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Presentación

El hecho migratorio venezolano hacia el Ecuador complejizó la aplicación de una política migratoria, debido a la cantidad no prevista de inmigrantes. Este flujo migratorio1, supuso para el Ecuador y para la región un desafío al momento de garantizar los derechos fundamentales. Muchas fueron las dificultades, pero de ellas, aparecieron soluciones y prácticas positivas que contribuyeron al mejor ejercicio de derechos. El presente trabajo propone un enfoque positivo sobre la experiencia de la inmigración venezolana en el Ecuador y la respuesta estatal y de la cooperación internacional como una estrategia primordial para salvaguardar el derecho de la salud, en especial, en el contexto mundial de la pandemia del COVID-19.

Los actores en los procesos migratorios son diversos e intervienen desde cada una de sus posiciones como: funcionarios de cancillería, agentes de control migratorio, y otros funcionarios públicos, que están en contacto directo con los protagonistas de los flujos migratorios “los y las migrantes”. En ese sentido, el ejercicio de derechos depende de las múltiples relaciones entre los migrantes y las instituciones. La pregunta que surge en el contexto social actual es ¿Qué sucede con el ejercicio del derecho a la salud de los inmigrantes a nivel local, durante la crisis sanitaria del COVID-19?, para responder esta interrogante desarrollamos el presente trabajo, en base a la experiencia del Ecuador como país de acogida de inmigrantes venezolanos. En el mismo, se analizará, por una parte, la regulación jurídica del derecho a migrar; y, por otra, el derecho a la salud a la luz de las obligaciones constitucionales e internacionales contraídas por el Ecuador, con el fin de mostrar buenas prácticas y alternativas al acceso y goce efectivo del sistema de salud por parte de inmigrantes.

1 Organización Internacional para las Migraciones. (2007). Los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y políticas migratorias.

Migración y el derecho humano a la salud en tiempo de pandemia

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