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Los costos para el sistema judicial: el gasto público paga la ineficiencia del SGSSS y el lucro de las EPS

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La ATS representa cuantiosos recursos para la sociedad, los costos del proceso jurídico a precios del 2009 en Medellín ascendieron a $ 441.511 pesos (152 dólares) para una tutela ordinaria y a $ 822.098 (283 dólares)19 para una extraordinaria20, y en más del 50 % de los casos, esos costos fueron superiores a los de los servicios solicitados (Arango y Nieto, 2013).

En síntesis, la tutela es un indicador trazador para la salud pública y para el derecho a la salud, en tanto permite identificar, monitorizar y denunciar las violaciones sistemáticas de ese derecho, y los servicios y formas de adscripción al SGSSS donde ha habido más barreras de acceso. Los estudios muestran obstáculos estructurales para la realización de un derecho fundamental, ligados a la contención de costos y/o a la búsqueda de rentabilidad financiera, por eso la judicialización continuará. Ese recurso es insuficiente para la protección del derecho a la salud, que deviene en judicialización de la política de salud, pero hay que preservarlo porque es el único mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios.

Derecho fundamental a la salud: ¿Nuevos escenarios?

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