estatales y gobierno (Cruz, 2012).

Con el fin de enfrentar un plebiscito propuesto por el entonces presidente Sixto Durán Ballén, mediante el cual pretendía profundizar la aplicación de las reformas de ajuste estructural, en 1995 se creó la Coordinadora de Movimientos Sociales como una apuesta por consolidar la confluencia de distintas corrientes políticas de oposición al establecimiento, que trascendiera los confines de la identificación étnica y gremial. Esta experiencia fue el antecedente directo de la conformación, ese mismo año, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que marcó el tránsito definitivo hacia la disputa electoral por parte del movimiento indígena ecuatoriano. El movimiento supuso la articulación en una sola organización de apuestas paralelas que defendían distintos sectores en su interior, entre las cuales se encontraba la construcción de un movimiento político indígena, la creación de un movimiento pluriétnico y la propuesta de generar alianzas políticas más amplias con sectores progresistas (Maldonado, 2004).

Desde su primera incursión en la escena electoral, el movimiento Pachakutik –integrado también por sindicalistas, grupos de izquierda, sectores campesinos, barriales e incluso cristianos de izquierda (Lalander y Ospina, 2012b)– representó un desafío para el orden político excluyente del país al proponer la transformación del Estado nación ecuatoriano en uno plurinacional y multiétnico, que trascendiera los estrechos márgenes del modelo político republicano, blanco-mestizo, heredero de las instituciones políticas coloniales.

En el año 1997, el movimiento indígena participó de forma activa en las protestas contra el entonces presidente Abdalá Bucaram, quien enfrentó una huelga general por parte de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana y terminó siendo destituido por el Congreso al ser declarado mentalmente incapaz de gobernar. En el marco de la llamada insurrección de febrero, la más grande que sacudía los cimientos de la política ecuatoriana en cincuenta años, el movimiento indígena hizo un llamado a desconocer las instituciones del Estado y promovió la organización de parlamentos indígenas en distintas regiones del país que funcionaran como espacios de contrapoder (Báez, 2010; Maldonado, 2004).

En 1999 comienza la peor crisis económica vivida en el país por cuenta del crack financiero y en 2000 se experimentan las no menos nefastas consecuencias de la dolarización de la economía, promovida como solución por el presidente Jamil Mahuad, quien fue destituido por la autodenominada Junta de Salvación Nacional, conformada por el joven coronel Lucio Gutiérrez, el entonces líder de la Conaie, Antonio Vargas, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Durante ese periodo, el movimiento Pachakutik cosechó los frutos de su lucha conjunta con quien sería el futuro presidente del país: pasó de “11 alcaldías y ninguna prefectura en 1996 a 21 alcaldías y 5 prefecturas en 2000” (Maldonado, 2004, p. 73). Este acontecimiento, llamado por los indígenas revolución del arcoíris, si bien consolidó la imagen del movimiento indígena como un actor clave en el escenario político, no permitió resolver las tensiones internas en la organización sobre el papel que debía desempeñar respecto a la administración estatal. Por ello, el Movimiento Pachakutik resolvió no presentar un candidato propio a las elecciones presidenciales del 2002 y, en cambio, apoyó a Lucio Gutiérrez, quien se lanzó por el Partido Sociedad Patriótica (Báez, 2010; Maldonado, 2004).

En las elecciones del 2002, el coronel Lucio Gutiérrez alcanzó la presidencia gracias tanto al apoyo de la Conaie como a un discurso de marcada tendencia social que cuestionó la injerencia de organismos internacionales y de los Estados Unidos en Ecuador (Báez, 2010). La Conaie se vio obligada a formar parte de un gobierno nacional, actividad para la cual no se encontraba preparada, tanto por la inexistencia de un planteamiento programático consolidado por parte de la organización, como por la particular concepción que tenía el movimiento sobre el papel que debía desempeñar respecto a la maquinaria estatal:

[e]l proceso de construcción de un proyecto político alternativo nutrido desde distintas tendencias y vertientes había tenido a los escenarios locales como su fuente principal. La estrategia electoral a escala nacional era vista como un mecanismo de acumulación de fuerzas: no se trataba de llegar al poder, sí de presentar al país los planteamientos, experiencias y propuestas del movimiento, generar el debate y promover alianzas con distintos sectores para la construcción de una nueva sociedad. (Maldonado, 2004, p. 74)

El rompimiento de las promesas electorales de Lucio Gutiérrez derivó en la profundización de la dependencia de Ecuador respecto a los organismos multilaterales, al aumento de la injerencia estadounidense en los asuntos del país y al pacto con sectores de la derecha ecuatoriana, lo que condujo a la pérdida del apoyo popular que había catapultado su candidatura presidencial, incluyendo el del movimiento indígena y de distintos sectores de clases medias urbanas, que se convirtieron en los principales peligros para la continuidad de su gobierno. En 2005 se produjo una serie de protestas en Quito protagonizadas por jóvenes estudiantes, profesionales, maestros, sindicalistas, entre otros –cuyos protagonistas fueron calificados de forajidos, por el entonces presidente, como un intento fallido de deslegitimar su accionar–, que derivaron en el derrocamiento de Gutiérrez y en la designación de su vicepresidente, Alfredo Palacio, como presidente interino del Ecuador (Acosta, 18 de abril del 2005; Báez, 2010).

En la presidencia de Gutiérrez, “el movimiento indígena vivió durante seis meses la amarga experiencia de ser gobierno y no ser poder” (Maldonado, 2004, p. 74) antes de separarse definitivamente del régimen como consecuencia de lo que fue visto como una traición al pueblo ecuatoriano. Esta experiencia constituyó un serio golpe para la imagen política del movimiento indígena, que lo situó en posición de repliegue cuando el movimiento Alianza PAIS alcanzó la presidencia.

Durante el gobierno de Palacio, un joven economista llamado Rafael Correa, que cursó su maestría en la Universidad Católica de Lovaina y su doctorado en la Universidad de Illinois, asumió el cargo de ministro de Economía y postuló una serie de reformas entre las que se encontraban el rescate de la empresa petrolera estatal (en ese entonces Petroecuador), la redistribución de los excedentes del petróleo en inversiones productivas y gastos sociales, entre otras políticas de corte neokeynesiano que eran adversas a los intereses del capital privado transnacional, principalmente estadounidense. No pasó mucho antes de que el entonces ministro fuera apartado del gobierno Palacio, producto de la presión de los grandes gremios económicos nacionales e internacionales. Sin embargo, su corta y polémica estadía en la cartera ministerial le valió la suficiente popularidad entre la población como para lanzar su candidatura presidencial en el 2006 (Báez, 2010).

En el año del 2006, la Conaie recobró parte de su influencia política gracias a sus protestas en contra de acontecimientos como la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la participación de Ecuador en el Plan Colombia, la adjudicación a la potencia del norte de la base de Manta, la terminación de un contrato petrolero con la empresa Occidental, así como por su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (Cruz, 2012, pp. 13-14). Estas exigencias resultaron claves en la campaña presidencial que comenzó ese mismo año, para las cuales Pachakutik decidió presentar a Luis Macas como candidato.

Por su parte, Rafael Correa se presentó como integrante del Movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana), una coalición de fuerzas políticas de izquierda creada con el propósito de vencer a Álvaro Noboa y llevar a Correa a la presidencia. Su campaña política se encargó de presentarlo como un “humanista cristiano, izquierdista moderno, bolivariano y alfarista” (Báez, 2010, p. 189), así como un ferviente crítico del neoliberalismo y de la partidocracia que sometía al país a las corruptelas de la clase política tradicional desde el retorno a la democracia en 1979.

Luego de que el candidato de la derecha resultara victorioso en la primera vuelta electoral, el movimiento Pachakutik y otras fuerzas de izquierda decidieron apoyar a Rafael Correa, lo que le permitió alcanzar la presidencia del país. El gobierno de Correa –que, paradójicamente, se compondría por distintos funcionarios formados en organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso el propio Banco Mundial (Dávalos, 2014)– propuso la realización de una revolución política, a la que bautizó Revolución Ciudadana20, que tendría como propósito acabar con la “larga noche neoliberal”. Una de sus primeras disposiciones fue la realización de una Asamblea Constituyente plenipotenciaria, con lo cual demostró una confluencia con la agenda del movimiento indígena. Sin embargo, este colectivo no fue protagonista activo de la transformación política, sino más bien un subsidiario con “poco margen de maniobra” (Cruz, 2012, p. 14).

Si bien la promulgación de la Constitución del 2008 (también conocida como Constitución de Montecristi) reconoció los derechos de la naturaleza, el carácter plurinacional y multiétnico de Ecuador21, y elevó a rango constitucional la cosmovisión ancestral del sumak kawsay o buen vivir, el proceso constituyente mismo evidenció diferencias políticas entre Pachakutik y Alianza PAIS, que derivaron en el rompimiento de relaciones el 13 de mayo del 2008 (Cruz, 2012, p. 16) y en la paulatina profundización del distanciamiento entre ambos bandos en el transcurso de los periodos presidenciales de Correa.

En el 2013, con la terminación de la Iniciativa Yasuní-ITT y el comienzo de los preparativos para explotar el bloque petrolero 43, las expresiones organizativas de los distintos pueblos y naciones indígenas de Ecuador asumieron diversas posturas frente a las políticas de extracción de recursos en la Amazonía ecuatoriana, pasando por el abierto rechazo (Confeniae, Conaie, entre otras), manifestaciones de apoyo (Nacionalidad Waorani del Ecuador –NAWE–), así como procesos de división y polarización interna, con la conformación de facciones tanto de apoyo como de oposición al gobierno de Correa dentro de la misma colectividad (Nacionalidad Achuar del Ecuador –NAE–)22.

En retrospectiva, el triunfo electoral de Rafael Correa se produjo como consecuencia de una confluencia electoral en torno a un proyecto que prometía acabar con el modelo neoliberal en el país y recuperar la soberanía nacional frente a los Estados Unidos de Norteamérica, en un contexto de agotamiento de la clase política tradicional y de las políticas neoliberales. Aunque en un principio contó con el apoyo de distintos sectores de izquierda y de organizaciones de los pueblos indígenas –con los cuales estableció nuevas pautas para el ejercicio político–, posteriormente evidenció fuertes discrepancias programáticas con estos, que a la postre derivaron en la abierta oposición de dichos grupos ante el manejo gubernamental de temas como la soberanía, el cambio de matriz productiva y la superación del desarrollo capitalista, así como de las políticas de depredación de la naturaleza, dentro de las cuales el Yasuní-ITT es uno de los casos más emblemáticos.