Читать книгу Psicología política y procesos para la paz en Colombia - Omar Alejandro Bravo - Страница 21

Las prácticas propias de construcción de territorio por parte de las comunidades ancestrales negras desde las resistencias cimarronas hasta los procesos construidos en palenques, barrios y veredas han posibilitado la vida de los renacientes² en relación armónica con la tierra. No obstante, la fragmentación ocasionada por proyectos de grandes plantaciones, minería e infraestructura no solo se consolidó por medio de la instrumentalización mercantil y secuestro del pueblo afro, sino que en el contexto neoextractivo global sigue perpetuando la miseria, el hambre y la esterilidad de suelos, ríos y lugares, en donde las comunidades negras han habitado y cuidado la vida, la autonomía alimentaria, cultural y política.

La Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 permitieron impulsar procesos organizativos, la protección de la visión propia de futuro y la preservación cultural del pueblo negro. Sin embargo, la regulación de los acuerdos específicos para la titulación de tierras en contextos rurales y urbanos, el respeto del derecho a la consulta y consentimiento previos, libres e informados –Ccpli–, siguen siendo un acto de omisión que perpetúa la discriminación, el crimen y el destierro –desplazamiento forzado en el contexto nacional, especialmente en los últimos años–. En el contexto del posacuerdo, la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes) estima que más de 35 000 afrodescendientes han sido víctimas de desplazamiento forzado este año (Olaya, 2018), situación que evidencia la rediasporización que están viviendo las comunidades negras en Colombia, como consecuencia de una mirada única nacionalista del desarrollo en el enfoque de las políticas de paz.

Así, es de señalar la impunidad frente a la realización de los proyectos de palma de aceite, cacao, extracción de petróleo, minería, caña, los cuales entran con papeles y con el respaldo de ejércitos legales, policía y seguridad privada. La violencia empresarial y política invade territorios del Pacífico (Chocó, Nariño, Cauca y Valle) y del Atlántico amparada en las concesiones madereras, mineras y de agroindustria.

La radiografía política actual la narran los participantes de los consejos comunitarios y del PCN (2018) en diálogo con la Defensoría del Pueblo, algunos delegados de Acnur, la Consejería del Pueblo y la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomasdec), con quienes se comprende colectivamente la coyuntura, que se describe como sigue:

En el contexto actual se visibilizan nuevas conflictividades. Hoy hay una geografía del conflicto en la dinámica de las prácticas de actividad productiva que se realizan en los ríos, pero en cada parte se encuentra un actor armado. En prácticas productivas y mecanismos de subsistencia se coopta a las autoridades de vocación, al que no corre lo eliminan... vivimos una reconfiguración anárquica del conflicto. (PCN, 2018)

La participación de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permite visibilizar claramente las prácticas justificatorias y la creación de la plataforma para las políticas de la competitividad económica, negando, ocultando y disfrazando las condiciones de empobrecimiento de las comunidades. Colombia, con este acuerdo, ahora pasa de recibir apoyos para la guerra a ser donante con el estatuto de países desarrollados y competitivos.

En el contexto de la economía naranja, en el nuevo gobierno se exacerban las dinámicas del conflicto, pero de una manera sutil se niega la conflictividad. Actualmente se han creado consejos de seguridad con una respuesta militar, no es una respuesta con enfoque de derechos y menos con enfoque étnico, ¿si la respuesta es militar, en donde queda la población civil? Por ejemplo, en San Juan (Balsalito y Papayo) se han realizado acciones cívico militares: van brigadas con médicos a regalarle ropa a la gente, acciones que ponen en riesgo a la población y a las comunidades en su accionar más social ¿Qué acciones se están adelantando para proteger a los líderes sociales que defienden los territorios de vida? Tenemos una historia de mucha gente que fue víctima, hoy podemos ser un pueblo fantasma en un contexto de cooptación de líderes por las instituciones (por intereses económicos) y cooptación de jóvenes y de mujeres jóvenes por los grupos armados (PCN, 2018).