Читать книгу Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia: entre el posacuerdo y la globalización - Pablo Ignacio Reyes Beltrán - Страница 10

CATALINA TORO PÉREZ

Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones sociohistóricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. [...] la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agrocombustibles que alimentarán automóviles. [...] Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación acabará “tumbándole” la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agronegocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía y la vida misma.

IVÁN MÁRQUEZ, DISCURSO EXPUESTO EN OSLO, NORUEGA, 2012

Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión. En la mesa de negociación no se va a discutir el modelo económico ni la inversión extranjera. Tampoco la doctrina militar o la propiedad privada.

HUMBERTO DE LA CALLE, RESPUESTA AL DISCURSO DE IVÁN MÁRQUEZ EN OSLO, NORUEGA, 2012

Por eso trazamos unas líneas rojas, que las hice explícitas desde el principio, que se han mantenido y se mantendrán hasta el fin del proceso. ¿Y qué significan esas líneas rojas? Que en La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, ni ningún tema –¡ninguno! – que esté por fuera de la agenda preestablecida. Cada decisión, cada paso, han sido planeados, analizados, estudiados a profundidad, pues desde un principio hemos tenido claro a dónde queremos llegar.

JUAN MANUEL SANTOS, 2015

La Paz no nos representa, ahonda la esclavitud de la madre tierra.

INDÍGENA NASA, 2017

Este diálogo de discursos enmarca el comienzo oficial de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en octubre de 2012. Allí se evidencia que en la agenda está ausente la discusión del modelo de desarrollo económico y político que sustenta las condiciones básicas de la organización de la sociedad colombiana en las últimas décadas (Giraldo, 2017). Este es un modelo basado en la economía especulativa —asociada al auge minero-energético como un valor que ofrece los mayores retornos— y, con ella, al poder corporativo: el poder político de las corporaciones multinacionales soportadas en las bases clientelares de los Gobiernos de turno, que legitiman el asalto permanente de la naturaleza y la devastación de culturas y ecosistemas.

Lo anterior evidencia Una contradicción que va a atravesar desde el primer momento los diálogos de paz, ya que tanto el modelo económico, como el modelo político y el modelo militar van a estar imbricados profundamente en las raíces del conflicto, que tocan radicalmente los problemas de tierra, modelo agrario, participación y reconocimiento de las víctimas de todas las injusticias. Abordar estos puntos sin tocar el modelo de desarrollo vigente produciría una paz ficticia o de apariencia.

El discurso promocional de la paz del expresidente Juan Manuel Santos, sobre todo en sus viajes al exterior; en sus reuniones con empresarios de multinacionales en Norteamérica y Europa; en sus visitas a las grandes compañías petroleras, mineras y agroindustriales, así como con el gran empresariado colombiano, expresa una representación de la paz centrada en los beneficios que esta le traería a la inversión extranjera y a las empresas multinacionales. Se posibilita la explotación de los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes.

El extractivismo extremo se asocia a dos conceptos claves para entender los conflictos socioambientales en el continente: maldesarrollo e injusticia ambiental (Svampa y Viale, 2014). El primero permite abordar el carácter insustentable de los modelos hoy en vigencia: el fracaso del modelo de desarrollo en términos de un modelo de “malvivir” de poblaciones vulnerables —pobres, pueblos originarios, mujeres, niños—. El segundo concepto refiere los costos en términos de pasivos ambientales en estas poblaciones —tierras degradadas, derrames de químicos utilizados por las industrias, derrames de minerales e hidrocarburos que destruyen el suelo y el mar, contaminación del agua potable, represas que se revientan inundando todo a su paso, modificación y destrucción de la flora y la fauna, muerte de animales, desertificación—.

La distribución de estos impactos refleja patrones históricos de injusticia social y ambiental que dan cuenta de profundas desigualdades al interior de nuestra sociedad desde el punto de vista social, étnico, de género. Así mismo, las empresas trasnacionales, con la promesa de invertir en nuestros países, se aprovechan de las legislaciones ambientales más favorables y permisivas para propiciar impunidad frente a la “contaminación” en los mercados de la naturaleza (Svampa y Viale, 2014).

Estos procesos en Colombia, que se profundizan bajo el Consenso de Washington en los años noventa y con los acuerdos de libre comercio a mediados de la primera década del siglo xxi, no son ajenos a la multiplicación de megaproyectos de extracción en el continente, que afectan aquellos territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Dichos procesos se manifiestan como ofensivas contra las comunidades indígenas y campesinas, así como contra amplios segmentos de la población urbana, al menos a partir de los siguientes aspectos: 1) un nuevo y ampliado énfasis en las políticas extractivas para controlar, extraer, explotar y mercantilizar todo tipo de bienes comunes naturales —petróleo, gas, minerales, agua, tierra fértil, playas, semillas, recursos genéticos, conocimiento tradicional (Toro Pérez, 2010)—, de la mano del desarrollo de megaproyectos turísticos e infraestructura hidráulica, carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria; 2) el impulso de un nuevo sistema industrial agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales y la desarticulación de las economías campesinas; 3) el reordenamiento de territorios orientado por la lógica del valor, desarrollo de infraestructura y expansión de procesos de urbanización, desarticulando el tejido social y avanzando sobre zonas de cultivo y de conservación (Navarro, 2017).

¿AMBIENTE PARA LA PAZ O PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA?

La intensidad renovada por la apropiación y explotación de los recursos minerales en Colombia, entre 2002 y 2010 —periodo en el que la actividad minera y de hidrocarburos aumenta su participación en la economía al pasar del 21 % al 82 % hasta llegar al 85 % (Cancino, 2012)— generó la multiplicación de megaproyectos extractivos que afectaron territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Este hecho complejizó el contexto del denominado “postconflicto” en términos de la ofensiva contra las comunidades indígenas, campesinas y amplios segmentos de la población urbana, a partir de procesos de control, extracción y mercantilización de los bienes comunes, incluyendo recursos estratégicos claves para la subsistencia de las poblaciones como el agua, la tierra, sus semillas y tradiciones culturales.

Las políticas y discursos de “la minería responsable, para el desarrollo sostenible” y “la paz con un enfoque territorial” (Jaramillo, 2016), se van a encontrar en el Gobierno de Santos (2010-2018) bajo la consigna de la “locomotora energética como motor del desarrollo”, lo que genera grandes fisuras en las movilizaciones sociales que, defendiendo la paz en las calles y pueblos, habían denunciado las disputas históricas sobre la expropiación de recursos que constituyen la matriz esencial de las comunidades rurales, como el agua, el acceso a la tierra y la autonomía alimentaria.

Dado el carácter intensivo y extensivo del modelo extractivo en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza durante estas dos décadas, en Colombia se van a generar grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos agentes empresariales, que van a expandir sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y las comunidades, que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismas. Los conflictos socioambientales asociados a estas prácticas son entendidos como:

[…] las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también lo de otras personas y grupos. (Kousis citado por Pérez Rincon, 2014, p. 77)

Los conflictos socioambientales en estas dos décadas en el país son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía, como la agroindustria, la infraestructura, la energía fósil, las fumigaciones aéreas, la generación de energía, la minería, la pesca industrial, el turismo, los residuos sólidos y el transporte marítimo. Estas actividades afectan a distintos tipos de comunidades —población urbana, campesinado, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes— en ecosistemas y territorios diversos: tierra, agua, páramos, humedales, bosques, ríos, mares, manglares, etc. De allí que las comunidades afectadas desarrollen diferentes tipos de resistencias sociales —movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.— y recurran a instrumentos legales y jurídicos para defenderse y buscar la justicia ambiental —actos legislativos, consultas populares, acuerdos municipales, tutelas, acciones de cumplimiento, derechos a consulta previa entre otros—.

Por otra parte, los conflictos por el agua se multiplican con la distribución desigual, las dificultades en su acceso, la privatización de playas, manglares, ríos y bosques productores de agua, los impactos sociales y ambientales de las represas, así como la contaminación de sus fuentes y la discriminación en los derechos a la autogestión y representación democrática, donde se retoman las decisiones y se hacen las reglas del agua¹.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL CONTEXTO DE LOS POSTACUERDOS DE PAZ

Mario Pérez Rincón (2014) muestra que, de los 95 conflictos socioambientales recientes inventariados en ese momento en Colombia, 34 estaban relacionados con la minería. Dentro de estos casos resaltó dos conflictos de minería de oro emblemáticos por su magnitud y relevancia para el país, a saber, el del páramo de Santurbán en Santander, con presencia de la trasnacional Greystar, y la mina La Colosa, en Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionada con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica (Flórez, 2012; García, 2012; Toro Pérez, Fierro Morales, Coronado Delgado y Roa Avendaño, 2012). Los casos de extracción y exploración de energía fósil explicaban el 23 % de los conflictos, destacándose el carbón con 12 (12,6 %) y el petróleo con 9 casos que equivalían al 9,5 % de las disputas ambientales. Por las características del sector, sus impactos y conflictos se desarrollaron aun desde los procesos de extracción y transporte hasta su colocación en los puertos de exportación. En diversos trabajos (Fierro Morales, 2011, 2012; Garay, 2013) se destacaron los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar), los relacionados con la empresa Drummond (EE. UU.), y la mina de El Cerrejón en La Guajira, donde tienen presencia bhp Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata (Suiza).

En el tema petrolero, varios casos emblemáticos han sido objeto de investigaciones académicas y científicas: la exploración en territorio U´wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EE. UU.), Repsol (España) y Ecopetrol (Colombia), el caso de Pie de Monte Llanero en Meta, en donde varias empresas se encuentran operando desde 2011, entre ellas Ecopetrol, Oxy (EE.UU.) y la British Petroleum Corporation (Gran Bretaña), con continuos conflictos con las comunidades de la zona y una reciente consulta popular en Tauramena contra el uso de su territorio con fines extractivos. A este problema le siguen en importancia la extracción de biomasa en proyectos agroindustriales causantes de conflictos ambientales, que representaban el 14 % de los conflictos, allí se destacan las disputas asociadas con el cultivo de palma y los proyectos agroalimentarios.

ENERGÍA EXTREMA E (IN)JUSTICIA AMBIENTAL EN TIEMPOS DE PAZ

Seis meses antes de que la Corte de La Haya decidiera otorgar el 75 % del mar Caribe reclamado por Nicaragua a Colombia, en noviembre de 2012, frente las protestas del pueblo raizal, fue suspendido el permiso de exploración y explotación de petróleo y gas en las islas de San Andrés. Sin embargo, una vez obtenido el Nobel de Paz el expresidente Juan Manuel Santos el 8 de diciembre de 2016, visitó varias empresas con experiencia en la llamada operación costa afuera (offshore), entre ellas la empresa BP, causante del mayor derrame petrolero marino de la historia (Toro Pérez, 2017a, 2017b).

Dicho derrame causado por la BP sucedió en el Golfo de México y afectó el 80 % del territorio marino y costero de Luisiana, uno de los dos Estados más pobres de Estados Unidos. Aun así, continuaba perforando en el suroeste asiático, tratando de reconstruir en el mar Caspio, con una reputación deteriorada por los enormes impactos ambientales y sociales que se generaron en 2010, hasta que en 2015 tuvo un nuevo derrame en Azerbaiyán. Para ayudar a reconstruir su prestigio, en agosto de 2017 — bajo los auspicios de nuestro Nobel de la Paz— se elige a Felipe Bayón como presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), expresidente regional de BP para el Cono Sur de Suramérica, exdirector de exploración y producción de la misma firma y quien trabaja extendiendo los contratos de concesión en el mar Caribe y Pacífico.

Sin embargo, el modelo petrolero extremo en Colombia va a evidenciar impactos socioambientales. En marzo de 2018 se produce el derrame petrolero más grande de la historia colombiana, en el pozo 158 del campo La Lizama de Ecopetrol en Santander, donde 550 barriles afectan más de 30 km² del territorio, contaminando quebradas, caños y ríos, lo cual deja miles de animales muertos y ecosistemas perjudicados, así como un número de pobladores —campesinos y pescadores— sin sus medios de subsistencia. Esta vez, el antiguo funcionario de la BP³, declara que existen fallas de revestimiento en el pozo pero que, en comparación con las tragedias ambientales en América Latina este era solo un derrame menor (Caracol Radio, 2018).

Esto sucedió solo unos días después de la declaración de la directora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que indicaba que “el petróleo tiene poco o cero impacto ambiental” en Colombia, defendiendo las compañías petroleras en términos de haber “asimilado muy bien” en los últimos veinticinco y treinta años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales en términos de “disminuir costos sociales y ambientales” de los impactos. Desde ese momento la Institución de Investigación Ambiental empieza a obtener ingentes recursos económicos provenientes de las empresas petroleras.

Dentro del marco del extractivismo “extremo” relacionado con los yacimientos no convencionales, ofrecido por el Gobierno de Santos a las empresas trasnacionales en Colombia, se expide la reglamentación para la explotación de nuevos yacimientos de fracking aun conociendo la experiencia de moratoria en Australia, Bulgaria, la prohibición en Francia, así como los estudios de impacto en términos de contaminantes peligrosos —niveles de arsénico, radioactividad y salinidad en proyectos de shale gas— tras veinte años de esta práctica en los Estados Unidos. Solo en la ronda Colombia de 2014 se ofrecieron 98 bloques para explotación de hidrocarburos, de los cuales 19 fueron ofrecidos para hacer fracking de petróleo y gas de esquistos o lutitas.

ESTADO CORPORATIVO Y PAZ: MÁS EXTRACTIVISMO, MÁS AGRESIONES CONTRA DEFENSORES DE TIERRA Y MEDIO AMBIENTE, MENOS DEMOCRACIA

El término extractivismo se ha popularizado en los últimos años en América Latina. En sus usos más comunes se refiere a las explotaciones mineras y petroleras que van a ser exportadas, en algunos lugares desde la colonia, cuando se enviaban metales preciosos hacia las metrópolis. Desde los años cincuenta, el termino extractivismo se asocia con la industria extractiva aplicada al petróleo, el gas y los minerales, como una “industria” generadora de la narrativa del desarrollo a partir de sus contribuciones para superar la pobreza, asegurar empleos y generar crecimiento económico.

El término extractivismo acuñado por Gudynas (2015) aborda el tipo de extracción de recursos de la naturaleza, con mayores impactos sobre el ambiente, como deforestación de la selva para la ganadería o la megaminería a cielo abierto. La intensidad, así como el volumen de la actividad extractiva, van a determinar los tipos de extracción y destino de los recursos naturales. Así, la condición de megaminería será determinada por el volumen de la remoción, más de un millón de toneladas por año, donde se afectan más de mil hectáreas de superficie. Un ejemplo típico es la minería a cielo abierto en Cerro de Pasco en Perú, o el Cerrejón, orientado hacia la exportación global.

En muchos casos la extracción de recursos naturales, como hemos señalado aquí, no solo desencadena impactos sociales y ambientales sino también la violación derechos humanos y de la naturaleza (Gudynas, 2015). La injusticia ambiental, entonces, va de la mano con la violación de derechos, lo que implica distintas ilegalidades, desde incumplimientos en los derechos de información y participación de los pobladores locales hasta problemas con la seguridad, la integridad física e incluso la vida de las personas. Estas violaciones de derechos tienen que ver con formas de represión, desalojo y allanamientos.

En el siglo xxi, la disputa por el control de los recursos en Colombia y América Latina ha generado un gran impacto en la vulneración de derechos humanos de líderes y lideresas ambientales. En Honduras, Guatemala y Colombia ocurren los casos más dramáticos (Global Witness, 2017). América Latina y el Caribe alberga 8 de los 10 países más violentos del mundo. Solo en 2015 se produjeron 185 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente: el equivalente al 77 % de los asesinatos de líderes ambientales son latinoamericanos. Esta cifra, la más alta jamás registrada, aumentó del 59 % que se registraba en 2014 (Global Witness). Entre 2002 y 2015, hubo 970 asesinatos relacionados con organizaciones privadas de seguridad contratadas por empresas extractivas, que en algunos casos se vinculan con compañías militares para ofrecer custodias y vigilancias en los emplazamientos (Downey, Bonds y Clark, 2010). En Colombia, entre enero de 2016 y agosto de 2018, fueron asesinados 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.

EL LIBRO: CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL Y LUCHA POR LA TIERRA EN COLOMBIA, –ENTRE EL POSACUERDO Y LA GLOBALIZACIÓN

En los últimos seis años hemos presenciado dos procesos inesperados en Colombia que, probablemente, en el futuro serán considerados como vitales en la construcción de nuestra nación: la firma de acuerdos de paz y las fluctuaciones, derrumbe y repunte de los precios internacionales de materias primas. El primero abrió esperanzas en términos de posibilitar transformaciones de la calidad de vida y la sustentabilidad de algunas regiones estratégicas de Colombia (Giraldo, 2017), ya que los acuerdos incluían posibilidades de reintegración y abrían expectativas de superación de las condiciones del modelo de desarrollo económico, político y social, que generaron el conflicto armado más largo de la historia latinoamericana y al mismo tiempo la crisis y repunte global del modelo extractivista, con los compromisos generados en los acuerdos de libre comercio y las políticas de confianza inversionista.

A través de leyes como la controvertida Ley Zidrez, que hace posible la zonificación de territorios para el desarrollo productivo que responda a los intereses internacionales, se constituye una situación compleja en términos de la relación de dependencia entre los ingresos de divisas al país y la economía extractiva, acompañada de las exenciones tributarias de las empresas transnacionales, las reformas fiscales que afectan el ingreso de las clases medias y trabajadoras y el debilitamiento de la inversión social y ambiental. En esta dinámica, se profundiza el deterioro de los ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquía, así como los marinos y costeros del Pacífico y el Caribe del país, lo cual imposibilita la producción de economías sustentables que esperan las poblaciones en territorios en conflicto.

En este libro queremos hacer un balance del proceso de vulneración de derechos de los pueblos en Colombia, en el contexto de la profundización del modelo extractivista en Colombia entre la globalización y el posconflicto. El texto se divide en tres partes: en la primera se reconstruye la problemática sobre la relación entre globalización y su impacto en los territorios, lo que ha afectado la política, la legislación y el medio ambiente. La segunda parte hace referencia a un marco referencial sobre las instituciones, los conflictos, la política sobre el territorio, los debates alrededor del espacio y la implementación a la Ley Zidres. Finalmente, en la tercera parte, se recogen los trabajos sobre estudios de caso, específicamente en relación con los impactos del modelo extractivista sobre en medio ambiente en Colombia.

Pablo Ignacio Reyes, en su artículo, presenta el proceso de globalización como un fenómeno contemporáneo, en la fase neoliberal del capitalismo global, en su relación con el derecho. Esto para explicar cómo, desde la Constitución Política de 1991, se articula en Colombia el territorio nacional con los intereses económicos globales, lo que explica el contexto económico, jurídico y político de las negociaciones y la implementación de los acuerdos de paz en un país que quiere dejar un largo conflicto armado y construir una paz larga y verdadera, con justicia social y ambiental. La transformación de los Estados en términos de la implementación de sus políticas asociadas a la globalización económica entra en contradicción con los compromisos de reconocimiento de sus bienes culturales y ambientales, asumidos internacionalmente. De modo que se sacrifica la riqueza hídrica y ambiental y aumenta escandalosamente sus niveles de corrupción, produciendo más miseria, pobreza y desigualdad.

Fabio Andrés Rojas da cuenta del momento coyuntural que afronta la sociedad colombiana luego de la suscripción del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, como una oportunidad para consolidar una política respetuosa del ambiente en las relaciones cotidianas de los colombianos. El autor plantea que la consolidación de una “paz ambiental” es posible si se entiende la potencialidad y las limitaciones del derecho ambiental colombiano.

Mariela Inés Sánchez reflexiona sobre la problemática de la desconexión del hombre con el mundo, la ética del medio ambiente y su relación con la sostenibilidad de la paz en el ámbito social. Para ello se abordan las posibles causas de la desconexión del ser humano con los problemas de la naturaleza y las acciones que podrían mitigar dichas problemáticas.

David Antonio Giraldo y Hugo Ernesto García proponen mostrar los diferentes momentos de tensión entre la normatividad agraria y la realidad social para abordar las posibles contradicciones que se dan entre el fortalecimiento del modelo neoliberal, que se escenifica en la ley Zidres, y las reivindicaciones subalternas que se podrían lograr con una nueva Reforma Rural Integral. Se trata de un tema que, hasta el día de hoy, es una deuda social y política por parte del Gobierno nacional con la población campesina.

Laura Carolina Castañeda y Yilson Beltrán muestran la potencialidad que tiene tanto la literatura como los mitos de origen de la diversidad onto-epistemológica del mundo para pensar otros modos de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. En este sentido, proponen cambiar el imaginario de “las locomotoras del desarrollo” como políticas de muerte, proponiendo pensar la paz en Colombia, en el marco de los “post-acuerdos” de paz, desde los mitos de origen y la literatura que promueven la vida.

Ivonne Patricia León aborda la profunda crisis de las instituciones con la larga cadena de odios y resentimientos acumulados durante más de cincuenta años de conflictos —que registran 7 millones de casos de desplazamiento interno, 218 mil personas asesinadas y 8 millones de víctimas—, sumado a la creencia de que “todo cambia para que siga todo igual” en la llamada “democracia más antigua” de América Latina. Desde este punto de partida, la autora propone avanzar en la forma en que se ha estructurado el proceso de exclusión y desigualdad, así como en la forma en que los otros son incluidos y excluidos con ocasión del conflicto armado, la lucha ideológica y las propuestas de paz, para explicar las lógicas de desconfianza que subyacen tras el futuro de los acuerdos de paz.

Darío Restrepo, Diana Carolina, Arnold Danilo Ojeda, Daisy Johana Moreno y William Chavarro abordan los conflictos no-armados, en Colombia. Aquellos conflictos socioculturales que trascienden en disputas de clase, raza y que son asociados a modelos de desarrollo extractivista y agroindustrial, guiados por la acumulación, y que operan por medio de políticas de centralización-descentralización, control y ordenamiento del territorio para la concentración del uso de la tierra, el agua y la naturaleza.

William Chavarro plantea un debate crítico al enfoque territorial en el diseño de política agrorrural asociada con el modelo industrial en el modelo de planificación del desarrollo, proponiendo una nueva definición y forma de manejo de territorios rurales y de sus comunidades. Para el autor, la historia de la narrativa de la “desagriculturización” y sus alternativas de integración productiva al mercado —a través de la “bancomundialización” de la agricultura asociada al crecimiento y la acumulación del capital— induce a sobreestimar el escenario de oportunidades para el desarrollo y, al mismo tiempo, subestima la agricultura campesina, heterogénea y variada, que es despojada y desplazada de su territorio.

Milton Pérez Espitia presenta las lógicas espaciales asociadas a la relación entre sociedad y naturaleza en Colombia, evidenciada en unas topografías del territorio, que despliegan algunas comunidades a partir de ciertos elementos espaciales, tales como el latifundio, el capitalismo, las ciudades metropolitanas, los Estados modernos y los asentamientos indígenas, afrodescendientes y campesinos. La visión de la apropiación de la naturaleza como dominio es confrontada con la noción de protección, valoración y cocreación socionatural a partir de las comunidades asentadas en su territorio.

Daniel Libreros, Miller Dussán, Yeison Javier Aldana, Libia Alejandra Pineda y Tania Carolina Lugo realizan un seguimiento a las graves consecuencias sociales y ambientales que ha dejado la construcción de las grandes represas en el país durante las últimas décadas. En el texto se muestra que, lejos de ser fuentes de “energía limpia”, estas obras constituyen una de las expresiones más acabadas del extractivismo. Reivindicar las “víctimas del desarrollo” asociadas a esta problemática constituye una de las urgencias políticas del momento para consolidar el posconflcitio, en medio de la apuesta gubernamental de profundizar el extractivismo.

Camilo Andrés Salcedo, Daniel Santiago Roldan y Felipe Ovalle Villareal, desde el enfoque de la ecología política, indagan sobre las tensiones existentes entre la construcción de la paz territorial —en disputa entre el Gobierno nacional colombiano, las FARC y los movimientos sociales— y los conflictos que campesinos, indígenas y pescadores tienen por la creciente privatización de territorios comunes, por los proyectos piscícolas hidroeléctricos y mineros en la cuenca alta del río Magdalena en los departamentos de Tolima y Huila.

Finalmente, Niyireth Fernanda Gutiérrez Montenegro analiza las afectaciones territoriales por los factores subyacentes al conflicto armado en los resguardos Emberá de Chidima, Tolo y Pescadito en la región del Darién Chocoano —zona norte del departamento del Chocó—, y expone el fenómeno del despojo territorial por parte de colonos y empresarios territoriales a estas comunidades étnicas durante entre los años 2000 y 2006.

Combinamos aquí diversas dinámicas de trabajo, investigación, acción y resistencia de y desde los territorios colombianos, acompañando y reconociendo el rol de las comunidades locales en la investigación, así como reiterando la misión intelectual, social y ambiental que tenemos como profesores colegas, estudiantes, egresados y líderes de organizaciones sociales. Se espera contribuir al debate de la problemática y a las alternativas para una verdadera paz con justicia social y ambiental.

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Notas

1“Los estudios de justicia hídrica buscan influir en el debate y apoyar las estrategias de la sociedad civil para lograr políticas de gestión del agua más democráticas, mecanismos de resolución de conflictos de agua más efectivos y una distribución más justa de los recursos hídricos” (Kousis citado por Pérez Rincon, 2014, p. 77).

2Datos aproximados. Todavía no se tienen los datos en km².

3https://caracol.com.co/radio/2018/07/08/ecologia/ 1531072566_733522.html