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PRIMERA PARTE: FEBRERO

Capítulo 1. Prolegómenos

I. Bordaberry y los partidos

El estudio de los acontecimientos de febrero de 1973 en Uruguay, así como el de otros del periodo, se encuentra sesgado por los ajustes de cuentas entre fuerzas políticas luego de la dictadura. Se han publicado trabajos reveladores, en gran parte producto de testimonios tardíos;25 sin desdeñarlos, daremos preferencia a lo que se dijo en el momento, sobre todo en la prensa.

Es necesario abordar el mes previo, porque en varios aspectos febrero comenzó en enero; o incluso antes, pues tras la sacudida que habían recibido el estatuto jurídico y el presidente con la insubordinación militar de octubre de 1972, había surgido el rumor de nuevas elecciones, mediante una reforma constitucional que consagraría el ballotage o escrutinio a dos vueltas. Ferreira Aldunate, que podía estar interesado negó que la propuesta viniera de sus filas, mientras que el reeleccionista Jaime Montaner no la descartó y dijo que la conversaría con Jorge Pacheco Areco, embajador en Madrid.26 Ningún sector partidario se hacía responsable del origen de esta idea que no fructificó, pero es importante retenerla, porque muestra que la hipótesis de remoción de Bordaberry que se manejaría en febrero y la fórmula de ballotage con que se elegiría en tal caso un nuevo gobierno, son anteriores a la nueva crisis de este mes. Los partidos buscaban reacomodarse, teniendo en cuenta la debilidad del presidente y su incapacidad de manejar los apoyos con que contaba. El procesamiento de Jorge Batlle por la justicia militar había mostrado que incluso el Partido Colorado, oficialmente en el gobierno, carecía de protección.

Sin embargo Batlle era optimista a inicios del año, previendo posibilidades de mejora si se contenía la inflación. En signo de paz visitó a Bordaberry y corrió la versión de que su grupo volvería al gabinete para resolver la crisis económica, promoviendo un segundo “cimbronazo” (expresión del líder quincista en 1968) congelatorio de precios y salarios. La Comisión Reguladora de Precios, Salarios e Ingresos (Coprin) creada hacía cinco años seguía funcionando pero, decía el destacado reeleccionista Agustín Caputi, “No hay manera [de] controlar los precios […] habría que tener un ejército como el que tiene nuestro país para defender sus instituciones”. La crítica apuntaba al ministro de Economía y Finanzas Moisés Cohen, hombre de confianza del influyente titular de Ganadería e íntimo amigo de Bordaberry, Benito Medero, a quien había servido Cohen como subsecretario.

Tres diputados del izquierdista Frente Amplio —José Pedro Cardoso, Hugo Batalla y Héctor Bruschera— con quien Bordaberry se había entrevistado en agosto del año anterior con el pretexto de una consulta sobre hidrocarburos (y en realidad a causa del preocupante ascenso del poder militar) le hicieron nuevos señalamientos en telegrama abierto acerca de torturas en reparticiones castrenses. El mandatario les reprochó que hubieran elegido el camino del escándalo: a su entender dicho tema no había sido el principal en la entrevista y por lo demás —dijo confundiendo ser con deber ser— no podía “disponer el cese de algo que no se ordenó y que no está permitido”. El Frente Amplio rechazó también el comunicado No. 670 de las Fuerzas Conjuntas (ff. cc.) policiales y militares, que involucraba a algunas organizaciones de la coalición en sospechas de subversión, catalogándolo como nueva prueba de una “escalada fascista, ahora prohijada desde la misma presidencia de la república”. Para el fa, no menos que para la oposición blanca ferreirista, ni el Acuerdo Nacional formalizado en 197227 ni los proyectos de ley que el Ejecutivo hiciera aprobar o estaba por enviar al Parlamento, satisfacían las expectativas de pacificación y de cambio.28

Luego de la sanción de la Ley de Coprin en 1968, de la Ley de Seguridad del Estado en 1972 y de la Ley de Educación General en el mismo enero de 1973, el paquete de iniciativas estratégicas de los gobiernos de Pacheco y Bordaberry buscaba completarse con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico y Social 1973-1977 (simplemente conocido como Plan Nacional de Desarrollo o pnd) más la aprobación de una Ley de Consolidación de la Paz (en un primer momento ominosamente bautizada “Ley de Estado Peligroso”) y un por largo tiempo acariciado proyecto de reglamentación sindical. Este conjunto de normas permitiría concentrar fundamentales poderes de decisión en el Ejecutivo, limitando los contrapesos del Legislativo y salvando la polémica por las irregularides jurídicas que habían salpicado el periodo de Pacheco Areco.

La Ley de Educación General que creó el Consejo Nacional de Educación (Conae) —organismo rector de las tres ramas de enseñanza primaria, secundaria y técnica— quedó consagrada en enero por el voto del Senado, mediando el aval de la mayoría acuerdista blanca y colorada que se negó a quitarle la declaración de urgencia, permitiendo agilizar su trámite. El Frente Amplio criticaba la orientación del proyecto y que no se hubiera consultado a los expertos nacionales (muchos de ellos opositores) recurriéndose al asesoramiento externo de la Organización de Estados Americanos (oea). En la discusión, Juan Pablo Terra al igual que otros frentistas se manifestó especialmente concernido por el tenor punitivo del texto, pues como miembro de una corriente religiosa tenía la experiencia de haber sufrido desde pequeño imposiciones y marginaciones en el Uruguay laico y democrático (“hay gente que cree que eso no existía […] porque no se siente la imposición hecha a otros, sino la que se sufre”). Zelmar Michelini reclamó que se desconociera a los gremios estudiantiles y contestó a quienes le reprochaban abandonar el batllismo:

Y nos costaba creer que el batllismo [con Pacheco] fuese eso, que pusiese [empleados públicos] destituidos en la calle, después que habíamos defendido durante años […] juntos ustedes y yo, la licitud de la huelga [en la administración] pública […] señores senadores [batllistas], ¿quién cambió? ¿Ustedes o nosotros?.29

Para el radical frenteamplista Enrique Erro era legítimo ejercer el derecho de resistencia contra la nueva ley. En la bancada colorada Amílcar Vasconcellos (abogado y maestro de escuela) criticó que la norma no considerara debidamente la autonomía de los entes educativos y la libertad de expresión de los educandos; pero creía correcto que se controlara la propaganda política en los centros de estudio. Por el flanco oficialista Luis Hierro Gambardella —de la lista 15— aseguró que nadie de la oea había intervenido antes de que el proyecto estuviera formulado y el pachequista Montaner adujo: “No somos marcianos. Estamos viviendo en este país. Conocemos como se desarrollan las actividades en los centros docentes. Basta pasar frente a ellos para ver cómo están empapelados de propaganda”. Ferreira Aldunate lamentó que la ley se hubiera hecho para dividir, pero su sector y el de Carlos Julio Pereyra se sumaron a favor del voto secreto y obligatorio para la elección de autoridades universitarias (mecanismo que a la postre favorecería la expresión de un núcleo nacionalista entre los estudiantes de la institución). Más allá de sus diferencias, nacionalistas y colorados no congeniaban con una universidad dominada por la izquierda. Con la aprobación de la norma llegaba para el diario batllista El Día, “una sensación de alivio al alma democrática de la ciudadanía”. No así para la Convención Nacional de Trabajadores (cnt) que la condenaba. Dado el ambiente de confrontación el diario Acción —cuyo subdirector era el exministro de Educación Julio María Sanguinetti, artífice del proyecto— proponía sin ser escuchado que la norma fuera sometida a referendum.30

En aplicación de la Ley de Educación General el Poder Ejecutivo con venia del Senado debía nombrar a los miembros del Conae y estos deberían designar, en un plazo de 180 días, a los directores de los tres consejos subordinados de educación primaria, secundaria y técnica. (La universidad permanecía al margen, con su estatuto de autonomía.) Pese a que el justificativo de la reforma era despolitizar el servicio, pronto se supo que dichos puestos serían distribuidos entre blancos y colorados, siguiendo en los hechos la desprestigiada regla del tres y dos de acuerdo al balance electoral. Vencido el plazo de ley sin que el Senado se pronunciara, estos nombramientos se darían en forma automática.31

Por lo que concierne al proyecto de Ley de Consolidación de la Paz, en el análisis del penalista Carlos Martínez Moreno contenía disposiciones acerca de detenciones preventivas, definición de un estado peligroso para el orden público que limitaba la libertad individual, estatuto de libertad vigilada para sospechosos y tecnificación de la justicia militar. Oficialmente se fundaba en la presunta permanencia de la subversión y la necesidad de un pasaje gradual del estado de guerra al de paz. El estado peligroso, en forma similar a las medidas prontas de seguridad, sería decretado por el Poder Ejecutivo ante peligro de subversión, comunicándolo en 48 horas a más tardar a la Asamblea General que tendría la última palabra. Mas no aseguraba un juicio con garantías, permitía la vigilancia e internación de sospechosos al margen de delito probado y creaba nuevos delitos de opinión y de imprenta. Daba poder permanente a la justicia militar sobre civiles, que podía anular excarcelaciones y dictar medidas represivas adicionales. Era de prever que aparte del Frente Amplio, el ferreirismo —que se decía arrepentido de haber aprobado la Ley de Seguridad del Estado— no votaría la propuesta.32

Otra preocupación embargaba a la izquierda. El comunista Enrique Rodríguez preguntó en la Cámara de Senadores: “¿Cuándo es que tendrán preparada la reglamentación sindical? […] ¿Es un secreto de Estado? […] A mí me consta que el señor [Alejandro] Rovira [exministro del Interior] dejó pronto el proyecto”. Se buscaría restringir el margen de acción de la cnt, cumpliendo uno de los compromisos en que se basaba el Acuerdo Nacional, pero según el diario democristiano Ahora —en contacto con hipotéticos militares progresistas— las ff. aa., que no habían tenido parte en la formulación de la Ley de Educación, también se opondrían al proyecto de reglamentación.33

En el campo acuerdista blanco tampoco reinaba la tranquilidad. Wáshington Beltrán tenía sus reservas respecto de la Ley de Educación, aunque se contentó cuando supo los nombres de los posibles directores del ente que le merecían confianza. En lo que quedaba del herrerismo, luego de la muerte de Herrera (1959) y otras figuras del sector, se perfilaba el alejamiento entre el otrora estrecho colaborador de Herrera activo pese a su edad, Martín R. Echegoyen, y los hermanos Alberto y Mario Heber Usher, no menos cercanos al finado caudillo. Pero estos sostenían a su vez una pugna por el control de su grupo, el Movimiento Herrera-Heber, mientras arriesgaban perder la adhesión del senador Alejandro Zorrilla de San Martín, proclive al igual que Echegoyen a continuar en el oficialismo. Con trabajo paciente Mario Heber avanzaba en su carrera política y le ganaba terreno a Alberto, caracterizado por un comportamiento errático desde que fuera presidente rotativo del último Consejo Nacional de Gobierno en 1966-1967. El ministro de Trabajo designado por el Acuerdo Nacional, Carlos Abdala, respondía en principio a los Heber, pero estos se decían inconformes con la designación de los miembros del Conae, que no respetaba a su juicio el criterio de ubicar personas de prestigio docente con prescindencia de afiliaciones políticas. El también herrerista Luis Alberto Lacalle de 31 años de edad, recién electo diputado en 1971 y muy unido a Mario Heber, volvía al país luego de tres meses de viaje y se suponía que abandonaría el Acuerdo, pudiendo llevar consigo a la oposición a otros legisladores del sector.

Cundía la inquietud en el espectro gubernista blanco y colorado por la demora en la integración de las autoridades de los entes autónomos y servicios descentralizados, pendiente desde la entrada en funciones del nuevo gobierno en marzo de 1972. Bordaberry rechazaba candidatos propuestos por sus aliados nacionalistas, prefiriendo incluso proveer vacantes en el Banco Hipotecario del Uruguay (bhu) sin consultar al Senado, mediante el inconstitucional mecanismo de la intervención directa por decreto ya practicada por Pacheco.34

II. El Río de la Plata

Para la Marina Armada febrero también comenzó en enero y en las aguas del Río de la Plata. El día 26, un alijo de dos barcos mercantes en la zona en discusión entre Argentina y Uruguay estuvo a punto de generar un enfrentamiento entre navíos de guerra de ambos países, siendo los argentinos apoyados por aviones de su fuerza naval. Tras horas de tensión los uruguayos se retiraron por orden del gobierno, que envió una nota diplomática de protesta el día 27, acorde con la resolución del Consejo de Ministros de pedir aclaraciones antes de otra disposición. La respuesta argentina fue dura, pero el canciller Juan Carlos Blanco dio por superado el incidente. Más adelante, durante el mes de mayo, sería por ello objeto de una interpelación en el Parlamento, inconclusa por falta de quórum. Extraoficialmente se supo que se habían estimado satisfactorias sus explicaciones en sesión secreta. Se seguía el criterio de solucionar los diferendos internacionales por medios pacíficos, pero el asunto resultaba humillante para oficiales y tropa que no hubieran querido replegarse y en especial para el comandante en jefe de la Marina, el contralmirante Juan José Zorrilla, que había dado orden de enviar refuerzos a la zona.35

El año anterior Wilson Ferreira Aldunate había denunciado la llamada Orden Secreta No. 14, por la que el Comando de la Armada habría autorizado ilegalmente operaciones de alijo argentino en la zona uruguaya del Plata. La Armada reaccionó acusándolo de revelar un documento secreto y como ya se estaba volviendo costumbre desde la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado, los militares amenazaron con pedir su desafuero e incluso habrían considerado apresarlo sin más, con el pretexto de que por tratarse de un acto de imprenta se configuraba delito continuado y el legislador sería tomado infraganti. “¿Que es esto del secreto? [saltó Ferreira defendiendo la primacía del Parlamento] […] yo no soy subordinado ni del ministro de Defensa Nacional, ni del ministro de Relaciones Exteriores. Yo soy su superior”. Mas era cierto que si por el artículo primero de la Ley de Seguridad del Estado que su grupo había votado y contribuido a redactar, se le encontraba culpable de revelar un secreto militar que atentara contra la seguridad, podía ser castigado con diez a treinta años de penitenciaría. El miércoles 22 de noviembre de 1972 un juez militar envió el pedido de su desafuero para el que no habría votos en el Senado: la mayoría de los acuerdistas blancos cerraban filas con el partido adhiriendo a la defensa de la soberanía y oponiéndose a la violación de la investidura parlamentaria. El líder nacionalista llamó a sala al ministro Juan Carlos Blanco y la mayoría de la Cámara aceptó también en esta ocasión las explicaciones del funcionario. Una resolución de Bordaberry puso a salvo el honor del comandante en jefe Zorrilla, mas es de suponer que el marino no quedaría con sentimientos de simpatía hacia Ferreira.36

El problema se originaba porque los barcos de gran calado no podían llegar a Buenos Aires y hacer alijo les resultaba más económico que usar el puerto de Montevideo para trasbordos. Las operaciones por la discutida Orden No. 14 (cuando el ministro de Relaciones Exteriores era José Antonio Mora Otero y el comandante en jefe de la Marina el contralmirante Guillermo Fernández) estaban permitidas entre buques del vecino país, pero la de enero de 1973 había enlazado a uno de estos con otro de bandera noruega, suscitando la intervención de las autoridades uruguayas. Del otro lado les habían replicado que buques mercantes y fuerzas navales que los protegían estaban “en aguas argentinas”.37

La disputa se había agudizado a inicios del siglo xx, cuando el canciller argentino Estanislao Zeballos sostuviera la doctrina de la “costa seca”, según la cual Uruguay no tendría en absoluto soberanía en el Plata. Posteriormente, al quedar fijado a los efectos internacionales el límite exterior del río con el océano Atlántico, se estableció que solo ambos países tendrían derecho a ejercer dominio en la corriente fluvial. Uruguay reclamaba la mitad de la superficie, mientras que Argentina —dadas las complejidades de un cauce de poca profundidad— prefería demarcar la frontera siguiendo la línea de mayor profundidad (el thalweg) lo que quedó consagrado por el protocolo Ramírez-Saenz Peña de 1910, complementado por otro de 1964. Tal consenso estaba desvirtuado porque el dragado del canal navegable por Argentina y la ubicación de las correspondientes boyas luminosas habían llevado el trazado cada vez más cerca de la costa uruguaya, de tal modo que —decía Ferreira— el alijo de enero se daba “frente al Hospital de Clínicas” de Montevideo. Criticaba al canciller Blanco por defender la tesis del adversario, consistente en que Argentina podía alijar del lado oriental por ser ribereña, “Cuando es exactamente al revés, si vienen los griegos y los coreanos […] no hay que preocuparse demasiado porque Corea nunca va a sostener que el Río de la Plata va a ser coreano”. El asunto se volvía más candente por la posibilidad de que hubiera yacimientos de hidrocarburos en la cuenca.

Por ser un periodo de vacaciones ni el presidente del gobierno militar argentino, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, ni su ministro de Relaciones Exteriores se encontraban en Buenos Aires, por lo que al principio la reacción del vecino país había estado a cargo de su Armada. Lanusse tenía que vérselas con sus propias facciones castrenses a menudo enfrentadas, pero tras una reunión con los comandantes de las tres armas convino el envío de la nota de protesta.38

Incidentes en el Plata se producían desde fines de los años sesenta, mas la cautela del gobierno uruguayo obedecía a que una comisión mixta binacional trabajando discretamente estaba por llegar a una solución, lo que desconocía el público. A fines de ese mismo año el nuevo presidente argentino Juan Domingo Perón —que buscaba reavivar su proyección continental— solventaría la cuestión signando con Bordaberry el Tratado del Río de la Plata dando concesiones a Uruguay. Pero el conflicto por la navegación y el uso de los recursos de los ríos del antiguo virreinato del Río de la Plata seguiría crispando la región, involucrando también a Brasil y Paraguay. En el siglo xx habían amainado las fricciones de Uruguay con Brasil, mientras que las originadas con Argentina favorecían desde temprano los acercamientos con Estados Unidos. Ya en 1875, ante ostensibles preparativos de la Revolución Tricolor en la otra orilla y reclamos del gobierno uruguayo a los que el argentino hacía oídos sordos, el representante diplomático de ee. uu. ofreció insistentemente al presidente Pedro Varela el apoyo de la escuadra norteamericana surta en el puerto de Montevideo. El mandatario no aceptó, mas durante el siglo xx en distintos periodos, las administraciones de José y Luis Batlle ante problemas con Argentina se apoyarían en Estados Unidos, y no fue muy distinta la actitud del primer gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez en el siglo xxi. En esta secuela quien más innovó fue el canciller colorado Héctor Luisi, quien enfrentado a parecidas dificultades consideró en 1968 hacer un guiño a la Unión Soviética, explicando a la embajada de Estados Unidos que en las complejas relaciones con sus dos grandes vecinos, un país débil como Uruguay requería la amistad de ambas superpotencias.39

III. La Junta Departamental de Montevideo

Durante enero también arreciaron las acusaciones de corrupción por la gestión del ente estatal Usinas y Teléfonos del Estado (ute, entonces encargado de la energía eléctrica tanto como de telecomunicaciones) a causa de un acuerdo con la compañía española privada sercobe. Coincidía que el antiguo director de ute, Ulysses Pereyra Reverbel, muy cercano a Pacheco Areco, tras concretar una jugosa jubilación del servicio público apelando al criticado expediente conocido como artículo 383, abandonaba el puesto que a continuación ocupara en la Comisión Técnico Mixta de la Represa del Salto Grande, para acceder por designación oficial a un cargo bien remunerado en el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Había concluido su trámite jubilatorio en 56 días, cuando era proverbial la tardanza que debían padecer los ciudadanos comunes; aparte se le autorizó un pago retroactivo por desempeños anteriores a la fecha de su solicitud. A principios de febrero una comisión investigadora del Poder Legislativo concluiría que “En el convenio celebrado con sercobe [...] se observa una proliferación absolutamente inusual de intermediarios y gestores privados [...] contiene cláusulas inconvenientes para la economía del país y lesivas para su soberanía”. La justicia de instrucción penal puso en marcha una indagatoria que alcanzaría a distintas personalidades del pachequismo además de Pereira Reverbel, quien regresaría en marzo al país para declarar. Pacheco, en España, comprometido por testigos sería interrogado mediante exhorto.40

En este clima lo que terminó por encender los ánimos fue el conocimiento de hechos de corrupción y desorden administrativo en la Junta Departamental de Montevideo (jdm) organismo legislativo comunal compuesto por 31 miembros electos, de los que once pertenecían a la mayoritaria Unión Nacional Reeleccionista, cinco a Unidad y Reforma grupo de Jorge Batlle, ocho al Frente Amplio y siete al Partido Nacional. Las denuncias provenían del diario El País, antecedidas por otras que no habían logrado tanto eco, formuladas por el semanario Marcha y los diarios El Día y Ahora.41 En 1971 el Tribunal de Cuentas (tc) había observado nombramientos irregulares de funcionarios, también señalados por ediles de la coalición izquierdista fidel.42

El Legislativo comunal sufría una contabilidad caótica si es que no inexistente, que habría desarmado su funcionamiento financiero. Las idas de ediles y suplentes al tradicional restaurante El Águila acumulaban en once meses, a partir de febrero de 1972, quince millones de pesos por seis mil consumiciones.43 Tal práctica se autorizaba desde 1953 a ediles y funcionarios que permanecieran en sesiones muy prolongadas (teniendo en cuenta que además los ediles no cobraban sueldo) con lo que se había modificado la costumbre de épocas de mayor austeridad republicana según la cual, los representantes populares se conformaban con una milanesa al pan que les era llevada a la Junta. Pero los gastos denunciados no tenían por razón sesiones largas. Los ediles —que por su trabajo debían hacer visitas barriales o de otro tipo— tenían pase libre en el transporte público, pero habían empezado a arrendar taxis, coches con chofer y por fin automóviles sin chofer, casi siempre de modelo deportivo. Desde febrero de 1972 se sumaban veinte millones de pesos por este concepto, registrando algunos automóviles viajes de hasta 600 kilómetros por día. En la compra de diarios y otros rubros de gasto corriente se insumían cifras siderales. La Comisión de Presupuesto, mediante una irregular transferencia de fondos, había logrado multiplicar milagrosamente una partida de seis millones de pesos hasta alcanzar los 72 millones, permitiendo designar a 250 nuevos funcionarios. El presidente del cuerpo, Ricardo Guariglia, había hecho sobregiros enormes y una afectación indebida de rubros por más de treinta millones. La mesa directiva bajo el anterior presidente Edegar Guedes había aprobado un monto de trescientos millones sin conocimiento de los demás miembros de la Junta. Se había adulterado el diario de sesiones para facilitar los nombramientos y gastado $1300 millones en 560 empleados, cuando por comparación el plan de obras públicas municipal solo llegaba a mil millones. Se habían adjudicado obras por 340 millones sin licitación. Existían trabajadores que no concurrían ni a cobrar, pero tenían derecho a aguinaldo y horas extras; trescientos estaban en comisión y desde 1970 solo dos habían ingresado por concurso. Un edil había vendido al organismo diez botellas de whisky provenientes de su club de bochas, precisando que lo hacía a un costo menor que el del mercado; El Día se preguntaba para qué necesitaría la Junta almacenar litros del destilado.44

Las denuncias eran inagotables: un chofer había sido sumariado por negarse a conducir a otro edil en vehículo oficial y compañía femenina a una casa de citas; alguien se hizo importar un perro de Inglaterra con cargo al presupuesto de la Junta; se pagaban aguinaldos a periodistas; se habían autorizado viajes al exterior con jugosos viáticos, incluido a un congreso en Caracas que nunca se realizó; algunos ediles habían servido de intermediarios para préstamos dinerarios de la jdm a personas que no trabajaban en esta. Para el semanario socialista El Oriental, “lo que posiblemente levantara más indignación popular [eran] los enormes gastos en centros de recreación nocturna”. Algo más grave, se había extraviado el expediente de la sospechosa adquisición de un parque de vacaciones en el balneario Marindia y se había incurrido en trasposición de rubros, por ejemplo en fondos destinados a viviendas de funcionarios.45

El organismo municipal se vio obligado a nombrar una comisión investigadora con representantes de todos los sectores partidarios, que debía expedirse antes del 15 de febrero. Durante sus sesiones iniciales, se registraron según la prensa “escenas de pugilato”. La jdm solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas, no obstante que poco antes había rechazado las observaciones de este organismo al presupuesto de 1972-1977, que indicaban que solo 158 de sus 718 funcionarios podían ser legítimamente reconocidos como tales. Muchas designaciones eran de un año electoral, lo que está prohibido. La revisión se dificultaba porque habían desaparecido resoluciones de nombramiento y se hallaban actas falsificadas. Se había aprovechado una disposición de 1970 que autorizaba a la Mesa Directiva a proveer vacantes sin informar al pleno. Las vacantes autorizadas eran 26, pero se nombraron cientos entre 1970 y 1971, y de febrero de 1971 a febrero de 1972 otras 414, algunas a favor de parientes de ediles u otras personalidades políticas, incluidos menores de edad. Figuraban entre agraciados una nuera de Pacheco Areco, la esposa de Ricardo Guariglia, edil en 1971 y en enero de 1973 presidente de la Junta, un nieto de Martín R. Echegoyen e hijo del también senador nacionalista Jorge Barbot Pou, varios familiares del expresidente de la Junta Carmelo Cabrera Giordano, parientes del senador reeleccionista Ángel Rath (incluida su esposa) la secretaria privada y el chofer del reeleccionista Glauco Segovia y la hija de Armando Acosta y Lara, antiguo interventor de Enseñanza Secundaria y subsecretario del Interior (víctima de los tupamaros). También tenía un cargo el periodista Alberto Astesiano, autor de la noticia de la famosa “infidencia”, que en 1968 apresurara la devaluación del peso. Un cronista de Marcha preguntó: “¿Es que acaso diputados y senadores no sabían que se violaba la ley cuando [en la Junta] designaron como funcionarios a sus hijos menores de edad?”.46

Por si no bastara, media docena de muertos continuaba en planilla y alguien cobraba por ellos. Otros se registraban con datos falsos. El misterio de que al mismo tiempo hubiera funcionarios sin cobrar se develaba porque su papel sería mantener una plaza laboral abierta, a efectos de que ediles en el futuro no reelectos pudieran ingresar a trabajar con sueldo, en lugar de estos funcionarios de paja.47

A fin de año, una carta enviada a Marcha presentaría el punto de vista de los empleados:

En 1970 Pacheco Areco en dos oportunidades dictó decretos prohibiendo el nombramiento de funcionarios en toda la administración [pública] salvo los municipios que eran autónomos y por allí se produjeron los hechos […] 556 fueron los engañados —algunos quizá estafados— en otros tantos nombramientos inexistentes. No había ítems presupuestales, no había rubros y tampoco creaciones. Los 556 sencillamente no ‘existían’. […] muchos […] quizá 200, 250 o 300 estaban en comisión o “desafectados” y ello motivaba un cierto alivio en los que concurrían religiosamente ya que ni siquiera sillas había y en un semisótano de 4 x 4 [metros] se llegaron a contar 19 personas. […] Ya estallado el infernal escándalo […] comienza una segunda etapa […] 556 personas que habían renunciado a [otros] trabajos y empleos se dan cuenta […] que ni siquiera eran empleados, sencillamente no existían en la junta. Con verdadera angustia, con desesperación van de Herodes a Pilatos.48

IV. Injerencia

Muchos ilícitos se habían fraguado en menos de dos años, de 1970 a 1972, bajo la presidencia de los antiguos ediles Edegar Guedes y Carmelo Cabrera Giordano —diputados a partir de febrero de 1972— y continuaban bajo el nuevo presidente Guariglia. Guedes era pachequista de la lista 123, mientras que Guariglia y Cabrera Giordano pertenecían a la lista 515 del exquincista Glauco Segovia, quien se había sumado primero a la candidatura presidencial de Oscar D. Gestido (quien lo obligó a renunciar en 1967 a la Intendencia Municipal de Montevideo bajo sospecha de corrupción) y posteriormente a Pacheco. A este le hizo el servicio de “destapar” a Bordaberry como candidato presidencial sustituto de la unr, por si el electorado (como sucedió) no aprobaba la reelección de Pacheco. Guariglia, a pedido de la Junta renunció y solicitó licencia de su puesto de edil para comparecer ante el juez de instrucción. El Poder Ejecutivo remitió los antecedentes investigados por el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía de Corte, que dictaminó que los actos podían ser penales. Muchos, rayanos en la caricatura, no eran graves pero tampoco menores. Sumaban un gran derroche de fondos en un país en crisis, nutrían el cansancio y el escepticismo populares, las críticas de la izquierda y la campaña antipolítica de los militares.49

El asunto atraía a las Fuerzas Armadas, autoinstituidas en censoras de la moral pública. Un poco antes, el 11 de enero, un comunicado de la Junta de Comandantes en Jefe (jcj) había expresado el afán de ampliar su radio de acción, afirmando que las “aptitudes de moral, honestidad, responsabilidad, capacidad profesional y/o técnica […] unidas al alto espíritu de sacrificio personal” de sus oficiales los hacían “preferentemente elegibles” para los directorios de los entes del Estado; no obstante reconocer que se trataba de “funciones ajenas a sus cometidos específicos”. Rechazaba “cualquier reparto o cuota de carácter político [partidario]”. El 19 de enero, mientras los integrantes del Acuerdo Nacional presionaban por puestos en los entes autónomos y descentralizados, los comandantes en jefe de las tres ff. aa. se entrevistaron con Bordaberry, para manifestarle que más de la mitad de los candidatos que se proponían eran inaceptables dados sus mezquinos intereses, vínculos con los poderes económicos o presunta corrupción. Expresaron también “malestar” (un término al que acudirían con frecuencia) por las irregularidades de la Junta Departamental y desacuerdo con los nombramientos en el Conae. Pero su mayor preocupación era el proceso inflacionario. En consecuencia habrían demandado: 1) investigar los organismos públicos sospechosos de corrupción, que podría “aumentar el descreimiento y motivar la subversión”; 2) “contralor permanente” de las ff. aa. sobre decisiones económicas de trascendencia, incluidas las posibles reformas agraria y del sistema bancario; 3) rápida provisión de los entes públicos con personas morales y de competencia para el cargo; 4) revisión del Acuerdo Nacional, y 5) política gubernamental coherente (dando a entender que la que se seguía no lo era). También pedían alejar del equipo de asesores del presidente al influyente ruralista hacendado e industrial Juan José Gari y a “un alto funcionario del Poder Ejecutivo”, probablemene el secretario de la presidencia —y miembro de Unidad y Reforma— Luis Barrios Tassano.50

Una nueva declaración de los tres jerarcas castrenses el día 24, relativa a la jdm, acusó de ineficiencia al Tribunal de Cuentas. Este —con una firmeza que se estaba volviendo escasa cuando con militares se trataba— respondió que desde 1971 venía observando dichas irregularidades y que cumplía sus obligaciones sin “aceptar tutorías que no son procedentes”. En sus investigaciones el Tribunal había descubierto que algunos de sus propios funcionarios destacados en la Junta recibían gratificaciones o hasta habían sido contratados por el organismo municipal. Pero alegaba que no le correspondía fiscalizar la formulación de los presupuestos, sino solo la legalidad en el ejercicio de los rubros aprobados; sancionar a los responsables de continuar con los pagos observados quedaba fuera de su competencia, fijada en el artículo 211-B de la Constitución. El diario Ahora señaló sin embargo la “grave omisión” del TC al no comunicar a la Asamblea General —como dispone el mismo artículo para el caso de que se mantenga la observación— las irregularidades descubiertas en gastos y sueldos.51

En su comunicado del 24 la Junta de Comandantes juzgaba que la presunta corrupción “acentúa la desmoralización de la población y su descreimiento en los organismos públicos”, lo que podía favorecer a la subversión. Urgía a la adopción de “medidas excepcionales”, para lo que elevaba “recomendaciones al Poder Ejecutivo” dado que, según el comandante en jefe del Ejército, general César Martínez, “los conductos normales de contralor aparecieron como insuficientes”. El ministro de Defensa Armando Malet compartió estas afirmaciones, que se suponía habría conocido Bordaberry antes de que trascendieran a la opinión pública, aunque no había sido así. El mandatario se reunió con los comandantes para aclararles que si bien no discrepaba, se le debería haber enterado previamente. Obvió el hecho modosamente señalado por El Día, de que ni la pretensión castrense de hacer “recomendaciones” ni el posterior comunicado, eran “de recibo desde el punto de vista Constitucional”.52

El presidente se habría comunicado telefónicamente con Pacheco en Madrid, quien le recomendó prudencia. El viernes 26 Bordaberry rechazó la renuncia de Malet. Para entonces la presión militar había logrado postergar las designaciones ya casi decididas para los entes del Estado, aceptando el mandatario sacrificar la candidatura de varios reeleccionistas, por su vinculación con los desmanes del legislativo comunal. La Marina, al menos exteriormente, mostraba acuerdo con las otras armas. Se atribuía a asesores de la presidencia un proyecto para limitar la emisión de comunicados militares y diarios acuerdistas publicaron en sordina críticas a los comandantes en jefe. El lunes 29 el general Martínez afirmó desafiante que el gobierno no acallaría la voz militar en relación con la “corrupción”, en su opinión causante en gran medida de la “subversión”. Señalaba implícitamente a funcionarios públicos y partidos tradicionales, sustrayendo a la izquierda de esta variante de subversión.53

Entró en escena el senador colorado independiente y ortodoxo batllista Amílcar Vasconcellos, inquieto porque el asunto de la Junta sirviera de ariete para desprestigiar a la clase política y atacar a las instituciones. El año anterior había denunciado en la Asamblea General un documento interno de las Fuerzas Armadas de octubre de 1972, que resumía en tres pasos un plan para tomar control de la política. El primer paso se habría dado por el decreto No. 566 del Poder Ejecutivo de septiembre de 1971, que encomendara a las ff. aa. la lucha contra la subversión; el segundo se había consumado al derrotarla; con el tercero, la corporación armada se encargaría de sanear el país. Los uniformados decían desconfiar de los políticos y del gobierno, incapaces de resolver la crisis, al tiempo que constataban que estos desconfiaban de ellos. Se proponían ganar el apoyo popular en el curso de un avance irreversible, siendo en sus palabras las realizaciones que obtuvieran, “de su total responsabilidad […] sin compartir las mismas con ninguna otra institución o repartición civil”. Era de suponer que a este plan respondía el pedido hecho a Bordaberry de participar en las designaciones para la dirección de los entes públicos. Desde que la insubordinación de octubre arrastrara a la renuncia al ministro de Defensa Augusto Legnani, se habían vaciado de autoridad la titularidad de la cartera y aún el comando del Ejército, nominalmente a cargo del general Martínez. En un rasgo que persistiría a lo largo de la dictadura, el poder se había trasladado a los generales con mando de tropas que encabezaban las cuatro Regiones Militares (posteriormente llamadas Divisiones de Ejército) en que se subdividía el país.54

Con tales antecedentes y criticando la injerencia de la cúpula militar en el caso de la Junta Departamental de Montevideo, el primero de febrero de 1973 Vasconcellos emitió un explosivo mensaje. Fue grabado en su domicilio temprano en la tarde por el periodista Luis Michelini y reproducido durante quince minutos en el programa de alta audiencia de CX16 Radio Carve, Tomándole el Pulso a la República, que se emitía de 23:00 a 23:30 horas. Anunciaba que luego de un siglo “el país está entrando nuevamente a otro ‘periodo militarista’ ”. El exministro Legnani pese a documentar el desborde militar no había podido contenerlo y la situación se agravaba porque las ff. aa. en sus comunicados se atrevían a dejar malparado al presidente, mientras el nuevo ministro de Defensa Armando Malet (en otros tiempos amigo y correligionario batllista de Vasconcellos) las secundaba. Los mandos pretendían justificar su propia subversión afirmando que era respuesta a la corrupción, pero esta “existe también cuando se busca sustituir a los organismos normales de la administración por quienes no [tienen] facultades ni autoridad para ello […] también es ladrón quien roba las libertades a un pueblo”. Clamar por la corrupción para intervenir ilícitamente en política era parte de una maniobra de gradual desplazamiento de la administración civil hasta llegar a la ruptura constitucional. Los conspiradores no eran todas las ff. aa., sino “un grupo de hombres” en su interior; el dilema era: “o defendemos las instituciones contra quien sea […] o entregamos al país al caos, a la dictadura que luego lleva consigo todas las corrupciones, todas las arbitrariedades y todos los latrocinios”. Pedía que el sistema político entero se empeñara en la lucha y primaran

las instituciones, fiel reflejo de la voluntad popular, a través de sus gobernantes electos […] Los demás están de más [sic] […] Que nadie se haga ilusiones: [el coronel Lorenzo] Latorre llegó [en 1875] y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los ‘Latorritos’ que tratan de llegar —aunque lo hagan con la ayuda de cobardes y traidores— que no olviden la lección histórica.55

V. Pronunciamiento

El semanario derechista Azul y Blanco, vinculado al pensar de la Región Militar Número 1, con jurisdicción en los departamentos de Montevideo y Canelones, tituló con conocimiento de causa: “Latorritos para rato”;56 y Ahora publicó rumores: los militares ponderaban si los dichos del legislador constituían infraganti delito, habiendo hablado “al margen del debate parlamentario” y se disgustaban por “la vinculación de ciertos líderes quincistas [del grupo de Jorge Batlle] notoriamente allegados a Bordaberry con las declaraciones de Vasconcellos”. Malet trasmitió el “malestar” de los generales de tierra, contralmirantes de mar y brigadieres de aviación, exigiendo que Bordaberry contestara al senador. El presidente lo hizo públicamente el 2 de febrero, afirmando que

no será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática […] entregar[é] el poder solo a quien determine la voluntad soberana del pueblo […] para el Presidente de la República no hay más camino que el de la legalidad […] [y] no hay respaldo más firme […] que la seguridad de que para ello cuenta y contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Vasconcellos se dio por satisfecho, pero exigió la renuncia de Malet, sin lo cual lo interpelaría en la cámara.57

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea brigadier Pérez Caldas (exedecán militar de Luis Batlle) parecía disciplinarse, no así otros oficiales que consideraron la réplica muy blanda. Por intermedio de Malet pidieron una carta más enérgica, o que se les autorizara hacerla ellos mismos. Bordaberry, aconsejado por el ministro Benito Medero y su amigo Juan José Gari se negó. El martes 6 de mañana, el titular de Defensa se reunió con mandos militares que repitieron su demanda. En la tarde fue el último en llegar a la reunión del consejo de ministros, para retirarse luego de diez minutos trasladándose a la sede de su cartera, donde conferenció con los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea. Posteriormente los veinticinco oficiales generales en actividad de las tres armas concurrieron a la residencia presidencial de la avenida Suárez, a una reunión de cuatro horas en que desbordando el caso de Vasconcellos habrían hecho “un replanteo general de todas las demandas […] contra la corrupción […] la crisis económica y la eliminación, en las esferas de gobierno de algunas personas con sospechosas vinculaciones”. (Intromisión en política que no dejaba de darle la razón a la denuncia del senador colorado.) César Martínez en nombre del Ejército insistía en una nueva misiva, sostenido por la Aviación, no así por los mandos de la Marina, quienes discrepantes y desde antes molestos por el choque fronterizo en el Río de la Plata, se retiraron y ordenaron acuartelar sus tropas. Oficiales de menor graduación corrían rumores a los periodistas, incluyendo una posible renuncia de Bordaberry. Alrededor de las 22:00 horas llegó a la residencia el vicepresidente Jorge Sapelli.58

Para Malet se trataba solo de “divergencias normales en las relaciones humanas”. Como se empecinara junto a sus subordinados, a primera hora del miércoles 7 Bordaberry lo hizo renunciar, colocando en su lugar al general retirado Antonio Francese, exministro de Defensa y del Interior que más había durado en el gabinete de Pacheco, signado por constantes cambios. Aceptó el ofrecimiento —que antes habría rechazado en más de una ocasión— con miras a restablecer la disciplina en las ff. aa., haciendo caso omiso a la advertencia del general Martínez, de que el Ejército ya no era el mismo del pasado. Los anónimos “observadores políticos” que con frecuencia citaba el diario Ahora, calificaron de hábil maniobra la designación: la Marina ya había roto la unidad de las ff. aa. y ahora se trataba de dividir al Ejército, aprovechando el ascendiente del anciano jerarca.59

A las tres de la madrugada los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea confirmaron que publicarían su respuesta a Vasconcellos. Bordaberry se mantuvo reunido toda la noche, mientras su chofer lo esperaba durmiendo en el coche oficial. A las 06:00 de la mañana se retiró a descansar y a las 08:00 estaba en pie. A las 09:30 se hallaba en Casa de Gobierno donde lo esperaba Francese para ser designado formalmente, en compañía del ministro del Interior Walter Ravenna, del secretario de la Presidencia Luis Barrios Tassano y del escribano de Gobierno, así como del coronel Mario Barbé Saravia, de la Casa Militar. Francese, que se declaraba “fiel cumplidor de la constitución”, temprano en la mañana aún sin ocupar el cargo había conferenciado en su domicilio con César Martínez, quien le adelantó su voluntad de pasar a retiro. Tras la investidura, a la pregunta de los reporteros de por qué aceptaba el mando respondió “por esta”, sujetando la casaquilla de su uniforme militar y “Tienen que estar”, respecto a si los comandantes en jefe asistirían a la ceremonia en el Ministerio de Defensa. Una vez allí, mientras estos se alineaban a su izquierda en posición de firmes, tomó posesión del cargo a las 10:15 en sala colmada de público, declarando que independientemente de posiciones encontradas la responsabilidad por la gestión castrense era del ministro. Luego se reunió menos de media hora con los titulares de las tres armas. Martínez y Pérez Caldas lucían caras largas, no así Zorrilla.60

La carta de la discordia firmada por los comandantes en jefe de tierra y aire (Martínez y Pérez Caldas) salió a luz temprano en la tarde, pero con fecha del día anterior, martes 6, invocando la autorización de Malet que entonces todavía era ministro. Corrió la versión de que en la reunión con Francese se habría transado que se publicaría el documento así antedatado. El nuevo ministro dijo desconocerlo y que no lo había autorizado, aunque lo estudiaría con calma. No contradecía lo trascendido, pues la autorización no era suya sino de Malet y para tolerar la publicación no necesitaba haberla leído, y aun era recomendable que no lo hubiera hecho. Por toda respuesta se proponía relevar a los firmantes.

El mensaje acusaba a Vasconcellos de ser parte de “una conjura de grupos partidarios”, con la intención de desprestigiar a las ff. aa. y sustituir al ministro Malet. En repudio declaraba que las Fuerzas Armadas “no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y/o políticos” que buscaran desviarlas “del camino que ellas deben recorrer”, consistente en “brindar seguridad al desarrollo nacional” de acuerdo con el decreto 566/971 de septiembre de 1971, dictado por el gobierno pachequista y “avalado luego por el Parlamento”, que marcara “la filosofía”de la institución encargada de combatir la subversión. Esta sería más que la sedición violenta y alcanzaba a todas las acciones que atentaran contra “el ordenamiento institucional, social, moral y económico nacional”, por lo que la intervención castrense seguiría en tanto persistieran dichas fallas. En obediencia al decreto la corporación asumía la tarea no de desplazar, sino de restablecer las instituciones públicas; no había tal plan político militar informado a Legnani y luego a Vasconcellos por canales no oficiales, “solo se trataba de un estudio de estado mayor”, sin aprobar por los altos mandos. Constituía una deformación creer que la defensa de las instituciones recaía solo en el pueblo y los partidos, también correspondía a la institución armada por ley y por “su nunca desmentida extracción popular”. Los “fines inconfesables” de Vasconcellos ponían en peligro la tranquilidad pública. Los militares continuarían denunciando la corrupción allí donde se hallara, incluso en su seno; negaban haber desobedecido al ministro y reiteraban que la postura del legislador colorado no era “solo […] el producto de una mente enfermiza” sino de “una maniobra política de la que [...] es portavoz”. Concluían amenazantes: “Y sepan que a las instituciones con dignidad, no se las acorrala”.61

La frase “no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y/o políticos” causaría sensación en la izquierda, mas no se fundaba en un ideario progresista, sino en el decreto pachequista con fines represivos que había permitido a las ff. aa. despegar como actor político. Aunque solo embrionariamente como también decían, por comparación con el espaldarazo mayor que les significara en 1972 el estado de guerra interna y la Ley de Seguridad del Estado avalados por el Parlamento. Era esa autonomía lo que reivindicaban.