Читать книгу Venezuela migra: aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia - Laura González - Страница 45

El saliente Gobierno tomó la decisión de crear la Gerencia de Frontera con Venezuela, con el fin de atender todas las necesidades de los departamentos más afectados por el nuevo flujo migratorio. De esta manera, se centralizaron en esta gerencia, adherida al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la coordinación interinstitucional y la articulación de una junta directiva a la que pertenecen otros delegados del Gobierno nacional, para implementar el Plan Frontera (Caracol Radio, 2018).

El Plan Frontera tiene como finalidad controlar la ola migratoria de ciudadanos venezolanos (El Espectador, 2018). Este objetivo se orienta a la creación de medidas proactivas que fomenten la permanencia de los migrantes venezolanos en las zonas de frontera o su desplazamiento organizado hacia otras regiones del país.

En esta línea se elimina esta función de la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores y se centraliza como una organización para atender la emergencia (humanitaria y migratoria) relacionada con la dinámica fronteriza. También se le delegan funciones anteriormente pertenecientes a Migración Colombia. La Gerencia de Frontera tiene funciones de “vigilancia de las dinámicas fronterizas”, las cuales no son claras y se sobreponen a funciones que tienen delegadas otras entidades para la gobernanza de la migración en el país, funciones provenientes de la política nacional de migraciones.

En aras de fomentar el diálogo interinstitucional, también se creó el Grupo Especial Migratorio (GEM), encabezado por Migración Colombia y conformado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El GEM “tiene como objetivo atender a la población infantil en situación de vulnerabilidad que está cruzando la frontera, así como apoyar la lucha contra el contrabando, mejorar la seguridad ciudadana y recuperar el espacio público” (El Espectador, 2018).

La creación de estos dos organismos amplía la oferta de instituciones encargadas de atender el problema migratorio, pero no diversifica (solo canaliza) la oferta institucional para la atención de las necesidades de la población en frontera o en otros contextos. Su creación tampoco se orienta a entender de manera teórica o práctica los posibles efectos del control migratorio; estas organizaciones no están pensadas como fuentes de información para alimentar el debate público. Así mismo, no se encuentran del todo articuladas con la política nacional de migraciones, ya que tienen voluntad de ser temporales y solo orientadas a la atención de la frontera con Venezuela, dejando a personas de otras nacionalidades desprotegidas frente a posibles presiones migratorias.

En esta línea, se creó una encrucijada institucional de cara a las jerarquías que tiene cada una de las entidades creadas y las ya existentes para la atención del problema migratorio. Por un lado, se tienen ministerios implicados en la implementación, entidades descentralizadas, nuevas entidades que provienen del orden presidencial y otras que se vuelven supraorganizaciones para orientar a entidades descentralizadas. En otras palabras: Colombia se enfrenta entonces a un intrincado juego institucional que puede no estar aportando a la solución del conflicto que supone un cambio de paradigma en la migración internacional.

Con todo, su creación puede verse como una fuente de política pública en tanto es vista como una propuesta de solución para la canalización de acciones desarticuladas. Esta visión aporta a darles solución a necesidades expuestas en el diagnóstico previo de la PIM y del principio de efectividad en la acción del Estado.