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Una hoja en blanco

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Javier Martínez: El punto de partida de la discusión sobre la nueva Constitución es el hecho de que es irreversible la necesidad de cambiarla, más allá de la cuestión formal. Se llegó a un acuerdo de las fuerzas políticas porque la enorme mayoría de la población votó que sí quería cambiar la Constitución y estableció la forma de cómo hacerlo. Sin embargo, hay aparentemente una resistencia de muchos, no solamente de los que no firmaron sino que también de los que firmaron, pero que a las pocas horas estaban diciendo “sí, firmamos el acuerdo, pero nosotros vamos a votar Rechazo, y si no resulta el Rechazo vamos a lograr una mayoría de un tercio para vetar cualquier acuerdo en la Convención y si no resulta eso, vamos a tratar de que quede en blanco y que la ciudadanía después en un plebiscito de salida rechace el trabajo de la Convención”. Y con eso, como dijo un connotado político de la derecha, “volvería la Constitución del 80 en gloria y majestad”. Hay una conducta de negación de la realidad, un sueño al regreso de cuando estaban cómodos.

Ricardo Lagos: Una ceguera ante los cambios.

Javier Martínez: Y miedo también, que se racionaliza como “incertidumbre”. A lo que voy es a lo siguiente: toda esta resistencia de los que firmaron con la esperanza de trancar el proceso a través de la idea de “una incerteza jurídica”, argumentan que los inversionistas necesitan de la certeza jurídica que les otorga la Constitución actual, profetizando la entrada a un mundo de total incertidumbre y caos. Desde luego, todos quienes vivimos en sociedad (no solo los inversionistas) necesitamos certeza jurídica. Pero el primer punto que creo fundamental que se pregunten es si la actual Carta Magna, tal y como está, entrega alguna certeza solo porque “legalmente” existe, aunque en la práctica no tiene ninguna legitimidad social ni política. ¿Es imaginable que la Constitución actual vuelva a regir en gloria y majestad o esto ya no tiene vuelta atrás? Estas son las primeras interrogantes que se tendrían que pensar para proponer algo racional.

Ricardo Lagos: Yo creo que la respuesta a esta pregunta es histórica. La Constitución que nos rige no se ha mantenido en el tiempo por el tema de la certeza o la incerteza jurídica y su crisis proviene de la carencia de legitimidad de su origen, en donde su principal autor, Jaime Guzmán, estableció antes de redactar la primera línea que lo que él quería era “una Constitución que sea pétrea, que sea muy difícil cambiar y, lo más importante, una Constitución que, si el día de mañana llegan a un triunfar nuestros adversarios políticos, impida que ellos lleven adelante sus ideas porque se los prohibirá”. Eso es lo grave, porque no es democrático que una Constitución le impida a un segmento de la población llevar adelante sus ideas. Y de esto algo sé porque lo sufrí como presidente de Chile.

Javier Martínez: Por experiencia propia.

Ricardo Lagos: ¡Efectivamente! Y no me cabía duda que había que iniciar una reforma constitucional muy profunda. Una vez elegido presidente, en los primeros treinta días de mi gobierno intenté utilizar un mecanismo que está en la Constitución, que establece la posibilidad de constituir comisiones mixtas de senadores y diputados para discutir algún proyecto de suma importancia, de manera de que los principios que van inspirar ese proyecto tengan un grado de consenso acordado por ambas Cámaras. Al plantear mi intención al presidente del Senado, de llamar a una comisión mixta para proponer un conjunto de modificaciones (que se las enumeré) a la Constitución que a mi juicio era indispensable, la respuesta que recibí a los tres días públicamente por parte de los partidos de oposición fue: “El presidente ha sido claro en lo que quiere cambiar y nosotros, con la misma claridad, le decimos que no queremos cambiarlo y que por lo tanto seguirá como está”. Y efectivamente eso sucedió. Durante los siguientes cinco años me dediqué a modificar aquellos enclaves autoritarios que a mi juicio había que sacar, lo que logramos el 2005, pero la Constitución siguió impidiendo que determinadas visiones y políticas públicas por las cuales la ciudadanía me votó a mí, las pudiera realizar en la forma como yo lo entendía.

Javier Martínez: ¿Por ejemplo?

Ricardo Lagos: Como cuando me pareció que Chile era un país que tenía que tener un seguro de desempleo. En una economía abierta al mundo como la nuestra, expuesta a situaciones impredecibles que van más allá de nuestras fronteras —como las crisis económicas internacionales que tantas veces suceden—, se puede generar una baja en la demanda de nuestros productos, lo que deriva en una posible disminución del crecimiento y, como consecuencia, que mucha gente quede expuesta a despidos porque este es uno de los mecanismos de ajuste ante la falta de demanda de productos. Por esto, necesitábamos urgente un seguro de desempleo. Envié un proyecto modesto, a la altura de lo que podíamos en Chile para no generar grandes problemas económicos, y me pareció obvio que con ese seguro de desempleo se iba a hacer un pozo de dinero. Es decir, cada trabajador y empleador aportaría un monto de dinero mientras existiera un contrato, que iría a un fondo estatal que lo administraría para que, ante el evento de quedar cesante, la persona pudiera durante un período de seis meses, mientras encuentra trabajo, mantener una remuneración adecuada, no idéntica a la que tenía, pero que le permitiría subsistir por ese período porque no teníamos recursos para más. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición? “Vamos a considerarlo”. “Ah, qué bueno”, dije yo. “Pero con una condición”, me dijeron, “el Estado es mal administrador y usted acá plantea que estos seguros los va a administrar el Estado y eso va en contra del espíritu de la Constitución, por lo tanto, si usted quiere un seguro de desempleo tendrá que ser administrado por un privado y si no, no hay seguro de desempleo”. Yo me quedé con la frase “ese es el espíritu de la Constitución”, o sea, lo que me estaban diciendo era que es inconstitucional porque el Estado no está para administrar recursos, y nos pusieron en una situación muy compleja: o tengo seguro de desempleo y lo administran los privados o no hay seguro de desempleo. ¡Ahí estaba la Constitución del señor Guzmán funcionando de la mejor de las formas! Y como este, te puedo dar diez ejemplos más a lo largo de mi presidencia. “Esto está en contra de la Constitución, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que diga que esto que usted quiere está en contra de ella”.

Javier Martínez: Eso fue con el seguro de desempleo.

Ricardo Lagos: Y bueno, otro ejemplo fue cuando propuse la creación de las llamadas funciones críticas del Ministerio de Obras Públicas. Cuando este Ministerio aumentaba mucho su inversión frente al gran proceso de expansión en el que estábamos, la planta que existía era insuficiente, por lo que había que contratar más gente. Yo propuse que se contrate a personas, pero por proyecto; y que, a su vez, estas personas sean una suerte de inspectores fiscales para saber si estaba bien o mal lo que se estaba haciendo. Pero la ley señalaba que había que ser funcionario de planta para poder ser inspector fiscal. Ante esto yo propuse hacer una excepción y que cuando surjan proyectos que necesitan cargos de funciones críticas se les diera a estas personas también la posibilidad de fiscalizar. Esta reforma fue aprobada, pero el Tribunal Constitucional, al cual concurrió la derecha, dijo que no, que “los inspectores fiscales tenían que ser funcionarios de planta”, lo que en la práctica era imposible por el volumen temporal de proyectos que maneja este tipo de Ministerio, entonces, ¿de dónde se sacaba a los inspectores para fiscalizar este crecimiento? De ninguna parte y sin ellos, no había tampoco más proyectos que la planta del Ministerio pudiera soportar.

Javier Martínez: Están también todos los temas que tienen que ver con el “Estado empresario” y esta visión tan particular del “principio de subsidiariedad” que tiene esta Carta Magna. Pero volvamos a la cuestión de las reglas de la Convención que podremos elegir ahora.

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