Читать книгу Diez principios para ciudades que funcionen - Marcelo Corti - Страница 12

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En general, no le vendrá mal a su ciudad aplicar los principios y recomendaciones de la Nueva Agenda Urbana (NAU). Pero este documento (y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y los Objetivos del Milenio, y tantos objetivos, pactos, tratados, consensos, declaraciones, manifiestos, etc., etc.) es el fruto de un trabajoso consenso entre 193 gobiernos de diferentes signos políticos y muy distintos grados de respeto por la democracia y los derechos humanos. Para llegar a ese acuerdo, seguramente hubo que aplanar criterios, omitir objetivos y resignar ideales que quizás sean justamente los que más necesita su ciudad.

Es muy probable, por ejemplo, que su ciudad no tenga como problema “poner fin a la defecación al aire libre”, como sostiene el punto 119 de la NAU. El mismo punto compromete a los firmantes a promover “inversiones adecuadas en infraestructuras de protección accesibles y sostenibles y en sistemas de servicios de agua, saneamiento e higiene”, pero no aclara como se promoverán. El punto 13 imagina ciudades que “cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra”, mientras que el punto 53 compromete a “promover la creación de espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de calidad que fomenten el desarrollo social y económico, con el fin de aprovechar de manera sostenible su potencial para generar mayores valores sociales y económicos, entre otros, el valor de la propiedad, y facilitar la actividad empresarial y las inversiones públicas y privadas, así como las oportunidades de generar medios de subsistencia para todos”. Pero en realidad, toda operación de mejora y calificación de espacios públicos debería incluir mecanismos de prevención de aumentos del valor inmobiliario, o su recuperación por el Estado y la sociedad –el aumento del precio de la propiedad no es un factor de crecimiento económico sino, por el contrario, un obstáculo a este y a la justa distribución de sus frutos. Más apropiado es el reconocimiento, en el punto 15, de la “función rectora de los gobiernos nacionales”. La visión anterior de los organismos multilaterales privilegiaba en cambio una visión particular del principio de subsidiariedad, que establece que los gobiernos de proximidad son los más adecuados para gestionar los asuntos locales; esta visión parece de una lógica irreprochable, pero fue muchas veces una coartada para justificar el abandono de los temas urbanos por los gobiernos nacionales, muchas veces sin siquiera una transferencia de recursos que compensara las nuevas funciones transferidas a los municipios.

La contradicción más evidente de la NAU es la que enfrenta subrepticiamente las dimensiones social y económica de sus compromisos de transformación. Durante la confección del documento estas dimensiones alternaron el primer y segundo lugar en el orden de aparición (la dimensión ambiental siempre ocupó el tercer lugar). Esto indica una discrepancia entre la prioridad para “el desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación de la pobreza” frente a la “prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos”. Vale decir, la vieja pero siempre actual discusión sobre si primero debe crecer la economía para que luego sus beneficios se derramen o si es necesario primero acordar el reparto de beneficios para pasar luego a generar riquezas (opción esta que, en todo caso, fue la que parece haberse acordado con toda la precariedad del caso).

Estas contradicciones, que son bastante evidentes para los documentos y agendas que elaboran las burocracias internacionales, también se encuentran en los discursos y relatos de los gurúes particulares, el mundo “ogeneístico” o las corporaciones multinacionales. Jan Gehl, cuyo trabajo sobre la humanización del espacio público resulta de utilidad para cualquier gestor urbano, fue contratado para amenizar la megaurbanización privada Nordelta, en la zona norte de la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo creer en su prédica sobre el espacio público si él mismo acepta que pueda aplicar sus ideas a una de las privatopías más brutales de América Latina?

En ocasiones los consejos de “expertos” vienen en formato de asistencia por parte de organizaciones más o menos no gubernamentales. Prefiera seguirlos a comprarlos, pero verifique antes qué o quienes están detrás de esos consejos. Nada es solo “no gubernamental” o “no algo”, siempre hay algún “sí” que lo define mejor y eso no es necesariamente malo, pero es necesario que usted sepa cuál es ese “sí”. Y por cierto, evite con cualquier excusa razonable que su valioso tiempo o el de su equipo sean malgastados en las reuniones de karaoke o ejercicios de multiple choice a los que muchas veces suelen recurrir estas organizaciones para presentarse como buena gente, divertida y no convencional.

En fin, las mismas prevenciones serán necesarias cuando Siemens, IBM, Microsoft, Tesla, Odebrecht o cualquier otra corporación le vengan a ofrecer soluciones para transformar su ciudad en inteligente, resolver sus problemas de tránsito con una megaobra vial, evitar inundaciones con la canalización de un arroyo o dar un destino mejor a la basura que genera su ciudad con algún método novedoso y caro.

Por supuesto que necesitará experiencia y ayuda externa, por supuesto que deberá pagar por ella en algún momento. Pero es esencial que sea usted (o mejor dicho, su ciudad, entendida como un dispositivo colectivo social, cultural, técnico y político) quien determine cuáles son sus problemas, cuales las prioridades y cuales las soluciones posibles y efectivas.

Estas soluciones, por supuesto, requerirán dinero para concretarse (“yo no digo que todas, pero hay algunas”, como dice la copla). No acepte consejos que no vengan acompañados de recursos económicos o financieros sostenibles. Y si no le pueden dar dinero, que al menos le digan donde conseguirlo. De eso se trata el principio siguiente.

Diez principios para ciudades que funcionen

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