Читать книгу Taller de prácticas laborales y de seguridad social 2020 - José Pérez Chávez - Страница 4

Las principales fuentes escritas del Derecho del Trabajo son el artículo 123, ubicado en el Título sexto, denominado “Del Trabajo y de la Previsión Social”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y la Ley Federal del Trabajo (LFT), reglamentaria del Apartado A del mencionado artículo 123 constitucional.

El sistema laboral en México está dividido en dos grandes grupos que parten de su regulación en el artículo 123 constitucional, tal como enseguida se cita:

1. El Apartado A, que rige las relaciones entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo.

2. El Apartado B, aplicable a los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

Las relaciones obrero-patronales del Apartado A se rigen por la LFT y las del Apartado “B” se norman al amparo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En la presente obra se analizan las relaciones laborales reguladas por la LFT, la cual en 2012 marcó la pauta para el despegue hacia la modernidad laboral, ya que tras 40 años de no modificarse, al final del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se logró una reforma con la que se prevén beneficios amplios a los factores de la producción, a patrones y a trabajadores y, desde luego, a quienes no cuentan con un empleo.

Con la reforma laboral se lograron cambios relacionados con la contratación, capacitación y despido de los trabajadores.

En esta edición se analizan diversas modalidades de contratación, como el periodo de prueba con duración máxima de 30 días para trabajadores en general y hasta 180 días para empleados de confianza, la relación de trabajo para capacitación inicial y el trabajo de temporada. Asimismo, se comenta la regulación del régimen de subcontratación, comúnmente conocido como outsourcing, mediante el cual los patrones podrán contratar trabajadores a través de un tercero intermediario pero, desde luego, cumpliendo ciertos requisitos y formalidades.

También se analiza el límite de 12 meses en el pago de los salarios caídos para trabajadores despedidos de manera injustificada cuando en el juicio correspondiente no se compruebe la causa de la rescisión.

Al respecto, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante su tesis aislada I.16o.T.2 L (10a.) considera que limitar el pago de salarios vencidos a doce meses en el primer año y posteriormente calcular el 2% mensual de intereses sobre la base de quince meses, es inconstitucional por violar los principios de progresividad, justicia y equilibrio social, al lesionar los derechos fundamentales del trabajador, puesto que lo priva de satisfacer sus necesidades personales y familiares.

En materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, se analiza el Sistema para declarar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como los Lineamientos de operación y funcionamiento del sistema.

También se comenta el Sistema para informar a la autoridad del trabajo el nivel de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento y seguridad y salud que prevalecen en los centros de trabajo (CUMPLILAB), el cual fue publicado en el DOF del 1o. de agosto de 2017.

De igual manera, se analiza el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores y sus respectivas modificaciones, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2015 y 16 de agosto de 2016, así como la creación de un nuevo Portal de capacitación, adiestramiento y productividad laboral que pretende promover acciones para el mejoramiento de los ingresos y los niveles de bienestar de los trabajadores formales y el de sus familias.

En materia de trabajo de menores de edad se han tomado en cuenta las reformas a la LFT, publicadas en el DOF el 12 de junio de 2015, para considerar como edad mínima de admisión al empleo la de 15 años, desde luego, cumpliendo con los requisitos estipulados en el decreto correspondiente.

Sin duda, las relaciones laborales entre los particulares son las más representativas del derecho del trabajo en México, de ahí que han sido incorporadas al derecho positivo como mandatos expresos en la ley laboral y su observancia es obligatoria tanto para los patrones como para los trabajadores.

No menos importante es la seguridad social, cuya ley, desde su promulgación en 1943, estableció como objetivo primordial garantizar el derecho a la salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión.

En materia de servicios médicos y hospitalarios, el artículo 89, fracciones II y III, de la LSS establece la posibilidad de otorgarlos de manera indirecta, mediante la reversión de cuotas obrero-patronales; así, en esta edición se analiza el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, publicado en el DOF el 12 de agosto de 2013, que establece las reglas de carácter general para normar este procedimiento.

Asimismo, se analiza la adición de la fracción V al artículo 89 de la LSS, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2015, para establecer la obligación de proporcionar la atención de las mujeres embarazadas que presenten urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

De igual manera se analiza el nuevo procedimiento para obtener incapacidades por maternidad para que las trabajadoras puedan decidir si atienden la evolución de su embarazo con un médico externo o directamente en el IMSS. Dicho procedimiento atiende a lo establecido en el artículo 170, fracción II, de la LFT.

Con el nuevo procedimiento el IMSS expedirá un certificado único de incapacidad por 84 días, que amparará tanto el periodo prenatal como el posnatal.

Asimismo, las aseguradas podrán transferir de una a cuatro semanas de su periodo previo al parto al posterior; para ello, deberán llenar la solicitud de transferencia de semanas, así como contar con el consentimiento del patrón y con la autorización del médico familiar.

Respecto a la integración del salario que servirá de base para cotizar ante el IMSS y el Infonavit, se incluyen varios casos prácticos que muestran el procedimiento a seguir considerando las distintas prestaciones legales y extralegales, de naturaleza fija, variable o mixta y observando los criterios normativos del IMSS e Infonavit.

También se indica el procedimiento a seguir para calcular las cuotas obrero-patronales, desde la retención a trabajadores hasta la determinación de las cuotas a enterar al IMSS e Infonavit.

Finalmente, se ha considerado un capítulo específico para analizar el estímulo fiscal en el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS para incentivar la incorporación al Régimen de incorporación fiscal, cuyas disposiciones fueron publicadas en el DOF el 8 de abril, 1o. de julio de 2014 y 11 de marzo de 2015.

Esta obra se ha elaborado pensando en los estudiantes, profesionistas y empresarios que requieren de talleres de estudio sencillos y prácticos que faciliten la comprensión de las materias laboral y de seguridad social.

Esta obra denominada justamente Taller de prácticas laborales y de seguridad social consta de diez capítulos integrados con marco teórico y casos prácticos esenciales para la comprensión exacta de las obligaciones patronales y de los trabajadores en el ámbito laboral.

Nota importante por considerar:

De acuerdo con el artículo tercero transitorio del “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”, publicado en el DOF el 27/I/2016, a la fecha de entrada en vigor de este decreto (al día siguiente de su publicación en el DOF), todas las menciones al salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, así como en cualquier disposición jurídica que emane de éstas, se entenderán referidas a la UMA, la cual será equivalente al valor que tenga el salario mínimo general vigente diario en todo el país a la fecha de entrada en vigor del decreto de referencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo cuarto transitorio del decreto en comento indica que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto en cita, con el objetivo de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la UMA.

Por otra parte, el 30 de diciembre de 2016 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización”. Esta ley entró en vigor el 31 de diciembre de 2016 y tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para determinar el valor actualizado de la UMA.

Las obligaciones y supuestos denominados en UMA se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las unidades referidas, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.

El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el INEGI. Asimismo este instituto publicará en el DOF, dentro de los primeros 10 días de enero de cada año, los valores de la UMA diario, mensual y anual en moneda nacional, los cuales entrarán en vigor el 1o. de febrero del año correspondiente.

El valor de la UMA se actualizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 4o. de la Ley para Determinar el Valor de la UMA.

Cabe mencionar que el 1o. de mayo de 2019 se publicó el “Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva”, en el cual se modificaron las referencias al salario mínimo por la UMA.

Por último, en el DOF del 10 de enero de 2019 se dio a conocer el valor de la UMA vigente del 1o. de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, como sigue:

- Valor diario	$84.49
- Valor mensual	$2,568.50
- Valor anual	$30,822.00

Por lo que se recomienda estar pendiente de la publicación del valor de la UMA que esté vigente del 1o. de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.