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Capítulo I

Prevención y teorías criminológicas

Franz Vanderschueren

Resumen

Este artículo analiza la relación entre teorías criminológicas y prevención partiendo de dos supuestos. Por una parte, que todas las prácticas y políticas de prevención se basan sobre postulados teóricos implícitos, y por otra que es necesario para comprender los efectos de una política de prevención entender el alcance de las teorías que la sustentan y llegar a las causalidades. Se inicia con un análisis de las diversas definiciones de la prevención reconociendo los límites de las categorías analíticas de prevención primaria, secundaria y terciaria que derivan de los enfoques de la salud pública. Se abordan después las teorías criminológicas, proponiendo asumir el enfoque del criminólogo Jean Pinatel que distingue tres tipos de teorías. Aquellas de la criminalidad que permiten realizar solo correlaciones válidas entre uno o múltiples variables explicativas y tasas de delincuencia en el mediano y largo plazo, aquellas del crimen que apuntan al contexto ambiental criminógeno y, por lo tanto, en materia de prevención, priorizan solo la disuasión, y finalmente las variadas teorías de la delincuencia o del delincuente que pretenden explicar la comisión de delitos y llegar a la “caja negra de la causalidad”. Los postulados filosóficos contradictorios y los enfoques distintos que adoptan estas últimas teorías imposibilitan una matriz explicativa única. Pero, estudios recientes muestran que se puede llegar a vincular causalidad y prevención a tres condiciones: contextualizando las explicaciones, reconstruyendo el sendero de las causalidades en cada caso y aceptando la heterogeneidad de los efectos preventivos.

Introducción

Este artículo aborda la relación entre prevención y teorías criminológicas. La importancia de esta relación deriva del hecho que “cada política o acción dirigida al delito está basada sobre una teoría o teorías subyacentes” (Akers, 2012: 2). Por ende, difícilmente se puede explicar el éxito o fracaso de una política de prevención sin recurrir a la teoría que debería esclarecer las causas del delito, de la violencia o de las conductas de riesgo. Aunque hoy día la criminología esté lejos de poder responder a todas las preguntas sobre el porqué de los delitos y de la violencia, sin embargo, son siempre más fuertes las exigencias de vincular la investigación con las políticas públicas en la materia. El surgimiento en los últimos años de la “criminología traslacional” (Laub, 2012; Sampson, 2013) que busca vincular causas con los fenómenos sociales que generan, evidencia la relevancia de esta demanda entre investigadores.

Prevención y teorías criminológicas tienen alcances distintos. Mientras las teorías apuntan al conocimiento procurando una “explicación plausible de la realidad” que “cumple las funciones de identificar, describir, explicar, predecir y controlar problemas que aparecen en comportamientos humanos o desviados o criminales” (Anderson, 2015: 509), la prevención elabora e implementa políticas o medidas dirigidas a neutralizar o corregir las factores o causas de la delincuencia o a estimular la resiliencia. Pero la prevención no garantiza resultados seguros sino solo probabilidades de éxito porque en el campo social las intervenciones generan solo consecuencias probables. Por lo tanto, la pregunta relevante es ¿hasta qué punto la referencia a teorías puede contribuir a aumentar la probabilidad de una prevención exitosa?

Para responder, conviene clarificar las concepciones de la prevención para después abordar la temática de las teorías criminológicas y su aporte tratando de mostrar algunas pistas para realizar este vínculo entre teoría y práctica.

Las prevenciones

La prevención es un concepto que carece de sentido unívoco. Dos orientaciones dividen a los criminólogos. La primera asume que toda acción que apunta a evitar el crimen es prevención (Sherman, 1997), por lo tanto, incluye en la acción preventiva las acciones del Sistema de Justicia Criminal (SJC) como también las iniciativas preventivas del Estado o de la sociedad civil que tratan de impedir las conductas delictuales o de evitar la reincidencia.

La segunda concepción de la prevención compartida por muchos criminólogos (Lab, 2004; Crawford, 2007; Schneider, 2015; Van Dijk, 1991), circunscribe la prevención “a toda acción que busca evitar el surgimiento de la actividad delictual en las personas o la ocurrencia de hechos criminales en determinado lugar” (Tolan, 2002: 109). El carácter proactivo y flexible de esta concepción de la prevención excluye las acciones procesales o legales basadas en sanciones. La prevención…

…evita el enfoque uniforme del sistema del SJC, que generalmente se basa en un mismo conjunto de estrategias en la lucha contra la delincuencia (detener, enjuiciar y castigar); al contrario, la prevención de la delincuencia pone énfasis en un enfoque analítico orientado a la resolución de problemas que subraya la flexibilidad en la aplicación de soluciones que son individualizadas para circunstancias específicas y, en general, evita la judicialización (Schneider, 2015: 28).

Lo que separa también esta concepción de la prevención de las intervenciones del SJC es su carácter proactivo que valoriza la responsabilización ciudadana y el control social informal mientras el SJC se apoya principalmente sobre la acción estatal. También se interesa en el potencial victimario y las víctimas, mientras el SJC se centra solo sobre el victimario; además, la prevención hace referencia a teorías criminológicas y extiende la actividad preventiva al miedo, incivilidades y desorden (Schneider, 2015). Finalmente, una diferencia básica entre ambos enfoques, evidenciada por Greenwood (2006: 12-13), es el hecho que mientras el SJC apunta a la mantención del orden y por ende al control de los individuos, la prevención busca la formación de ciudadanos responsables en todos los aspectos. Por estos motivos, este artículo se centra en la prevención externa al SJC, porque adopta la perspectiva que busca implícitamente una relación con la teoría y no solo la disuasión o la mantención del orden.

Si la distinción entre prevención del SJC y las practicas alejadas del sistema penal es clara, las clasificaciones de los tipos de prevención son bastante genéricas y polémicas (Tenca y Méndez, 2018). Las categorías clásicas de prevención primaria, secundaria y terciaria, adoptadas en Chile como lo muestra el artículo de Guajardo en este libro, derivan de los enfoques de salud pública e indican los niveles de vulnerabilidades de los beneficiarios. Otras categorizaciones han surgido: como la de Farrington (Tonry y Farrington, 1995) que distingue cuatro categorías: prevención penal, comunitaria, intervención dirigida a infancia y juventud y prevención situacional. También aquella de Schneider (2015) que abarca los siguientes campos de intervención.

 Primero la prevención social que busca evitar el surgimiento de comportamientos criminales y conductas de riesgo y está dirigida a las causas de fondo de estas manifestaciones, particularmente entre los niños, niñas y jóvenes. Esta prevención tiene cuatro grandes áreas de intervención. La primera es el fortalecimiento de las instituciones básicas de socialización como lo hace por ejemplo la llamada “terapia multisistémica”1 y la metodología del “Programa de Parentalidad Positiva” (PPP)2 aplicadas en Chile; la segunda las políticas sociales y urbanas incluyentes; la tercera abarca las intervenciones que fortalecen y empoderan a los sectores sociales desfavorecidos como por ejemplo el programa “Quiero mi barrio”. Finalmente, las medidas focalizadas sobre los niños, jóvenes y adultos en situación de mayor riesgo, lo que equivale a la prevención secundaria.

 La prevención situacional apunta a evitar o disminuir las oportunidades de delinquir a través de la gestión y diseño del entorno urbanístico, físico y humano y el control del espacio, y por ende se centra sobre la interacción entre entorno y comportamiento humano.

 La prevención comunitaria fomenta la eficacia colectiva de las comunidades geográficas o sociales para asegurar un control informal, promover el desarrollo comunitario a través del fortalecimiento del tejido social y la resolución pacífica de los conflictos.

 La prevención de la reincidencia o prevención terciaria se encamina al desistimiento de quienes ya delinquen, actúan violentamente o tienen conductas de riesgo.

 La prevención realizada por policías de proximidad (o comunitario o municipal) para resolver problemas con la comunidad o reducir el daño y mejorar la relación policía-comunidad y así modificar las causas del comportamiento criminal; o por policía y justicia para identificar e impedir comportamientos ilícitos por ejemplo el lavado de dinero o el microtráfico.

A esta clasificación otros autores como T. Børgo (2016) añaden la autorregulación que crea límites normativos y abarca las leyes, normas, reglamentos y protocolos que categorías profesionales o proveedores de servicios adoptan al mismo tiempo que modalidades de sanciones para evitar actos delictuales en el ejercicio de su profesión. Esto se refiere, por ejemplo, a los protocolos médicos o de ingeniería que permiten discernir el delito en la medicina o la construcción y se aplica hoy al campo de los servicios digitales para evitar el cibercrimen.

En síntesis, la clasificación de la prevención que desarrolla la criminología contemporánea responde siempre más a un tipo de enfoque metodológico (o mecanismo de prevención) definido a partir de un objetivo principal que va desde la simple disuasión (prevención situacional) al abordaje de la “caja negra de la causalidad” (Bunge 2004: 186) pasando por la reducción del miedo a la delincuencia. Adoptar este tipo de clasificación facilita la búsqueda de la ligazón e interacción con la búsqueda de las causas de los comportamientos infractores.

Sin embargo, el debate actual sobre las prevenciones muestra que todavía “las políticas de prevención no son un campo coherente y sistemático, sino más bien la suma de iniciativas a las que se les ha atribuido la capacidad de prevenir la delincuencia” (Medina, 2011: 31), lo que refuerza la tesis de autores como Hugues que afirma la imposibilidad de lograr “definiciones esencialistas de un campo que está inexorablemente ligado a los específicos medios y fines normativos y políticos de particulares contextos socio-históricas” (Hughes, 2002: 4).

Estrategias de prevención

Desde el informe de Sherman (1997) las estrategias de prevención tienden a adoptar un enfoque de resolución de problema que busca mecanismos de prevención para modificar factores y conductas de riesgo. Dada la cantidad de delitos en el contexto actual y la dificultad en llegar a las causas, muchas iniciativas preventivas pasaron de la pregunta “¿cuál es la causa o causas del delito o de un tipo de delito?” a la problemática de “verificar si un programa (de prevención) funciona” (Sampson et al., 2013) y si está basado en evidencias.

Sin embargo, la adopción de un mecanismo o estrategia de prevención eficaz supone por una parte un conocimiento de la “caja negra de causalidad” es decir el dominio de los factores causales múltiples que conducen a la situación verificada. Supone también una previsión del impacto de la aplicación de estos mecanismos, de sus posibles efectos colaterales tanto sobre los individuos focalizados como sobre su entorno, y finalmente asume la capacidad de resiliencia de individuos o comunidades frente a la criminalidad o violencia.

A partir del diagnóstico contextual de un problema, por ejemplo el comportamiento violento y delictual de pandilleros en un barrio, y de los factores de riesgo múltiples que lo determinan, se definen mecanismos de prevención y se elabora, en función de los recursos humanos y financieros disponibles, programas con objetivos, metas, calendarios, responsabilidades y modalidades de monitoreo y evaluación. Para esto, se mira en el entorno nacional e internacional el tipo de mecanismos exitosos vigentes, y después de un análisis contextual que muestra su posible aplicabilidad, se elige un mecanismo para adaptarlo a la cultural local y ponerlo en práctica. La evaluación de la validez del enfoque de prevención elegido requiere un doble proceso. Por una parte, se examina la aplicabilidad del modelo “importado” al contexto local. Por otra parte, a partir de referencia(s) teórica(s) se verifica en las etapas del programa (diagnóstico, análisis del contexto, implementación y monitoreo) la validez de los enfoques y resultados a partir de las teorías de referencia como por ejemplo la eficiencia colectiva, el aprendizaje social o la anomia. La referencia a las teorías permite comprobar la validez del enfoque porque no basta que un programa funcione y siga las reglas de funcionamiento planificado, se requiere además saber porqué da resultados o fracasa, es decir, haber sido capaz de identificar la(s) causa(s) del comportamiento delictual.

En resumen, el funcionamiento y el éxito de una política de prevención depende tanto de la validez de sus fundamentos teóricos como de su gestión y de la coherencia de su formulación. En el caso de las intervenciones del SJC tienen un objetivo preventivo solo si apuntan a formas innovadoras de transformación de su propia realidad, como por ejemplo a través de las formas alternativas de justicia, de construcción de paz o de prevención comunitaria ejercida por policía de proximidad con las comunidades. Sin esta perspectiva corren el riesgo de ser simples modalidades de mantención del orden que apuntan a la neutralización de los victimarios.

El aporte de las teorías criminológicas

Las teorías criminológicas abordan dos grandes temas: o bien analizan el funcionamiento del sistema de justicia criminal (SJC) o bien intentan explicar las causas de comportamientos desviados o delictuales. Aquí hacemos referencia a la segunda corriente de teorías multidisciplinarias que desde fines del siglo XIX hasta hoy han tratado de responder a la pregunta de por qué hay crímenes en las sociedades y por ende cómo se puede prevenirlos o mitigar sus efectos.

Como toda teoría en ciencias sociales, las reflexiones criminológicas no se centran sobre los postulados filosóficos que prometen una “sociedad ideal”, sino que cada teoría asume opciones filosóficas implícitas sobre la condición humana. A pesar de su relevancia, el debate sobre estas opciones no es un tema de este artículo.

Si se acepta la multicausalidad de la delincuencia y violencia, se amplía el posible abanico de causas y de teorías de referencia. La comisión de delito puede, en el ejemplo de un robo con violencia cometido por un adolescente, explicarse a partir de las características personales del autor o de su contexto familiar (causas remotas o básicas), de la influencia de los pares o del entorno comunitario violento que genera un ámbito criminógeno, siendo estas dos últimas causas inmediatas o gatillantes. Por ende, la comisión de delito puede hacer referencia a teorías distintas como la del aprendizaje de Akers (2016), o a la teoría del control social (Gottfredson et al., 1990) que asume que la carencia de autocontrol adquirida en la infancia constituye la causa de la comisión de actos antisociales.

Por otra parte, un mismo individuo puede reincidir y las posibles causas de la permanencia en la delincuencia no son necesariamente idénticas a las causas del primer delito. Si en el ejemplo mencionado antes, la disfuncionalidad familiar es el mayor factor explicativo del primer delito, las siguientes infracciones a la ley podrían ser condicionadas por la influencia de los pares u otros factores individuales o colectivos como por ejemplo la existencia de oportunidades como lo afirman las teorías de la prevención situacional.

Finalmente, si se acepta la perspectiva del desarrollo vital (Redondo, 2013), que postula que el impacto de los factores de riesgo debe ser analizado en función de la etapa de vida de cada persona, se debería determinar a qué edad los factores causales actuaron sobre ella. Por ejemplo, abusos en la infancia pueden tener un impacto en los comportamientos en la adolescencia o la adultez. En esta perspectiva, la experiencia de vida de cada cual es única y es marcada por tres factores: la estructura genética, el entorno social y demográfico (familia, pares, amigos, barrio, período histórico, etc.) y los eventos imprevisibles que caracterizan la vida de uno(a)3.

En resumen, las teorías criminológicas explican la probabilidad del impacto de causas que pueden ser múltiples, producirse en edades diferentes y tener manifestaciones inmediatas o remotas de intensidad diversa en función del ciclo vital de cualquier individuo y de su entorno. Esta perspectiva está lejos de la causalidad automática de las ciencias que consideran que un factor causal X genera inevitablemente un efecto Y.

Revisando los escritos recientes de la criminología sobre los temas teóricos y los diversos enfoques de prevención, nos parece necesario clarificar los tipos de teorías en razón de la diversidad de alcance que tienen para las políticas públicas y particularmente la prevención. La distinción propuesta por Pinatel (1963) ofrece un marco lógico útil al proponer tres niveles de análisis teórico: las teorías de la criminalidad, las del crimen y finalmente aquellas de la delincuencia (Ouimet, 2015).

Esta distinción refleja tres niveles de análisis sea sobre el crimen o el delito, sea sobre el comportamiento del delincuente o bien sobre la criminalidad. El análisis del crimen focaliza sobre las causas inmediatas que gatillan la comisión de un delito como un entorno que ofrece oportunidades interesantes o la vulnerabilidad de una víctima. Por ejemplo, la situación de una persona carente de recursos que encuentra dinero perdido por otra conocida y puede tomarlo. A su vez, el estudio del comportamiento criminal busca identificar en la trayectoria individual los factores que han influido en llevarla a la delincuencia como por ejemplo factores familiares, genéticos o la influencia de los pares o del entorno barrial o la combinación de estos factores. En el ejemplo anterior, tratará de explicar porqué el individuo A toma el dinero y el individuo B no lo toma o aun lo restituye a su propietario. Por otra parte, el nivel de análisis de la criminalidad intenta evidenciar a nivel macro los factores que explican las diferencias en el universo de las actividades criminales, por ejemplo, porqué hay una tasa de homicidios superior en México que en Chile, o porqué la tasa de robo o de delitos sexuales es diferente entre dos ciudades o porqué estas tasas varían en el tiempo.

En esta distinción entre los tres niveles de análisis, la utilización de los llamados factores de riesgo, concepto adoptado para indicar el carácter probabilístico de una variable posiblemente explicativa, es aplicable a los tres niveles de análisis, pero como correlación entre variables sabiendo que esta puede ser real o artificial. Por ejemplo, un factor de riesgo como la deserción escolar mostrará a menudo una correlación con la comisión de delito, pero no significa que sea esta la variable explicativa de la comisión de delito. Del mismo modo los niveles de desigualdad o de segregación urbana pueden mostrar una correlación con la tasa de robo sin ser necesariamente la explicación de la comisión de delito (Ouimet, 2015; Fréchette y Leblanc, 1987). Abordamos esta clasificación a continuación.

Las teorías de la criminalidad

La criminalidad es un concepto sociológico para indicar la suma de los delitos cometidos en un momento dado en un territorio determinado (Ouimet, 2015: 21) que se mide normalmente por la tasa de victimización sobre 100.000 habitantes y que se analiza sea comparando territorios diversos o destacando la evolución de la tasa de victimización. Las principales variables explicativas macro sociológicas incluyen la tasa y modalidades de urbanización; variables demográficas como la inmigración, la familia y su estructura; variables que se refieren a creencias y normas culturales; variables socioeconómicas como la pobreza, la desigualdad, la tasa de cesantía y la movilidad social; variables institucionales como la eficiencia, los niveles de transparencia o los modelos de organización de la justicia o de la policía y el grado de impunidad; variables socio-comportamentales a nivel macro como consumo de alcohol o drogas.

En las teorías de la criminalidad, los análisis abarcan el mediano y largo plazo y se refieren a grupos sociales y no a individuos. Se trata de comparar por ejemplo la evolución del número de pandillas violentas con los niveles socioeconómicos o el tipo de urbanización. Estos estudios ponen en evidencia correlaciones que pueden ser significativas, pero no siempre con valor universal. Por ejemplo, una comparación entre tasa de inmigración y tasa de criminalidad puede dar resultados contradictorios según los contextos. El tipo de estructura familiar tampoco genera comportamientos delictuales diferentes, sino más bien son las habilidades parentales que influyen mayormente o el valor que los individuos atribuyen a la supervisión parental que varía según los contextos culturales. Del mismo modo la pobreza si bien influye, no parece ser un factor decisivo salvo en determinados contextos que agravan el vivir pobre como por ejemplo en barrios de “desorganización social” o de alta complejidad. En estos casos, sería el grado de anomia que explicaría la criminalidad.

En la mayoría de los casos, las evidencias que derivan de estas teorías adquieren significación para la prevención cuando son contextualizadas. El ejemplo de la correlación entre tasa de criminalidad y desigualdad social ilustra esta constatación. La desigualdad como causa de la criminalidad está presente en el discurso de varios gobiernos latinoamericanos y es evidenciada a nivel internacional como un factor que explica la tasa de delincuencia: “La desigualdad de ingresos y pobreza generalizada son importantes correlatos de crímenes violentos, como amenazas, asaltos y robos” (Junger-Tas, 2012: 330). Las implicancias se pueden resumir en los siguientes términos: si la delincuencia es el resultado de la desigualdad, por ende, habría que centrar todas las políticas de prevención en disminuir la desigualdad y el resto sería simple paliativo.

Sin embargo, esta perspectiva requiere mayor análisis. En efecto, admitiendo que la desigualdad sería una causa remota de mucha delincuencia, hay que explicar por una parte los delitos que no derivan directamente de ella, como los delitos de cuello blanco, las violencias de género transversales a todas las clases sociales, el cibercrimen o la pedofilia. Por otra parte, hay que mostrar cómo la desigualdad se articula con la calidad de vida cotidiana de los habitantes y concretamente cómo se expresa esta desigualdad en términos no solo de ingreso sino de acceso a servicios como educación, salud, vivienda, transporte4 y en general de acceso a servicios urbanos dignos (Kessler, 2014) y cómo se manifiesta en cada territorio porque una mirada territorial muestra la heterogeneidad de las formas de desigualdad y vulnerabilidad. Por ejemplo, los barrios de alta complejidad evidencian condiciones de vida mediocres en comparación al resto de los barrios aún en período de mejoramiento socioeconómico general.

En síntesis, las teorías de la criminalidad contemplan el mediano y largo plazo e indican la importancia de variables que son determinantes para la evolución de la criminalidad, pero sirven sobre todo para que los gobiernos centrales o locales definan políticas sociales sectoriales cuyas consecuencias van a influir a mediano y largo plazo sobre la tasa de delincuencia y la calidad de vida. Requieren de análisis contextual y específico a cada tipo de territorio o grupo social, si no se quedan a nivel de generalidad y arriesgan esquivar las causas de los comportamientos delictuales o violentos. Una de las consecuencias de las teorías de la criminalidad es la obligación en los diagnósticos de seguridad urbana a evidenciar las principales características sociales que influyen en la criminalidad como por ejemplo la segregación espacial, la desigualdad de acceso a servicios sociales o urbanos o la calidad de la enseñanza.

Las teorías del crimen o del acto criminal

Estas teorías focalizan el pasaje al acto delictual intentando explicar porqué un individuo motivado comete un crimen en un momento determinado y en un lugar preciso. No analizan las características psicosociales de una persona sino el impacto de la interacción entre un individuo motivado y un entorno criminógeno.

La mayoría de estas teorías asumen dos postulados: la racionalidad del autor del delito y su entera responsabilidad. “Su premisa principal es que el delito es una conducta intencional, diseñada para beneficiar de alguna manera al delincuente” (Felson y Clarke, 2008: 200). Esta racionalidad se refiere sea a las consecuencias del acto (costo-beneficio), sea a los objetivos del autor que Cusson ha resumido en cuatro tipos: la acción (el delito como excitación o juego), la apropiación de bienes ajenos, la agresión (defensa o venganza) y la voluntad de dominación (Cusson, 1981; Ouimet, 2015).

Las referencias a la racionalidad de los objetivos del autor reenvían al origen del delito que puede derivar de frustraciones, del aprendizaje social, del impacto del entorno. Por ende, reenvían a las teorías de la delincuencia que enfocan las características individuales y la responsabilidad del delincuente y aquella de la sociedad.

La racionalidad que se refiere a las consecuencias de los actos enfrenta dos objeciones mayores. Por una parte, los costos sobre todo sociales y morales (sanción) son muy variables en función del tipo de delitos, poco elevados en la venta de drogas y en los robos, mayores en caso de crímenes violentos como el homicidio (+/-70 % son sancionados) y muy bajos en las agresiones sexuales en razón de las pocas denuncias (6 %) (Ouimet, 2015).

Por otra parte, este enfoque conduce a aumentar las penas para disminuir la comisión de delitos, lo que ha dado resultados bastante desiguales y a veces opuestos al objetivo buscado. Por ejemplo, el análisis de M. Bergman (2014) muestra que el tráfico de drogas en razón de la inelasticidad de la demanda, no baja en función del aumento de las sanciones, sino que genera un aumento del precio de la droga por los mayores riesgos (aumento de las penas) asumidos por el vendedor, lo que a su vez provoca la venta de drogas de menor calidad y mayor peligrosidad para los sectores populares. Análoga conclusión deriva de la aplicación de la “mano dura” a las pandillas centroamericanas que condujeron a su radicalización en “maras” (Rodgers, 2015). Del mismo modo la baja de la edad de responsabilidad penal juvenil conduce en muchos casos a una entrada en el crimen más temprana. Es decir, estas teorías que apuntan a la racionalidad del autor frente a las consecuencias de sus actos en particular las sanciones, requieren de un análisis más complejo y adecuado para verificar su validez que no es universal ya que el aumento (o disminución) de la sanción sirve en ciertos casos y es contraproducente en otros.

Entre las teorías del crimen se destacan la “teoría de la ventana rota”, la del “patrón delictivo” y sobre todo, el enfoque llamado de “actividades rutinarias” (Felson y Cohen, 1979), que fundamentan la prevención situacional. Para los autores de este último enfoque existiría delito cuando convergen tres factores: un posible delincuente motivado, un objetivo atractivo y alcanzable, la ausencia de un vigilante adecuado (Clarke y Felson, 2008). Estas teorías permiten visualizar espacios y tiempos específicos propicios al delito y modalidades de comportamientos habituales criminógenos como también las carencias de vigilancia. Por consiguiente, la prevención situacional facilitaría la identificación de formas de protección de estos espacios o tiempos. Permite también entender cómo el uso de tecnología puede ser un mecanismo de defensa frente al delito. Por ejemplo, el uso de la red WhatsApp entre vecinos o mujeres puede generar una forma de alerta y protección comunitaria.

Estas teorías ofrecen luces para definir políticas locales de urbanismo, de control social, de uso tecnológico apropiado, de protección de espacios públicos, mientras la del patrón delictivo evidencia la distribución geográfica del delito y la importancia del ritmo de actividad diaria, lo que permite obtener mapas del delito según las horas y los días de la semana y relacionar el delito con las rutas del desplazamiento de las personas. Su estrategia contempla tres aspectos: incrementar la dificultad, aumentar el riesgo y disminuir la ganancia para el delincuente. Su implementación, en América Latina, ha progresivamente añadido la participación ciudadana en la aplicación de estas medidas (Rau, 2018).

Sin embargo, este enfoque situacional no puede evitar los desplazamientos geográficos o a otro tipo de delito, o bien a otros métodos.

En efecto, su principal límite radica en su incapacidad de explicar cómo la interacción persona y ambiente lleva a cometer un crimen. La teoría de la acción situacional Wikström (2010) corrige radicalmente este enfoque afirmando que el comportamiento humano es guiado sobre todo por hábitos (“rule-guidance”) interiorizados. “Las personas cometen actos delictivos porque perciben y eligen (de forma habitual o tras alguna deliberación) una determinada clase de acto delictivo como una alternativa de acción en respuesta a una motivación específica (una tentación o una provocación)” (Wikström, 2017: 338).

En resumen, la prevención situacional facilita la identificación de los lugares donde ocurren más crímenes y permite promover políticas de disuasión5, pero para llegar a las causas, como lo ha mostrado la perspectiva de la acción situacional, reenvía a las teorías de la delincuencia como explicación de los hábitos que son factores decisivos en la conducta humana. Una de las consecuencias directas de este enfoque de las teorías del crimen es que los diagnósticos de seguridad urbanos deberían incluir la dimensión socio-espacial, en particular los espacios públicos, con sus carencias y riesgos para la criminalidad.

Las teorías de la delincuencia

Estas teorías son las que apuntan más a las raíces de los factores que generan violencia y delincuencia, pero la cantidad de teorías hace imposible abordarlas en su totalidad. La pluralidad de teorías refleja a la vez el enfoque filosófico de cada autor o autora, la multiplicidad de factores causales como también la diversidad de grupos autores de delitos o de violencia y la heterogeneidad de los contextos sociales o urbanos. Existen varias clasificaciones de estas. Además de la teoría clásica de fin de siglo XVIII que hace referencia a Beccaria o Bentham, existen las teorías del control social que incluyen el autocontrol (Gottfredson, 1990), el control informal (“desorganización social de la escuela de Chicago, eficacia colectiva de Sampson), el control y apego familiar que ha sido el objeto de análisis de muchas corrientes criminológicas. Otra gran corriente es la de la anomia y tensión (Agnew, 2005), desde Sutherland (1939) la teoría del aprendizaje social se volvió famosa y fue profundizada por Akers (2016), por las corrientes de la subcultura y más recientemente por los criminólogos que focalizaron los delitos de cuello blanco (Van Slyke et al., 2016); finalmente las corrientes del conflicto social donde se sitúan las estimulantes criminologías críticas (Larrauri, 2000), las feministas (Renzetti, 2013) y la criminología cultural (Ferrell, 2008). Existen intentos de integrar estas teorías, como la Teoría del Ciclo Vital (Benson, 2013) y la del Triple Riesgo Delictivo (TRD) de Redondo (2015) o la de la Carrera Criminal (Blumstein, 1986).

El problema no es optar por una u otra ni tampoco asumir una teoría integrativa sino de ver cómo aplicarlas de modo de realizar el vínculo entre prevención y causalidad. Tampoco basta identificar los puntos de acuerdo entre estas teorías como, por ejemplo, la importancia de la socialización en la infancia, porque lo que importa para nuestro objetivo es saber el porqué de la relevancia de esta socialización desde la perspectiva de cada teoría.

Lo primordial es identificar las modalidades a realizar en cada caso, el vínculo entre la causalidad y la prevención. Varios autores (Sampson et al., 2013) proponen tres condiciones para conseguir este objetivo: hacer referencia al contexto, aceptar la heterogeneidad de los efectos preventivos y sobre todo identificar el camino de la causalidad.

La exigencia del análisis de contexto es fundamental y ha sido mencionado más arriba e ilustrado en algunos artículos de este libro6 y en trabajos comparativos recientes como los de Arias y Tocornal (2018) que muestran que la perspectiva de la eficacia colectiva no tiene el mismo efecto en EE.UU. que en América Latina donde el peso del tipo de urbanización y de migración, y sobre todo los enfoques policiales y el grado de legitimidad de la policía, condicionan la aplicación de esta modalidad de prevención.

Lo que se entiende por contexto (Sampson, 2013) abarca el entorno macro (país, ciudad o barrio) que condiciona el comportamiento por la dimensión socio-cultural, las oportunidades que ofrece o del cual carece y la actuación de las autoridades en particular del sistema de justicia criminal frente a esta situación. Los casos de las ciudades de la frontera norte mexicana con EE.UU. ilustran el peso del contexto como en el caso emblemático de Ciudad Juárez en los años 2011-13, condicionada por el tráfico fronterizo recíproco de drogas, armas, cruce ilegal de inmigrantes, por el predominio de un sector social acomodado que se ha enriquecido gracias al contrabando durante décadas y por la presencia de una industria maquiladora con mano de obra sobreexplotada y sin calificación. En este contexto, la constante aspiración de poblaciones que sueñan con la emigración hacía EE.UU. y la cultura del contrabando influyen en los comportamientos colectivos e individuales que priorizan y legitiman los intercambios legales e ilegales entre los dos países, a pesar de la fuerza social de una sociedad civil que lucha por democratizar la sociedad. Esta situación generó para la delincuencia ligada a los intercambios y a las formas de corrupción relacionadas, un espacio y un clima más favorables que en otras ciudades. En efecto, la presencia de carteles del crimen organizado y la diversificación criminal que engendra, ofrecen “oportunidades” que canalizan y “regulan” informalmente el mercado de la ilegalidad orientado al intercambio fronterizo. Por otra parte, la carencia de servicios relacionada con el crecimiento rápido de la ciudad en razón de la priorización de otros objetivos por las autoridades locales durante décadas, hizo que, por ejemplo, la ciudad haya carecido de escuelas secundarias llevando a adolescentes de familias modestas a la socialización alternativa a través de las pandillas violentas. No solo las autoridades carecieron de visión y voluntad política para desarrollar los servicios de la ciudad o promover otro modelo de desarrollo que la industria maquiladora, sino que también el SJC era demasiado vulnerable a la corrupción del entorno para poder regular los comportamientos. La violencia en este contexto es inevitable y la ineficacia estatal y policial, y en varios casos la complicidad, evidente.

En un contexto de corrupción sistémica y de violencia crónica como el de Ciudad Juárez, una política de prevención debe ser integral, de largo plazo y apuntar a reconstruir el tejido social y la cultura de la ciudad al mismo tiempo que abordar las vulnerabilidades de la población. Si no se modifica el contexto, lo que requiere tiempo, las intervenciones de una política preventiva tienen un efecto limitado y discontinuo. Estas conclusiones son válidas para las ciudades de alto nivel de violencia.

El segundo aspecto que propone Sampson (2013) es el de identificar los caminos de la causalidad, que equivale a verificar los procesos a través de los cuales desde una causa se llega a un efecto (delito) y bajo qué condiciones. Este proceso distingue entre un factor de riesgo y una causa, y al mismo tiempo desenreda las varias causas para ponderar su efecto en un comportamiento delictual y además ofrece criterios para evaluar la eficiencia de una política y justificarla.

El ejemplo de los robos de autos a través de los llamados “portonazos” en Chile podría ilustrar esta perspectiva. La introducción de una tecnología de protección “eficaz” contra el robo de autos a partir del año 2013, gracias a la instalación de tecnología imprescindible para arrancar el motor, ha hecho que se pasara del robo de autos en estacionamiento (que exigía solo la presencia de un ladrón desarmado pero capaz de arrancar el auto) a los “portonazos”, lo que significa por una parte un robo violento con riesgo de lesiones u homicidio porque es realizado cuando el chofer maneja, y por otro parte, un cambio de tipo de victimarios. En efecto, requiere varios operadores dispuestos al uso de armas y por lo tanto virtuales autores de homicidios. De hecho, las estadísticas de arresto muestran que en los “portonazos” actúan menores de edad más agresivos que los antiguos ladrones desarmados. Este cambio generó un “desplazamiento maligno”: no solo por el riesgo para la vida de las víctimas sino también por el hecho de que el “portonazo” ofrece un campo fértil para que menores tengan la posibilidad de formarse como virtuales asesinos al punto de transformarse en jefes de bandas peligrosos en la adultez.

La estrategia de lucha contra el robo de autos en Chile basada sobre una sola tecnología de seguridad, aparentemente efectiva pero incapaz de frenar el robo de auto puede revelarse ineficaz y contraproducente. La causa principal del robo no radica en el grado limitado de dificultad para conseguir esta presa sino en la finalidad de los robos de autos y su rentabilidad. Mientras existan grupos decididos a robar autos porque existe un mercado atractivo de exportación, de reventa o de comercialización de piezas de cambio, habrá robos de autos. Del punto de vista de la prevención situacional, dificultar el robo significa no solo introducir nueva tecnología (control remoto) sino tener medidas complementarias (grupos de intervención rápida, vigilancia de vías de salida de los municipios, control de las exportaciones y de los talleres de las piezas de recambio etc.) y, sobre todo, a través de la inteligencia policial, focalizarse en los actores de estos mercados rentables. Para la prevención social implica centrarse en los grupos vulnerables de menores, potenciales autores de “portonazos” y así aprendices incontrolables del gran bandidismo. Las causas radican en la existencia de “grupos económicos” presentes en mercados ilegales muy rentables y su posibilidad de utilizar una mano de obra disponible por su carencia de socialización y perspectiva de movilidad. Sin el abordaje de estas causas, las medidas preventivas serán simples paliativos.

La tercera condición que menciona Sampson, la heterogeneidad de los efectos de la prevención es consecuencia directa de la heterogeneidad de las causas. “Hay considerable evidencia de que las causas del delito pueden ser heterogéneas más que homogéneas, siendo la heterogeneidad dependiente del tipo de población, de delito o de las unidades de comparación” (Stafford, 2006: 11).

La heterogeneidad depende de las características de los grupos a los cuales la prevención está dirigida y de la duración de las intervenciones propuestas. Supongamos una política de prevención al consumo problemático de drogas dirigida a grupos de adolescentes entre 15-18 años en Santiago de Chile y apoyada por psicólogos e intervenciones comunitaria, familiar y escolar. Asumimos que esta política tiende a convencer a los beneficiarios a través de la demostración masiva del daño neurológico provocado por las drogas y al mismo tiempo genera habilidades para superar las vulnerabilidades frente al consumo problemático. Si la política de salud, de Senda, de los municipios, de desarrollo social, está bien articulada se crea un potencial de coproducción de prevención fuerte. ¿Qué resultados son esperables de esta política? Si consideramos los sub-grupos beneficiarios, por ejemplo, los jóvenes estudiantes de colegios particulares de sectores acomodados, los universitarios, los que están ya en el mercado de trabajo, los que están en la informalidad y participan de la economía ilegal del tráfico de drogas, los que han tenido en su familia casos críticos de consumo de un pariente cercano, es probable que los resultados de esta misma política den resultados muy diferentes para cada sub-grupo. Los resultados son condicionados por la experiencia vital (pariente drogodependiente) que facilita una decisión personal de no consumir, por el entorno de los pares (diferente entre universitarios y alumnos de colegios o entre estudiantes y jóvenes trabajadores) que pueden paralizar el efecto de intervenciones articuladas. Los éxitos serán más difíciles en los grupos involucrados en el tráfico porque el consumo está ligado a una actividad rentable o de sobrevivencia. Algo análogo se produciría en caso de mujeres si unas están embarazadas y otras no. Aunque en todos los casos el aprendizaje social haya sido considerado como la causa del consumo problemático, las experiencias vitales, el sentido de la vida, las motivaciones y la calidad del entorno van a condicionar la capacidad de resiliencia y por ende el efecto de la política.

De manera análoga, la aplicación del “Programa de Parentalidad Positiva” (PPP) en barrios de ingresos modestos pero organizados tendrá, por la calidad del entorno y su bajo grado de anomia, un efecto mayor que su aplicación en barrios de alta complejidad independientemente de la calidad de los agentes de prevención.

Otro factor que explica la heterogeneidad es la duración de una política de prevención al consumo, que al contrario de una simple intervención o de un proyecto, implica un cambio en las reglas de juego institucional y social (Sampson, 2013). Una política es más prolongada que un proyecto que tiene efectos puntuales, pero se termina con el fin del financiamiento o del programa. Es el peligro de la multiplicidad de proyectos que no se transforman en política pública. De hecho, el efecto preventivo alcanza su plenitud en el tiempo y el peor obstáculo a la prevención efectiva es la discontinuidad. Los ejemplos de los municipios de Bogotá y Medellín han mostrado la relevancia de la continuidad en prevención asegurando que varias autoridades locales de color político distinto prosigan y aun enriquezcan las políticas preventivas. No garantizar la continuidad es impedir que la población beneficiaria se apropie de estas políticas y de sus resultados. El ejemplo más evidente en materia de seguridad es el de las reformas policiales. Todos los países que las implementaron, reconocieron su consolidación solo después de una década o más como en los casos de Canadá o Singapur. Por otra parte, los ejemplos de prevención dirigida a ex drogodependientes requieren después de un tratamiento eficaz, un seguimiento de varios años, en caso contrario la probabilidad de reincidencia es mayor.

Conclusiones

La relación entre prevención implementada fuera del ámbito del SJC, es relevante si se tienen en cuenta las diferencias explicativas de los tres tipos de teoría mencionados por Pinatel, sabiendo que aquellas teorías de la delincuencia son las que pueden explicar los comportamientos en conflicto con la ley y no así las del crimen o de la criminalidad que indican relevantes correlaciones o manifiestan la importancia del entorno para quien ha asimilado hábitos que banalizan actos ilegales o impiden seguir normas legitimadas.

Pero, la prevención que hace referencia a una o varias teorías requiere tener en cuenta el contexto que puede modificar radicalmente los comportamientos. Obliga a reconstruir el camino de la causalidad para alcanzar explicaciones satisfactorias. Exige identificar prácticas pertinentes y asumir la heterogeneidad del impacto de estas prácticas sobre poblaciones diversas. En particular la exigencia de políticas públicas y su continuidad son esenciales para que la prevención tenga efecto real y la cultura de la prevención sea apropiada por las poblaciones beneficiarias.

La referencia a las teorías es necesaria también si se quiere llegar a las causas preponderantes y por ende corregir los errores de las prácticas de prevención. El riesgo actual es o de minimizar la prevención en provecho de un “populismo punitivo” con efectos perversos o de adoptar una serie de metodologías “exitosas” en otros contextos sin saber realmente el porqué del éxito o del fracaso en su aplicación.

Una primera consecuencia de la exigencia de llegar a la “caja negra de la causalidad” es la necesidad de formar agentes de prevención familiarizados no solo con el dominio de los enfoques y métodos de prevención sino también con las teorías de referencia y las modalidades de aplicarlas. Una segunda es la necesidad de realizar diagnósticos de seguridad complejos que incorporen la dimensión social y socio espacial como lo ha mostrado el ejercicio elaborado por las ciudades de Rotterdam y Guadalajara que incluye las dimensiones social, espacial y delictual en su análisis que alcanza el nivel barrial.

Una segunda conclusión esencial para las políticas públicas es la distinción propuesta por Pinatel, entre teorías de la criminalidad importantes para las grandes orientaciones de política social de mediano y largo plazo y teorías de la delincuencia que permiten focalizar sobre grupos vulnerables y modificar la dinámica de la delincuencia en el corto plazo. En esta perspectiva la necesidad de políticas públicas de Estado y no de gobierno son las que aseguran la continuidad y la profundidad de prevenciones relacionadas con la generación o modificación de hábitos que explican los comportamientos delictuales o violentos. La creencia en la racionalidad de los comportamientos humanos que justificaría gran parte del “populismo punitivo” prevalente o la adopción de la sola prevención situacional, ofrecen caminos limitados si se quiere llegar a una cultura de la prevención que empodere a la ciudadanía.

Finalmente buscar las causas de la delincuencia obliga a superar la focalización en los factores de riesgo que no necesariamente evidencian las causas, para centrarse en los contextos o características individuales o familiares que explican los comportamientos delictuales y permiten estimular la resiliencia de las comunidades, familias o personas.

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