Читать книгу Activismo, diversidad y género - Laura Raquel Valladares de la Cruz - Страница 14

Fueron días de actividades arduas y responsabilidades que asumieron las autoridades locales y agrarias de las comunidades del municipio Ayutla: Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande; al mismo tiempo, las asambleas se intensificaron, el común denominador era la defensa y gestión responsable de los bienes naturales y “limpiar Ayutla de los chicos malos” (palabras del comandante Ernesto, 2012).

De forma simultánea a que se tomaban las clases en la Unisur, algunos de las 54 personas resguardadas tenían pláticas con los principales y con el Consejo de Autoridades, como parte del procedimiento de reeducación: “se acordó que construyan el comedor universitario de la Unisur”. Otros resguardados se dedicaban a tejer hamacas en la cancha, justo enfrente de la iglesia. Como facilitadora de la universidad, en ocasiones, me asignaban ir a la comisaría por los resguardados y explicar dicha construcción. Durante este trayecto, documenté con fotografía y video el trabajo comunitario. Sin embargo, 27 (cinco mujeres) de los 54 resguardados se encontraban en otro espacio que no era la comisaría y al que únicamente el Consejo de Autoridades y los comandantes tenían acceso.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el proceso de reeducación, inherente al sistema comunitario donde “se daba la oportunidad a los detenidos para reconocer sus errores o faltas cometidas y mejorar sus conductas a través de trabajo comunitario”,²⁴ se realizaron dos asambleas puntuales, hitos en la conformación de la policía ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.

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Resguardados tejiendo hamacas y vigilados por un policía ciudadano en la cancha de la comunidad de El Mezón, enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).

La primera asamblea fue el 20 de enero de 2013, en Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, donde se decidía, con voz y voto de las autoridades y consejeros locales, cuáles serían las comisiones y gestiones para “poner freno a las acciones de los chicos malos”. En esta reunión, el comandante Guerrero mostraba un cartel que decía: “Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” y, al mismo tiempo, explicaba cuál sería la dinámica en la próxima Primera Asamblea del Tribunal Popular que se realizaría el 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón. Asistíamos junto con el comité de padres de familia de la Unisur y el comisario (en turno) Gonzalo Lozano Jacinto. Además, Román Pantoja Valdivia, comisario de La Unión; Álvaro Hernández García, comisario del Vano; Rosalío Onofre Castro, comisario del Zapote; Fidel Morales Teodoro, comisario de Ahuacachahue; Próspero Borja González, comisario de Azozuca; Eduardo Narciso Mendoza, comisario de Atocutla; Joel Onofre Martínez, comisario de Tlachimala, y Juan García Hermelindo, delegado de Palma Sola. En esta ocasión sólo asistimos dos mujeres, “el resto se quedaba cuidando a los resguardados” (palabras de la tía Ofe).

En esta asamblea, la mayoría de los varones referían a los testimonios dolientes que habían protagonizado las personas resguardadas. Todos “sabíamos” (como una especie de secreto comunitario que no podía divulgarse) a través de testimonios de las víctimas, las atrocidades que habían cometido las personas capturadas durante el mes de enero. No trabajé directamente con las víctimas, además, estaba prohibido usar sus testimonios para fines académicos o periodísticos, pero fueron justamente esos testimonios que impulsaron a las comunidades a reforzar el proceso organizativo. Era importante este ejercicio rememorativo de las “atrocidades” porque permitía empujar el proceso de transformación social (Jimeno et al., 2019).

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El comandante Guerrero muestra el cartel

“Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” en la reunión de Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, realizada el 20 de enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).