Читать книгу Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile - Verónica Valdivia Ortiz de Zárate - Страница 8

«A Óscar me lo mandaron relegado a Pisagua. Y tanto que habíamos trabajado por él [Gabriel González Videla] en la campaña; yo hasta subí a la tribuna para proclamarlo»²²; «Fueron años muy duros. González Videla cometió muchas barbaridades. El pretexto fue la huelga del carbón que, según decía, era “la primera batalla de la tercera guerra mundial”. Por orden del gobierno, los carabineros detuvieron a cientos de mineros y los metieron junto con sus mujeres y sus niños en carros de carga del tren, que se usaba normalmente para transporte de animales y de mineral. Por crueldad o torpeza, al llegar a Chepe desengancharon a esos vagones de la locomotora y ahí quedaron botadas muchos días esas familias, sin alimentos, sin servicios higiénicos, sin agua. Había vigilancia a cargo de carabineros armados… El traidor, empeñado en aplicar a toda costa su política represiva, ordenó mandar a todos aquellos mineros con sus familias al puerto salitrero de Pisagua, recién habilitado como campo de concentración»²³.

Semanas antes de los primeros «traslados», el Presidente había solicitado al Congreso facultades extraordinarias en nombre de la democracia y la salvaguardia de las instituciones: «El actual gobierno […], celoso guardador y mantenedor de las tradiciones democráticas del país, es contrario, por principio, a la adopción de aquellas medidas que tiendan a coartar esas libertades y derechos, pero tampoco puede aceptar […] que ciertos sectores extremistas, abusando de las garantías que a todos los ciudadanos otorga la democracia, quieran hacer escarnio de aquellos mismos principios y pretendan socavar el normal desenvolvimiento de nuestra institucionalidad […] un plan atentatorio a la economía nacional que se traduce en numerosas huelgas de carácter ilegal, que son mantenidas y alentadas en los centros de producción, tales como las que se realizan en las zonas cupríferas, salitreras y carboníferas»²⁴.

Instalando el conflicto interno en el marco de la naciente Guerra Fría, el Presidente Gabriel González acusó a los comunistas de preparar una huelga revolucionaria: «Un vasto programa concebido por el totalitarismo ruso, que realizaban simultáneamente en el mundo entero todos los núcleos comunistas […]una huelga general revolucionaria […] Los antecedentes reunidos, provenientes de todo el país, me señalaron que esta huelga debía empezar en las minas de carbón de Lota y Coronel, lo que traería como consecuencia inmediata e inevitable, la paralización de los Ferrocarriles del Estado, de todas las industrias y de la empresas de electricidad y gas»²⁵. Esta reconstrucción muy posterior a los hechos –incluso cruzada por el Golpe de septiembre de 1973– alude al estallido de una huelga en la zona del carbón, a comienzos de octubre de 1947, cuando las relaciones entre el gobierno y el Partido Comunista estaban rotas y este se encontraba, prácticamente, aislado en términos políticos. Según su declaración, las huelgas respondían a la intervención de la Unión Soviética, que planeaba controlar las fuentes productivas de las materias primas que podían servir a los Estados Unidos para su preparación bélica, en caso de emergencia internacional y retardar o paralizar esas producciones²⁶.

La solución prevista por el gobierno fue la dictación de dos estados de excepción constitucional, Estado de Sitio y Zona de Emergencia, esta última contemplada para casos de ataque externo o conmoción interna, y que entregaría el control de esos lugares a las fuerzas armadas. Los considerandos del mensaje enviado al Congreso para obtener esas facultades extraordinarias afirmaban que «Es deber fundamental del Ejecutivo afrontar la situación, haciendo uso de recursos constitucionales que las circunstancias aconsejan para adoptar las medidas de vigilancia y de represión, autorizadas por la ley para resguardar el interés nacional»²⁷. En su visita a la ciudad de Temuco poco tiempo después, el Presidente afirmó que las Zonas de Emergencia decretadas y la restricción de libertades eran «facultades muy limitadas. Desde luego, solo a las zonas amagadas por el Partido Comunista: cobre, carbón y salitre y solo autoriza al gobierno al traslado de un punto a otro de la República a los comunistas. Se levantan las Zonas de Emergencia 15 días antes de las elecciones […] La crítica a las facultades extraordinarias es un error doctrinario. Yo asumo la responsabilidad de mis actos, porque amante de la libertad y de la democracia sé que con estas medidas de excepción estoy derrotando a aquellos que desean aprovecharse de nuestras libertades democráticas para establecer su propia tiranía totalitaria: la tiranía del Partido Comunista, la misma que acaban de imponer en Checoslovaquia»²⁸.

Según las Memorias del General Guillermo Barrios Tirado²⁹, Ministro de Defensa del Presidente Gabriel González, el 3 de octubre de 1947 una directiva secreta de esa cartera fue enviada al Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, vicealmirante Alfredo Hoffmann y Jefe de Zona de Emergencia en las carboníferas, informándole que se ocuparía militarmente las minas del carbón, procediéndose «al apresamiento de los agitadores comunistas, según lista en poder de esa Jefatura, incluso del alcalde y regidores de Lota y parlamentarios de ese mismo partido»³⁰, a la vez que se ordenaba cancelar los permisos para cargar armas, las cuales serían requisadas. Se le informaba al vicealmirante Hoffmann que el día 4 de octubre se decretaría la reanudación de faenas, explicitándose las condiciones económicas que regirían, orden que de no ser acatada en 48 horas o si lo fuera en menos del 80% de la dotación de las minas, el Presidente dictaría un «Decreto Supremo de movilización militar y de cumplimiento integral del Plan Gamma»³¹. El 4 de octubre el decreto de reanudación de faenas fue emitido: «tropas de la marinería, Ejército y de Carabineros, al mando del vicealmirante señor Alfredo Hoffman, resguardarán el orden en toda la región afectada por este movimiento huelguístico y evitaran los sabotajes anunciados en las faenas»³². Los trabajadores rechazaron la orden de regreso al trabajo, argumentando que su huelga era legal y habían seguido todos los procedimientos contemplados en el Código del Trabajo.

En la reunión sostenida con los oficiales y tropa de los regimientos Chacabuco, Guías y Silva Renard en la zona de Concepción, el General Barrios Tirado señaló que debía imponerse el principio de autoridad porque la lucha era contra una secta internacional y que el objetivo del gobierno era «la liquidación del comunismo entronizado en la zona (y) esperaba para el 4 el arresto de doscientos o trescientos cabecillas […] Se dispone de inmediato que se organicen patrullas de Carabineros, Investigaciones, Ejército, vestidas de civil, para proceder a la detención de quienes figuran en las listas entregadas por las compañías [para lograr el] arresto del máximo de individuos»³³.

El 5 de octubre se cumplió la orden de militarización de la zona. De acuerdo a la información oficial, emanada del Ministro del Interior: «En el día de ayer, tropas de Ejército, Marina y Aviación tomaron el control de toda la zona carbonífera, y en las primeras horas de la mañana de hoy llegarán a Concepción los regimientos de Los Ángeles y Chillán; barcos de guerra llegaron a Talcahuano; fuerza de Aviación saldrá de Temuco con destino a la ciudad indicada en las primeras horas de la madrugada […] Todas estas fuerzas…harán respetar íntegramente el decreto de reanudación de labores. Se detendrá a todo aquel que, en obedecimiento a la consigna de producir la asfixia económica de la nación, pretenda entorpecer o dificultar el trabajo de los obreros»³⁴. Para evitar la paralización, las fuerzas de la guarnición de Concepción se desplegaron por el territorio, reforzadas por el destacamento andino de Los Ángeles y el Regimiento Chillán, unidades de la Armada y un número importante de aviones de la Fuerza Aérea, anunciados por el gobierno. Con el decreto de Zona de Emergencia se aisló a Lota y Coronel, coartando la libertad de movimiento, impidiendo la entrada y salida de personas consideradas sospechosas, mientras se despojaba a los sindicatos de su personería jurídica y de sus bienes, como una forma de evitar una resistencia prolongada. Así lo denunció el manifiesto publicado por el comando de la huelga: «Nuestros dirigentes se encuentran detenidos, nuestros locales clausurados; las radios y teléfonos, controlados; NOS TIENEN EL PUEBLO COMO CÁRCEL (sic), sin poder salir ni entrar de nuestra localidad. Nos amenazan con seguir tomando leyes represivas hasta con el más modesto militante de nuestros sindicatos. El comando hace un fervoroso llamado a las FUERZAS ARMADAS (sic) que tienen el control de nuestro pueblo, para que sepan comportarse como siempre lo han hecho, manteniendo el alto prestigio de Chile, garantizando el libre juego democrático de nuestras organizaciones obreras. Por nuestra parte, los trabajadores sabremos mantener la tranquilidad en el desarrollo de nuestro justo movimiento legal»³⁵.

La militarización de la industria y región carboníferas sometió a los trabajadores al régimen disciplinario y judicial de las fuerzas armadas y se designó al General Santiago Danús Peña, Comandante en Jefe de la III División, como Jefe de Zona de Emergencia en Lota y Coronel, a la vez que se llamó a reconocer cuartel a los reservistas que habían realizado el servicio militar en 1946 y a los que tenían ciertas especializaciones, cuyos nombres figuraban en las listas confeccionadas por la Dirección de Reclutamiento e Instrucciones de las Reservas, debiendo presentarse en su regimiento o cantón de reclutamiento. Quien no lo hiciera sería pasado a los tribunales militares. Estos reservistas reemplazarían a los obreros paralizados. Simultáneamente, y responsabilizando al Partido Comunista de la mantención de la huelga carbonífera y las estalladas en otras partes del país, el Ministerio del Interior decretó la censura del diario El Siglo y otras publicaciones de ese partido e «Idénticas medidas se dispusieron anoche con respecto a otros puntos del país, pues el gobierno tiene informes sobre el traslado de agitadores comunistas a los puertos de Valparaíso y San Antonio, a Sewell y a la zona norte, donde pretenden hacer movimientos como el del carbón, cuya finalidad primera y última es, como se ha dicho, producir la asfixia económica de la nación»³⁶.

Así, 18.000 efectivos militares desplegados en la zona del carbón procedieron a allanar los locales sindicales y deportivos, sedes de partidos, invadieron las viviendas de los obreros, provocando numerosas destrucciones, a la vez que la autoridad uniformada censuró a la prensa, prohibiendo noticias vinculadas a la huelga³⁷.

Las fuerzas militares detuvieron a los denominados «cabecillas», cientos según el Ministro de Defensa, a quienes se les «internó» en pontones³⁸ o en la isla Quiriquina, pasándolos al juzgado militar. Mientras, mil nuevos contratados llegaban a reemplazar a los huelguistas. Los primeros detenidos fueron acusados de intentar impedir la entrada de los trabajadores a los piques: «Detenidos y allanados los 30 comunistas, se les encontró en su poder laques y cuchillas, siendo desarmados e inmediatamente relegados al sur del país. Los treinta comunistas eran dirigidos por Isaías Fuentes, exgobernador de Coronel; por Fidel Mellado, alcalde de Coronel, y por Humberto Pinto Pacheco, secretario del alcalde mencionado»³⁹. La esposa del Presidente de la República, señora Rosa Markmann, fue informada por el Jefe militar de la región carbonífera, General Danús, de la expulsión de numerosos obreros y profesores de la zona, por ser calificados de agitadores y subversivos: «Abdón 2º. Alarcón Barra: Detenido desde los primeros instantes por agitador, fue enviado al vapor Don Thomson, de donde pasó a la Cárcel Pública de Coronel, donde se le juzga por subversión. La familia evacuó el establecimiento con destino a Coronel, recibiendo la asignación respectiva. La esposa confesó ser dirigente del MEMCH [Movimiento pro emancipación de la mujer] y formar en los comicios»⁴⁰.

De acuerdo a las órdenes emitidas por el General Barrios Tirado, los allanamientos de un pabellón completo se iniciaron el día 15 de octubre, deteniéndose a sus ocupantes para «conducirlos al pontón al ancla en Lota», donde serían instalados. Las condenas, según señalaba, durarían entre tres y cinco años. Simultáneamente, se notificaría a los familiares de los detenidos en la isla Quiriquina que tendrían un plazo de ocho días para abandonar las viviendas, pues ellas serían entregadas a los trabajadores que reemplazarían a los detenidos⁴¹.

La violencia desatada contra los trabajadores en huelga y sus familias debe ser inserta en la lógica que impulsaba las decisiones del gobierno y de sus colaboradores, quienes, según el testimonio del Ministro de Defensa, «se consideran en guerra, en una revolución cuyos inmediatos resultados no se sabe, porque no se transigirá con los huelguistas y cueste lo que cueste, pase lo que pase, se impondrá el principio de autoridad»⁴². Efectivamente, la justificación del Presidente para haber impulsado las facultades extraordinarias que le permitieron suspender las garantías constitucionales afirmaba que Chile estaba entrando a un nuevo período histórico: «Es preciso comprender que estamos ya en presencia de una nueva guerra, de una verdadera guerra revolucionaria, cuyas primeras batallas se libran en el mundo entero»⁴³. En consonancia, el Jefe Militar consideraba que el apresamiento de cabecillas debió ser masivo, de dos a tres mil trabajadores, «para extirpar el cáncer revolucionario. La checa comunista tiene atemorizada a la clase obrera y es a esa fuerza a la que hay que eliminar para asegurar la libertad de trabajo»⁴⁴.

Contrariamente, según la denuncia del senador comunista Carlos Contreras Labarca, la huelga tenía motivos estrictamente económicos, irresuelta por la intransigencia de las compañías y completamente alejada de cualquier motivación revolucionaria. No obstante, la acción gubernativa seguía una lógica bélica, tal como lo expresó en el Senado: «Actualmente, la zona del carbón se encuentra –puede decirse– en estado de guerra y los obreros son tratados como si no fueran chilenos. Se han movilizado el Ejército, la Marina y la Aviación. Los cerros que rodean las minas están cubiertos por cañones de artillería y cada quince minutos se hacen volar sobre los campamentos aviones de la Fuerza Aérea cargados de bombas»⁴⁵.

En la tercera semana de octubre de 1947, los minerales de Sewell y Chuquicamata y las salitreras María Elena, Vergara en Antofagasta, así como Victoria, Humberstone y Alianza en Tarapacá se declararon en huelga. El gobierno respondió con decretos de Zona de Emergencia para las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O’Higgins, con lo cual se produjo la ocupación militar de los campamentos mineros y oficinas salitreras, ordenándose la reanudación de faenas y la detención de setenta dirigentes comunistas. De acuerdo a las Memorias del entonces Presidente de la República, los Jefes de Zona, generales Silvestre Urízar en Antofagasta, Guillermo Aldana en Tarapacá y Humberto Luco en Sewell, procedieron a ocupar militarmente dichas faenas y, en el caso de las oficinas salitreras, «las escuelas fueron invadidas por los militares, quienes cumplían órdenes. Hay despidos de obreros, han sido mandados al sur de Copiapó con todas sus familias; a los familiares de los relegados se les han botado sus enseres a la calle, dando un plazo de 24 horas para que abandonen las oficinas, siendo los relegados embarcados al sur con rumbo desconocido»⁴⁶. Según el testimonio del entonces teniente Aquiles Levensberg, los nombres de los detenidos en la oficina Alianza fueron entregados por los carabineros, quienes indicaban la vivienda del obrero y el método de detención: «Es muy sencillo. Yo le indico dónde vive la gente y usted toma al “gallo” y se lo trae al cuartel. Le pregunté ¿y si se resiste?. “Bueno –contestó–, quiere decir entonces que hay que darle un culatazo para que entre en razón”»⁴⁷.

Para la fecha, todos los centros mineros del país estaban bajo control militar, y los derechos constitucionales, suspendidos.

A comienzos de noviembre de 1947, el buque de la Armada, Araucano, procedente de Lota y Coronel, llegó a Iquique trasladando a los «relegados de la zona carbonífera» en número de 93, «acompañados de 27 familiares», a los que se sumaron 24 relegados de Santiago, en viaje a su lugar de destino: «El Araucano zarpó hoy a Pisagua, sitio de relegación de los [presos] mencionados. Además lleva madera para habilitar barracas en donde serán concentrados; también lleva víveres»⁴⁸. Entre los «trasladados figuran obreros, empleados, maestros, etc., tanto de las oficinas salitreras del interior como de este puerto, los cuales ya se encuentran en Pisagua»⁴⁹.

Tal fue la experiencia de la profesora, regidora y alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad de Lota, Blanca Sánchez Sagredo, quien fue «detenida los primeros días siguientes al decreto de reanudación de faenas, mantenida incomunicada por las autoridades policiales de la región, en la sección de Investigaciones de Concepción, trasladada luego a Santiago, en el mismo carácter, el día 13 de octubre y transportada a Pisagua, punto de su relegación⁵⁰, dos horas después de haber sido recibido el recurso de amparo interpuesto en su favor. Durante todo este tiempo, la regidora Blanca Sánchez Sagredo fue mantenida en lugares destinados a la detención de inculpados de delitos comunes, con violación del artículo 72 No. 17 de la Constitución Política y de las leyes nos. 8.837 y 5.163, que establecen, sobre el particular, que el arresto no puede ser en lugares que sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes»⁵¹. Más aún, su abogado defensor Mario Rojas, que interpuso el recurso de amparo, fue también apresado el 22 de octubre.

El buque Araucano recibió a los 2.200 obreros detenidos en la zona del carbón y en Santiago, una vez que fueron interrogados por la autoridad militar, con el objetivo de «establecer quiénes eran los dirigentes que los habían inducido a esa acción incalificable. Del resultado de esta investigación se pudo establecer el nombre y la afiliación de más o menos 300 dirigentes, los que fueron detenidos de inmediato y trasladados a bordo del buque madre Araucano, donde comenzaron ayer mismo a funcionar los tribunales militares»⁵². Luego, zarpó con destino a Iquique.

Por otra parte, la barcaza Bolados de la Armada viajó llevando ropas y camas para las personas que fueron «trasladadas» a esa localidad. Sus familiares, incluso, llevaban material de construcción de galpones⁵³.

Los «trasladados» de fines de 1947 correspondían a una gran cantidad de trabajadores de sectores económicos estratégicos, que habían protagonizado sostenidas huelgas desde 1945, quienes arribaron masivamente a Iquique, para ser llevados a la ciudad de Pisagua. En esa primera oleada llegaron obreros, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), profesores y militantes con cargo políticos, como Intendentes, alcaldes y regidores. Como informaban las autoridades militares, Pedro Álvarez López había sido detenido en la oficina Humberstone, acusado de habérsele encontrado panfletos que violaban las disposiciones de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo. Álvarez era dirigente del sindicato industrial de la oficina Santa Rosa de Huara en Tarapacá y exmilitante comunista. Su detención habría ocurrido por la denuncia de «los dirigentes socialistas de Humberstone [que] lo acusan de comunista»⁵⁴. Por esos mismos días, 17 dirigentes sindicales y políticos de Sewell arribaron a Iquique. Como recordaba décadas más tarde el militante comunista Samuel Riquelme, «la pista se puso cada vez más pesada. En la segunda mitad de 1947 comenzaron las detenciones masivas de militantes, sobre todo del movimiento sindical. Miles fueron enviados a Pisagua, donde el traidor hizo abrir un campo de concentración. A otros los mandaban relegados a los pueblos del altiplano, a cuatro mil y más metros de altura, o a la isla de Melinka, en el extremo sur»⁵⁵. El 22 de octubre de 1947 fueron detenidos en Iquique: José T. Barrera, alcalde de la comuna; Rómulo G. Chandía, regidor y profesor de la Escuela No. 1; L. Córdova, empleado del diario; Pedro Pradenas, profesor del Instituto Comercial; Mario Rodríguez, profesor de la Escuela No. 5; Ángel Veas, exdiputado y exIntendente de Tarapacá; Ricardo Ahumada, presidente del sindicato de ferrocarril salitrero, entre muchos otros.

Una vez decretada la Zona de Emergencia en la provincia de O’Higgins, el alcalde de Machalí fue detenido y trasladado a Pisagua, junto a Aniceto Martínez, Luis Baeza y Víctor López, todos regidores comunistas. Los cientos de dirigentes sindicales detenidos en Antofagasta, Tocopilla, salitreras María Elena y Pedro de Valdivia llegaron a Pisagua, como también los alcaldes y regidores de esas ciudades y posteriormente, tras las segundas facultades extraordinarias concedidas por el Congreso en enero de 1948, «243 dirigentes fueron llevados al puerto vecino en un convoy organizado especialmente y custodiado por personal de las fuerzas armadas»⁵⁶. En los primeros días de ese mes de enero de 1948, el entonces teniente de Ejército Aquiles Levensberg llegó en «el relevo de Pisagua, junto al mayor Ciudad y el Capitán Pinochet, y los setenta hombres de tropa elegidos personalmente por mí, con el visto bueno de mis jefes»⁵⁷. Según las declaraciones de Augusto Pinochet, el 23 de octubre de 1947 se le ordenó reunir a su personal de combate, en unidades motorizadas, para enfrentar la emergencia que vivía el país. En la madrugada del día siguiente salió del cuartel con la lista de personas que serían arrestadas en Humberstone –oficina que actuaba como cuartel general–, nombres que le fueron proporcionados por la sección de Investigaciones Criminales de Carabineros. Según Pinochet, los camiones militares se llenaron con detenidos y trasladaron unos 500 comunistas a Pisagua, «una aldea costera improvisada como campo de concentración»⁵⁸.

Un criptograma de la Jefatura de la I. Zona de Carabineros en Antofagasta, transcrita al Intendente de Tarapacá, ordenaba al jefe de esa institución en Arica para que tomase las medidas a «fin de trasladar a Pisagua relegados diferentes puntos su jurisdicción. Informe cumplimiento esta orden y adopte medidas de seguridad nuevo punto relegación. General Espinoza. Transcribe para su conocimiento General Meneses, Jefe de Zona»⁵⁹. Estas órdenes se reiteraron a finales de ese año, cuando se dispuso el traslado a Pisagua de los obreros marítimos Rolando Cortés Vilches y Juan Encina Olivares. Simultáneamente, el destructor Riquelme transportó desde Coquimbo en dirección a Chañaral a una compañía del Regimiento Arica No. 2, de guarnición en La Serena, para resguardo de Potrerillos⁶⁰.

En esos mismos días se ordenó la expulsión a otros lugares aislados del país. A mediados de noviembre de 1947, por medio del decreto 6293, el gobierno ordenó el «traslado al extremo sur del país» de Alfonso Hidalgo, funcionario municipal, comunista, y de Eloy Luis Cortés a Tierra del Fuego; Manuel Heredia, oficial civil del pueblo de Tarapacá, y Luis González Miranda a Arauco. Estos no tenían filiación política, pero se los suponía dirigentes comunistas. Asimismo, a muchos expulsados de las salitreras se los envió al sur con sus familias. En efecto, de las oficinas Mapocho, La Santiago y San José provenían los «cancelados» y expulsados de varias oficinas en Tarapacá y Antofagasta, junto a sus familias, transportados en el Longitudinal con destino a Coquimbo, Santiago y Valparaíso, mientras que el buque Araucano recibió a los trabajadores de las salitreras del Cantón Sur (Victoria, Alianza) y del sector de Humberstone. Viajaron en cinco vagones, lo que inducía a la prensa comunista a estimar el número de «trasladados» en 200. A cargo de esos detenidos iba el teniente Levensberg, antes mencionado⁶¹. Por su parte, la orden de traslado del dirigente textil Humberto Arce y el empleado gráfico Víctor Ruz, llegados a Iquique, fueron dejadas sin efecto, pudiendo regresar a Santiago. Contrariamente, el 29 noviembre de 1947, un telegrama del Ministerio del Interior a la Intendencia de Tarapacá informaba que «Con esta fecha se ha dictado el decreto número 6591, que dispone que el ciudadano Guillermo Sánchez Alarcón, actualmente en el Departamento de Pisagua, sea trasladado al Departamento de Tomé, quedando sujeto a la vigilancia de las autoridades policiales de este último departamento. Tome las medidas del caso para proceder al traslado decretado y comuníquelo al Jefe de Zona de Emergencia»⁶². En tanto, otros eran acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, siendo detenidos y trasladados a Tierra del Fuego⁶³. En general, las personas eran movidas de un lugar a otro bajo la denominación de «trasladados». Fue el caso de Juan Alberto Núñez Rojas, trasladado de Cosapilla, en la provincia de Parinacota, en el extremo norte del país, a Marchigüe, en la provincia de Colchagua, medida que luego se dejó sin efecto, decretándose enviarlo a San Bernardo⁶⁴.

La forma en que se producían los traslados era a través de un decreto emitido por el Ejecutivo, amparado por las facultades extraordinarias, como el que transcribimos a continuación: «Ministro del Interior a Intendente, 5 de mayo, 1948. S. E. el Presidente de la República decretó hoy lo que sigue: En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 2º de la Ley 8940, de 15 de Enero del año en curso. Decreto: Trasládense a Pisagua, de la provincia de Tarapacá, a los ciudadanos JOSÉ ROSEMBLIT, JERÓNIMO GARCÍA PARRA, ARTURO GARCÍA PARRA, ALEJANDRO KRITZLEV WEINBERGER y ELENA WEINBERGER HARTMANN, quienes quedarán sometidos a la vigilancia de las autoridades policiales de dicho lugar. Mientras se efectúa el traslado, los referidos ciudadanos permanecerán arrestados en sus casas o en cualquier otro lugar no destinado a reos comunes. Dese cumplimiento al presente decreto por los Servicios de Investigaciones. Tómese razón y comuníquese. GABRIEL GONZÁLEZ V. –I. Holger T.»⁶⁵.

Las relegaciones y traslados continuaron luego de la razzia de octubre de 1947 a febrero de 1948; dos años más tarde, el subcomisario de Investigaciones de Tarapacá informaba al Jefe militar de Zona sobre la detención de la secretaria de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) y su expulsión fuera de la provincia: «En cumplimiento a su oficio confidencial Nº 147 de hoy que dispone que por D/S Nº 5421 de 26 del actual cursado por el Ministerio del Interior se ordena la detención de DORIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ (sic) a fin de trasladarla a la ciudad de Copiapó y ponerla a disposición de la Jefatura de Zona de Emergencia de Atacama, tengo el agrado de informar […] se encuentra actualmente en esta Comisaría Provincial a disposición de esa Superioridad»⁶⁶.

En enero de 1949, el Campo de Pisagua fue cerrado, pues habría elecciones parlamentarias en marzo y era un imperativo realizarlas sin la existencia de Campos ni Zonas de Emergencia, por la suspensión de derechos que implicaban. El cierre se extendió hasta mediados de marzo, tal como lo informó el Comandante en Jefe de la VI División del Ejército, con asiento en Tarapacá: «Se comunica a esa Intendencia que por oficio Conf. S. No. 75 del 1.II.1949, el Ministerio de Defensa Nacional ha transcrito a esta Jefatura de Zona de Emergencia el decreto supremo No. 626, expedido por el Ministerio del Interior con fecha 27 de enero ppdo., por el cual se adoptan las siguientes medidas: Suspende desde 27.I.1949 y hasta el 16.III.1949 el uso del derecho para restringir la libertad personal, que concede al Presidente de la República el art. 1º de la Ley No. 9261 de 13.XI.1948 y, por lo tanto, el de trasladar a los ciudadanos de un punto a otro del país»⁶⁷. El 15 de marzo, el General Carrasco informó al Intendente que al día siguiente reasumiría como Jefe de Zona de Emergencia. Los estados de excepción constitucional siguieron dictándose en los meses siguientes. Ello explica que el Campo de Pisagua, en cuanto tal, siguiera vigente y recibiendo contingentes de trasladados: «Cúmpleme poner en conocimiento de esa Jefatura de Zona de Emergencia, que por oficio 1518 de fecha 10 del actual dirigido al Sr. Jefe de Carabineros de Pisagua de la Dirección General de los Servicios, se ha comunicado a esta Comisaría de Investigaciones [que] S. E. el Presidente de la República ha dispuesto el traslado a Pisagua del ciudadano JUAN VARGAS PUEBLA (sic), el que queda a disposición de esa Jefatura de Zona para los fines del caso»⁶⁸. Unas semanas antes habían llegado 12 detenidos de La Serena.

Como se observa, la red coercitiva partía desde el Ejecutivo –Presidencia, Ministerio del Interior y de Defensa–, desde donde emanaban las órdenes y las acciones coercitivas. Las detenciones respondían a listas de «agitadores», preparadas por las empresas afectadas por las huelgas, los informes de Investigaciones, de la policía y de las intendencias; las detenciones mismas recayeron, dependiendo de la zona, en las fuerzas armadas, carabineros e Investigaciones, aunque los Intendentes y gobernadores también intervenían en la gran mayoría de los casos. Todos actuaban mancomunadamente, tal como lo establecía el código de las Zonas de Emergencia, cuyo Jefe de Zona era la autoridad máxima, a la que las otras se subordinaban. Una vez detenidos, los barcos de la Armada transportaban a los trasladados a Pisagua, mientras que la red ferroviaria y la Armada conducían a los miles de relegados. El Campo de Pisagua estaba entregado a los militares y carabineros, mientras que la mantención de los reclusos quedaba bajo la responsabilidad y vigilancia de estos últimos.

Todo indica que el interés del gobierno era continuar la persecución al comunismo, siguiendo los pasos de sus militantes, y mantener el Campo de Pisagua abierto. En una Circular confidencial del Ministerio del Interior se informó a la Intendencia que exrecluidos en Pisagua habían llegado a zonas industriales, acusándolos de volver a sus acciones de agitación y alteración del orden público, por lo que se ordenaba que: «En aquellos casos en que no fuese posible acreditar con la prueba suficiente estas actividades para denunciarlos a la justicia con arreglo a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, corresponde hacerlo a la Justicia Ordinaria, en conformidad a lo prescrito en el artículo 305 del Código Penal, como vagos, por no tener hogar fijo, ni medios de subsistencia, ni ejercer habitualmente profesión, oficio u ocupación lícita, teniendo aptitudes para el trabajo»⁶⁹. Los abogados del gobierno, encargados de aplicar la Ley de Defensa de la Democracia, deberían asesorar a los jueces de Letras para que les aplicaran la ley en forma «integral». Poco después, el Jefe de Zona de Emergencia informó al Intendente que: «Decreto Supremo No. 3645, de fecha 22 de agosto próximo pasado (1949), por el cual se ordena el traslado a la localidad de Pisagua de los ciudadanos que a continuación se indican: José Tristán Barrera, Eloy Ramírez, Juan Simpertigue, Juan Molina, Ismael Vicencio, Lino Barrera, Epifanio Flores y Juan Flores»⁷⁰.

Como se ha observado a lo largo del capítulo, estas detenciones respondían solo a la calidad de los imputados de comunistas y agitadores, calificativo asignado debido a su actividad sindical, como ocurrió con un militante de la oficina Mapocho tras una reunión de ese tipo. El Intendente de la provincia dejaba en claro la conexión entre la actividad sindical, la detención por subversión/agitación y el traslado a Pisagua: «Debo subrayar la participación, que en dicha reunión se atribuye al dirigente comunista Servando Araya, cuyo traslado a Pisagua sería conveniente y oportuno»⁷¹. Para entonces, el Jefe Militar de Pisagua era el Mayor electo (sic) Pereda Lucero, designado por el General Carrasco, en tanto Jefe de Zona de Emergencia⁷².

Entre octubre de 1947 y fines de 1949, dos mil militantes comunistas fueron detenidos y repartidos por todo el país, en los lugares más apartados, en distintas categorías, ya fuera de trasladados, relegados o concentrados, siendo arrancados de sus zonas de trabajo o de actividad política. Las acciones del gobierno apuntaban a extirpar a aquellos definidos como una amenaza para la economía del país o la estabilidad de las instituciones, de aquellos centros donde participaban de las paralizaciones laborales, las manifestaciones públicas o en la prensa obrera. Por eso, un alto porcentaje fue expulsado del territorio carbonífero, de la región salitrera y cuprífera, de Santiago y dispersado a lo largo y ancho del país, erradicando a los identificados como cabecillas y agitadores de sus respectivos gremios, visualizados como agentes subversivos. El objetivo era moverlos de sus centros de actividad y enviarlos a lugares apartados, donde no pudieran continuar con sus actividades, rompiendo sus vínculos con las bases sociales. Para esa gran mayoría, el destino era la relegación.

Para los cabecillas más conspicuos del comunismo y del movimiento sindical, el destino era Pisagua: «Los traslados no han sido jamás autorizados por el Presidente de la República en contra de la masa engañada y explotada, sino en contra de los militantes responsables del Partido Comunista»⁷³.

El Jefe de la Zona de Emergencia de Tarapacá, General Guillermo Aldana, fue instruido por el Ejecutivo para la «organización del campamento de Pisagua», el cual fue custodiado por personal del Ejército perteneciente al Grupo A.C.1. Salvo, el que debería acondicionar el lugar para sus nuevos moradores. Para fines de marzo de 1948, según el informe del Jefe de Zona, había 30 carabineros y cuarenta hombres de tropa del Ejército para vigilar a los detenidos⁷⁴.

Pisagua, describía el periódico Solidaridad, es un pequeño puerto, una «pequeñísima ciudad en ruinas, con escasos habitantes, situada en pleno desierto». Su bahía estaba cercada por altos y escarpados cerros. Poseía algunos edificios en muy mal estado y, aproximadamente, unos 200 habitantes, carentes de recursos hospitalarios, medicinas, víveres y agua potable apta para el consumo. Había una cárcel donde estaban recluidos algunos homosexuales, una pequeña plaza, un teatro, bastante deteriorado, y un mercado en similares condiciones. Existía luz eléctrica, pero limitada, pues fue necesario reparar el motor y restablecer la línea de alumbrado. Así describía este periódico de la resistencia a la ciudad de Pisagua, cuyo nombre se volvió sinónimo de campo de concentración. Tal retrato coincidía con los informes de las autoridades locales, las que, para mediados de los años cuarenta, notificaban que el Departamento de Pisagua y su puerto estaban en total decadencia, y de las 45 oficinas salitreras de su jurisdicción, solo funcionaba la oficina Aguada, a pesar de la escasez de pampas salitrales, mantenida por la decisión de patrones y trabajadores, y seis permanecían con instalaciones⁷⁵. La escasez de población había llevado a reevaluar la mantención de una tenencia de Carabineros en el lugar, dejando un sargento 1º a cargo, dependiente del Jefe de la tenencia de Huara. Este diagnóstico se mantenía a comienzos de 1947, cuando se reiteró la inconveniencia de nombrar un oficial en ese lugar, pues realmente era necesario en Huara y la oficina Victoria con una población trabajadora numerosa, lo que no ocurría en Pisagua. En 1945, el Gobernador de este Departamento advirtió al Intendente que Pisagua «prácticamente carece de viviendas y una buena parte de su población vive en condiciones inconvenientes, en inmuebles acabados casi por la polilla, por el desmantelamiento de maderas y calaminas, sin servicios higiénicos, etc., etc. Y son muy contadas las casas que puedan merecer este calificativo. Quedan algunas en condiciones de habitabilidad –que no pasan de la docena– y en ellas se encuentran instalados los servicios fiscales y las familias de los empleados públicos, (por lo que) se ha desencadenado la amenaza de desarme de propiedades»⁷⁶. Por eso, para el momento de los traslados fue necesario, sentenció el General Aldana, «transformar Pisagua, que es un “puerto en desarme”, en un sitio que contara con todos los elementos indispensables para la vida»⁷⁷.

Ese lugar recibió a los trasladados, muchos de los cuales viajaron con sus familias, esposas e hijos, quienes también fueron llevados al sitio de detención. Según las Memorias del Presidente Gabriel González, a medida que aumentaba el número de trasladados fue necesario construir barracas, utilizándose también el hospital de la ciudad⁷⁸.

Llegados desde los distintos puntos del país, en el Campo de Pisagua vivían separados de acuerdo a su procedencia: «Viven en barracas separados los trasladados de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Pedro de Valdivia, Chuquicamata, etc. La gente del carbón vive en miserables condiciones. Carece de ropa. No tienen dinero […] Pertenecen a regiones tan distantes, que los recursos y ayudas no llegan a ellos. Por lo tanto, son los más desamparados […] No saben de sus mujeres ni de sus niños, salvo aquellos que vinieron con sus familiares. Uno, de apellido Escobar, tiene nueve hijos. Fueron flagelados él y sus hijos en Lota y Schwager. Una mujer fue golpeada. Hay otros baleados en la isla Quiriquina. Otro fue torturado […] con el único objeto de arrancarle declaraciones acerca de dónde se encontraba Riquelme, secretario de la CTCH provincial»⁷⁹. Sumidos en la urgencia, los trabajadores del carbón solicitaron la formación de un «Comité Pro Defensa de los Trasladados y sus Familias», pidiendo leche, alpargatas, ropa interior, pues carecían de lo mínimo.

De acuerdo a la información entregada por el Jefe de Zona, se usaron como dormitorios el club deportivo de la ciudad, el local de bomberos, el mercado, los cuales contaban con 400 catres del Ejército; las mujeres y las familias fueron enviadas al edificio del Hospital de Pisagua. A ello se agregaban «siete barracas construidas especialmente por la Zona de Emergencia […] con literas de madera»⁸⁰. Las barracas «de 6 por 12» contenían tres camas con colchones de paja y una frazada⁸¹.

El informe del General Aldana, del 1 de marzo de 1948, consignaba para esas fechas que los detenidos en Pisagua eran 471 y sus familiares 157, lo que daba un total de 628 personas. Un mes más tarde (abril de 1948), las cifras eran 490 y 265 respectivamente, es decir, había 755 personas⁸².

La organización de Pisagua como Campo recayó sobre el Jefe de la Zona de Emergencia de Tarapacá, General de Ejército Guillermo Aldana, pero quien vigilaba el movimiento de los detenidos era Carabineros. En noviembre de 1947 se ordenó la creación de una subcomisaría en «Pisagua solamente hasta que dure la permanencia en ese puerto de los dirigentes y militantes comunistas […] que fueron trasladados por el gobierno»⁸³. Las instrucciones dadas a los trasladados a Pisagua señalaban que no podrían salir del puerto y estarían «sometidos a estricta vigilancia por Carabineros, cuya dotación ha sido reforzada»⁸⁴. En un documento de septiembre de 1948, el Prefecto de Carabineros de Tarapacá, teniente Coronel Alfredo Muñoz Eyzaguirre, informó al Intendente de la provincia haber dado «instrucciones al Jefe de la tenencia de Carabineros “Pisagua”, referente a la vigilancia estricta que debe mantener el personal sobre los relegados, como también sobre la presentación que deben hacer estos diariamente a Carabineros y de la prohibición absoluta que tienen de salir del radio urbano del puerto ya referido»⁸⁵. Según la información entregada por los opositores al gobierno, activos en la resistencia: «Al principio los relegados tenían que recogerse a las siete de la tarde y a esa hora se apagaba la luz eléctrica. Poco a poco han ido logrando concesiones. Ahora la luz se apaga a las once de la noche. Se pasa lista unas cinco o seis veces al día»⁸⁶. Según el testimonio del entonces teniente Levensberg, a las 6.30 a.m. los detenidos debían estar levantados y formados para el pase de lista, después tomaban el desayuno y a las 11 a.m formaban nuevamente, para otro control de lista⁸⁷.

Si bien el Campo de Pisagua estaba muy aislado, no estaba completamente cerrado ni era inaccesible, pues durante un cierto tiempo fueron posible visitas, las que debían ser autorizadas por el Ejército, considerando la Zona de Emergencia, como fue el caso, incluso, de un periodista del diario El Siglo: «Esta Comandancia Particular de la Guarnición autoriza para que el señor JOVINO TRONCOSO JAQUE pueda visitar el puerto de Pisagua»⁸⁸. Considerando que tales visitas quedaban a discreción del Jefe de la Zona de Emergencia, fueron denegadas al senador Elías Lafertte y al diputado Víctor Contreras Tapia, ambos comunistas, quienes pretendían visitar a los detenidos y llevarles los auxilios que se reunieron con la llegada de los primeros trasladados⁸⁹. Hasta comienzos de febrero de 1948, los detenidos en el Campo de Pisagua podían ser visitados por sus familiares, prerrogativa que fue suspendida por el Jefe de Zona de Emergencia, debido a la ausencia de las condiciones requeridas para ello: «En vista de que en Pisagua no se cuenta con locales para el alojamiento de los trasladados por decreto del Supremo Gobierno y que existe en dicho puerto solo alimentación para el número exacto de personas trasladadas y familiares autorizados por el gobierno, prohíbese la afluencia de familiares para visitar a sus parientes trasladados, salvo aquellos que tengan recursos tanto en alojamiento como en alimentación por su propia cuenta, comprobados ante la Jefatura de la Zona de Emergencia»⁹⁰. A partir de esta fecha, cualquier persona que quisiera visitar Pisagua debería contar con un salvoconducto emitido por la Jefatura de Zona de Emergencia.

En ese sentido, la autoridad del campo correspondía al Ejército, pero el funcionamiento interno, a Carabineros.

El desayuno, que era a las 6.a.m., consistía en un tarro de café, sin leche, y un pan, duro según el informe enviado por los detenidos, aunque según la información gubernamental, a fines de 1947 se habilitó una panadería, en la que trabajaba personal militar. El almuerzo era preparado también por el servicio del Ejército, en ocho cocinas de campaña de su propiedad, y parece haberse servido a mediodía, porque se hacía referencia a que ocurría en «las horas del sol más inclemente», para el cual debían ordenarse de a dos en la fila, debido a la insuficiencia de tiestos, compartiendo la comida: «Uno solicita un plato y el compañero el otro. Si el interesado desea servirse ambos platos, debe permanecer en la cola hasta que se le entregue uno. Enseguida lo come parado a todo sol o en cuclillas. Después debe colocarse nuevamente en la cola para esperar el otro plato, que se servirá en idénticas condiciones. En el suelo abundan los desperdicios. El pan es sucio. Abundan además los lagartos y las sabandijas»⁹¹. Según el Jefe de Zona, el Ejército dispuso de cincuenta mesas y bancas para ochocientas personas, además de fuentes, jarros, platos y servicios. El «rancho» constaba generalmente de un plato de porotos y uno de cazuela, aunque había quejas contra la carne descompuesta, por su transporte a través de la pampa en camiones sin las condiciones adecuadas. Según el General Aldana, en cambio, el rancho era variado, incluyendo tallarines, carne argentina enlatada, avena y leche condensada para los niños. Los detenidos solicitaron a los Jefes del Campo participar en la elaboración y distribución de la alimentación y que las cocinas se instalaran cerca de la plaza, para no tener que bajar y subir, considerando la topografía del terreno, a lo que las autoridades accedieron «y las cocinas fueron instaladas en un lugar más adecuado que el hospital donde funcionaban»⁹².

En materia de salud, según las Memorias de Gabriel González, un médico de Iquique visitaba semanalmente el Campo, aserto que coincide con la información oficial y de los opositores, la cual señala que dos veces por semana viajaba uno o dos médicos desde Iquique. El Jefe de Zona afirmó que se trataba de médicos y dentistas de las fuerzas armadas, los que hacían turnos cada tres días. No obstante, muchos de los detenidos y sus familiares, en los casos en que ellos se encontraban en Pisagua, estaban enfermos: «Un obrero de apellido Gaitán está enfermo del corazón. El alcalde de Calama, Ernesto Meza Jeria, padece de una seria bronquitis. Hay una mujer tuberculosa postrada en cama. Se generaliza una epidemia de sarna». A esto colaboraba, tal vez, la calidad del agua, salobre y con cloro. Según se denunciaba, al comienzo los detenidos, aproximadamente 300, contaban solo con una llave de agua, situación que luego mejoró. De igual manera, se indicaba que «A excepción de dos baños que hay en el hospital, no existen otros baños, salvo los de mar. Las duchas que hay en la cárcel, a las cuales los obreros habían conseguido acceso, les están nuevamente vedadas [a quienes] no soliciten un permiso especial de la Dirección General de Prisiones. Prácticamente, ya no podrán hacer uso de las duchas, puesto que dicha Dirección General se encuentra en Santiago»⁹³. La información de Aldana, Jefe de Zona y del Campo, sostenía que personal de tropa y obreros contratados por la Zona de Emergencia construyeron dormitorios y «baños de lluvia»⁹⁴.

Apenas organizado el campamento de Pisagua, un médico viajó para examinar a los detenidos, según informó la Prefectura de Tarapacá No. 1, de Carabineros, al Intendente de la provincia: «Radiograma 496, de 27 de los corrientes, dirigido a esta Prefectura: Remiradio 490. Visto que médico contó con medios de locomoción, trasladóse (sic) ayer a Pisagua y examinó relegados dicho punto con siguiente diagnóstico: Ramón Ferrer Salas, úlcera gástrica en período de evolución; Salvador Riumallo Pla, aortitis crónica, hipertensión arterial, crisis anginosas, bronquitis aguda; Senén Castaño G., apendicitis crónica reagudiada (sic), hepatitis; Rafael Salgado Fernández, amigdalitis aguda; Enrique González del Nacimiento, amigdalitis crónica, úlcera cicatricial pierna derecha. Médico estima conveniencia cambio de sitio relegación a lugar donde puedan tener atención inmediata tanto médica como higiene-dietética. Atención médica que puede prestarse en Iquique. – Comandante Muñoz»⁹⁵.

Los informes de Intendentes, Prefectos de policía y militares daban cuenta constante de la existencia de numerosos enfermos en Pisagua, los que en casos graves debían ser llevados al Hospital de Iquique, porque en Pisagua no existían las condiciones para su sanación, sino al contrario⁹⁶. Tal fue el caso de Eduardo Reinoso Pérez, quien, según el informe del delegado del Jefe de Emergencia en el Departamento de Pisagua, teniente Coronel Víctor Beltramí Silva: «Ayer fue trasladado al Hospital Regional de Iquique el trasladado en Pisagua Eduardo Reinoso Pérez por padecer de pleuro pulmonar basal derecho, quien ha quedado hospitalizado en observación»⁹⁷. En plena movilización de detenidos por el país y casi recién llegados a Pisagua, un grupo de ellos debió ser llevado al Hospital de Iquique, lo que Carabineros informó a la intendencia de la provincia: «Prefectura de Tarapacá No. 507. Resuradio 26. Ayer llegaron a esta localidad procedentes de Pisagua relegados Enrique González del Nacimiento, Senén Castaño González, Ramón Ferrer Salas, Rafael Salgado Fernández, Salvador Riumallo Pla y José Olivares Cáceres. Adoptándose medidas de vigilancia correspondiente. –Comandante Muñoz–»⁹⁸. El radiograma referido fue direccionado a la ayudantía General de la Dirección General de Carabineros, en Santiago.

Existía, asimismo, la fórmula del «retrasladado», sacado del Campo de Pisagua y reenviado a su lugar de origen por razones médicas: «Ayer 14, a las 12 horas, por disposición de esa Jefatura de Zona de Emergencia, la 2ª Comisaría de esta Prefectura procedió a hacer entrega del “trasladado” JOSÉ TRISTÁN BARRERA, que se encontraba enfermo en el Hospital Regional de Iquique, al Detective 3º de Investigaciones Gilo Infante, a objeto de ser retrasladado a Caldera»⁹⁹.

Si bien efectivamente los presos eran visitados de manera permanente por médicos, las condiciones de vida en el Campo de Pisagua no eran las mejores y abrían la posibilidad para el agravamiento de los enfermos o quienes sufrieran alguna emergencia, como de hecho ocurrió. En Pisagua murieron Ángel Veas, exdiputado e Intendente de Tarapacá, a fines de 1947 y el joven periodista Félix Morales: «Falleció de un ataque un periodista de El Despertar, originario de la oficina “La Santiago”, hijo del antiguo militante comunista, Natalio Morales». La declaración del Jefe de Zona señaló: «Félix Morales Cortés, de 35 años, de profesión pintor dibujante, domiciliado en Iquique […] falleció en Pisagua hoy viernes 23 a las 7.55 a causa de un ataque cerebral […] en dicha localidad desde el presente mes, en cumplimiento del Decreto Supremo No. 11 de 1948 del Ministerio del Interior»¹⁰⁰. Morales había sido detenido el 3 de enero de 1948, siendo redactor deportivo del diario y trasladado a Pisagua el 15 del mismo mes; se había casado un día antes de su detención¹⁰¹.