Читать книгу Crónica del bienestar en tiempos de malestar - Gustavo Zaragoza Pascual - Страница 8

1.

MAYORES Y DEPENDIENTES

Posiblemente, uno de los cambios sociodemográficos más relevantes de los ocurridos en nuestro país, algo que algunos demógrafos consideran una auténtica revolución, es el envejecimiento poblacional, un indicador de avance y calidad de vida. Nada menos que ampliar el bien más preciado que tenemos los ciudadanos. Envejecer es avanzar para una sociedad, ya que es democratizar el derecho a la vida.Ya no son reyes, chamanes y papas los que se eternizan y cumplen años. En nuestro país, amplias capas de la sociedad han empezado a superar los 65 e incluso los 80 años, muchos de ellos con unas condiciones de vida envidiables y lo consiguen acogiéndose a una de las corrientes en alza, el envejecimiento competente, en contra de fenómenos conocidos como «ageísmo», o discriminación de las personas mayores.

Pero también hay una parte muy importante de mayores que se ha convertido en soporte y colchón contra la adversidad de generaciones posteriores, ya que con sus pensiones e incluso con su patrimonio y, sobre todo, con su tiempo están ofreciendo respuestas sustitutivas a unas ineficaces respuestas institucionales. No obstante, de todo este proceso en positivo, lo más importante, aquello que adquiere relevancia colectiva, es sacar a la luz aquellos casos que transitan este tramo vital con dificultades y requieren de ayudas como las prestaciones contenidas en la Ley de la Dependencia y que, en muchos casos, están sometidos a un vía crucis injustificado. De todas estas cosas se habla en este apartado, en ocasiones de forma más ligera y en otras, con todo el dramatismo que requieren alguna miradas a la realidad que nos rodea.

Dependencia a golpe de sentencia

18.02.2014 |

Se ha repetido hasta la saciedad y también se han realizado cientos de denuncias. Las quejas al Síndic de Greuges han colapsado la institución. Se han convocado numerosas protestas en las calles de Valencia, manifestando la indignación provocada por la ineficacia en la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana. Esta acusación procedía de los afectados, sus familiares, sindicatos, organizaciones de personas con discapacidad y gran parte de la sociedad civil valenciana. También las conclusiones de los informes técnicos determinaban de forma muy evidente la interpretación low cost de unos derechos que no se han desplegado de manera suficiente. Pues bien, ahora son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Valenciano quienes consideran que la administración valenciana ha causado graves daños con su actuación aplicando un procedimiento prolongado, defectuoso, moroso y, además, de manera injustificada.Ya no son opiniones interesadas, tampoco se trata de un contubernio de la oposición para desgastar políticamente. Ahora hay una sentencia que confirma la evidencia de los siete años en que ha estado vigente una ley que ha existido en el papel pero que ha dejado mucho que desear en su aplicación real por la Generalitat Valenciana. Resulta difícil de entender cómo ha podido ocurrir esto. Por todos son conocidas las especiales necesidades de las personas dependientes y también que, precisamente para evitar ese sufrimiento, se promulgó una norma que pretendía contribuir a mejorar las condiciones de vida de aquellos que peor lo pasan.A pesar de estas evidencias los resultados están a la vista de todos, ahora solamente falta extraer conclusiones. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿y ahora qué? También es lógico preguntarse cuáles van a ser las consecuencias y la responsabilidad por el sufrimiento causado. ¿Alguien va a pedir disculpas?, ¿se van a depurar responsabilidades? ¿O simplemente se obtendrá la callada por respuesta como si no hubiera ocurrido nada, utilizando la maquinaria administrativa como un caparazón bajo el que esconder la ineficacia y la falta de sensibilidad hacia las necesidades de los ciudadanos?

Entre generaciones

2.05.2011 |

Hace un par de años que se está celebrando el Día Europeo de Solidaridad entre Generaciones, una forma de llamar la atención sobre un fenómeno reciente, el envejecimiento poblacional, y también sirve esta referencia, para destacar la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones. Envejecer no está mal si se hace con calidad de vida. Cada día hay más personas que lo consiguen, pero eso no es fruto de la casualidad y tampoco un designio divino, han sido potentes sistemas de bienestar social los causantes de este logro al que no podemos renunciar, avances en medicina, sistemas de pensiones que permiten garantizar ingresos tras el periodo productivo, servicios de atención domiciliaria y centros especializados en personas mayores han contribuido a que se democratice algo tan preciado como es el derecho a una vida longeva. Cifras impensables hace apenas unos pocos lustros hoy nos hacen sentirnos orgullosos de una sociedad en la que un porcentaje muy elevado de sus integrantes supera los 65 años y, además, se ha producido otro fenómeno también importante como es el envejecimiento del envejecimiento: nunca ha habido tantas personas mayores de ochenta años como en este inicio del siglo xxi. Es precisamente la llamada de atención que realizan los organismos internacionales, poner la mirada en este fenómeno y además de manera colectiva. Los más jóvenes deben ser conscientes de que este ha sido un logro muy importante en el que la base de su éxito se encuentra en la solidaridad entre generaciones, ahora bien, no estamos frente a algo irreversible: puede ser un fenómeno de ida y vuelta si no somos capaces de mantener los logros alcanzados. Por ese motivo, la mejor forma de hacer explícita la solidaridad intergeneracional consiste en lanzar un grito unánime: en materia de derechos sociales ni un paso atrás, es mucho lo que hay en juego.

La dependencia, a examen

16.12.2009 |

En numerosas ocasiones se ha denunciado, con razón, la falta de evaluaciones eficaces que informen del funcionamiento de los servicios públicos, algo sumamente curioso ya que se trata de servicios pagados por todos y además de su eficacia depende, la calidad de vida de miles de ciudadanos. No es raro que para determinados políticos resulte muy incómoda la publicación de informes en los que salgan a la luz malas prácticas en la gestión, pero la transparencia y el contraste deben formar parte de una gestión eficaz y responsable. Precisamente por esa tendencia al secretismo conviene poner especial atención cuando tenemos acceso a estudios comparativos sobre el funcionamiento de servicios esenciales. Muy poco tiempo después de promulgarse la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia hemos conocido distintos informes sobre la evolución de su aplicación.Todos los meses el INSERSO publica, en su página web, el nivel de desarrollo en cada una de las comunidades. Los datos, de manera, reiterada, ofrecen una foto prácticamente fija en la que se puede comprobar un panorama exageradamente asimétrico, evidenciando la presencia constante de un batallón de cola, ocupado siempre por las mismas autonomías: Canarias, Madrid y la Comunitat Valenciana. Hace apenas unos días, desde una plataforma de expertos independientes, el Observatorio de la Dependencia, se emitía el cuarto informe semestral de valoración de la aplicación de esta Ley en las distintas comunidades. El resultado es sumamente coincidente con los datos indicados anteriormente: las tres comunidades apuntadas suspenden de manera llamativa y aparecen como de escaso impacto y desarrollo de la Ley en estos territorios. Para ofrecer un panorama todavía más lamentable, hemos comprobado, en los medios de comunicación, que las similitudes entre estas autonomías no se limitan a su ineficacia sino que también comparten, sus responsables políticos, argumentos muy parecidos a la hora de valorar estos resultados: los datos no se ajustan a la realidad, somos los mejores pero no nos lo reconocen, en todo caso es culpa del gobierno central…, en definitiva, «excusas de mal pagador» (textual en este caso). Lamentable, muy lamentable, sobre todo porque lo importante, cuando uno se equivoca, es aprender de los fallos cometidos y corregir para construir una realidad diferente.

Desgraciadamente este tipo de actitudes no hacen albergar muchas esperanzas en un futuro mejor, mientras que no se asuma, de forma clara los errores, se analicen sus causas y sobre todo se pongan los medios para evitar este liderazgo de ineficacia, estarán en desventaja las personas dependientes de Valencia Madrid y Canarias. Se trata de una injusticia terrible ya que están amparados por el mismo derecho que el resto de Comunidades y en cambio están obteniendo una respuesta muy distinta de aquellos que tienen la responsabilidad de responder ante las necesidades de ciudadanos que, supuestamente, deberían ser iguales ante la Ley.

MaYores

21.11.2009 |

En estos días se han realizado numerosos comentarios acerca del nombramiento del nuevo presidente de RTVE. Algunos de ellos no han sido especialmente afortunados. Es cierto que estamos frente a la paradoja de la designación de una persona de edad avanzada como máximo responsable de una empresa que hace apenas unos meses ha jubilado a chavales de cincuenta años. Dejando al margen la anécdota de pre jubilaciones vinculadas a procesos de ingeniería de recursos humanos a costa del Estado, es cierto que estamos asistiendo a una de esas evidencias de lo que los alemanes denominan el Zeitgeist o espíritu de la época. Como consecuencia de la implantación de sistemas de bienestar potentes en las sociedades avanzadas y España entre ellas, el siglo xxi se ha hecho mayor y todavía lo va a ser más. Se ha generalizado el derecho a una vida longeva, la madurez ya no es patrimonio de unos pocos, no solamente envejecen reyes y chamanes, amplias capas de la sociedad alcanzan los ochenta y los noventa años. El reto de este siglo no parece situarse en seguir creciendo en expectativa de vida, que también. Lo que parece estar en juego es la garantía de transitar este período con niveles de calidad de vida dignos: eso que se conoce entre los expertos como envejecimiento competente y compromiso con la vida. De manera absolutamente invisible y nada reconocida, los mayores, muchas personas mayores, desempeñan una importante función social de apoyo informal en su entorno. También se produce cada vez con mayor entidad la participación de profesores eméritos en la investigación y docencia de alto nivel y, por supuesto, en las artes, la edad casi nunca ha sido un impedimento para un desarrollo pleno.

Del mismo modo que el desfile de la señora Chacón como ministra de Defensa supuso un importante icono por la igualdad y, por supuesto, dando por hecho que el nombramiento del señor Oliart está vinculado exclusivamente con su valía personal y profesional demostrada a lo largo de los años, no podemos dejar de lado que el importante cargo asumido pasados los ochenta supone un referente para las personas mayores. Precisamente por todo esto están fuera de tiesto los comentarios de reprobación que se han efectuado, que en Europa ya se identifican como «ageism», o lo que es lo mismo, discriminación por razón de edad. En el norte y centro del continente se está tomando muy en serio esta forma de crítica y empiezan a adoptar medidas para combatir esta injusticia. Así que, bienvenido sea el nuevo responsable de la radiotelevisión pública española y más vale que nos vayamos acostumbrando a este tipo de cosas, que van a seguir pasando porque afortunadamente los mayores son muchos, cada vez más, están sobradamente preparados y dispuestos a demostrar su compromiso con la vida de manera clara y evidente.

El Síndic Y la dependencia

6.10.2009 |

Una vez más y van... el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia. Nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ineficaz de una ley que, supuestamente, debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello; familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que, con la pensión que cobran, les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades. Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus impuestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo. De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor.

Dependencia, unanimidad

25.05.2008 |

Una de las principales consecuencias que se han suscitado con la puesta en marcha de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la Comunitat ha sido la aparición de un importante conflicto en el seno de la sociedad valenciana. El desarrollo de la norma ha venido acompañado de denuncias, concentraciones, manifiestos y opiniones muy discrepantes acerca de cómo se viene gestionando este tema por parte del Gobierno de la Generalitat. En sociedades desarrolladas como la nuestra no es extraño que se produzcan cruces de intereses enfrentados entre partes que provocan una visión absolutamente encontrada de una misma realidad. Estas discrepancias se escenifican a través de declaraciones contradictorias, actos reivindicativos e incluso mediante cruce de denuncias en los tribunales. Ahora bien, en lo que hace referencia al cabreo suscitado por el caso que nos ocupa, las dos posiciones enfrentadas están muy delimitadas: por un lado, se encuentra la Administración valenciana, y por el otro, se produce una absoluta unanimidad en su contra. Todas las voces interesadas han lanzado una misma denuncia: la falta de eficacia es un clamor recogido por asociaciones de discapacitados, sindicatos, colegios profesionales, universidades. La única voz discrepante es el propio Gobierno valenciano, que no ofrece explicaciones y se enroca en un discurso de negación de la realidad. Resulta bastante evidente que si el conjunto de los directamente afectados por la ley están manifestando esta disconformidad mediante concentraciones, demandas judiciales, manifiestos y denuncias públicas, algo no está funcionando de la manera adecuada, especialmente si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a personas y grupos con enormes limitaciones y escasos recursos; por tanto, adquiere una especial relevancia el manifestar una opinión en contra del poder establecido. La excusa del cruce de intereses no es válida en esta ocasión, especialmente porque una de las partes enfrentadas tiene como obligación el cumplimiento y la aplicación de todas las leyes, le gusten más o menos. La actitud que ha mantenido hasta ahora la Conselleria de Bienestar ha llevado a un estado permanente de reacción por parte de los afectados. El pasado día 16 tuvo lugar una manifestación por las calles de Valencia para denunciar, una vez más, lo que está ocurriendo. Parece llegado el momento de que en el Gobierno valenciano se paren a valorar si la opinión de todos se puede ignorar y sería conveniente reconocer los errores, atender las demandas, cambiar su talante prepotente que no beneficia a nadie y ofrecer respuestas a las personas dependientes, que lo están pasando muy mal y requieren prestaciones que hasta ahora no están llegando, o lo están haciendo con un enorme retraso. Lo peor de todo es que el leitmotiv de la reclamación es algo que debería ser una prioridad para el Gobierno de la Generalitat.

La dependencia en cifras

4.02.2009 |

Resulta ocioso e incluso aburrido el debate acerca del desarrollo de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana. Por ese motivo y para evitar interpretaciones interesadas, recomiendo la realización de un ejercicio bien sencillo. Consiste en visitar la página web de la Secretaría de Estado de Política Social, en la cual se encuentran reflejadas las cifras oficiales facilitadas por las distintas comunidades autónomas. Los datos publicados nos ofrecen numerosos elementos de inquietud a los valencianos: una primera cuestión a considerar es el escaso interés que ha suscitado una ley tan importante como ésta entre la población valenciana. Las demandas efectuadas no ofrecen lugar a dudas: mientras que la media estatal de solicitudes, en relación a la población total, se encuentra en el 1,62%, las realizadas en Valencia están muy por debajo, concretamente el 0,7%, señal inequívoca de que algo está fallando en la difusión y sensibilización acerca de la importancia de la ley. Estos datos no hablan muy bien de la Conselleria de Bienestar Social, responsable de la implantación de las distintas prestaciones y por tanto de la información a los posibles dependientes.

Otro dato que hay que considerar es el del número de demandas resueltas. En el conjunto del Estado español se ha dado respuesta a un 1,32% del total de la población, mientras que en la Comunitat Valenciana únicamente se ha podido llegar hasta el 0,6 %. Una vez más los datos nos sitúan en la cola en cuanto a la eficacia e implicación del Gobierno autonómico a la hora de poner en marcha esta importante prestación social. Pero existen más elementos para la preocupación si analizamos el apartado de prestaciones reconocidas en el último balance, perteneciente al mes de enero de 2009. Este nos indica que el servicio de teleasistencia lo tienen reconocido, entre otros, 8.559 dependientes andaluces o 2.008 del País Vasco, mientras que, en la Comunitat Valenciana, la cifra que aparece en este mismo casillero es 0.También son destacables las cifras referidas al servicio de ayuda a domicilio. En este caso, la comparación es igualmente negativa para la Conselleria de Bienestar Social que reconoce no haber concedido ninguna, es decir, cero otra vez, mientras que, por poner algún ejemplo, Andalucía ha reconocido 24.801, El PaísVasco 4.384 y Cataluña cerca de 3.000.En el único apartado en el que la Comunitat se encuentra por encima de la media estatal, es el de los centros residenciales, circunstancia que hace pensar acerca de una gestión cautiva de aquellos dependientes que ya estaban atendidos en residencias públicas a quienes de oficio se les ha tramitado un servicio del cual ya se estaban beneficiando, mientras que las familias que siguen con el problema y realmente lo necesitan continúan sin recibir una respuesta sumamente necesaria.

Como las cifras se comentan por sí solas, únicamente me queda plantear una reflexión: si los datos ofrecidos por el Ministerio son reales, proceden de la información ofrecida por los diferentes gobiernos autonómicos, son actuales y no admiten la pugna presupuestaria... ¿A qué espera el conseller Cotino para dar alguna explicación, más allá de los fallos informáticos, para justificar algo que comienza a ser realmente injustificable?

Quisiera terminar con una mirada hacia el futuro, ya que en el pasado se han producido manifestaciones, preguntas parlamentarias, denuncias de asociaciones, sindicatos, universidades e incluso se han constituido plataformas en defensa de una ley tan importante como esta: ¿qué más nos queda por hacer a los valencianos para exigir un trato equiparable al resto del Estado?, ¿para cuándo habrá una gestión eficaz?, ¿alguien piensa asumir alguna responsabilidad acerca de lo que está ocurriendo?