Читать книгу Litigar la emergencia climática - Группа авторов - Страница 7

1. Litigar la emergencia climática

El auge mundial de los litigios basados en derechos humanos para la acción climática

César Rodríguez Garavito

En abril de 2021, el Tribunal Constitucional alemán asombró a los observadores e incluso a los jóvenes demandantes que habían impugnado la ley climática de ese país al sostener que “los objetivos climáticos nacionales y las cantidades de emisiones anuales permitidas [por la Ley Federal de Cambio Climático] hasta 2030 son incompatibles con los derechos fundamentales en la medida en que carecen de especificaciones suficientes para hacer nuevas reducciones de emisiones a partir de 2031”.[1] La histórica sentencia del tribunal en el caso Neubauer llevó al gobierno a aumentar su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, a especificar nuevos aumentos a partir de ese momento y a adelantar la fecha de la neutralidad neta de carbono a 2045. La sentencia se basó en las innovaciones jurídicas introducidas por los litigantes y las cortes desde mediados de la década de 2010, y las amplió en cuestiones como el impacto del calentamiento global en los derechos humanos, la revisión judicial de la acción gubernamental sobre el cambio climático, los derechos de las generaciones futuras y el carácter vinculante de los compromisos internacionales de los gobiernos sobre la acción climática.

Entre los precedentes clave citados por el Tribunal Constitucional alemán se encuentra la sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos de 2019 en el caso Urgenda, que confirmó las sentencias de 2015 y 2018 de las cortes inferiores que afirmaban que el gobierno neerlandés tiene la obligación de reducir de forma urgente y significativa las emisiones del país que calientan el planeta.[2] Urgenda fue el primer caso en el que se estableció que la inacción climática es una violación a los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional y en el que se responsabilizó jurídicamente a un gobierno de sus compromisos internacionales y sus objetivos nacionales en materia de reducción de emisiones de GEI. El tribunal ordenó al gobierno aumentar el objetivo de reducción de las emisiones de GEI de la nación, para finales de 2020, del 20 al 25% en comparación con los niveles de 1990, en línea con el objetivo previo del país y la contribución mínima requerida a los países industrializados para que el planeta evite los escenarios más extremos de calentamiento global, según las evaluaciones científicas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus iniciales en inglés) de la ONU y los objetivos del Acuerdo de París de 2015, ambos citados ampliamente por el Tribunal Supremo neerlandés en su sentencia, así como lo haría el Tribunal Constitucional alemán en Neubauer.

Figura 1.1. Casos de CCDH presentados por año

Antes de 2015, en todo el mundo solo se habían presentado diecinueve casos climáticos basados en derechos, según la base de datos recopilada para este estudio. Lanzada a principios de 2020 y actualizada periódicamente, se trata de la primera base de datos especializada que recoge información detallada sobre casos de derechos humanos y cambio climático (CCDH), a partir de una lectura sistemática de las demandas y las sentencias, así como de entrevistas con los principales actores de los casos presentados ante organismos judiciales y cuasi judiciales nacionales e internacionales (véase la lista de casos en la tabla 1 del Anexo de este capítulo).[3] Entre 2015 y diciembre de 2021, los litigantes presentaron ciento cuarenta y ocho casos climáticos implicando lenguaje o argumentos sobre derechos en treinta y ocho jurisdicciones nacionales y en once órganos judiciales o cuasi judiciales internacionales. Como muestra la figura 1.1, los casos climáticos basados en derechos humanos proliferaron a un ritmo constante en este período, a pesar de que (y a veces como reacción a que) los avances se estancaron con respecto a la aplicación del Acuerdo de París de 2015.[4]

Fuera de los Estados Unidos y desde 2015, la proporción de casos climáticos que se argumentan con base en derechos humanos ha aumentado hasta aproximadamente el 91%, y Europa es la región más activa con respecto al litigio climático basado en derechos (véase figura 1.2). Se han presentado demandas de tipo Urgenda, con resultados dispares, en, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Irlanda, Nepal, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido.[5] Más allá de Europa, en 2015, el Tribunal Superior de Lahore, en Pakistán, determinó que el retraso del gobierno en la promulgación de las leyes climáticas del país violaba los derechos fundamentales de los ciudadanos.[6] En 2018, la Corte Suprema de Colombia falló a favor de los jóvenes que demandaron al gobierno para que rindiera cuentas de su propio compromiso climático internacional de reducir la deforestación en la región del Amazonas.[7] Se han presentado otras demandas basadas en derechos que involucran a jóvenes demandantes en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, India, México, Pakistán, Perú, la Unión Europea y el Reino Unido, así como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.[8] Las cortes y los organismos de derechos humanos del Sur Global –desde Sudáfrica e Indonesia hasta Filipinas e India–[9] han reconocido formalmente los daños climáticos como violaciones de derechos humanos. En 2020, actores de la sociedad civil y partidos políticos brasileños alegaron violaciones masivas de derechos humanos en la región del Amazonas y demandaron al gobierno brasileño ante la Corte Suprema de la nación para reparar las acciones y omisiones del gobierno que impulsan la deforestación y la destrucción del medio ambiente en la selva amazónica.[10]

Figura 1.2. Casos de CCDH por región (2015-2021)

A nivel internacional, en un caso contra Nueva Zelanda, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo que los Estados tienen el deber de abstenerse de devolver a los solicitantes de asilo a otro Estado en el que su vida o su integridad física estuvieran en grave peligro debido a los daños climáticos.[11] Una petición presentada por Greta Thunberg y otros jóvenes activistas del clima contra Alemania, Argentina, Brasil, Francia y Turquía pidió al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que declarara que los demandados habían violado sus derechos al contribuir al calentamiento global y que recomendara a los demandados acciones para reducir las emisiones de GEI y adaptarse a los impactos del cambio climático.[12] Y aunque el Comité finalmente desestimó la petición por motivos de procedimiento, concluyó que los Estados pueden ser responsables de los daños resultantes de las emisiones que son generadas dentro de su territorio y cuyos efectos son sufridos por los niños que viven fuera de sus fronteras.

Al comentar un puñado de juicios de esta tendencia, los analistas identificaron, con razón, un “giro a los derechos” en los litigios sobre el clima (Peel y Osofsky, 2018). Hasta ahora, la literatura sobre esta tendencia se ha inclinado por centrarse en los relatos de un caso o de unos pocos casos particularmente exitosos.[13] A falta de un análisis sistemático del “giro a los derechos”, carecemos de una comprensión sólida de sus doctrinas jurídicas y de sus implicaciones para la acción climática.

Este libro ayuda a llenar este vacío académico y práctico. El presente capítulo proporciona los antecedentes empíricos para los capítulos siguientes y propone un marco para comprender los rasgos clave y las normas emergentes de los litigios climáticos basados en derechos. En él, resumo los resultados de mi estudio sobre el universo de casos de CCDH presentados en las cortes nacionales y en los organismos judiciales y cuasi judiciales regionales e internacionales. Con base en las teorías de la gobernanza global y la movilización legal, en otra parte propuse un amplio debate sobre los resultados del estudio (Rodríguez Garavito, 2020). Al hacerlo, traté de teorizar y documentar de manera empírica los orígenes, la tipología, las normas y el impacto del “giro a los derechos”, así como su interacción con la adopción y la aplicación del Acuerdo de París de 2015.

Focalizo este trabajo en el período posterior a París, durante el cual se han presentado o resuelto la gran mayoría de los casos. Si bien informo sobre el universo de casos, mi análisis se concentra en el tipo que predomina tanto en la práctica de los litigios de los casos de CCDH como en los capítulos de este libro, es decir, las demandas que buscan principalmente que los Estados rindan cuentas de sus deberes en relación con la mitigación del cambio climático (la reducción de las emisiones que calientan el planeta), en contraposición a sus deberes con respecto a la adaptación al clima (la protección de las personas y los ecosistemas de los impactos ya inevitables del calentamiento global). Esta elección analítica se justifica por el hecho de que alrededor del 94% de los casos de CCDH presentados desde 2015 están orientados sobre todo a ampliar y acelerar la mitigación del calentamiento global. El enfoque en los Estados (en vez de en las empresas) se explica por el hecho de que aproximadamente el 85% de los casos de CCDH presentados desde 2015 se dirigen a los gobiernos.

Sostengo que la lógica reguladora y la estrategia de los litigios de CCDH deben examinarse en la intersección de la gobernanza internacional y nacional. En concreto, planteo que los litigantes han seguido sobre todo una estrategia doble:

1 han pedido a las cortes que tomen los objetivos del régimen jurídico internacional sobre el clima (tal y como se establecen en el Acuerdo de París, los informes del IPCC y otras fuentes autorizadas) como puntos de referencia para evaluar la acción climática de los gobiernos; y

2 han invocado las normas, los marcos y los mecanismos de aplicación de los derechos humanos para hacer que los gobiernos sean jurídicamente responsables de dichos objetivos.

Ante la reticencia u hostilidad de los gobiernos a la hora de tomar las medidas urgentes necesarias para hacer frente a la emergencia climática, los litigios de CCDH pueden considerarse un mecanismo ascendente que da impulso a nivel nacional al consenso jurídico y científico internacional sobre la acción climática. Dicho de otro modo, los litigios de CCDH contribuyen a abordar la emergencia climática al proporcionar al menos parte del vínculo que falta entre las promesas internacionales y la acción nacional. Al hacerlo, brinda un punto de apoyo muy necesario para ampliar y acelerar la acción climática en un momento en el que el tiempo se agota para evitar los escenarios más catastróficos del calentamiento global.

Sin embargo, el cambio climático es un problema demasiado complejo como para que pueda ser abordado de manera adecuada por una sola herramienta reguladora. El litigio basado en derechos es solo una de esas herramientas, que, como veremos, tiene sus propios retos y puntos ciegos, como la insuficiente atención a la adaptación al clima y las limitaciones de las normas de derechos humanos para tratar la compleja causalidad y temporalidad del calentamiento global.

Este capítulo se divide en tres secciones. En la primera, doy una visión general de las tendencias en los litigios de CCDH después del Acuerdo de París y caracterizo el tipo de caso dominante en este período. En la segunda, analizo las normas y los principios jurídicos que surgen de las demandas y las decisiones de las cortes en materia de CCDH. En vez de examinar los resultados y los impactos de estos casos (lo que he hecho en otros lugares; véase Rodríguez Garavito, 2020), aquí me preocupa principalmente el surgimiento de normas, es decir, la identificación de nuevas normas que los jueces y los litigantes de CCDH, más allá del resultado, están articulando para abordar los desafíos regulatorios únicos del cambio climático. En la tercera sección, brindo algunas conclusiones sobre el potencial y los retos de los litigios de CCDH para promover la acción climática.

El régimen posterior a París y los litigios sobre derechos climáticos

La lógica reguladora del Acuerdo de París contrasta con el régimen anterior a él. En términos de la tipología de gobernanza global de De Búrca, Keohane y Sabel, la gobernanza climática internacional pasó de un esfuerzo infructuoso por establecer un régimen integrado y descendente (el Protocolo de Kioto de 1997 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –Cmnucc–) a un intento actual de consolidar un régimen experimental emergente (el Acuerdo de París), que crea incentivos para que los Estados actúen en materia del clima a través de un proceso iterativo de negociaciones internacionales, la presión de la sociedad civil nacional, la presentación de informes sobre las emisiones basados en las metodologías del IPCC, y el balance periódico y la revisión por pares de los avances en materia de mitigación y adaptación al cambio climático (De Búrca y otros, 2013).

El Acuerdo de París no establece una obligación vinculante para que los Estados pongan en práctica sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus iniciales en inglés) para la reducción de las emisiones, ni especifica ningún procedimiento para garantizar que los Estados sean transparentes en su contabilidad de esas contribuciones.[14] Dado que el éxito del sistema de París depende de la transparencia, el modelo solo funcionaría si los Estados tienen incentivos materiales y de reputación para cumplir sus compromisos y aumentar su ambición con el fin de reducir la considerable brecha entre los objetivos de mitigación a los que se comprometieron en París y los recortes de emisiones que, según el IPCC, son necesarios para mantener el calentamiento global entre 1,5 y 2 ºC.[15]

La gran mayoría de las demandas y reclamaciones del litigio de CCDH (que se centran en la reducción de emisiones) pueden entenderse como estrategias para dotar al régimen climático posterior a París de mecanismos procesales y sustantivos para traducir los objetivos mencionados en compromisos vinculantes en términos jurídicos a nivel nacional. En el período previo y posterior a la cumbre del clima de 2015, los litigantes han aprovechado a menudo el marco de París para presionar a los Estados y, en mucha menor medida, a las empresas (Setzer y Byrnes, 2019). Como señalé antes, salvo veintidós casos de derechos presentados desde 2015, los Estados son el objeto de los ciento cuarenta y ocho correspondientes a ese período (véase tabla 1 del Anexo). Las excepciones[16] son las demandas presentadas contra las empresas petroleras Shell en Países Bajos (un caso) y en Sudáfrica (un caso), Total en Francia (dos casos), PetroOriental S.A. en Ecuador (un caso), Wintershall Dea en Alemania (un caso); un caso contra Casino en Francia; un caso contra Électricité de France; dos casos contra empresas de automóviles en Alemania; un caso contra las corporaciones con altas emisiones de GEI en Nueva Zelanda; un caso que impugna una mina de carbón propuesta en Australia; denuncias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentada contra la empresa polaca Group PZA S.A. y una empresa involucrada en fracking en Eslovenia; un caso contra una compañía privada de pensiones en el Reino Unido; cinco casos contra centrales termoeléctricas en la Argentina; y un caso contra una central eléctrica de carbón en Japón, así como la investigación transnacional de varios años iniciada por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas contra las cuarenta y siete mayores empresas de combustibles fósiles conocidas como carbon majors.[17] La Comisión inició la investigación en respuesta a una denuncia basada en derechos humanos internacionales presentada por Greenpeace y ciudadanos filipinos afectados por el tifón Haiyan y otros fenómenos meteorológicos extremos cuya ocurrencia se ha hecho más probable por el calentamiento global.

En cuanto a los objetos específicos de las acciones legales, los litigantes y peticionarios han utilizado dos vías generales para impugnar las acciones e inacciones que contribuyen al cambio climático. La primera estrategia consiste en desafiar las políticas estatales o corporativas, incluyendo la ambición, la velocidad o el nivel de implementación de los objetivos de mitigación de los Estados. Esta es la vía que sigue aproximadamente el 74% de los casos post-2015, incluido Urgenda y las demandas más recientes como la presentada en 2021 por jóvenes brasileños que alegan que la meta de emisiones claramente insuficiente que fue establecida por el gobierno brasileño viola sus obligaciones en virtud de la Política Nacional de Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Constitución brasileña. En el caso Neubauer c. Alemania, los jóvenes demandantes impugnaron no solo la insuficiente ambición, sino también el enfoque a corto plazo y la vaguedad de las medidas de aplicación del plan de reducción de emisiones de GEI del gobierno alemán. El Tribunal Constitucional alemán concordó con el gobierno en cuanto a la constitucionalidad de la ambición general del plan climático, pero declaró que la insuficiencia de detalles y la urgencia del plan violaban los derechos fundamentales de los jóvenes y de las generaciones futuras.[18] Sin embargo, el universo de casos también incluye un puñado que se opone a las políticas (o proyectos) destinados a abordar el cambio climático y ayudar en la transición hacia energías limpias. El caso llamado Asunto de la Ley de Fijación de Precios por Contaminación de Gases de Efecto Invernadero (Alberta), por ejemplo, tuvo que ver con el intento del gobierno provincial de Alberta de invalidar la ley de fijación de precios de carbono de Canadá, con el argumento de que el gobierno federal se extralimitó en su autoridad constitucional.[19]

La segunda vía comprende la impugnación de proyectos específicos que producen emisiones de GEI a una escala que, según los litigantes, es incompatible con la obligación de los Estados de actuar contra el calentamiento global. Por ejemplo, los litigantes han demandado a los gobiernos para que detengan nuevos proyectos de carbón o petróleo en Ecuador, Uganda, Tanzania y Mozambique; nuevas franjas aeroportuarias en Viena y Londres; políticas que promueven la deforestación en la Amazonia brasileña; y subvenciones a proyectos de energía derivada de la biomasa en Corea del Sur.[20] Al igual que con los casos que se enfocan en políticas, esto también comprende un puñado de casos en los que los demandantes impugnaron proyectos destinados a combatir el cambio climático. En IPC Petroleum France c. Francia, por ejemplo, una empresa de combustibles fósiles impugnó la decisión del gobierno de poner un límite de tiempo a su permiso de extracción, alegando que, entre otras cosas, violaba su derecho a la propiedad.[21] El caso litigado por el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) c. Electricité de France (EDF) impugna la construcción de un gran parque eólico sobre la base de que EDF no cumplió con su obligación de consultar con una comunidad indígena afectada.[22]

Nuestra base de datos también incluye casos penales presentados contra activistas climáticos por su participación en protestas y actividades que cuestionan políticas o proyectos que empeoran la emergencia climática. Si bien estos casos pueden clasificarse en términos de la tipología política versus proyecto a partir del objetivo de las protestas, ellos tienen una naturaleza propia, en la medida en que los casos tienen que ver con las protestas mismas, independientemente de su intención específica.

En cuanto a los resultados, la mayoría de los casos siguen pendientes, lo que no debería sorprender, dado que el “giro hacia los derechos” es un fenómeno relativamente reciente. Como muestra la figura 1.3, un 66% de los juicios por CCDH están pendientes o en fase de apelación. Además, en dos casos, la posibilidad de apelar sigue abierta pero aún no se ha tomado,[23] y en otros dos casos hubo sentencias a favor del Estado y no hay pruebas de que los demandantes vayan a apelar.[24]

Figura 1.3. Situación de los casos presentados (2015-2021)

Las sentencias definitivas que han emitido las cortes hasta ahora se dividen más o menos por igual entre los resultados para los demandantes y para los demandados. De hecho, aproximadamente el 15% ha terminado con una decisión a favor de los demandantes, mientras que aproximadamente el 15%, con una sentencia definitiva a favor del Estado. Entre los casos que han tenido éxito se encuentran los siguientes: Urgenda c. Países Bajos; Rodríguez Peña c. Colombia (“Generaciones futuras del Amazonas”); Leghari c. Pakistán; in re Carbon majors; Friends of the Irish Environment c. Irlanda; Commune de Grande-Synthe c. Francia; Notre Affaire à Tous c. Francia; Castilla Salazar c. Colombia; Save Lamu c. Autoridad Nacional de Gestión Ambiental; Willmeng c. Thorton; Farooq c. Pakistán; Private Corporation for the Development of Asyén c. Servicio de Evaluación Ambiental; Instituto Preservar c. Copelmi Mineracaoa Ltda.; Moncayo y otros c. PetroAmazonas y otros; Neubauer c. Germany; Shrestha c. Primer Ministro; Client Earth c. Banco Europeo de Inversiones; y Development YES – Open Pit Mines NO c. Group PZU S.A., así como la sentencia de la Corte Suprema de México sobre la legislación del etanol, una impugnación exitosa de Earthlife contra el permiso de las autoridades sudafricanas para una nueva central de carbón, y una impugnación exitosa contra una decisión administrativa que permitía un desarrollo urbanístico que habría amenazado un acuífero local en Sudáfrica. En Roberts c. Regina, se anularon las sentencias de los manifestantes climáticos que fueron acusados penalmente y condenados por alteración del orden público.[25] Además, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho autónomo a un ambiente sano, así como la responsabilidad de los Estados por los daños territoriales o extraterritoriales al clima y al ambiente que violen los derechos humanos y puedan atribuirse a sus acciones u omisiones.[26] Veintitrés juicios desde 2015 han terminado con sentencias definitivas para el Estado o la empresa demandada, incluyendo: Plan B Earth c. Secretaría de Estado de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido; Ioane Teitiota c. Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda; in re Vienna-Schwechat Airport Expansion; Reynolds c. Florida; Plan B Earth c. Secretaría de Estado de Transportes del Reino Unido (sobre la tercera pista del aeropuerto Heathrow); Pandey c. India; el caso de Biomasa de la UE; Greenpeace Nordic Association c. Ministerio de Petróleo y Energía; Armando Ferrão Carvalho c. Parlamento Europeo; Friends of the Irish Environment c. Consejo del Condado de Fingal; Zoubek c. Austria; Sacchi c. Argentina; Segovia c. Comisión de Cambio Climático; Clean Air Council c. Estados Unidos; En el Asunto de la Ley de Fijación de Precios por Contaminación de Gases de Efecto Invernadero (Alberta); En el Asunto de la Ley de Fijación de Precios por Contaminación de Gases de Efecto Invernadero (Saskatchewan); Greenpeace Netherlands c. Ministro de Finanzas; Procurador General c. Crosland; Border Deep Sea Angling Association c. Shell; Decisión nº 2021-825 DC [‘In re Proyecto de Ley de Resiliencia Climática]; y Dictamen adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la comunicación de Ioane Teitiota.[27] Esto también incluye demandas contra políticas que buscan combatir el cambio climático en las que el Estado prevaleció en la defensa de su política o acción: Portland Pipeline Corporation c. South Portland; IPC Petroleum France c. Francia; y D. G. Khan Cement Company Ltd. c. Punjab.

Una vez más, dado que los litigios sobre el cambio climático están todavía en su fase inicial, es demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas sobre sus resultados. En vez de centrarse en los resultados, este y los siguientes capítulos se ocupan de analizar cómo los litigantes y las cortes han abordado las complejas cuestiones jurídicas que plantea el cambio climático mediante el uso de nuevas normas y doctrinas que surgen del universo de demandas y sentencias, independientemente de los resultados. De hecho, esta es la tarea de la siguiente sección.

Cuestiones clave y normas emergentes en los litigios de derechos climáticos

A pesar de la diversidad de jurisdicciones, litigantes y activistas que intervienen en ellos, los juicios de CCDH tienden a girar en torno a un conjunto común de cuestiones y normas. Al esbozar las doctrinas y normas jurídicas emergentes, organizo el debate en términos de los componentes básicos de las demandas estándar de CCDH. Más que una descripción exacta de los distintos casos, el modelo es un tipo ideal weberiano –un relato estilizado que pretende captar la lógica subyacente que atraviesa la gran mayoría de los casos–. Algunas demandas y decisiones se aproximan más que otras al tipo ideal, pero todas presentan algunas de sus características.

Dado que las normas procedimentales de legitimación varían ampliamente entre las jurisdicciones y que la gran mayoría de las cortes que se han pronunciado sobre los casos de CCDH han llevado a cabo un examen del fondo, en esta sección me centraré en las normas sustantivas derivadas del caso típico, en contraposición a las normas procesales de legitimación. Como veremos en la Parte II, las cuestiones de legitimación –es decir, la prueba de los daños individualizados a los derechos humanos sufridos por los demandantes y la relación de causalidad entre esos daños y la acción climática gubernamental– plantean retos especialmente complejos para los conceptos y doctrinas de los derechos humanos, y en la actualidad no se detectan normas internacionales claras en relación con estas cuestiones.[28]

El caso típico ideal de CCDH procede en tres pasos y abarca los dos niveles (internacional y nacional) del régimen posterior a París. Se puede considerar que cada paso aborda una cuestión jurídica clave:

1 ¿Cuáles son las normas que, en virtud del derecho internacional y nacional, se aplican en la evaluación judicial de la acción climática de los gobiernos? Las normas y doctrinas jurídicas incipientes que abordan este asunto se refieren al estatuto jurídico de las normas internacionales y nacionales del CCDH, desde las normas del Acuerdo de París y las recomendaciones del IPCC hasta las de los derechos humanos internacionales y los derechos constitucionales.

2 A la luz de esas normas, ¿tienen los gobiernos una obligación legal justiciable de reducir las emisiones de GEI? Las cortes y los litigantes abordan esta cuestión a través de las nuevas normas sobre el control judicial de la política climática y la existencia de un derecho justiciable a un sistema climático capaz de sostener la vida humana.

3 ¿Son compatibles las políticas gubernamentales (en relación con los objetivos de emisiones o las actividades específicas de emisión de GEI) con esos derechos y deberes? Las normas que están surgiendo sobre este asunto tratan de establecer pautas, a la luz de las obligaciones en materia de cambio climático y derechos humanos, que regulen la “cuota justa” de contribución de cada país a la mitigación del clima global, la compatibilidad de las acciones y políticas gubernamentales con esa parte justa, y los recursos, si los hay, que las cortes deberían conceder para exigir responsabilidades a los gobiernos.

En la siguiente sección describo las normas incipientes sobre cada uno de estos tres temas.

Las normas de referencia: una “base común” internacional sobre los derechos climáticos

El primer paso en un caso típico de CCDH es el establecimiento de los derechos y deberes básicos que se aplican a un asunto de cambio climático. A la hora de determinar las normas jurídicas pertinentes para las evaluaciones judiciales de la acción (o inacción) climática de los gobiernos, los litigantes y las cortes han utilizado a menudo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la “base común” jurídica aplicable a los casos nacionales de derechos humanos o su equivalente en otros regímenes regionales o nacionales.[29] Además de los tratados internacionales de derechos humanos, esta base común incluye otros “elementos del derecho internacional”, las interpretaciones de los Estados de dichos elementos y la práctica estatal que refleja los valores comunes.[30] Como dijo el TEDH en el caso Demir y Baykara c. Turquía, una sentencia muy utilizada por los litigantes y las cortes en los casos de derechos climáticos europeos:

No es necesario que el Estado demandado haya ratificado todo el conjunto de instrumentos que son aplicables con respecto al objeto preciso del caso en cuestión. Para el Tribunal será suficiente que los instrumentos internacionales pertinentes denoten una evolución continua en las normas y principios aplicados en el derecho internacional o en la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa y demuestren, en un ámbito preciso, que existe una base común en la sociedad moderna.[31]

Más allá del resultado del caso, prácticamente todas las demandas y sentencias sobre la mitigación climática adoptan alguna versión de la doctrina de la base común.[32] Como se aprecia en el Anexo, los instrumentos jurídicos que se consideran parte de la base común internacional varían de una jurisdicción a otra. En general, comprenden los tratados y declaraciones universales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado, incluidos los derechos ambientales procesales y sustantivos del derecho internacional, que las cortes y los órganos cuasi judiciales reconocen en la gran mayoría de los casos examinados como una cuestión de derecho internacional positivo o consuetudinario (Rodríguez Garavito, 2018).

Cabe destacar que la base común en los casos del CCDH incluye no solo la normativa de derechos humanos, sino también los dos elementos centrales del régimen mundial del cambio climático: el Acuerdo de París y los informes del IPCC. A medida que las conclusiones y recomendaciones del IPCC se volvieron más explícitas y precisas con respecto al impacto del calentamiento global en los seres humanos, en sus informes de 2014 y 2018, los litigantes y los jueces las adoptaron como el estándar científico supremo para evaluar las violaciones de derechos humanos. En concreto, han incorporado el objetivo del Acuerdo de París de “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC” en la base jurídica común internacional justiciable.[33] Esto ha sido así independientemente del resultado del litigio. Las cortes han utilizado este estándar París-IPCC en las sentencias dictadas contra Estados por no tener en cuenta o no hacer lo suficiente para contribuir a la consecución de esos objetivos (como las relativas al plan climático de Irlanda y a la regulación de México sobre el etanol). Las cortes también han reconocido esta norma en decisiones que dan la razón a los Estados cuando concluyen que el gobierno estaba tomando medidas suficientes para contribuir a la consecución de esos objetivos –como en el caso de Greenpeace Alemania c. Alemania, en el que un grupo de agricultores ecológicos y Greenpeace intentaron que el gobierno rindiera cuentas de sus objetivos de mitigación– o que los demandantes no estaban habilitados para demandar –como en el caso de Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suiza, en el que una asociación de personas de la tercera edad exigía una mayor ambición de mitigación por parte del gobierno suizo–.

Si se confirma en futuros litigios, el incipiente reconocimiento de una base jurídica común internacional consolidaría la convergencia de los derechos humanos, la protección del ambiente y la gobernanza del clima. Esta convergencia lleva tres décadas gestándose, a través de desarrollos jurídicos como la difusión del derecho a un ambiente sano en las constituciones y leyes nacionales, la proliferación de litigios ambientales basados en derechos en todo el mundo sobre asuntos como la contaminación atmosférica, y la articulación de normas internacionales explícitas por parte de la Relatoría de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente (véase Knox, 2020).

Un derecho justiciable a la acción climática

En este contexto de normas jurídicas y científicas comunes, el segundo paso del litigio ideal-típico posterior a París consiste en extraer los derechos y deberes específicos relativos a la acción climática que se derivan de esas normas. La pregunta clave aquí es: ¿tienen los gobiernos obligaciones legales justiciables, en virtud de derechos humanos internacionales y de legislación sobre el cambio climático, de reducir las emisiones de GEI?

Más allá del tipo y del resultado final del caso, los órganos judiciales y cuasi judiciales en los litigios de CCDH han respondido a esta pregunta de forma afirmativa casi invariablemente. En concreto, en esta jurisprudencia se han defendido dos normas emergentes. En primer lugar, se ha reconocido que el derecho justiciable a un sistema climático capaz de sustentar la vida humana se deriva de los derechos humanos universalmente reconocidos o está incluido en el derecho constitucional a un ambiente sano. Es importante destacar que algunas sentencias se han centrado en los derechos de los jóvenes y las generaciones futuras a un planeta habitable. Reconociendo que los jóvenes y los futuros seres humanos serán los más perjudicados por los daños climáticos, las cortes, en casos como Neubauer c. Alemania y Generaciones Futuras del Amazonas c. Colombia, han interpretado las disposiciones constitucionales de derechos humanos como el reconocimiento de un derecho justiciable a la acción climática por parte del gobierno que esté en consonancia con la magnitud y la urgencia del problema.

La segunda norma se refiere a la competencia legal de las cortes para hacer cumplir los deberes de los gobiernos en materia de acción climática en general y de reducción de emisiones en particular. La justiciabilidad plantea interrogantes relativos a la armonización de:

1 la protección de los derechos con la deferencia por la discrecionalidad de la política gubernamental; y

2 el deber de las cortes de proporcionar remedios para las violaciones de derechos con el principio de la separación de poderes.

Aunque son habituales en los litigios de derechos humanos y de interés público en general, estas dificultades se agudizan por la escala, la temporalidad y la incertidumbre que caracterizan el problema del calentamiento global.

No es de extrañar que los jueces hayan dado una serie de respuestas diferentes a estas preguntas, en consonancia con las distintas tradiciones jurisprudenciales sobre la posibilidad de reparar las violaciones de derechos por parte de las cortes de las distintas jurisdicciones. Sin embargo, más allá del resultado, en la mayoría de las sentencias CCDH las cortes han afirmado su competencia para revisar la política climática del gobierno y reparar las violaciones de derechos humanos derivadas de ella. Aunque conceden a los gobiernos latitud para establecer objetivos climáticos y elegir políticas para alcanzarlos, la mayoría de las cortes han sostenido que esas decisiones no están exentas de control judicial y que la discrecionalidad gubernamental no es absoluta. En casos como el de la Greenpeace Nordic Association, los jueces han utilizado la doctrina del margen de apreciación para evaluar el impacto de las políticas gubernamentales en la reducción de las emisiones y concluir que las políticas impugnadas estaban dentro de ese margen.[34] En otros casos, como Modificación de la norma sobre combustibles de etanol (México) y Urgenda, las cortes han utilizado la misma doctrina y han fallado en contra del Estado, al considerar que las políticas climáticas en cuestión afectaban de forma irrazonable y desproporcionada los derechos humanos y, por tanto, superaban ese margen.

En resumen, la norma emergente en lo que respecta al control judicial de la acción climática es que “las cortes están lejos de considerar que el tema es un área ‘prohibida’”, como concluyó el Tribunal Superior de Nueva Zelanda en el caso Thomson c. Ministro de Cuestiones de Cambio Climático[35] –un caso sobre los objetivos de mitigación que, aunque no giraba en torno a los argumentos de derechos humanos, resumía y se basaba en una serie de decisiones de CCDH–. Si bien los jueces han reconocido que los gobiernos tienen un amplio margen de apreciación a la hora de abordar las complejidades de la política climática, han tendido a concluir que el cambio climático es una cuestión regulatoria y científica susceptible de ser examinada judicialmente sobre la base de las normas nacionales e internacionales sobre el cambio climático y los derechos humanos, en contraposición a una cuestión política, en la que los gobiernos tienen plena discrecionalidad. De hecho, el Tribunal Administrativo de París, en el caso Notre Affaire à Tous c. Francia, llegó a considerar que el Estado francés era responsable de los daños morales derivados de su incapacidad para adoptar medidas climáticas lo suficientemente ambiciosas, y señalaba en forma específica:

En vista de la incapacidad irresponsable del Estado para aplicar políticas públicas que le permitan alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se ha fijado, las asociaciones demandantes pueden reclamar al Estado una indemnización por esas incapacidades erróneas.[36]

La “cuota justa” de la mitigación climática que es jurídicamente exigible

El último paso del caso ideal-típico examina la compatibilidad de las políticas gubernamentales con los derechos y deberes climáticos. En algunos casos, la cuestión principal es: ¿qué niveles de ambición y urgencia en cuanto a la reducción de las emisiones nacionales son compatibles con esos derechos y deberes? Esta es la cuestión, por ejemplo, que está en el centro de la media de las demandas europeas (incluida la impugnación de los objetivos de mitigación de la Unión Europea en el caso Ferrão Carvalho c. Europa)[37] y de la petición de una asociación juvenil al Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que solicita que se declare inconstitucional el bajo objetivo de mitigación del país.[38] En otras demandas, más que el nivel de ambición en sí, los demandantes cuestionan la coherencia de los proyectos o políticas autorizados por el gobierno con el objetivo de mitigación que ha adoptado formalmente a través de la legislación nacional o internacional. Este es el caso, por ejemplo, de las impugnaciones de las nuevas pistas de aterrizaje de los aeropuertos de Viena y Londres.[39] La mayoría de las demandas del Sur Global[40] se ajustan a este segundo tipo, en el sentido de que no impugnan los objetivos de mitigación, sino las acciones específicas del gobierno (o la falta de ellas) que obstaculizan el progreso hacia esos objetivos, desde la omisión de los efectos climáticos en las evaluaciones de impacto ambiental en Sudáfrica e India[41] hasta el bloqueo burocrático en Perú y Pakistán.[42]

Ambas modalidades de litigio plantean cuestiones complejas sobre cómo fijar y hacer cumplir el nivel de ambición de mitigación de un país. La controversia sobre los diferentes criterios de equidad para determinar la cuota adecuada de un país en la reducción de las emisiones de GEI implica cuestiones fundamentales de ética y política climática que van más allá del alcance de este capítulo.[43] En parte debido a esta complejidad, los litigantes y las cortes en el caso típico del CCDH han tendido a adoptar un enfoque cauteloso, en el que vinculan de forma estrecha sus demandas y recursos a los niveles de ambición prescritos por el Acuerdo de París y el IPCC.

Este enfoque se ha traducido en dos normas embrionarias. En primer lugar, en lo que respecta a la cuota de reducción de emisiones de un país, los casos de CCDH han formulado una opinión que hace hincapié en los deberes de los Estados individuales. La línea de defensa de los Estados en los juicios por mitigación ha girado en torno a la naturaleza del sistema climático como bien público. Desde este punto de vista, dado que la reducción de emisiones de un país no hará mella en la prevención del calentamiento global sin que otros países contribuyan con su parte, los ciudadanos no tienen una reclamación justiciable basada en los derechos a la acción climática del Estado.

En cambio, los litigantes y las cortes se han basado en una interpretación del Acuerdo de París basada en la responsabilidad. Según este punto de vista, los Estados tienen la obligación de contribuir con su “cuota mínima justa” a la reducción de emisiones, más allá de las acciones de otros países. Como se ha señalado, la determinación de la cuota justa de un país se ha guiado por las estimaciones derivadas de las recomendaciones e informes del IPCC.

La articulación más explícita de la norma de la “cuota mínima justa” se encuentra en la decisión de la Corte Suprema neerlandesa en el caso Urgenda. Según la corte, en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del régimen climático mundial, “los Países Bajos están obligados a hacer ‘su parte’ para evitar el peligroso cambio climático, aunque sea un problema mundial”.[44] La corte basa su dictamen jurídico en una interpretación de la Cmnucc, según la cual “todos los países tendrán que hacer lo necesario” para alcanzar los objetivos globales de emisiones, así como en el principio generalmente aceptado del derecho internacional según el cual los países deben evitar causar daños a otros. “Este enfoque justifica la responsabilidad parcial: cada país es responsable de su cuota y, por lo tanto, se le pueden pedir cuentas al respecto”[45] en los foros judiciales. Al utilizar la heurística de un “presupuesto de carbono” –la cantidad de GEI que le queda a la humanidad por quemar antes de superar el umbral de 1,5 a 2 ºC de calentamiento global– la corte concluye que “ninguna reducción es insignificante”, ya que todas las emisiones contribuyen a agotar el presupuesto global, más allá del tamaño del país o de sus emisiones.[46]

Aunque de forma menos elaborada, las cortes han razonado de manera semejante en otros casos de CCDH. El Tribunal Superior de Irlanda utilizó un razonamiento similar para concluir:

Ningún país, en especial del tamaño de Irlanda, puede abordar el problema [del calentamiento global] por sí solo. Sin embargo, eso no disminuye la exigencia de hacer lo necesario para alcanzar los objetivos científicamente aconsejados.[47]

Como puede verse con facilidad, si esta norma se afianza en el derecho internacional y comparado de los derechos climáticos, creará más incentivos para los litigios a nivel nacional, ya que los litigantes de las distintas jurisdicciones tratarían de ejercer presión sobre sus propios gobiernos para que contribuyan a los esfuerzos de mitigación global, más allá de (o precisamente debido a) la limitada presión de las negociaciones intergubernamentales. Hay pruebas de que este proceso de difusión transnacional de precedentes judiciales y estrategias legales está ocurriendo. Los litigantes y las cortes de jurisdicciones tan diversas como Brasil, Corea del Sur, Noruega y Nueva Zelanda están invocando en forma activa alguna versión de la norma de la “cuota mínima justa” para hacer que los gobiernos se responsabilicen de los objetivos de mitigación.

Sin embargo, esta norma sigue sin especificarse. Dado que el significado de la “cuota mínima justa” varía según el criterio de equidad utilizado, sigue siendo una cuestión abierta en los litigios de CCDH (véase la Parte II). Un caso interesante que trata de abordar esta cuestión es el de Duarte Agostinho c. Portugal y otros 32 Estados, presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por seis jóvenes portugueses contra varios Estados europeos por no haber adoptado medidas climáticas suficientemente ambiciosas. Los demandantes sostienen que la carga de la prueba de que las políticas climáticas de los Estados demandados son colectivamente coherentes con el objetivo de temperatura de París debe recaer en los Estados (los infractores) y no en los demandantes (las víctimas de los daños climáticos). Con ello, los demandantes pretenden evitar una sentencia que se sitúe en el extremo inferior de las reducciones de emisiones necesarias estimadas por el IPCC, pero que colectivamente no logre limitar el calentamiento al objetivo de temperatura de París. Además, al presentar este caso ante un tribunal regional, los peticionarios pretenden obtener una única sentencia vinculante para la mayoría de los Estados europeos, lo cual elimina la posibilidad de que se produzcan fallos nacionales incoherentes sobre la adecuación de la ambición de reducción de emisiones de los Estados.[48]

Además, esta limitación se ha visto compensada de manera parcial por una segunda norma emergente, relacionada con los remedios. En las decisiones emitidas a favor de los demandantes, los litigantes y las cortes han tratado de adoptar un enfoque cauteloso respecto de los remedios de mitigación con el fin de lograr un equilibrio entre los derechos climáticos y la deferencia a la política gubernamental. Algunas demandas se han centrado en hacer que los gobiernos rindan cuentas de los compromisos de mitigación que ellos mismos se han fijado, como en los casos de Isleños del Estrecho de Torres c. Australia[49] (que trata de hacer que el gobierno cumpla el objetivo recomendado por su Agencia del Cambio Climático), Generaciones Futuras del Amazonas (en el que la Corte Suprema de Colombia hizo cumplir los propios objetivos del gobierno en cuanto a la reducción de la deforestación) y Greenpeace Alemania c. Alemania (que trató sin éxito de hacer que el gobierno alemán cumpliera su propio objetivo para 2020). Otras demandas exigen que los gobiernos aumenten sus compromisos de mitigación, pero se limitan a pedir al tribunal que declare inconstitucional el objetivo existente y ordene al gobierno que determine un nuevo objetivo (como en el caso Kim Yujin c. Corea del Sur) o que fije el objetivo propuesto en el nivel mínimo de reducción de emisiones que se exige al gobierno respectivo, según las recomendaciones del IPCC. Este último fue el fundamento de la sentencia de Urgenda, que exigió al gobierno holandés que redujera las emisiones de GEI del país en un 25% en relación con los niveles de 1990 para 2020, lo que se sitúa en el extremo inferior del rango del 25 al 40% recomendado por el IPCC y mantiene el objetivo que el gobierno había adoptado antes de 2011. Otras demandas cuestionan las políticas o proyectos más intensivos en GEI de un país determinado y solicitan un mayor escrutinio gubernamental y transparencia sobre su compatibilidad con los objetivos de mitigación declarados por el país. Un ejemplo de este tipo de casos es el de Zoubek y otros c. Austria, que impugna la legislación que concede créditos fiscales para el transporte aéreo pero no para el ferroviario.

En resumen, las normas que surgen de los litigios de CCDH contribuyen a abordar algunas de las cuestiones jurídicas más complejas y novedosas que plantea la emergencia climática –como el corpus de derecho internacional aplicable, el estatus del derecho a la acción climática y a un sistema climático habitable, y las obligaciones de los países individuales en relación con las contribuciones a la mitigación del clima–. Al menos en la versión ideal-típica a la que se aproxima la mayoría de las demandas, estas se ajustan al marco de gobernanza posterior a París. Los casos de CCDH contribuyen a dotar a este marco de algunos de los parámetros procesales y sustantivos que le faltan y que son necesarios para que el régimen jurídico sobre el clima avance de manera sustancial contra el calentamiento global.

Esto no significa, sin embargo, que el marco del CCDH por sí mismo pueda manejar adecuadamente las complejidades de la regulación climática, ni que los conceptos y doctrinas de los derechos humanos aborden adecuadamente las cuestiones clave pendientes en los litigios sobre el clima. Mi estudio revela posibles puntos ciegos y limitaciones interesantes, aunque todavía preliminares, de los litigios de CCDH. Para terminar, me referiré a ellos.

De cara al futuro: el potencial y los retos de los litigios basados en derechos

Como mencioné en mi introducción a este volumen y como demuestran las cifras sobre el rápido crecimiento de las demandas y peticiones del CCDH, el litigio climático basado en derechos es una idea a la que le ha llegado su hora. Aunque es demasiado pronto para evaluar de manera sistemática el impacto de esta tendencia en una serie de variables relevantes –desde la acción climática gubernamental y empresarial hasta los movimientos sociales por el clima y el futuro de la aplicación del Acuerdo de París–, es posible extraer algunas lecciones iniciales de cara al futuro sobre el potencial de este tipo de acción legal, así como sus desafíos pendientes.

La lección del argumento y las pruebas presentadas en este capítulo es que los litigios basados en derechos que tienen más probabilidades de contribuir a la acción climática son los que incorporan de manera explícita las normas y la lógica reguladora del régimen normativo climático mundial, es decir, el Acuerdo de París y las evaluaciones del IPCC. Argumento que este tipo de litigios basados en derechos puede proporcionar incentivos materiales para que los gobiernos pongan la acción climática en el centro de sus agendas, superen el estancamiento de las políticas, aumenten el cumplimiento y la ambición, y fomenten la transparencia y la participación en la política climática. Una prueba del potencial de estos incentivos puede encontrarse en el impacto sobre los compromisos climáticos de los gobiernos antes mencionados, que resulta de sentencias como las de Urgenda y Neubauer. Además, al replantear públicamente el problema del cambio climático como una fuente de impactos graves en seres humanos identificables y como una violación de las normas universalmente reconocidas, los litigios del CCDH pueden crear incentivos simbólicos para que los gobiernos y otros actores nacionales sitúen la acción climática en el centro de su agenda y alineen sus iniciativas con los objetivos del régimen climático mundial.[50] A medida que las cortes resuelvan los casos en curso y las nuevas acciones legales lleguen a las cortes nacionales e internacionales, los estudios de caso empíricos podrán evaluar el potencial material y simbólico de los litigios CCDH.[51]

No obstante, al igual que otros tipos de litigios, los de CCDH también tienen limitaciones que conviene tener en cuenta al considerarlos como una herramienta estratégica. Por ejemplo, en vez de ser un fin en sí misma, la contribución clave del típico caso de CCDH es que ayuda a establecer un piso normativo sobre el que pueden apoyarse otras fuerzas, desde la presión de movimientos sociales hasta las negociaciones interestatales. Este es el enfoque articulado en algunos de los casos recientes más prometedores, como la petición de los isleños del Estrecho de Torres ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Basándose en los principios mencionados de la legislación internacional sobre derechos humanos, la petición propone una “obligación mínima” que los Estados deben satisfacer para cumplir con su responsabilidad en la mitigación del cambio climático. Además de ajustarse a las recomendaciones del IPCC, esta obligación incluye garantías de procedimiento como la coherencia (con compromisos estatales anteriores, con políticas estatales pertinentes y con medidas adoptadas por Estados con recursos comparables) y el debido proceso (motivación adecuada y participación pública).[52]

Otra limitación de los litigios sobre derechos en el contexto del régimen climático internacional es su alcance geográfico. Por razones muy diferentes, los litigios basados en derechos se enfrentan a obstáculos especialmente difíciles en las tradiciones jurídicas de dos de los principales actores de la gobernanza climática: los Estados Unidos y China. Sin embargo, la extensión geográfica de la actual oleada de litigios sugiere que puede ser influyente en algunas regiones y países que figuran entre los mayores emisores de GEI del mundo, desde Europa hasta el Reino Unido, Canadá, Brasil, India e Indonesia.

Un importante olvido que se hace evidente en el universo de los litigios de CCDH es la escasez de casos sobre la adaptación al cambio climático. Este punto ciego es en especial llamativo por dos razones. En primer lugar, la adaptación es la cuestión más apremiante para una gran mayoría de países, incluidos los de la mayor parte del Sur Global, que siguen contribuyendo con cantidades relativamente pequeñas de GEI y que ya están experimentando lo peor del impacto humano del calentamiento global. En segundo lugar, las normas y los marcos de los derechos humanos se prestan más fácilmente para litigar sobre la adaptación, es decir, sobre las medidas que deben ser diseñadas para proteger a personas y comunidades concretas de los efectos del desplazamiento forzado, los trastornos económicos, los impactos sobre la salud y otras consecuencias del calentamiento global que ya son inevitables. Al centrarse en la mitigación, los litigios CCDH han pasado por alto la mitad del problema, con repercusiones urgentes para la mayor parte de la población mundial.

En cuanto a los tipos de demandados, la brecha más visible es la escasez de casos contra empresas. Como se ha señalado, solo se han presentado veinticuatro demandas sobre el clima contra empresas por motivos de derechos humanos. Esto no es del todo sorprendente, dadas las antiguas dificultades que las normas y conceptos de derechos humanos han tenido para tratar con actores no estatales en general y con las empresas en particular. Sin embargo, los recientes avances normativos y socioeconómicos pueden abrir cada vez más la puerta a los litigios basados en los derechos contra actores empresariales. En el caso de Casino, por ejemplo, los litigantes aprovecharon una combinación de herramientas del derecho corporativo francés (en concreto, la Ley de Deberes Corporativos de Debida Diligencia de 2017) y el derecho internacional de los derechos indígenas para exigir que los supermercados Casino tomaran todas las medidas necesarias para excluir la carne de res vinculada a la deforestación y al acaparamiento de territorios indígenas de sus cadenas de suministro en Brasil, Colombia y otros lugares.

En el futuro, es probable que los litigantes exploren el uso de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y otros marcos normativos transnacionales (por ejemplo, las normas de la OCDE sobre el comportamiento empresarial) para responsabilizar a las empresas de las violaciones de los derechos humanos asociadas a sus emisiones de carbono o para obligarlas a compensar a los gobiernos o a los particulares por los costos derivados de la adaptación al calentamiento global (Rodríguez Garavito, 2017). De este modo, los litigantes estarían traduciendo al lenguaje de los derechos humanos los reclamos contra las empresas de combustibles fósiles que los gobiernos locales de los Estados Unidos han estado presentando con argumentos de derecho privado consuetudinario.[53] Además, el argumento de los derechos humanos podría verse reforzado por las crecientes pruebas de que algunas de estas empresas han sido conscientes de esos daños durante varias décadas y han optado no solo por no revelarlos, sino también por ejercer una presión activa contra la acción climática.[54] De hecho, una combinación de estos argumentos subyace en la petición de Greenpeace contra los carbon majors ante la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas; esta estrategia bien podría repetirse en otras jurisdicciones.

En términos más generales y conceptuales, la naturaleza del cambio climático expone las deficiencias de los supuestos que se han mantenido durante mucho tiempo en la legislación y la práctica de los derechos humanos. La expresión original de estas dificultades es también la más clara. En el primer estudio de la ONU sobre las implicaciones del cambio climático, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos concluyó que “calificar los efectos del cambio climático como violaciones de derechos humanos plantea una serie de dificultades”.[55] Algunas dificultades tienen que ver con la causalidad, ya que podría ser

prácticamente imposible desentrañar las complejas relaciones causales que vinculan las emisiones históricas de gases de efecto invernadero de un país concreto con un efecto específico relacionado con el cambio climático, y mucho menos con la gama de implicaciones directas e indirectas para los derechos humanos.[56]

Otras dificultades se refieren a la temporalidad, ya que “los efectos adversos del calentamiento global suelen ser proyecciones sobre impactos futuros, mientras que las violaciones de los derechos humanos se establecen normalmente después de que el daño se haya producido”.[57]

Estas cuestiones suponen un reto especial para las estrategias y los conceptos tradicionales de los derechos humanos. Como ha observado Kathryn Sikkink, basándose en la teoría de la justicia de Iris Young, el paradigma dominante en la defensa de los derechos humanos es el “modelo de responsabilidad”, un enfoque retrospectivo que se centra en determinar la culpabilidad por violaciones de derechos individualizadas (Sikkink, 2020; Young, 2011). Sin embargo, el modelo de responsabilidad no puede abordar adecuadamente las injusticias estructurales como el cambio climático y la desigualdad económica. De hecho, la acción climática requiere un enfoque diferente, orientado hacia el futuro, de los derechos humanos. Siguiendo a Young, la pregunta clave en este modelo no es tanto “¿Quién es el culpable?”, sino “¿Qué deberíamos hacer para lograr los objetivos climáticos?”. Los litigios CCDH con visión de futuro contribuyen a responder a esta última pregunta utilizando lo que Sabel y Simon denominan “derechos desestabilizadores” (Sabel y Simon, 2004), es decir, doctrinas y conceptos jurídicos que pueden ayudar a perturbar los equilibrios institucionales disfuncionales, como los que son habituales en la política climática, lo cual impulsaría a los gobiernos y otras partes interesadas a adoptar medidas más urgentes y significativas contra el calentamiento global.

Mi estudio de los litigios de CCDH pone de relieve los primeros indicios de conceptos y doctrinas con visión de futuro que tienen el potencial de abordar las dificultades asociadas a la causalidad y la temporalidad del calentamiento global. En cuanto a la causalidad, los casos de CCDH han avanzado en el establecimiento del vínculo entre la responsabilidad de un país por las emisiones de GEI y las violaciones de derechos humanos. Como señalé, los litigantes y las cortes han articulado una norma emergente de “cuota mínima justa”, según la cual los países son responsables de contribuir a los esfuerzos de mitigación, más allá de las acciones de otros Estados. En este sentido, se los puede hacer responsables de los impactos sobre los derechos humanos asociados a sus emisiones de GEI. Sin embargo, la reticencia de las cortes a la hora de establecer un vínculo causal entre las emisiones de GEI y los daños individuales a los derechos humanos de los demandantes ha sido un importante obstáculo procesal en los litigios de CCDH. Varios tribunales han desestimado casos por falta de legitimación, al considerar que los demandantes no habían demostrado perjuicios específicos derivados del cambio climático, como en la impugnación presentada por ciudadanos de Europa y otras regiones contra los objetivos de mitigación de la Unión Europea en el caso Ferrão Carvalho c. Europa[58] y la impugnación contra la venta por parte del gobierno sueco de una central de carbón a una empresa energética contaminante en el caso PUSH Sweden c. Suecia.[59]

Esta concepción convencional e individualista de la legitimación para demandar ignora la naturaleza del calentamiento global como fenómeno omnipresente que afecta a todos los seres humanos y, de hecho, a todas las formas de vida de la Tierra. En contraste con ella, recientes decisiones han articulado una nueva visión de la legitimación que se ajusta mejor a la naturaleza del problema. Este es el caso, en particular, de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán en la demanda Neubauer, en la que el tribunal sostuvo que el hecho de que los impactos climáticos afectaran a prácticamente todas las personas que viven en Alemania no impedía que los jóvenes demandantes se vieran afectados concretamente y, por tanto, estaban legitimados para demandar al gobierno con el fin de exigir acciones climáticas más ambiciosas y urgentes.[60]

Las dimensiones temporales del cambio climático también plantean desafíos a la temporalidad lineal y retrospectiva de la normativa sobre derechos humanos. Los impactos más importantes sobre los derechos humanos asociados al calentamiento global se materializarán en el futuro y afectarán a miembros de próximas generaciones, a los que no se reconoce como titulares de derechos. Además, a diferencia de otras violaciones de los derechos humanos a largo plazo, la temporalidad de los impactos climáticos no es lineal: los retrasos son costosos; los efectos de la inacción se agravan con el paso del tiempo; algunos impactos son ya irreversibles; los efectos acumulados seguirán teniendo consecuencias adversas sobre los derechos humanos incluso después de que se acelere la acción climática (si es que se acelera); y los puntos de inflexión y los bucles de retroalimentación pueden empeorar de manera drástica las violaciones de derechos humanos de forma impredecible (Lazarus, 2009).

La sensibilidad al tiempo puede ser uno de los aportes de las futuras demandas y decisiones judiciales sobre derechos climáticos. Algunos de los casos existentes ofrecen pistas útiles. En varias de las sentencias que niegan la protección solicitada por el demandante, los jueces vinculan de manera explícita su decisión a las condiciones actuales y dejan abierta la posibilidad de cambiar de opinión a medida que empeore el calentamiento global. Por ejemplo, en el caso contra Nueva Zelanda presentado por un migrante climático de Kiribati al que se le había negado el asilo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU falló en contra del migrante porque era improbable que el aumento del nivel del mar “hiciera inhabitable la República de Kiribati” durante otros “diez o quince años”, pero añadió: “dado que el riesgo de que todo un país quede sumergido bajo el agua es un riesgo tan extremo, las condiciones de vida en ese país pueden llegar a ser incompatibles con el derecho a la vida con dignidad antes de que el riesgo se haga realidad”.[61] Además, los casos presentados en nombre de jóvenes ofrecen una solución a la objeción de que los daños climáticos afectan a víctimas futuras, no presentes. En efecto, esos casos demuestran que los nefastos impactos previstos para 2050 o incluso 2100 los sufrirán personas que ya están vivas en la actualidad.

En cuanto al carácter no lineal de los impactos climáticos a lo largo del tiempo, la decisión de Urgenda de imponer rápidos recortes de emisiones invocó el costo de los retrasos para desestimar el argumento del gobierno neerlandés de que los objetivos de mitigación debían evaluarse en 2030 en vez de hacerlo en 2020. Una de las formulaciones más claras de la no linealidad del cambio climático en los litigios de CCDH se encuentra en el disenso de la decisión del Tribunal del Noveno Circuito de los Estados Unidos de desestimar el caso Juliana sobre la base de la legitimación. “La mayoría describe cualquier alivio que podamos ofrecer como una gota de agua”, escribió la jueza disidente.[62] Y continuó:

En una generación anterior, tal vez esa caracterización tendría éxito y nos consideraríamos impotentes para abordar las lesiones de los demandantes. Pero estamos peligrosamente cerca de rebosar el balde. Estas últimas gotas importan. Mucho.[63]

Un pronunciamiento judicial aún más nítido y consecuente en este sentido puede encontrarse en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán en el caso Neubauer, que, en mi opinión, debe considerarse como la primera decisión judicial exhaustiva sobre el cambio climático que tiene en cuenta el tiempo. Consciente de la temporalidad no lineal del calentamiento global, el tribunal sostuvo que posponer la acción climática es constitucionalmente inadmisible en la medida en que “descarga irreversiblemente las principales responsabilidades de reducción de emisiones” en el futuro e impone una “abstinencia radical” a las generaciones futuras.[64] Por lo tanto, “la obligación de adoptar medidas climáticas tiene un peso creciente a medida que se intensifica el cambio climático”.[65] En un giro conceptual que aborda algunas de las limitaciones conceptuales mencionadas de los derechos humanos, el tribunal sostuvo que “los derechos fundamentales [son] garantías intertemporales de libertad”.[66]

En conclusión, la contribución continua de los litigios de CCDH a la acción climática dependerá de la difusión de estas y otras innovaciones jurisprudenciales, así como del destino de los esfuerzos en curso de los litigantes y las cortes para ampliar y actualizar la legislación sobre el clima y los derechos humanos en cuestiones que van desde la legitimidad para demandar hasta los derechos de las generaciones futuras y la responsabilidad legal por los daños multicausales a los derechos humanos. Como lo ha documentado la literatura sociojurídica acerca del litigio estratégico en otros campos temáticos, también dependerá de si los litigantes pueden coordinar con éxito sus estrategias centradas en el derecho con los esfuerzos de otros defensores y movimientos que están a la vanguardia de la movilización global para la acción climática, desde las organizaciones juveniles hasta los pueblos indígenas y los colectivos de científicos preocupados. Y todo ello tendrá que producirse a una escala mucho mayor y a un ritmo más rápido si queremos estar a la altura del reto más urgente de nuestro tiempo.

Anexo

Tabla 1. Casos climáticos basados en derechos humanos (2005-2021)

Fecha de presentación	Estado	PaísCorte	Nombre del caso [Información de la referencia, si está disponible]	Demandante	Asunto y presuntas violaciones de los derechos humanos
2005	Desestimado (en 2006)	Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (demandado: Estados Unidos )	Petición a la CIDH en busca de alivio por las violaciones resultantes del calentamiento global causadas por actos y omisiones de los Estados Unidos	Mujer inuit (a nombre propio y de otros inuit del Ártico)	Buscar alivio de las violaciones de los derechos humanos resultantes del calentamiento global causado por actos y omisiones de los Estados Unidos. Basado en los derechos a la tierra tradicionalmente ocupada, la vida, la integridad física y la seguridad, la cultura, la propiedad, la salud, sus propios medios de sustento, la residencia y el movimiento, y la inviolabilidad del hogar.
2005	Concedido	NigeriaTribunal Superior Federal de Nigeria	Gbemre c. Shell Petroleum Development Company of Nigeria[FHC/B/CS/53/05]	Hombre adulto	Impugna la práctica del gobierno nigeriano y de Shell Oil de quemar gas en el Delta del Níger. Con base en los derechos a la vida y a la dignidad de las personas, a la salud, a un ambiente sano y a un entorno favorable a su desarrollo.
2005	Concedido	EuropaComité Europeo de Derechos Sociales	Fundación Marangopoulos para los Derechos Humanos c. Grecia	Fundación Marangopoulos para los Derechos Humanos	Alega que Grecia ha incumplido las disposiciones de los derechos humanos garantizados por la Carta Social Europea, incluido el derecho a unas condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, al no haber considerado adecuadamente, entre otras cosas, las repercusiones ambientales asociadas a la explotación de determinadas minas de carbón y centrales eléctricas de carbón, incluidas las repercusiones climáticas.
2007	Desestimado	Estados UnidosCorte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California	A. Philip Randolph Institute (SF Chapter) c. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)	Dos ONG y dos particulares	Se solicita una orden que exija a la EPA el cumplimiento de la sentencia del caso Massachusetts c. EPA, que determine si el dióxido de carbono causa o contribuye a la contaminación atmosférica perjudicial, y se impugna al Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía por la expedición de permisos de construcción para dos centrales eléctricas de gas natural, por constituir una violación de la legislación administrativa y ambiental estatal y federal, así como de los derechos procesales.
2007	Concedido	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia	Greenpeace c. Secretario de Estado de Comercio e Industria	Greenpeace	Alega que el proceso de consulta pública llevado a cabo por el gobierno al revisar su política de energía nuclear fue defectuoso, incluso en relación con los derechos garantizados por la Convención de Arhus y las consideraciones climáticas.
2008	Desestimado	Estados Unidos	Sunflower Electric Power Corporation c. Sebelius	Compañía eléctrica	Impugna la decisión del gobierno de Kansas de denegar al demandante el permiso de calidad del aire necesario para la construcción de nuevas unidades de electricidad alimentadas con carbón; se alega que la decisión viola la Cláusula de Comercio inactiva y la cláusula de protección de la igualdad de la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno estatal había denegado el permiso con base en que la nueva energía de carbón contribuiría al calentamiento global.
2009	Desestimado	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia	People and Planet c. HM Treasury	ONG	Impugna la adopción de una política por parte del Tesoro del Reino Unido sobre la base de que no utilice su inversión en el Royal Bank of Scotland para promover o exigir cambios en las prácticas de préstamos comerciales del RBS, de modo que este no apoye a empresas o emprendimientos que no respeten de manera suficiente los derechos humanos o sean perjudiciales para el ambiente en virtud de sus emisiones de carbono.
2010	Concedido	NepalCorte Suprema de Nepal	Pro Public c. Godavari Marble Industries Pvt. Ltd.	Sin ánimo de lucro (Propublic)	Busca anular un permiso gubernamental para una mina de mármol en las colinas de Godavari, a las afueras de Katmandú, ya que la mina es incompatible con los derechos constitucionales a vivir en un entorno saludable y a vivir con dignidad y con las leyes nepalesas sobre protección del ambiente.
2010	Concedido (resuelto)	FilipinasCorte Suprema de Filipinas	Global Legal Action on Climate Change c. Comisión del Cambio Climático	ONG	Alega que el incumplimiento por parte de varios organismos gubernamentales de dos estatutos sobre el control de las inundaciones pone a los filipinos en peligro de sufrir inundaciones, que se prevé que empeoren a medida que el cambio climático se agrave, y vulnera su derecho a la protección del ambiente.
2011	Desestimado	Estados UnidosCorte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos(2012)	Alec L. c. McCarthy [14-405]	5 jóvenes y 2 ONG (Kids vs Global Warming y Wildearth Guardians)	Alega violaciones de la confianza pública por parte del gobierno a través de sus acciones que exacerban el cambio climático y, en la apelación, alega violaciones constitucionales de las garantías de igualdad de protección y de los derechos al debido proceso a la vida, la libertad y la propiedad.
Afirmado	Corte de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito D.C.(2014)
2011	Opinión dada	EcuadorCorte Constitucional	Sentencia consultiva en el caso nº 0034-11-TI	Gobierno	Examina si el Acuerdo de Cooperación sobre el Cambio Climático, la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Ambiental firmado por Ecuador y Perú es coherente con la Constitución ecuatoriana, incluidos ciertos derechos constitucionales como el derecho a un ambiente sano.
2012	Concedido	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia de Irlanda del Norte	En relación con la solicitud de Brian Quinn y Michael Quinn	Dos terratenientes	Impugna la decisión del Comisario de la Comisión de Apelación de Planificación de denegar la autorización a los demandantes para desarrollar un parque eólico en sus terrenos, y alega, entre otras cosas, que la decisión del Comisario vulneró su derecho a un juicio justo y no tuvo en cuenta los beneficios ambientales y sociales del desarrollo de energías renovables, incluida la reducción de las emisiones de GEI.
2012	Pendiente	UgandaTribunal Superior de Uganda Holden	Mbabazi y otros c. Fiscal General y Autoridad Nacional de Gestión Ambiental [Demanda civil nº 283 de 2012]	Organización sin ánimo de lucro (Greenwatch) en nombre de 4 niños ugandeses	Alega que el gobierno está violando sus deberes constitucionales al no abordar el cambio climático y hacer cumplir los tratados internacionales sobre el clima, con base en la doctrina de la confianza pública y en los derechos y libertades constitucionales, incluido el derecho a un ambiente limpio y saludable.
2012	Desestimado	Estados UnidosCorte de la Commonwealth de Pensilvania	Funk c. el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania	Ashley Funk (jóvenes adultos)	Impugna la denegación por parte de la agencia estatal de ambiente de la petición de la demandante de establecer normas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, argumenta que la denegación era infundada, ya que el Estado tiene autoridad legal en virtud de la Constitución para dictar estas normas, y cita en particular el derecho constitucional de los ciudadanos del Estado a un aire y un agua limpios.
2013	Concedido	IndiaTribunal Verde Nacional	Tribunal de oficio c. Estado de Himachal Pradesh	Tribunal de oficio (National Green Tribunal)	Alega que la emisión de carbono negro en la región con una ecología sensible del Paso de Rhotang impulsa el deshielo de los glaciares y provoca otros efectos que vulneran imperativamente los derechos constitucionales de los ciudadanos indios.
2013	Pendiente	CIDH (acusado: Canadá)	Petición a la CIDH en busca de alivio por las violaciones de los derechos de los pueblos athabaskanos del Ártico resultantes del rápido calentamiento y deshielo del Ártico causado por las emisiones de carbono negro de Canadá	Arctic Athabaskan Council (en nombre de los pueblos athabaskanos del Ártico de Canadá y Estados Unidos)	Impugna la falta de aplicación por parte de Canadá de medidas para reducir las emisiones de carbono negro como una violación de los derechos humanos del pueblo athabasco como consecuencia del calentamiento del Ártico producido por las emisiones de carbono negro. Con base en los derechos a disfrutar de los beneficios de la cultura, a la propiedad, a la preservación de la salud y a sus propios medios de subsistencia.
2013	Concedido	Países BajosTribunal de Distrito de La Haya(2015)	Fundación Urgenda c. Países Bajos	ONG (Fundación Urgenda)	Se solicita una sentencia declarativa y un requerimiento judicial para obligar al gobierno neerlandés a hacer más por reducir las emisiones de GEI. Alega violaciones de los derechos a la vida y a la vida privada y familiar.
Afirmado	Corte de Apelación de La Haya (División de Derecho Civil)(2018)
Afirmado	Tribunal Supremo de los Países Bajos (Hoge Raad)(2019)
2014	Concedido	Nueva ZelandaTribunal de Inmigración y Protección	In re: AD (Tuvalu) ([2014] casos 501.370-371)	Familia (Tuvalu)	Solicita visados de residencia para una familia desplazada de Tuvalu, con base en los derechos a la unidad familiar; a la vida; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; al agua; y al asilo.
2014	Denegado	Estados Unidos de AméricaTribunal Superior de Massachusetts(2015)	Kain c. el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts	Cuatro adolescentes residentes en Massachusetts y dos organizaciones ambientales sin ánimo de lucro	Impugna la negativa de la agencia estatal de ambiente a dictar normas y objetivos vinculantes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y alega que es incompatible con la legislación ambiental del Estado, así como con el derecho fundamental a un aire limpio.
Concedido	Corte Suprema de Massachusetts(2016)
2015	Desestimado	Nueva ZelandaCorte Suprema	Ioane Teitiota c. Jefe del Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo ([2015] NZSC 107]	Hombre adulto (de Kiribati)	Solicita el estatus de refugiado para un ciudadano de Kiribati, con base en los riesgos generados por los efectos del cambio climático para su derecho a la vida.
2015	Desestimado (2019)	Comité de Derechos Humanos de la ONU (demandado: Nueva Zelanda)	Sentencia aprobada por el Comité con arreglo al art. 5.4 del Protocolo Facultativo, en relación con [la comunicación de Teitiota] [CCPR/C/127/D/2728/2016]	Familia (Kiribati)	Argumenta que la denegación por parte de Nueva Zelanda del estatus de refugiado a una familia desplazada de Kiribati violaba el derecho internacional de los derechos humanos, con base en el derecho a la vida y en el riesgo que corría el demandante de ser privado de ella arbitrariamente.
2015	Concedido	PakistánTribunal Superior de Lahore(2015)	Leghari c. Pakistán ([2015] W. P. nº 25.501/201]	Hombre adulto	Demanda al gobierno pakistaní por su incumplimiento de las disposiciones fundamentales de la ley climática de 2012, basadas en los derechos a la vida, la dignidad, el agua, a un ambiente sano y el principio de equidad intergeneracional.
2015	Pendiente	NepalCorte Suprema de Nepal	Shayka c. Durbar y otros	Activista indígena	Alega que varios ministros del gobierno y la agencia de implementación de REDD+ (un programa de adaptación al clima financiado por el Banco Mundial) han violado los derechos constitucionales a vivir en un ambiente limpio; la dignidad; la cultura; la justicia social; la participación y la igualdad de las mujeres, los dalits, los pueblos indígenas, los madhesi y otros grupos; y la igualdad. También se alegan otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el derecho internacional.
2015	Concedido (2021)	BélgicaDistrito judicial (Bruselas)	VZW Klimaatzaak c. Bélgica	ONG y clase (más de 35.000 ciudadanos)	Pedir a los gobiernos federales y regionales que reduzcan las emisiones de GEI, con base en los derechos a la vida y a la vida privada y familiar y en el principio de justicia intergeneracional.
Recurso de casación pendiente (2021)
2015	Admitido a trámite (Moción de desestimación denegada)	Estados Unidos de AméricaCorte de Distrito de los Estados Unidos de Oregón (División de Eugene)(2016)	Juliana c. Estados Unidos [18-36.082]	21 jóvenes; un representante de las “generaciones futuras”; ONG (OCT)	Afirma que el gobierno federal violó los derechos constitucionales de los ciudadanos jóvenes al provocar concentraciones peligrosas de dióxido de carbono, con base en los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y a la igualdad de protección.
Desestimado	Corte de Apelación del 9º Circuito(2020)
Recurso de casación pendiente	Corte Suprema de los Estados Unidos(2021)
2015	Investigación concluida a favor de los demandantes(2019)	FilipinasComisión de Derechos Humanos	Investigación sobre el carbono	Greenpeace Filipinas y las ONG y ciudadanos filipinos	Afirma que los gigantes del carbono son responsables de las violaciones de los derechos a la vida, la alimentación, la salud, el agua, el saneamiento, la vivienda adecuada y la autodeterminación inducidas por el clima.
2015	Desestimado(2018)	Estados Unidos de AméricaCorte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Maine	Portland Pipeline Corp. c. South Portland	Operador de tuberías	Impugna la ordenanza local de la ciudad de South Portland que prohíbe la carga de petróleo crudo en buques cisterna y la construcción de nuevas estructuras con ese fin, por constituir una violación de la Cláusula de Comercio latente y de la Cláusula de Comercio Exterior de la Constitución de los Estados Unidos, así como de los derechos civiles y constitucionales del operador del oleoducto.
Desestimado(2021)	Corte de Apelación del Primer Circuito
2015	Concedido	ColombiaCorte Constitucional de Colombia	Castilla Salazar c. Colombia [Decisión C-035/16]	Ciudadanos colombianos	Impugna la constitucionalidad de algunas leyes que establecen disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, por considerar que amenazan la salud de los páramos (ecosistemas de altura) y vulneran los derechos constitucionales, incluido el derecho a un ambiente sano.
2016	Desestimado	NoruegaTribunal de Distrito de Oslo(2018)	Greenpeace Nordic Ass’n c. Ministerio de Petróleo y Energía [16-166.674TVI-OTIR/06]	Varias ONG	Impugna la constitucionalidad de la decisión del gobierno noruego de conceder licencias a nuevos bloques del Mar de Barents para la extracción de petróleo y gas en aguas profundas. Basado en los derechos a la vida, a la vida privada y familiar, a la salud, a un ambiente propicio para la salud y a un entorno natural cuya productividad y diversidad se mantengan, y al principio de no daño.
Desestimado	Corte de Apelación de Borgarting(2020)
Desestimación confirmada	Tribunal Supremo de Noruega(2020)
2016	Desestimado	SuizaTribunal Administrativo Federal de Suiza(2018)	Unión de Mujeres Mayores Suizas para la Protección del Clima c. Consejo Federal Suizo y otros [nº A-2992/2017]	Mujeres mayores	Impugna la idoneidad de los objetivos de mitigación del cambio climático y las medidas de aplicación del gobierno y la posible vulneración de los derechos humanos. Basado en los derechos a la vida y a la vida privada y familiar.
Desestimado (2020)	SuizaTribunal Supremo Federal de Suiza
Pendiente(2020)	Unión EuropeaTribunal Europeo de Derechos Humanos
2016	Pendiente	PakistánTribunal Supremo de Pakistán	Ali c. Pakistán [Petición constitucional nº ___ / I de 2016]	Menor	Impugna diversas acciones e inacciones del gobierno federal y provincial, incluidos los planes de desarrollo de la cuenca carbonífera de Thar. Basado en los derechos a la vida, la dignidad, la propiedad, la igualdad y los principios de desarrollo sostenible e igualdad intergeneracional.
2016	Desestimado	SueciaTribunal de distrito de Estocolmo	PUSH y otros c. Suecia	ONG, jóvenes y particulares	Impugna la venta de centrales de carbón en Alemania por parte de la empresa estatal de energía sueca, supuestamente en violación del deber del gobierno de garantizar los derechos, y de los derechos de los demandantes a la vida, la salud, la vida privada y familiar, y a un clima no perjudicial. (Las plantas se vendieron a una empresa checa con un mal historial climático).
2016	Concedido	SudáfricaTribunal Superior de Sudáfrica (División de Gauteng)(2017)	EarthLife Africa Johannesburgo c. Ministro de Asuntos Ambientales [65.662/16]	ONG	Impugna la falta de consideración adecuada por parte del gobierno de los impactos relacionados con el cambio climático en el desarrollo de una central eléctrica de carbón, basada en el derecho a un ambiente sano.
2016	Decidido	AméricaCorte Interamericana de Derechos Humanos(2017)	Solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación del art. 1.1, 4.1 y 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos	Colombia	En una opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho a un ambiente sano como un derecho humano, basado en los derechos a la vida y a la integridad personal.
2016	Desestimado (2018)	Estados UnidosTribunal Superior de Alaska	Sinnok, y otros c. Estado de Alaska, y otros [S17.297]	16 jóvenes	Afirma que el gobierno del estado de Alaska violó los derechos constitucionales de los jóvenes ciudadanos al promulgar políticas energéticas que permiten importantes emisiones de GEI y conducen a peligrosas concentraciones de dióxido de carbono, con base en la doctrina del fideicomiso público, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y la igualdad de protección.
Apelado(2018)	Corte Suprema de Alaska
2016	Concedido	KeniaCorte Nacional del Ambiente en Nairobi(2019)	Save Lamu c. la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental	Organización comunitaria (Save Lamu) y cinco individuos	Impugna la decisión de la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de expedir una licencia de evaluación de impacto ambiental a una empresa (Amu Power) que dirige la construcción de una central eléctrica de carbón de 900 a 1000 MW en el condado de Lamu, y alega, entre otras cosas, que la decisión violaba el derecho administrativo, que generaría impactos en el clima, la biodiversidad y la salud, y que no incluía medidas adecuadas de mitigación de la contaminación.
2016	Desestimado(2018)	Estados UnidosCorte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York	Exxon Mobil Corp. c. Healey	Exxon Mobil (empresa petrolera)	El demandante presentó una demanda contra el Fiscal General de Massachusetts en la que solicitaba una orden judicial para impedir la ejecución de una demanda de investigación civil y una declaración de que la demanda viola los derechos del demandante bajo la ley estatal y federal, incluidos sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso. La investigación subyacente es sobre si Exxon incurrió en prácticas engañosas / engañó a los consumidores / inversores en cuanto al papel que desempeñan los combustibles fósiles en el impulso del cambio climático y los riesgos del cambio climático para el negocio de Exxon.
Pendiente	Corte de Apelación del Segundo Circuito
2017	Despedida (2018)	Estados UnidosTribunal Superior de Alaska	Sinnok, et al. c. Estado de Alaska, et al. [S17297]	Dieciséis jóvenes	Afirma que el gobierno del estado de Alaska violó los derechos constitucionales de los jóvenes ciudadanos al promulgar políticas energéticas que permiten importantes emisiones de GEI y conducen a peligrosas concentraciones de dióxido de carbono, con baser en la doctrina del fideicomiso público, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y la igualdad de protección.
Apelado(2018)	Corte Suprema de Alaska
2017	Desestimado	IrlandaTribunal Superior de Irlanda(2019)	Amigos del Ambiente de Irlanda c. Irlanda [2017 n.º 793 JR]	ONG	Alega que el Plan Nacional de Mitigación de Irlanda viola el derecho internacional y nacional porque no está diseñado para reducir suficientemente las emisiones de GEI a corto plazo. Se basa en los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, la integridad de la persona, el respeto a la vida familiar y privada, la propiedad y los derechos del niño, los derechos de las personas mayores, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección del ambiente y los principios de solidaridad intergeneracional y de protección vigilante y eficaz del ambiente.
Concedido en parte (a favor del demandante) y desestimado en parte (en contra del demandante)	Tribunal Supremo de Irlanda(2020)
2017	Desestimado	IndiaTribunal Verde Nacional	Pandey c. India	Menor	Impugna el fracaso del gobierno indio en la adopción de mayores medidas para mitigar el cambio climático mediante la aplicación de sus leyes ambientales y el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Acuerdo de París, dado el impacto particularmente adverso de la no acción en los niños y las generaciones futuras. Basado en la violación de los derechos de los niños a la vida y a un ambiente sano.
2017	Concedido	NepalCorte Suprema, Sala de División	Shrestha c. Primer Ministro	Ciudadano nepalí	Alega que el hecho de que el gobierno no haya tomado medidas suficientes para mitigar el cambio climático y adaptarse a él (entre otras cosas, por no haber adoptado una ley específica sobre el cambio climático) viola la Constitución nepalesa, la legislación ambiental nacional y el derecho internacional.
2017	Desestimado	IrlandaTribunal Supremo	Amigos del Ambiente de Irlanda CLG c. Fingal County Council	Amigos del Ambiente de Irlanda, ciudadanos irlandeses	Alega que la decisión del gobierno de autorizar la ampliación del aeropuerto de Dublín era incompatible con las obligaciones climáticas del gobierno y violaba los derechos garantizados por la Carta de las Libertades Fundamentales de la UE y el Convenio de Aarhus.
2017	Pendiente	ArgentinaCorte Federal	Fomea c. MSU S.A., Rio Energy S.A. y General Electric	ONG	Alega que la construcción y explotación de una central termoeléctrica viola el derecho internacional del clima, el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución de Argentina y el derecho ambiental interno.
2017	Pendiente	ArgentinaCorte Federal (Ciudad de Azul)	Carballo c. MSU S.A.	Particulares y ONG	Alega que la construcción y explotación de una central termoeléctrica viola el derecho internacional del clima, el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución de Argentina y el derecho ambiental interno.
2017	Pendiente	ArgentinaCorte Federal de Compana	Hahn c. Araucaria Energy Sociedad Anónima	ONG y particulares	Impugna la construcción de la central termoeléctrica de Matheu por considerar que la empresa demandada no cumplió debidamente con la legislación ambiental aplicable (incluida la realización de una adecuada EIA) y que la propia central perjudicaría la salud de los residentes cercanos y vulneraría el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
2017	Pendiente	ArgentinaCorte Federal de Compana	Hahn c. APR Energy SRL	ONG y particulares	Impugna la construcción de la central termoeléctrica Matheu II por considerar que la empresa demandada no cumplió debidamente con la legislación ambiental aplicable (incluida la realización de una adecuada EIA) y que la propia central perjudicaría la salud de los residentes cercanos y vulneraría el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
2017	Desestimado	Filipinas	Segovia c. la Comisión del Cambio Climático	Varias personas interesadas en disponer de opciones de desplazamiento a pie y en bicicleta, como personas sin auto, padres que representan a sus hijos y personas con auto que utilizarían otros medios de transporte si estuvieran disponibles	Pide a la Corte que obligue a aplicar varias leyes y reglamentos ambientales y que exija a los demandados del gobierno que tomen varias medidas para hacer las carreteras más accesibles para el uso de bicicletas y peatones. Alega que el hecho de que el gobierno no aplique plenamente estas leyes y reglamentos ni tome este tipo de medidas perjudica la vida, la salud y la propiedad de todos los filipinos y viola el derecho a una ecología equilibrada y saludable.
2017	Desestimado	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia, Queen’s Bench Division (Tribunal Administrativo)(14 de febrero de 2018)	Plan B Earth c. Secretario de Estado de Empresa, Energía y Estrategia Industrial [Reclamación nº CO/16/2018].	ONG y 11 ciudadanos (incluyendo ancianos y niños)	Impugna que el Secretario de Estado no revise el objetivo de reducción de emisiones de carbono del Reino Unido para 2050 a la luz de las obligaciones internacionales del Reino Unido en el marco del Acuerdo de París y del consenso científico internacional sobre el cambio climático.
Desestimado	Tribunal Superior de Justicia, Queen’s Bench Division (Tribunal Administrativo)(20 de julio de 2018)
Desestimación de la solicitud de recurso	Corte de Apelación (División Civil)(25 de enero de 2019)
2017	Concedido	AustriaTribunal Administrativo Federal(2 de febrero de 2017)	Ampliación del aeropuerto de Viena-Schwechat	ONG y varias personas adultas	Impugna la aprobación por parte del gobierno de la construcción de una tercera pista de aterrizaje del principal aeropuerto de Viena, con base en los derechos de protección del ambiente.
Derogado (se anula la decisión del tribunal inferior)	Tribunal Constitucional de Austria(junio de 2017)
2018	Desestimado	Estados UnidosCorte de Circuito de Florida	Reynolds y otros c. Estado de Florida [37.2018 CA 000.819]	8 jóvenes	Afirma que el gobierno del estado de Florida violó los derechos constitucionales de los ciudadanos jóvenes al promulgar políticas energéticas que permiten importantes emisiones de GEI y conducen a peligrosas concentraciones de dióxido de carbono, con base en la doctrina del fideicomiso público, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y la igualdad de protección.
2018	Desestimado(2019)	Estados UnidosCorte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón	Animal Legal Defense Fund c. Estados Unidos	Dos ONG y seis particulares	Argumenta que existe un derecho constitucional a los espacios naturales y que el gobierno de los Estados Unidos violó este derecho a través de sus acciones e inacciones que contribuyen al cambio climático.
Pendiente	Corte de Apelación del Noveno Circuito
2018	Concedido (resuelto)	Estados UnidosCorte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado	Willmeng c. Thorton	Dos residentes de la ciudad	Alega que la ciudad de Thorton, Colorado, violó los derechos de los demandantes a la Primera Enmienda a la expresión y a la petición al gobierno cuando el alcalde pro tempore eliminó los comentarios de los demandantes que criticaban la fracturación hidráulica de su página oficial de Facebook y los bloqueó para que no hicieran más comentarios.
2018	Pendiente	IndonesiaCorte Administrativa del Estado de Denpasar	Greenpeace Indonesia c. el Gobernador de la Provincia de Bali	ONG y tres residentes locales	Impugna la concesión de permisos ambientales para la ampliación de una central eléctrica de carbón por considerar que estas acciones, entre otras cosas, son incompatibles con las obligaciones de Indonesia en virtud de la legislación internacional sobre el clima y que las decisiones se tomaron sin una participación pública adecuada. Además, los demandantes alegan que los permisos se concedieron sin tener debidamente en cuenta las repercusiones socioeconómicas y el impacto que la ampliación de la central tendría en la contaminación, la salud y la fauna, entre otras cosas.
2018	Desestimado (no se admite la defensa)(2019)	CanadáCorte Suprema de la Columbia Británica	Trans Mountain Pipeline ULC c. Mivasair	La compañía de oleoductos por la orden judicial subyacente contra la interferencia con las terminales del oleoducto; el Estado (fiscal) por los cargos de desacato	El Estado presentó cargos contra dos activistas climáticos por desacato a una orden judicial que prohibía interferir con un oleoducto y sus terminales. Los activistas acusados trataron de utilizar la defensa de la necesidad climática (derivada del derecho penal y de la Carta canadiense) al argumentar que la amenaza urgente y grave del cambio climático justificaba sus acciones para bloquear el acceso a las terminales del oleoducto.
Pendiente	Corte de Apelación de la Columbia Británica
2018	Concedido	PakistánTribunal Superior de Lahore	Sheikh Asim Farooq c. Pakistán	Líderes de la sociedad civil y miembros de ONGs	Argumenta que es necesaria la aplicación adecuada de diversos estatutos ambientales nacionales debido a la rápida disminución de la cobertura forestal en Pakistán. Los peticionarios argumentan además que los árboles de los bosques y otros recursos naturales están amparados por la doctrina del fideicomiso público, lo que significa que el gobierno debe conservar los bosques para uso público en vez de permitir que se utilicen para fines comerciales o privados. La inacción del gobierno en este asunto se pone de manifiesto en su incapacidad para proteger los árboles existentes o para plantar nuevos árboles, a pesar del mandato de la Ley de Árboles. Los peticionarios también alegan que el gobierno no ha aplicado sus propias políticas sobre el cambio climático. Por último, los peticionarios alegan que el gobierno no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la ley y la política de preservar, mantener y aumentar la cobertura forestal en Pakistán y en el Punjab específicamente. Los peticionarios piden que se actúe para proteger sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución paquistaní.
2018	Pendiente	ArgentinaFiscal de la Ciudad de Neuquén	Confederación Mapuche de Neuquén c. Secretaría de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Asociación indígena	Solicita la apertura de una investigación penal sobre la responsabilidad de los funcionarios y empresas demandadas por la contaminación de la cuenca neuquina con residuos industriales peligrosos generados por la actividad petrolera, en violación del derecho penal ambiental y de los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal ambiental.
2018	Pendiente	SuizaCorte Suprema Federal de Suiza	‘Causas c. los manifestantes de Credit Suisse’	Estado (fiscal); activistas del clima (acusados)	Los activistas climáticos acusados argumentaron que no debían ser condenados y pagar una multa por infracción asociada a una protesta (en la que montaron un falso partido de tenis para protestar por las inversiones en combustibles fósiles de Credit Suisse y presionar a Roger Federer para que pusiera fin a su patrocinio con ellos) porque la gravedad y la urgencia del cambio climático justificaban sus acciones.
2018	Desestimado	Estados UnidosTribunal Superior de Washington	Aji P. c. Estado de Washington [96.316-319]	12 jóvenes	Afirma que el gobierno del estado de Washington violó los derechos constitucionales de los ciudadanos jóvenes al provocar concentraciones peligrosas de dióxido de carbono, con base en la doctrina del fideicomiso público, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y la protección igualitaria.
Apelado (2019)	Corte Suprema de Washington
2018	Pendiente	FranciaTribunal Administrativo de París(denuncia presentada en 2019)	Notre Affaire à Tous c. Francia	ONG (Fondation pour la Nature et l’Homme; Greenpeace France; Notre Affaire à Tous; Oxfam France)	Impugna la falta de acción del gobierno sobre el cambio climático con base en los derechos a la vida, la salud, la vida privada y familiar, y el derecho de toda persona a vivir en un entorno sano y ecológicamente equilibrado.
2018	Pendiente	AlemaniaTribunal Constitucional Federal	Amigos de la Tierra Alemania c. Alemania	ONG y demandantes individuales	Impugna el incumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de GEI por parte del gobierno, con base en los derechos de los ciudadanos a la vida, la salud, la libertad laboral y la propiedad.
2018	Desestimado	CanadáTribunal Superior de Québec(2019)	ENVironnement JEUnesse c. Canadá [500-506]	Clase (ciudadanos quebequenses de 35 años o menos)	Impugna el hecho de que el gobierno no haya fijado un objetivo adecuado de reducción de las emisiones de GEI ni haya elaborado un plan suficiente para evitar los efectos peligrosos del cambio climático, con base en los derechos de las generaciones más jóvenes a la vida, la inviolabilidad, la seguridad de la persona y la igualdad.
Apelado (2019)	Corte de Apelación de Québec
2018	Desestimado	AlemaniaTribunal Administrativo (Berlín)(2019)	Agricultores Familiares y Greenpeace Alemania c. Alemania [00.271/17/R /SP]	3 familias alemanas y una ONG	Impugna la insuficiente actuación del gobierno para cumplir su objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2020, con base en los derechos a la vida y la salud, la libertad laboral y la propiedad.
2018	Desestimado	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia, Queen’s Bench Division, (Corte de Planificación, Corte Divisional)(2019)	Plan B Earth c. Secretario de Estado de Transportes [(2019) EWHC 1070 (Admin)]	ONG	Impugna la aprobación por parte del gobierno de una ampliación del aeropuerto internacional de Heathrow por no tener en cuenta adecuadamente los compromisos del Reino Unido en materia de cambio climático. Basado en los derechos a la vida, a la propiedad, a la vida privada y familiar, y a la no discriminación (para aquellos con ciertas características protegidas, en particular los pobres).
Concedido	Corte de Apelación (División Civil)(2020)
Invertido	Corte Suprema(2020)
2018	Desestimado	Unión EuropeaTribunal General de la UE (Sala Segunda)(2019)	Armando Ferrão Carvalho c. Parlamento Europeo [Caso nº T-330/18]	10 familias, incluidos niños (Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Kenia, Fiyi y la Asociación Juvenil Sami de Suecia Sáminuorra)	Se solicita un requerimiento judicial para ordenar a la UE que promueva objetivos más estrictos de reducción de las emisiones de GEI a través de los programas existentes. Basado en los derechos a la vida, la salud, la ocupación, la propiedad y la igualdad de trato (en función de la edad y el lugar geográfico de nacimiento), y los derechos de los niños.
Desestimado	Tribunal de Justicia de la Unión Europea(2021)
2018	Concedido	ColombiaCorte Suprema(2018)	Generaciones futuras c. Ministerio de Ambiente [11.001 22 03.000 2.018.00.319 00]	25 jóvenes	Trata de hacer valer el derecho fundamental a un ambiente sano frente a las amenazas del cambio climático y la deforestación. Basado en los derechos a la vida y la dignidad humana, la salud, la alimentación, el agua y el disfrute de un ambiente sano.
2018	Pendiente	PakistánTribunal Superior de Lahore	Maria Khan y otros c. Pakistán [nº 8960 de 2019]	Mujeres adultas	Desafiar la inacción de los gobiernos ante el cambio climático con base en los derechos de las mujeres y de las generaciones futuras a un ambiente sano y a un clima capaz de sustentar la vida humana, y en la igualdad de protección para las mujeres.
2018	Pendiente	JapónCorte de Distrito de Kobe	Comité Ciudadano de la Central Térmica de Carbón de Kobe c. Kobe Steel Ltd.	Familias japonesas, Comité Ciudadano de la Central Térmica de Carbón de Kobe	Alega que la construcción y funcionamiento de una nueva central eléctrica de carbón violaría los derechos constitucionales en virtud, entre otras cosas, de los contaminantes atmosféricos y las emisiones de GEI que produciría.
2018	Desestimado	FranciaConsejo de Estado	IPC Petroleum France c. Francia	Empresa de combustibles fósiles	Impugna la decisión del gobierno francés de conceder una prórroga de un permiso de extracción de combustibles fósiles con fecha de caducidad, por considerar que viola su derecho de propiedad.
2018	Pendiente	FranciaCorte Administrativa de Marsella	Friends of the Earth c. el Prefecto de Bouches-du-Rhône y Total	ONGs	Impugna la autorización concedida a Total para explotar una biorrefinería y de la continuidad de su funcionamiento por considerar que la decisión gubernamental correspondiente no tuvo en cuenta de manera adecuada los daños climáticos y ambientales asociados al uso de aceite de palma importado ni cumplió con las obligaciones relacionadas con el derecho a un ambiente sano.
2018	Concedido	Directrices de la OCDE para empresas multinacionalesPunto de contacto nacional polaco	Desarrollo SÍ - Minas a cielo abierto NO c. Grupo PZU S.A.	ONG	Alega que los capítulos de las Directrices de la OCDE (sobre políticas generales, divulgación de información, derechos humanos e intereses de los consumidores) habían sido violados por la empresa al no incluir cierta información relacionada con las emisiones de GEI en su declaración no financiera de 2017.
2018	Pendiente	ArgentinaCorte Federal	OAAA c. Araucaria Energy S.A.	ONG	Alega que la construcción y explotación de una central termoeléctrica viola el derecho internacional del clima, el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución de Argentina y el derecho ambiental interno.
2018	Condenado	Reino UnidoTribunal de la Corona en Preston	Roberts c. Regina	Estado (fiscal); tres activistas del clima (acusados)	Los acusados fueron condenados en primera instancia por alteración del orden público contraria al derecho consuetudinario por sentarse encima de camiones y bloquear parte de una carretera durante varios días para protestar por la autorización de la fracturación hidráulica para la obtención de gas en un lugar concreto. Los acusados apelaron las condenas alegando que el encarcelamiento por una protesta no violenta es una pena inadecuada y excesiva e incompatible con su derecho a la protesta pacífica según la legislación nacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de un error del juez en la interpretación de la ley.
Anulado (se concede el recurso)	Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal)
2018	Concedido	ChileTercer Juzgado Ambiental	Corporación Privada para el Desarrollo de Asyén c. el Servicio de Evaluación Ambiental	Dos ONG y un particular	Impugna la aprobación por parte de la demandada de un proyecto hidroeléctrico por considerar que la EIA no tuvo en cuenta una serie de impactos materiales, entre ellos la biodiversidad y el impacto climático.
2019	Desestimado	PakistánCorte Suprema de Pakistán(2021)	D.G. Khan Cement Company Ltd. c. Punjab	Empresa cementera	Impugna una ordenanza que prohíbe el establecimiento y la ampliación de fábricas de cemento en una zona determinada de los distritos de Chakwal y Khushab, y alega que el gobierno carecía de jurisdicción para aprobar la ordenanza; que esta infringía el derecho constitucional del propietario de la empresa cementera al comercio, los negocios y la profesión; que el peticionario no tuvo una oportunidad adecuada de ser oído; que el gobierno discriminó a empresas cementeras en situación similar; y que no se realizaron los estudios necesarios.
2019	Pendiente	OCDEPunto Nacional de Contacto (PNC) de Eslovenia y Reino Unido para las Directrices de la OCDE	Instancia específica con arreglo a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, presentada ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Eslovenia y el Reino Unido para las Líneas Directrices de la OCDE - Reclamación contra Ascent Resources plc en relación con los peligros para el ambiente y la salud de sus actividades de fracturación hidráulica en Eslovenia, la participación indebida en actividades políticas locales en Eslovenia y el desprecio por las preocupaciones de las partes interesadas en Eslovenia.	Coalición de ONG	Alega que Ascent Resources plc, en sus actividades de fracking en Eslovenia, ha violado las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales al crear peligros para el ambiente y la salud, operar sin la debida diligencia, comprometerse mal con las partes interesadas y llevar a cabo actividades indebidas de cabildeo.
2019	Pendiente	CanadáCorte Federal de Apelación	Adkin -Kaya c. el Fiscal GeneralEn el asunto de la Ley sobre la fijación de precios de la contaminación por gases de efecto invernadero (Alberta)	Jóvenes peticionariosProvincia canadiense (Alberta)	Impugna la decisión del gobierno de emitir un certificado en el que se declaraban justificados los efectos ambientales adversos del proyecto de expansión de Trans Mountain, una ampliación del oleoducto de combustibles fósiles, sobre la base de que la decisión no tenía en cuenta las enormes emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al proyecto y sus impactos en los derechos de la Carta de los jóvenes peticionarios.La provincia demandante impugnó la ley del gobierno federal canadiense por la que se establecía el precio del carbono, y alegaba que se extralimitaba en sus funciones constitucionales, lo cual viola los derechos de la provincia en virtud de la Constitución canadiense.
Concedido(2020)	CanadáCorte de Apelación de Alberta
Invertido(2021)	Corte Suprema de Canadá
2019	Pendiente	Comité de los Derechos del Niño de la ONU (demandados: Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía)	Sacchi c. Argentina	16 niños de Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Turquía, India, Nigeria, Palau, Sudáfrica, Suecia, Islas Marshall y Túnez	Alega la insuficiencia de las reducciones de las emisiones de GEI y la falta de uso de las herramientas disponibles para proteger a los niños de la contaminación por carbono por parte de los principales emisores del mundo. Basado en los derechos de la CDN, incluidos los derechos a la no discriminación, la prioridad del interés superior del niño, la cultura, la vida y la salud, y el principio de justicia intergeneracional.
2019	Desestimado(2019)	CanadáCorte de Apelación de Saskatchewan	En el asunto de la Ley de Precios de la Contaminación por Gases de Efecto Invernadero (Saskatchewan)	Provincia canadiense (Saskatchewan)	La provincia demandante impugnó la ley del gobierno federal canadiense por la que se establecía el precio del carbono por considerar que se extralimitaba en sus competencias constitucionales, en particular porque afectaba a los derechos de propiedad y civiles o a otras cuestiones de competencia exclusiva de las provincias.
Afirmado(2021)	Corte Suprema de Canadá
2019	Concedido (2021)	FranciaConsejo de Estado (Conseil d’État)	Municipio de Grande-Synthe c. Francia	Municipio de Grande-Synthe	Impugna la no adopción de nuevas medidas por parte del gobierno francés para reducir las emisiones de GEI, basada en los derechos a la vida y a la vida privada.
2019	Desestimado	Unión EuropeaTribunal General de la UE (demandado: UE)(2020)	Demandantes de Biomasa de la UE c. Unión Europea	Particulares y ONG de Estonia, Irlanda, Francia, Rumanía, Eslovaquia y Estados Unidos	Impugna el tratamiento de la biomasa forestal como combustible renovable en la Directiva de Energías Renovables revisada de la Unión Europea de 2018. Basado en los derechos a la propiedad, la salud, la vida privada y familiar.
Se desestima la apelación	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(2021)
2019	Concedido	MéxicoCorte Suprema	Sentencia sobre la modificación de la norma sobre combustibles de etanol [610/2019]		Impugna el aumento del contenido máximo permitido de etanol en los combustibles por parte del gobierno, con base en los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua.
2019	Concedido (2021)	Países BajosCorte de Distrito de La Haya	Milieudefensie y otros c. Royal Dutch Shell plc	ONG y clase de más de 170.000 ciudadanos	Se alega que una empresa petrolera privada no adoptó las medidas adecuadas para frenar su contribución al cambio climático, violando su deber de diligencia y sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del derecho nacional e internacional. Basado en los derechos a la vida, la vida privada, la vida familiar, el hogar y la correspondencia.
2019	Desestimado	FranciaTribunal Superior de Justicia de Nanterre(2020)	Amigos de la Tierra c. Total	14 municipios franceses; ONG (Amigos de la Tierra Francia, Survie; Afiego; CRED; NAPE/ Amigos de la Tierra Uganda; Navoda)	Demanda sobre un proyecto petrolífero en Uganda y Tanzania; alega que Total no evaluó adecuadamente los riesgos para el ambiente y los derechos humanos, como exige la ley.
2019	Pendiente	FranciaTribunal Superior de Justicia de Nanterre	Notre Affaire à Tous c. Total	ONG y gobiernos locales franceses	Alega que una empresa petrolera francesa no informó adecuadamente de los riesgos climáticos y sus impactos en los derechos humanos asociados a sus actividades, ni tomó medidas para mitigar esos riesgos en línea con los objetivos del Acuerdo de París.
2019	Desestimado	CanadáTribunal Federal de Canadá(2020)	La Rose c. Su Majestad la Reina	15 jóvenes canadienses; ONG (Fundación David Suzuki, CELL, OCT)	Exige que el gobierno prepare un plan para reducir las emisiones de GEI; alega que las políticas del gobierno canadiense contribuyen a las altas emisiones que infringen los derechos de los demandantes a la vida, la libertad, la seguridad y la igualdad de protección.
Pendiente	Corte de Apelación
2019	Pendiente	PerúTribunal Superior de Lima	Álvarez c. Perú	7 niños	Se busca una sentencia del tribunal que exija la deforestación neta de la Amazonia para 2025 debido a las consecuencias ambientales y climáticas de la incapacidad del gobierno para detener adecuadamente la deforestación, con base en los derechos a la dignidad, la vida, la salud, el agua, la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los recursos naturales, el interés superior del niño, la solidaridad y la justicia intergeneracional.
2019	Pendiente	Comité de Derechos Humanos de la ONU (demandado: Australia)	Petición de los isleños del Estrecho de Torres al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alega violaciones derivadas de la inacción de Australia ante el cambio climático	8 isleños del Estrecho de Torres	Inquiere si Australia violó los derechos humanos de los isleños de baja altitud al no actuar sobre el cambio climático, con base en los derechos a la cultura y a la vida y el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y el hogar.
2019	Concedido	SudáfricaCorte Suprema(2020)	Philippi Horticultural Area Food & Farming Campaign, y otros c. MEC for Local Government, Environmental Affairs and Development Planning: Western Cape, y otros	Asociación de voluntarios y personas adultas	Impugna una decisión administrativa que permite un desarrollo urbanístico que amenazaría un acuífero local, amplificando así los daños climáticos. Basado en los derechos a un ambiente sano, al agua y a la alimentación.
2019	Desestimado	MéxicoTribunal de distrito en asuntos administrativosPrimer Circuito de la Judicatura Federal(Diciembre 2019)	Jóvenes c. Gobierno de México[“Juventud c. México”]	15 jóvenes	Argumenta que el gobierno mexicano debe cumplir con los términos de la Ley General de Cambio Climático y emitir reglamentos y políticas de acuerdo con ella para implementar adecuadamente la ley. Además, México no puede cumplir con sus obligaciones internacionales bajo la Cmnucc y los Acuerdos de París sin emitir políticas y reglamentos que implementen la Ley General de Cambio Climático. Los demandantes también argumentan que la falta de aplicación de la ley por parte del gobierno pone en peligro sus derechos humanos y, por lo tanto, el gobierno tiene obligaciones en virtud de la Constitución mexicana para implementar adecuadamente las políticas y reglamentos de cambio climático y mitigar la contribución de México al cambio climático.
Se concede la apelación; se devuelve al Tribunal de Distrito	Tribunal Colegiado de Circuito 7 en Materia Administrativa(febrero de 2020)
Pendiente	Tribunal de distrito en asuntos administrativosPrimer Circuito de la Judicatura Federal
2019	Pendiente	CanadáTribunal Superior de Justicia	Mathur y otros c. Su Majestad la Reina en derecho de Ontario	7 jóvenes	Alega que la derogación por parte de Ontario de la Ley de Cambio Climático y su objetivo de reducción de GEI para 2030 del 30% por debajo de los niveles de 2005 constituyen una abdicación de su responsabilidad de abordar el cambio climático y una violación de los derechos de la Carta a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, y a la igualdad de protección ante la ley.
2019	Desestimado	LuxemburgoTribunal Administrativo de Luxemburgo	Greenpeace Luxemburgo c. el Ministro de Seguridad Social	Greenpeace Luxemburgo	Impugna la supuesta falta de respuesta del Ministro de Seguridad Social a la solicitud de información de Greenpeace sobre cómo, entre otras cosas, el Fondo de Compensación de Luxemburgo, un fondo de pensiones, se alineaba con los objetivos del Acuerdo de París.
2019	Pendiente	Estados UnidosTribunal Superior de California	The Two Hundred c. la Oficina de Planificación e Investigación	Asociación de líderes de los derechos civiles y dos personas	Impugna las enmiendas a las normas de aplicación de la Ley de Calidad Ambiental de California, que utilizan la vivienda para abordar el cambio climático, por considerar que agravan la crisis de la vivienda y perjudican de forma dispar a las comunidades minoritarias de California, en violación de la Constitución de California y de la Constitución de los Estados Unidos (incluidos los derechos civiles protegidos por ellas) y de otras leyes aplicables.
2019	Concedido	Unión Europea	ClientEarth c. el Banco Europeo de Inversiones	ClienteTierra	Alega que la decisión del Banco Europeo de Inversiones de denegar la solicitud de ClientEarth de revisión interna de la decisión del BEI de financiar una planta de generación de energía de biomasa en España violó el Convenio de Arhus y la normativa comunitaria aplicable.
2020	Pendiente	Naciones Unidas(10 relatores especiales) (demandado: Estados Unidos)	Los derechos de los pueblos indígenas frente a los desplazamientos forzados por el clima	5 pueblos indígenas de los Estados Unidos; ONG (Instituto de Justicia de Alaska)	Alega que el gobierno de los Estados Unidos no ha abordado los desplazamientos causados por el clima, con base en los derechos a la autodeterminación, a la vida, a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a un ambiente sano y a la alimentación.
2020	Desestimado(2020)	CanadáCorte Federal	Lho’imggin y otros c. Su Majestad la Reina	2 jefes nativos (Wet’suwet’en)	Exige al gobierno canadiense que se adhiera a sus objetivos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París, con base en los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona y a la protección igualitaria de las generaciones futuras.
Pendiente	Corte Federal de Apelación
2020	Desestimado	AustriaCorte Constitucional	Zoubek y otros c. Austria	ONG (Greenpeace) y grupo de 8000 ciudadanos	Impugna dos leyes que conceden créditos fiscales a los viajes en avión pero no al transporte ferroviario, argumentando que los GEI suponen una amenaza para los derechos a la vida y la libertad.
2020	Pendiente	ArgentinaCorte Suprema de Argentina	Asociación Civil por la Justicia Ambiental c. Provincia de Entre Ríos, y otros	Las ONG y una clase de niños	Alega que la falta de protección por parte del gobierno del delta del Paraná, ecológicamente sensible, viola los derechos humanos internacionales y la legislación climática, así como los propios derechos del delta del Paraná.
2020	Pendiente	Corea del SurCorte Constitucional	Kim Yujin y otros c. Corea del Sur	19 niños miembros del Grupo Juvenil de Acción Climática de Corea	Argumenta que los actuales objetivos de emisiones de GEI del gobierno surcoreano son inconstitucionales, ya que no protegen los derechos garantizados a la vida, la salud, la búsqueda de la felicidad y el ambiente.
2020	Pendiente	AustraliaTribunal de Tierras de Queensland	Veredicto de los jóvenes c. Waratah Coal	Veredicto de los jóvenes de la ONG medioambiental	Argumenta que la mina de carbón propuesta infringe los derechos humanos de los demandantes –incluidos sus derechos a la vida, los derechos de los niños y el derecho a la cultura, garantizados por la Ley de Derechos Humanos– al contribuir al cambio climático.
2020	Concedido	AlemaniaTribunal Constitucional Federal(2021)	Neubauer c. Alemania	Adolescentes y jóvenes adultos	Argumenta que la Ley Federal de Protección del Clima de Alemania es jurídicamente insuficiente y, como tal, viola sus derechos humanos garantizados por la Constitución, incluidos los derechos a la dignidad humana y a la vida y la integridad física.
2020	Pendiente	Estados UnidosCorte de Distrito de Montana	Held c. Montana	16 jóvenes	Afirma que el gobierno del estado de Montana violó los derechos constitucionales de los jóvenes ciudadanos al promulgar políticas energéticas que permiten importantes emisiones de GEI y conducen a peligrosas concentraciones de dióxido de carbono, sobre la base de la doctrina del fideicomiso público; los derechos a la vida, la libertad y la propiedad; y la igualdad de protección.
2020	Pendiente	BrasilSupremo Tribunal Federal	Partido Socialista Brasileño (PSB) c. Unión Federal [“Caso del Fondo del Clima”]	4 partidos políticos brasileños	Impugna la falta de administración y aplicación del Fondo Climático por parte del gobierno federal brasileño, en violación de la legislación brasileña y del deber del gobierno de proteger el ambiente (derivado del principio de precaución y de la Constitución brasileña).
2020	Pendiente	BrasilSupremo Tribunal Federal	Partido Socialismo y Libertad (PSOL) c. Unión Federal [“Caso del Fondo Amazónico”]	4 partidos políticos brasileños	Alega que el gobierno federal brasileño no ha implementado el Fondo Amazónico en violación de la ley brasileña y del deber del gobierno de proteger el ambiente (derivado del principio de precaución y de la Constitución brasileña).
2020	Pendiente	Brasil7º Tribunal Federal Ambiental y Agrario de la Sección Judicial de Amazonas	Instituto Socioambiental c. Ibama	3 ONG	Alega que la decisión de la agencia federal de ambiente de permitir la exportación de madera nativa con una menor supervisión gubernamental viola la ley federal así como los derechos constitucionales, dada la importancia ecológica de la Amazonia y los daños climáticos que se derivan de la destrucción de esa región.
2020	Pendiente	BrasilTribunal del Distrito Federal de Curitiba	Instituto de Estudios Amazónicos c. Brasil	Instituto de Estudios Amazónicos	Alega que el hecho de que Brasil no controle la deforestación en la Amazonia y no aplique una política adecuada de control de la deforestación viola, entre otras cosas, los derechos constitucionales y humanos.
2020	Pendiente	BrasilSupremo Tribunal Federal	RSP y otros c. Brasil	7 partidos políticos en Brasil	Alega que el fracaso del gobierno en la aplicación de su política nacional de deforestación (PPCDAm) viola los derechos constitucionales fundamentales como consecuencia de la contribución de la deforestación al cambio climático. También se alega específicamente la violación de los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales y los derechos de las generaciones futuras.
2020	Pendiente	Unión EuropeaTribunal Europeo de Derechos Humanos	Youth for Climate Justice c. Austria y otros	6 jóvenes de Portugal	Alega que 33 Estados miembros de la UE han violado los derechos humanos al no tomar medidas suficientes contra el cambio climático, con base en los derechos a la vida, a la intimidad y a no ser discriminado.
2020	Pendiente	EspañaTribunal Supremo	Greenpeace y otros c. España	Greenpeace, Oxfam y Ecologistas por la Acción	Impugna que el gobierno español no haya tomado las medidas suficientes para mitigar las emisiones de GEI y hacer frente al cambio climático en línea con sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.
2020	Pendiente	UgandaTribunal Superior de Mbale	Víctimas del desprendimiento de Bududa c. Uganda	Víctimas de los desprendimientos de Bududa (representadas por BNB Advocates)	Argumenta que el hecho de que el gobierno ugandés no se ocupe de los riesgos de desprendimiento conocidos (el cambio climático aumenta los riesgos de desprendimiento) viola los derechos de los demandantes a la vida, la propiedad y un ambiente sano.
2020	Pendiente	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia	Jóvenes c. Reino Unido	Plan B Earth y 3 jóvenes ciudadanos británicos	Alega que las contribuciones del gobierno a la emergencia climática y su incapacidad para abordarla equivalen a una violación de los deberes legales del gobierno para con el planeta, los jóvenes, las comunidades, el derecho a la vida familiar y las obligaciones en virtud del Acuerdo de París y el derecho internacional. Se busca una orden que exija al gobierno desarrollar e implementar un Plan de Emergencia consistente con sus obligaciones legales.
2020	Pendiente	EcuadorAudiencia Provincial de Orellana	Comunidad Indígena Waorani c. PetroOriental S.A.	Federación de Derechos Humanos; Acción Ecológica; Unión de Afectados por Chevron-Texaco; miembros del pueblo indígena Waorani	Alega que la contaminación climática producida por la extracción de petróleo de PetroOriental y el posterior uso de ese petróleo constituye una violación continua y persistente de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.
2020	Concedido	MéxicoJuzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México	Greenpeace México c. Secretaría de Energía (sobre las Políticas del Sistema Eléctrico Nacional)	Greenpeace México	Alega que dos políticas federales del sector energético violan los derechos humanos al utilizar combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables y, por tanto, contribuir al cambio climático.
Apelado(2020)	Tribunal Colegiado del Primer Circuito
2020	Concedido	MéxicoJuzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México	Greenpeace México c. la Secretaría de Energía (sobre las Políticas del Sistema Eléctrico Nacional)	Greenpeace México	Alega que dos políticas federales del sector energético violan los derechos humanos al utilizar combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables y, por tanto, contribuir al cambio climático.
Apelado(2020)	Juzgado Colegiado del Primer Circuito
2020	Pendiente	MéxicoJuzgado de Distrito de la Ciudad de México en Materia Administrativa	Greenpeace México c. Secretaría de Energía (sobre el Programa del Sector Energético)	Greenpeace México	Alega que el Programa del Sector Energético para 2020 - 2024 viola, entre otros, el derecho a un ambiente sano y el derecho a acceder a la electricidad basada en energías renovables, al promover el uso de combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables y de la reducción de emisiones de GEI.
2020	Pendiente	Francia	Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) c. Électricité de France (EDF)	Varias ONG	Argumenta que la empresa energética francesa Électricité de France (EDF) incumplió sus obligaciones de diligencia debida empresarial al no consultar adecuadamente a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo antes de construir un parque eólico a gran escala en sus tierras.
2020	Concedido	EcuadorCorte Provincial de Justicia de Sucumbíos	Moncayo y otros c. PetroAmazonas, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y Ministerio del Ambiente	9 niños	Alega que la práctica gubernamental de la quema de gas contribuye al cambio climático y viola los derechos constitucionalmente protegidos a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de la naturaleza y los principios medioambientales, como el desarrollo sostenible y la obligación del Estado de adoptar políticas y medidas para prevenir los impactos medioambientales negativos.
2020	Pendiente	Corea del SurCorte Constitucional de Corea del Sur	El caso de la biomasa en Corea del Sur	cooperativas solares, cooperativistas solares, ciudadanos	Alega que el tratamiento de la biomasa por parte del gobierno surcoreano como energía renovable y su subvención de la energía derivada de la biomasa viola los derechos constitucionales de los ciudadanos, entre otras cosas, al aumentar la contaminación y los daños climáticos.
2020	Pendiente	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia	Amigos de la Tierra c. UK Export Finance	Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte	Alega que la decisión del Reino Unido de financiar desarrollos de gas natural licuado en Mozambique no era razonable teniendo en cuenta, entre otras cosas, sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París y los impactos asociados sobre el clima, la biodiversidad y los derechos humanos.
2020	Pendiente	Estados UnidosCorte de Distrito de los Estados Unidos de Maine	Sierra Club c. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos	Sierra Club, Natural Resources Council of Maine, Appalachian Mountain Club	Alega que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército incumplió la legislación ambiental y administrativa nacional de los Estados Unidos cuando propuso un proyecto de transmisión eléctrica que atravesaría zonas ecológicamente sensibles; el proyecto también utilizaría energía derivada de “megarrepresas” canadienses que presentan problemas de cambio climático, justicia ambiental y derechos humanos.
2020	Desestimado(2021)	AustraliaTribunal Federal de Australia	Sharma c. el Ministro de Medio Ambiente	Ocho niños australianos	Alega que la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente de la nueva mina de carbón de Whitehaven puede imponer graves daños a los demandantes a través de su contribución a las emisiones de GEI, lo que constituye un incumplimiento del deber del Ministerio de ejercer un cuidado razonable para no causar daños a los demandantes.
2020	Pendiente	Nueva ZelandaTribunal Superior de Justicia de Nueva Zelanda, Secretaría de Auckland	Smith c. Fonterra Co-operative Group Ltd.	Hombre indígena	Alega que los demandados (que son empresas que liberan GEI a la atmósfera o venden productos que liberan GEI cuando se queman, entre ellos granjas lecheras, una central eléctrica y una acería) son responsables de alteración del orden público, negligencia e incumplimiento de un deber incoado como resultado de sus acciones.
2020	Pendiente	BrasilTribunal de Justicia del Estado de São Paulo	Leonel Ramos c. São Paulo	2 personas (miembros de Parents for Future)	Presenta una demanda de producción autónoma de pruebas sobre la base de que los proyectos que implementan un programa gubernamental que financia la fabricación de vehículos automotores no reducen las emisiones de GEI como se establece en un decreto estatal y no ayudan a hacer compatible el desarrollo socioeconómico con el sistema climático. Esto, a su vez, contribuye / no ayuda a frenar las violaciones de los derechos constitucionales (incluidos, por ejemplo, los derechos a la salud, a la dignidad, al respeto y a no sufrir negligencia y discriminación) que sufren los niños y adolescentes como consecuencia del cambio climático (y futuras violaciones).
2020	Pendiente	Brasil7° Tribunal Federal Ambiental y Agrario	Ministério Público Federal c. IBAMA	Fiscal federal	Solicita una orden judicial que exige al gobierno federal (a través de ciertos departamentos y agencias) la aplicación de acciones de mando y control para controlar a los autores de la deforestación ilegal en al menos diez de los principales focos de deforestación en la Amazonia, con base en parte en la creciente evidencia de los agravios y daños a la salud (que afectan a los derechos) asociados a esta deforestación.
2020	Desestimado	Países BajosCorte de Distrito de La Haya	Greenpeace Países Bajos c. el Ministerio de Hacienda	ONG ambiental	Argumenta que el rescate de la aerolínea KLM por parte del gobierno, durante la pandemia de covid-19, violaba el deber de cuidado del gobierno de prevenir el peligroso cambio climático, derivado de la legislación internacional y nacional sobre el clima, así como del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
2021	Pendiente	Brasil14º Tribunal Civil Federal de San Pablo	Juventud c. Ministro de Ambiente y otros	6 jóvenes	Alega que el objetivo de reducción de emisiones que el gobierno brasileño fijó recientemente viola sus obligaciones en virtud de la Política Nacional de Cambio Climático, el Acuerdo de París y el art. 225 (derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado) de la Constitución brasileña.
2021	Pendiente	FranciaTribunal de Saint-Étienne	Envol Vert c. Casino	ONG medioambientales de Francia, Colombia y Brasil	Argumenta que el Grupo Casino (empresa de supermercados) debe tomar todas las medidas necesarias para excluir la carne de vacuno ligada a la deforestación y al acaparamiento de territorios indígenas en sus cadenas de suministro en Colombia, Brasil y otros lugares para cumplir con la ley francesa sobre el deber de vigilancia.
2021	Pendiente	GuyanaCorte Constitucional de Guyana	Ciudadanos guyaneses c. Guyana	Dos ciudadanos guyaneses	Alega que la aprobación por parte del gobierno de las licencias para la exploración de petróleo viola el deber constitucional del gobierno de proteger el derecho de los demandantes a un ambiente sano, así como el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.
2021	Pendiente	ItaliaJuzgado Civil de Roma	Ciudadanos italianos c. Italia [‘Giudizio Universale’ o ‘Juicio Final’]	200 personas (adultos y menores) y 24 ONG	Alega que el hecho de que el gobierno italiano no tome medidas suficientes para reducir las emisiones de GEI viola los derechos fundamentales de los demandantes garantizados por el derecho internacional y la constitución italiana.
2021	Pendiente	PoloniaCortes regionales polacas	Stasiak c. Polonia	Cinco ciudadanos polacos	Alega que el hecho de que el gobierno polaco no tome medidas adecuadas para reducir las emisiones de GEI viola los derechos de los demandantes a la vida, la salud, la intimidad, la vida familiar y un clima seguro.
2021	Pendiente	África OccidentalTribunal de Justicia de la CEDEAO	Centro de Recursos HEDA c. Nigeria	Administradores registrados del Centro de Recursos HEDA	Alega que el hecho de que el gobierno nigeriano no ponga fin a la quema de gas por parte de las empresas petroleras en Nigeria viola los derechos humanos de los nigerianos (en particular su derecho a la vida, a la dignidad humana, a la salud y a un medio ambiente satisfactorio en general), así como la legislación ambiental nacional.
2021	Pendiente	EuropaTribunal Europeo de Derechos Humanos	M. Mex c. Austria	Ciudadano austriaco con esclerosis múltiple y síndrome de Uhthoff	Alega que la falta de aprobación por parte del gobierno austriaco de medidas para reducir adecuadamente las emisiones de GEI viola el derecho a la vida privada y familiar del demandante por las graves repercusiones que tiene sobre él el aumento de las temperaturas y las olas de calor inducidas por el clima. También alega violaciones del derecho a un juicio justo y del derecho a un recurso efectivo.
2021	Pendiente	Naciones UnidasRelatores Especiales de la ONU	Jóvenes australianos c. Australia	Presentado por Environmental Justice Australia en nombre de cinco jóvenes australianos, entre ellos miembros de las Primeras Naciones y de las comunidades de discapacitados	Alega que las CDN actuales del gobierno australiano y la inacción sobre el cambio climático viola los derechos humanos de los demandantes, incluidos su derecho a acceder a la educación, su derecho a la salud, su derecho a la vida y su derecho a un nivel de vida adecuado, así como las obligaciones de Australia en virtud de la legislación internacional sobre el clima y los derechos humanos.
2021	Pendiente	SudáfricaTribunal Superior del Norte de Gauteng	Alianza Climática Africana c. el Ministro de Energía [‘Caso #CancelCoal’]	Alianza Africana por el Clima; Movimiento de Justicia Ambiental en Acción Vukani; groundWork	Impugna la decisión del gobierno de construir 1500 MW de energía de carbón por considerar que es incompatible con la necesidad de combatir el cambio climático y que viola el derecho constitucional de los demandantes a un ambiente sano, así como otros derechos constitucionales.
2021	Pendiente	Nueva ZelandaTribunal Superior de Justicia de Nueva Zelanda	Lawyers for Climate Action NZ c. la Comisión del Cambio Climático	Abogados para la Acción Climática de Nueva Zelanda	Impugna los presupuestos de emisiones fijados por el gobierno de Nueva Zelanda por considerarlos inadecuados, sobre la base de que el gobierno cometió ciertos errores de derecho al aplicar determinados informes; interpretó erróneamente el propósito legal de fijar los presupuestos de emisiones propuestos; se equivocó al adoptar un enfoque “modificado basado en la actividad” para contabilizar las emisiones en el presupuesto y en su enfoque de la mitigación en alta mar; y, en última instancia, creó presupuestos de emisiones que eran irracionales, irrazonables e incoherentes con el propósito de la Ley.
2021	Pendiente	SudáfricaCorte Suprema de Sudáfrica	South Durban Community Environmental Alliance c. el Ministerio de Ambiente, Silvicultura y Pesca	Alianza Comunitaria Ambiental de Durban Sur (ONG)	Impugna la decisión del gobierno de conceder licencias de exploración petrolífera frente a las costas de Sudáfrica, alega que las perforaciones exploratorias dañarían los delicados ecosistemas marinos y perjudicarían a las especies marinas y que la decisión no cumplía con los requisitos de derecho ambiental y administrativo aplicables, entre otras cosas.
2021	Pendiente	BélgicaJuzgado de Primera Instancia de Bruselas	ClientEarth c. el Banco Nacional de Bélgica	ClientEarth (ONG)	Alega que la repetida compra de bonos por parte del Banco Nacional de Bélgica a empresas de combustibles fósiles y otros grandes emisores de GEI viola sus obligaciones climáticas, de derechos humanos y ambientales.
2021	Pendiente	SudáfricaCorte Suprema de Sudáfrica	GroundWork c. el Ministerio de Ambiente, Bosques y Pesca	Alianza Comunitaria Ambiental de Durban Sur (ONG) y GroundWork (ONG)	Impugna la decisión del gobierno de autorizar la construcción de la central eléctrica de ciclo combinado (de gas a electricidad) de Richards Bay, sobre la base de que no se evaluaron de manera adecuada los impactos climáticos, la necesidad y conveniencia del proyecto, las alternativas, los impactos ambientales acumulativos y los impactos de las actividades costeras implicadas, así como una participación pública inadecuada.
2021	Pendiente	Comisión Interamericana de Derechos Humanos	Petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de seis niños de Cité Soleil, Haití, y el Centro Comunitario Sakala para Alternativas Pacíficas sobre las violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos	Seis niños de Cité Soleil (Haití) y el Centro Comunitario Sakala para Alternativas Pacíficas (ONG)	Alega que la decisión del gobierno haitiano de llevar la basura tóxica al distrito residencial de Cité Soleil y el posterior incumplimiento de las normas sanitarias, de evitar la inundación de la basura, de actuar para evitar que los canales se llenen de lodo tóxico y de proporcionar cualquier gestión adecuada de los residuos viola los derechos de los jóvenes peticionarios a la dignidad, a un ambiente sano y a la protección judicial, así como los derechos del niño.
2021	Pendiente	Corte Penal Internacional (CPI)	Comunicación en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma de laCorte Penal Internacional relativa a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad contra Dependientes y Defensores del Medio Ambiente en la Amazonía Legal brasileña desde enero de 2019 hasta la actualidad, perpetrados por el presidente brasileño Jair Messias Bolsonaro y algunos actores principales anteriores y actuales de su administración	All Rise (ONG)	Alega que la promoción y facilitación de la deforestación masiva de la selva amazónica por parte de Jair Bolsonaro y su gobierno representa un crimen de lesa humanidad (dados los enormes impactos ambientales de esta deforestación, especialmente con respecto al sistema climático global). También se alega que los defensores y dependientes del ambiente en Brasil han sido objeto de crímenes de lesa humanidad en virtud de la grave privación de su derecho a un ambiente sano y otros derechos humanos.
2021	Pendiente	AustraliaTribunal Federal de Australia	Pabai c. Australia	Dos indígenas del Estrecho de Torres, en representación de los isleños del Estrecho de Torres como grupo	Alega que el establecimiento por parte del gobierno australiano de un objetivo de reducción de emisiones para 2030 que no es coherente con los mejores datos científicos disponibles ni con la limitación del calentamiento global al objetivo de temperatura establecido por el Acuerdo de París, y el hecho de que el gobierno no está en vías de cumplir ni siquiera este objetivo, contribuirá a los impactos climáticos que afectarán gravemente a los isleños del Estrecho de Torres, en violación del deber de cuidado que el gobierno debe a los isleños del Estrecho de Torres.
2021	Pendiente	AustraliaJuzgado de Tierras y Ambiente de Nueva Gales del Sur	Consejo Nacional de Conservación c. Nueva Gales del Sur	Consejo Nacional de Conservación	Alega que el plan hidrológico de Border Rivers no es válido porque no tiene en cuenta adecuadamente el cambio climático. Utiliza los derechos de los niños y de las generaciones futuras a unos sistemas fluviales sanos como base para sus reclamaciones.
2021	Pendiente	Reino UnidoTribunal Superior de Justicia: Tribunales de Comercio y Propiedad	McGaughey c. Universities Superannuation Scheme Ltd.	Empleados de dos universidades británicas	Alega, entre otras reclamaciones, que, a través de los directores de la Universities Superannuation Scheme Ltd, la empresa incumplió sus obligaciones fiduciarias/estatutarias al no presentar un plan creíble de desinversión en combustibles fósiles, lo que ha perjudicado y seguirá perjudicando el éxito de la empresa.
2021	Concedido(acusado condenado)	Reino UnidoCorte Suprema	Fiscal General c. Crosland	Fiscal General	El Estado presentó una acusación de desacato penal contra Timothy Crosland, que publicó la decisión de la Corte Suprema que revocaba la decisión de un tribunal inferior de anular la aprobación del gobierno de la ampliación del aeropuerto de Heathrow en el caso Plan B Earth contra el Secretario de Estado, en violación de un embargo impuesto sobre el resultado de la apelación.
2021	Pendiente	Estados UnidosCorte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado	Komor c. Estados Unidos	Individuo	Alega que aunque los demandados (el Presidente de los Estados Unidos y una serie de funcionarios federales) han conocido los daños climáticos asociados a la quema de combustibles fósiles y a la emisión de GEI, continúan intensificando estas actividades, y dañan los ecosistemas de los que el demandante depende para su vida, su libertad y su propiedad, infringiendo así sus derechos constitucionales.
2021	Concedido (en parte)	Brasil9° Tribunal Federal, Sección Judicial de Rio Grande do Sul	Instituto Preservar c. Copelmi Mineracaoa Ltda	Cuatro ONG	Solicita la suspensión del proceso de concesión de permisos para un proyecto de minería de carbón a cielo abierto hasta que se aborden las irregularidades de procedimiento, incluida la participación pública inadecuada, el análisis inadecuado de la evaluación de impacto ambiental por parte del IBAMA y la consideración inadecuada de los riesgos e impactos del proyecto.
2021	Pendiente	Brasil7° Tribunal Federal, Sección Judicial del Amazonas	Ministério Público Federal c. de Rezende	Fiscal federal	Alega que el agricultor brasileño demandado es responsable de 2488,56 hectáreas de deforestación ilegal, en violación de la legislación ambiental aplicable y del derecho constitucional a un ambiente sano, y solicita una indemnización por daños y perjuicios, así como acciones para remediar el daño.
2021	Pendiente	Brasil7° Tribunal Federal Ambiental y Agrario	Laboratório do Observatório do Clima c. Ministerio de Ambiente	Red de ONG	Alega que el gobierno brasileño no ha cumplido con las obligaciones climáticas que asumió al firmar el Acuerdo de París, en particular al avanzar en una nueva Contribución Nacionalmente Determinada (CDN) que retrocede en términos de compromisos de reducción de emisiones y, al hacerlo, viola los derechos fundamentales de los brasileños.
2021	Pendiente	República ChecaJuzgado Municipal de Praga	Klimatická žaloba ČR c. Ministerio de Ambiente	ONG, municipio y cuatro particulares	Alega que el hecho de que el gobierno checo no tome las medidas adecuadas para hacer frente al cambio climático viola los derechos de los demandantes a la vida, la salud, el ambiente, la propiedad y la vida privada y familiar, entre otros.
2021	Desestimado	SudáfricaTribunal Superior de Grahamstown	Border Deep Sea Angling Association c. Shell	Cuatro ONG	Impugnación del plan de Shell de realizar pruebas sísmicas frente a la Costa Salvaje de Sudáfrica, que supone una amenaza para las ballenas y otros animales marinos y su hábitat, y alega que la empresa petrolera no ha realizado una evaluación de impacto ambiental adecuada.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte de Distrito de Kassel	Metz c. Wintershall Dea AG	Tres personas	Alega que la empresa de combustibles fósiles demandada debe reducir sus emisiones de GEI porque su consumo continuo del presupuesto mundial de dióxido de carbono contribuye al cambio climático y limitará lo que los demandantes podrán hacer en el futuro (limitar su libertad), en violación de sus derechos fundamentales.
2021	Pendiente	AlemaniaJuzgado Administrativo de Baviera	Deutsche Umwelthilfe c. el Bayern	ONG ambiental	Impugna el estado de Bayern por no aplicar una ley climática adecuada, en violación de sus obligaciones en virtud de la legislación estatal y federal.
2021	Desestimado	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Lemme c. Bayern [“reclamación constitucional”]	Diez jóvenes demandantes	Alega que la inadecuada ley climática del estado viola los derechos constitucionales de los demandantes y exige que el Estado adopte objetivos de reducción de emisiones más específicos y ambiciosos.
Pendiente	Corte Constitucional de Baviera	[“reclamación subsidiaria”]
2021	Pendiente	AlemaniaCorte de Distrito de Múnich	Metz c. BMW	Tres representantes de una ONG ambiental	Alega que el consumo por parte de BMW del presupuesto global finito de dióxido de carbono a través de sus actividades y su venta continuada de autos con motores de combustión interna impulsados por combustibles fósiles infringe los derechos fundamentales del demandante y atenta contra la libertad futura de las personas.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte de Distrito de Stuttgart	Metz c. Mercedes-Benz AG	Tres representantes de una ONG ambiental	Alega que el consumo por parte de Mercedes-Benz del presupuesto global finito de dióxido de carbono a través de sus actividades y su venta continuada de autos con motores de combustión interna impulsados por combustibles fósiles vulnera los derechos fundamentales del demandante y atenta contra la libertad futura de las personas.
2021	Pendiente	AlemaniaJuzgado Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia	Deutsche Umwelthilfe c. Nordrhein-Westfalen	ONG ambiental	Impugna el estado de Renania del Norte-Westfalia por su presunta falta de actualización de su plan de protección del clima, tal como exige la legislación estatal y federal.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Kiehm c. Brandenburg	Jóvenes y otros individuos	Alega que la falta de adopción por parte del estado de Brandeburgo de una ley climática adecuada con objetivos de reducción de emisiones suficientemente específicos vulnera los derechos fundamentales de los demandantes y vulnera ilegalmente su libertad futura.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Cremer c. Sachsen-Anhalt	Jóvenes peticionarios	Alega que la falta de adopción por parte del estado de Sajonia-Anhalt de una ley climática adecuada con objetivos de reducción de emisiones suficientemente específicos viola los derechos fundamentales de los demandantes y atenta ilegalmente contra su libertad futura.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Runge c. Sachsen	Jóvenes peticionarios	Alega que la falta de adopción por parte del estado de Sajonia de una ley climática adecuada con objetivos de reducción de emisiones suficientemente específicos vulnera los derechos fundamentales de los demandantes y atenta contra su libertad futura.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Frank c. el Sarre	Jóvenes peticionarios	Alega que la falta de adopción por parte del estado de Sarre de una ley climática adecuada con objetivos de reducción de emisiones suficientemente específicos viola los derechos fundamentales de los demandantes y atenta ilegalmente contra su libertad futura.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Hochstadt c. Hesse	Jóvenes peticionarios	Alegando que la falta de adopción por parte del estado de Hesse de una ley climática adecuada con objetivos de reducción de emisiones suficientemente específicos vulnera los derechos fundamentales de los demandantes y vulnera ilegalmente su libertad futura.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Hoffman c. Mecklenburg-Vorpommern	Jóvenes peticionarios	Alega que la falta de adopción por parte del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental de una ley climática adecuada con objetivos de reducción de emisiones suficientemente específicos viola los derechos fundamentales de los demandantes y atenta contra su libertad futura.
2021	Pendiente	AlemaniaCorte Constitucional Federal	Krüßmann c. Nordrhein-Westfalen	Jóvenes peticionarios	Alega que la insuficiencia del plan climático actualizado para Renania del Norte-Westfalia, tanto en lo que respecta a la ambición de reducción de las emisiones como a su distribución en el tiempo, viola los derechos fundamentales de los demandantes y atenta ilegalmente contra su libertad futura.
2021	Pendiente	EspañaTribunal Supremo	Greenpeace España c. España	Cuatro ONG	Impugna el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, aprobado por los ministerios del gobierno español, por considerar que no establece objetivos de reducción de emisiones coherentes con la ciencia del IPCC ni con el Acuerdo de París y, por tanto, no respeta los derechos humanos, incluido el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano. También impugnó el Plan porque no cumplía con los requisitos de participación pública y porque el gobierno no realizó la evaluación de impacto ambiental requerida.
2021	Desestimado	FranciaConsejo Constitucional	Decisión nº 2021-825 DC [“In re Climate Resilience Bill”].	Miembros del Parlamento francés	Alega que un proyecto de ley para abordar el cambio climático y reforzar la resiliencia sería inconstitucional si se aprobara, ya que vulneraría el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
2021	Concedido(2021)	México11° Juzgado Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa	Greenpeace c. el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	ONG	Impugna la CDN revisada de México por considerar que viola el derecho internacional, incluidos los principios de derechos humanos.
Pendiente	Sobre el recurso
2021	Pendiente	África OrientalTribunal de Justicia de África Oriental	Caso EACOP	ONG tanzanas, ONG ugandesas, Justicia natural	Alega que el proyecto de oleoducto de África Oriental [EACOP] viola la legislación ambiental y administrativa, así como los derechos garantizados por la legislación internacional sobre derechos humanos.

Bibliografía

Broome, J. (2012), Climate matters: Ethics in a warming world, Nueva York, W.W. Norton & Co.

De Búrca, G. y otros (2013), “New modes of pluralist governance”, NYU Journal of International Law and Politics, 45(3): 723-786, <nyujilp.org/wp-content/uploads/2013/11/45.3-de-Burca.pdf>.

Farand, C. (2017), “Nine-year-old girl files lawsuit against Indian government over failure to take ambitious climate action”, Independent, 1/4.

Jang, B. (2020), “‘Wet’suwet’en Nation Hereditary Launch Climate Lawsuit Against Ottawa”, Globe & Mail, 12/2, <www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-wetsuweten-nation-hereditary-chiefs-launch-climate-lawsuit-against>.

Kaminski, I. (2021), “UK students sue government over human rights impacts of climate crisis”, The Guardian, 21/4.

Knox, J. H. (2020), “Constructing the human right to a healthy environment”, Annual Review of Law and Social Science, 16: 79-95.

Lazarus, R. (2009), “Super wicked problems and climate change: Restraining the present to liberate the future”, Cornell Law Review, 94: 1153-1234.

Peel, J. y H. M. Osofsky (2015), Climate change litigation, Cambridge, Cambridge University Press.

— (2018), “A rights turn in climate litigation?”, Transnational Environmental Law, 7(1), 37-67, DOI:10.1017/S2047102517000292.

Rodríguez Garavito, C. (ed., 2017), Business and human rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

— (2018), “A human right to a healthy environment? Moral, legal, and empirical considerations”, en John H. Knox y Ramin Pejan (eds.), The human right to a healthy environment, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 155-188.

— (2020), “International human rights and climate governance: Origins and implications of the rights-based climate litigation”, ponencia presentada en la conferencia Litigating the Climate Emergency, Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Sabel, C. F. y W. H. Simon (2004), “Destabilization rights: How public law litigation succeeds”, Harvard Law Review, 117(4): 1015, DOI.10.2307/4093364.

Setzer, J. y Rebecca Byrnes (2019), “Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot”, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, <www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2019-snapshot>.

Setzer, J. y Lisa C. Vanhala (2019), “Climate change litigation: A review of research on courts and litigants in climate governance”, WIREs Climate Change, 10(3), DOI.org/10.1002/wcc.580.

Sikkink, K. (2020), The hidden face of rights: Toward a politics of responsibility, New Haven, Yale University Press.

Tollefson, J. (2019), “Canadian kids sue government over climate change”, Nature, 25/10, DOI.org/10.1038/d41586-019-03253-5.

Wonneberger, A. y Rens Vliegenthart, (2021), “Agenda-setting effects of climate change litigation: Interrelations across issue levels, media, and politics in the case of Urgenda against the Dutch government”, Environmental Communication, 15(5): 699-714, DOI.org/10.1080/17524032.2021.1889633

Young, I. M. (2011), Responsibility for justice, Nueva York, Oxford University Press.

[1] “Constitutional complaints against the Federal Climate Change Act partially successful”, Bundesverfassungsgericht, 29/4/2021, <www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html>.

[2] Véase Hoge Raad, 20/12/2019, 41 NJ 2020, m.nt. J.S. (Urgenda c. Países Bajos) (en adelante, Urgenda).

[3] La base de datos fue elaborada y es regularmente actualizada por el equipo del Acelerador de Litigios Climáticos (CLX, por sus iniciales en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. La información de la base de datos de CLX se generó a partir de un análisis sistemático de los textos de las demandas y sentencias de casos de CCDH, así como de entrevistas con litigantes y jueces y de la participación en reuniones de expertos. Véase <clxtoolkit.com>. Para comprobar la coherencia y el rigor de los datos, los investigadores de CLX también realizan un seguimiento de los nuevos casos potencialmente relevantes que se incluyen en las bases de datos sobre litigios climáticos que mantienen el Sabin Center for Climate Change Law (Climate Change Litigation Databases, <www.climatecasechart.com>) y el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (Climate Change Laws of the World, <climate-laws.org>).

[4] Existe un debate en curso en la literatura sobre qué acciones legales deberían contar como litigio climático (Peel y Osofsky, 2015: 4-8). Siguiendo a Peel y Osofsky, este capítulo incluye solo los casos en los que los litigantes o los órganos judiciales o cuasi judiciales hacen referencia explícita al cambio climático y a los derechos humanos en sus demandas o decisiones.

[5] Para obtener información sobre el caso climático belga VZW/ASBL Klimaatzaak, véase “Overview of the progress of our legal action”, L’Affair Climat, <affaire-climat.be/fr/the-case>. Para una traducción no oficial de la demanda presentada por los peticionarios en Notre Affaire à Tous c. France, véase “L’Affaire du Siècle (Caso del siglo): Brief on the legal request submitted to the Administrative Court of Paris on 14 March 2019”, Notre Affaire à Tous, <notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/05/Brief-juridique-ADS-EN-1.pdf>. Para un resumen del caso presentado por la Comuna de Grande-Synthe contra el gobierno francés, véase “French mayor goes to court over government’s ‘climate inaction’”, RFI, 13/1/2019, <www.rfi.fr/en/environment/20190123-french-mayor-goes-court-over-government-s-climate-inaction>. También puede verse la sentencia del Tribunal Supremo en Friends of the Irish Environment c. Ireland [2019] IEHC 747, 748 (H. Ct.) (Ir.). Para una traducción no oficial al inglés de la sentencia en el caso suizo, véase “Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. DE: Judgment of 27 November 2018”, KlimaSeniorinnen, <klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2019/02/Judgment-FAC-2018-11-28-KlimaSeniorinnen-English.pdf>; y la sentencia inicial en el caso del Reino Unido Plan B Earth c. Sec’y of State for Bus., Energy & Indus. Strategy [2018] EWHC 1892 CO/16/2018 (recurso de casación interpuesto por Inglaterra). En Sabin Center for Climate Change Law pueden verse La Rose c. Her Majesty the Queen, <climatecasechart.com/non-us-case/la-rose-v-her-majesty-the-queen>; Pandey c. India, <climatecasechart.com/non-us-case/pandey-v-india>; Duarte Agostinho et al. c. Portugal y otros 32 Estados, <climatecasechart.com/non-us-case/youth-for-climate-justice-v-austria-et-al>; la sentencia T-330/T18, Carvalho c. Parliament, Gen. Ct. of the European Union (Second Chamber; 8/5/2019), <curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-330/18&language=EN>; Shrestha c. Office of the Prime Minister et al., <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/shrestha-v-office-of-the-prime-minister-et-al>; Mathur et al. c. Her Majesty the Queen in right of Ontario, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/mathur-et-al-v-her-majesty-the-queen-in-right-of-ontario>; y Lho’imggin et al. c. Her Majesty the Queen, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/gagnon-et-al-v-her-majesty-the-queen>.

[6] Véase Leghari c. Pakistan (W.P. nº 25.501/2015), Lahore High Court Green Bench, Order of 4/9/2015.

[7] Corte Suprema de Justicia [CSJ], Sala de Casación Civil, 5/4/2018, M.P.: L. A. Tolosa Villabona, expte. 11001 22 03 000 2018 00319 00 (Colombia), <climatecasechart.com/non-us-case/future-generation-v-ministry-environment-others>.

[8] Véanse Juliana c. United States, 947 F.3d 1159 (9th Cir. 2020); Youth Verdict c. Waratah Coal, en Grantham Research Institute for Climate Change and the Environment, <climate-laws.org/cclow/geographies/australia/litigation_cases/youth-verdict-v-waratah-coal>; asimismo, La Rose c. Her Majesty the Queen (Tollefson [2019]), cits.; Jeff Tollefson, ‘Canadian Kids Sue Government Over Climate Change’, Nature, 25/10/2012, <www.nature.com/articles/d41586-019-03253-5>; Pandey c. India (Farand [2017]); Duarte Agostinho et al. c. Portugal y otros 32 Estados, cits.; Ali c. Federation of Pakistan, Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/non-us-case/ali-v-federation-of-pakistan-2>; Mathur et al. c. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, cits. En Sabin Center for Climate Change Law, Jóvenes c. Gobierno de México, Our Children’s Trust, 2/9/2021, <www.ourchildrenstrust.org/mexico-active>, Six Youths c. Minister of Environment et al. Véase también Kaminski (2021).

[9] Véase Earthlife Africa Johannesburg c. Minister of Envtl. Affairs, 2017 (2) All SA 519 (GP) (Sudáfrica). Para obtener información sobre un caso indio que implica la consideración de los impactos climáticos en las evaluaciones de impacto ambiental, véase Pandey c. India, cit.

[10] Véanse, en Sabin Center for Climate Change Law, PSB et al. c. Brazil (on deforestation and human rights), <climatecasechart.com/non-us-case/brazilian-socialist-party-and-others-v-brazil>, y PSB et al. c. Brazil (on Amazon Fund), <climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-brazil>. Véase también el capítulo de Julia Mello Neiva y Gabriel Antonio Silveira Mantelli en este volumen.

[11] Comisión de Derechos Humanos, Decisión adoptada por el Comité en virtud del art. 5.4 del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación nº 2728/2016, párr. 9.11, U.N. Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016 (24/10/2016) (en adelante, “Comisión de Derechos Humanos sobre Ioane Teitiota”).

[12] Sacchi y otros c. Argentina y otros, en Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/sacchi-et-al-v-argentina-et-al>.

[13] Para una revisión de la literatura que remarca esta limitación de los estudios de litigios climáticos, véase Setzer y Vanhala (2019).

[14] Acuerdo de París de la CMNUCC, art. 13, 12/12/2015, T.I.A.S. nº 16-1104.

[15] El art. 4, parr. 2, del Acuerdo de París establece: “Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones” (énfasis añadido).

[16] Para más información sobre el impacto potencial de ciertos casos de CCDH contra las empresas, véase el capítulo de Joana Setzer en este volumen.

[17] Para obtener información sobre el caso presentado contra Shell en Países Bajos, véase Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc, en Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc>. Para información sobre el caso en Francia contra Total, véase “Action en Justice contre Total”, Notre Affaire à Tous, <notreaffaireatous.org>. Véase también Notre Affaire à Tous et al. c. Total, en Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-total>. Para obtener información sobre la investigación “Carbon majors” en la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, véase “In re Greenpeace Southeast Asia et al.”, en Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/non-us-case/in-re-greenpeace-southeast-asia-et-al>, y para más información, “National Inquiry on Climate Change”, Comisión de Derechos Humanos de la República de Filipinas, <chr.gov.ph/nicc-2>. Sobre el caso en Ecuador contra PetroOriental S.A., véase “Ecuador: Waorani community sues fossil fuel company for contributing to climate change”, Federación Internacional de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2020, <www.fidh.org/en/region/americas/ecuador/ecuador-waorani-community-sues-fossil-fuel-company-for-contributing>. Sobre el caso contra Électricité de France, véase “México: Civil lawsuit: French energy company EDF must comply with human rights obligations”, Federación Internacional de Derechos Humanos, 13/10/2020, <www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/mexico-civil-lawsuit-french-energy-company-edf-must-comply-with-human>. Sobre los otros casos, véanse también en Sabin Center for Climate Change Law, Youth Verdict c. Waratah Coal, cit.; Development YES - Open Pit Mines NO c. Group PZU S.A., <climatecasechart.com/non-us-case/development-yes-open-pit-mines-no-v-group-pzu-sa>; OAAA c. Araucaria Energy S.A., <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/oaaa-v-araucaria-energy-sa>; Carballo y otros c. MSU S.A., UGEN S.A., & General Electric, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/carballo-et-al-v-msu-sa-ugen-sa-general-electric>; Fomeo c. MSU S.A., Rio Energy S.A., & General Electric, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/fomeo-v-msu-sa-rio-energy-sa-general-electric>; Citizens’ Committee on the Kobe Coal-Fired Power Plant c. Kobe Steel Ltd. et al., <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/citizens-committee-on-the-kobe-coal-fired-power-plant-v-kobe-steel-ltd-et-al>; y Smith c. Fronterra Co-Operative Group Ltd. [2020] NZHC 419 (N.Z.).

[18] Véase Neubauer et al. c. Germany, en Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/neubauer-et-al-v-germany> para acceder a la decisión del Tribunal Constitucional alemán.

[19] Véase en Sabin Center for Climate Change Law, In the Matter of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, SC 2018, c.12.

[20] Véanse en Sabin Center for Climate Change Law, Center for Food and Adequate Living Rights et al. c. Tanzania y Uganda, <climatecasechart.com/non-us-case/center-for-food-and-adequate-living-rights-et-al-v-tanzania-and-uganda>; In re Vienna-Schwechat Airport Expansion, <climatecasechart.com/non-us-case/in-re-vienna-schwachat-airport-expansion>; Plan B Earth et al. c. Secretary of State for Transport, <climatecasechart.com/non-us-case/plan-b-earth-v-secretary-of-state-for-transport>; Institute of Amazonian Studies c. Brazil, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/institute-of-amazonian-studies-v-brazil>. Véase también “Ecuador: Waorani community sues fossil fuel company for contributing to climate change”, cit.; y también en Sabin Center for Climate Change Law, Friends of the Earth c. UK Export Finance, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/friends-of-the-earth-v-uk-export-finance>; y Kim Yujin et al. c. South Korea, <climatecasechart.com/non-us-case/kim-yujin-et-al-v-south-korea>.

[21] Véase en Sabin Center for Climate Change Law, IPC Petroleum France S.A. c. France.

[22] Véase “México: Civil lawsuit: French energy company EDF must comply with human rights obligations”, cit.

[23] Véase Family Farmers and Greenpeace Germany c. Germany, en Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/non-us-case/family-farmers-and-greenpeace-germany-v-german-government>. Véase también Friends of the Earth et al. c. Total, en Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-earth-et-al-v-total>.

[24] Véanse, en Sabin Center for Climate Change Law, Greenpeace Luxembourg c. Schneider, <climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-luxembourg-v-schneider>; y PUSH Sweden, Nature and Youth Sweden et al. c. Government of Sweden, <climatecasechart.com/non-us-case/push-sweden-nature-youth-sweden-et-al-v-government-of-sweden>.

[25] Véase R. c. Regina, Sabin Center for Climate Change Law.

[26] Véanse, por ejemplo, Urgenda, cit.; Friends of the Irish Environment, cit.; y Leghari c. Pakistan, cit. Véanse, en Sabin Center for Climate Change Law, Future Generations c. Ministry of Environment & Others, <climatecasechart.com/non-us-case/future-generation-v-ministry-environment-others>; y “Ruling on modification to Ethanol Fuel Rule”, <climatecasechart.com/non-us-case/ruling-on-modification-to-ethanol-fuel-rule>. Véase también “National Inquiry on Climate Change”, cit.; y Plan B Earth et al. c. Secretary of State for Transport, cit. Véase Philippi Horticultural Area Food & Farming Campaign c. MEC for Local Gov’t, Envtl. Affairs Dev. Planning, 2020 ZAWCHC 8 (High Court Western Cape Division) (Sudáfrica). Véase también Earthlife Africa Johannesburg c. Minister of Envtl. Affairs, cit. Asimismo puede verse “Medio ambiente y derechos humanos”, Opinión Consultiva OC-23/17, Corte IDH (ser. A), nº 23, <www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf>.

[27] Véanse Plan B Earth c. Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy; Verein KlimaSeniorinnen Schweiz; y Pandey c. India, cits. Véanse Teitiota c. Ministry of Business, Innovation & Employment [2015] NZSC 107 (N.Z.); In re Vienna-Schwechat Airport Expansion, y Plan B Earth et al. c. Secretary of State for Transport, cits. Véase “Comisión de Derechos Humanos sobre Ioane Teitiota”, cit. Véase también el asunto C-565/19P, Carvalho c. European Parliament, E.C.J. (Sixth Chamber; 25/3/2021), <eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62.019CJ0565>. Puede verse “The Case”, EU Biomass Legal Case, cit. También, en Sabin Center for Climate Change Law, Greenpeace Nordic Ass’n c. Ministry of Petroleum and Energy, <climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-nordic-assn-and-nature-youth-v-norway-ministry-of-petroleum-and-energy>; y Friends of the Irish Environment c. Fingal County Council, <climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/friends-irish-environment-clg-v-fingal-county-council>. Véase también Greenpeace Luxembourg c. Schneider, cit.; Zoubek et al. c. Austria, Sabin Center for Climate Change Law, <climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-v-austria>.

[28] Para más información sobre la ciencia de la atribución que se utiliza en los litigios para establecer este vínculo causal, véase el capítulo de Michael Burger, Jessica Wentz y Daniel Metzger en este volumen.

[29] Véase la sentencia Case of Demir and Baykara c. Turkey, App. nº 34.503/97, IHRL 3281 (2008).

[30] Íd.

[31] Ibíd., párr. 86.

[32] Una excepción notable es la decisión del Noveno Circuito en el caso Juliana, que no invoca instrumentos o normas internacionales de derechos humanos, en consonancia con la relativa impermeabilidad de las cortes estadounidenses a esas fuentes jurídicas. Véase Juliana, 947 F.3d en 1159.

[33] Acuerdo de París, cit., art. 2.1.a.

[34] Para más información sobre los fundamentos del caso de Greenpeace Nordic, véase el capítulo de Michelle Jonker-Argueta en este volumen.

[35] Thomson c. Minister for Climate Change Issues (2018) 2 NZLR 160 en [133] (N. Z.).

[36] Notre Affaire à Tous c. France, cit. (decisión del Tribunal Administrativo de París, párr. 41).

[37] Véase el asunto T-330/T18, Carvalho c. Parliament, cit. (en el que se considera que los demandantes carecen de legitimación y, por consiguiente, que el asunto es inadmisible).

[38] Véase Kim Yujin et al. c. South Korea, cit.

[39] Véanse In re Vienna-Schwechat Airport Expansion, y Plan B Earth c. Sec’y of State for Transport, cits.

[40] Para un análisis detallado sobre los litigios climáticos en las jurisdicciones del Sur Global, véanse los capítulos de Juan Auz, Arpitha Kodiveri, Jolene Lin y Jaqueline Peel, Waqqas Mir y Pooven Moodley, en este volumen.

[41] Véase Earthlife Africa Johannesburg c. Minister of Envtl. Affairs, cit. Para obtener información sobre un caso de India en el que se consideraron los impactos climáticos en las evaluaciones de impacto ambiental, véase Pandey c. India, cit. Para la orden de desestimación de ese caso, véase Pandey c. India, App. nº 187/2017, Nat’l Green Tribunal (15/1/2019), <static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/5cb424defa0d60178b2900b6/1555309792534/201901.15.NGT+Order-Pandey+v.+India.pdf>.

[42] Véase Leghari c. Pakistan, cit.; véase también Álvarez c. Peru, cit.

[43] Para un tratamiento clásico de estas cuestiones, véase Broome (2012).

[44] Véase Urgenda, cit., en el párr. 5.7.1.

[45] Ibíd., párr. 5.7.5.

[46] Ibíd., párr. 5.7.8.

[47] Véase Friends of the Irish Environment c. Ireland (2019) IEHC 747, 748 (H. Ct.) (Ir.). Para más información sobre la decisión del Tribunal Supremo en este caso, véase el capítulo de Victoria Adelmant, Philip Alston y Matthew Blainey en este volumen.

[48] Véase Duarte Agostinho et al. c. Portugal y otros 32 Estados, cit. Para un análisis de los fundamentos jurídicos del caso, véase el capítulo de Gerry Liston y Paul Clark en este volumen.

[49] Para más información sobre el caso de los isleños del Estrecho de Torres, véase el capítulo de Sophie Marjanac y Sam Hunter Jones en este volumen.

[50] Para una formulación más completa de este argumento sobre las repercusiones materiales y simbólicas de los litigios de CCDH, véase Rodríguez Garavito (2020).

[51] Para un estudio en esta línea sobre los primeros impactos del caso Urgenda, véase Wonneberger y Vliegenthart (2021).

[52] Véase el capítulo de Sophie Marjanac y Sam Hunter Jones en este volumen.

[53] Véase, por ejemplo, Karen Savage, “2019: The year climate litigation hit high gear”, The Climate Docket, 30/12/2019, <www.climatedocket.com/2019/ 12/30/2019-climate-litigation-exxon>.

[54] Véase, por ejemplo, “America Misled: How the fossil fuel industry deliberately misled Americans about climate change”, George Mason University Center for Climate Change Communications, <www.climatechangecommunication.org/america-misled>.

[55] Consejo de Derechos Humanos, “Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos”, UN Doc. A/HRC/61 (15/1/2009), párr. 70.

[56] Íd.

[57] Íd.

[58] Véase la sentencia T-330/T18, Carvalho c. Parliament, cit., en la que se considera que los demandantes carecen de legitimación y, por consiguiente, que el asunto es inadmisible.

[59] Véase PUSH Sweden, nature and youth Sweden et al. c. government of Sweden, cit.

[60] Véase “Constitutional complaints against the Federal Climate Change Act partially successful”, Bundesverfassungsgericht, cit.

[61] Véase “Comisión de Derechos Humanos sobre Ioane Teitiota”, cit., en párr. 9.12.

[62] Juliana c. United States, cit., en p. 45, <cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/ opinions/2020/01/17/18-36082.pdf>.

[63] Ibíd., pp. 45-46.

[64] Constitutional complaints against the Federal Climate Change Act partially successful, Bundesverfassungsgericht, cit.

[65] Íd.

[66] Íd.