Читать книгу La erosión democrática y el contrato constitucional - Ricardo Alejandro Terrile Sierra - Страница 7

Los partidos políticos, en la campaña electoral de 1983, canalizaron profundos deseos de participación y protagonismo politico de una generación que desde 1976, había estado silenciada y perseguida. Ello se tradujo en grandes concentraciones populares, comités y unidades básicas se convirtieron en centro de debate, los programas de gobierno se aprobaban en las convenciones o congresos partidarios y los candidatos electorales eran elegidos por la nueva conscripción de afiliados de los respectivos partidos en elecciones internas. Los órganos partidarios suspendidos durante la dictadura, comenzaron a trazar, planificar y organizarse. Los dirigentes que durante el proceso de facto habían mantenido, en la clandestinidad, trozos de la estructura orgánica partidaria, tuvieron una notable ventaja en la planificación de las campañas electorales.

a) Recuperado el Estado de Derecho, paulatinamente, los partidos en la década de 1990, perdieron protagonismo, se burocratizaron para transformarse en un espacio necesario e inevitable para la composición de cargos electorales. Una casta se abroqueló en la estructura de esas organizaciones para prolongar y prorrogar sus mandatos, especulando con tres conceptos diferentes (nativo, domicilio y residencia), utilizando cualquiera de ellos para justificar la jurisdicción territorial que lo legitime como candidato. Senadores y Diputados, nativos de una provincia o distrito electoral que, cumplido su mandato, se postulaban y se postulan por otra jurisdicción territorial en la que mantenían su residencia o domicilio o a la inversa. Especulaban y especulan con las encuestas y en función de ellas, elegían invocar la condición de nativos, domicilio o residencia para legitimarse como candidatos. La conducta republicana que invocan en sus discursos, se diluye en materia de periodicidad de los mandatos, cuando verificamos que en su extensa trayectoria partidaria, han sido intendentes en su ciudad de residencia, diputados por otra provincia en su condición de nativos de la misma, más tarde senadores invocando la residencia en otro distrito, posteriormente gobernadores de la provincia en la que nacieron. A veces, la alteración del principio republicano de la periodicidad de los mandatos no se configura por haber desempeñado diferentes funciones, sino en los mandatos ininterrumpidos de dieciocho y veinticuatro años de senador o dieciséis años de diputado nacional, adoptando sin pudor, en los hechos, mandatos vitalicios, propios de la monarquía.

Los representantes pierden todo contacto con la realidad. Desconocen el valor de las mercaderías que consumimos, el costo de las tarifas de un ómnibus urbano o de media o larga distancia y paulatinamente el divorcio con el pueblo se hace más ostensible. Ello constituye otro factor de deterioro.

b) La financiación de una campaña electoral no reconoce mecanismos de transparencia. A pesar de la legislación vigente, todo lo concerniente a la contribución de fondos es manifiestamente informal. No existe un control adecuado y eficiente. La rendición de cuenta es esencialmente morosa y muchas veces se omite con la complicidad de la autoridad de aplicación. El control estatal, en consecuencia, no es confiable.

Muchas empresas, prestatarias del Estado, adelantan donaciones que luego recuperan y compensan con infinidad de contratos públicos. Contar con un sponsors con recursos es una herramienta eficaz que colabora con la publicidad y conocimiento del candidato. Los medios de comunicación son caros. El precio se fija por minutos o segundos. Las campañas no se basan en propuestas, sino en slogans, vacíos de todo contenido. No existe programa de gobierno sino propuestas genericas abstractas.

El costo de una campaña electoral para un candidato a Diputado Nacional o Senador Nacional en alguna provincia central implica una erogación que no esta al alcance de un trabajador, de un pequeño empresario o de un profesional liberal. Los costos de los espacios en radio, televisión, prensa escrita, programas de alto rating, espacios gráficos, carteleria urbana y en rutas, etc. implican un presupuesto millonario que no lo compensa el valor real de cincuenta hectáreas de campo en la pampa húmeda.

La campaña electoral para la presidencia de la Nación, en tanto alcance nacional e incluso en medios extranjeros es de imposible financiación sin una “Comisión de Notables” cuyos integrantes se los elige por sus lazos permanentes con empresas y empresarios

La campaña presidencial del 2015, en la Argentina, estuvo plagada de irregularidades en los balances electorales del PRO y del Kirchnerismo. El fiscal Jorge Di Lello requirió que los mencionados balances con los gastos oficiales de los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli, en la citada campaña, no sean aprobados por la Justicia hasta que los partidos puedan “subsanar” las irregularidades detectadas por diferentes auditorías. Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral por imperio de auditorías, verificaron inconsistencias en su financiamiento. El Fiscal Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos. Los auditores de la Cámara Federal, detectaron falsos donantes, asesores fantasmas, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar. Las irregularidades alcanzaron al Frente Cambiemos, el Frente para la Victoria, Compromiso Federal (cuyo candidato fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá); la Alianza UNA (Sergio Massa-José Manuel De la Sota), el Frente Progresista (Margarita Stolbizer), entre otras fuerzas.

La Cámara Electoral hizo hincapié, en el caso del Frente Cambiemos, en los aportes indirectos de empresarios a su campaña electoral y, simultáneamente, la canalización de fondos electorales a través de su partido político camuflados como “gastos de desenvolvimiento institucional”. Los auditores mencionan que los honorarios del asesor más conocido de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, no se declararon. Desde PRO respondieron que el ecuatoriano “asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente” (?).

El Frente para la Victoria, también sufrió fuertes cuestionamientos sobre su financiamiento electoral. Ante las observaciones de la Cámara Electoral sobre la falta de solvencia de sus donantes, la alianza reemplazó doscientos doce aportes por otros nuevos donantes. Desde el partido respondieron por escrito a la Justicia que todo fue parte de “un error administrativo”. Pero la nueva lista de donantes también sufrió llamativas observaciones en la auditoría: la Cámara detectó más de doscientos doscientos aportes que tampoco cumplían con las condiciones financieras mínimas para realizar dichas contribuciones. Son monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 60.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000. Los auditores detectaron también que en la campaña para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, su candidato, omitió informar el dinero ingresado en las millonarias cenas de recaudación de Parque Norte y Costa Salguero celebradas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el FPV le respondieron a la Justicia: “El gobernador [Scioli] sólo asistía a actos de protocolo o de gestión como funcionario en ejercicio”(?).

La siempre polémica relación entre políticos y empresarios, tomó otra dimensión en la provincia de San Luís. Su gobernador Alberto Rodríguez Saá convocó a los empresarios que construirán el megaproyecto “Parque La Pedrera”, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales, escuelas y un hospital. Dichas empresas desembolsaron el capital que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, el hermano del gobernador a pesar que la ley no permite el aporte de empresas ¿Como lo hicieron? Las compañías utilizaron a sus empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos (Fuente: Ivan Ruiz, Diario La Nacion).

Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados. La lista de Sergio Massa (UNA) frente a desembolsos realizados antes del período permitido por ley, por decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por haber sido omitidos en su declaración.

En las auditorias ordenadas por la Cámara Nacional Electoral, una importante empresa nacional, violó el tope máximo de donaciones permitidas. El holding se convirtió en el principal aporte de las campañas de Alberto Fernandez y Mauricio Macri. Declaró donaciones individuales menores a los nueve millones de pesos que era el límite impuesto por la Justicia; sin embargo, los fondos que el holding aportó, en total, para el Frente de Todos fueron $30 millones, y otros $25,5 millones para Juntos por el Cambio. Para realizar los aportes, el grupo utilizó al menos ocho razones sociales distintas. La Cámara Electoral detectó que, en algunos casos, las transferencias bancarias de cuatro de esas empresas fueron realizadas por la misma persona, el mismo día y desde el mismo banco.

Los auditores también señalaron que uno de los accionistas del holding, integra una empresa que tiene una concesión del Estado por 30 años. Las restricciones de la ley de financiamiento electoral son amplias en cuanto a la relación de los aportes con el Estado: prohíbe contribuciones de empresas concesionarias, contratistas de servicios u obras públicas, o proveedores de la Nación, provincias o municipios.

La Cámara Electoral planteó en el caso de los aportes electorales a Mauricio Macri, que durante la campaña se desempeñaba como presidente, que algunas de las empresas que donaron a su campaña tenían permisos emitidos por el Estado para operar puertos (LDC Argentina SA y PTP Warrant SA) y otras habían recibido beneficios del programa RenovAr, de energía eólica (Arre Beef SA y Frigorífico Gorina SAIF). Los auditores también hicieron hincapié en un grupo de seis frigoríficos y empresas agropecuarias que hicieron aportes a Juntos por el Cambio por un total de $28 millones y que habían accedido a la cuota Hilton, un cupo de fondos que reparte el Estado entre exportadores de carne vacuna.

La jueza María Servini, con competencia electoral, no aprobó todavía los balances de la campaña presidencial de 2015.(Fuente Iván Ruiz, Diario La Nación)

c) Hoy asistimos a partidos políticos paralizados. No existen como tal. Los comités y unidades básicas están vacías, deterioradas, cerradas, con importantes deudas por tasas de gas, luz, agua, servicios municipales, telefónicos, etc. que no se abonan desde hace bastante tiempo.

En 1983, frente a la necesidad de recomponer y reparar los daños afligidos a los comités y unidades básicas, en la dieta de un legislador se retenía un porcentaje destinado al partido político que representaba. Dichos fondos posibilitaron la reparación edilicia de muchos centros políticos. Con el tiempo, la conformación de frentes electorales descompuso la representación partidaria y muchos legisladores en crisis y con litigios internos con la dirección de sus respectivos partidos, se negaron a la retención partidaria y con ello, las organizaciones perdieron un soporte financiero vital. Una casta burocrática retiene los órganos de poder, evita las elecciones internas y conforma frentes electorales. Son numerosos los ejemplos de candidatos que han legitimado sus postulaciones por fuera del partido orgánico y una vez elegidos, con el poder que confiere el cargo, han asumido la conducción del mismo.

Lo expuesto, ha generado el alejamiento de los ciudadanos de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales por manifiesta indiferencia cívica. La ausencia de participación reconoce múltiples causas. Los congresos y convenciones partidarias han dejado de convertirse en la caja de resonancia del programa partidario. La distorsión de uno de los requisitos básicos del sistema republicano (la periodicidad de los mandatos) por parte de gran parte de la casta burocrática partidaria y frentista, ha significado un verdadero “tapón” para las generaciones más jóvenes. No existe renovación parlamentaria genuina; la excepción es cuando de apela al nepotismo. El nepotismo es más notorio en las provincias, muchas de las cuales mantienen un sistema feudal. No existe debate interno

La involución oligárquica de las democracias parlamentarias y presidencialistas se profundiza e intensifica. Una minoría burocrática, supeditada al poder económico monopoliza la representación política y excluye de facto a la mayoría, aunque sigue invocando su legitimidad formal a través del sufragio universal. Esta democracia oligárquica se convierte a la par en una verdadera plutocracia donde el poder está en manos de una minoría económicamente privilegiada.

La sumisión de los partidos políticos al mundo financiero ha aumentado el escepticismo hacia los representantes políticos, cuyo descrédito es creciente, agudizando los mecanismos de participación democrática y generando la actual crisis de representación

Con la excepción de contados procesos electorales en la que las contradicciones insuperables entre dos partidos políticos han potenciado el llamamiento a votar y los porcentajes se participación han aumentado, observamos que en las convocatorias electorales voluntarias, la indiferencia es notable. En las convocatorias con voto obligatorio, también decrecen y dicha indiferencia incluso se extiende a la conformación de las mesas electorales en razón que el designado por el colegio electoral tampoco se hace presente a su apertura.

d) La crisis de la democracia y su deterioro, se expresa esencialmente en la indiferencia de algunos sectores en el significado, sentido y utilidad del voto y en otros, como la Unión Europea, en la existencia de una capa creciente de inmigrantes sin derecho a voto, de ciudadanos de segunda categoría que asisten a las contiendas electorales como espectadores de decisiones que los afectan.

En el conjunto de la periferia europea, la deslegitimización del poder político y de la clase política se acentúa. La crisis económica y social se convierte en una crisis política cada vez más profunda con procesos crecientes de deslegitimación de instituciones y de los partidos políticos. Todo ello conlleva al desaliento, la desconfianza, el enojo y una marcada insatisfacción.

El vaciamiento institucional reemplazó a los golpes de Estado. La erosión de los cimientos democráticos, en los últimos años, expone el “desgaste” que nuestros sistemas de gobierno sufren “desde adentro”, provocando lo que, años atrás, el investigador argentino Guillermo O’Donnell denominó su “muerte lenta”. Esta “muerte lenta” de las democracias contrasta con la trágica práctica que fue tan común en América Latina hasta hace pocas décadas: la “muerte súbita”, consecuencia de violentos golpes de Estado, y que llevaban al abrupto reemplazo de gobiernos elegidos popularmente por gobiernos militares.

Otro rasgo de esta “muerte lenta” o “erosión paulatina” son conductas que el propio Poder Ejecutivo, confundiendo al Estado con gobierno, desconociendo el contrato social, alienta e impulsa, como afirmamos precedentemente, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, designando Ministros complacientes con las medidas del gobierno; legisla, a pesar de su expresa prohibición constituciónal, con decretos de necesidad y urgencia, forzando la interpretación constituciónal, aún y a pesar de fallos judiciales que lo impiden; procuran la re-reelección de sus mandatos a pesar que la constitución, a la que han jurado respetar, les veda un tercer mandato ininterrumpido; judicializan toda decisión en contra de sus intereses, confiando que la mayoría de los integrantes de la Corte devuelvan favores y lo legitimen.

En el Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria cuando responde al oficialismo, cualquiera sea éste, demora el nombramiento del Defensor del Pueblo y todo tipo de control; delega al Poder Ejecutivo todas las competencias que las provincias pre-existentes al Estado Nacional le ha conferido al Congreso de la Nación, renunciando a ejecutarlas; prorroga “sine die”, competencias extraordinarias conferidas para una coyuntura determinada en tiempos de normalidad institucional; legitima los decretos de necesidad y urgencia; evita todo debate parlamentario, resistiendo toda convocatoria de Ministros al seno del Congreso.

El sistema de “frenos y contrapesos” se diluye. El Poder ejecutivo avanza con sus decisiones consciente que el Poder Legislativo aprueba por disciplina y el Poder Judicial por mayoría.

Tom Ginsburg y Aziz Huq dedicaron un libro al tema de “cómo salvar las democracias constituciónales” frente al problema de la “erosión democrática”; el profesor Adam Przeworski nos ha manifestado que las democracias van “retrocediendo” de a poco; Steven Levitsky y Daniel Ziblatt se refirieron a la “muerte de las democracias”; el belga David van Reybrouck habló de la “fatiga democrática”

Hoy, existe una razonable preocupación sobre el deterioro democrático. Nos impone y obliga a pensar en remedios urgentes; soluciones mediatas; iniciativas destinadas a “restaurar” el sistema de checks and balances, o a diversificar y fortalecer los controles ante el poder Ejecutivo, quien aparece como el principal generador de “desajustes”.

Existe una crisis de representatividad, un fastidio por la corrupción e impunidad de la clase dirigente; un Congreso que no delibera, una justicia volátil con manifiesta dependencia hacia los gobiernos de turno. El desencanto con las democracias que mueren por dentro.

Lo que la ciudadanía exige, entonces, no se limita a una nueva constitución cualquiera sea, sino que nuestros representantes estén a la altura del mandato popular conferido. Nada cambiará realmente mientras quienes gobiernan no preserven las fuentes de trabajo, no combatan la inflación, no tiendan puentes con la oposición, mantengan la corrupción y la consiguiente impunidad, no atiendan la política ambiental, sigan sumando empleados públicos al Estado en los ámbitos nacionales y provinciales mientras nosotros somos meros espectadores, destinados a consentir o aplaudir.

Roberto Gargarella afirma “De todo esto hablamos cuando hablamos de democracia: de recuperar definitivamente nuestra capacidad colectiva de pensar, discutir y decidir acerca del modo en que nos organizarnos, y tomar decisiones sobre nuestro propio destino…” Ahora, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, aquellas reflexiones preliminares se multiplicaron y dos nuevos factores comenzaron a cobrar relevancia: la mentira y la improvisación.

Timothy Snyder (“Sobre la Tiranía”), en un reciente reportaje, se refiere precisamente a la politización de la ciencia. Se improvisa y en la improvisación se miente sin pudor a la sociedad, ora fijando aislamientos sociales, preventivos y obligatorios breves en procura de preservar la disponibilidad de recursos; ora falseando las listas de contagiados y fallecidos por el COVID19; ora discriminando entre provincias aliadas de aquellas otras gobernadas por la oposición; ora publicitando acuerdos del gobierno con laboratorios internacionales que han avanzado en la cura del flagelo con la aparición de la vacuna; ora con cuadros y estadísticas distorsiónados por los propios funcionarios de la salud.

La sociedad, después de muchas experiencias vergonzantes, ya no somos permeables a las mentiras que ponen nuestra propia vida en riesgo expuesta en los medios televisivos, radiales y gráficos, en la que se apela a datos igualmente falsos, que no responen a información documentada y confiable.

Si la desigualdad se vuelve demasiado extrema, la gente ya no vive en la misma sociedad. El lenguaje y la comunicación se rompen. La grieta social no colabora con el debate racional. Son las emociones y los fanatismos los que afloran.

Vivir en democracia implica ser educado para tal fin. No somos naturalmente “democráticos”; por el contrario, tendemos a ser egoístas, intolerantes, conservadores del “estado de bienestar propio”. Sin embargo, las pandemias, las catástrofes, la guerra, nos sacuden de tal manera que aprendemos y aprehendemos a bucear dentro de nosotros y mayoritariamente encontramos valores vinculados a la solidaridad y la comprensión del otro.

Snyder afirma que no se puede hacer política sin valores. Es muy importante que un ciudadano en una democracia sea consciente de que sus acciones individuales, no solo su voto, influyen. Los valores tienen que estar presente fundamentalmente en los funcionarios y sobre todo en los líderes políticos. El ejemplo reciente de Uruguay en la que dos senadores enfrentados por años en posturas encontradas, se retiren de la función pública abrazados, es un mensaje sublime que colabora con el fortalecimiento de la tolerancia y la democracia.