Читать книгу Los parados - Enric Sanchis Gómez - Страница 9

PARO SOCIOLÓGICO

El análisis sociológico de los parados y la necesidad de disponer de un criterio de selección de las personas a entrevistar obligan a reflexionar sobre las definiciones formales de parado contrastándolas con la concepción social o popular. Fruto de esa reflexión es lo que vamos a llamar un concepto sociológico de parado en función del cual se considera también en tal situación –y por tanto susceptibles de ser entrevistados– a determinados colectivos que no son definidos convencionalmente como tales.

¿Qué es un parado? En España, como en el resto de países de la UE, hay dos definiciones formales y dos maneras de medir el paro. La primera (paro estimado) es la que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la EPA, que se aplica a una muestra representativa de la población. Se basa en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como en la normativa europea relativa a las Encuestas sobre las Fuerzas de Trabajo, por lo que da resultados homologables a nivel internacional. La segunda (paro registrado) es la que utiliza la Administración laboral en cada país, en nuestro caso el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE, el antiguo INEM); y como cada país define el paro registrado de acuerdo con sus propios criterios administrativos, en este caso no caben las comparaciones internacionales. Definiciones diferentes de un mismo hecho social tienen que dar lugar a resultados diferentes, si coinciden será por casualidad. De hecho, en España el paro estimado, que se conoce cada trimestre, suele ser muy superior al registrado, que se hace público cada mes. Excepcionalmente, desde 2005 durante algún tiempo ocurrió lo contrario [Pérez Infante, 2008]. Además de estas dos definiciones hay otra social o popular, obviamente no sistemática, pero que a los efectos que aquí interesan debe ser tenida en cuenta.

Las definiciones formales no pueden ser ambiguas, pero como se sabe una cosa es la realidad social en toda su complejidad y otra los conceptos que elaboran los científicos sociales para estudiarla e intentar comprenderla, que siempre la simplifican. Lo que aquí se sostiene es que el rigor conceptual se ha conseguido a costa de excluir del desempleo a un número relevante de personas catalogadas como ocupadas o inactivas que a nuestro entender deberían ser redefinidas como paradas. Si entre lo que podríamos llamar el paro «realmente existente» y el que estima la EPA o registra el INEM hay diferencias, éstas van en el sentido de que contabilizan menos (no más) parados que «los que hay». Contrariamente a lo que con demasiada frecuencia se afirma en el debate político, el defecto de nuestras estadísticas no es que cuenten como parados a quienes no lo son, sino que no consideran como tales a personas que en términos sociológicos pueden ser definidas como paradas. Como los detalles técnicos de los dos dispositivos de medición del paro, sus características y los cambios que han experimentado a lo largo del tiempo ya han sido analizados comparativa y exhaustivamente [Pérez Infante, 2006], en lo que sigue nos centraremos en las cuestiones conceptuales que desde nuestro punto de vista nos parecen más discutibles.

El paro estimado

Según el INE [2008], dejando de lado ciertas precisiones técnicas, parado es toda persona de 16 a 74 años que en el momento de entrevistarla cumple las tres condiciones siguientes: 1) Estar sin trabajo, es decir, no haber llevado a cabo ninguna actividad remunerada por cuenta propia o ajena durante la semana anterior; quien lo haya hecho al menos durante una hora es un ocupado. 2) Estar buscando activamente trabajo, es decir, haber tomado medidas concretas para encontrar un trabajo por cuenta ajena o haber hecho gestiones para establecerse por cuenta propia durante el mes precedente. 3) Estar disponible para trabajar, es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de la entrevista. Quien no cumpla alguna de estas tres condiciones solo puede ser o un ocupado –una persona que a lo largo de la semana hizo algo a cambio de una remuneración al menos durante una hora, por ejemplo vender pañuelos en un semáforo, reponer las existencias de una gran superficie comercial durante la noche del domingo al lunes– o un inactivo, una persona que está fuera del mercado de trabajo, que no está en paro aunque no trabaje (por ejemplo un estudiante, un ama de casa). De acuerdo con esta definición, quien haya perdido su empleo, perciba la prestación contributiva correspondiente y, por la razón que sea, no haya buscado otro durante las cuatro semanas anteriores, no estará incluido en el paro estimado.

Tiempo de trabajo, paro y subempleo

El primer problema de esta definición se refiere al tiempo de trabajo semanal requerido para clasificar a una persona como ocupada. En la EPA hasta 1987 se distinguía entre ocupados en sentido estricto y marginales (aquellos que sólo trabajaban hasta un tercio de la jornada normal). Desde entonces, con motivo de la entrada en la UE y la pretensión de EUROSTAT de ir homogeneizando las estadísticas nacionales, la distinción desaparece y se aplica el criterio mínimo de una hora, que es muy poco restrictivo. Este criterio fue adoptado por la OIT cuando la situación normal en los países industrializados era el empleo estable a tiempo completo y la preocupación principal era medir el paro en tanto que situación extrema de falta absoluta de trabajo. Dadas las transformaciones que ha conocido el mercado de trabajo durante las últimas décadas, entendemos que dicho criterio debe ser revisado. Por otra parte, implícitamente se consideraba que la familia típica estaba constituida por individuos que desempeñaban roles sociales perfectamente definidos: preactivos (jóvenes estudiantes y sólo estudiantes), postactivos (jubilados y sólo jubilados), amas de casa (inactivas dedicadas a sus labores y sólo a sus labores) y cabezas de familia activos de los que dependían económicamente todos los demás (hombres adultos ocupados a tiempo completo o intentando serlo). Este tipo de familia, que se ha dado en llamar fordista, nunca estuvo tan extendido como en algún momento se ha creído [Carnoy, 2001], pero en todo caso entra en crisis cuando a mediados de los años setenta llega a su fin la época del pleno empleo, la educación postobligatoria y aun superior queda al alcance de las clases populares (con lo que la entrada en el mercado de trabajo se atrasa y complejiza), las mujeres adultas pretenden acceder al trabajo remunerado [Young, 2002] y los hombres maduros son expulsados del empleo mucho antes de la edad de jubilación. Con la eclosión del paro masivo, los perfiles de aquellos roles se difuminan y comienzan a florecer figuras híbridas, al tiempo que se desarrolla una franja intermedia entre quienes están ocupados a tiempo completo y quienes están absolutamente en paro: los subempleados –con sus dificultades de medición y sus correspondientes implicaciones en la estimación del desempleo [Bell y Blanchflower, 2013]–, que desde principios del siglo en curso comienzan a ser contemplados en las encuestas.

De acuerdo con los criterios de la OIT, existe subempleo cuando la ocupación de una persona, teniendo en cuenta su cualificación profesional, es inadecuada respecto a determinadas normas o respecto a otra ocupación posible. Se distingue entre subempleo invisible y subempleo visible. Según el INE, el primero es un concepto analítico que refleja una mala distribución de los recursos laborales o un desequilibrio fundamental entre éstos y otros factores de producción. Son síntomas característicos de esta situación el bajo nivel de ingresos, el aprovechamiento insuficiente de la cualificación del trabajador y la baja productividad [Budría y Moro-Egido, 2014]. Pero en la práctica la medición del subempleo se limita al visible, entendiendo como tal la situación en que se encuentran todas aquellas personas que, durante la semana de referencia, trabajan involuntariamente menos de lo que es normal en la actividad correspondiente y buscan o están disponibles para un trabajo adicional. En términos operativos, la EPA define como subempleados a todos aquellos ocupados –por cuenta propia o ajena– que trabajan a tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa y están buscando otro empleo, o bien que están afectados por un expediente de regulación de empleo, con suspensión o con reducción de jornada, han trabajado menos de cuarenta horas durante la semana de referencia y buscan otro empleo. Discusiones sobre la manera de entender la voluntariedad al margen, creemos que hay buenas razones para redefinir al menos a una parte de todos estos subempleados como parados. Algo parecido ocurre con la distinción que hace la EPA entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. La base para esta clasificación es la propia declaración del entrevistado, si bien con los límites de que no puede ser considerado trabajo a tiempo parcial el que sobrepasa habitualmente las treinta y cinco horas semanales, ni trabajo a tiempo completo el que no llegue a las treinta.

Búsqueda de empleo y paro

En relación con la condición de búsqueda activa de empleo aparecen tres problemas: el método que se utiliza, la intensidad con que se hace y la amplitud de la misma, es decir, el tipo de empleo y condiciones de trabajo a los que se limita la búsqueda. Por lo que se refiere al método, la EPA –de acuerdo con los criterios internacionales– es bastante flexible, ya que acepta cualquier sistema, desde el más formal (inscribirse en una oficina pública de empleo) hasta el más informal (consultar anuncios, interesar a familiares o conocidos). La única limitación al respecto es que el entrevistado debe ser capaz de mencionar cuando menos uno de los procedimientos que haya utilizado en su búsqueda de empleo. En cuanto a la intensidad (al menos una acción de búsqueda durante las cuatro semanas anteriores), el criterio de la EPA puede calificarse igualmente como más bien flexible. De hecho, quien sólo busque pasándose una vez al mes por la oficina de empleo a interesarse por lo suyo, puede despertar en más de uno dudas razonables sobre su verdadera condición. Finalmente, en relación con la amplitud, la actitud de búsqueda se considera compatible con el mantenimiento de ciertas exigencias en cuanto al empleo que se pretende conseguir, de manera que un parado no deja de serlo porque haya rechazado algunas ofertas. A nadie se le ocurriría negar la condición de parado a un médico que, pretendiendo ejercer su profesión, rechazase ocupar una vacante de administrativo. En el mismo sentido, puede considerarse razonable la actitud del joven licenciado que se resiste a aceptar trabajos descualificados; o la del ama de casa que sólo busca empleo cerca de su domicilio. Sin embargo, hay muchos casos, en particular cuando se está cubierto por la prestación, en los que reducir excesivamente la amplitud de la búsqueda puede asimismo alimentar sospechas sobre la verdadera condición del parado. Por ello, el punto en que acaba la actitud de búsqueda activa de trabajo (y por tanto la posición de paro) y comienza la situación de inactividad, es desde siempre objeto de polémica. En todo caso debe tenerse presente que, desde que a finales del siglo XIX se comenzó a conceptualizar el paro, nunca se ha exigido amplitud absoluta para definir como tal a una persona sin trabajo [Keyssar, 1986].

En la EPA actual a las personas sin trabajo y que no buscan empleo se les pregunta si hubieran querido tener uno durante las cuatro semanas anteriores y, en todo caso, el motivo principal por el que no lo han buscado. Entre las posibilidades de respuesta interesa destacar dos: 1) cree que no lo va a encontrar, 2) tiene que hacerse cargo de niños o adultos enfermos, discapacitados o mayores (la pregunta concreta es si el motivo de no haber buscado empleo es porque no hay servicios adecuados –o son demasiado costosos– para atender estas situaciones, lo que permite plantearse cuestiones relevantes relacionadas con la política de familia y el gasto social). Quienes no buscan porque creen que no lo van a encontrar estando disponibles para el empleo son los llamados desanimados, que la EPA clasifica entre los activos potenciales (inactivos). No es difícil defender que al menos una parte de ellos así como algunos de los no disponibles podrían ser contabilizados como parados.

Tradicionalmente en la EPA se ha incluido entre los parados a aquellas personas que, cumpliendo los demás requisitos, estuvieran inscritas en una oficina pública de empleo aun sin haber estado en contacto con ella ni utilizado ningún otro sistema de búsqueda durante las cuatro semanas anteriores a la realización de la entrevista. Se procedía así porque el antiguo INEM mantiene viva la inscripción como demandante de empleo durante tres meses y (presumiblemente) porque el INE sabe que la intervención administrativa en la realidad forma parte de ella y contribuye a moldearla. Así pues, y a nuestro juicio con buen criterio, el INE flexibilizaba el requisito relativo a la intensidad ampliándolo hasta tres meses y considerando buscador activo de trabajo a quien, en otro caso, habría sido clasificado como inactivo. A partir del primer trimestre de 2002, la entrada en vigor del Reglamento 1897/2000 de la Comisión Europea ha impedido la continuidad de esta práctica y obligado a modificar la definición operativa de búsqueda activa de trabajo. Desde esa fecha, la persona sin trabajo y disponible que sólo utilice como sistema de búsqueda la oficina pública de empleo, para ser integrada en el paro estimado tendrá que haber estado en contacto con dicha oficina y a ese fin (no, por ejemplo, para informarse sobre cursos de formación) al menos una vez en las cuatro semanas anteriores a la realización de la entrevista. El objetivo de esta norma no es otro que el de seguir impulsando la homogeneización de las estadísticas confeccionadas por los diferentes Estados miembros. Objetivo comprensible, pero que si no va acompañado de actuaciones similares en el ámbito de los correspondientes servicios públicos de empleo, puede alcanzarse al precio de convertir la encuesta en una especie de lecho de Procusto al que deben adaptarse los diferentes contextos socioeconómicos y administrativos nacionales.

Como en otras ocasiones, el cambio metodológico provocó reacciones encontradas en el ámbito sociopolítico, pues algunos se temían que en el caso español provocaría una reducción artificial de las cifras de paro. De hecho es lo que ha ocurrido. Al aplicar el nuevo sistema de cálculo a la EPA del cuarto trimestre de 2001, el paro cayó en casi un 20% (463.000 efectivos) y la tasa se redujo en 2,3 puntos [Pérez Infante, 2006: 114-115]. Pero al final se impuso la óptica de EUROSTAT. Los niveles históricamente bajos de paro estimado alcanzados desde entonces hasta el estallido de la crisis tienen que ver también con este hecho, y no sólo con el fuerte crecimiento del empleo que conoció la economía española durante aquellos años.

Las objeciones a las definiciones de empleo, paro e inactividad en cuestión no son nuevas. En realidad surgieron poco tiempo después de que se formularan y comenzaran a utilizarse, primero a partir de 1940 en Estados Unidos en el Current Population Survey (equivalente a la EPA), y después en cada vez más países. De hecho han sido objeto de discusión en diversas ocasiones, en particular a partir de la crisis de los años setenta, cuando el paro reaparece como problema [Shiskin, 1976; Mouly, 1977]. Por razones que no hace falta explicitar, el debate tuvo especial intensidad en la España de la época [Leguina, 1977; Denti, 1979; De Miguel, 1981]. Cabe pensar que si no han sido retocadas en alguna de las conferencias de estadísticos del Trabajo que se celebran periódicamente en la OIT es porque no se ha conseguido alcanzar un acuerdo sobre las posibles alternativas. Habrá quien defienda que el criterio de búsqueda es demasiado restrictivo y que debería ser suficiente con que una persona expresara su deseo de trabajar para definirla como parada; otros sostendrán que entre el trabajo decente y el desempleo absoluto la distancia es demasiado larga, y que algunos infraocupados deberían asimismo ser redefinidos como parados. Sea como sea no es fácil argumentar a favor de seguir excluyendo a ciertos colectivos del paro estimado. Sin modificar las definiciones oficiales ni su operativización técnica, lo que sí podría hacerse en aquellos países como España donde hay una gran diferencia entre la población ocupada y la que está en edad de trabajar es calcular y publicar varias tasas de paro, como se hace en Estados Unidos desde mediados de los años setenta. Por ejemplo allí, en 2007, mientras la tasa de paro convencional (U-3) era del 4,6%, la U-4 (incluyendo a unos desanimados no definidos como los de la EPA) ascendía al 4,9; y la U-6, que incorpora además a colectivos como algunos subempleados y quienes no pueden trabajar porque tienen niños a su cargo, se situaba en el 8,3% [Haugen, 2008].

El paro registrado

El concepto de paro registrado que se utiliza en España ha sido también objeto de diversas consideraciones críticas [Durán y Hernando, 2000; Pérez Infante, 2000; Giráldez, 2001]. El antiguo INEM elabora sus estadísticas de paro a partir del registro continuo de demandantes de empleo inscritos en sus oficinas; de manera que el paro registrado puede definirse, en principio, como el conjunto de personas no ocupadas que permanecen inscritas en este servicio público como demandantes de empleo el último día de cada mes. A los efectos que nos interesan este tipo de paro presenta tres inconvenientes. En primer lugar, lógicamente no puede contemplar a quienes no utilizan estas oficinas para buscar empleo. La inscripción no siempre es obligatoria. En particular, los que buscan primer empleo y los que no tienen derecho a prestación contributiva o asistencial lo harán o no en función de la confianza que depositen en el servicio público como agencia de colocación. Quien no lo haga y cumpla los criterios de la EPA formará parte del paro estimado pero no del registrado (pero también puede ocurrir lo contrario, por ejemplo cuando un inactivo EPA se inscriba como demandante de empleo para acceder a determinados beneficios). En segundo lugar, como un ocupado también puede buscar otro empleo, la lista de demandantes tiene que ser depurada de las personas que se encuentran en esta situación. Así se hace, cruzándola con los ficheros de afiliación (altas y bajas) a la Seguridad Social. Obviamente, quienes están ocupados en condiciones de economía sumergida salvan este filtro, con lo que una persona que a efectos EPA está ocupada puede estar a la vez registrada como parada (en particular si está cobrando por desempleo). A este respecto puede objetarse que quien trabaja en negro puede tener buenas razones para enmascarar su situación ante la EPA. Es posible, pero debe recordarse que lo que se pregunta es si se trabajó aunque sólo fuera durante una hora, no bajo qué circunstancias contractuales. En cualquier caso, dentro de su lógica la EPA es muy fiable y no parece que el efecto ocultación tenga consecuencias relevantes sobre los parámetros estimados del mercado de trabajo. Sí es relevante, por el contrario, la cuestión de cómo definir sociológicamente el heterogéneo colectivo de ocupados en negro [Sanchis, 2005].

Pero el defecto más grave del concepto de paro registrado es que deja fuera a un buen número de demandantes de empleo no ocupados. Los requisitos que se exigen para definir a una persona no ocupada como parada fueron establecidos en 1985 por Orden del Ministerio de Trabajo y tienen poco que ver con los de la EPA. Los criterios de exclusión más cuestionables son los siguientes: 1) todos los mayores de 65 años, 2) menores de esa edad que cobren por jubilación, 3) estudiantes de enseñanza reglada menores de 25 años (o mayores demandantes de primer empleo), 4) alumnos de formación ocupacional demandantes de primer empleo que superen las veinte horas lectivas a la semana y tengan beca de manutención, 5) beneficiarios de prestaciones por desempleo que participen en trabajos de colaboración social, 6) personas que demandan sólo un empleo de ciertas características (a domicilio, para menos de tres meses o de jornada inferior a veinte horas semanales), y 7) trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo.

Desde 1988 se excluye también a los demandantes que rechacen acciones de inserción laboral consideradas adecuadas a sus características. Además, sin que se sepa muy bien por qué, parece que nunca se ha incluido a quienes teniendo un contrato laboral fijo discontinuo se encuentran en el periodo de inactividad. Además, hasta 2005 los extranjeros quedaban fuera del paro registrado.

No debe extrañar pues que el paro estimado sea mayor, a veces mucho mayor, que el registrado, dado que el concepto que se utiliza en este último caso es claramente más restrictivo. A pesar de ello hay que insistir en que es posible que una persona definida como inactiva en la EPA esté incluida en la estadística de paro registrado, como es el caso de quien teniendo viva su inscripción no ha pasado por la oficina durante el último mes y no utiliza otro método de búsqueda, o del prejubilado que todavía cobra la prestación por desempleo pero ya ha renunciado a volver al trabajo.

El parado en el imaginario social

El concepto de parado no remite sólo a una situación reconocida formalmente, sino también a una condición social definida a partir de la propia experiencia y de los sentimientos que se generan en torno a la persona en paro. Es importante tener en cuenta la idea de parado dominante en el imaginario colectivo en un momento dado porque de ella deriva su percepción como problema social y, en consecuencia, la obligación por parte del Estado de hacerle frente.

De acuerdo con Accornero y Carmignani [1986] puede afirmarse que la representación social del parado se basa en una condición necesaria (la falta de trabajo) y dos suficientes: la necesidad objetiva de ese trabajo y la voluntad subjetiva de aceptarlo. Así pues, la definición social del parado implica, en primer lugar, un juicio sobre la legitimidad de la demanda de un bien escaso como es el trabajo (a mayor necesidad, mayor legitimidad); y en segundo lugar un juicio sobre la responsabilidad que corresponde a quien está en desempleo: a menor voluntad de aceptar un empleo, menor obligación por parte de la sociedad de ocuparse del parado. Dicho en otras palabras, en el ámbito de las representaciones sociales el auténtico parado es quien busca persistentemente trabajo por todos los medios a su alcance (incluyendo la inscripción en la oficina de empleo), necesita urgentemente los ingresos derivados de ese trabajo (y mientras no lo tenga tendrá que recurrir a algún tipo de ayuda privada o institucional), y está dispuesto a aceptar lo primero que le ofrezcan para escapar del paro. Es el obrero con familia a cargo que ha perdido su empleo quien mejor ejemplifica todavía la representación social del parado.

En la medida en que quien no tenga trabajo se aleje de este estereotipo comenzarán a aparecer las sospechas sobre su verdadera condición; sospechas que se trasladarán inmediatamente a la discusión sobre las auténticas causas del paro y los remedios más efectivos para hacerle frente. Forzando un tanto los términos podríamos decir que lo que estimula la discusión es la confrontación entre dos representaciones extremas del paro que son un trasunto de las que ha tenido tradicionalmente la pobreza: algo que sufren algunas personas que necesitan nuestra ayuda para superarlo o paliar sus consecuencias (el parado como víctima); o bien, situación que de alguna manera se han buscado algunos individuos, en la que están instalados más o menos cómodamente, de la que pueden salir en cuanto se lo propongan, y que en todo caso no son merecedores de nuestra ayuda (el parado como culpable). Fenómenos como el llamado desempleo paradójico [D’Iribarne, 1990], es decir, la coexistencia de paro entre autóctonos y la necesidad de recurrir a la inmigración en algunos sectores de actividad, no hacen sino reforzar la sospecha de que el verdadero problema de muchos parados es que en realidad no quieren trabajar.

En términos lógicamente mucho más sofisticados, esta dialéctica víctimas-culpables que atraviesa las representaciones sociales del paro está también presente en la controversia científica acerca de la manera más adecuada de proteger a los parados, esto es, sin estimular las conductas inadecuadas [Suárez, 2006]. Desde el punto de vista económico el objeto de análisis suele ser la relación entre el nivel y duración de las prestaciones por desempleo y el del paro. En general se acepta que el dispositivo de protección alarga moderadamente la permanencia en el paro, permitiendo que el parado sea más selectivo en su búsqueda de empleo. Difícilmente podría ser de otra manera. Ahora bien, de ahí a acabar sugiriendo que el recorte de prestaciones sea un procedimiento eficaz para evitar sus reales o supuestos efectos perversos y reducir significativamente el paro, hay un paso demasiado largo que muchos estudiosos del tema nunca han dado. Unos señalan que el desempleo estructural masivo (el que no tiene nada que ver con la conducta de los parados) nunca se reducirá por esta vía; otros afirman que una eventual caída del paro de larga duración puede verse acompañada de un aumento del paro recurrente generado por la peor calidad del empleo conseguido, mostrándose muy prudentes a la hora de proponer políticas [Sanchis, 2003; Krueger y Mueller, 2010]. Pero el hecho es que todas estas cautelas tienden a desaparecer en el camino que va del debate científico al político, donde no son pocas las intervenciones que magnifican una imagen del parado como aprovechado que al final cala en la opinión pública. Así, mientras la ciudadanía suele oponerse en bloque a los recortes en sanidad, educación o pensiones, ante las políticas de mercado de trabajo tiende a mostrarse dubitativa. Conscientes de ello, desde los años ochenta en las sociedades postindustriales los Gobiernos han sido más proclives a complicar la vida de los parados endureciendo los requisitos de acceso y permanencia en los dispositivos de protección que a tocar otras instituciones del Estado de bienestar, pues sospechan que el coste político es menor. A veces, antes de proceder preparan a la opinión pública mediante campañas que enfatizan los abusos de algunos parados [Del Pino y Ramos, 2013]. En consecuencia, la maniobra de descargar el coste social del paro sobre quienes lo sufren queda legitimada ante la ciudadanía.

A falta de evidencia empírica, quizá no sea descabellado suponer que la imagen tradicional del parado en la sociedad española es más coherente con la de víctima que con la de culpable, aunque el tema de la economía sumergida tiende a empañarla. El peso de la cultura católica frente a la protestante (más propensa a identificar conductas individuales inadecuadas), el recuerdo de las migraciones masivas de los años sesenta huyendo del hambre y del desempleo, y aun de la Gran Depresión de los treinta, aquí mezclado con las convulsiones de la Segunda República y la Guerra Civil, pueden haber contribuido a definir socialmente al parado como una persona (en particular un cabeza de familia) víctima de las circunstancias que necesita imperiosamente trabajo (o ayuda mientras lo busca) para poder salir adelante. Ahora bien, el cliché que asocia fuertemente el paro a la pobreza absoluta, a la condición obrera y, por ende, al conflicto social, cuando se contrasta con la realidad del desempleo a partir de los años ochenta, puede estar contribuyendo asimismo a que gane credibilidad la imagen del parado como pícaro que se las sabe todas para vivir a costa de los demás, una imagen no por minoritaria menos presente en nuestra tradición.

En la España postindustrial el paro ha dejado de ser algo que ocurre sólo a los trabajadores manuales. Hoy en día son muy pocas las categorías ocupacionales a salvo del desempleo, si bien la probabilidad de experimentarlo no es la misma en cada caso. A pesar de que la pobreza severa se ha desarrollado con fuerza durante la crisis de estos años, cuyo coste social es enorme, la gran mayoría de los parados no caen en ella, y el coste político del paro de momento sigue siendo relativamente bajo (desafección). Al menos es mucho menor que el que se pagaba antes de la Gran Depresión de los años treinta, cuando el primer problema interno de todo Gobierno era mantener el orden público frente a una clase obrera cada vez más fuerte y organizada siempre a punto de la insurrección. Todo ello hace que la ciudadanía contemple el paro masivo con mucha preocupación pero también algo de escepticismo. Quienes sostienen –a veces inspirándose en las reflexiones poco meditadas de algunos científicos sociales en los medios de comunicación a propósito de la economía sumergida– que si hubiera tanto paro como el que señalan las estadísticas el tejido social reventaría, olvidan que los dispositivos de protección del desempleo (insuficientes pero de un coste cercano a los 30.000 millones de euros anuales desde que comenzó la crisis), y las redes solidarias de unas unidades familiares mucho más solventes que no hace tanto tiempo (cierto que con dificultades crecientes), están impidiendo que en gran número de casos el desempleo conduzca a una privación insoportable de recursos económicos. Además, como veremos en su momento, la percepción de que en realidad hay mucho falso parado y un fraude significativo a los dispositivos de protección del desempleo es errónea. Vincular mentalmente desempleo y pobreza no deja de tener su lógica, pero en realidad es una operación tan cuestionable como la de emparejar ocupación con riqueza. En la España de hoy la relación entre paro y pobreza es cuando menos ambigua [Carabaña y Salido, 2010; Gutiérrez y García Espejo, 2010]. En cambio, España es uno de los países de la UE con un nivel más alto de trabajadores ocupados bajo el umbral de la pobreza, colectivo que no ha dejado de crecer desde que estalló la crisis [Aragón y otros, 2012]. No se pretende con esto minusvalorar la gravedad del problema del paro, pero sí evitar confundirlo con otros con los que estuvo fuertemente asociado en otro tiempo. Paro y miseria ya no son sinónimos

El paro sociológico

Como ya se ha dicho, la investigación de la que deriva este libro pretende comprender qué significa estar en paro y qué consecuencias tiene para las personas que lo experimentan. Por tanto hay que partir de una definición de parado que permita identificar a los interlocutores adecuados. Esa definición no tiene por qué ser mejor que otras y no se postula como más próxima al paro «real», entre otras razones porque tal paro no existe. Mejor dicho, hay tantos «paros reales» como definiciones demos del mismo. Tan real es el paro estimado como el registrado, el popular o nuestro paro sociológico. La única forma de no quedar enredado en este tipo de polémicas es comenzar explicitando cuál es el problema que preocupa, formular las correspondientes hipótesis interpretativas y, a partir de ahí, establecer las categorías teóricas y operativas que van a utilizarse para abordarlo [Reyneri, 1996: 39-40]. Pues bien, a los efectos que aquí interesan ni el concepto de paro registrado ni el de estimado nos sirven, porque dejan fuera a demasiada gente. No contemplan a personas a las que cualquier ciudadano, utilizando algunos de los elementos con que se construye la definición social de parado, identificaría como tales a pesar de que no estén disponibles en dos semanas, a pesar de que no hayan buscado durante las cuatro semanas anteriores, de que no estén inscritas en la oficina de empleo, aun a pesar de que estén infraocupadas. Personas que aspiran a tener un empleo «de verdad», de esos que permiten obtener unos ingresos por encima del umbral de pobreza y cotizar a la Seguridad Social; personas que no conciben su futuro al margen de un empleo de ese tipo. En consecuencia, sostenemos que hay dos tipos de paro sociológico formalmente oculto: el constituido por todos los inactivos desanimados y el constituido por una parte de los subempleados clasificados estadísticamente como ocupados. A estos dos tipos se les puede agregar un tercero que estaría formado por una parte de los jóvenes que vamos a llamar nininis, jóvenes que ni estudian ni trabajan ni buscan empleo y que son clasificados estadísticamente como inactivos.

Lo que la sociedad espera hoy de los jóvenes cuando acaban la etapa educativa obligatoria, distinguiendo apenas entre ellos y ellas, es que estén ya ganándose la vida o que sigan preparándose para hacerlo en un empleo mejor tras completar estudios adicionales. En relación con esas expectativas, de un tiempo a esta parte preocupa el problema de los ninis, término acuñado a finales de los años ochenta en el Reino Unido (neets) y que hoy se utiliza en la UE para designar a aquellos jóvenes (15-29 años) que, independientemente de su nivel educativo, ni están ocupados ni integrados en los dispositivos formales de educación o formación. En 2011 esta situación afectaba a catorce millones de europeos [Eurofound, 2012], y su tratamiento en las EPA es objeto de discusión [Dietrich, 2013]. Una situación que preocupa porque, consecuencias económicas al margen, se considera que puede acabar debilitando el vínculo social, empujando a muchos ninis hacia lo que Castel ha llamado desafiliación.

Ahora bien, desde este punto de vista el concepto de nini es poco útil, por no decir absolutamente inadecuado. Al no discriminar por niveles educativos ni edad reduce a una misma categoría situaciones muy dispares. La gran mayoría de los ninis están buscando empleo, intentan integrarse en la sociedad por la vía del trabajo. Entre los 25 y 29 años hay gente con una o dos titulaciones universitarias que piensa con razón que ya está suficientemente formada y que ahora lo que toca es buscar trabajo. Por tanto en principio no tendría por qué ponerse en duda que son ciudadanos tan cabales como los adultos en su misma situación. En cambio los nininis, en particular quienes abandonan demasiado pronto el sistema educativo, podrían ser un subproducto del paro juvenil, que estaría generando una categoría de personas incapaces de construirse una identidad que dé sentido a sus vidas. Este es el problema verdaderamente preocupante.

Operativizar el concepto de paro sociológico para aplicarlo a los microdatos de la EPA y saber de cuánta gente estamos hablando no plantea dificultades insuperables. Con el primer tipo no hay ningún problema, está perfectamente identificado en la encuesta y el mismo INE se ha ocupado de él en alguna ocasión. Entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2014 los inactivos desanimados pasaron de 398.800 a 483.600 efectivos [INE, 2014]. El desánimo afecta más a las mujeres, a las personas con niveles educativos más bajos (hasta ESO), a quienes tienen más de 44 años y a los que llevan más tiempo en paro. Carles Simó y Juan Antonio Carbonell, utilizando EPA enlazadas, han seguido la trayectoria de los parados de larga duración (al menos un año en paro) entre el primer trimestre de 2006 y el tercero de 2011. En torno al 14% de quienes se encuentran en esta situación seis trimestres después se convierten en desanimados. Por lo que se refiere al segundo tipo (subempleados), podemos considerar en paro sociológico a todos aquellos que sólo han trabajado hasta 10 horas durante la semana y están buscando otro empleo para poder trabajar más tiempo. Un supuesto más bien restrictivo. En cuanto a los nininis –aplicando este concepto sólo a los que tienen entre 16 y 24 años y dejando al margen los desanimados para no contarlos dos veces–, podemos redefinirlos como parados sociológicos o mantenerlos como inactivos en función del motivo por el que no buscan empleo. Todo esto ya lo hemos hecho en otra ocasión [Sanchis y Simó, 2014] operando con los microdatos correspondientes al cuarto trimestre de 2011. En el cuadro I están resumidos los resultados.

Cuadro I.

Paro estimado y paro sociológico (4º trimestre 2011)

Paro estimado	5.273.600
Paro sociológico	808.574
Trabajadores desanimados	391.867
Infraocupados	320.325
Algunos nininis	96.382
Paro estimado + paro sociológico	6.082.174
Tasa de paro EPA	22,85%
Tasa de paro sociológico	25,80%

Fuente: EPA, IV-2011 (elaboración propia).

Los tres tipos de paro sociológico ascienden a un total de 808.574 efectivos. Los 320.325 infraocupados que quieren trabajar más son el 59% de los 542.148 ocupados que sólo lo han hecho durante un máximo de 10 horas en toda la semana. Sobre un total de 197.129 nininis (el 8,20% de los jóvenes inactivos) hemos considerado en paro sociológico a 96.382. El motivo que aduce la gran mayoría de éstos (76.636) para no buscar empleo es que tienen que hacerse cargo del cuidado de personas dependientes o de otras responsabilidades familiares o personales. Es muy significativo que 58.120 de esos 76.636 nininis sean mujeres. Teniendo en cuenta que la mayoría de ellas son solteras, cabe suponer que esas funciones se ejercen casi exclusivamente en la familia de origen. Como además el rol tradicional de mujer apenas encuentra ya defensores entre los jóvenes, todo induce a pensar que estamos ante una de las consecuencias del bajísimo gasto social en política familiar [Navarro, 2009], que obliga a la hija a ayudar a la madre o hacer de ama de casa vicaria. Un factor de tipo estructural que refuerza nuestra opción por redefinir estos nininis como parados sociológicos. Porque si el gasto público social estuviera en la media de la UE-15 buena parte de estos nininis y muchas más mujeres adultas podrían estar trabajando a cambio de una remuneración o al menos buscando empleo.

Conclusión: Las definiciones oficiales excluyen a colectivos susceptibles de ser considerados como parados, lo que sugiere la pertinencia de utilizar otras –no alternativas pero sí complementarias– que permitan hacerse una idea más ajustada de la situación del mercado de trabajo. Los distintos conceptos de paro que se utilizan en Estados Unidos contemplando colectivos similares a los que aquí hemos considerado en paro sociológico son un buen ejemplo en el que inspirarse. En todo caso, si la ciudadanía considerada fundamentada la argumentación aquí desarrollada, debe aceptar sin reservas que la EPA no cuenta más parados de los que hay. Frente a un paro estimado de 5.273.600 efectivos en el cuarto trimestre de 2011, nuestra recalculación da como resultado que, «en realidad», en esa fecha había 6.082.174 parados. Dicho en otras palabras, el paro estimado se habría incrementado en un 15,33% y la tasa de paro habría subido casi tres puntos. Aplicando ese 15,33% al paro estimado en el primer trimestre de 2013 (6.202.700 personas), la cifra de paro «real» ascendería a 7.153.574. El lector interesado puede repetir el ejercicio con los últimos datos a su disposición.