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ОглавлениеDesde las manifestaciones proamnistía en Barcelona del 1 y 8 de febrero de 1976, hasta los sucesos de Vitoria (abril de 1976)
David Ballester y Manel Risques detallan rigurosamente en su libro Temps d’Amnistia todo lo acontecido sobre las manifestaciones proamnistía realizadas entre los días 1 y 8 de febrero de 1976 en Barcelona, calificadas tanto por la Asamblea como por el CFPC como los actos de afirmación democrática y nacional catalana más importantes desde 1939 aunque aún quedan flecos que quedan por completar sobre el significado de lo que aconteció en aquellos días.95
La petición oficial a las autoridades sobre esta primera manifestación celebrada el 1º de febrero de 1976 iba acompañada por más de 160 firmas relevantes en Cataluña, encabezada por Joan Frias Almarza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), seguida de veinte presidentes de asociaciones de vecinos de diferentes barriadas, representantes de partidos, sindicatos y entidades religiosas, culturales, enseñanza, etc., con el objetivo central de reivindicar la amnistía para los presos políticos. El argumento en el que se basaba el documento presentado a la autoridad gubernativa decía que:
“Dada la multitudinaria petición de amnistía realizada por entidades muy diversas y miembros de la comunidad ciudadana a través de los más diversos medios, parece existir un sentimiento común en la ciudad a favor de la reconciliación y como paso para llegar a una real convivencia democrática.”96
Sin embargo, el documento presentado para la segunda manifestación, exactamente una semana después, incorporaba la reclamación de los derechos políticos y las libertades nacionales catalanas que vendrían contempladas con la consecución del autogobierno y el establecimiento del Estatuto de Cataluña. Esta estrategia de unificar objetivos tan diversos como reivindicar la amnistía para los presos incorporando las libertades nacionales y el establecimiento del Estatuto para Cataluña no resultaba nada extraño y obtuvo un resultado muy positivo para los intereses de la oposición antifranquista jamás imaginado por la Asamblea.
La prohibición de realizar las manifestaciones desde el Gobierno Civil recibiendo órdenes de Madrid, no tardó en llegar; sin embargo, los participantes, como en anteriores ocasiones, obviaron el mandato gubernamental saliendo a la calle desde diferentes puntos del entorno barcelonés: El Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Cornellá de Llobregat y otros barrios periféricos de Barcelona.
La concentración del domingo 1º de febrero dio comienzo al inicio del Pº San Juan con la presencia de algunas personalidades políticas, culturales y sociales al frente de la manifestación cogidas del brazo, entre ellas: Lluís Mª Xirinachs, Joan Reventós, Francesc Pi de la Serra, Ferran García Faria, Rafael Ribó, Marta Mata, Miquel Roca, Josep Miquel Abad, Pere Ardiaca, Pere Portabella, Francesc Vicens, Manuel Jiménez de Parga, Heribert Barrera, Josep Laporte, Josep Pallach, Xavier Folch, Jacint Humet, Miquel Núñez, Albert Fina, Jordi Vallverdú, Joan Prats y otros. La manifestación comenzó a las 11 de la mañana y finalizó hacia las 3 de la tarde tras haberse leído y firmado un manifiesto entre otros por: Joan Majó, Eulalia Vintró, Ramon Espasa, Anton Canyellas, Miquel Esquirol, Jacint Humet, Marta Mata, Manuel Jiménez de Parga, Jose Antonio González Casanova, Joan Carrera (sacerdote), Xavier Cassasas, Pere Camps, Isidor Boix, Albert Fina, Antoni Tàpies, Josep Maria Castellet, Rafael Ribó, Francesc Pi de la Serra, Ovidi Montllor, La Trinca, Jordi Pujol, Miquel Roca, Joan Reventós, Heribert Barrera, Agusti de Semir, Jordi Carbonell, Josep Benet, Pere Portabella, Lluís Maria Xirinachs, Albert Serratosa, Jordi Vallverdú y Lluís Reverter junto con algunos personajes vinculados al régimen franquista, entre ellos, Eduardo Tarragona, Jacinto Soler Padró, ambos concejales del Ayuntamiento de Barcelona, y Albert Pons Valón, presidente de la Asociación de Vecinos de Barcelona. Se calcula que la asistencia estuvo cercana a las setenta mil personas y fue disuelta tras la aparición de los antidisturbios a golpe de porra y culata.97 Años después, el que fuera gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, comentaba que si había un divorcio rotundo entre la realidad y la legalidad, sin duda esto pasaba en el mundo sindical:
“Pocos días después −comentaba Sánchez Teran− vi las fotos de la manifestación que publicó profusamente la prensa internacional, y realmente constituía el más inadecuado pórtico para la apertura a la democracia”.98
La manifestación convocada para una semana después en el Parque de la Ciudadela transcurrió también entre balas de goma y botes de humo. De nuevo Barcelona se volvió a llenar de manifestantes enfrentándose a las inevitables cargas de fuerzas del orden, concentrándose en las zonas del Pº de Colón hasta la plaza Lesseps y desde el Pº San Juan hasta la calle Entenza, justo en el centro de la ciudad. El anuncio de esta nueva manifestación se realizó de nuevo previa petición oficial al Gobierno Civil firmada por: Francesc de Borja Aragay, Josep Benet, Miquel Sellarés, Antonio Gutiérrez, Viçens Ligüerre, Joan Armet, Monserrat Olivan, Agustí de Semir, Jordi Carbonell, Rafael Ribó, Enric Nosas, Pere Portabella, Jacinto Humet y Sánchez Carreté, propuesta que fue rechazada automáticamente.99
Como ya estaba previsto, la CPAC había dado a conocer la convocatoria del acto mediante un escrito titulado “Per les Llibertats Nacionals de Catalunya” basándose en el punto tercero de su programa donde se exigía el restablecimiento provisional de las instituciones. Por ello, la Asamblea convocó el acto con todo su simbolismo frente al antiguo Parlamento de Cataluña al mediodía bajo los slogans: ¡Por el restablecimiento del Estatuto de 1932, Por el Gobierno Provisional, Por el Parlamento de Cataluña. Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía!100 A su vez, a través de un comunicado la AD de Barcelona, se llamó a la conquista por la amnistia y por las libertades sin obviar el restablecimiento del Estatuto de Cataluña.101 Los resultados de la manifestación, según fuentes gubernativas, fueron alarmantes: 24 policías heridos y 35 detenidos en la manifestación, entre ellos estaba el padre Xirinachs y el captaire, Ferran García Faria. La relación de algunos de los detenidos fue la siguiente: Sagrario Martín, José Vilchez, Jorge Maymó, Emilio Sulla, Juan Amat, Mariano San Millán, Manuel Vilar, Fernando Vives, Rafael Martín, Amadeo Pérez, Jorge Orgue, Lluís Comalrena, Joaquín Maria Cervera, Maria Rosa Capdevila, José Luis Martínez, Armando García, Francisco Javier Villalonga, Pedro Contijos y Roque Villas. Asimismo pudo verse en otros puntos de la manifestación al catedrático Jiménez de Parga, a Josep Laporte y Heribert Barrera.
Coincidiendo en aquellos días de auténtico furor reivindicativo, también salió a la luz una propuesta presentada a favor de Xirinachs para el Premio Nóbel de la Paz, respaldada, como no, por la Asamblea y por más de trescientos intelectuales del país.
Paralelamente a la manifestación principal del día 8, también se efectuaron otras con el mismo contenido ideológico en diferentes puntos cercanos a Barcelona, destacando la de Rubi. Con ello se dio a entender la perfecta coordinación efectuada por la asamblea en estos actos de lucha. Días después, el SCPAC haciendo balance del éxito de las convocatorias efectuadas, hizo público un comunicado titulado: “El poble de Catalunya es el camí de la conquista de la democracia”, donde se comunicaba que las dos manifestaciones habían sido la expresión inequívoca de la voluntad del pueblo catalán para conquistar la “Libertad, la Amnistía y el Estatuto de Autonomía”. En el mismo documento también se calificaba de brutal y salvaje la actuación de las fuerzas de orden público en contra de los pacíficos manifestantes, dejando en evidencia la incapacidad del régimen de aceptar los derechos democráticos más elementales, exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos y reivindicando el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse pública y pacíficamente, anunciando que convocaría al pueblo hasta la consecución de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.102
Mientras tanto, el 12 de febrero se reunieron representantes de la Asamblea y el CFPC para analizar las últimas actuaciones proamnistía y sobre la elaboración del nuevo Estatut de Catalunya, demostrando la absoluta coordinación entre los dos entes políticos, justo el mismo día que volvía a la actualidad informativa el consejo de guerra convocado contra un jefe y ocho oficiales miembros de la UMD por presunto delito de sedición y la detención días después del capitán de ingenieros Antonio Herrero, íntimo amigo del comandante Luis Otero, uno de los fundadores de la UMD.103
En febrero de 1976 se registraron en Cataluña una multitud de manifestaciones de carácter laboral que enlazaron posteriormente con una huelga generalizada desencadenada en Sabadell y alrededores siendo más de trescientas las empresas afectadas, resultando de estos incidentes diversos detenidos por la policia y heridos de grave consideración. Uno de ellos fue el trabajador Manuel Rodríguez y el joven de 16 años, Ángel Redondo, que perdió un ojo. Sin embargo, todos estos conflictos laborales consiguieron que la presión social influyera en la readmisión de los 104 trabajadores despedidos de la empresa Laforsa, considerándose un triunfo para éstos, demostrando la euforia de su estado de ánimo con la celebración de un partido de fútbol disputado en el campo del Cornellá de Llobregat, donde los trabajadores de Laforsa y Siemens aclamaron su victoria moral con un entusiasmo irrefrenable entre gritos de ¡Amnistía y Libertad!104
La incorporación de nuevas adhesiones a la Asamblea siguió in crescendo a un ritmo sorprendente incluso para sus dirigentes durante todo el primer trimestre de 1976. Toda organización política o social contraria al régimen y de carácter antifranquista queria participar en ella, por eso no era de extrañar recibir peticiones como del Grup Democratic de Periodistes de Barcelona, que desde 1968 luchaban por las libertades democráticas y de expresión, hasta la incorporación de la Assemblea de Forces Democrátiques del Baix Camp, formada por: CC.OO, CDC, CSC, ERC, Reagrupament, PSUC y Unió de Pagesos.
Por aquellos días, la Asamblea protagonizó en Barcelona numerosas presentaciones, asistiendo repetidamente un público enfervorizado ante las constantes exclamaciones dirigidas normalmente contra el régimen. Entre ellas destacó la del día 6 de febrero en la UAB ante un millar de estudiantes, asistiendo entre otros: Jordi Guardiola, Vicens Ligüerre, Miquel Sellarés, Sánchez Carreté, Salvador Casanovas y Francisco Frutos. En el debate que normalmente se producía después, se habló sobre la presencia estudiantil en la Asamblea. Sin embargo, en otras reuniones se recogían los problemas cotidianos del día a día de la sociedad, de la tensión laboral existente, del protagonismo de la lucha reivindicativa en las universidades y el descontento de los funcionarios municipales en Barcelona, entre ellos los bomberos, que expresaban su descontento forzando una huelga. Así ocurrío en el acto celebrado en el barrio barcelonés de Collblanc donde participaron en nombre de la Asamblea Vicens Ligüerre y Miquel Sellarés.
Mediante el llamado Comité de Enlace de la Asamblea de Cataluña, se reunieron por segunda vez la Asamblea y el CFPC, acto al que asistieron unas 25 personas. Finalizada la reunión, el Consell emitió un comunicado valorando las manifestaciones populares de los días 1 y 8 de febrero, considerándolas como la expresión de la voluntad democrática del pueblo catalán. En el documento se reafirmó la ruptura democrática y se hizo un llamamiento hacia la construcción de la democracia. A continuación se anunció la preparación de otro escrito exigiendo la autodeterminación para el pueblo saharaui recordando en ese sentido la constitución en Barcelona del Comité Catalán de Solidaridad con el Pueblo Saharaui integrado por: Agermanament, Amics de les Nacions Unides, Pax Christi, Comisión Gestora de la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui y el Consell Català d’Ensenyament.
Estaba claro que desde su formación el protagonismo del Consell fue aumentando considerablemente a costa de la Asamblea, usurpando en un momento determinado la labor representativa de ésta como representación máxima a nivel político de Cataluña. Esta nueva estrategia catalanista pasaba por la búsqueda de contactos con otras plataformas del Estado en busca de una deseada coordinación opositora. Una de ellas fue la reunión realizada por representantes del Consell el 9 de marzo de 1976 en Galicia con el Consello das Forzas Políticas que estaba formado por: Unión do Pobo Galego, Partido Socialista Galego y Partido Galego Socialdemócrata.
En resumen, para darnos cuenta del esfuerzo de lucha realizado en febrero de 1976 solo es cuestión de observar los datos de paro y manifestaciones al finalizar el mes, contabilizándose doscientos treinta mil trabajadores en huelga que afectaron a 2.377 empresas en veinte provincias, añadiendo la huelga generalizada en el sector del transporte que se iba extendiendo por todo el país.
Sin duda, la situación comenzaba a ser insostenible y solo cabía tomar la decisión de cambiar el rumbo de un gobierno que iba a la deriva, aferrado a un pasado caduco y desbordado ante los acontecimientos. Se ha de tener en cuenta que, mientras en 1975 se convocaron 3.156 huelgas, en los tres primeros meses de 1976 ya se habían contabilizado 17.731.105 A estas alturas muchos ya sospechaban que tarde o temprano el rey tomaría la iniciativa aunque habría que esperar un poco más para verlo.
En marzo de 1976, el presidente Arias seguía anclado en una política continuista que, salvo pequeñas aperturas propiciadas por la iniciativa del rey avanzaba hacia una evolución incierta tomando como base los Principios Fundamentales franquistas. Desde el exterior, a través de la prensa extranjera llegaban algunas noticias de alcance histórico que atraían nuestra atención y que rompían en cierta forma con la deprimente situación en la que nos encontrábamos sumergidos. Así sucedió con la muerte del polémico Mariscal de campo Bernard Law Montgomery, vencedor de El Alamein, o la eutanasia concedida por el Tribunal Supremo de New Jersey (EE.UU.) a la joven Karen Ann Quinlan de 22 años de edad, que mantenía su vida artificialmente mediante una máquina, efecto que creó un precedente en la historia norteamericana y en la sensibilidad de muchos ciudadanos europeos.106
En España llevábamos tres meses sin Franco, tiempo suficiente para que gran parte del exilio político republicano comenzara el viaje de retorno tan deseado. Diego Abad de Santillán, exsecretario general de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), fue de los primeros en volver aunque su llegada no tuvo apenas trascendencia, eclipsada al parecer por otros acontecimientos políticos de mayor relevancia que ocuparon en aquellos días el interés de los medios de comunicación como fue el reconocimiento por la Organización de Estados Africanos (OUA) de la Republica Saharaui o el golpe de estado militar realizado en Argentina en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Efectivamente, los militares se hicieron cargo del poder finalizando la crisis política, económica y social, según fuentes militares, que dominaba en toda la República desde hacia tiempo. El poder fue usurpado por los comandantes de las tres Armas del Ejército con la presidencia del teniente general Jorge Rafael Videla, siendo asesorado por una Junta Militar formada por el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general del Aire, Rolando Agosti. El bando oficial del nuevo gobierno decía lo siguiente: “Frente al caos institucional, social y administrativo que vivía la República, la Junta Militar, integrada por los comandantes generales de las fuerzas armadas, ha decidido asumir el gobierno de la nación argentina”.107 Con posterioridad fueron detenidos destacados dirigentes peronistas, ocupados los puntos estratégicos y, detenida la presidenta de la República, Maria Estela Martínez de Perón, que fue secuestrada y enviada a San Carlos de Bariloche, a 1800 Km de Buenos Aires.
El gobierno español, siguiendo con su política continuista pero con constantes altibajos, decretó a mediados de mes el nuevo salario mínimo interprofesional fijado en 345 pesetas/día y dio instrucciones de distribuir las nuevas monedas de veinticinco, cincuenta y cien pesetas con la efigie del monarca. Otro gesto simbólico sin precedentes fue la legalización de los nombres propios que pudieron registrarse a partir de entonces en cualquiera de las lenguas españolas. Sin embargo, estos pequeños gestos de apertura no fueron percibidos suficientemente por la ciudadanía y menos por la clase obrera que seguía en su lucha contra la represión y la censura mediante las incesantes manifestaciones y huelgas laborales extendidas por toda la península. Esa era la realidad y no otra, con un constante control represivo que no cejaba en su empeño y con una censura que daba sus últimos coletazos. Claro ejemplo de ello fue la suspensión de un recital de Lluís Llach, convocada por la JDE, en la Universidad de La Laguna.
El 4 de marzo de 1976 se registraron grandes manifestaciones en diferentes localidades de la geografía española. En Tarragona, el despido de treinta trabajadores de la refinería Empetrol provocó una serie de manifestaciones y enfrentamientos con la policia, resultando de los incidentes la muerte accidental de Joan Gabriel Rodrigo Cano, de 19 años. Sin embargo, el epicentro de la lucha obrera se habia trasladado al País Vasco, registrándose grandes manifestaciones en Vitoria debido al conflicto surgido a principios de enero en las empresas, Forjas Alavesas y Mevosa, provocado por los despidos de numerosos obreros y la intransigencia de los empresarios. La violencia policial llegó a niveles incontrolados siendo la lucha desigual por lo que las jornadas de protesta acabaron con la vida del obrero José Mª Martínez Ocio y del estudiante Miguel Ortiz de 17, junto con más de cuarenta heridos. La huelga fue de carácter general, calculándose más de trece mil obreros en la calle y se expandió a otras ciudades como Pamplona, Bilbao y San Sebastián que ya sufrían los azotes perpetrados por ETA y la recién nombrada ATE (antiterrorismo ETA) que el último de mes habia realizado un doble atentado. Cuatro días después de iniciada la revuelta falleció el obrero de 18 años, Vicente Antonio Ferrero, por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación de protesta por los asesinatos de Vitoria, siguiéndole seis días después el trabajador Juan Gabriel Rodrigo que cayó desde una azotea al intentar escapar de las fuerzas del orden.
En Cataluña, los huelguistas ya rondaban los sesenta mil trabajadores en la provincia de Barcelona, extendiéndose el conflicto a Gerona con paros en las artes gráficas, el ramo del agua y la construcción. Dicha huelga coincidió con la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, y por tal motivo, el 9 de marzo llegó a Barcelona como apoyo al evento tan señalado una representación formada por tres mujeres del Comité d’Information et Solidarité avec l’Espagne (CISE). En un primer momento, la importancia política de esta visita no debía pasar de anecdótica; sin embargo, el interés adquirido por las diferentes estancias del poder establecido en la ciudad condal, indicaba un cambio de actitud aperturista ante los movimientos de liberación sexual y cultural que provenian del otro lado de la frontera. En su breve estancia dichas personalidades tuvieron ocasión de visitar desde la cárcel para mujeres de la Trinidad, pasando por las protocolarias audiencias ante el arzobispo de Barcelona y el gobernador civil, hasta la inevitable entrevista con el Padre Xirinachs. Recordemos que la influencia mediática de este sacerdote en aquellos días era considerable y su mensaje se iba extendiendo a lo largo de todo el principado; vease como ejemplo la actitud protagonizada por el captaire de la pau, Ricard Gamundi, cuando inició una huelga de hambre y silencio en la iglesia de Sant Pere de Figueres, promoviendo la publicación de su manifiesto titulado “Si quieres paz no prepares la guerra”.
Una semana después, mientras se consumaba el secuestro gubernativo del libro titulado Una española llamada Dolores Ibarruri, de la escritora Teresa Pàmies,108 se realizó la primera manifestación autorizada en Barcelona desde el final de la guerra civil con motivo de la derogación de la Ley de Prensa. Con los slogans dedicados a la libertad de expresión y el secreto profesional, unos quinientos periodistas exigían la supresión de las jurisdicciones especiales; la protección ante posibles presiones de grupos políticos y económicos, de las autoridades públicas y los intereses empresariales; la amnistía para los posibles delitos de prensa e imprenta cometidos hasta la fecha y de todas aquellas causas que se hallaban en distintos momentos procesales, refiriéndose directamente a la causa contra el periodista José Mª Huertas Clavería que todavía se encontraba en prisión.109
La manifestación estuvo encabezada por los firmantes de la petición al Gobierno Civil de Barcelona: Enrique Arias, Carlos Pastor, Josep Mª Cadena, Joan Anton Benach y Josep Mª Lladó, portando en la pancarta el slogan ¡Llibertat d’expressió! Otras eran, ¡Prou agresions i mes llibertats!; ¡Som periodistes, no som confidents!; ¡Llibertat, Amnistía, per en Huertas Clavería!; ¡Volem amnistía per en Huertas Clavería!; ¡Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomia!; etc.
Todo daba a entender que el gobierno seguía inmerso en constantes contradicciones, reprimiendo por un lado actos o conatos a favor de la apertura política y social110 y por otro autorizando progresivamente manifestaciones o haciendo la vista gorda en presentaciones públicas de partidos ilegales y nuevas organizaciones. Vease como ejemplo que, del mismo modo que la Asamblea y el CFPC, todavía ilegales, se presentaban publicamente en la Universidad de Barcelona sin ningún problema; en otros sectores políticos continuaban las detenciones sin reparos de activistas de signo izquierdista. Sin embargo, estaba claro que alguna razón tendría el gobierno para actuar de esta manera aunque en aquellos momentos nadie se parara a pensarlo. En consecuencia, para el nuevo gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, esta estrategia fue utilizada en la linea de: autorizar en un principio progresivamente las manifestaciones, manteniendo a su vez los contactos políticos con los dirigentes de las diferentes tendencias; y por otro lado, no autorizar la existencia de partidos totalitarios de derecha e izquierda, excluyendo en su totalidad el anarquismo y el terrorismo.111
A mediados de marzo de 1976, el gobierno Arias nombró al teniente general Francisco Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región Militar.112 Mientras tanto, en Madrid comparecían en consejo de guerra un comandante del Ejército de Tierra y ocho capitanes de la Unión Militar Democrática (UMD) acusados de conspirar para el delito de sedición, acto tipificado en el artículo 303 del Código de Justicia Militar. El juicio fue registrado como la causa 250/75, presidiendo el Tribunal militar el general de división, Federico Gómez de Salazar, exgobernador del Sahara español. Las penas a las que se enfrentaban los procesados iban entre tres y 12 años, siendo los encausados: el comandante Luis Otero Fernández; los capitanes Restituto Valero Ramos, José Fortes Bouzan, José Reinlein García-Miranda, Jesús Martín Consuegra y López de la Nieta, el capitán de caballería Manuel Fernández Lagos, los capitanes de artillería Fermín Ibarra Renés y Antonio García Márquez y de aviación Abel Jesús Ruiz Cillero.
Este juicio aportó a la oposición democrática nuevos argumentos para denunciar la política represiva del gobierno y puso en evidencia el pretendido aperturismo de Arias Navarro, que solo se manifestaba legalizando partidos y asociaciones afines al régimen, como fueron: Unión Nacional Española (UNE), Frente Nacional Español (FNE), Unión del Pueblo Español, ANEPA, Reforma Social Española y Asociación Política Proverista. Mientras tanto, por otro lado negaba la entrada en España al dirigente carlista, Carlos Hugo, expulsado en 1968 o hacía la vista gorda en las presentaciones públicas de partidos enmarcados en la extrema izquierda. Vease el caso de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), organización enraizada en el País Vasco y Navarra que tenía sus orígenes en la Alianza Sindical de Trabajadores (AST) y que se autodefinía como marxista-leninista sustentando tesis maoístas (ver a fines de 1975 la Unión de Juventudes Maoístas). Esta formación formó parte de la Asamblea pero se auto excluyó de la Plataforma Democrática por no querer llegar a la misma unidad con la Junta Democrática.113 Otros ejemplos fueron la Lliga Liberal Catalana, heredera de la histórica Lliga Catalana representada por Salvador Lillet i Bel, Octavi Saltor y Modest Sabaté, o el Partido Carlista en Cataluña.
El 18 de marzo de 1976 las dos plataformas unitarias más influyentes y de mayor participación del Estado español, la Junta Democrática y La Plataforma Democrática, se fusionaron en un nuevo organismo denominado Coordinación Democrática (CD) y cotidianamente conocido como la Platajunta.
El comunicado oficial publicado por ambas partes, fue facilitado a Europa Press y decía lo siguiente:
“Se ha reunido el comité de coordinación de la Plataforma de Convergencia Democrática para estudiar la articulación unitaria de la oposición y el actual momento político y social. Se ha llegado al acuerdo de establecer con carácter inmediato un órgano unitario de toda la oposición a todos los niveles, al que quedarán incorporadas inicialmente las fuerzas políticas y sindicales que hoy componen la Junta y la Plataforma. Este acuerdo queda sujeto a ratificación por parte de algunas de las fuerzas políticas presentes. En consecuencia, se ha creado una comisión de estudio para la articulación y desarrollo de este acuerdo para la relación con las instancias unitarias de las nacionalidades y las regiones y para la elaboración de un análisis de la actual situación política y social”.114
Por la Junta Democrática firmaron: PCE; PTE; Partido Socialista Popular (PSP),115 representado por Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo; CC.OO; y personalidades de la política como Antonio García Trevijano y Rafael Calvo Serer. Por la Plataforma Democrática: PSOE, Izquierda Democrática (ID), UGT, Partido Social Demócrata (PSD), Unión Social Democrática Española, Partido Carlista y el Movimiento Comunista de España (MCE).
Los primeros comentarios al acuerdo de las dos plataformas unitarias no se hicieron esperar, siendo el más llamativo el formulado por el dirigente del PSP, Enrique Tierno Galván, indicando a grosso modo que el acuerdo no era un compromiso ni un frente popular y sólo tenía como función específica el llegar a la ruptura por procedimientos pacíficos y que la hicieran posible todas las naciones y pueblos de España.116
Para el dirigente de CSC, Joan Reventós, la creación de la Coordinadora Democrática (CD) y el acuerdo entre la Confederación Socialista Ibérica y la Federación de Partidos Socialistas, harían cambiar el panorama de los partidos y organismos unitarios en Cataluña, aunque en realidad la unión de la izquierda democrática fue posible cuando el PCE se vió imposibilitado de derrocar el gobierno e imponer un gobierno provisional. Fue desde entonces cuando empezó a utilizarse la expresión popular de la ruptura pactada, siendo Raúl Morodo el que primero la utilizó.117
La reacción oficial del gobierno ante la aparición de la Platajunta fue de sensible malestar al intuir éste el peligro inminente de la posible unidad de una buena parte de la oposición democrática.
Ante esta disyuntiva, el gobierno tenía que actuar rápido y responder a este nuevo reto adoptando alguna estrategia que le devolviera la iniciativa: una de ellas fue la opción reformista gubernamental, basada en una reforma sin ruptura y sin periodo constituyente inspirada por el primer gobierno de la Monarquía y encabezada por Manuel Fraga Iribarne. De su deriva hacia la derecha o la izquierda del marco político dependían las condiciones en que se iba a desarrollar el futuro inmediato de este periodo de transición. La segunda estratégia podría ser el incipiente frente nacional como gestor de un gran partido de la derecha franquista que habría superado los esfuerzos de organizar una formación franquista moderada a que en algún momento pudieran aspirar el ex ministro Antonio Carro o el propio presidente Arias. Y el otro camino posible era la ruptura pactada propuesta por Coordinación Democrática, una instancia unitaria de oposición que suponía la superación de las anteriores Junta y Plataforma en la que se incorporaban nuevos partidos, organizaciones sindicales y un controvertido grupo de independientes, previniendo un mecanismo para la concurrencia de nuevas entidades no necesariamente políticas. Los grupos y partidos integrados eran: CC.OO, Grupo Independiente (Calvo Serer y García Trevijano), Izquierda Democrática, MCE, Partido Carlista, PCE, Partido Democrático Popular (Ignacio Camuñas), Partido Social Demócrata (Manuel Díez Alegría Jr.), PSOE, PSP, PTE, UGT y Unión Social-Demócrata Española.118
La repercusión política en Cataluña por la formación de la Platajunta fue de recelo aunque no de rechazo, ya que teóricamente no había ningún partido del CFPC representado en ella,119 sólo los carlistas y el PSUC lo estaban indirectamente. Por el contrario, este no era el caso de la Asamblea ya que había varios partidos representados, precisamente algunos de los no representados en el Consell, dada su estructura a nivel estatal. Sin embargo, resultaba paradójico que algún tiempo atrás, la Asamblea fuera la que comunicase a la Junta y a la Plataforma su protesta al atribuirse estas últimas la representación de la oposición democrática en todo el Estado español, excluyendo precisamente a la Asamblea, el CFPC y otras instancias unitarias en Cataluña. No obstante, el hecho de que CD tuviera en sus planteamientos el pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones de España, hizo pasar a segundo plano lo anterior.
Algunos partidos que no formaban parte de CD, como el PSOEh, criticaban a la Platajunta de forma burlona con el argumento de que esa unión no tenía sentido, ya que, el hecho de que en ella figurasen carlistas y comunistas era como tratar de mezclar el agua y el aceite, al menos así lo contaba Miguel Paidró, miembro del comité ejecutivo del PSOEh.120
Mientras tanto, por aquellas fechas otro organismo unitario se presentó oficialmente en Madrid; era la Federación de Partidos Socialistas que agrupaba bajo su denominación a: CSC, representada por Joan Reventós y Narcís Serra; Convergencia Socialista del País Valencià (CSPV); el Partit Socialista de les Illes, Partit Socialista de Menorca, Coordinadora Socialista dels Països Catalans, Partido Socialita Galego, Eusko Sozialistak, Partido Socialista de Andalucía, Partido Autonomista Socialista de Canarias, Partido Socialista de Aragón y Convergencia Socialista de Madrid.
En Cataluña, el CFPC, constituido por un limitado club de partidos catalanistas que se autodenominaban como representantes políticos del pueblo catalán, iba acaparando más protagonismo en detrimento de la Asamblea que, a pesar de seguir aumentando el número de entidades asociadas, ya estaba en plena decadencia y cada vez más alejada de los órganos de decisión de la oposición. Sin embargo, lo paradógico de la situación era que, llegado el momento, eran los mismos representantes del Consell los que ostentaban el mismo cargo en la Asamblea y éstos, a su vez, negociaban a dos bandas con otras plataformas unitarias, algunas de carácter nacional. Por otra parte, estas plataformas, CD y las de carácter regional, negociaban entre si en el marco estatal y a su vez, con los diferentes partidos y asociaciones que estaban fuera de las coaliciones, intentando que estas participaran dentro de las plataformas para poder conseguir por ambas partes un mayor poder político. Las peticiones del PTE y de la FSC-PSOE para incorporarse al Consell, y el rechazo de éste a la entrada de los socialistas al Pacte Català acusándoles de su no catalanidad, es un ejemplo de ello.
A finales de marzo de 1976, Jordi Pujol y Miquel Roca, ambos miembros del CFPC, fueron elegidos secretario general y secretario adjunto de Convergencia Democratica de Catalunya (CDC), en la III Asamblea de dicha organización. Tras su elección, Jordi Pujol se dirigió a todas las instancias unitarias del Estado español para invitarlas a reunirse en torno a una declaración común que abriese el camino a la coordinación y acuerdo definitivo de toda la oposición democrática. La estrategia, según él, encaminada hacia el cambio político pasaba por un pacto para la ruptura, pues ni Cataluña ni la ruptura eran negociables. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del proceso para llegar a ella. Días antes, en un mitin en Hospitalet de Llobregat, Jordi Pujol elogió al PSUC como “ejemplo de grupo de izquierdas que no había caído en la tentación del lerrouxismo”, algo cuyo renacimiento sería, según él, de lo peor que le podía ocurrir a Cataluña. En su opinión, sólo una Cataluña que ofreciese un nivel económico y social alto, podía conseguir como contrapartida, que la cantidad de población inmigrada hiciera suya la conciencia de catalanidad.121
En aquellos días, tanto el Consell como la Asamblea estaban por la labor de conseguir la amnistía total de todos los presos políticos mediante las acostumbradas movilizaciones coordinadas que se extendían por toda España dentro de un nexo común relacionado con los derechos humanos promulgados por las Naciones Unidas. A este respecto, el líder socialista, Joan Reventós, se quejaba de la mala prensa que tenían los Derechos Humanos dentro del pensamiento socialista aunque, poco a poco, iban apareciendo unos nuevos derechos humanos que no solo eran políticos sino también sociales y económicos. Unos derechos que, en su conjunto, aparecían en la práctica de los socialistas en un sentido muy amplio y en un momento de la historia de Europa en el que las clases conservadoras comenzaban a negar los derechos humanos para defender sus privilegios, lanzándose en manos de un sistema tan autoritario como el fascismo. Por lo tanto, la lucha de las democracias contra el fascismo era una lucha por la conquista de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos, una lucha en la que también participaban los socialistas.122
El 28 de febrero de 1976 se reunió la XIV CPAC, con la asistencia de 91 representantes. Como ocurría en las últimas convocatorias, antes de la entrada en materia política, se dedicaba un corto espacio de tiempo a la presentación de las nuevas incorporaciones de la Asamblea. En esta ocasión la novedad fue la presencia de un representante de los Trabajadores de la Administración Pública (TAP) y otro de la Asamblea de Cataluña de Toulouse. A continuación, el debate se centró en las manifestaciones del 8 de febrero de 1976 llegando a la conclusión generalizada de que fueron los actos de afirmación catalana más importantes registrados desde 1939, resaltando el ejemplo de comportamiento cívico realizado en Sabadell y algunas referencias también a los conflictos de funcionarios, construcción y enseñanza. Seguidamente se formularon propuestas hacia la constitución de los ayuntamientos democráticos planteando previamente la petición de dimisión de los actuales consistorios y la elección democrática de éstos en el marco irrenunciable del nuevo Estatuto de Cataluña en plena elaboración.
En la reunión, alguno de los asistentes, con cierto delirio pasajero, expresaba en voz alta la similitud que podrían producir unas elecciones municipales libres como las del 12 de abril de 1931, que provocaron la caída de la Monarquía y la llegada de la II República. Sin embargo, las conclusiones finales a la que llegaron los representantes presentes se concretaron en el “Manifiesto por la Democracia” que era el documento donde se exponían las bases imprescindibles para la puesta en marcha de los Ayuntamientos democráticos. Estas propuestas pasaban por el reconocimiento y la participación de todos los partidos políticos, sin exclusiones, en el marco de una plena libertad de expresión y propaganda; por unas elecciones por sufragio universal de la totalidad de los consistorios; por la liquidación del sistema corporativista de los Tercios familiares y por el derecho de voto a partir de los 18 años.
Así, pues, nuevamente la maquinaria reivindicativa se puso en marcha, esta vez en apoyo al manifiesto elaborado y a la campaña proamnistía, estableciendo la Asamblea las próximas manifestaciones entre los días 2 y 5 de abril, siguiendo el mismo protocolo de anteriores ocasiones para la petición oficial de autorización gubernativa. En esta ocasión el documento iba acompañado con la firma de 160 ciudadanos con renombre en la vida pública catalana, pero esta vez, el esfuerzo invertido no acompañó al resultado de la convocatoria, pues la participación ciudadana y la repercusión en los medios de comunicación fue escasísima aunque sí hubo ocasión para atizar dialécticamente al opresor de siempre. El portavoz del PSUC comentaba al respecto que:
“El cabeza de la represión en Barcelona, Sánchez Terán, vuelve a tropezar en la misma piedra aconsejado por el reformador dictatorial Fraga Iribarne (...) Como que la manifestación sería secundada por muchísimos ciudadanos, es peligrosa y no puede ser autorizada. La razón aludida no pudo ser más propia de un enemigo de las libertades elementales”.123
La manifestación del domingo 3 de abril fue efectivamente prohibida por el gobernador civil y disuelta posteriormente por la policía antes de llegar a la montaña de Montjüic, que era el destino final. El grupo más numeroso, unas tres mil personas que estaban concentradas entre las calles Villarroel y Consejo de Ciento, también fueron disueltas por la autoridad.124 Por el contrario, otra manifestación convocada por la Confederación de Combatientes, que celebraban la victoria de las tropas nacionales del 1º de abril de 1939, finalmente sí pudo seguir su curso en las instalaciones internas de las Atarazanas, en plena exposición de momias egipcias, donde representantes de la Agrupación de Hermandades de la Cruzada y de la División Azul pudieron escuchar el mitin a cargo de Luis de Caralt y Juan Sánchez Bustamante, con un enfervorizado público cercano a las mil quinientas personas.
A pesar de todos estos contratiempos, la Asamblea continuó utilizando esta nueva estrategia con otro intento infructuoso de presentar el Manifiesto por la Democracia al alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y a las autoridades municipales la tarde del día 4 de abril en representación de tres mil ciudadanos. El documento presentado llevaba la firma de: Josep Andreu Abelló, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Sellarés, Joan Senent Josa, Joan Ramon Colominas y Salvador Corominas.125 Días después, en una nota difundida el 8 de abril por el SCPAC se hizo constar el menosprecio recibido por el consistorio al ser disuelta la manifestación, aunque, a pesar del fracaso mediático, se consiguió el objetivo de expandir el mensaje por toda Cataluña.
En el Prat de Llobregat algunos concejales colaboraron con los manifestantes, posicionándose a favor del Estatut de Cataluña. En Sant Cugat del Vallés se concentraron casi doscientas personas delante del consistorio; también en Hospitalet de Llobregat alrededor de mil personas de diversos barrios se concentraron frente a la Casa de la Vila; lo mismo ocurrió en Manresa, donde fueron ochocientos los implicados que acabaron disueltos por la policía; en Vic se llegó a las cuatrocientas personas y en Mataró se presentó un escrito al alcalde por los mismos motivos convocando una concentración pacífica de 15 minutos en la plaza Santa Ana de dicha población. También hubo protestas en la Universidad de Barcelona por los mismos motivos y, según Pax Christi, incluso dos captaires se pusieron en huelga de hambre por espacio de seis días en una iglesia de Lérida. En Santa Coloma de Gramanet también hubo concentraciones y en Barcelona llegaron a reunirse unas tres mil personas en la Plaza Sant Jaume, sin que tuvieran opción a entrevistarse con el alcalde, acabando su odisea con la disolución por las fuerzas del orden aunque algunos pudieron dirigirse a la tumba del obrero Manuel Fernández Márquez, muerto en los enfrentamientos de la Térmica del Besós.
Por otro lado, en relación con los trágicos sucesos ocurridos en Vitoria y Basauri, la Asamblea a través del SCPAC emitió un comunicado en marzo de 1976 denunciando la vergonzosa actuación de los espacios informativos de Televisión Española (TVE) por la manipulación que se ofrecía de estos hechos. Una acción que evidenciaba el doble juego del gobierno Arias en su intento aparente de cambio:
“La Asamblea de Catalunya −decía la nota− reafirma su voluntad de ofrecer una alternativa política, y de garantizar su realización con iniciativas pacíficas dentro de un orden plenamente democrático. Solo el reconocimiento inmediato de los derechos y libertades ciudadanas y el restablecimiento de un régimen democrático, tal como se propugna en los cuatro puntos de la Asamblea, pueden asegurar la paz ciudadana y eliminar la violencia (…), impidiendo que estos acontecimientos trágicos se repitan”. 126
El contenido del informe también hacía referencia a la conmemoración del X aniversario de la constitución del SDEUB en el convento de los Capuchinos de Sarriá. A tal efecto, Josep Mª Colomer (becario del Omnium Cultural) escribió un interesante artículo al respecto destacando la participación a favor de una universidad y una sociedad democrática, del profesorado y de los estudiantes en la Caputxinada. En el acto participaron: Francisco Fernández Buey, ex delegado de filosofía del SDEUB; Javier Paniagua, de Económicas; Rafael Serra, de Derecho de Sevilla; Albert Puigdomenech, de Arquitectura; Xavier Folch, profesor expulsado en 1966 y Manuel Sacristán, que participó en el manifiesto por una universidad democrática.127
Siguiendo la orden del día, a continuación se trataron las adhesiones y actividades de las Asambleas Democráticas, destacando la presentación de la AD del Buen Pastor, la Junta Sindical de Telefónica en Barcelona y la AD de Can Serra que elaboró una alternativa democrática municipal en Hospitalet de Llobregat.
El Partido Socialista Popular de Cataluña (PSPC) también solicitó su integración en la Asamblea y en el Consell, reconociendo la importancia estratégica que tenían estas dos organizaciones. También se informó de la creación de la Asamblea de Cataluña del Baix Camp, siendo disuelta la anterior AFD del Baix Camp; la constitución de la AD del Besós-Maresme y la Asamblea del Alt Camp integrada por: PSUC, PSAN, Partido Carlista, RSDC, Unió de Pagesos, CC.OO, y Juventudes Comunistas.
Por los datos aportados, era evidente que las AD aumentaban el nivel específico dentro de la plataforma a la vez que compartían el protagonismo con el secretariado e incluso con la propia CPAC. La AD de Tarragona fue una de éstas y en su visita a Barcelona, sus representantes −Ricard Ros, Enrique de Gracia, Jordi Tiñena y Jesús Figueres− explicaron que en la actualidad, la organización estaba formada por grupos independientes: CC.OO, CSC, MCC, PSAN, PTE, Partido Carlísta, PSUC, FNC, y que PSOE y ERC solicitaban su ingreso. Se debatieron los acontecimientos de Vitoria y Basauri, tras los cuales murió en Tarragona el 14 de marzo el obrero Juan Gabriel Rodrigo al caer desde una azotea al intentar escapar de la policía durante una manifestación en protesta por los asesinatos de Vitoria, asistiendo a su funeral miembros de la Asamblea a título individual. Los representantes de la AD de Tarragona también expusieron entre sus logros la aprobación por unanimidad del Ayuntamiento de Tarragona de los cuatro puntos de la Asamblea, recordando a los componentes del estamento municipal la voluntad de que la ruptura democrática se realizase de forma pacífica y ordenada. Por el contrario, la AD de Arenys de Mar se mostraba disconforme con la actuación del consistorio local al declararse incompetente para tratar el tema de la amnistía, aunque se solidarizaba ante el comunicado de la XIV CPAC.
En conclusión, la campaña por los ayuntamientos democráticos demostró dos cosas: la primera fue la poca efectividad legal que se produjo en los consistorios, ya que las mociones no implicaban más que una voluntad de cambio y, por otro lado, se demostró la eficacia de las resoluciones de la Asamblea y su puesta en práctica, dando la imagen de un organismo bien coordinado hasta el momento. Por último, el informe elaborado por la Asamblea finalizó con el mandato de enviar un telegrama de salutación a la recién creada República Democrática del Sahara.
En otro ámbito de actuación, se reunió la VI Assemblea d’Intelectuals Catalans con más de trescientos participantes. La valoración de las manifestaciones en Tarragona en protesta por los asesinatos en Vitoria y el Congreso de la Cultura Catalana fueron los temas principales debatidos, aunque también se trató la situación del periodista del diario Tele/expres, Josep Mª Huertas Clavería, que estaba preso en la cárcel Modelo desde el 22 de julio de 1975 por injurias al Ejército según constaba en el acta de su proceso, asistiendo entre otros: Jordi Carbonell, Pere Portabella, Jaume Fuster, Ramon Moragas, Ramon Torrent, Xavier Folch, Joan Senent, Pere Calders, Maria Antonia Oliver, Josep Benet, Jordi Llimona, Antoni Serra, Guillermina Motta, Joan Brossa, Maria Aurelia Capmany y Jaume Vidal Alcover.
El 21 de marzo de 1976 se reunió la XV CPAC con la asistencia de 106 representantes de 75 delegaciones. Como era de esperar, los debates seguían con la misma tónica en torno a los ayuntamientos democráticos. Sin embargo, los diálogos aumentaron en intensidad cuando empezó a tratarse la política reformista del gobierno Arias, haciendo suya la declaración del SCPAC del pasado 6 de marzo en su slogan: ¡No a la repressió, sí a la llibertat!
Así pues, tras diversas opiniones expuestas, la Comisión acordó iniciar una nueva campaña para conseguir unos ayuntamientos democráticos, exigiendo lógicamente la dimisión de los actuales consistorios municipales y la elección democrática de éstos dentro del marco irrenunciable del Estatuto de Autonomía y la constitución de un gobierno provisional de la Generalitat.128 A tal efecto, se estableció la estrategia de una movilización popular pacífica para los días 2 y 5 de abril y, ya en pleno debate, se rechazó la petición de BR, ORT y PTE en su intento de implicar a la Monarquía como la responsable principal de las muertes de los siete trabajadores fallecidos en los últimos actos reivindicativos, poniendo en cuestión la declaración de la AD de Tarragona que condenaba la violencia −viniera de donde viniera− refiriéndose a los últimos enfrentamientos en esa ciudad entre trabajadores y fuerzas del orden.
En resumen, podríamos decir que los últimos días de marzo de 1976 acabaron con la misma conflictividad que a su inicio prohibiéndose múltiples manifestaciones y actos de protesta, entre ellas la presentación de la Asamblea en la Facultad de Económicas de la UAB y de la AD de Santa Coloma de Gramanet, donde a pesar de los inconvenientes, pudieron asistir alrededor de ochocientos participantes. En el resto del Estado la situación social a finales de mes se había complicado por momentos, estando inmersa en continuas huelgas y manifestaciones encabezadas por la clase obrera y estudiantil que provocaron numerosos paros generalizados en HUNOSA y en nueve fábricas situadas en el sector industrial madrileño. Sorprendentemente, incluso los empresarios se pronunciaban en contra del Proyecto de Ley de Reforma Sindical, activando la polémica social contraria a esta nueva norma.129
A principios de abril de 1976, los tres diarios matutinos barceloneses −Mundo Diario, El Correo Catalán y La Vanguardia− convergieron sus titulares en torno a la crisis del gobierno por la incoherencia de sus actuaciones, situación que beneficiaba la estrategia planificada por la Asamblea, que iba dirigida a la petición de dimisión de los consistorios municipales franquistas, aunque dicho sea de paso, el interés de la ciudadanía tenía en aquellos días su preferencia fijada en el seguimiento del secuestro y posterior asesinato del político, Ángel Berazadi, cometido por ETA después de veinte días agónicos. Éste era el pago cotidiano de una vida a manos de unos iluminados cada vez más lejos de la realidad.
En Barcelona hizo su presentación en la sala/discoteca Bocaccio, la revista Cuadernos para el Diálogo. Su director, Pedro Altares, presentó el acto destacando la falta de uno de sus colaboradores, José Maria Huertas Clavería, que continuaba en prisión desde hacia algunos meses. También por esas fechas vió la luz el diario Avui y se proyectó por primera vez la película El Gran Dictador, dirigida por Charles Chaplin en 1940. Mientras tanto, en Madrid fueron puestos en libertad algunos de los famosos detenidos días atrás en diversas manifestaciones, entre los que destacaban Juan Antonio Bardem, Ramón Tamames y Francisca Sauquillo. Sin embargo, la nota emotiva vino a cargo del retorno a Zaragoza del escritor Salvador de Madariaga, ausente de España desde la guerra civil.
El 14 de abril, un día muy señalado para la oposición franquista, se constituyó la comisión para el estudio del Régimen Especial para Cataluña, redactado por el gobierno Arias. Entre las personalidades elegidas por el gobierno para formar parte del equipo de trabajo se hallaban Carlos Sentis, Pau Roig Giralt, Gabriel Ferratè Pascual, Juan Sardà Dexeus, Gomìs Martì y Joan Botanch. La noticia de esta comisión debería haber tenido un amplio alcance informativo; sin embargo, ésta quedó absolutamente eclipsada por el acontecimiento que tuvo lugar al día siguiente en la cárcel de Segovia, cuando un numeroso grupo de presos políticos y terroristas, 31 en total, se fugaron expectacularmente.
El seguimiento periodístico de los escapados fue intenso, sospechándose que al menos cuatro de los seis reclusos que habían cruzado la frontera pertenecían a ETA. Sin embargo el activista del MIL, Oriol Solé Sugranyes, no lo consiguió, siendo abatido por las fuerzas de seguridad. Cuando el cadáver llegó a Barcelona, fue recibido, entre otros, por su tío, Josep Solé Sabarís.
En la homilía del funeral celebrado el 9 de abril, Josep Mª Xirinachs consideró al fallecido como una de las victimas del absurdo retraso de la amnistía, añadiendo estas palabras:
“Cuánta gente por miedo a arriesgar la vida, fue en búsqueda de refugio, bajo la cubierta de la no violencia y de los principios evangélicos y así el cristianismo en el futuro llegará a ser un refugio de cobardes. Vergüenza habrían de tener ante un hombre como Oriol, de autonombrarnos cristianos, en lugar de sentirnos incómodos de participar en el funeral de un partidario de la lucha armada”.130
El Secretariado de la Asamblea de Cataluña envió un telegrama de condolencia a la familia del difunto, denunciando el asesinato de un luchador por la libertad y responsabilizando al gobierno por la negativa a conceder la amnistía y el secuestro de las libertades.131
El 13 de abril de 1976, fue puesto en libertad el periodista Josep Mª Huertas Clavería, después de ocho meses y seis días de reclusión y previo depósito de veinticinco mil pesetas donadas por la Asociación de la Prensa. Frente a la cárcel Modelo de Barcelona una multitud aclamaba “¡Huertas, Huertas!”
Sin duda fue un día de júbilo para los periodistas barceloneses aunque no todos podían decir lo mismo, ya que los taxistas volvían a la huelga, uniéndose a los trabajadores de Telefónica, aumentando así la presión popular en la calle. Estas noticias, junto con la aceptación administrativa de la celebración del XXX Congreso de la UGT en España, confirmaba la idea contrastada de la política de apertura limitada realizada por el gobierno.
Sin embargo, las decisiones políticas que realmente afectarían a Cataluña se estaban decidiendo a cientos de kilómetros, en el país vecino. En efecto, el 13 de abril de 1976 en París, se llegó a un principio de acuerdo entre el CFPC y el presidente de la Generalitat de Cataluña.
La reunión se produjo a instancias del Consell mediante una carta enviada el 24 de febrero al presidente Tarradellas y el lugar elegido fue el Hotel Saint Jacques en una sala reservada a nombre del señor “Gene Ralitat”. Lo que sabemos de dicho encuentro fue el rotundo desacuerdo entre el dirigente comunista, Gregorio López Raimundo, y Tarradellas, por negarse el primero a permitir acuerdos permanentes desde la Generalitat con organismos de oposición españoles.132 No obstante, aunque en el comunicado conjunto no se especificase esta divergencia, sí fue notoria la incorporación del presidente Tarradellas al establecimiento de relaciones con el Consell, ya que hasta entonces la Generalitat se había mantenido al margen de los organismos unitarios:
“El presidente de la Generalitat de Catalunya, Honorable Señor Josep Tarradellas y el Consell de Forces Polítiques de Catalunya integrado por las siguientes organizaciones: CDC, CSC, EDC, ERC, FNC, Partit Carlí de Cataluña, PPC, PSAN, PSUC, RSDC y UDC, se han reunido en París los días 10 y 11. Después de un análisis de la situación política, seguido de un amplio debate, el CFPC ha expuesto al presidente de la Generalitat los problemas de la situación catalana y del Estado español y de las luchas y de las movilizaciones que últimamente han tenido lugar en Cataluña, en las cuales la Asamblea de Cataluña ha tenido un papel destacado. El Consell ha expresado nuevamente al presidente, de acuerdo con sus bases programáticas, la irrevocable decisión de luchar por la instauración en Cataluña de las instituciones de la Generalitat y de los principios configurados en el Estatuto de 1932, hoy reivindicados por la gran mayoría de los catalanes. Los reunidos han considerado que en el proceso hacia la formación de un gobierno provisional de la Generalitat de Cataluña hay que tener en cuenta la totalidad de las fuerzas políticas, sociales y del movimiento obrero de Cataluña, y en especial de la Asamblea. Cataluña ha sido la más firme pionera de las luchas por la democracia a nivel del Estado español, y es hoy un soporte de este combate. Por ello, los reunidos celebran la progresiva aparición en estos últimos tiempos, de los organismos de coordinación democrática necesarios para la restitución de las libertades políticas y nacionales. En este sentido, se reafirman en su voluntad de negociar y después de pactar por el establecimiento de la democracia y de las libertades nacionales de todos los pueblos del Estado español. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Honorable Señor Josep Tarradellas y el CFPC, toman el compromiso de intensificar una regular relación para resolver de común acuerdo todas las cuestiones que afectan a las relaciones de Cataluña con el Estado español. El Presidente de la Generalitat de Cataluña y el CFPC, hacen un llamamiento al pueblo de Cataluña para ampliar su lucha unitaria hacia las libertades democráticas y nacionales hasta su plena consecución. París, 11 de abril de 1976”.133
Asistieron al encuentro: Josep Tarradellas, Josep Gausachs (secretario general), Romá Planas, Francesc Vila i Abadal por la Generalitat; Jaume Casanovas y Josep Sans por Esquerra Democrática; Llibert Cuatrecasas (UDC); Jordi Pujol (CDC); Cristià Aiguadè (ERC); Joan Cabré (Partit Carlí); Joan Colominas (PPC); Joan Cornudella (FNC); Josep Pallach y Víctor Hurtado (Reagrupament Socialista); Raimon Obiols y Josep Planas (CSC); Gregorio López Raimundo y Josep Solé i Barberà (PSUC) y Jordi Puig (PSAN).
