Читать книгу La deuda defraudada - Alfonso W. Quiroz - Страница 9

Introducción

La noticia circuló en periódicos y de boca en boca con gran entusiasmo; era marzo de 1850 y por fin se anunciaba que gracias a los ingresos del guano, el Estado peruano podría indemnizar a sus atribulados acreedores. Se promulgarían leyes que garantizarían el pago puntual y justo de la deuda interna descuidada por décadas de morosidad. Se otorgarían intereses a los valores de reconocimiento que emitiría el Estado. En otras palabras, la deuda flotante se consolidaría. La consolidación, es decir, la homologación de deudas de distintos orígenes bajo un solo tipo de obligación contra el Estado y con un solo fondo especialmente destinado para la amortización de su principal, abriría las puertas para restituir el desprestigiado crédito público al interior del país.

Así se difundió la idea de emplear socialmente los réditos fiscales providencialmente proporcionados por el guano en su temprana explotación y comercialización. La balanza comercial favorable, el presupuesto del Gobierno bajo control, la pacífica transmisión de mando asegurada por las vías democráticas de la época, hacían pensar que, conjuntamente con la medida de la consolidación, se iniciaba un proceso regenerador en el Perú. Atrás quedarían, según el optimismo reinante, los largos años de lucha caudillesca, el caos social y la zozobra económica que se produjeron después de la Independencia.

Sin embargo, pronto se delinearon los contornos en materia económica, política y social que hicieron del periodo de la consolidación uno de los de mayor desasosiego para la joven República. La más cruenta guerra civil desde las luchas por la Independencia enfrenta, en 1854, a los generales Ramón Castilla y José Rufino Echenique, los caudillos que pocos años antes habían realizado la transferencia democrática de la presidencia. Se decreta la abolición del tributo indígena en julio de 1854 y la manumisión de esclavos en diciembre del mismo año, al compás de las necesidades bélicas de la renovada lucha entre caudillos. Ocurre una alarmante alza de precios hacia 1855 que afecta sensiblemente a los sectores populares urbanos. En medio del hambre en Lima se alza el clamor del público contra los enriquecidos fraudulentamente gracias a la consolidación. En 1857 Castilla se enfrenta a otro caudillo militar más, el general Manuel Ignacio de Vivanco, con graves consecuencias para la autonomía del país. En 1858 los empobrecidos artesanos protestan violentamente exigiendo medidas proteccionistas en defensa de su oficio.

En esta agitada coyuntura, los grandes comerciantes nativos y extranjeros logran encumbrarse aún más en las esferas económica, social y política del país. Ellos son los poderosos acreedores que cobran altísimos intereses a hacendados empobrecidos y al propio Estado, bajo severísimas condiciones de escasez de capitales. Estos comerciantes ejercen decisiva presión política y diplomática para revertir la oscilante legislación de la consolidación a su favor, introducir la conversión de la deuda interna a externa, y garantizar el triunfo de una política económica de corte liberal. En medio de este panorama, la cotización libre de los valores de la deuda interna actuaba como termómetro de la situación política y social.

Así, las preguntas que guiaron nuestra investigación sobre la escandalosa consolidación de la deuda interna han sido: ¿quiénes fueron los verdaderos beneficiados por la consolidación de 1850 y en qué forma?, y ¿hacia dónde se dirigieron los capitales finalmente erogados por la consolidación? Para contestar estas preguntas hemos utilizado fuentes que permanecieron ignoradas por otros estudios sobre el tema: documentos manuscritos de contabilidad fiscal y otros de carácter legal y social. Nuestra hipótesis considera la consolidación como un caso notable de utilización de fondos fiscales provenientes del guano para favorecer al grupo de grandes comerciantes nativos y extranjeros con base en Lima, en desmedro de mineros y hacendados empobrecidos, grises empleados estatales, dueños provincianos, pequeños propietarios y otros amplios sectores de la mayoría de la población. Se argumenta que el recurso se utilizó mal y afectó a pequeños –pero abundantes– acreedores, que perdieron mucho en la transacción; y que sirvió para incrementar la acumulación de los comerciantes y cimentar su creciente influencia en materia de política económica. La consolidación no fue, como algunos autores la han descrito sin mucho fundamento empírico, una medida eficaz con miras a formar un sector capitalista. Ese proceso se había iniciado anteriormente sin ayuda del Estado y, en cierta forma, a pesar de las medidas estatales. Fue, eso sí, un episodio fundamental en la configuración hacia un destino de atraso económico, al impedir usos alternativos de los fondos fiscales para promover una más equitativa distribución de la riqueza, y sentar las bases de una persistente dependencia con respecto al crédito externo.

Explorar la consolidación de ninguna manera significa seguir un camino recto, sino uno lleno de vericuetos y extravíos. Su historia empieza en 1850, cuando se dan sus primeras leyes y se inicia la especulación de sus valores, y termina hacia 1865, cuando se logra amortizar y cancelar totalmente la deuda, después de los acontecimientos fiscales y políticos que se originaron en torno a esta. En ese transcurrir se evidencia el fracaso de los objetivos originales de la consolidación, la cual, por el contrario, reforzó la acumulación de la riqueza en pocas manos y desaprovechó abundantes recursos públicos.

La consolidación de 1850 ilustra con evidencia cuantificable las precarias bases sobre las cuales se erige un crédito público interno plagado de abusos y endémicos daños a la economía del país. Al mismo tiempo, su conocimiento es esencial para entender la política económica estatal en relación al ascenso de los grandes comerciantes de Lima como un grupo social dominante. A pesar del interés inherente de este fenómeno histórico, juicios equívocos sobre la consolidación se repiten con terquedad. Todavía hoy se citan las palabras de Echenique, uno de los protagonistas e interesados claves de esta medida financiera estatal, como si fueran las definitivas sobre el tema. En vista de las pruebas documentales, prácticamente desconocidas anteriormente, es difícil ser convencido por los argumentos y convicciones que consideran al Gobierno de la época, o a los más recientes, como forjadores de la riqueza nacional privada. Todo lo contrario, el Estado peruano ha dado amplias muestras, a través de sucesivos endeudamientos internos y externos, de su incapacidad de asegurar inversiones no especulativas en valores estatales o de distribuir con eficacia la riqueza nacional a través de mecanismos de deuda interna. La forma prioritaria que ha tomado la deuda interna es la de empréstitos forzosos que se consolidan y restituyen con tardanza, inadecuadamente y fomentando la especulación que beneficia a sectores privilegiados ajenos a la deuda original.

La inversión privada en valores del Estado es un caso especial, distinto a la inversión en otros valores financieros. Constituye una inversión a largo plazo con la garantía estatal. En ciertos países desarrollados los endeudamientos públicos internos han garantizado apropiadamente los intereses de inversionistas que pusieron su confianza en las finanzas estatales. En el Perú, el Estado defraudó las más de las veces esa confianza favoreciendo, por el contrario, al endeudamiento externo. Recordemos que, aparte de la deuda interna consolidada de 1850 están, entre otros, los casos de los bonos estatales impuestos sobre los bancos para financiar el presupuesto al reducirse los ingresos del guano, acción que generó una profunda crisis financiera y monetaria hacia 1873; también, la ruinosa consolidación de los depreciados billetes fiscales y otras obligaciones contra el Estado en 1889; las consolidaciones de 1898, 1918 y 1924; o los más recientes casos de los bonos de reforma agraria velasquista y los de «reconstrucción» belaundista. En las próximas páginas trataremos de recorrer lo que a nuestro parecer constituye el laberinto de la deuda interna peruana de 1850.

El presente estudio está dividido en dos partes. La primera, compuesta por tres capítulos, analiza los orígenes económicos, sociales, legales y político-administrativos de la consolidación. La segunda parte, dividida en cuatro capítulos, se dedica a seguir los destinos de los fondos distribuidos por la consolidación.

El capítulo 1 describe someramente la situación económica antes de 1850, la cual dio como resultado un conjunto de acreedores contra el Estado, la mayoría de los cuales fueron marginados por los distintos Gobiernos, y solo unos pocos recibieron un trato preferencial. El capítulo 2 analiza los vaivenes de las sucesivas leyes de la deuda interna entre 1824 y 1857, al compás de los diferentes intereses políticos y económicos que moldearon finalmente el carácter legal de la consolidación. El capítulo 3 pone en evidencia las cantidades pormenorizadas y globales repartidas por la consolidación en la forma de vales, y proporciona información minuciosa de la identidad individual y socioeconómica de los que recibieron dichos vales entre 1850 y 1854.

En el capítulo 4 se toca el aspecto de los «consolidados», es decir, los que se agenciaron de fondos mediante corrupción, venalidad y fraude, y los gastaron con todas las evidencias de un despilfarro suntuoso. Este es un tema que causó gran resonancia en la época y que la historia ha privilegiado por encima de los efectos sociales más duraderos de la consolidación. El capítulo 5 se centra en las causas y consecuencias del alza de precios en Lima hacia 1854-1856, para determinar si se debió o no a los efectos que pudo tener la consolidación sobre los sectores populares. El capítulo 6 tiene como objetivo indagar sobre el destino que le dieron algunos hacendados y rentistas a las cantidades que recibieron a través de la consolidación y manumisión. Finalmente, el capítulo 7 analiza el rol central que desempeñaron los comerciantes que supieron negociar y especular con los valores de la consolidación mediante sus actividades mercantiles, financieras y políticas, tanto a nivel nacional como internacional.

En este estudio me ha guiado la convicción de que es necesario sentar bases de investigación especializada para complementar y criticar algunas de las generalizaciones históricas que hoy son verdades aceptadas, con la esperanza de que las tendencias renovadoras de la historiografía sobre el Perú puedan avanzar sobre terreno más fértil.

A muchas personas les debo mi reconocimiento por su contribución al presente trabajo. Desde un comienzo Heraclio Bonilla brindó su estímulo constante. Las discusiones con Alberto Flores Galindo, Félix Denegri Luna, Franklin Pease y Pablo Macera fueron muy valiosas para la gestación de importantes aspectos del estudio. Merece mención especial el peruanista Paul Gootenberg, amigo infatigable de archivos, conversador y crítico tenaz, cuya novedosa y aguda obra ha abierto nuevos caminos para la investigación sobre el siglo XIX peruano. Asimismo, hubo personas amables que prestaron su asistencia desinteresada en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Instituto Histórico Riva-Agüero y la Beneficencia Pública de Lima. Jorge Sotelo y Lola Salas colaboraron generosamente en la edición final del trabajo. Finalmente, mis compañeros de la Universidad Católica, los de la «generación de la crisis», brindaron su amistad y aliento en tiempos estudiantiles y profesionales ciertamente difíciles.