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Capítulo 2. Rebelión y motín

I. Desobediencia

A las 20:00 horas de la noche del mismo día 7 acudió nuevamente Sapelli con Bordaberry a Casa de Gobierno. El mandatario se retiró a las 21:00 horas y poco después lo hizo Francese. A las 09:00 de la mañana siguiente, jueves 8, César Martínez acatando al ministro presentó renuncia y pedido de retiro, tomando su puesto como subrogante José Luis Verocay, general de la derecha en la jerga castrense (el más antiguo en el orden de precedencia militar).62 Martínez, todavía en actividad,63 esa misma mañana habría conversado con otros oficiales, incluidos los comandantes en jefe de la Marina y la Fuerza Aérea. De 11:00 a 15:00 horas hubo una reunión de altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea con participación de Verocay, en la sede de la Región Militar No. 1 en la Avenida Agraciada, a cuyo frente se cortó el tránsito. Trascendió la molestia de los oficiales por la renuncia de César Martínez, mas en puridad, un grupo de coroneles y generales reunidos la noche del 7 al 8 en el despacho de Esteban Cristi, jefe de la Región, había decidido ya el alzamiento, tanteando la cadena de mandos para obtener más adhesiones. Con cierta inseguridad, porque actuaban contra la Marina y sin definición de la Fuerza Aérea, que les daría su anuencia recién la mañana del 8. Los aviadores habían conferenciado en su base de Boiso Lanza y su comandante Pérez Caldas también acudió a la reunión con el arma de tierra. En octubre anterior había coincidido con Zorrilla en oponerse al principio a la detención de Jorge Batlle, pero ahora no podía apoyar al marino. Sus subordinados lo presionaban y a diferencia de la Armada, la Aviación no tenía un contingente de infantería para encarar al Ejército. Mientras que Zorrilla tenía una fibra más resistente, decía la embajada británica, Pérez Caldas era un amable oficial a la antigua que quería llevar una vida tranquila.

Las cuatro regiones militares del Ejército apoyadas por la aeronáutica resolvieron desconocer al nuevo ministro. Pérez Caldas, el único amotinado con cargo formal de comandante en jefe a causa de la dimisión de Martínez y la postura institucionalista de Zorrilla, en representación de las dos armas acudió a las 14:45 horas a casa de Francese con la intención de darle plazo hasta las 20:00 horas para que renunciara. De no hacerlo publicarían su disidencia. Se retiró visiblemente alterado al no ser recibido.64 En torno a las 16:00 horas salió Bordaberry hacia Casa de Gobierno no sin antes pasar por el comando de la Armada en la Ciudad Vieja. Francese llegó alrededor de las 17:00 horas a Casa de Gobierno para retirarse antes de una hora con señales de honda preocupación, diciendo que la situación era difícil.65 Previamente había visto a Zorrilla.66

Cumpliendo su amenaza, a las 20:00 horas militares que habían ocupado la planta emisora del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica (sodre) difundieron por cadena de radio y televisión un comunicado desconociendo el nombramiento del ministro de Defensa, al que reclamaban no estar informado de “la situación actual de las ff. aa.”, así como haber provocado “el alejamiento” de Martínez y Pérez Caldas. Se reconocían los servicios (militares) prestados al Ejército por Francese, mas se ponía en duda su gestión (política) como ministro en el periodo presidencial anterior, “época en que la sedición se organizó y consolidó en nuestro medio” (lo que agregaba los mandos inconformes al ramillete de quienes responsabilizaban a Pacheco por el crecimiento de los tupamaros). El general retirado estaría respondiendo a “la concertada maniobra política ya denunciada” que —se insistía— “retrotraería [a las Fuerzas Armadas] a la superada época de ser el brazo armado de intereses económicos y políticos”.

A poco de este mensaje volvió discretamente Francese a Casa de Gobierno y ofreció renunciar, pero también voluntad de seguir si se le requería, a lo que fue confirmado. Bordaberry replicó a las 22:30 horas con una alocución de ocho minutos difundida por medios privados, pues los disidentes le impedían al presidente usar la cadena nacional que acababan de emplear. No contentos, pasadas las 23:00 horas esgrimiendo sus armas de fuego interrumpieron la retrasmisión del mensaje presidencial por televisión, prohibiendo en especial difundir imágenes del ministro de Defensa y requisando los tapes con el discurso del mandatario. Este había censurado “un comunicado suscrito […] por los Comandos del Ejército y la Fuerza Aérea […] un hecho sumamente grave. La designación del General Francese, como la de cualquier ministro […] es una facultad del Poder Ejecutivo […] Este comunicado culmina un largo proceso que he enfrentado solo y sin comunicar a la opinión pública”. Existía una idea errada, continuaba, tal vez de buena fe, de que se tramaba una conspiración de sectores políticos para dividir a las ff. aa. e impedir que estas investigaran actos de corrupción equiparables a la subversión. Pero subversión, puntualizaba Bordaberry, era querer cambiar por la violencia un sistema institucional. Invocar para ello actos corruptos —de los que ninguna sociedad está libre— era solo un pretexto (coincidía con Vasconcellos sin citarlo). Aseguraba a los oficiales que pudieran haber sido engañados que el presidente también quería combatir la corrupción por vías legales. No podía sentarse “el gravísimo precedente de suponer que todos podemos juzgarnos a todos”, ni era cierto que con propósitos políticos se hubiera destituido a los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea. El primero había pedido su retiro y el segundo continuaba en el cargo (Bordaberry ratificaba implícitamente a Pérez Caldas, en estado de insubordinación). La permanencia de Francese era “imprescindible […] no derrochemos […] el inmenso capital que es para el Uruguay y para los uruguayos su tradición democrática e institucionalista […] Llamo a toda la ciudadanía a defender las instituciones y a estrechar filas”.67

La Marina tomó posiciones cerca de la Casa de Gobierno donde políticos acuerdistas se solidarizaban con Bordaberry. Había colorados quincistas y reeleccionistas; ruralistas como Juan José Gari (protagónico en esta etapa) y Olga Clérici, viuda de Benito Nardone; blancos como Wáshington Beltrán, Mario Heber y Bari González —este a nombre de Echegoyen—. No debió ayudar a la credibilidad del compromiso de Bordaberry de combatir la corrupción, que también asistieran a apoyarle los diputados Cabrera Giordano y Guedes, con desafueros pendientes y juicios penales en perspectiva por su gestión pasada en la Junta Departamental de Montevideo. Cundía el pesimismo al estimarse que los militares ya no querían saber de Bordaberry ni quizás del vicepresidente Sapelli, que se encontraba en el Palacio Legislativo rodeado de políticos colorados, entre los cuales estaban desde temprano Eduardo Paz Aguirre de la 15 y Vasconcellos. Este último, disparador de la crisis, prefería no declarar a la prensa y “muy nervioso […] repetía: ‘Hay que acompañar al presidente’ ”. Pasaron también los frenteamplistas Michelini y Juan Pablo Terra. El ferreirista Héctor Gutiérrez Ruiz se reunía con políticos de su sector en el ala de la Cámara de Representantes, de la cual era presidente.

Según El Día: “Desde las 10:45 [de la noche] acompañaron permanentemente en su despacho” a Bordaberry el vicepresidente junto con el ministro Medero, Gari y Olga Clérici de Nardone. Sapelli había llegado minutos antes tratando de eludir a la prensa, pero el muy joven Ricardo Lombardo del matutino batllista, obtuvo la primicia de su declaración: “Mi deber es apoyar al presidente”, frenando los rumores de que consultado por civiles y militares apostaba a la sustitución del mandatario.68 Sin embargo Lombardo reporta en posdictadura lo ya trascendido en 1973: que Bordaberry dudó de permanecer y en tal caso el vicepresidente había manifestado su disposición a sucederlo observando el trámite constitucional. El nacionalista Navascués, basado en un hijo de Sapelli, sostiene que al vicepresidente “le dijeron dirigentes de su partido político, que fuera a la residencia de Suárez porque Bordaberry iba a presentar renuncia y que debía asumir”; una vez allí Bordaberry le confirmó la novedad, pero poniéndole al tanto de que había cambiado de idea porque su esposa lo convenció de no dimitir.69

II. ¿Renuncia el presidente?

Aún antes de la convocatoria de Bordaberry, alguna gente se había reunido en Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno (el también llamado Palacio Estévez, posteriormente Edificio José Artigas) si bien en cantidad no superior a la de políticos y periodistas que se aglomeraban en la sede oficial. Para El Popular los primeros en llegar a las 22:08 fueron “cincuenta niños de una excursión brasileña”, a los que se sumaron distintas personas en un número estimado en no más de 200. El presidente se asomó unos pocos minutos al balcón hacia las 23:30 y algunos lo vivaron, pero antes otros habrían gritado en su contra. Otros más hacían corrillos para comentar los sucesos. Marcha coincidió en el número de 200, la mayoría curiosos.70 El público calculado por estos medios llegaría a unos 250 y permanecería hasta muy avanzada la madrugada.71

A las 00:15 horas siendo ya el día 9, salieron los ministros Walter Ravenna (Interior), Ángel Servetti (Obras Públicas) y Francese (Defensa) del Palacio Estévez para trasladarse al comando de la Armada, retornando poco después. Horas antes a las 23:00, se había realizado en una casa del barrio de Carrasco un primer intento de negociación a cargo del brigadier Danilo Sena —excomandante en jefe de la Aviación y al igual que Francese ministro del Interior durante el periodo pachequista— que buscó inútilmente contactar a Pérez Caldas. Sena había ido a Casa de Gobierno a ofrecer su servicio, movido por reeleccionistas que revelaron “que se venían celebrando negociaciones […] a efectos de salvaguardar las instituciones”. Se asesoraban a distancia con el expresidente Pacheco. También se mencionaron como mediadores al general Juan Decilis, encargado de la Comisión de Represión de Ilícitos Económicos (crie) y a Servetti, que aparte de ministro era teniente coronel del Ejército.72

Entramos a continuación en una zona confusa, guiados por los medios impresos de la época. A la una de la mañana trascendió que los militares habrían dado plazo a Bordaberry para que renunciara a las dos a más tardar, a cuya hora según el diario Ahora, “Benito Medero y el diputado Julio María Sanguinetti se encontraban reunidos con el Presidente para obtener un cambio de su actitud”, de lo que estaba pendiente toda la prensa. Préstese atención a dicha reunión y a quienes supuestamente participaban. Horas antes coincidiendo con Sapelli, los diputados quincistas Julio María Sanguinetti, Franciso Forteza y Wáshington Cataldi habían arribado a Casa de Gobierno. Sanguinetti, muy parco, declaró algo así como “aquí estamos”. El País publicó que la Agrupación de Gobierno de Unidad y Reforma (sector de la 15) hacia la 01:30 del día 9 había dado a conocer su pleno apoyo a Bordaberry, a las instituciones y las libertades públicas. El Popular dio la misma noticia.73 ¿Que “actitud” se pudo pretender entonces que cambiara el mandatario?

Lo que informa el diario Acción en un tema que atañe a su grupo es defectuoso: “En la noche del jueves [8 de febrero], antes y después de que el Presidente de la República hiciera su mensaje a la ciudadanía, legisladores del Sector [Unidad y Reforma] llegaron a Casa de Gobierno entrevistándose con el Primer Mandatario”. Confirma que Sanguinetti no solo estaba sino que además habló con el presidente. La nota salta luego a un subtítulo: “declaracion” y añade: “Minutos después Unidad y Reforma, a través de su Agrupación de Gobierno hacía público el siguiente comunicado” (que hemos citado en el párrafo anterior) haciendo suyo “en todos sus términos y consecuencias el llamado a la ciudadanía” realizado por Bordaberry, en cuanto a “la necesidad de mantener una resuelta actitud en defensa de [las] instituciones y de las libertades públicas”.74

“Minutos después” la agrupación emitió su posición. ¿Después de que? La redacción no lo aclara, y es de notar que habían llegado legisladores de ese sector “antes y después” de que el presidente hablara. Si fue como parecería, minutos luego de terminada la alocución presidencial, sería antes de la medianoche del día 8, pero tanto El País como El Popular asentaron que el comunicado de Unidad y Reforma se emitió recién a la 01:30 del día siguiente.

Días más tarde, un debatido asunto de pedido colorado de renuncia a Bordaberry formulado el domingo 11, en que habría participado la 15, saltaría a la prensa. Dejemos por tanto de lado a falta de confirmación la nota sobre Sanguinetti y Medero tratando de disuadir a Bordaberry, no sin observar que queda en el lapso de las 22:00 a las 03:00 de la noche del 8 al 9, en que se realizaban febriles tratativas. Alrededor de las 22:00 El País había descubierto una reunión entre Medero y Gutiérrez Ruiz en la casa de la madre de este último (el nacionalista lo confirmaría a Marcha sin precisar día ni hora) y pasada la medianoche, Ferreira estaría buscando convencer al contralmirante Zorrilla de que aceptara una fórmula de sustitución de Bordaberry con realización de elecciones anticipadas.75

En información del momento el presidente habría contactado a Ferreira, y este habría hecho a Gutiérrez Ruiz emisario de una propuesta de consultar a todos los sectores políticos, acordar con las fuerzas armadas, consensar un plan de gobierno y llamar a elecciones en pocos meses.76 Por lo que —alrededor de las dos de la mañana— Gutiérrez Ruiz se juntó durante veinte minutos con el secretario de la presidencia Barrios Tassano y con el ministro Medero en la planta baja de la Casa de Gobierno. Bordaberry —en el segundo piso, posiblemente acompañado también de Juan José Gari y otras personalidades— entendió que la propuesta conversada a pocos metros llevaría al caos y la rehusó. Hubo una entrevista diferente a eso de las 03:10 entre Medero y el propio Ferreira, quien venía de reunirse con oficiales de la Marina. No hubo acuerdo y el líder blanco se ausentó del teatro político, partiendo a su establecimiento rural en el departamento de Rocha. Para unos la actitud de Ferreira era de neutralidad, a partir del rechazo de su propuesta de formar gobierno de unidad y llamar a elecciones, para otros podía significar apoyo a los militares. El periódico ferreirista Opinión Nacionalista develaría que en realidad no se fue enseguida al campo, sino que permaneció un tiempo más en Montevideo a la expectativa, sustrayéndose a la atención pública. Mientras tanto Gutiérrez Ruiz seguía como su operador.77

La versión que daría el líder blanco al diario frenteamplista Ahora en nombre de Por la Patria y del Movimiento de Rocha, sería negar que el presidente le hubiera ofrecido cargos ministeriales a cambio de apoyo. En cuanto a la proposición atribuida a Gutiérrez Ruiz, “no partió de nosotros sino de […] Ministros del Poder Ejecutivo […] [pero] se entendió que […] esa fórmula […] iba a hacer más difícil encontrar la salida. Ninguna salida será duradera si no reposa sobre una consulta popular”. La conjugación impersonal que usa Ferreira deja en la oscuridad quien “entendió” que esa proposición de funcionarios del Ejecutivo era improcedente, aunque otros asignan la negativa a Bordaberry. Ferreira fue más categórico en señalar que la especie de participación en cargos ministeriales que él desmentía, publicada por El Día, era idea de “un ministro del gabinete de Bordaberry”, quien implícitamente estaba reconociendo la tesis ferreirista de que el “pacto chico” (así llamaba el líder blanco al Acuerdo Nacional) era inválido por no representar a las mayorías nacionales.78

En declaraciones al también frentista Última Hora el día anterior, Ferreira había tachado de “mentira deliberada” la información de El Día y amplió:

La propuesta formulada por Gutiérrez Ruiz al Presidente de la República no partió de nosotros, sino de círculos gubernamentales. Más concretamente […] de Ministros. [...] Nosotros contestamos, y cuando digo nosotros me refiero a […] los movimientos “Por la Patria” y “de Rocha”, que siempre estuvimos dispuestos a colaborar con el gobierno de la República para evitar [esta crisis y] […] entendimos que ahora, en estas circunstancias, ninguna salida podía ser duradera si no reposaba sobre una consulta popular.

Nosotros no sabemos si esto llegó o no a conocimiento del señor Presidente. Sabemos simplemente que toda solución de este tipo fue rechazada por el doctor Barrios Tassano [secretario de la presidencia] lo que se explica perfectamente viniendo de este señor.

Hacemos esta precisión porque el Presidente de la República nunca buscó un contacto político [con el Partido Nacional] […] para indagar su opinión sobre estos sucesos.79

O sea que no hubo comunicación directa con Bordaberry y al insistir en que la iniciativa era de “círculos gubernamentales”, Ferreira mencionaba a “Ministros”, lo que haría pensar que el presidente dejó que estos (o este si fue solo uno) actuaran sin él directamente proponer ni comprometerse a nada.

En más declaraciones Ferreira admitió que tuvo también contacto con militares en los días de la crisis y una vez más

Reconoció […] la gestión del Presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, quien a través de Benito Medero, ofreció constituir un gobierno de unidad nacional y la realización a los 180 días de una elección nacional, previa reforma constitucional. “Esa fórmula contaba con el asentimiento de las Fuerzas Armadas [...] Y no afectaba al sistema institucional. Se recibió la negativa a través de Barrios Tassano, no sabemos si con conocimiento del Presidente de la República, suponemos que sí. A todos con quienes hice contacto les hice presente […] que nadie cometiera el trágico error de suponer que para violar las instituciones podía contar con el apoyo directo o indirecto del Partido Nacional”.

Aquí Ferreira hacía a Gutiérrez Ruiz —muy cercano a él— y no a agentes del gobierno, portador del pedido de elecciones y constitución de un gobierno de unidad nacional, fórmula que puede interpretarse como de reorganización del gabinete con pluralidad de todas las fuerzas políticas sin exclusiones, lo que el nacionalista había reclamado desde el año anterior. Pero afirmaba que hubo apoyo de las ff. aa. para la idea, cuando informaciones en posdictadura sostienen lo contrario.80 Por otro lado dejaba en firme que no apoyaría un golpe de Estado (cosa de lo que luego se le acusaría). Acción publicó palabras de Gutiérrez Ruiz asintiendo que “fueron rechazadas las sugerencias presentadas por nuestro movimiento en las deliberaciones de la madrugada”; algo similar transcribieron El País y Opinión Nacionalista.81

La duda acerca de si la fórmula fue del gobierno o del ferreirismo se aclara acudiendo a otra explicación del líder blanco, que no se difundió suficientemente:

En cuanto a la propuesta formulada por el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz al Presidente de la República no partió de nosotros sino de [...] Ministros del Poder Ejecutivo. Ello no lo dimos a conocer en un principio —añadió— porque se entendió que la procedencia de esa fórmula, de allegados al Ejecutivo, iba a hacer más difícil encontrar la salida.82

O sea que con fines altruistas, el grupo de Ferreira habría hecho suya una fórmula de arreglo que no era suya. Pero con mucho entusiasmo, a juzgar por la persistencia con que trató de convencer a otros —de las tres Fuerzas Armadas sobre todo— de llevarla a cabo. Sumada a la maraña de declaraciones de los actores de febrero, plena de ambigüedades y mensajes en clave, la versión recogida por el embajador francés sería que Bordaberry habría exigido que junto con él renunciara Sapelli, a lo que el vicepresidente se habría negado; y Pacheco le habría instruido al vicepresidente que se abstuviera de todo movimiento.83 Por otra parte, si la 15 realmente consideró esa noche la renuncia de Bordaberry, bien se pudo arrepentir ante la perspectiva de que la sucesión de Sapelli fuera transitoria, mientras se llamaba a elecciones anticipadas, lo que podía simbolizar el triunfo de la tesis nacionalista de que las de 1971 no eran válidas. Tal vez por ello a Ferreira no le extrañó que la negativa fuera comunicada por “este señor” (Barrios Tassano) perteneciente al grupo de Jorge Batlle.

Casi a la misma hora en que el pachequista Danilo Sena se retiraba de Casa de Gobierno la madrugada del 8, lo haría también Gutiérrez Ruiz, ambos con el fracaso en el rostro. Las “importantes novedades” esperadas a las dos de la mañana no se produjeron. Mientras tanto, los sublevados daban una vuelta por las redacciones de los diarios para ver lo que imprimían y revisaban la grabación del discurso del presidente que habían incautado a fuerza de metralleta y luego devolverían a los canales de televisión 4 y 12. A las 05:00 horas Bordaberry abandonó el Palacio Estévez en compañía de Francese.84

III. Discordia militar

El principal apoyo del gobierno era la Marina. Se estimaba que contaba unos 5000 efectivos (en comparación con 17 000 del Ejército) entre los cuales un cuerpo selecto, los Fusileros Navales (o Fusna) sumaba alrededor de 700, leales a sus jefes. En el Departamento de Prensa de la Jefatura de Policía de Montevideo el día 8, se habían producido “violentas discusiones” entre altos oficiales que habían concurrido a enterarse del comunicado castrense a difundir, porque los de la Armada lo reputaban contrario a la Constitución. En la tarde se observó intenso movimiento de tropas en la zona portuaria con restricción de los ingresos, mientras los buques de guerra giraban sus cañones hacia la ciudad. En torno a las 22:00 horas, los fusileros empezaron a cerrar los accesos a la Ciudad Vieja en prevención de un enfrentamiento con los blindados del Ejército, erigiendo barricadas con sacas de arena y vehículos requisados cuyos neumáticos fueron desinflados, apostando nidos de ametralladoras. Tarea que concluyó luego de medianoche. Poco después de las 02:00 del día 9 el arma entregó un comunicado manifestando su apego a las autoridades libremente elegidas, prometiendo mantener “hasta sus últimos extremos la defensa de las instituciones”.85

Se sucedieron escenas dramáticas entre quienes quedaron a un lado u otro del encierro, sin poder retornar a sus lugares de destino, incluidos turistas que durmieron en sus automóviles y familias locales que lo hicieron a la intemperie, amparadas por el clima veraniego. Pero los dudosos centros nocturnos de la calle Piedras y similares en la zona portuaria, no se dejaron sorprender: cerraron tempranamente las puertas librando a sus clientes de toda situación enojosa. A la mañana siguiente, día viernes, el transporte colectivo se detenía en la Plaza Cagancha y los vehículos particulares en la calle Andes, causando aglomeraciones. Los pasajeros hacia la Ciudad Vieja debían continuar a pie para encontrar el camino cortado a la altura de la calle Juan Carlos Gómez. En el perímetro de la Armada no funcionaban oficinas públicas ni privadas, comercios ni casas matrices o sucursales de bancos, por lo que el Banco Central decretó feriado bancario. Algunos de los navíos que debían anclar en el puerto prefirieron seguir a Buenos Aires. Los canillitas silenciaron su voz y la zona quedó tan muerta como solía estar los domingos. Los vespertinos Acción y Última Hora no pudieron editarse, aunque sí lo logró el semanario Marcha cuya editorial sentenció: “el Uruguay de antes está muerto”. Los escasos peatones de género masculino paseaban sin la corbata común en los días de oficina y se entregaban a la conversación, el ajedrez o el fútbol en la explanada de la costa. Los funcionarios del Hospital Maciel no pudieron partir ni sus relevos entrar, por lo que los primeros siguieron atendiendo el servicio. Los huéspedes ansiaban dejar los hoteles, escasos de personal y con los restaurantes cerrados. Los marinos movilizados, si realizaban consumos en los negocios abiertos pagaban la cuenta. Los niños permanecían en sus casas. Primaba la expectación mas no el pánico.86

Apenas instalado el cerco, el ministro Francese y el presidente —que había rechazado el ofrecimiento de refugiarse en la Ciudad Vieja bajo protección de la Armada— pensando en negociar comenzaron a presionar a Zorrilla para que lo suspendiera. Por su lado la Marina esperó inútilmente el apoyo de una unidad clave del Ejército —el Regimiento de Infantería No. 1— que no se concretó, porque sus subordinados no le respondieron al coronel Venancio Caballero (ahijado del difunto general Gestido) quien solicitó su relevo.87

Siendo el alba del día 9 Bordaberry se había trasladado a la residencia de Suárez no para dormir, sino a una entrevista con Pérez Caldas, que acudió con una fuerte guardia armada a decirle que renunciara. El mandatario se negó. Zorrilla estaba en la Ciudad Vieja inspeccionando las barricadas. A las 08:00 se publicó una aclaración de José Verocay especificando que en su discurso de réplica al desconocimiento de Francese, el presidente “por error […] invocó un Comunicado suscrito por el Comando General del Ejército […] [pero] este Comando no firmó ningún Comunicado”. Ello desautorizaba a los alzados, en su mayoría del Ejército, y equivalía al cese de Verocay en el puesto en que signaba como Encargado del Comando General del Ejército. Sus posibilidades de controlar la situación se habían esfumado durante la noche y el día 10 pediría pasar a retiro.

Continuando la mañana del 9, el Comunicado No. 1 de los rebeldes explicó que se habían visto obligados a ocupar las radios Carve y Montecarlo, pero que resarcirían los daños. A las 22:30 de la noche anterior, CX16 Radio Carve había recibido la orden telefónica de un oficial de que irradiara un mensaje, a lo que sus directivos se negaron, tachándolo de “noticia subversiva”. Elementos del Ejército ocuparon entonces la planta de la emisora y a la 01:10 del viernes 9 se cortó la trasmisión, para ser reanudada al alba. A media mañana llegó una partida al estudio de la radio, para suministrarle a la audiencia una prolongada tanda de música militar y comunicados. Un procedimiento similar se llevaba a cabo en Radio Montecarlo y otras emisoras y en el transcurso de la tarde en los canales privados de televisión, todos conectados —luego de “numerosas órdenes y contraórdenes desde el Comando”— en una cadena bautizada “Difusora Oficial de los Mandos Millitares” con cabeza en la emisora Montecarlo. Alrededor de las 15:30 se volvería a la programación normal, pero con prohibición de trasmitir noticieros y obligación de seguir reproduciendo los comunicados cada media hora. La cadena andebu de radio y televisión privada, por las ondas de otras ocho estaciones que no habían sido ocupadas, denunció estos actos por limitativos de la libertad de expresión, con “la pretensión de desconocer las legítimas autoridades elegidas libremente por el pueblo”.88

El Comunicado No. 2 del Ejército y la Fuerza Aérea había exhortado a las 11:20 a la Armada a sumarse a la causa de los rebeldes, con base en los principios republicano-democráticos y “dando la espalda a personas que solo protegen intereses personales”. Era un llamado a la coexistencia, fijando un criterio que regularía las relaciones entre las tres armas durante la dictadura: mantener “la jurisdicción de la Fuerza Aérea en el espacio aéreo, la jurisdicción de la Armada en el espacio marítimo y la jurisdicción del Ejército en el espacio terrestre, para evitar así situaciones equívocas”. A las tres de la tarde otro comunicado (No. 3) pidió a la Marina, cuyo bloqueo de la Ciudad Vieja interfería en las actividades portuarias y bancarias generando “una separación más aparente que real en las ff. aa”, contribuir a la normalización del país.89 Lo mismo que le estaba demandando Bordaberry a la Armada.

En la Base Aérea número 1 de Carrasco los aviones de combate estaban dispuestos, con municiones o explosivos. El general Esteban Cristi, oficial de línea dura al frente de la Región Militar No. 1, se dio el gusto de jugar a la guerra desplazando un aparato de blindados y transportes que atronaron las calles para apostarse en formación de batalla en el apacible verdor del Prado, no muy lejos de la sede de la Región y de la residencia presidencial de Suárez. Sus efectivos lucían armados a guerra y en las torretas de los tanques apuntaban ametralladoras abastecidas para disparar. Hacia las 17:00 horas, coincidiendo con la primera ronda de negociaciones con el gobierno, volverían a su punto de partida a imprudente velocidad.90

Por la tarde el alto mando del Ejército que estaba funcionando en oficinas de la Región Militar No. 1, retornó a la sede del comando en la esquina de las calles Paraguay y Soriano. Un nuevo mensaje del arma anunció cerca de las 18:00 horas el nombramiento de Hugo Chiappe Posse en el cargo de “Comandante del Ejército en operaciones”, colmando el vacío dejado por la renuncia de César Martínez y el desconocimiento de Verocay. Era el general de mayor antigüedad entre los sublevados, a cargo de la Región Militar No. 3 y había sido jefe de la Casa Militar presidencial en tiempos de Pacheco Areco. En la lógica de la rebelión —que mezclaba formalidad reglamentaria con desobediencia y pugna entre facciones castrenses— Chiappe no podía ser plenamente comandante en jefe sino solo “en operaciones”, dada la ausencia de un acuerdo ministerial que lo designara. Tampoco había ministro del Interior luego que se conociera la renuncia del pachequista Walter Ravenna, por lo que en la noche un comunicado no menos importante —pues concernía al orden cotidiano— informó que en virtud de que el Instituto Policial era “parte del Ejército” a causa de su movilización por el decreto No. 314 de 1969 (siendo Pacheco presidente) la policía permanecería “a las órdenes […] del Ejército y de la Fuerza Aérea”. Esto no sería difícil de ejecutar en la capital, donde el jefe de policía era el coronel Rodolfo Zubía, hermano del general Eduardo del mismo apellido, jefe de la Región Militar No. 2 y uno de los soportes del movimiento. Rodolfo pronto sería ascendido a general y mandaría en la Región Militar No. 3 que Chiappe dejaba vacante. En otra zona del país, al iniciarse la crisis había presentado renuncia el jefe de policía de Artigas, Ariel Riani, próximo al expresidente Pacheco y a Pereyra Reverbel y único civil que quedaba al frente de una jefatura de policía departamental, siendo sucedido de facto por un militar. No obstante su dimisión, el 22 de febrero sería cesado por una resolución del Ejecutivo fundada en que todos los jefes policiales debían ser castrenses por estar el instituto movilizado y constituir fuerza auxiliar de las ff. aa.91

En el interior renunció también el jefe de Policía de Lavalleja, coronel Walter Francese, hijo del ministro de Defensa. Había barricadas en el Apostadero Naval de La Paloma en Rocha, mientras en el cercano Batallón de Infantería No. 1 del Ejército se aprestaban cañones. En una tormentosa sesión de la Junta del Departamento, solo un edil “comunifrentista” según El Día, se manifestó en apoyo de los rebeldes.92

IV. Negociaciones

A las 12:10 del mismo día 9 Sapelli —que por los contactos e insinuaciones recibidas debía tener no poca información— había vuelto a casa de gobierno en Plaza Independencia, donde se encontraba Bordaberry desde las 11:20 con políticos acuerdistas. Autoridades navales concurrirían más tarde. A las 12:25 se retiraron los quincistas Julio María Sanguinetti, Francisco Forteza, Luis Hierro Gambardella y Wáshington Cataldi, planteando a la prensa un panorama “muy difícil”; pero el reeleccionista Raumar Jude envió señales de alivio. Se fortalecía la idea de negociar. A las 13:00 horas se anunció la dimisión del gabinete para darle margen de decisión a Bordaberry. Los periodistas hicieron notar que la noticia no podría difundirse si los medios de mayor alcance seguían ocupados. A las 13:05 se retiró Sapelli. Se supo que los ministros renunciantes Luis Balparda Blengio, Juan Carlos Blanco y Walter Ravenna fungirían como mediadores, por lo que acudieron a la Región Militar No. 1, donde tras esperar 45 minutos Chiappe Posse y otros mandos les reiteraron su exigencia de renuncia irrevocable de Francese, y rechazaron la contrapropuesta de que juntamente dimitiera Pérez Caldas. Antes de salir los enviados tuvieron que esperar otros quince minutos, mientras les pasaban por delante los blindados de Cristi que regresaban a base. Bordaberry los esperaba a corta distancia en la residencia de Suárez, a la que había vuelto temprano en la tarde. A las 16:45 también en la Región No. 1, como revelaría más adelante el general Ventura Rodríguez, había terminado sin resultado otra reunión de los mandos de aire y tierra con este oficial, que se había hecho portador de la propuesta pacificadora de Ferreira (que según este contaba con apoyo del gobierno, que la había rechazado la noche anterior). Alrededor de las 18:30 Francese abandonó la Casa de Gobierno diciendo que se negociaba “una solución emparchada”. Su renuncia estaba sobre la mesa desde el día anterior y sería aceptada a las 19:15, primer resultado de la tratativa en curso.93

Diferencias en el Ejército —el arma decisiva— impedían una definición. Apuntaban dos tendencias: los generales Cristi y Ávarez serían partidarios “de una solución muy radical”, mientras que el comandante en jefe en operaciones Chiappe Posse así como Julio César Vadora de la Región Militar No. 4, estarían por preservar una apariencia de legalidad: “que el Ejército se haga sentir en las decisiones políticas, pero sin que sus integrantes asuman de hecho [la] conducción”. El comunicado No. 8 del Ejército, Fuerza Aérea y Policía desmintió la existencia de discrepancias, pero al mes siguiente “Un alto vocero del Ejército” confirmaría a El Día “que dentro del Ejército se perfilan líneas no coincidentes”. Con todo, un programa que tomaría el nombre de “plan político de las ff. aa.”, había salido a luz a las 22:30 horas del día 9 de febrero, por la cadena de medios bajo poder militar. Conocido como el comunicado No. 4, abarcaba una serie de objetivos de reforma económica y política “que empezó a hacer correr la palabra perunismo [sic] en las teletipos de las agencias noticiosas”, para contento de mucha izquierda. Era el momento en que Bordaberry calculaba que tanto ceder o no ceder, en que la clase política tradicional prácticamente lo abandonaba y el Frente Amplio acababa de celebrar una gran concentración a cielo abierto pidiendo su renuncia. Continuaban los rumores de su sustitución por Sapelli. Mas al parecer la proclama reformista ocasionó escozor dentro de las Fuerzas Armadas, por cuanto a la noche siguiente (día 10) fue complementada por otro comunicado —el No. 7— con algunas “precisiones”.94

Viendo cómo evolucionaba la situación, en la misma tarde del día 9 el comandante en jefe Zorrilla igualmente había concurrido a la Región Militar No. 1, a conversar con el Ejército y la Aviación.95 Bordaberry estaba desmovilizando al único sector militar que lo apoyara, en la misma medida en que se desprendía de Francese y el contralmirante debía proteger a su fuerza. En la sede de la Región lo atendió Gregorio Álvarez, dándole garantías de que a la Armada se le toleraría quedar fuera del movimiento si dejaba de oponerse; como muestra se interrumpió la emisión del comunicado que le exigía sumarse. Desde mediodía los fusileros navales permitían el tránsito a peatones por la acera norte de la calle Sarandí y más tarde a los vehículos; las actividades normales se reanudaban en la ciudad vieja. A las 21:30 los marinos comenzaron a levantar sus resguardos retirándose al puerto. Quedaban autobuses y otros vehículos de barricada obstaculizando el tráfico, por lo que a medianoche se pidió a los propietarios que pasaran a buscarlos a la brevedad.96

A las 00:23, las constituidas como tres de cuatro fuerzas (incluida la Policía y excluida la Marina) habían firmado el Comunicado No. 5 anunciando el restablecimiento de la calma en todo el territorio. Antes de medianoche se había cerrado la Casa de Gobierno ya sin protección de la Armada y las actividades del Ejecutivo se trasladarían a la residencia de la Avenida Suárez durante los días siguientes. Frente al Palacio Estévez y cerca de las barricadas de la Marina, los mirones de ambos sexos se habían mantenido gran parte del día, pero la noche estival registró escasa presencia en los lugares abiertos o cerrados de esparcimiento. Incluidos los casinos, cuya clientela solía aumentar en temporada con los argentinos aficionados a los juegos de azar restringidos en su país, pero que ahora surcaban en taxi la solitaria Ciudad Vieja para ir al muelle a desertar en el Vapor de la Carrera. La Central Termoeléctrica Batlle y la refinería de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ancap) en la Teja (rodeada por el Ejército para evitar una eventual ocupación por la Marina) funcionaban con normalidad. La frontera terrestre con Brasil no había sufrido interrupción de tráfico peatonal ni de vehículos.97

Hacia el mediodía del sábado 10, los tres mediadores se juntaron en Suárez con Bordaberry, Barrios Tassano y el contralmirante Zorrilla. No hubo buenas nuevas al salir de la reunión y Ravenna declaró que la posibilidad de más contacto con los rebeldes “No depende del Gobierno”. A las 14:00 se entrevistó el presidente con Sapelli y más tarde con acuerdistas. A las 15:30 se volvieron a encontrar los mediadores con mandos militares y posteriormente, a las 18:00, llegaron al local llamado coloquialmente Suárez Chico (edificio anexo a la casa presidencial) el comandante en operaciones del Ejército, Chiappe Posse y el comandante en jefe de la Aviación, Pérez Caldas, para una reunión de casi dos horas con el presidente, que se calificó de “constructiva y auspiciosa”.98 Pasadas las 21:00 se marcharon Balparda Blengio y Blanco exultando optimismo, comunicando que su misión había concluido y que posibles próximas negociaciones dependerían de Bordaberry. Los puntos abordados habrían sido la renuncia de Francese a cambio del alejamiento de Pérez Caldas y de algunos mandos a definir del Ejército, nombramiento de un ministro de Defensa compenetrado con “la nueva estructura y […] los objetivos actuales de las Fuerzas Armadas”, la reestructuración del gabinete, la integración de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados y la represión de los ilícitos socioeconómicos. Los nuevos ministros debían ser de probaba competencia y moralidad y con respecto a los entes públicos, se demandaba participación de las ff. aa. y evitar “la cuotificación política”. Relativo al comunicado militar No. 4 Bordaberry manifestaba “su mejor disposición”, entendiendo que algunos puntos ya estaban incluidos en los planes del gobierno y que los otros se estudiarían con miras a su integración. Como señales de buena voluntad habría descartado una réplica a dicho comunicado y dado orden a la Marina de cesar el bloqueo. Buscaría igualmente dialogar con Ferreira para la conformación del gabinete y lograr apoyo parlamentario.99 Esto último, como hemos dicho, fue desmentido por Ferreira.

Para el democristiano Ahora —simpatizante del movimiento militar— el hecho de que el presidente no renunciara y se plegara a las exigencias castrenses se debía al consejo “de un asesor muy allegado […] que no ocupa ningún cargo en el equipo de gobierno” —alusión a Juan José Gari— y el objetivo era ganar tiempo, lo que convendría también a los militares, que en esta etapa solo se interesaban por imponer ciertas líneas programáticas: “En ningún momento pretendieron, como la prensa derechista quiere subrayar, la quiebra del orden institucional”.100

Un vespertino colombiano entrevistó telefónicamente al renunciante César Martínez, quien dijo que se estaba dando un enfrentamiento del que el pueblo no estaba al corriente, “entre el poder militar y el presidente Bordaberry”, por “diferencias de enfoque sobre el manejo de los problemas nacionales”, que venían “desde antes”. No quiso especificar más excusándose por su situación de servicio, pero encontraba indudable que el presidente no contaba con el apoyo de las ff. aa.; aunque “No necesariamente” la salida sería un gobierno militar. Como comandante en jefe del Ejército le había dicho a Bordaberry “que mi intención en el futuro era asesorarlo en algunas formas de acción […] con lealtad y él no se mostró de acuerdo con ello”. ¿Había sido una discusión acalorada? “Según lo que se llame acalorada […] hay problemas en las Fuerzas Armadas y existen problemas nacionales que están interrelacionados”. Se necesitaba “un país donde exista el bienestar, la justicia, el desarrollo”, pero Uruguay vivía “un estancamiento general. Se requiere impulso”. Lo deseable no era derrocar a Bordaberry, porque “la constitución ofrece mecanismos que permiten salir del paso sin [un] golpe”. Este sería “una eventualidad remota”, si bien por el momento no podía descartar que se produjera un choque armado entre sectores de las ff. aa. Al día siguiente el general rectificó en nuevas declaraciones: no creía realmente que pudiera ocurrir un golpe de Estado y a Bordaberry él solo pretendió asesorarlo en asuntos militares.101 Olvidaba que dos semanas atrás había dirigido junto con los otros comandantes en jefe “recomendaciones” al presidente que rebasaban en mucho lo castrense.

El Día reveló las “verdaderas causas” del conflicto, aparte de la fricción con Vasconcellos: 1) compras sin explicación convincente de moneda argentina, desde mediados de diciembre hasta la primera semana de enero, a precio mayor del normal, que había realizado el Banco Central del Uruguay (bcu) en beneficio de la banca privada, por lo cual los militares habían pedido tomar medidas contra el directorio del ente; 2) el escándalo de la Junta Departamental de Montevideo; y 3) la aspiración hecha pública por las ff. aa. que Bordaberry demoraba en satisfacer, de que se nombraran en la dirección de los organismos autónomos y descentralizados a oficiales por ellas escogidos.

Con relación al primer punto, el viernes 9 se había decretado feriado bancario y el lunes 12 se resolvió limitar el retiro de depósitos en moneda nacional. Había una fuerte baja del dólar a nivel internacional, pero en el mes de enero movimientos bancarios habían hecho subir artificialmente el dólar financiero en Uruguay. Siete bancos involucrados habían sido señalados a instancias de jerarcas militares, visto que entre el 15 de diciembre y el 5 de enero habían comprado con dólares (lo que implicaba fuga de divisas) pesos argentinos en el mercado negro de la vecina orilla y los daban al bcu —que pagaba una cotización más alta a efectos de contrarrestar el mercado negro uruguayo— como si fueran provenientes del turismo ingresado al país. También había maniobras de casas de cambio con divisas efectivamente captadas de los turistas, y otros ilícitos en operaciones de comercio exterior. El Banco Central respondió que había promovido las investigaciones correspondientes e informado al ministerio de Economía, haciendo revertir las operaciones referidas y encomendando aplicar multas, así como iniciar procedimientos penales que estaban en la etapa del presumario y por tanto en secreto. Mismo que la institución se veía obligada a quebrar para desmentir las acusaciones en su contra, beneficiando mal que le pesara a la defensa de los sospechosos. Con su intervención el bcu había logrado que entre mediados y fines de enero el dólar bajara de $1070.00 a $880.00 pesos, por lo que no se le podía achacar otra cosa que no fuera el saneamiento financiero.102

V. Tornas en la Marina

En la Armada, luego del repliegue y el compromiso de que a cambio de su neutralidad se respetaría su autonomía, había un suspenso que empezó a resolverse el sábado 10. Algunos marinos se habían estado presentando en dependencias del Ejército manifestando adhesión al alzamiento y alrededor de las 15:00 horas, una pequeña insurrección en el Área Naval del Cerro donde se encontraban 200 efectivos, exigió unirse a las otras armas y que Zorrilla renunciara. La encabezaba el capitán de fragata Jorge Nader (a quien el mln señalara como integrante del llamado escuadrón de la muerte) secundado por el capitán de navío (por tanto de mayor rango, y sin embargo acatando a Nader) Hugo Márquez, de modo que no se suscitaba el “equívoco” de que hubiera una intromisión del Ejército o de la Aviación. Salvo que los comunicados del grupo se reproducían en las radios controladas por estos que además se solidarizaron, amenazando con represalias a quienes agredieran a los marinos rebeldes. Alrededor de las 18:00 horas el Ejército colocó barricadas y emplazó tanques cerca del puente del arroyo Pantanoso, declarándolo “zona militar” e impidiendo el acceso a la populosa zona del Cerro durante hora y media. En otra versión el corte duró solo alrededor de una hora, entre las 19:25 y 20:25, moviendo súplicas y gritos de centenares de personas necesitadas de pasar.103 Luego se reanudó el tráfico, aunque permaneció una guardia y siguió cercada por el Ejército el área del Dique Nacional, en protección de los escasos alzados de la Marina —unos treinta, diría luego Nader— que se concentraban en la cercanía del buque tenderredes Huracán, allí varado. Desde el vecino cuartel del Grupo de Artillería No. 1 en el barrio de La Paloma (Cerro Norte) donde también funcionaba una dependencia de la Fuerza Aérea, el Ejército podía operar si quería en socorro del grupo. Tras algunos disparos sin bajas, se llegó a un acuerdo de no agresión entre marinos rebeldes y leales. Mediando conversaciones en que participaron el general Esteban Cristi y el coronel Ramón Trabal, el Ejército se abstuvo de atacar.104

Zorrilla había estado en reunión con oficiales del Ejército para la mediación que le había solicitado Bordaberry, y enterado de los sucesos cuando iba camino a la misma.105 Con notable productividad, la tripulación del Huracán reparó en pocas horas la nave utilizando incluso trozos de plástico, y lo botó al agua. En tierra la rebelión naval había sido reducida y otros buques de la Armada zarparon preparados para un enfrentamiento. Un guardacostas junto al que navegaba una lancha de fusileros navales se aproximó al tenderredes intimándole rendición, pero la resolución de Nader y la voluntad de Zorrilla de evitar un choque cruento hicieron que se alejaran. El domingo 11 en la tarde otro navío, el barreminas Pedro Campbell, se sumó a la rebelión y un destructor amenazó bombardearlo, sin que se produjera zafarrancho de combate, pues en la tripulación del destructor también había simpatizantes del alzamiento o quienes no querían disparar contra compañeros de armas. Los rebeldes en el agua suscribían el “plan político” del comunicado No. 4 y un contralmirante retirado, Francisco De Castro, que había sido comandante en jefe de la Marina en 1967-1969, lideró a un conjunto de “Oficiales disidentes de la Armada” identificado con sus “camaradas” del Cerro, constituyendo un efímero Comando General de la Armada en Operaciones. Encontró oficina en el Servicio de Hidrografía de la Armada, providencialmente cercano a la sede de la Región Militar No. 1 del Ejército. De Castro era cuñado de los hermanos Zubía, lo que explica su salida del retiro. Simbólicamente los amotinados necesitaban un comandante más o menos ficto en cada arma.106 Ambos grupos navales rebeldes aseguraban ser fieles a la Constitución mientras la infringían, pero en esto no hacían más que imitar lo que sucedía a nivel de gobierno desde años atrás.

Hacia las cuatro de la mañana del lunes 11 Zorrilla se comprometió a renunciar en el plazo de una hora, toda vez que se obedecieran sus órdenes y el Huracán se alejara de puerto. El buque fondeó a cinco millas y el contralmirante dejó el cargo de comandante en jefe a las 06:00, pidiendo el relevo a Bordaberry en una carta en que reconoció que no había logrado mantener la unidad entre sus subordinados y esperando que “los actores de estos sucesos asuman su responsabilidad ante la historia”. Bordaberry aseguró “firme su propósito” de no relevarlo... pero dejando “a criterio” de Zorrilla la decisión. Se supo que el marino estaba desilusionado con la actitud poco combativa de los partidos políticos.107

Oficiales institucionalistas como los entonces capitanes de navío Noel Mancebo y Bernardo Piñeyrúa, han criticado la falta de decisión o de visión del jerarca y que no haya insistido en atraer a la Fuerza Aérea cuando esta dudaba. En posdictadura Nader alegó que se volcó al motín al saber por Cristi que era este general y no Bordaberry quien estaba trasmitiendo a Zorrilla las órdenes de desmovilización, pretendiendo además pesar en la reestructuración de los mandos de la Armada. Zorrilla se habría justificado diciendo que se trataba de “un pacto de caballeros”. Cabe señalar al respecto que en otra noticia poco conocida, adelantándose a los acontecimientos del sábado la noche del viernes 9 —“alrededor de las 19:30”— fuentes de la Aviación comunicaron a El Día, “que la Marina se plegaría a los militares de tierra y del aire en cuestión de horas” como resultado de

un contacto que el propio Comandante en Jefe de la Armada, Contralmirante Juan J. Zorrilla mantuvo con mandos del Ejército en la Base Aérea Cap. Boiso Lanza, y en los cuales [sic] se habrían hecho adelantos para un entendimiento. Voceros del Ejército confirmaron anoche […] que muy probablemente hoy [sábado 10] quede sellada de nuevo la incorporación de la Armada Nacional al Comando de las Fuerzas Conjuntas, admitiéndose sin embargo, que eso ocurra sin la participación del Comandante Zorrilla ni de algunos otros mandos navales.

Para más prueba, meses más tarde el general Ventura Rodríguez —como dijimos, intermediario de Ferreira ante la superioridad militar— ratificaría algo que el líder nacionalista dijo desconocer: que en las tratativas para encontrar una solución a la crisis el mismo día 9, se había considerado alejar elegantemente a Zorrilla dándole un puesto en la Junta Interamericana de Defensa.108 Por tanto la suerte del contralmirante estaría sellada desde antes del sábado, pues los rebeldes no se contentaban con una Marina neutral y buscaban disponer del jerarca. La variante introducida por Nader sería que en vez de que a su comandante le ordenaran o lo depusieran otras armas, prefirió que un movimiento interno lo hiciera.109

Frente a las críticas hay que ponderar que Zorrilla al ceder obedecía a Bordaberry, desde que el presidente le ordenara paralizar a la fuerza e iniciar negociaciones, para luego dejarlo varado sin comunicarle su arreglo con los rebeldes. Al igual que otros oficiales no había tenido hasta entonces casi trato ni conocimiento con miembros de los partidos tradicionales y cuando los buscó, brillaron por su ausencia. La propuesta de Ferreira le parecía inaceptable y Seregni, por las razones que explicaremos más adelante, tampoco lo apoyó. La alternativa del marino hubiera sido organizar una contraofensiva autónoma carente de sustento político, llevando el país a un derrotero de facciones militares trenzadas al estilo argentino, mientras los civiles miraban.110

De Castro declinó su improvisada comandancia que recayó en Conrado Olazábal, por ser el de la derecha entre quienes podían asumirla. Era cercano a Gregorio Álvarez, dado que participaba en el Estado Mayor Conjunto (Esmaco) por cuenta de la Armada y había sido por ello quien facilitara a Zorrilla comunicarse el día 9 con las otras fuerzas (encarnadas en los comandantes de tierra y aire, más los jefes de las cuatro regiones del Ejército en que se dividía el país, más el omnipresente Álvarez). Una vez en el cargo Olazábal manifestó su coincidencia con los comunicados 4 y 7 y evidenciando el vacío presidencial, informó que el mando le había sido “entregado” por Zorrilla. Era capitán de navío, equivalente a coronel en el Ejército, pero no existía óbice para que asumiera porque no había ningún superior en la línea de sucesión (los todavía activos como Zorrilla después de su renuncia, estaban a disposición del ministerio y no del comando).111

Queda preguntarse por el trauma que lo acontecido pudo causarle a la Marina, un arma de reputación más elitista que el Ejército, en cuya oficialidad se suponía que Ferreira contaba con simpatías y a la que le hubiera repugnado someterse a los mandos de tierra. (El cerco de la Ciudad Vieja no había sido solo para apoyar a Bordaberry, sino también para “defender nuestra jurisdicción”, diría años más tarde Zorrilla.) “Muchos lloraron”, resume Mancebo, de dolor o de rabia.112

En un proceso por difamación llevado a cabo en 2008, en que declararon varios marinos activos en febrero de 1973, se estimó que no más de treinta o cuarenta oficiales de la Armada, menos de 10% del total, se habrían plegado a la sublevación. No podría explicarse el predominio de este número si no fuera por el respaldo del Ejército y la Fuerza Aérea, junto con la claudicación de Bordaberry y la actitud de los partidos que llevaron a Zorrilla a renunciar. Sin descontar que en la Marina se diera también el fenómeno de neutralidad expectante que refiere el general Alberto Ballestrino para un número de oficiales del Ejército, que esperaron a que se decantaran los hechos antes de definirse; y también, que como dijera Zorrilla, “algunos oficiales navales […] se me deslumbraban” con los comunicados 4 y 7.113

Cuando un mes después se organizó un homenaje al contralmirante en el Club Naval con motivo de su alejamiento, se recibieron más de 400 adhesiones de oficiales del arma (sobre un total de 500).114 Junto con él renunciaron otros jefes como el prefecto naval Lázaro Pinko115 y en lo sucesivo habría sofocación de disidencias, al igual que en las otras armas. Es de suponer que apuntalaron la incorporación de la Armada al bautizado Proceso Revolucionario castrense, tanto los relevos, retiros, persecuciones y purgas como la disciplina, y el hecho de que se respetara la oferta de que cada fuerza se mantuviera autónoma en su ámbito de acción profesional. (Lo que al Ejército no le venía mal, pues dejaba bajo su control casi toda la superficie terrestre y su población.) No lo menor, aunque con restricciones, la integración al —luego simplemente llamado— Proceso, le permitiría a la fuerza compartir las mieses del poder y la derrama económica que las ff. aa. recibirían durante la dictadura.

VI. La soledad de Bordaberry

Desmintiendo los buenos auspicios, durante el domingo 11 se sucedieron nuevos trajines de los mediadores y entre las 22:10 y las 22:50 horas, tras un mitin ampliado de mandos, los tres comandantes en jefe (incluido el flamante Olazábal) junto con Cristi y Álvarez, concurrieron a Suárez. Del círculo de parientes y allegados al presidente que hacían vigilia en la casona surgió la versión de que este tenía de nuevo plazo hasta las 22:00 horas para renunciar, de no firmar los compromisos que le pedían. Pero fue desmentida por la Presidencia y los militares. Bordaberry en ningún caso dimitiría. Entre otras discrepancias (o “error de interpretación”) con lo tratado el día anterior, las ff. aa. rechazaban como intento de censura la exigencia —privativa de la autoridad civil— de que no se emitieran sin conocimiento del Ejecutivo comunicados castrenses. El mandatario tuvo que abocarse, asistido por Balparda y Blanco (los negociadores que habían creído terminada su misión) además de Medero y del subsecretario de Ganadería Gustavo San Martín, a redactar otras bases de acuerdo. Transcurrida la medianoche José María Robaina Ansó, renunciante de la cartera de Educación, suscitó esperanzas. Horas antes se había oficiado en la residencia una misa católica, “a la que asistieron los familiares más allegados al Presidente […] [junto con] miembros del Reeleccionismo y de Unidad y Reforma”. La crisis había unido en una ceremonia religiosa a la devota familia Bordaberry con descendientes del jacobinismo uruguayo.116 117

También a medianoche del 11 el presidente se asomó a saludar al público que lo vivaba más allá de las rejas de la residencia, sumando a esa hora, decía El Día, unas dos mil personas vigiladas por la Guardia Metropolitana. (El interior estaba resguardado por efectivos de la Casa Militar.) Suscita dudas esta cantidad que Acción catalogó de “muchedumbre” y El País sumó en “un millar”, sin perjuicio de que el número pudiera variar dependiendo del día y la hora y presumiblemente fuera mayor la primera noche. Aparte de las idas y venidas de ministros renunciantes y otras personalidades, la numerosa parentela de Bordaberry se había hecho presente e intentaba “cadenas telefónicas” para atraer simpatizantes entre sus conocidos. Pero los invitados —de las zonas de Carrasco y Punta Gorda y extracción social probablemente distinta de la que tenían los espontáneos de Plaza Independencia— parecían preferir la playa, se quejaba una de las convocantes. Según los medios frenteamplistas, en algunos momentos los periodistas superaban a curiosos y partidarios que oscilaban entre cien y doscientos. Las fotos de diarios de diversa orientación política coinciden en mostrar un limitado público. Ello no impidió que algunos adherentes tomaran valor y la emprendieran a puntapiés con un vehículo de la escolta castrense, de los mandos que acudían a negociar. El lunes 12 fracasó la Juventud Uruguaya de Pie (jup, organización patrocinada por Gari) que con volantes y mensaje radial urgía venir a Suárez. A las 14:00 horas de la canícula no se reunían ni quince personas. El domingo anterior, una mujer que había intentado mover a los presentes a una manifestación, le dio gozo a un fotógrafo izquierdista que la retrató sola caminando en mitad de la calle. Otra, con experiencia en movilizaciones de la jup criticaría: “Lo que aquí falta es que se pongan puestos de cosas para comer. Aquí no tienen experiencia”. Pero el ambiente no se prestaba a un ágape populista: más adelante, en uno de sus enojos con Bordaberry, Ferreira diría que “el día que pidió que lo fueran a ayudar, juntó a 20 o 25 niñas de organdí en la vereda de enfrente”.118

Para el frentista Última Hora, la máxima concurrencia de unas quinientas personas se habría registrado la noche del domingo 11 de febrero. “Llegaban en automóvil”, dice el periódico, que publicó en contraportada la conocida foto en la que el mayor Gavazzo —años después famoso por sus delitos contra los derechos humanos— aparece entre señoras maduras que gesticulan apoyo al gobierno.119

VII. El Partido Colorado pide la renuncia

La escasa concurrencia reflejaba el distanciamiento del presidente con los partidos y la clase política. Entre los blancos Ferreira se había apartado al rechazarse su propuesta. Narraría que el domingo 11 se había llamado a los nacionalistas para que acudieran a la residencia presidencial de la Avenida Suárez, pero ya era tarde y no deseaban participar “en los finales de una ópera dramática”. En la convención nacionalista de mayo añadiría que

Cuando la crisis de febrero, hubo algunos buenos ciudadanos, que creyeron que el deber del Partido era ponerse a la cabeza de un movimiento de defensa de la normalidad constitucional. ¡Y claro era verdad! […] Pero […] a la gente no se la lleva a donde se la quiere llevar. […] Es imposible nutrir grandes cruzadas populares únicamente con abstracciones.

Por su parte los acuerdistas veían desvanecerse las expectativas de acceder a la dirección de los entes a causa del veto militar, lo que traería consecuencias hasta junio en las relaciones entre gobierno y Parlamento, donde el mandatario tenía una hipotética mayoría. El general retirado Oscar M. Aguerrondo desmintió que hubiera solicitado ver a Bordaberry y profirió la ambigua frase: “no tengo ninguna opinión ni quiero expresarla tampoco”. Más que a sus partidarios herreristas de los que estaba alejado, se debía sentimentalmente a los alzados, entre quienes contaba con fuertes simpatizantes.120

Para el día 12 Jorge Batlle se había esfumado informaba El Popular —que le seguía los pasos a su adversario— pero es de recordar que estaba sometido a justicia militar y su situación se volvía más incierta. Su desaparición no fue inmediata: una foto del día 9 lo muestra departiendo con el historiador Pivel Devoto “a pocos metros de la línea de barricadas [de la Marina]: a la espera de que se levantara el bloqueo” que le permitiría acceder a las oficinas de Acción. El capitán de navío institucionalista (colorado) José Bello, ha dicho que fue de los pocos políticos ubicables en esos días.121

Se esparció la noticia de que dirigentes reeleccionistas y quincistas le pedían el domingo 11 a Bordaberry que dimitiera, reforzada luego de que Sanguinetti visitara el lunes 12 la residencia de Suárez.122 Ahora resumió:

se trasuntó ayer [lunes] en el vespertino “Acción” que “el Presidente recibió al diputado doctor Julio María Sanguinetti, quien le formuló un planteo político a título personal y amistoso”. Esta información [continuaba Ahora] que no contiene ninguna otra aclaración, precisamente cuando circulaba la versión de que el quincismo exigía al Presidente la renuncia, hizo concluir a los observadores que ese había sido el objetivo de la visita del diputado Sanguinetti.

Héctor Grauert, de Unidad y Reforma, declaró que si alguien de su grupo había solicitado tal cosa “lo habrá hecho a título personal”. El silencio de otros legisladores quincistas o reeleccionistas, por lo común locuaces, apoyó el rumor. Según la cronología no necesariamente completa de Acción, a partir de las 16:30 del día 11 habían arribado a Suárez Ángel Rath (reeleccionista), Eduardo Paz Aguirre y Wáshington Cataldi (ambos de Unidad y Reforma), más Carlos Fleitas y el intendente Oscar Rachetti (ambos reeleccionistas). El Día se atuvo a “un calificado informante” que le aseguraba que ese domingo ambos sectores colorados habían demandado la renuncia, para luego rectificar el lunes 12. Pacheco en cambio habría mantenido que Bordaberry debía seguir en el puesto. La Mañana (cercana al reeleccionismo) sostuvo que “todos” los grupos de Partido Colorado habían considerado pedir la renuncia. Acción informó el día 13, “Para evitar algunos equívocos”, que su sector desde el principio de la crisis había acompañado al presidente, como lo demostrara su temprana declaración; luego del sábado 10 solo se habría producido una reunión de legisladores colorados con el mandatario, llevando Unidad y Reforma y la lista 315 de Vasconcellos “idénticas posiciones”, a lo que Bordaberry les había confirmado que no abandonaría el cargo. “En cuanto a la conversación que mantuvo el diputado Sanguinetti con el Presidente, como dijimos en nuestra edición de ayer [o sea el mismo lunes 12 de la visita del diputado, pues Acción era un vespertino] fue un diálogo personal y amistoso”.123

Ahora señaló que Acción se deslindaba del pedido de dimisión en nombre de Unidad y Reforma, sin negar que tal hubiera sido el objetivo de la entrevista de Sanguinetti. El Popular se burló de que este andaba “siempre corriendo por cuerda aparte y recibiendo algún cascotazo que otro del diario ‘Acción’ que dice dirigir”. Pero el director del vespertino era Jorge Batlle, posible autor del cascotazo. Bordaberry afirmaría muy posteriormente que “el doctor Sanguinetti me pidió que renunciara. Él niega que lo haya hecho […] digamos que uno de los dos está equivocado”. Sanguinetti ha escrito o declarado varias veces sobre el incidente. Su relato más cercano al hecho que conocemos es de julio de 1973 y allí dice que el domingo 11 “en una reunión con dirigentes políticos se habla al presidente sobre la posibilidad de una renuncia” que este no considera. Luego, “En la mañana del lunes lo visito, le digo que como amigo, no como político ni como representante de un partido, creo que solo le queda renunciar [para que asuma el vicepresidente Sapelli] que de lo contrario solo vegetará en la presidencia”, pues ya no puede alcanzar “una solución digna”. Bordaberry, aconsejado a distancia por Pacheco no lo escucha, cree que él y no Sapelli es el único que puede lograr una salida que preserve la tradición legal del país y garantice la continuidad del Parlamento. A la postre dice Sanguinetti, el asunto terminará en una institucionalización forzada de la participación política de las ff. aa., y reconocimiento de la “autonomía de sus decisiones en cuanto a su vida interna”.124 (No obstante lo cual, Unidad y Reforma afirmaría que no se había producido un golpe en febrero.)

Sanguinetti acota que los militares no estaban convencidos de asumir el gobierno. Opinión Nacionalista observó al respecto una oscilación: el viernes 9 los alzados aumentaron sus demandas, ya no se contentaban con la renuncia de Francese; el sábado Bordaberry pensó en renunciar,125 con la perspectiva de que lo sustituyera Sapelli o una junta militar. Los oficiales no estaban decididos a tomar el gobierno —tal como le habría dicho Gregorio Álvarez a Zorrilla— y sin embargo el domingo, con la Marina ya plegada a la rebelión, se especuló con lo contrario. El País publicó que se sabía que la 15 estaba “en total disconformidad con los últimos pasos” que adoptaba el mandatario, aunque se cuidaba de expresarlo; Jorge Batlle no lo había visitado en esos días. Vasconcellos, al principio preocupado por apoyar al mandatario, viendo el giro de los acontecimientos se negaba a sostener a “un presidente manejado”, en lo que concordaba la Convención Nacional del Partido Colorado al declarar “que solo el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes por parte de los gobernantes y los gobernados, es la garantía”. El domingo 11 a las 16:27 se había apersonado en Suárez Baltasar Granucci, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, buscando entrevistarse con Bordaberry, para comunicarle que la Convención reunida el día anterior había decidido solicitarle la renuncia. Mas a causa de la fragmentación del lema las instancias partidarias comunes hacía tiempo carecían de fuerza y el presidente no lo recibió.126

Bordaberry, añadía Ahora, estaría enojado con Unidad y Reforma por ser el sector que le recomendara a Francese como “el más indicado para cortar cabezas”, cuando la que estaba por rodar era la suya. A todo se sumó la repentina invisibilidad de Sapelli. El Día publicó que el domingo 11, “Tal como estaban planteadas las cosas, resultaba fundamental conocer la posición del Vicepresidente de la República, Sr. Jorge Sapelli. [Pero] Fue imposible ubicarlo en su domicilio ni en los demás lugares que suele frecuentar”. Recién el martes 13, una vez resuelta la crisis y cuando el Ejecutivo luego de cuatro días volvía a funcionar en Casa de Gobierno, “Sapelli, inubicable desde la tensa jornada del domingo”, ingresó al Palacio Estévez poco después de las 19:00 horas. Según Ahora “intentó […] entrevistarse con Bordaberry, cuya primera actitud fue la de no recibirlo, con una airada respuesta que [le] mandó trasmitir”. Por formalidad, a las 20:30 participaron conjuntamente en la ceremonia de investidura de los nuevos ministros designados. A las 22:00 aproximadamente, el mandatario partió a la residencia de Suárez sin cambiar su actitud hostil, mientras Sapelli se quedaba conversando con el amigable componedor Balparda Blengio.

El vicepresidente desmentiría vigorosamente los rumores de que había abandonado a Bordaberry, haciendo gestiones para sucederlo. Ferreira afirmaría que “fui el único que no le pidió la renuncia al Presidente. Todos los demás se la pidieron […] me refiero al Partido Colorado”. Pero en la Cámara de Senadores exculpó a Sapelli, con quien había estado en contacto durante la crisis. Si nos atenemos a lo que declaró este a los periodistas Caula y Silva, el malestar de Bordaberry pudo deberse al hecho de que consultado Sapelli por “dos comandantes”, habría dicho que estaba dispuesto a sucederlo en caso de acefalía y

Ese ofrecimiento […] lo supieron de inmediato todos los partidos puesto que se los comuniqué y entonces, fueron a hablar con Bordaberry para tratar de aunar criterios […] decirle lo que estaba ocurriendo y buscar una salida.

O sea que la presión sobre el presidente, el domingo y lunes de mañana para que renunciara, se habría generado a partir de una sobreinterpretación o intento de aprovechar lo que el vicepresidente comunicó. Vasconcellos aduce sin más detalle que el “reestudio” de la situación por los colorados el domingo 11, provino de que fuentes bien informadas les dijeron que Bordaberry estaba por renunciar. Una versión más incómoda sería la de que en realidad la iniciativa de sustituir a Bordaberry (siempre que renunciara voluntariamente) por un nuevo gobierno con acuerdo interpartidario habría sido de Sapelli, quien la habría conversado con militares127 y extendido a Ferreira y al Frente Amplio. Como quiera que fuera, el vicepresidente optó por desaparecer unos días.128

VIII. Boiso Lanza

Temprano en la tarde del lunes 12, buscando negociar sin mediadores, salió Bordaberry en coche de la mansión de Suárez rumbo a la base aérea de Boiso Lanza, para encontrarse con Chiappe Posse y Pérez Caldas. Su esposa Josefina Herrán, visiblemente nerviosa, temía no volverlo a encontrar en libertad. La elección de Boiso Lanza se debió tal vez a que Pérez Caldas —tras la renuncia de Zorrilla— era el único con designación formal de comandante en jefe y también porque los mandos hacían una cuestión de honor no volver a pisar la residencia oficial, tras las expresiones de repudio que habían recibido del público en el exterior. La tercera razón era que el presidente, débil y aislado, había decidido sumarse al movimiento militar. La reunión duró aproximadamente 80 minutos, retornando en helicóptero a Suárez a las 15:20. Casi enseguida, a las 15:30, se conoció una nota por la cual le encomendaba a Olazábal, “En atención a las anormales circunstancias que vive el País, bajo mi responsabilidad, sírvase hacerse cargo del Comando General de la Armada”. Era efectivamente de su responsabilidad, pues al no haber ministro de Defensa la orden llevaba exclusivamente su firma, lo que la invalidaba como resolución del Poder Ejecutivo. El nuevo jerarca castrense firmó un comunicado exculpando a la oficialidad de la Marina, reconociéndole moralidad y competencia y llamando a olvidar todo resentimiento. La discrepancia con otras armas no se habría debido a una cuestión de “conceptos sobre asuntos fundamentales de repercusión nacional […] [sino al] espíritu analítico del oficial de marina […] que lo llevaría a balancear permanentemente […] los distintos valores en juego”.129

Olazábal hubiera querido permanecer, pero estaba en la edad límite reglamentaria para ascender a contralmirante, cosa que le resultaba imposible, porque ninguno de los contralmirantes en actividad a disposición del ministerio (incluido Zorrilla) le haría el favor de retirarse abriéndole una vacante. En abril por decreto lo sustituiría el también capitán de navío Víctor González Ibargoyen, con posibilidad de ascender al grado máximo, quien había sido fundador del cuerpo de Fusileros Navales y ocupaba el puesto de prefecto naval dejado por Pinko.130

Sin dejar duda acerca de quien llevaba la iniciativa, media hora después de la nota de Bordaberry, a las 16:00 horas, la Junta de Comandantes en Jefe publicó su comunicado No. 11 anunciando la cercana concreción de un “acuerdo total” y a las 21:45 el comunicado No. 13 dio por terminadas las operaciones, gracias a “un acuerdo sobre la base de lo expresado en los comunicados 4 y 7/73 de los Mandos Militares Conjuntos”, con el fin de “brindar seguridad al desarrollo nacional en el marco del sistema democrático-republicano”. Aseguraba que siempre había existido contacto con el Poder Ejecutivo y hacía gala de “El apoyo tácito que la población del país brindara a las operaciones y gestiones”.

El martes 13 Bordaberry trasladó a Walter Ravenna de la titularidad de Interior a Defensa y al hasta entonces subsecretario del Interior, coronel y abogado Néstor Bolentini, lo designó al frente de la cartera. Ambos ministros se declaraban a favor de los comunicados 4 y 7, “plan político” de las Fuerzas Armadas. Ravenna, convertido en yesmen de los militares duraría en el puesto; a su vera fue designado director general de Defensa el coronel Hugo Linares Brum, que más tarde sería ministro del Interior. La prensa y los políticos oficialistas hacían creer o trataban de convencerse de que lo peor había pasado. En el gabinete reactivado se veían en duda Juan Carlos Blanco en Relaciones Exteriores y Ángel Servetti en Obras Públicas, pero serían confirmados de acuerdo a lo pactado, que dejaba las manos libres a Bordaberry a los efectos de estos nombramientos. Servetti, militar y contador, era cuestionado en la esfera castrense por haber servido antes en la Coprin, así como en Planeamiento y Presupuesto, sin renunciar a la actividad militar. Se suponía que valiéndose de tales contactos había ascendido a teniente coronel. En diciembre de 1972 las ff. aa. lo habían pasado a disponibilidad y cuando se presentó durante la crisis en la Región Militar No. 1 con ánimo de negociar, fue atendido por un oficial de su mismo rango que le preguntó si asistía como militar o como ministro. Suena extraño que se le reprochara el incumplimiento de criterios que la corporación armada a voz en cuello violaba al reclamar puestos en los entes públicos; pero lo hacía como institución y en nombre de la legitimidad especial que se arrogaba.131

También se despidió el 15 de febrero el secretario de la Presidencia Luis Barrios Tassano, cuya dimisión presentada a la par de los ministros fue aceptada. Se presumía que su apego al primer mandatario (o a la misión que le confiriera su sector en el cargo que ocupaba) era tal que por eso no había renunciado en octubre, cuando otros miembros de la 15 abandonaron el gabinete. Intempestivamente llamó a una conferencia de prensa y sin permitir preguntas, leyó una declaración aclarando que el único motivo de su renuncia había sido dejar en libertad a Bordaberry para resolver la crisis. Hizo elogios al presidente, confiado en que “El pueblo, sagaz juez en las horas supremas […] en su momento ratificará estos dichos”. Asumía un nuevo cargo como representante de Uruguay en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (birf) toda vez que Bordaberry le aseguraba que no existía ninguna duda de su comportamiento. En Uruguay no se dijo más, pero en Cuba el diario oficial Granma publicó que los militares le atribuían “maniobras dolosas en la industria frigorífica, contrabando de ganado hacia Brasil y otras actividades irregulares”. Quizás por eso el descargo de Barrios Tassano parecía apuntar a un cuestionamiento relacionado con su moralidad, como confirmaría Bordaberry en posdictadura (desmintiendo la acusación). Se ha dicho también que la razón de su alejamiento fue que sirviera de vehículo para proponer a Francese, influyendo junto con Gari en Bordaberry. Sin embargo, ya antes circulaba el rumor de que las ff. aa. querían su remoción, viéndolo como un representante de la lista 15 que se oponía a las investigaciones militares sobre ilícitos socieconómicos, que según la embajada británica podían ponerlo a él mismo bajo la lupa.132

El contenido de lo arreglado entre el presidente y los militares se conocería indirecta y parcialmente, porque la negociación había quedado “reducida a un núcleo numéricamente reducido de personas, que son las únicas que han tenido acceso a la documentación”, observó El Día. Medero deslizó que no se había firmado un documento.133 A Sanguinetti, Bordaberry le habría dicho que hubo “entendimiento” mas no un convenio134 y a Campodónico, mucho después, que el memorandum fechado el 13 de febrero dado a conocer por las ff. aa. y quizás elaborado por Gregorio Álvarez (oficial que no entraba en sus simpatías) era “falso por afirmaciones y por omisiones”.135

Por lo publicado en el momento el “entendimiento” supondría:

1) Creación de un Consejo Nacional de Seguridad (Conase, luego cambiado a Consejo de Seguridad Nacional o Cosena, para no duplicar el nombre y sigla ya existentes en Argentina). Estaría presidido por el ministro de Defensa e integrado por los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y mandos militares, y tendría por misión ejecutar el programa políticos de las ff. aa. contenido en los comunicados 4 y 7. Tranquilizando los ánimos se dijo que no sería un organismo supragubernamental, “sino en la órbita del Ministerio de Defensa y bajo la supervisión directa del Presidente de la República”. Su funcionamiento sería opaco, y en el transcurso de la dictadura perdería peso en beneficio de otras instancias colegiadas castrenses (o de predominio castrense como el Consejo de la Nación).

2) Integración del gabinete ministerial. Los militares dejaban a Bordaberry en libertad de definirlo, aunque expresando “su aspiración a que los Ministros de Defensa e Interior fueran designados con su visto bueno”. Desde el viernes se había aceptado la renuncia de Francese y la noche del lunes la de Ravenna en Interior, para que ocupara la cartera de Defensa que dejaba el primero; simultáneamente se resolvió el ascenso del subsecretario Bolentini a la titularidad de Interior. Bordaberry decidió que los demás ministros permanecieran, lo que apoyaba la sensación de superación de la crisis. Hasta entonces los ministerios, privados de sus titulares y subsecretarios y bajo la sola autoridad de los directores generales, habían estado paralizados. No así la banca oficial, que al igual que la privada había reanudado sus actividades el lunes 12.

3) Nombramiento de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Bordaberry compartía “íntegramente” la demanda militar de que fueran provistos en atención al comportamiento moral y la especialización, y no por cuotas políticas, con lo que activaría el procedimiento de designación a la brevedad. ¿Y que pasaría con los acuerdistas? “Pues nada […] tendrán que tragarse la oblea”, comentó una fuente autorizada.

4) Normas para el ascenso a general. A diferencia de lo que ocurría hasta entonces, podría haber más de dos ascensos de general al año y ninguno por concurso, sino solo por selección. Es decir, por coptación de los mandos superiores que así se aseguraban el control del generalato (cabe recordar que Líber Seregni entre otros, había ascendido a general por concurso). Lo que junto con la creación del Cosena, la supervisión de los nombramientos en Defensa e Interior, la posterior supresión del Parlamento, el decisionismo de la Junta de Oficiales Generales y la creación del Consejo de la Nación en 1976, adjudicaría a la jerarquía castrense un poder cada vez más omnímodo, sin que el desborde institucional les evitara a las ff. aa. seguir sufriendo discrepancias internas.

5) Destitución de algunos funcionarios del servicio exterior. Alcanzaría en principio a los embajadores Augusto Legnani (Naciones Unidas), Glauco Segovia (Francia), al general retirado César Borba (Perú) y al Ministro Consejero Alejandro Gari (España). Sin embargo Bordaberry defendió la permanencia de Legnani (entre ceja y ceja de los militares por su pasada actuación en Defensa)136 y dio un poco de largas a Gari —hijo de su amigo y consejero— que trabajaba en la misma sede diplomática que Pacheco. A Juan José Gari más que a su vástago, tanto como a Segovia y a Borba, las ff. aa. los querían lejos del poder. A Segovia (reeleccionista y antes quincista) por fama de corrupción y al segundo, habiendo sido comandante en jefe del Ejército en el periodo de Pacheco, a causa de “una venganza menor” diría Sanguinetti.137 No se perjudicó a Pacheco implicado en el asunto ute-sercobe cuya cabeza reclamaba la prensa de izquierda, aunque la buena vida que según estos medios llevaba en España, se vería afectada por un recorte de 50% en el presupuesto de su representación. Tampoco se tocaría al representante en el bid, Ulysses Pereira Reverbel —ícono de la lucha antisubversiva, tras ser rescatado en 1972 por el Ejército de manos de los tupamaros— no obstante su involucramiento mayor en el mismo escándalo. Hasta ahí llegaba la muy anunciada depuración del cuerpo diplomático, si bien posteriormente se dictarían algunas normas de reorganización del servicio y se decretaría el cese sin explicaciones de otros diplomáticos con base en el artículo 168 inciso 12 de la Constitución.138

Aparte se convino que Bordaberry tomaría medidas para combatir los ilícitos socioeconómicos, controlar el tráfico de divisas y el comercio exterior, reducir los gastos del Parlamento y regularizar a los muchos funcionarios publicos “en comisión”. Se suponía que habría negociado también la intangibilidad de la Constitución y las instituciones democráticas, el compromiso del llamar a elecciones en 1976 (que luego él mismo propondría no cumplir) y que no hubiera represalias contra la Marina. La versión del acuerdo obtenida por Ahora incluía la “Aplicación rigurosa de los 19 puntos programáticos contenidos en el comunicado No. 4/73 [y] que el Consejo Nacional de Seguridad tendrá definitoria gravitación en las resoluciones importantes del Gobierno” (lo segundo sería más practicado que lo primero) así como el derecho de las ff. aa. a responder cualquier planteo político agraviante. Hubo otra reunión de casi dos horas —la más larga hasta entonces— en Boiso Lanza el mediodía del 14, a la que asistieron Bordaberry y los tres comandantes en jefe, acompañados de otras autoridades militares. Chiappe Posse hasta entonces “en operaciones” y Olazábal interino, fueron confirmados en sus cargos esa misma noche.139

IX. Sin garantías

Se distendía el sistema político, pero —balde de agua fría— el gobierno estimaba buena la coyuntura para solicitar a la Asamblea General un nuevo periodo de suspensión de las garantías individuales, con el argumento de que si bien la subversión armada estaba superada (al poco tiempo diría lo contrario) se necesitaba combatir “a fondo los ilícitos económicos que los militares consideran uno de los factores de la acción tupamara”. Al respecto había ansiedad en los medios de negocios por la pendiente reunión de los mandos militares con el ministro Cohen, a fin de ponderar medidas de reestructuración y regulación de la banca. El anterior ministro de la cartera Francisco Forteza, al final de su gestión en 1972, había remitido al Parlamento un proyecto que en palabras de Cohen preveía “un severo control del Estado”. Cohen mantuvo seis reuniones con mandos castrenses planificando medidas que serían de trascendental importancia económica. Los oficiales alegaban tener información completa sobre el funcionamiento de la banca privada y fallas de las normas de fiscalización, que permitían la especulación con tipos de cambio y maniobras dolosas en comercio exterior. La prórroga de cuarenta y cinco días de la suspensión de las garantías individuales serviría “de acuerdo a lo manifestado por voceros castrenses, para posibilitar la acción contra los ilícitos socio económicos. En este plazo, según las mismas fuentes, se regularizaría la situación de los detenidos al amparo de esas medidas de excepción”.140

Si bien seguirían las indagatorias de la justicia penal ordinaria contra algunas entidades financieras por los movimientos sospechosos de diciembre-enero, la regulación bancaria iría a tranco lento, sin perjuicio de que algunos bancos privados en quiebra ya estuvieran bajo control del Estado. En junio se sabría de un proyecto de cinco puntos preparado por Cohen, que si preveía medidas de regulación, estatización y soporte de bancos privados nacionales en problemas, excluía toda afectación de la banca extranjera operando en el país. Inmiscuirse en el sector financiero era un asunto espinoso que los militares habían excluido de su “plan político” y en el que se manejarían con pies de plomo por temor a una fuga de capitales. Lo que en cambio no sería olvidado de las causales invocadas para renovación de la suspensión de garantías sería lo relacionado con los detenidos por medidas de excepción.141

Como si no tuviera más que comentar, el 14 de febrero Bordaberry se dirigió a la Comisión Permanente del Poder Legislativo requiriendo la prórroga de suspensión por 45 días hasta el 30 de marzo. Aunque “Los acontecimientos ocurridos recientemente en la república, de público y notorio conocimiento” le habían impedido realizar adecuadamente el estudio de los fundamentos de hecho para la solicitud, pedía de todos modos la extensión temporal. Ravenna dio como motivo que no se había podido redondear el proyecto de ley especial (de Consolidación de la Paz) que en aspiración del gobierno permitiría poner fin al estado de excepción.142

La Comisión Permanente otorgó y Bordaberry habló a la ciudadanía: “Compatriotas: La Patria ha triunfado en otra dura prueba”. Contra lo que parecía él no había estado solo (el 8 de febrero había afirmado lo contrario) sino callado, “para que por encima de las palabras brillara sola la dignidad republicana de la ley” y se produjera “una ocasión de encuentro nacional”. Desgranó elogios a las Fuerzas Armadas que “no podían quedar al margen de la vida nacional”, por lo que se habían creado “los cauces institucionales apropiados para que [su participación] en el quehacer nacional se cumpla dentro de la constitución y las leyes”. Sería mediante el Cosena, que las integraría a las tareas de planeamiento asesorando al presidente, junto con ministerios hasta entonces tampoco comprendidos en la planeación, como Defensa Nacional y Relaciones Exteriores. De este modo la tarea de luchar contra la subversión adjudicada a las ff. aa. por decreto de 1971, se ampliaría para dar cabida a “la misión de dar seguridad al desarrollo nacional”. Con esto Bordaberry asumía la doctrina de las ff. aa., aunque sin citar los ya célebres comunicados. Las Fuerzas Armadas no cercenarían competencias de otros organismos, trabajarían “en estrecha relación interdepartamental”. En cuanto a “los valores supremos de libertad y vigencia del sistema democrático representativo […] nunca estuvieron en discusión”, ni él como presidente lo hubiera admitido. “Todas las instituciones de la República permanecen intactas […] Y, como lo he dicho en diversas oportunidades, solo entregaré la responsabilidad presidencial a mi sucesor electo libremente […] en la fecha que marca la constitución”. Los partidos políticos “prosiguen y proseguirán sin obstáculo […] Mal que les pese a los eternos profetas del desastre […] la histórica decisión enriquece la vida institucional de la República”. Prometió llevar una lucha implacable, no importando de donde viniera, “contra la corrupción, que corroe el cimiento moral del país […] y desquicia la economía”. Llamó a la unidad civil y militar para superar “las dolorosas cicatrices [producidas] por imperio de las circunstancias”.143

Sapelli encontró “magnífico” el mensaje; aunque reconocía que quedaba una sensación de inestabilidad, confiaba en que se restablecería la normalidad constitucional. Acción, reflejando el talante del grupo de Jorge Batlle, juzgó que el presidente daba una “visión totalmente irreal de los sucesos”. Para Ferreira se trataba de “un discurso incomprensible”: Bordaberry se proponía seguir igual, no había aprendido “nada”.144

X. Los comunicados 4 y 7

Durante la discusión parlamentaria en función de la prórroga, el ministro Bolentini sorprendió a los legisladores al sostener que la subversión tenía otras causas que la mera sedición, por lo que correspondía arrebatarle banderas con disposiciones de justicia social. El coronel —que contra lo que fuera su costumbre como subsecretario había asumido la titularidad de la cartera vestido de uniforme— respondía a los nuevos aires que soplaban desde que se conociera el programa plasmado en los comunicados número 4 y 7 de febrero.145

El No. 4, publicado el día 9, constaba de siete artículos. En un primer bloque, del 1o. al 4o. artículo, se abordaba el nombramiento de Francese. No se cuestionaba su persona, sino que pretendiera desarticular la misión que se habían impuesto las ff. aa., “de reestablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional […] dentro del sistema republicano democrático”. Por tanto se hacía necesario “establecer inequívocamente” los objetivos y metas propios de “una nueva mentalidad que fuera avalada por el señor presidente en múltiples ocasiones” y que significaba que las Fuerzas Armadas a partir “de su especial participación en el quehacer nacional […] en el último año […] han valorado la gravedad de la situación la [sic] que exige una reacción firme, con la participación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo”,146 sin lo cual, “irremediablemente se llegará al caos total”.

El artículo 5o. fijaba los objetivos en 19 puntos, de la “a” a la “p” (no había “ñ”) consistentes en: a) incentivar las exportaciones; b) reorganizar el servicio exterior; c) “eliminar la deuda externa opresiva”, limitando “gastos de carácter superfluo” y concertando créditos solo para inversiones que aseguraran reembolso; d) erradicar el desempleo; e) atacar los ilícitos económicos y la corrupción que afectaban la seguridad interna, dando participación decisiva a los comandos militares; f) reorganizar la administración pública y el sistema impositivo; g) redistribuir la tierra con fines productivos mediante mecanismos impositivos y técnicos “y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje”; h) crear fuentes de trabajo y desarrollar la industria; i) extirpar todas las formas de subversión; j) “designar en los entes autónomos y servicios descentralizados a los hombres más capaces”; k) dar participación a las ff. aa. “en todo organismo o actividad […] concernientes a la seguridad y soberanía nacional” (lo que dada la definición muy laxa de seguridad nacional les autorizaba un rango de intervención ilimitada); l) fomentar la productividad, el ahorro y junto “al aumento del ingreso nacional […] un aumento en la participación [del ingreso] de los grupos menos favorecidos, tanto en términos absolutos como relativos”; m) combatir los monopolios posibilitando “la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción” y estimulando “la participación de los [obreros] en la dirección de las empresas, tanto en el sector público como en el privado”; n) política crediticia que diera “preferencia a los medianos y pequeños empresarios y a las cooperativas de producción”; o) perfeccionamiento y justicia del sistema tributario; p) control de la inflación.

El artículo 6o. proponía implementar lo anterior con base en “una política de acción conjunta de las Fuerzas Armadas […] manteniendo permanentemente total cohesión de las ff. aa.”, vigilando la conducción nacional,

gravitando en las decisiones que afectan el desarrollo y la seguridad, mediante el mantenimiento de un estrecho contacto con el Poder Ejecutivo, y la presentación […] de la posición que las Fuerzas Armadas adopten en cada caso […] Manteniendo a las ff. aa. al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad a poner en peligro la seguridad, [consolidando] los ideales democrático-republicanos […] como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida.

El artículo 7o. concluía que en correspondencia, quien ocupara la cartera de Defensa debería ajustarse a esta directivas en el entendido de “que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que […] deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley […] a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país”. Era un leitmotiv de injerencia presente desde el artículo 2o. en adelante.

A suerte de complemento, el Comunicado No. 7 del 10 de febrero aclaraba que el No. 4 del día anterior había respondido a “meditados estudios y análisis pormenorizados” que sin embargo requerían “precisiones”: 1) los diecinueve objetivos allí expuestos suponían problemas más amplios y diversificados y una necesaria priorización de acuerdo a urgencias; 2) por tanto el Comunicado No. 4 era “insuficiente, por lo parcial, e inadecuado, por lo limitado de los objetivos allí establecidos” (practicamente una derogación, como la historia confirmaría, pero los que aplaudían no se dieron cuenta); 3) algunos objetivos eran tan básicos y permanentes que no se había creído provisoriamente necesario introducirlos; 4) tal era el caso por ejemplo, de la soberanía y la seguridad del Estado, y 5) tampoco se ignoraban “problemas esenciales de la actual coyuntura nacional” como el desarrollo energético, el desarrollo de las vías de comunicación y de transporte, la adecuación de la enseñanza al desarrollo, la política de precios y salarios, la asistencia médica de calidad para todos, la descentralización al interior del país de empresas y servicios, y también “que las ff. aa. ni se adhieren ni ajustan […] a ninguna filosofía política partidaria”, sino que se basaban en principios de los forjadores de la nacionalidad, para “crear y consolidar […] la ‘mística de la orientalidad’ ”, consistente en patriotismo, austeridad, desinterés, generosidad, honradez, abnegación y carácter.147

El excomandante en jefe César Martínez se abstuvo de comentar ambos mensajes, diciendo solamente que sus autores eran bien conocidos. La redacción se ha atribuido entre otros al jefe de la inteligencia militar Ramón Trabal y al oficial de aeronáutica Jorge Martínez Levaggi, ambos vinculados a Gregorio Álvarez, quien valiéndose de su puesto en el Estado Mayor Conjunto tendía hilos en las distintas fuerzas. Sin embargo, la ambición de este último era subir peldaños en pos de la silla presidencial antes que profesar ningún plan, por lo que más de un progresista dentro o fuera de las ff. aa. se sentiría defraudado al verlo arreglarse con Bordaberry. Su entonces asociado y al mismo tiempo rival, Esteban Cristi, también habría supervisado los comunicados, específicamente el número 7 y quizás lo mismo hizo el general Eduardo Zubía, otro de los líderes castrenses. Juan Pablo Terra dirá en posdictadura que participaron en la elaboración al menos cuatro coroneles de los cuales uno, Trabal (que mantenía buenas relaciones con la izquierda) podría ser “peruanista” y otros dos “eran prácticamente nazis”. Declaración desconcertante teniendo en cuenta la simpatía por los comunicados en la prensa democristiana de entonces. Ferreira comentaría risueño que el comunicado 4 se había olvidado de incluir nada menos que la soberanía, lo que se corrigió en el No. 7 porque esa crítica por él formulada le llegó a los militares por boca de su amigo, el político Alembert Vaz. Pero Félix Díaz, entonces secretario de organización de la cnt, reivindicaría que fue la dirección gremial quien hizo señalamientos en una entrevista con los mandos en febrero, relativos a vacíos en temas de soberanía y energéticos, así como a cuestiones ideológicas, libertades públicas y reglamentación sindical.148

El agregado de soberanía en el comunicado 7 ha tenido así más de un reclamo de paternidad. Lo que al parecer nadie tomó en cuenta es que la seguridad y la soberanía sí estaban mencionadas, aunque de pasada (como tantos otros temas a lo largo del documento) en el artículo 5o. inciso k del comunicado No. 4, lo que hace pensar que la admisión de su presunta ausencia se debió a que los autores no tenían clara su obra o a que otras manos no menos distraídas intervinieron en el No. 7.

Junto con la densa y permanente intervención castrense que prometía, algunos ítems del comunicado 4 podían suscitar la alarma conservadora, la ansiedad empresarial, el disgusto de los partidos tradicionales y el entusiasmo de la izquierda. El inciso e sobre ilícitos económicos y el o que ponía la mira en los evasores de impuestos, podían significar licencia para que continuaran las operaciones castrenses descentralizadas contra negocios sospechosos, sin que los detenidos se libraran de recibir un trato eventualmente parecido al de los sediciosos. El inciso i podía alcanzar, de acuerdo con declaraciones anteriores que ensanchaban el concepto de subversión, tanto a políticos como a empresarios. Otros como el g, l, m o n, comprendían entremezclados objetivos de justicia social, pero —para quien quisiera leerlo— el artículo 6o. amenazaba a la izquierda. El coronel Trabal le habría dicho a sus interlocutores comunistas que no hicieran caso de esto, mientras que Bolentini precisó: “El programa de las Fuerzas Armadas no es socialista, como se ha dicho por ahí. Es rigurosamente uruguayo”. En 1978, ya occiso Trabal, las Fuerzas Armadas contabilizarían como parte de sus logros en aplicación de los comunicados de febrero, la “Disolución del pcu”.149

En otros aspectos estos mensajes eran de tal generalidad que no mentían los reeleccionistas, los quincistas ni Bordaberry si decían que ya los tenían incluidos en sus planes. ¿Porque quien se podía oponer a cancelar la deuda externa, abatir la inflación, crear fuentes de empleo o incrementar el ahorro y la productividad? Para Carlos Quijano, director de Marcha, eran solo un catálogo de aspiraciones, para Vasconcellos, cuentas de colores, para Ferreira (una vez en el exilio) “una sarta de pavadas”. Seregni asegura que advirtió a los frentistas que se trataba de una utilización de trabajos que él y el general Arturo Baliñas realizaran otrora en la Escuela Superior de Guerra (rebautizada Instituto Superior de Estudios Militares o imes): “lo único que hicieron fue abrir la caja fuerte y [sacarlos]”. Una noticia de procedencia anónima en Ahora informaba en el mismo febrero que el comunicado 4 “y muchos otros que no trascendieron”, habrían estado a estudio del Esmaco, la jcj y los estados mayores de cada arma, “desde mucho tiempo atrás” —lo que no contradice a Seregni— y se pensaba plantearlos al presidente, pero el conflicto con Vasconcellos había precipitado su difusión.150

El general retirado frenteamplista Víctor Licandro vio en lo publicado

un punto en común en relación a lo que se hacía en todos los golpes militares de América. […] la moralina para corregir desviaciones de conducta de los políticos […] [y] un segundo aspecto muy importante […] combatir al movimiento comunista internacional, que era la doctrina impulsada por el Pentágono.151

En posdictadura se ha citado a los generales del Proceso Luis Vicente Queirolo y Alberto Ballestrino declarando que los comunicados fueron solo un anzuelo para sectores de izquierda que se los tomaron en serio. No dicen que también lo fueron para oficiales de las ff. aa. y que siguieron siendo invocados cuando el régimen ya no tenía oposición civil a quien engañar, porque pese a su futilidad, eran el único ideario —aparte del anticomunismo y la invocación ritual a la patria y la seguridad del Estado— de que disponía la corporación al frente del gobierno.152

Azul y Blanco, que no se sentía cómodo con los 4 y 7, sostuvo que solo eran “instrumentos de lucha emitidos en momentos de tensa confrontación”, con objetivos “sicopolíticos”; el carácter programático les había sido adjudicado después un poco artificialmente, por la dinámica de los acontecimientos. Ministros confirmados en sus puestos defendieron la posición oficial de que ya estaban incluidos en proyectos antes enviados al Parlamento (haciendo implícitamente responsable al Legislativo por si no se concretaban los deseos militares). Medero puso un paréntesis: la redistribución de la tierra “es cosa que hay que estudiarla bien y no es fácil proceder en esto con premura”; y Ricardo Zerbino (del grupo de la 15, encargado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) expresó su preocupación por “El Plan Quinquenal de Desarrollo […] [que] iba a comenzarse a tratar el día que estalló la crisis. Lo único que puedo decir es que hasta el momento no ha ido para atrás”. Pese al retintín socialista del nombre Plan Quinquenal, este era más bien de apertura a la economía global y por tanto discorde con la orientación estatista de los comunicados. Bolentini tranquilizó con que el Cosena sería solo asesor y Balparda con que “ha sido creado en base a las ideas […] aplicadas ya desde hace tiempo en otras naciones […] En el concepto de Seguridad Nacional deben incluirse todos los problemas que importan al desarrollo”.153

Contra la corriente, el nacionalista Walter Santoro diagnosticó: “nada ha concluido. Todo recién empieza. Empezó con el gobierno anterior de Pacheco Areco, que por el sistema de las medidas prontas de seguridad fue desconociendo y deteriorando todo el sistema político institucional”.154