Читать книгу Iniciativa empresarial - José Antonio Dávila - Страница 8

______ ESTE CAPÍTULO REVISA ALGUNOS DE LOS DIAGNÓSTICOS SOCIOECONÓMICOS DE MÉXICO. NO ES GRATUITO QUE HAYA TANTOS; SE DEBE, ENTRE OTROS MOTIVOS, A QUE LA SOCIEDAD EVOLUCIONA, Y LA ETIOLOGÍA Y SÍNTOMAS DEL MALESTAR SOCIAL CAMBIAN TAMBIÉN. SIN EMBARGO, HAY ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE NO DESAPARECEN Y QUE ENTORPECEN EL DESARROLLO DE MÉXICO. ESTAS, APARENTEMENTE INCURABLES, SON LA INEQUIDAD SOCIAL Y LA CORRUPCIÓN. AMBAS SE ENTRELAZAN EN UNA ESPIRAL PERVERSA. LA CORRUPCIÓN EMPOBRECE A LOS POBRES Y DIFICULTA LA TAREA DE LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES. LA SOLUCIÓN ES COMPLEJA Y MULTIFACTORIAL: DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, PERO TAMBIÉN EXIGE QUE EL EMPRESARIO ASUMA SU PARTE DE RESPONSABILIDAD.

EL ENFERMO CRÓNICO

Se repite con cierta frecuencia que México es un país diagnosticado en exceso. Nos sobran estudios —dicen— y nos faltan propuestas de solución. Sin embargo, esta afirmación solo es parcialmente verdadera. Por un lado, los países, al igual que los organismos vivos, cambian de manera continua; en consecuencia, el diagnóstico del año pasado no es del todo válido para el momento actual, se hacen obsoletos conforme el cuerpo evoluciona. Hacer una valoración es una tarea constante, no una etapa superable de un proceso.

Por otra parte, conviene conservar memoria de los diagnósticos y de los tratamientos. Los médicos —sigamos con la analogía— agradecen que el paciente conozca su historial clínico para evitar la repetición de errores pasados. El paciente responsable debe advertir al médico cuando sabe por experiencia propia que tal o cual tratamiento ha sido ineficaz. De manera análoga, en política económica mirar hacia atrás es tan importante como ver hacia delante. La falta de horizonte histórico lleva a prescribir una y otra vez un tratamiento clínico ineficaz. No hay por qué creer que lo prescrito en el pasado servirá en esta ocasión. Mutatis mutandis, cada sexenio, se escucha un discurso muy similar en nuestro país. Desde los años ochenta del siglo pasado, México está empeñado en modernizarse, en liberar el mercado y combatir la corrupción. Valdría la pena preguntarse qué es lo que se ha hecho mal y qué ha impedido que México alcance el nivel de desarrollo de otros países que estuvieron en condiciones similares al nuestro. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur.

Me atreveré a hacer un diagnóstico provisional. México padece dos enfermedades crónicas: la corrupción y la inequidad social. Estas enfermedades están documentadas desde el Virreinato. Ya en el siglo XIX los viajeros extranjeros dejaron constancia minuciosa de tales problemas y, desde inicios del siglo XX hasta el final del milenio, el combate a la corrupción y a la injusticia social han sido el leitmotiv de partidos políticos y de los gobernantes en turno. El riesgo de este diagnóstico es pensar que la corrupción y la inequidad social están grabados en el gen cultural de México; lamentablemente, no pocos mexicanos piensan que tales males son genéticos y que, por ende, no cabe sino resignarnos.

No obstante, si miramos con detenimiento histórico, advertiremos que México ha mejorado en algunas cuestiones. Si bien la corrupción sigue siendo un cáncer que carcome la estructura social y el sistema de producción, es innegable que, en comparación con el alemanismo (1946-1952), hemos mejorado en ese rubro. Los excesos y la corrupción de los funcionarios de ese sexenio estaban protegidos por un manto de impunidad impensable en nuestros días.

En cuanto a la inequidad social, podemos traer a cuento un dato elocuente. La expectativa de vida del mexicano, según el INEGI (“Esperanza de vida…”), en 1955 era aproximadamente de 46 años, en contraste con los 74 años de expectativa actual. Esta cifra no es muy lejana de los 78.94 años en Estados Unidos para 2014, de acuerdo con la revista española Expansión (Datosmacro.com).

En el primer caso, es evidente que del México del presidente Miguel Alemán al actual ha habido un avance democrático. Los partidos de izquierda ya no están prohibidos por la ley, el poder legislativo no está monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es posible ejercer cierta crítica en contra del ejecutivo federal. El modo de hacer política en 2016 es muy distinto de cómo se practicaba en 1946.

En el segundo caso, es innegable que el sistema público de salud puso al alcance de buena parte de la población vacunas y antibióticos básicos, además de ciertas normas de higiene, que se tradujeron en un aumento de la expectativa de vida.

Sin embargo, en México la inequidad social y la corrupción siguen siendo dos graves problemas que afectan todas las esferas de la vida, desde la educación hasta el ambiente de negocios, desde la salud hasta los medios de comunicación.

ALGUNAS CIFRAS SOBRE LA COMPETITIVIDAD EN MÉXICO

En 2016, México ocupó el lugar 88 de 113 en el WJP Rule of Law Index (2016), creado por el World Justice Project. En el lugar 66 se encuentra la India; China, en el 80; Irán, en el 86; Venezuela en el 113, el peor de los países evaluados. El Index mide de acuerdo con los siguientes criterios:

• La responsabilidad ante la ley tanto del gobierno y sus funcionarios como de las entidades privadas y los individuos particulares.

• La claridad, justicia, estabilidad y publicidad de la legislación. Las leyes deben aplicarse de manera uniforme y proteger los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y sus bienes.

• El proceso de promulgación, administración y cumplimiento de las leyes, procedimiento que debe ser accesible, justo y eficiente.

A partir de estos ejes, el índice mide diferentes factores, por ejemplo, la rendición de cuentas de los gobernantes, los controles no gubernamentales, la prensa libre e independiente, la corrupción, la influencia indebida ejercida por los intereses privados en los asuntos públicos y la apropiación ilícita de fondos públicos.

También mide el libre acceso a las leyes y a los datos del gobierno, el derecho a la información, la participación ciudadana y los mecanismos de denuncia. El propósito del Index es evaluar los mecanismos que velan por la justicia. México sale especialmente mal evaluado en los rubros: a) presencia de conflictos civiles, b) adecuada compensación económica en caso de expropiación de la propiedad, y c) corrupción.

No es ningún secreto, en efecto, que existen estados de la república como Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero donde la violencia es casi parte del paisaje. Tampoco es un secreto que muchos conflictos civiles tienen su origen en la inadecuada compensación económica en caso de expropiaciones y otros tantos en donde la autoridad no interviene eficazmente para defender los derechos a la seguridad y a la propiedad de sus habitantes.

Sobra decir que los países con mejor ingreso per cápita se encuentran bien evaluados. Dinamarca ocupa el 1.º lugar y Noruega el 2.º. Es interesante advertir que no es una correlación con el PIB, sino con la distribución del ingreso. La consecuencia salta a la vista, la impartición de justicia —en su sentido más amplio— es clave para la estabilidad económica y para la equidad social.

Por otro lado, en el Ease of Doing Business Index 2016 del Banco Mundial (2016), México tampoco queda en un lugar especialmente destacado. La herramienta mide, como lo dice su nombre, la facilidad para hacer negocios en un país. Para ello revisa la eficacia de las regulaciones legales y su impacto en el crecimiento económico. Es importante advertir que el índice no mide simplemente el número de trámites que deben realizarse para abrir una empresa ni el entramado de leyes que regulan la actividad económica. Evalúa la eficacia de la normatividad. De esta suerte, es perfectamente posible que un país tenga una legislación ecológica muy rigurosa, pero ineficaz desde el punto de vista del desarrollo económico y humano. Los tres países mejor calificados en 2016 fueron: 1.º Nueva Zelanda, 2.º Singapur y 3.º Dinamarca. Este tercer caso es particularmente interesante, pues la legislación danesa tiene un fuerte acento socialdemócrata. Caso análogo al de Dinamarca es Noruega, con el lugar 6.º, y Suecia, en el 9.º. México se encuentra en el lugar 47.º, uno debajo de Tailandia y, eso sí, muy por arriba de Somalia, que ocupa el último lugar de los 190.

Esta facilidad para hacer negocios mide indirectamente la corrupción al evaluar rubros como la obtención de los permisos de construcción. El índice valora, en el caso de México, algunas ciudades. Aguascalientes es la ciudad mejor calificada y la peor es Oaxaca, que ocupa el lugar 32.º; es llamativo que en el poco honroso lugar 31.º se encuentra la Ciudad de México, donde la apertura de negocios está entorpecida, lo hace notar el índice, por la deficiente obtención de permisos de construcción y el también deficiente registro de la propiedad. Insisto, nuevamente, en que el punto no es el rigor de la normatividad, sino su eficacia. Por poner un ejemplo, las normas de construcción para un hotel de playa pueden ser rigurosas pero si son precisas y su aplicación, imparcial y expedita, las reglas del negocio son claras. Los inversores sabrán a qué atenerse y, por ende, conocerán la viabilidad del negocio. El problema es cuando la normatividad es confusa y se aplica discrecionalmente y sin agilidad; el negocio, entonces, se entorpece, porque el inversionista no sabe a qué se enfrenta.

Otro indicador más es el Índice de competitividad 2016-2017 del World Economic Forum (Schwab, 2016), que mide 140 países. México ocupa el lugar 57.º global y el 3.º de Latinoamérica, solo detrás de Chile y Panamá. El índice se construye a partir de tres ejes: 1) Requerimientos básicos (infraestructura, macroeconomía, instituciones, etc.); 2) Potenciadores de la eficiencia (educación de la mano de obra, desarrollo del mercado financiero, tamaño del mercado, etc.) y 3) Innovación y sofisticación de los negocios.

Los tres primeros lugares del índice son 1.º Suiza, 2.º Singapur, 3.º Estados Unidos. El primer lugar de Suiza obedece al modelo de negocio basado en una banca sui generis. El destacado lugar de Panamá en Latinoamérica obedece, probablemente, a las peculiaridades de su sistema financiero que tanto ha dado de qué hablar a partir del escándalo de los Panama Papers y no necesariamente a la convergencia de los ejes 1, 2 y 3.

Sin embargo, es elocuente que vuelven a aparecer en buenos lugares países con políticas públicas inspiradas en el Welfare State, por no llamarlas de inspiración socialdemócrata. Son los casos de Suecia, 6.º, Noruega, 11.º y Dinamarca, 12.º. Estos tres, lógicamente, no reportan graves problemas de corrupción en los índices anteriores.

Este índice contempla factores como la innovación tecnológica en los negocios y el nivel educativo de la mano de obra, dos rubros en los que México aún tiene mucho trecho por delante. Basta pensar, por ejemplo, en el menguado número de patentes tecnológicas registradas por empresas y universidades mexicanas en contraste con Estados Unidos y los países del norte de Europa.

¿Qué más muestra el Índice de competitividad? Que México ha avanzado en aspectos como la eficiencia de los mercados financieros y que presenta ventajas como un mercado interno interesante y un importante bono demográfico; pero también revela muchas áreas de oportunidad. Los índices que reciben la peor calificación son aquellos que están relacionados directamente con las instituciones públicas y privadas, donde la corrupción ha hecho fuertes estragos en el país.

¿Cuánto daño produce la corrupción? El Banco Mundial calcula que la corrupción le cuesta a México 9% del PIB cada año, según lo afirmó Ary Naïm, gerente general del IFC, organismo del Banco Mundial, durante un foro organizado por la revista The Economist (Meana, S., 2015). Comparemos esta cifra con el tamaño de la deuda externa que ronda casi 50% del PIB. Los costos de la corrupción bastarían para pagar la deuda externa en un sexenio. Existen, por supuesto, otros cálculos menos conservadores que elevan los costos de la corrupción a 20% del PIB.

¿Qué tanto impacta la corrupción a las empresas? Recordemos que las pequeñas y medianas empresas son los motores claves de la economía mexicana. Según el INEGI, las PYMES generan 52% del PIB y 72% del empleo en México (Rodríguez y Urbina, 2015). Pero no solo las empresas establecidas, también los emprendedores y sus start-ups se ven desalentados por la corrupción. Si en circunstancias ordinarias para la start-up es difícil cruzar el “valle de la muerte”[1] y consolidarse en el mercado, la corrupción añade un obstáculo más para el espíritu emprendedor. Todos son especialmente frágiles y susceptibles ante el cáncer de la corrupción. Para un banco trasnacional es más fácil destrabar una licencia de construcción que para un pequeño restaurante; en el mejor de los casos, el primero cuenta con un ejército de abogados para enfrentar a una autoridad incompetente y corrupta; el pequeño y mediano empresario, el emprendedor, carece de esos recursos.

Además, la corrupción desalienta el emprendimiento de gran impacto, que no encuentra en un ecosistema parasitado por la corrupción los recursos y oportunidades para el negocio. No es casualidad que estas empresas florezcan en ecosistemas donde la corrupción no es una variable decisiva.

En una encuesta a emprendedores del Instituto Mexicano para la Competitividad, el 63% de los encuestados admitió que la corrupción es parte de la cultura de negocios en México y esto afecta el desempeño de su empresa. No se trata, lamentablemente, de los negocios entre el sector privado y el público, sino también de las relaciones entre los particulares. La corrupción infecta de manera profunda la empresa privada. Es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de trampas y fraudes que se cometen en algunos departamentos de compras. En relación con ello, emprendedores y empresarios deben asumir su parte de responsabilidad en este turbio clima de negocios. La empresa emergente también debe concebirse a sí misma, desde el primer momento, como una organización ética, intransigente con la corrupción; de lo contrario, estaríamos perpetuando el problema.

Hay que decirlo con crudeza, no pocas empresas privadas, pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras, han participado con entusiasmo y despreocupación en el juego de la corrupción en México.

De los encuestados, 65% cuentan haber perdido una oportunidad de negocio porque su competidor usó influencias o pagó sobornos, y 46% reconoce haber participado en algún tipo de soborno (Rodríguez y Urbina, 2015). Todo esto encarece el negocio, impide la derrama económica y enturbia el entorno. Cuando se paga un soborno, no hay recibos ni factura, por lo tanto, ese dinero tampoco se declara ni se deduce ante el fisco.

Los datos de Transparencia Internacional para México tampoco son halagüeños en el 2015. Nuestro país es el más corrupto de entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y ocupa el lugar 95 de 168 países (Transparencia Mexicana, 2016).

Con tales números no es extraño que México se encuentre tan lejos de los primeros lugares en los índices de competitividad. Sobre este punto regresaré más adelante.

Finalmente, el índice de Libertad Económica en el Mundo 2015, de la Fundación Naumann y el Instituto Fraser (Gwartney, Lawson y Hall, 2015), coloca a México en el lugar 93.º de 157.º; donde los primeros puestos los ocupan Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda, y el último Venezuela. El índice mide el grado en que las políticas públicas promueven la libertad económica y evalúa aspectos como el tamaño del Estado: gasto, impuestos y empresas; el sistema legal y la seguridad de los derechos de propiedad; así como la solidez monetaria, la libertad de comercio internacional y la regulación de ámbitos como el crédito, el trabajo y los negocios. Un aspecto relevante es que en el ámbito del tamaño del Estado, México es uno de los mejor calificados, por encima de Alemania, Reino Unido, España, Qatar, y uno de los países del top, Nueva Zelanda. Sin embargo, en cuanto al sistema jurídico y garantía de los derechos de propiedad, México está en los últimos peldaños, incluso detrás de Siria y Sierra Leona. En 2017, el Índice de Libertad Económica (2017 Index of Economic Freedom) , cuya metodología es ligeramente distinta a la de la Fundación Naumann, coloca en 1.º lugar a Hong Kong, en 2.º a Singapur y en último, 184.º, a Corea del Norte. México aparece en el lugar 70.º, debajo de España, que está en el 69.º, y arriba del 71.º de las islas Fiji.

MÉXICO: UN PAÍS DE POBRES

La corrupción es un impuesto que, a grosso modo, podríamos calcular en 9% del ingreso per cápita. Nadie está libre de él y, por lo mismo, es un impuesto regresivo que daña sobre todo a los más pobres. En mayor o menor medida, la corrupción empobrece a las personas, quienes independientemente de su nivel de ingreso, se ven obligados a pagar ese monto que cobra la “mano invisible de la corrupción”. Cualquier política pública que pretenda abatir la pobreza debe, por tanto, mirar hacia ese aspecto.

Menciono esto porque poco menos de la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. En México no hay una equitativa distribución de la riqueza. Vivimos una paradoja: el mismo país que tiene más de 55 millones de personas en condiciones de pobreza según el Coneval (2015), alberga a 14 multimillonarios que aparecen en la lista de Forbes (“Los 14 mexicanos”, 2016). El problema no es, por supuesto, que existan grandes fortunas en el país, el punto es la coexistencia de tales disparidades.

Sí, es verdad, México está dentro de las 20 economías más grandes del mundo, pero esa riqueza está concentrada en menos de 10% de la población del país. Dicho de otra manera, 1% de las personas más ricas de México acumulan 21% de la riqueza y 10% de las personas más ricas solo 64%.

Pongamos una analogía. Si México fuese una aldea habitada por 100 personas, compuesta por 100 casas, los 10 hombres más ricos de la aldea poseerían 64 casas, los 90 habitantes restantes tendrían que vivir en 36 casas. Este hecho es, a todas luces, fuente de tensión social.

Otro dato llamativo: la cantidad de millonarios en México creció 32% en el periodo entre 2007 y 2012, mientras que en el resto del mundo disminuyó 0.3% (Esquivel, 2015).

En suma, a la vuelta de doscientos años, el país sigue entrampado en dos problemas que fueron diagnosticados por los primeros extranjeros que visitaron el México independiente. ¿Podemos seguir conviviendo con ellos? Sin duda, la capacidad de decadencia puede extenderse ad infinitum. Aún podemos descender muchos escalones en los diversos índices de competitividad y desarrollo humano. Además, como tal decadencia es paulatina, la población se acostumbra, se adapta con relativa facilidad. Este fenómeno se conoce como preferencias adaptativas.

Las personas en situación de grave vulnerabilidad llegan a considerar que su situación es adecuada. El caso más sonado es el de las mujeres víctimas de la violencia física por parte de su pareja y que, a pesar de ello, se consideran a sí mismas en una “buena situación”. Las preferencias adaptativas son, en parte, un mecanismo de defensa psicológica contra las estructuras injustas y, por otro lado, el resultado de la falta de puntos de referencia. La mujer violentada en una cultura machista difícilmente puede imaginar otro estado de cosas.

En nuestro país, dos siglos de historia conspiran en nuestra contra. Las preferencias adaptativas del mexicano lo han llevado a pensar que la inequidad social y la corrupción son parte del “paisaje”, rasgos inherentes a nuestra cultura.

LOS PAÍSES DE ÉXITO

El término “éxito” aplicado a un país es relativo, depende de los parámetros que se midan. Personalmente considero que junto con los indicadores macroeconómicos y de competitividad, debe revisarse el Índice de Desarrollo Humano creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU. “El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). El éxito de un país va más allá de los indicadores macroeconómicos y debe considerar la calidad de vida de sus habitantes.

En 2014, el Índice midió 188 países. Los primeros lugares fueron: 1.º Noruega, 2.º Australia, 3.º Suiza, 4.º Dinamarca, 5.º Holanda, 6.º Alemania e Islandia, 8.º Estados Unidos. México aparece en el lugar 74.º. Nuestro país ha mejorado moderada pero constantemente desde 1990 (0.601) hasta 2014 (0.756). No obstante, si se ajusta el índice en consideración a la desigualdad, la cifra desciende a 0.587 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s/f), resultado que nos sitúa muy por debajo de los países más desarrollados, donde el ajuste por desigualdad es muy pequeño.

¿Qué hicieron los países exitosos? ¿Cómo se desarrollaron en el plano económico y humano aquellos que, de manera recurrente, aparecen en los primeros lugares de los índices? En economía política los hechos son la historia.

El desarrollo de algunos países, como Reino Unido y Estados Unidos, es inexplicable desde el punto de vista histórico si no se toma en cuenta la política exterior abiertamente imperialista, desde las intervenciones armadas sin declaración de guerra, hasta las anexiones territoriales, pasando por todo tipo de conspiraciones e intrigas políticas ajenas por completo al libre mercado. La colonización británica de África, India y el Caribe expolió esos mercados, sacando materias primas baratas y monopolizando su comercio. En el caso de Estados Unidos también abundan los ejemplos, basta recordar la “conquista” de Hawái, donde los marines derrocaron a la reina legítima de aquel país para asegurar los intereses de los estadounidenses, dueños de los plantíos de piña. Este caso es especialmente claro, pues hace algunos años Washington reconoció oficialmente en un comunicado su injustificable intervención.

Evidentemente, la política imperialista de Estados Unidos y el Reino Unido no es el único factor que explica su desarrollo; en ambos casos, la solidez del Estado de derecho y las instituciones democráticas son factores clave para comprender el sorprendente despegue de sus economías. En el siglo XIX los europeos miraban con sorpresa el respeto al debido proceso y a las garantías individuales en Inglaterra. Otro tanto puede decirse de la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. A ello habría que añadir, por supuesto, el espíritu emprendedor y práctico de los estadounidenses que despertaba la admiración incluso de los británicos ya bien entrado el siglo XIX.

No obstante, me temo, hay una buena dosis de ingenuidad histórica en algunos economistas que desestiman el peso específico del imperialismo británico y estadounidense en el desarrollo de las grandes economías de sus países. El juego geopolítico de estas potencias fue clave en su desarrollo económico; practicaron cierto proteccionismo y gracias al resguardo de su mercado interno y al avasallamiento militar de otros mercados, consiguieron sus éxitos.

Con esto, lo que quiero decir es que México no puede (ni debe) desarrollarse siguiendo ad litteram el modelo imperialista. Las economías estadounidense y británica no son casos de éxito que sirvan, sin más, de ejemplo para México. Hemos de mirar hacia otro lado.

Por ello, especialmente sugerentes son los casos de países como Suecia, Noruega e incluso Alemania, cuyos intentos imperialistas fracasaron (el caso de Alemania) o fueron menores (los casos de Suecia y Noruega); su consolidación económica discurrió por otra vía. En el siglo XX, Alemania intentó en dos ocasiones la vía del imperialismo y en ambas fracasó. Su derrota en las dos guerras mundiales, paradójicamente, fue el pivote de una hegemonía política y económica que ha mostrado que existen otros caminos.

Los ejes del desarrollo de Alemania y los países escandinavos pueden parecer desconcertantes para quienes, acostumbrados al corto plazo, imaginan que los resultados se obtienen con la sola firma de un pacto comercial. Los ejes son:

1. Estado de derecho: justicia imparcial y expedita que garantiza un juego limpio para los competidores en la economía. Pocas cosas desgastan tanto al emprendedor como un “terreno disparejo”, donde la justicia se vende al mejor postor. La incertidumbre jurídica encarece los negocios. Sin embargo, el Estado de derecho es una condición que no se alcanza por vía de la exclusión, sino de la inclusión. El Estado de derecho no es selectivo, sino holístico y orgánico; debe permear todos los niveles y esferas de la vida pública. Si el policía de tránsito no cumple las normas legales, difícilmente nos encontraremos con jueces que garanticen el derecho de propiedad. El Estado de derecho es una forma de vida que abarca el pago de impuestos, el tránsito, la protección de los derechos de autor y las patentes, entre varios aspectos más.

2. Democracia crítica: transparente, funcional y consolidada; que limite el poder del gobernante. La concentración desmedida de poder en una autoridad política es peligrosa. La autoridad tiende a parecer una bola de nieve que incrementa sus atribuciones. A la larga, la autoridad descontrolada se blinda y, desde su coto de poder, puede privatizar lo público en beneficio propio. En una sociedad no democrática, la casta política se otorga, a sí misma y a sus cómplices, jugosos contratos y desplaza a la auténtica clase empresarial y a los emprendedores de alto impacto. Basta pensar en Venezuela para comprender lo que sucede cuando los mecanismos de contención de poder son ineficaces. La democracia crítica, la que exige rendición de cuentas a los funcionarios públicos, ha sido la condición que posibilita economías exitosas a largo plazo como las mencionadas. Existen, por supuesto, contraejemplos, como son los casos de China y Singapur, de talante autoritario. El punto que debe evaluarse no ha de ser el desarrollo económico, sino el desarrollo humano y, por otra parte, habrá que recordar que, a diferencia de lo que sucede con una empresa, el éxito de un país no se mide por ejercicios anuales, sino por decenas de años.

3. La meritocracia: los países nórdicos y Alemania son sociedades meritocráticas, donde el esfuerzo personal, el trabajo duro, las habilidades y destrezas son las claves del ascenso social y económico. En contraposición están aquellas sociedades donde la raza, los apellidos y los contactos políticos son las claves del éxito. Esta cualidad, la meritocracia, fue también uno de los detonantes del progreso de Estados Unidos en el siglo XIX, que se olvidó de los prejuicios aristocráticos. La meritocracia es, sin duda, una característica competitiva de una economía. Se trata de una sociedad donde las personas destacan por sus destrezas y hábitos, y no por la riqueza y prestigio acumulados por los antepasados. Es motor de la inventiva, la tecnología y la innovación. El emprendedor suele ser un representante emblemático de los valores de la sociedad meritocrática.

4. Sistema de educación pública: un sistema de educación público gratuito, exigente y de calidad, que a través de la preparación profesional (no necesariamente universitaria) se convierte en un mecanismo de movilidad social. En realidad, la meritocracia difícilmente puede separarse de un sistema gratuito de educación pública, al menos en las etapas básicas. En el momento en que la capacidad económica familiar se convierte en la ventaja competitiva de un estudiante, estamos dando un grave golpe al sistema basado en el mérito. A la larga, la empresa se beneficia de este sistema gratuito y de calidad, porque cuenta con personal debidamente calificado. Tal modelo educativo es decisivo en la formación de la clase media. De hecho, la crisis de movilidad social en Estados Unidos fue advertida, entre otros, por el entonces presidente Barack Obama. En múltiples ocasiones, Obama hizo hincapié en ello y formuló proyectos para propiciar la movilidad, lo cual tiene que ver con los costos de la educación en aquel país; pensemos, por ejemplo, que el ingreso anual aproximado en Estados Unidos es de 53,000 dólares y la colegiatura de una de las universidades de calidad oscila entre los 20,000 o 25,000 dólares al año. Cuando la educación cuesta, los pobres están en desventaja y las diferencias sociales tienden a perpetuarse. A la objeción de que lo gratuito no se aprecia, debe responderse que la gratuidad de la educación en países como Alemania y Suecia es perfectamente compatible con la meritocracia que exige esfuerzo y dedicación para ingresar y egresar en el sistema educativo.

5. Sistema de salud pública gratuita de calidad. Así como la educación es un igualador social, la enfermedad es un catalizador de la desigualdad. La enfermedad empobrece aún más a los más pobres. Una enfermedad grave o crónica puede hacer añicos a una familia. De nueva cuenta, en Estados Unidos se percibe este malestar social que ha llevado a escenarios políticos inimaginables desde hace algunos años. La falta de seguridad social acaba, a la larga, poniendo en crisis la movilidad social y, por ende, diluye el impulso del selfmade man, el espíritu del emprendedor. La posibilidad de movilidad social es el mejor incentivo para el espíritu emprendedor.

Este último punto (el sistema de salud pública) es un eje de una política pública que está más allá de las posibilidades de acción de la empresa y el empresario. Se trata, además, de una política pública que no impacta en lo inmediato el quehacer empresarial. No se encuentra, prima facie, en la esfera de acción de la empresa.

El punto 4 (sistema público de educación) es también un eje que va mucho más allá del ámbito de acción de la empresa. Sin embargo, se trata de un factor que impacta directamente el clima de negocios. Mientras mejor educado esté un país, más fácil será conseguir directivos, empleados y operarios para la empresa. Además, la innovación tecnológica y la sofisticación de los negocios guarda una proporción directa con la calificación cultural y educativa. No es casualidad que las economías más desarrolladas del mundo generen valor agregado a partir del conocimiento, mientras que la economías menos desarrolladas aún finquen su crecimiento en la explotación de los recursos naturales o la mano de obra barata.

El punto 3 (meritocracia), en cambio, sí atañe directa e inmediatamente a la empresa, aunque va mucho más allá de la esfera privada. Si bien es una forma de vida, un Volksgeist (espíritu nacional o del pueblo), la empresa, especialmente la emergente, sí que puede adoptar como lineamiento propio una cultura meritocrática. Las empresas meritocráticas son más competitivas, pues esta cultura supone ciertos retos a las empresas familiares, tan comunes en México; trabajar en políticas meritocráticas es, quizá, una de las exigencias para las empresas familiares que pretendan transitar de la fundación a la consolidación.

El punto 2, la promoción de una democracia crítica, tampoco es un tema que ataña directamente a la empresa. No obstante, la democracia parece ser un requisito para un clima de negocios sano. Aunque el caso de China parece contradecir este principio, quienes han hecho negocios en ese país suelen decir que es mucho más confortable operar económicamente en una nación donde los derechos de los particulares están debidamente protegidos por la división de poderes y por autoridades elegidas por vía democrática.

El punto 1, Estado de derecho, concierne inmediata y directamente al quehacer empresarial. Piratería, robo, violencia, corrupción, incertidumbre jurídica, lentitud y parcialidad en la aplicación de justicia son algunos ejemplos de cómo la empresa se ve afectada por la debilidad de las instituciones y el desorden. Pero, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los rubros 4 y 5 (educación y seguridad social), la empresa aquí no es solo sujeto pasivo, sino también agente activo. La empresa y el empresario tienen una responsabilidad en la promoción del Estado de derecho y no se trata solo de una cuestión de responsabilidad social, sino de una auténtica decisión de negocios.

El Estado de derecho no concierne solo a las relaciones de los particulares con el gobierno, sino también a las relaciones entre los particulares, ya sean individuos, empresas y otras organizaciones. El empresario, el directivo, el accionista, el emprendedor emergente deben asumir una actitud proactiva en este rubro. ¿Qué hacen ellos para prevenir la corrupción y aquellas prácticas desleales en el mercado?

CORRUPCIÓN Y COMPETITIVIDAD

El término “corrupción” no es, estrictamente hablando, un término jurídico; es una noción que admite diversas aproximaciones. Una definición estándar la describe como la acción de un funcionario público que saca un provecho particular indebido de un bien o un servicio público. A manera de ejemplo, si bien el funcionario al cobrar un sueldo por otorgar un servicio obtiene un provecho privado, no se trata de un acto de corrupción, porque la ley contempla que ese sueldo se otorgue a cambio de un trabajo determinado. Este sería el caso, por ejemplo, del policía que recibe un porcentaje de las multas que aplica, siempre y cuando la ley contemple que el policía tiene el derecho a recibir tal comisión.

En este primer sentido, la corrupción implica la participación de un agente del gobierno o del sector público y es, quizá, la más visible.

La contrapartida particular del acto de corrupción es el cohecho. La autoridad que supedita el pago al proveedor por una “comisión” comete un acto de corrupción. El proveedor que agiliza el pago dándole dinero al funcionario comete cohecho.

En algunas ocasiones, el particular no comete cohecho, sino que es víctima de extorsión. Este sería el caso, por ejemplo, del particular que se ve privado ilegalmente de la libertad por un policía, quien lo amenaza con asesinarlo si no recibe un rescate. El particular es víctima de extorsión, pero no un agente de cohecho. No sería este el caso, en cambio, del restaurantero a quien se le amenaza con la clausura de su negocio, que incumple una norma sanitaria, si no le paga una cantidad al inspector. En este caso, el inspector obtiene un provecho indebido “vendiendo” algo que no le corresponde: la no aplicación de la normatividad. El restaurantero comete cohecho porque está “comprando” un bien al que no tiene derecho: la no aplicación de la norma.

Pero existe también la corrupción entre particulares, en violación del Estado de derecho. A veces, esta corrupción asume formas sutiles, como retrasar indebidamente un pago al proveedor; en otras ocasiones, se trata de ilícitos graves, pero que con dificultad son castigados por las autoridades. En cualquier caso, la corrupción entre particulares impacta el entorno político y social. Emprendedores, directivos y empresarios también modelan el carácter moral de los mexicanos.

Lamentablemente, en nuestro país existe una enorme tolerancia a la corrupción. El argumento esgrimido por los particulares para justificarse suele disfrazar el cohecho de extorsión. Hace unos meses conversaba con un empresario de la cultura. Su asociación había solicitado un fondo gubernamental al que tenía derecho, pero el funcionario en cuestión le había hecho llegar por interpósita persona el mensaje de que no tendría acceso a ese fondo si no “compartía” un porcentaje con él. El empresario se negó (lo ha hecho en no pocas ocasiones), porque “no puedo comprarle al funcionario algo que este no tiene derecho a venderme”.

En una sociedad donde el binomio corrupción-cohecho forma parte del clima de negocios, la integridad ética tiene un costo de oportunidad. Por lo general, en el corto plazo, negarse a la corrupción tiene un costo cuantificable. En esto radica precisamente la perversidad y lastre de la corrupción. En el corto y mediano plazo no hay incentivos económicos para evitarla. El resultado salta a la vista: la corrupción se convierte en un sistema del que no es posible salir pues día a día se fortalece hasta el punto en que es imposible escapar del círculo. La corrupción se convierte en un estilo de vida, un modo de hacer negocios, en una economía encarecida y entorpecida.

Las PYMES y start-ups son demasiado débiles para romper con la estructura corrupta y terminan siendo absorbidas por el sistema. Las empresas grandes y consolidadas, a pesar de estar mejor armadas para enfrentar la corrupción, no siempre asumen su responsabilidad social y ética y entran al juego de complicidades para sacar una mejor tajada.

Por si fuese poco, estas grandes empresas suelen tratar despiadadamente a las start-ups, a las emergentes, a las pequeñas. Quizá esta actitud no sea ilícita y no se trate, en estricto sentido de corrupción, pero sí se trata de un estilo de hacer negocios centrado en luchar en contra de la competencia para aplastar al pequeño, en lugar de luchar por el mercado.

En un ecosistema parasitado por la corrupción pública y privada, el mercado queda completamente distorsionado de las siguientes formas:

1. Los productos se encarecen por el “impuesto” de la corrupción. El consumidor final acaba absorbiendo todos aquellos cohechos que no pueden ser transparentados ni deducidos fiscalmente. No es casualidad que el Ease of Doing Business Index (Banco Mundial, 2016) mida los permisos de construcción. En una ciudad donde las licencias para construir un restaurante, por ejemplo, quedan al arbitrio ilegal de un funcionario, el servicio se encarece por ese “impuesto”. Imaginemos por un momento que los costos de corrupción en México se reducen de 12% a 5%. Esto significaría un aliento para el mercado interno y un aliciente para las exportaciones.

2. Las empresas pierden su foco. En lugar de competir con base en la calidad de su producto, el precio de su mercancía, la plaza y red de distribución, y la publicidad que promueve sus servicios y bienes, el corazón del negocio se traslada a la red de cohechos y sobornos. No es raro que, en un contexto así, sea mucho más exitosa una empresa fantasma operada por redes de políticos que una empresa operada por verdaderos empresarios. La empresa fantasma no genera valor agregado, pues el corazón de su negocio se encuentra en el soborno y no en la producción y comercialización. La corrupción no añade valor agregado, no genera riqueza, la expropia. En realidad, una empresa que crece al amparo de la corrupción no es sino una agencia de “relaciones públicas” que gestiona favores y no transacciones comerciales. Nada más mortífero para las nuevas empresas que la empresa fantasma, parásita del erario.

3.Las empresas corruptas no son aptas para competir en un mercado globalizado. Esto es así por la sencilla razón de que su ventaja competitiva no depende de su tecnología, del know how, sino de que se finca en la red de complicidades del mercado local. Los efectos de la corrupción en el espíritu emprendedor son devastadores. Las empresas corruptas son parásitas porque no crean valor agregado, lo depredan.

No es casualidad, por ello, que las franquicias y las marcas trasnacionales prosperen en las economías menos desarrolladas y corruptas. El consumidor no es tonto y advierte que ciertos sellos internacionales garantizan mínimamente estándares de calidad con los que las marcas locales, a menudo protegidas por los corruptos, no cuentan. De manera instintiva el consumidor busca la seguridad de la marca transnacional, porque la marca nacional se encuentra bajo sospecha de corrupción.

4. La corrupción es un impuesto regresivo sobre las empresas emergentes y las PYMES. Las empresas trasnacionales se encuentran mejor protegidas y pueden enfrentar con más agilidad la corrupción. Las grandes empresas: a) pueden pagar departamentos jurídicos poderosos; b) tienen acceso a los políticos de alto nivel y a los medios de comunicación; c) aun viéndose coaccionadas para pagar sobornos, sus márgenes de utilidad les permitirían absorber ese gasto y, d) frecuentemente cuentan con la protección tácita de su país de origen.

5. La red de corrupción hace que el entorno sea volátil. El costo se incrementa por la sencilla razón de que la continuidad del negocio no descansa en el imperio de la ley ni en la transparencia de las decisiones, sino en el baladí arbitrio de unas autoridades que pueden cambiar de parecer, según les apetezca, independientemente de lo que mande la ley. Tampoco es casualidad que la inversión en los países más corruptos se enfoque en la depredación de los recursos naturales.

La inversión extranjera no se arriesga por el largo plazo, cuando todo depende de la voluntad arbitraria de una red de funcionarios corruptos. Desde una perspectiva histórica, las grandes empresas han mitigado estos riesgos interviniendo en el plano político y colocando en esos países “gobiernos títeres”. Este es el origen de las llamadas “repúblicas bananeras” del siglo XIX, cuya historia está más que documentada. La expresión, aunque severa, retrata la situación de algunos gobiernos débiles y corruptos sometidos a las grandes trasnacionales.

6. La seguridad se convierte en un bien incierto y caro. La violencia y la inseguridad son hijas de la corrupción. La ilegalidad es difusa de por sí. La corrupción se contagia fácilmente entre instituciones y niveles de gobierno. La inseguridad y violencia que se vive en México no son enfermedades aparecidas de improviso, sino resultado lógico de una enfermedad progresiva.

En un primer momento, las células cancerosas no se manifiestan con todo su horror; para que muestren su rostro letal debe pasar tiempo, en ocasiones, años. No puede extrañarnos que en un país donde desde hace mucho tiempo puede sobornarse a un policía de tránsito con unos cuantos pesos, tarde o temprano este acabe por aliarse con los narcotraficantes. El funcionario de tribunal que esconde un expediente por 50 dólares es, en ciernes, el funcionario que amañará la licitación de una carretera por 100,000 dólares.

En este rubro, quiero insistir en que la seguridad es uno de esos factores necesarios para incubar negocios de alto impacto y tecnología de punta. Difícilmente el emprendedor emergente puede arriesgarse e innovar en empresas, cuando usar un celular en el transporte público es peligroso.

7. La corrupción empobrece al pobre. El mercado interno de un país corrupto está compuesto por consumidores de pocos recursos, como señalé anteriormente. Sin duda, los 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza son un mercado atractivo, pero los serían mucho más si fuesen miembros de la clase media. El poder adquisitivo de la población detona los negocios.

8. La corrupción es evasión fiscal. El dinero negro, las cifras negras de la corrupción no pagan impuestos. El gasto público, en consecuencia, se apalanca en los contribuyentes cautivos y en la deuda pública, lo cual reduce los márgenes de maniobra para el gobierno. La carga fiscal se concentra en pocos. De nueva cuenta, el emprendedor y su start-up es presa fácil de estas excesivas cargas fiscales.

9. La corrupción entorpece el gasto y la inversión pública, lo encarecen, lo distorsionan. Las políticas públicas para abatir la pobreza sufren una sangría. Detrás del colapso de la seguridad social y del sistema de educación pública, se encuentra, no pocas veces, la corrupción acumulada.

ÉTICA EMPRESARIAL: ¿UN PLACEBO CONTRA LA CORRUPCIÓN?

¿Se han preguntado por qué en los halls de elevadores suele haber espejos? La razón fundamental no es estética. El motivo es fácil de adivinar. No fue un arquitecto a quien se le ocurrió poner los espejos en tales lugares; fue un consultor de empresa. Al parecer, los inquilinos de un lujoso edificio de oficinas se quejaban continuamente de la lentitud de los elevadores. Cuando la administración estaba a punto de cambiar la maquinaria por uno más veloz y costoso, intervino un consultor que propuso colocar los espejos. Si estos se ponen donde se aguarda el ascensor, la gente comienza a mirarse, el tiempo se ocupa, la sensación de espera se difumina. Los usuarios no se impacientan. No hace falta comprar maquinaria más rápida.

Ignoro si los elevadores eran realmente lentos o si los inquilinos eran impacientes. La solución fue ingeniosa, pero no tocó fondo. El quid era determinar si la velocidad de los ascensores era adecuada para las necesidades del edificio. Por lo visto, el consultor no se preocupó por determinar esta cuestión. “Resolvió” el problema a su estilo. Quizá la solución era la correcta, pero antes era necesario evaluar la velocidad de los elevadores ¿Funcionaban correctamente?

Esta anécdota me viene a la mente cuando oigo hablar de ética de los negocios y del servicio público. Mucho me temo que en innumerables lugares la ética ha sido introducida como “espejos para elevador”, es decir, fue colocada para la tranquilidad de las conciencias —“esta conciencia tan inoportuna”— y no para transformar la organización y, mucho menos, para cambiar los comportamientos deshonestos. Seré brutal: en vez de transformar la organización, frecuentemente optamos por un “maquillaje ético”. Cuántas veces los mexicanos hemos oído hablar de renovaciones morales del Estado, la sociedad y las organizaciones.

Las escandalosas fortunas de algunos líderes sindicales, los dispendios y saqueos en los gobiernos de los estados, el robo de gasolina, el cobro de “derecho de piso” en muchas ciudades, los asaltos en carreteras, la opacidad de muchos programas sociales son síntomas de un país donde la corrupción es un modus vivendi. A ello hay que sumar la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, no pocas veces, gracias a las corruptas complicidades entre particulares y funcionarios públicos. Este es el ambiente donde nacionales y extranjeros deben hacer negocios.

Esto es, simplemente, la punta del iceberg, no refleja la corrupción de gran calado, donde hay de por medio licitaciones y negocios con los gobiernos federales, estatales y municipales, donde se cocinan leyes y reglamentos a modo.

La violencia desbordada que sufrimos ciudadanos y empresas es el resultado de decenas de años de corrupción. La fallida guerra contra el narcotráfico fue un catalizador que aceleró la descomposición. Si el Estado mexicano hubiese contado con un background de ética cívica y de ética del servicio público, hubiese podido enfrentar adecuadamente al crimen. El sistema penitenciario, la policía, el sistema judicial están infestados por la corrupción y la falta de profesionalidad. Como reza el dicho, “el que siembra tormenta, cosecha tempestades”.

Y todos estamos pagando la factura, porque la seguridad es uno de esos bienes extraños que o la goza toda la sociedad, o nadie. Los coches blindados, los guardaespaldas, las cercas electrificadas no son “seguridad”, sino signos de su ausencia. Vivimos en un entorno enrarecido, donde la vida de las empresas y personas penden de un hilo. Es hora, pues, de asumir nuestra responsabilidad ética.

Es hora de que empresas emergentes y empresas consolidadas, pequeñas y grandes, asuman la parte de responsabilidad que les toca. La corrupción en México se juega en una mesa donde hay muchos jugadores.

Al empresario y al empleado les toca asumir su parte en este reto: cambiar la propia organización. Una estrategia de círculos concéntricos que arranque desde la organización más pequeña puede antojarse demasiado idealista. ¿Qué impacto pueden tener nuestras pequeñas acciones? Tal vez poco, pero el riesgo de aguardar una acción revolucionaria, radical, drástica, que cambie el entorno ético, es que tal oportunidad nunca llegue. No hacer nada ahora porque esperamos un momento crucial es una sutil forma de conformismo, una excusa para la inacción.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

La primera línea estratégica para promover la ética en la cultura de las organizaciones es la transparencia. Es un error pensar que se trata de un valor exclusivo de la gestión pública. Si bien la transparencia es una cualidad que debe exigirse al sector público, las malas experiencias del siglo XXI enseñan la necesidad de luchar contra la opacidad en los negocios privados. El caso Enron no es algo del pasado, una anécdota histórica. Miles de personas siguen pagando las consecuencias.

La transparencia de la información merece, por supuesto, muchos matices. Transparentar cierto tipo de información puede convertirse en un arma en manos de la competencia. Con todo, el problema de la opacidad empresarial tiene también otra explicación: la reticencia de las organizaciones a ser escrutadas y vigiladas por la opinión pública.

Transparencia Internacional ha subrayado, por ejemplo, que existe una relación entre la crisis de la deuda en la eurozona y la falta de transparencia de los gobiernos y de las empresas. La crisis arranca de un problema de deuda y en este tipo de problemas hay dos actores: el deudor y el acreedor. No pocos acreedores ocultaron el dinero que los gobiernos les debían. Este es un elemento de la crisis. El histórico caso Enron y la crisis de la eurozona son caras de una misma enfermedad: opacidad y manipulación de la información.

¿Y esto qué tiene que ver con la ética en México? Muy sencillo. Como decía líneas arriba, la ética empresarial puede convertirse en un agente de cambio. La empresa puede ser un catalizador benéfico o un cómplice del statu quo. Para ello debe cultivar la transparencia y comprometerse con la ética. Estamos en un momento privilegiado, pues la mayoría de las empresas mexicanas son PYMES, más las ahora llamadas start-ups; con organigramas y políticas flexibles, con menor inercia y más capacidad de cambio que las grandes corporaciones. Cambiar la estructura de una corporación es sumamente difícil; son pirámides altamente jerarquizadas. Las PYMES y start-ups, con todo y sus debilidades, tienen mayor capacidad de adaptación y su capacidad de respuesta es más ágil.

La transparencia es una de las mejores estrategias para propiciar la estabilidad interna de las empresas, pues genera confianza, y si hay algo que el inversionista pide es credibilidad en donde invierte.

La transparencia es, en definitiva, un valor deseable en cualquier institución. Los directivos de Enron mintieron sobre las pérdidas de la compañía; no le dijeron la verdad a quien tenía derecho de conocerla: los accionistas y, en otra medida, los empleados, clientes, proveedores y acreedores. Lo mismo hicieron los gobernantes de los países europeos en crisis.

La opacidad, como es lógico, produce resultados impredecibles. Por el contrario, las decisiones bien fundamentadas y transparentes aseguran un camino más sólido. Si la empresa busca mantener cierta coherencia interna, debe utilizar la información para dirigir sus acciones de la mejor forma posible. El modo óptimo de procurar la disponibilidad y el manejo de información es la transparencia. Dentro de una caja negra —un entorno opaco— la utilidad de la información se desdibuja.

La información troceada y mutilada sirve de poco. Sucede como en las series televisivas de médicos: la información en trozos, manipulada y maquillada, le dificulta a Dr. House curar al paciente. Es más, la poca sinceridad del enfermo suele complicar las cosas, los tratamientos acaban por volverse en su contra.

Si la alta dirección es opaca, la información que recibirá será borrosa. Los mandos intermedios no sabrán discernir qué información es realmente valiosa para la cúpula. Cuando la alta dirección necesita datos, pero sus procedimientos son turbios, la información que recibirá se verá distorsionada por su propia actitud. Se convertirá en un detective o en un periodista que pregunta por P para enterarse de Q, y tal actitud acaba por filtrarse en toda la organización. En otras palabras, la opacidad institucional genera desconfianza y simulación. La cultura de la opacidad va permeando a proveedores, clientes y socios estratégicos.

LA ÉTICA EXPLÍCITA: LA EMPRESA SOCIAL

Pero hay, además, otro motivo para promover la transparencia. Las empresas son actores políticos. El impacto de las corporaciones sobre su entorno va más allá de la relación entre cliente y empresa. La influencia empresarial —positiva o negativa— puede alcanzar extensiones no solo económicas, sino también sociales, políticas y ecológicas. Hay empresas más poderosas que el gobierno de varios países juntos. Algunas decisiones empresariales impactan a millones de vidas. Pensemos, si no, en las grandes corporaciones financieras, los emporios digitales o en la industria farmacéutica.

La vida de una corporación va más allá de la relación entre propietarios y empleados. Me temo que aún no nos percatamos del impacto de la empresa en la vida de los clientes, los proveedores y, en general, de la sociedad.

Las empresas no son monolitos aislados que se relacionan con el mundo únicamente con base en contratos. Nos guste o no, las relaciones entre la empresa y “los otros” van más allá de la compra-venta. Precisamente por ello no puede darse el lujo de la opacidad indiscriminada. Independientemente de si cotiza o no en la bolsa, la empresa privada impacta en la esfera pública por lo cual debe transparentar cierta información. Una manifestación, muy simple, de tal exigencia de transparencia es la obligación de colocar etiquetas con el contenido nutricional claro y confiable en los alimentos. ¿Otra? La condena contra los productos milagro, cuya publicidad engaña. La publicidad debe transparentar las ventajas de la mercancía, no inventarlas.

Esto no atenta contra los “secretos industriales”. Ciertamente, parte del negocio consiste en el know how, “la receta secreta”. Aun así, deben existir mecanismos para evitar que esta sea cancerígena. Incluso un inofensivo refresco de fresa 100% natural puede resultar letal para los alérgicos a esta fruta. El consumidor no tiene derecho a conocer “la receta secreta”, pero sí a conocer aquello que podría dañarlo. Una vez más aparece la importancia de la transparencia.

En otras palabras, el “secreto empresarial” no es un derecho absoluto, sino un derecho relativo, sólidamente condicionado por la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

CÓDIGOS DE ÉTICA

Poco a poco las empresas van redactando sus códigos de ética (Llano y Zagal, 2001): una descripción de los valores aceptados por la compañía y por todos sus empleados. Tales códigos establecen un compromiso de la empresa con las partes involucradas: clientes, accionistas, empleados, proveedores, sociedad civil y gobierno. Son un primer paso, importante, pero solo eso: un paso.

La elaboración de un código de ética puede resultar muy benéfico para la empresa y su entorno cuando se procura el cumplimiento de sus principios. Una “empresa ética”, definitivamente, es mucho más atractiva para trabajadores, clientes e inversionistas que su contrario.

En este aspecto, las nuevas empresas tienen una oportunidad extraordinaria porque pueden definir clara y nítidamente su cultura ética. Para los emergentes, el código de ética no debe ser un accesorio decorativo, una cereza en el pastel, sino uno de los documentos fundacionales.

El cumplimiento de los códigos de ética, en conjunción con la transparencia, especialmente con aquella que le es propia al gobierno corporativo, es una herramienta poderosa para desarrollar la empresa.

A pesar de que los lineamientos de un código de ética rigen principalmente para los colaboradores internos (empleados y directivos) de las empresas, esta normatividad incide en otros actores sociales. Esto es positivo porque un país lleno de empresas con altos estándares éticos es un país con ética cívica.

Sin embargo, hay otro riesgo más sutil: cuando el cumplimiento de códigos éticos se transforma en una cortina de humo, una especie de buena educación empresarial.

¿ÉTICA O BUENOS MODALES?

Durante un congreso sobre ética empresarial, el director de una empresa de tecnología especializada en la fabricación de turbinas contó una historia edificante. La compañía trató de vender sus productos en cierto país donde algunos funcionarios le pidieron dinero para cerrar el trato. El expositor, orgulloso, contó cómo la empresa se negó rotundamente a pagar el soborno a cambio de vender sus productos. Obviamente, la empresa perdió el negocio de varios millones de dólares antes que transigir con aquella trapisonda burocrática.

La historia podría parecer un ejemplo perfecto de ética empresarial, solo que se trataba de turbinas diseñadas para aviones de combate y el país en cuestión era un régimen militar africano, cuya autoridad se basaba en el uso indiscriminado de las armas. Mala fue la excusa que esgrimió aquel expositor cuando intentó evadir la objeción de un asistente: “A la alta dirección de mi empresa no le preocupa la política internacional.”

No sobornar para ganar una licitación es mucho, pero detrás de aquello había mucho más fondo, un dilema ético de altos vuelos que correspondía a la alta dirección y, sin duda, a los accionistas. ¿Es correcto vender armas a una dictadura militar que viola los derechos humanos, condenada por la ONU?

De poco sirve contar con una serie de lineamientos estrictos que regulen el comportamiento en una empresa, si este es cuestionable desde sus fundamentos. El caso de la empresa fabricante de turbinas es un triste ejemplo de “colar al mosquito y tragar camellos”. En efecto, el vendedor actuó de forma ética y fue congruente con los principios de su corporación. Lamentablemente, vender armas a un régimen despótico y cruel contribuye a envilecer el mundo y, para colmo, violaba acuerdos oficiales de la ONU.

La ética de una empresa no se reduce únicamente a una serie de lineamientos formales, normas y procedimientos de adquisiciones. Reducirla a eso equivaldría a convertirla en un manual de urbanidad y buenos modales.

¿Cuál es el gran reto de la ética empresarial en este México del siglo XXI? Que el emprendedor, el empresario, el accionista y el directivo asuman su dimensión pública y se reconozcan como un actor social. De lo contrario, la ética empresarial devendrá en un placebo para ocultar los síntomas del cáncer. Estaríamos colocando espejos en el hall del rascacielos cuando lo que se necesitaba eran elevadores nuevos. Lo peor de todo es que, al menos en el caso de México, algunos de los ascensores ya se han desplomado, matando consigo a sus pasajeros.

NOTA

[1] En el argot empresarial, se denomina “Valle de la muerte” al momento en que las empresas aún no están consolidadas y son particularmente susceptibles y vulnerables. Se trata de una etapa difícil, en la que la mayoría de los proyectos de los emprendedores colapsan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2017 Index of Economic Freedom (2017). Recuperado de: http://www.heritage.org/index/ranking

Banco Mundial (2016). Clasificación de las economías. Doing business. Midiendo regulaciones para hacer negocios. Recuperado el 30 de octubre de 2016: http://espanol.doingbusiness.org/rankings

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo social, CONEVAL (2015). Medición de la pobreza. Pobreza en México. México. Recuperado de: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Esquivel Hernández, G. (2015). Concentración del poder económico y político. México: OXFAM, Iguales. Recuperado de: http://www.cambialasreglas.org/pdf/desigualdadextrema_informe.pdf

Gwartney, J., Lawson, R. y Hall, J. (2015). Economic Freedom of the World: 2015 Annual Report. Vancouver: Fraser Institute. Recuperado de: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2015.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (s/f). Cuéntame. Esperanza de vida. Información para niños y no tan niños. Recuperado el 30 de octubre de 2016 de: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P

Llano Cifuentes, C. y Zagal Arreguín, H. (2001). “Códigos de ética en las organizaciones. ¿Una necesidad real o una moda superflua?”. En Llano Cifuentes, C. y Zagal Arreguín, H.. El rescate ético de la empresa y el mercado (1.ª ed.). pp. 145-150. México: Trillas.

Los 14 mexicanos más ricos del mundo (1 de marzo de 2016). Milenio. Recuperado de: http://www.milenio.com/negocios/millonarios_del_mundo-multimillonarios-carlos_slim-bill_gates-mas_ricos_del_mundo_0_692930950.html

Meana, S. (15 de noviembre de 2015). Corrupción representa 9% del PIB: Banco Mundial. El Financiero. Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx

Mejor esperanza de vida en Estados Unidos (s/f). Expansión / Datosmacro.com. Madrid, España. Recuperado el 30 de octubre de 2016 de: http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/usa

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2015). El Índice de Desarrollo Humano. Recuperado el 30 de octubre de 2016 de: http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (s/f). México. Recuperado el 30 de octubre de 2016 de: http://hdr.undp.org/es/countries/profiles/MEX

Rodríguez Arregui, Á. y Urbina Gamboa, A. (2015). Emprendedurismo y corrupción. México: Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Recuperado de: http://imco.org.mx/indices/#!/competitividad_internacional_2015/analisis/corrupcion_y_economia/emprendedurismo_y_corrupcion

Schwab, K. (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Ginebra: World Economic Forum. Recuperado de: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

Transparencia Mexicana (26 de enero de 2016). “México, estancado en percepción de la corrupción” (comunicado de prensa). México: Autor. Recuperado de: http://www.tm.org.mx/ipc2015/

World Justice Project, WJP (2016). WJP Rule of Law Index 2016. Washington, DC: Autor. Recuperado de: http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf

HÉCTOR JESÚS ZAGAL ARREGUÍN

ESCRITOR Y DIVULGADOR CULTURAL. DOCTOR EN FILOSOFÍA (UNIVERSIDAD DE NAVARRA), MAESTRO EN FILOSOFÍA (UNAM) Y PROGRAMA D-1 (IPADE). PROFESOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. MIEMBRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES. AUTOR, ENTRE OTROS LIBROS, DE AL RESCATE ÉTICO DE LA EMPRESA Y EL MERCADO, EN COAUTORÍA CON CARLOS LLANO (2001). PROFESOR INVITADO DEL IPADE.

EL AUTOR AGRADECE A JESÚS EDUARDO RIVADENEYRA GONZÁLEZ DE LA LLAVE TODA LA COLABORACIÓN PRESTADA EN LA ELABORACIÓN DEL PRE-SENTE CAPÍTULO.