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CAPÍTULO 2 La economía política y la ecología política del ciclo hidro-social

Erik Swyngedouw

Como consecuencia del resurgimiento de la cuestión ambiental en la agenda política, en los últimos años ha aparecido un número creciente de trabajos en torno a la economía política y la ecología política del agua y la circulación hídrica (Gandy, 1997; Loftus, 2005; Kaika, 2005; Castro, 2006). Ello ha permitido redefinir los contornos de la investigación sobre recursos hídricos y abrir una agenda de investigación apasionante y de vital importancia para los años venideros.

Las perspectivas político-ecológicas sobre el agua señalan una estrecha relación entre las transformaciones del –y dentro del– ciclo hidrológico a nivel local, regional y global, por un lado, y las relaciones del poder social, político, económico y cultural, por el otro (Swyngedouw, 2004). En un intento sostenido por trascender la oposición modernista naturaleza-sociedad, la investigación hidro-social considera la circulación del agua como un proceso físico y social, como un flujo socio-natural hibridado que fusiona de manera inseparable la naturaleza y la sociedad (Swyngedouw, 2006a). Plantea una revisión de los enfoques tradicionales fragmentados e interdisciplinarios sobre el estudio del agua, insistiendo en la inseparabilidad de lo social y lo físico en la producción de configuraciones hidro-sociales específicas (Bakker, 2003; Heynen y cols., 2005).

Esta perspectiva introduce una gran variedad de temas nuevos y fundamentales de investigación, e insta a considerar la posibilidad de una transformación en la manera en que se piensan, se formulan y se implementan las políticas relativas a los recursos hídricos. A continuación, se exponen algunas cuestiones vitales y las propiedades socio-naturales del ciclo hidro-social, y se traza el camino para futuras investigaciones.

Metabolizar el ciclo hidro-social global/local: la conexión con las luchas por el poder

Los cambios sociales y los cambios en el uso, la gestión y la organización sociopolítica del ciclo del agua se determinan mutuamente (Norgaard, 1994). Junto con la transformación de la circulación terrestre y atmosférica del agua, producen distintas formas de circulación hidro-social y nuevas relaciones entre los sistemas de circulación de agua locales y los circuitos hidrológicos globales. En otras palabras, los ambientes hidráulicos son construcciones socio-físicas producidas activa e históricamente en función tanto del contenido social como de las cualidades físico-ambientales. Por lo tanto, no hay nada a priori antinatural en ambientes construidos tales como diques, sistemas de irrigación, infraestructuras hidráulicas, etcétera (Harvey, 1996).

Los ambientes producidos son resultados históricos específicos a partir de procesos socio-biofísicos. La mayoría de los procesos sociales y de las condiciones socio-ecológicas (por ejemplo, las ciudades, los sistemas de producción industrial o agrícola, etc.) se sostienen y se organizan invariablemente a través de una combinación de procesos sociales (tales como las relaciones entre el capital y el trabajo o las formas de organización del trabajo) y procesos metabólico-ecológicos (la transformación biológica, química o física de los recursos “naturales”, realizada por lo general a través de una serie de tecnologías interconectadas) (Heynen y cols., 2005). Estos metabolismos (por ejemplo, la producción de agua potable, los productos agrícolas o los chips de computadoras) generan una serie de condiciones ambientales y sociales a la vez favorables y desfavorables. Si bien las cualidades ambientales –tanto físicas como sociales– pueden mejorar en algunos lugares y para algunas personas, ello a menudo conduce a un deterioro de las condiciones sociales y físicas en otros lugares (Peet y Watts, 1996; Keil, 2000). Por lo tanto, los procesos de cambio socio-ambiental nunca son social o ecológicamente neutrales. Se crean así condiciones en las que ciertas trayectorias de cambio socio-ambiental socavan la estabilidad o la coherencia de algunos grupos o ambientes sociales, mientras que la sustentabilidad de otros grupos o ambientes sociales puede mejorar en otras partes. Pensemos, por ejemplo, que para proveer de agua a las grandes ciudades, a menudo es necesario transportarla desde lugares o regiones situados a grandes distancias.

La movilización de los recursos hídricos para usos distintos en lugares distintos es un proceso no exento de conflictos y cada sistema tecno-social que organiza el flujo y la transformación del agua (a través de diques, canales, tuberías, etc.) muestra cómo está distribuido el poder social en una sociedad determinada (Swyngedouw, 1999). Por ejemplo, en las megaciudades del Sur global el acceso al agua potable es precario para un gran número de personas, pese a que los ricos y poderosos suelen contar con agua más que suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y sus lujos. En síntesis, el estudio político-ecológico del proceso hidro-social revela la naturaleza intrínsecamente conflictiva del proceso de cambio socio-ambiental y saca a la luz los conflictos inevitables (o sus desplazamientos) que impregnan el cambio socio-ambiental. Por consiguiente, es necesario prestar especial atención a las relaciones sociales de poder (sean materiales, económicas, políticas o culturales) a través de las cuales se producen las transformaciones hidro-sociales. Ello implica también el análisis de los discursos y los argumentos que se utilizan para defender o legitimar determinadas estrategias. Son esas geometrías de poder y los actores sociales que las llevan a cabo los que, en última instancia, deciden quiénes tendrán el acceso o el control de los recursos o de otros componentes del ambiente y quiénes serán excluidos de ese acceso o control. En suma, es de vital importancia examinar cómo las transformaciones hidro-sociales están incrustadas en, e impregnadas por, las luchas de clase, de género, étnicas y otras luchas de poder. Sin duda, estas disputas se van a intensificar en un futuro cercano a medida que se acelere el cambio ambiental y ese hecho requiere con urgencia la atención de los investigadores.

¿Escasez de agua o excedentes de agua?

Una de las áreas clave donde se desarrolla la lucha social ambiental es la del acceso, del control y de la distribución de partes del ciclo hidro-social. En los últimos años se han utilizado poderosos argumentos que, por un lado, consideran el agua como un recurso esencialmente escaso en algunos lugares y que, por otro lado, señalan los peligros reales o latentes debido a la sobreabundancia de agua en zonas propensas a inundaciones, huracanes, etcétera (Bakker, 2000; Kaika, 2003). Esa área necesita una atención inmediata y urgente, sobre todo teniendo en cuenta los impactos del cambio climático. Se pueden observar formas de escasez relativa en relación con las condiciones socio-físicas en ciertos contextos histórico-geográficos; y asimismo, la fuerza del agua puede causar desastres socio-climatológicos (por ejemplo, en Nueva Orleans en 2005 o en el Reino Unido, en 2007).

También cabe destacar que las consecuencias socio-ambientales positivas y negativas de esas condiciones están distribuidas de manera muy desigual, desde el punto de vista social, y son generadas por la particular organización política e institucional del ciclo hidro-social. Mientras que los argumentos neoliberales hegemónicos sostienen que el mercado ofrece el mecanismo óptimo para la asignación de recursos hídricos presumiblemente escasos y la bibliografía sobre los riesgos vinculados con el agua señala la distribución inequitativa de los efectos sociales generados por las crisis de agua, la perspectiva político-ecológica subraya y describe lo que esas configuraciones hidro-sociales inequitativas tienen de producción esencialmente social (Swyngedouw, 2006b, 2007). Por lo tanto, es imperioso teorizar y comprobar empíricamente los procesos mediante los cuales se producen determinadas configuraciones socio-hidrológicas que generan condiciones socio-hidrológicas inequitativas. Dicho de manera más sencilla, las intervenciones en la organización del ciclo hidrológico son siempre de índole política y, por ende, refutables. Ese carácter intrínsecamente social del control y la organización de los recursos hídricos debe ser identificado y esclarecido.

¿De quién es el agua?

De lo dicho anteriormente se desprende la necesidad de abordar la cuestión acerca de quién tiene derecho a qué calidad y cantidad de agua, y quién debería controlar, gestionar o decidir la forma de organizar el ciclo hidro-social. Los movimientos sociales invocan los principios del derecho universal al agua, basados en la necesidad biológica de tener acceso a volúmenes mínimos de agua de calidad suficiente a fin de asegurar el metabolismo físico y la reproducción social. Sin embargo, esos reclamos son sistemáticamente socavados por otros reclamos igualmente poderosos, basados en los derechos de propiedad y el uso exclusivo que éstos implican. El acceso inequitativo o el control del agua son invariablemente el resultado de las condiciones geográficas, las decisiones técnicas y las disposiciones político-legales, y la inequidad en el acceso al agua debe entenderse cada vez más como el resultado de la interacción entre esos tres factores. Durante demasiado tiempo, las investigaciones sobre los recursos hídricos se centraron o bien en el aspecto físico o bien en el aspecto gerencial de la problemática del agua, a menudo eludiendo la controvertida cuestión acerca de cómo las relaciones de poder político-económico fusionan lo físico y lo gerencial de maneras invariable y particularmente inequitativas desde el punto de vista social.

Como señaló Aristóteles hace bastante tiempo, cuando se encuentran dos derechos iguales, el poder decide. En efecto, bajo la hegemonía actual neoliberal, los derechos al agua se articulan cada vez más a través de la dinámica de mercantilización del agua, de la apropiación privada de recursos hídricos, de tácticas de despojamiento y otros mecanismos similares (Bakker, 2003). Considérese, por ejemplo, cómo en China o en los antiguos Estados soviéticos las instalaciones y la infraestructura de los servicios de agua han sido transferidas –por lo general sin compensaciones– al capital y a los actores privados; o cómo los fondos de inversión financiera (como los que en 2008 produjeron la mayor crisis social en un siglo) han invertido en servicios de abastecimiento de agua sólo en virtud de su valor financiero. Así, por ejemplo, el fondo de inversión australiano Macquarie compró en 2006 Thames Water, el sistema de provisión de agua de Londres. En otras palabras, el proceso de circulación hidro-social se articula cada vez más a través del nexo financiero (Swyngedouw, 2009).

Es absolutamente necesario analizar cómo los derechos públicos al agua se transforman social, política y económicamente en derechos de propiedad exclusivos, cuyo acceso es manejado a través de mecanismos del mercado. En tales circunstancias, se produce una significativa tensión urbano-rural, evidente por ejemplo en ciudades como Las Vegas (Smith, 2008). La acumulación mediante el despojamiento y la inclusión sistemática de partes del ciclo hidro-social en tácticas de acumulación de los actores privados está reconfigurando rápidamente los mecanismos y procedimientos que regulan y organizan el acceso al agua o la exclusión de dicho acceso y, en consecuencia, está alterando los mecanismos sociales que configuran las prerrogativas y los derechos relacionados con el agua (Harvey, 2003). Cada vez se afianza más la idea de que el acceso al agua está organizado a través de los mecanismos de mercado y del poder del dinero, independientemente de las necesidades sociales, humanas o ecológicas.

La comprensión de este hecho resulta vital a la luz del fracaso de la comunidad internacional en avanzar de manera decidida hacia el cumplimiento del Objetivo del Milenio de reducir a la mitad, para el año 2015, el número de personas en el mundo que no tienen un acceso adecuado a los servicios de agua y saneamiento. Era posible predecir con certeza que esos objetivos no se lograrían, en gran parte debido a la hegemonía del modelo neoliberal que rechaza los subsidios públicos, pese a que los sistemas privatizados de provisión de agua han fracasado sistemáticamente en aliviar de manera significativa la crisis hídrica del Sur Global en lugares como Manila, Jakarta o Lagos (Swyngedouw, 2009). El acceso inadecuado a los servicios de agua, sobre todo en las megaciudades del mundo menos rico, es la principal causa de mortalidad prematura y su costo humano y ambiental supera ampliamente los pronósticos sobre las consecuencias negativas que tendrá el cambio climático en la humanidad. Por supuesto, quienes mueren debido a la falta de un saneamiento adecuado son siempre los pobres y los que no tienen poder alguno (Gleick, 2004; Gleick y Cooley, 2006).

En la mayoría de los casos, la verdadera escasez no consiste en la ausencia física de agua sino en la falta de recursos monetarios y de voluntad política y económica. No es la ausencia de agua lo que hace que las personas mueran de sed, sino la pobreza y la gobernanza que marginan. Las perspectivas político-ecológicas urbanas ponen de relieve las relaciones de poder económico y político a través de las cuales se organiza el acceso, el control y la distribución del agua. Si bien las decisiones respecto de cuál es la tecnología “apropiada” en términos física, cultural y económicamente sustentables y equitativos cumplen un papel importante a la hora de determinar el acceso al agua segura en contextos menos favorecidos (Smith, 2008), la consideración e implementación de esas decisiones es un proceso claramente político y debe ser analizado como tal.

Administrar las configuraciones hidro-sociales

Sin duda, las configuraciones hidro-sociales reflejan las preferencias hegemónicas políticas, sociales y culturales. Desde el trabajo seminal de Karl Wittfogel sobre la relación entre el poder autocrático y los sistemas hidrológicos, resulta claro que el poder social se articula a través de sistemas socio-técnicos (Wittfogel, 1957). Esto es válido tanto para la Presa de las Tres Gargantas de China como para la gestión de las cuencas inferior y superior del río Colorado o el riego de los viñedos en California. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de explorar la intrincada relación entre los sistemas políticos, el uso, gestión y distribución del agua y la organización del sistema hidro-social. En particular, se plantean interrogantes acerca de la relación entre la gobernanza democrática, por un lado, y la gobernanza de los recursos hídricos, por el otro. En la actualidad se acepta por lo general que muchos de los grandes sistemas hidro-sociales están asociados con organizaciones políticas e institucionales autocráticas (Worster, 1985; Swyngedouw, 2006b).

El debate actual sobre los recursos hídricos a menudo sacrifica la gobernanza democrática en el altar de la eficiencia tecnológica y económica, y salvaguarda las relaciones políticas existentes. Explorar la relación entre la democracia, la gestión del agua y el poder social es un tema de investigación de vital importancia. También se plantean interrogantes en torno a la capacidad de los sistemas democráticos y otros sistemas para enfrentar las crisis asociadas a sequías, inundaciones o enfermedades. Es una cuestión particularmente acuciante ya que las crisis hídricas van a ir aumentando, tanto en número como en escala. Es perentorio entonces considerar formas democráticas de gobernanza hídrica en una variedad de escalas geográficas interrelacionadas. Y resulta acuciante en aquellas regiones donde hay una fuerte competencia de demandas de agua (por ejemplo, la pugna entre las demandas rurales y urbanas ante la escasez de agua) o donde tensiones sociopolíticas significativas hacen que el agua sea usada como una formidable arma geopolítica (por ejemplo, la reciente amenaza de Israel de cortar el suministro de agua en Gaza).

Imaginar metabolismos hidro-sociales diferentes

En resumen, existen relaciones intrincadas y multidimensionales entre la organización socio-técnica del ciclo hidro-social, las geometrías de poder asociadas que digitan el acceso al agua o su exclusión y las inequitativas relaciones de poder políticas que afectan los flujos de agua. Hay una necesidad urgente de explorar las diversas maneras en que el poder social en sus distintas expresiones económicas, culturales y políticas se fusiona con los principios de la gestión de los recursos hídricos, con la elección de los sistemas tecnológicos y con las estructuras de abastecimiento, distribución y evacuación del agua. En la medida en que haya efectivamente una relación estrecha entre el ordenamiento hidro-social y las configuraciones político-económicas, o en otras palabras, entre la “naturaleza de la sociedad” y la “naturaleza de sus flujos de agua”, todo proyecto hidro-social reflejará un tipo particular de organización socio-ambiental. Imaginar formas de organización diferentes, más inclusivas, sustentables y equitativas implica imaginar formas de organización social deferentes, más eficaces y democráticas. Este desafío es el más apremiante y requiere un esfuerzo intelectual sostenido, así como la movilización de energías creativas por parte de aquellos que tienen al agua como objeto de investigación.

Referencias

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