Читать книгу La enseñanza de la contabilidad - Maria Elena Escobar Ávila - Страница 11

La educación ancilar de los contadores se da por tres razones: 1) la forma como surge la profesión ligada a un enfoque legal normativo; en otras palabras, la profesión se constituyó en una servidumbre del derecho y de la economía; 2) currículos profesionalizantes: los contenidos de los currículos de cerca de 240 programas de contaduría en el país que tienen una base proveniente de la normativa que el Ministerio de Educación exige; 3) concepción instrumental del ejercicio profesional de la contaduría pública: los contadores públicos ven su labor y su desarrollo más enmarcados en oportunidades laborales que en la propia fundamentación disciplinar.

Enfoque legal normativo. Durante el siglo XX empiezan a surgir en Colombia normativas que determinan esencialmente el carácter normativo de la profesión que hasta entonces se desarrollaba de manera empírica. La Ley 58 de 1931 (Congreso de la República, 1931), cuyo propósito fundamental es la creación de la Superintendencia de Sociedades como ente de control, establece la figura del contador juramentado. Más adelante surge la Ley 73 de 1935 (Congreso de Colombia, 1935) llamada Ley de Revisoría Fiscal, que empezó a darle fuerza a la figura del revisor fiscal, y el año siguiente, con el decreto que la reglamentó, se ordenó la inscripción del revisor fiscal ante las cámaras de comercio. El Decreto 1948 de 1939 entrega la potestad a la Superintendencia de Sociedades de regular sobre los temas de los balances (forma como se conocían los estados financieros); además, se incluye la necesidad de que estos fueran acompañados con una nota de opinión por parte del revisor fiscal. Posteriormente, con el Decreto 1357 de 1941 (Ministerio de Economía Nacional, 1941), se dio potestad a los contadores juramentados para realizar funciones de revisoría fiscal; sin embargo, este decreto fue declarado inexequible.

A partir de ese momento sigue un período con poca legislación relativa al tema contable; en Colombia empieza a crecer el ánimo de uniones gremiales contables que empujan al gobierno a la regulación de la profesión. El 23 de noviembre de 1951 nace, bajo el nombre de Asociación Nacional de Contadores Públicos Juramentados, lo que es hoy el Instituto Nacional de Contadores Públicos. En este grupo se encontraban contadores de dos tipos: “los que nos llamábamos a sí mismos ‘titulados’ en oposición a los colegas que no habían tenido la oportunidad de recibir una formación y que llamábamos ‘empíricos’, expresión que llegó a tener una connotación peyorativa” (Nicholls García, 1990, p. 4).

Con el Decreto 2521 de 1950 (Presidencia de la República, 1950), el gobierno nacional reglamentó las sociedades anónimas y se incluyeron funciones del revisor fiscal. El Decreto 2373 de 1956 (Presidencia de la República, 1956) dio origen a la Junta Central de Contadores y por primera vez se instituye la calidad de contador público para ejercer la revisoría fiscal. La expedición de este decreto-ley hace parte de los triunfos que se endilgan los nacientes gremios de contadores de la época.

El doctor Francisco de Paula Nicholls, quien fuese decano de la Facultad de Contaduría Pública del Externado, hoy día retirado de sus labores profesionales, manifiesta que la membresía de un número mayoritario de “prácticos” comparado con los titulados, en el instituto, los convenció de crear otro organismo gremial al que dieron por nombre “Academia” y que hoy día subsiste como Colegio Colombiano de Contadores Públicos.

La Ley 145 de 1960 (Congreso de Colombia, 1960) es el estatuto de la profesión de la contaduría pública, en la que se habla por primera vez de la fe pública. Una oportunidad que la profesión tergiversó porque, a partir de ese momento, los contadores públicos han defendido su posición como garantes de la fe pública y como dueños absolutos de una exigencia de tipo legal, que, contrario a favorecer el crecimiento de la disciplina, la ha hecho dependiente de un atributo legislativo, que, como tal, puede ser eliminado de la misma manera; y se han perdido más de 50 años de crecimiento.

A la ley la empiezan a acompañar decretos y normativas que se verán durante el trasegar legal de la profesión en Colombia; entre ellas se encontraban: el Decreto 1651 de 1961 sobre sanciones a contadores públicos y revisores fiscales y el Decreto 2265 de 1969 que otorga al contador público la calidad de auxiliar de la justicia en caso de dictaminar estados de cuentas.

En el camino legal, se incluye luego el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) (Presidencia de la República, 1971), posteriormente se expide el Decreto 2815 de 1974 con el que se hace solidariamente responsable al revisor fiscal en casos de evasión de IVA; la Ley 32 de 1979 que reglamenta la comisión nacional de valores y establece algunas funciones para los contadores públicos; surge entonces uno de los primeros decretos que unifican normas contables, el Decreto 2160 de 1986 (Presidencia de la República, 1986) que establece reglas a la contabilidad haciendo aún más técnico-normativo el desarrollo profesional. “A través del 2160 de 1986 se oficializó la subordinación de la contabilidad mercantil a la fiscal […] y en diciembre del mismo año con el Decreto 2687 se reconoció que la presentación en el balance de las valorizaciones fue el típico dilema de la verdad frente a la conveniencia, en donde obviamente la verdad no fue la triunfadora” (Nicholls García, 1990, p. 14) y el 2687 de 1988, el cual establece normas tendientes a desligar el impuesto sobre la renta de los efectos de la inflación.

Luego, 30 años después de la Ley 145, es expedida la Ley 43 de 1990 (Congreso de Colombia, 1990) que incluye, entre otros, en su artículo 10 el concepto de atestación, además del código de ética de la profesión⁴. Así mismo, los decretos 2649 (Presidencia de la República, 1993)⁵ y 2650 (Presidencia de la República, 1993), marco conceptual de los planes de cuentas, base fundamental de los programas de contaduría pública del país. En el año 2009, la Ley 1314^[6] (Congreso de Colombia, 2009) institucionalizó el ingreso de la normatividad estándar internacional en materia contable y logró, cinco décadas después, que la profesión volviera a pensar en su propio desarrollo. Pero ha habido un viraje hacia la formación que privilegia los aspectos técnicos de los estándares internacionales, olvidando la esencia del criterio profesional que estos imponen.

En últimas, si se analiza la forma como ha crecido la profesión que surge a la par de la legislación, la cual impone cambios de acuerdo con el momento histórico, se podría afirmar que una profesión cuyo avance se lo da la ley, no el propio desarrollo de la profesión, genera preocupaciones sobre su fortaleza disciplinar y permite empezar a pensar en otros caminos para su fortalecimiento. De otro lado, las palabras del profesor Humberto Cubides, “la contaduría se ha convertido en una carrera para la competencia del mercado con la influencia de las ideas y los modelos externos” (Pinzón, 2011, p. 379), apoyan el hecho de que se debe seguir trabajando en pro de contar con profesionales críticos que conozcan más de la disciplina que desarrollan.

Currículos profesionales. En cuanto al surgimiento de la profesión en Colombia, los programas surgen en la década de los sesenta del siglo pasado y según León-Paime (2008) respondían a políticas de instituciones internacionales, gestionadas desde el gobierno central, que obedecían a necesidades económicas y de mercado.

Actualmente la Resolución 3459 de 2003, por la cual se reglamentan los lineamientos mínimos de los programas de contaduría pública del país, y que además se han constituido en los máximos de muchos programas, incluye los siguientes objetivos para la formación de los profesionales:

1. Asegurar la transparencia, la utilidad y la confiabilidad de la información, así como la generación de confianza pública, a través de procesos relacionados con la medición del desempeño contable y financiero de las organizaciones, su interpretación y posibles implicaciones. 2. Comprender el contexto social, empresarial, legal, económico, político e institucional en el que se inscribe el ejercicio profesional. 3. Conocer los lenguajes, las técnicas y las prácticas propios del ejercicio profesional de la Contaduría. 4. Usar los sistemas de información como soporte para el ejercicio profesional. 5. Comprender, analizar y evaluar las teorías relacionadas con la Contaduría.

Al revisar en detalle los objetivos que plantea la resolución (próxima a ser modificada), muy seguramente se coincide en que es tangencial el referente a la propia disciplina, y que el objetivo fundamental es de carácter utilitarista. No pareciera dejar espacio para la formación integral del profesional. Y, cuando se revisan los componentes básicos que debe contener el currículo ofrecido, se encuentra un listado de requerimientos que muy seguramente forman un buen técnico, capaz de “extraer y analizar” datos provenientes de múltiples fuentes; para llegar a conclusiones con base en el análisis de información financiera y contable, se excluyen de la formación tanto las humanidades como la investigación.

Un panorama no muy halagüeño, especialmente si consideramos que el país tiene algo más de 240 programas de contaduría pública, de los cuales un número no superior al 10 % ha pasado por los procesos de acreditación de calidad que el Ministerio de Educación Nacional ha diseñado⁷. La Junta Central de Contadores Públicos, ente disciplinario y encargado de la inscripción de profesionales, registra cerca de 250.000 profesionales inscritos, en desarrollo de la profesión. En cuanto al desempeño de los recién egresados que presentan exámenes Ecaes, los resultados hasta ahora mostrados sitúan a la profesión en los últimos lugares en lo que se refiere a análisis crítico⁸.

Concepción instrumental del ejercicio profesional de la Contaduría Pública. De otro lado, una educación ancilar puede ser evidenciada al estudiar las razones que mueven a los futuros contadores y a los que se encuentran en ejercicio para estudiar o para ejercer la práctica. Esto puede verse en experiencias propias desde la docencia y coordinación de programas, y en el acompañamiento realizado por más de quince años de los procesos formativos de los contadores públicos. En las entrevistas iniciales para el ingreso a los programas, usualmente los aspirantes tienen claro que la profesión les dará herramientas laborales importantes para desempeñarse adecuadamente en su vida adulta. Se puede afirmar que son escasos los jóvenes aspirantes que manifiestan intereses diferentes al laboral. Ese puede ser un buen indicador de la percepción que proviene de los mayores (padres y familiares cercanos de los jóvenes aspirantes) acerca de las fortalezas de la disciplina.

Cuando van creciendo en su carrera, los estudiantes entienden perfectamente el papel que juegan los contadores dentro de las organizaciones, son capaces de verlas como entes necesitados de información útil, han desarrollado competencias que son apreciadas en el ámbito laboral, pero no tienen claridad sobre la manera como la profesión puede crecer desde los aportes de los propios agentes que la conforman. Entienden el crecimiento profesional como una continua actualización de saberes, y, sin desconocer la importancia para su vigencia en el mercado laboral, se encuentra muy distante de la creación profesional para el propio robustecimiento de la disciplina.

Mirando el tema de manera más general en Colombia y no circunscrito a la Universidad Externado, los egresados de contaduría pública pueden ser estratificados. Es tal la cantidad de programas ofrecidos por universidades en todo el país, y con calidades tan diversas, que las empresas se han encargado de hacer selección y escogencia de profesionales de las universidades acreditadas, y todos los demás son contadores que se dejan para labores de empresas más pequeñas, o que deben desempeñarse como auxiliares o asistentes de los demás. Panorama complejo para una disciplina que requiere fortalecerse y generar avances propuestos desde sus propios profesionales cuando estos están intentando no perecer en la competencia.

De otro lado, los profesores, contadores en ejercicio en su mayoría y con una claridad sobre la profesión, manifiestan la importancia de esta desde una mirada utilitarista. Por supuesto, la profesión es vista como un excelente camino de siempre ser vigente y necesario para las organizaciones, entre otras cosas, por la propia obligación legal de la profesión.

Algunos autores aducen que los estudiantes que toman los cursos de ciencias sociales y humanas, y que hacen ruptura con algunos de sus principios rectores de vida, se han hecho partícipes del desencanto por la profesión. Dicho desencanto, de una u otra manera, hace que estas personas miren con desdeño el trabajo teórico y práctico de los contadores públicos. Este desencanto se transfiere a la vida profesional (Rojas, 2008).

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (Aicpa), de los Estados Unidos, presentó en el Foro de Firmas, en octubre del 2014, que se celebró en la Universidad Javeriana, un documento que resume la percepción del futuro de la profesión, recogida de 5.600 profesionales de la contaduría pública. Aquí se hace referencia a las competencias identificadas: habilidades de comunicación, de liderazgo, de pensamiento crítico⁹ y habilidades para solución de problemas, habilidades para el cambio, integración y colaboración. En ninguna de estas se asoma la necesidad de aportar al crecimiento de la profesión desde la base de fundamentos ontológicos robustos.