Читать книгу Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - Carlos Medina Gallego - Страница 11

Los estudios realizados por la Fundación Berghof, liderada por Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann ponen a consideración de la academia y de sectores políticos y sociales interesados elementos de análisis y reflexiones metodológicas que posibilitan estudios particulares sobre el paso de organizaciones armadas a organizaciones políticas exitosas.

Esta reflexión considera los elementos metodológicos propuestos por la Fundación Berghof con el fin de estudiar el caso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), desde un enfoque aplicado que se libera en la especificidad del universo de generalizaciones que suelen considerarse en las formulaciones teórico-metodológicas, en el propósito de que la aproximación sea útil en lo que concierne al caso colombiano.

El trabajo realizado por Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann nos sitúa frente a cuatro grandes bloques de análisis, cada uno de ellos con factores que se deben considerar en la especificidad del estudio de casos. Esa propuesta metodológica se visualiza con toda claridad en la figura 1.

En esta reflexión se consideran los aspectos más relevantes de cada uno de los bloques desde la particular experiencia de las Farc-EP. En este sentido, es importante señalar que los autores de la propuesta metodológica realizaron sus estudios en distintos contextos y complejidades nacionales, culturales, religiosas, políticas e ideológicas1.

FIGURA 1. Criterios y factores para una transformación política exitosa de grupos armados/prohibidos

Factores contextuales • Naturaleza del conflicto y su establecimiento. • Disposiciones políticas en los acuerdos de paz. • Disposiciones de seguridad en los acuerdos de paz. • Contexto de posguerra.	Éxito político Transformación de armas/grupos prohibidos • Cambios en los medios y la arena de la lucha. • Organizacional y programático, democratización • Viabilidad del proyecto político. • Influencia política y acceso a la toma de decisiones.
Características del actor • Cohesión interna. • Motivación política y experiencia. • Legitimidad social.
Intervenciones internacionales • Apoyo diplomático. • Creación de capacidad política e institucional. • Ayuda en el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de excombatientes • Apoyo a mecanismos de diálogo inclusivos. • Garantías y seguimiento.

Para este estudio, el uso de esta metodología se centrará en el caso colombiano y, en particular, en la ruta emprendida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; en cada uno de los aspectos solo se planteará lo estrictamente necesario para considerar el proceso.

Factores contextuales

Naturaleza del conflicto y su establecimiento

La complejidad de actores y circunstancias, causalidades y determinantes que definen la naturaleza del conflicto colombiano dificultan explicarlo de manera clara y suficiente. Esto, sobre todo, en razón a la manera en que se ha dado su evolución en el tiempo, en la que el involucramiento de distintos fenómenos le proporcionó unas características que lo diferencian de forma significativa de otros conflictos. No obstante, existen en su caracterización grandes esfuerzos y distintos enfoques que fueron puestos a consideración del proceso de solución por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).

La CHCV tiene como origen un acuerdo entre los representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los delegados de las Farc-EP, adoptado el 5 de agosto del 2014 por la Mesa de Diálogos de La Habana, en el marco del acuerdo y de las agendas suscritas por las partes para adelantar las conversaciones de paz. La comisión la conformaron doce expertos y dos relatores, cuya misión consistió en producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y las condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, así como sus efectos e impactos más notorios sobre la población. Conforme lo estableció oficialmente el Gobierno colombiano, el informe (integrado por los ensayos de los expertos y dos relatorías), lo definió la Mesa de Diálogos como un “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”. Asimismo, como “un insumo básico para una futura comisión de la verdad”, y una contribución a la discusión del punto 5 de la agenda de negociación sobre víctimas. Es este un documento fundamental para entender la naturaleza del conflicto colombiano y definir frente a él responsabilidades.

Sin embargo, para efectos de este trabajo, es posible señalar sobre la naturaleza del conflicto armado colombiano los siguientes aspectos esenciales.

El conflicto colombiano tiene distintas causas unidas a su desarrollo histórico en sus procesos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y militares. Las causas pueden encontrarse en los orígenes de la formación del Estado nacional, la construcción del régimen republicano, el modelo de democracia, el sistema político y el sistema de partidos, los procesos productivos unidos a la propiedad y a la concentración de la tierra, a su tenencia y uso, el desarrollo del modelo de producción capitalista y la presencia transnacional en el impulso de economías extractivas, la irrupción de las economías ilegales del narcotráfico, el impacto de los conflictos mundiales, el mundo bipolar y la globalización en el ámbito nacional, la influencia norteamericana en la definición de las políticas de seguridad y defensa en los periodos de la Guerra Fría y la lucha contra el terrorismo, entre otros aspectos que configuran su naturaleza estructural como la de un conflicto multicausal que se extendió en el tiempo de manera progresiva e indefinida.

Es absolutamente evidente al definir la naturaleza del conflicto que su componente social está atravesado por el nivel de exclusión, marginalidad y pobreza creciente de la población y su permanente lucha por el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la recreación y el respeto por la vida y la seguridad, entre otros componentes del conflicto social. Por su parte, la dimensión política del conflicto está dada por la confrontación partidaria e ideológica que a lo largo de la historia republicana definió la forma violenta de resolver las diferencias en torno al acceso y la administración del poder del Estado. El componente económico lo define la concentración de la riqueza en pocas manos, la poca redistribución de la producción social, la tenencia, el uso y la propiedad de la tierra que define el alto nivel de concentración de esta en pocas manos –y que es la razón estructural de los conflictos social y políticos–, pero, sobre todo, un modelo económico que genera exclusión, pobreza y marginalidad extrema.

En el contexto de esa compleja conflictividad surge la violencia como un mecanismo regulador de las contradicciones sociales y políticas, así como el conflicto armado en cuanto modelo de resistencia frente a la violencia institucional. Los ciclos de violencia han sido el mecanismo modernizador utilizado por las estructuras sociales y políticas para dinamizar los obligados cambios que requiere el país en el marco del modelo económico imperante. Estos fenómenos han generado problemas estructurales que se encuentran unidos a varios factores: desigualdad social y pobreza generalizada, fragilidad de las estructuras democráticas e institucionales, resistencia social y política de la población, delincuencia y crimen organizado, explotación transnacional de los recursos estratégicos del país e injerencia norteamericana en los asuntos de seguridad y defensa.

Sobre la base de esa multidimensionalidad y multicausalidad del conflicto se configuró la forma particular de confrontación violenta que adquirió el conflicto armado, así como una particular y compleja forma de “guerra” y modalidad de “guerra” que, en razón a la diversidad de intereses, propósitos y actores cruzados no resulta fácil de caracterizar.

Sobre la naturaleza de la “guerra” en Colombia

Colombia es un país cuya historia se ha construido sobre el ejercicio de la violencia y el desarrollo de un encadenamiento de guerras que se transforman en el tiempo, a la vez que transforman las relaciones que las determinan. De las guerras prehispánicas a las de conquista, de estas a los levantamientos coloniales, de estos a las guerras de independencia y luego a las guerras civiles del siglo xix que le abrirán paso a las luchas sociales de indígenas, artesanos, campesinos y obreros durante las tres primeras décadas del XX, para luego hundirse de nuevo en ese periodo de la historia que se conoce como La Violencia, el cual ha de terminar con el inicio de una nueva guerra ideológica y política en la modalidad de guerra insurreccional, irregular o guerra popular prolongada, desde la caracterización que hacen sus actores armados para, finalmente, a comienzos del siglo XXI, en la perspectiva de los cambios globales y sus correspondientes confrontaciones, resistencias y amenazas, localizar nuestros conflictos en la lucha contra el terrorismo. En suma, si existe alguna problemática que haya atravesado la historia de Colombia en sus distintas épocas, esa la de la violencia y la guerra.

Pese a la dificultad que se encuentra en el propósito de ubicar en un concepto particular de guerra el conflicto armado colombiano y a la tendencia que se maneja en los últimos tiempos de ubicarlo como una “guerra sin nombre”2, es necesario flexibilizar las categorías convencionales y construir unas nuevas que permitan caracterizarlo desde los elementos que le son propios3. Cabe recoger en este texto algunas de las afirmaciones que se encuentran al respecto, en un intento por establecer los componentes de una posible noción preliminar.

Una primera afirmación que es necesario mantener presente señala cómo la caracterización de cualquier conflicto en el mundo de hoy tiene de inmediato connotaciones políticas, militares y jurídicas tanto en el ámbito interno como en el internacional (Pizarro Leongoméz, 2004), de manera que desde allí se definen no solo las políticas públicas en materia de seguridad, sino también las formas de participación o intervención de la comunidad internacional, razón suficiente para ser cuidadoso en las implicaciones que tiene su caracterización.

Una segunda afirmación propone que el conflicto colombiano se ha transformado en los últimos cincuenta años como consecuencia lógica de su crecimiento, expansión y complejidad, manifiesta en la confluencia de nuevos actores e intereses, nuevos escenarios y nuevas circunstancias históricas que le han definido una lógica y una movilidad de nuevo orden, conforme a los cambios que se han operado en el país y en el mundo global. En esta reflexión se reconocen dos momentos distintos en la caracterización del conflicto en las últimas cuatro décadas, determinados por su percepción en relación con su origen y evolución posterior. El primer momento se define por las lógicas de la Guerra Fría y la bipolaridad, las cuales dieron origen a las luchas anticoloniales y de liberación nacional y social. Bajo estas lógicas la guerra adquirió la forma de guerra revolucionaria en la modalidad de guerra insurreccional, guerra de guerrillas y guerra popular prolongada, así como se desarrollaron las estrategias contrainsurgentes de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de los conflictos de baja intensidad. El segundo se define por la caracterización de los conflictos en el desarrollo de la posguerra fría, la unipolaridad y el mundo globalizado, por el cual los conflictos se perciben como nuevas guerras, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Una tercera afirmación tiene que ver con el carácter irregular de la guerra. Esta se ha transformado de manera sustancial, pues ya no es esa modalidad de guerra desarrollada por grupos mal armados y mal vestidos, dirigidos por soldados aficionados que con alguna frecuencia alcanzaban éxito frente a fuerzas superiores dirigidas por profesionales; ahora se desarrolla como una “guerra de verdad”, con fuerzas bien armadas, vestidas, alimentadas y entrenadas de forma adecuada (Von der Heydte, 1987), las cuales se mueven entre la guerra de guerrillas y las estrategias de guerra convencional, o incluso se reinventan la guerra a partir del uso táctico y estratégico de sus componentes básicos. En una caracterización específica de la guerra irregular y de sus motivaciones políticas es necesario afirmar que esta se presenta como una guerra civil en la que grupos insurrectos luchan por el poder dentro de la misma nación. La guerra irregular no es una guerra revolucionaria per se, puede ser una guerra de resistencia, de liberación nacional o una guerra contrarrevolucionaria y paramilitar.

Una cuarta afirmación consiste en señalar que, en el caso colombiano, se trata de un conflicto armado interno, internacionalizado, irregular, prolongado y con raíces históricas de índole ideológica. Atraviesa una etapa de metamorfosis de los propios actores internos cuyas modalidades de acción incorporan día a día más actos terroristas y una subordinación creciente de recursos provenientes del tráfico de drogas ilícitas, lo cual se hace evidente en el escenario internacional en el que se desenvuelve (Pizarro Leongoméz, 2004). Además, pese a estas características que nos sitúan frente a una modalidad de “guerra civil no convencional”, la especificidad del conflicto colombiano es que los actores la consideran aún una guerra civil irregular (Sánchez, 2003), en la forma de guerra de resistencia.

Ahora bien, es necesario asumir acá una posición “distinta” en torno a la noción de guerra civil que supera la caracterización que se hace de esta modalidad de guerra según el número de muertos o el tamaño y la proporción de los ejércitos confrontados, la intensidad y las modalidades de combate, al dejar de lado la definición en el escenario de lo militar y sustraerla del carácter político y de la dinámica social en la que se legitima esta modalidad de guerra como tal. La “guerra civil”, así, entre comillas, no es solo militar; compromete a actores sociales, económicos y políticos que participan desde distintos escenarios de confrontación con una idea clara de la “situación de guerra” y compromiso específico en su confrontación y superación. La base social y política de la guerra civil es mucho más amplia que la base militar, el escenario de la guerra va más allá del simple teatro militar de operaciones. El discurso de la guerra copa todos los espacios, no solo el que construye la opinión pública, sino también el que define la normatividad y decide la política pública. Existe una economía de guerra y un control territorial efectivo y supuesto, atravesado por el miedo y las prácticas de terror, y existe, además, un contexto internacional de intereses en el que se produce.

Ahora bien, las guerras civiles contemporáneas se libran, principalmente, como guerras irregulares. De esta manera, se crea un nexo estrecho entre la guerra civil y la confrontación bélica irregular, por el cual es necesario reconocer que la guerra irregular es, en lo fundamental, un método de confrontación bélica cuya naturaleza política la definen los propósitos que la orientan. Entre las características definitorias de esta guerra civil que es común a todas la guerras civiles se encuentra la escisión parcial y temporal de la soberanía, el ejercicio de la violencia de la guerra civil en las zonas rurales (principalmente), las prácticas de genocidio y limpieza política y social que se fijan como propósito de la violencia, el exterminio físico de un grupo social o político –y étnico incluso– antes que el sometimiento de este a una autoridad política, o el acto de expulsar, a propósito y de forma permanente, a ciertos grupos de población mediante la “limpieza política” que conduce a la homogeneización de las identidades ideológicas y políticas, así como la “limpieza social” que conduce a procesos de concentración de riqueza y acumulación económica de un nuevo orden mediante la amenaza, la creación de miedo colectivo, la masacre, el genocidio y el desplazamiento forzado que dan origen a un modelo de economías criminales de despojo. Además, un escenario de disputa que tiene que ver con la población y los apoyos que los actores armados puedan recibir de ella.

Así, a diferencia de la guerra convencional, la guerra civil involucra no solo a los actores armados, sino también a los civiles. El apoyo de la población civil llega a ser un componente fundamental del conflicto y se define en el curso de este en respuesta a la dinámica tanto de la guerra como de la violencia. Las opiniones políticas de la población estarían en extremo condicionadas al poder desplegado en torno suyo y a la lucha por la supervivencia. En la medida en que la guerra civil irregular se desarrolla, la violencia sobre la población se incrementa. Tanto el Estado como la insurgencia y las fuerzas paramilitares apelan a la violencia para hacerse al apoyo de la población civil. En la guerra civil irregular la disputa por el apoyo de la población puede asumir la forma de una guerra contra la población4.

Una quinta afirmación consiste en aceptar que en los últimos años se ha consolidado una percepción pública según la cual la escala de los enfrentamientos, en términos de capacidad de fuego, control de territorio, poblaciones y grado de organización de las múltiples fuerzas irregulares, enfrentadas entre sí y con el Estado, ha entrado en una nueva fase: tiempo, espacio y contenido de la guerra se han trastocado. La dinámica actual de la guerra plantea problemas de soberanía para Colombia y los vecinos. Una soberanía que se considera extremadamente frágil, vista desde la posición colombiana, en tanto está atravesada por el terrorismo, las drogas y el derecho humanitario, frente a los cuales las fronteras entre lo interno y lo externo, según los parámetros contemporáneos de la comunidad internacional, son esencialmente difusos (Sánchez, 2003).

La “guerra” colombiana como superposición de guerras

Como se ha visto, la “guerra” que se desarrolla actualmente en Colombia es compleja y difícil de definir. Se encuentra unida a tradiciones de lucha política e ideológica, así como a nuevas realidades económicas y de mercado que la modifican y la han “enrarecido”5. Es una guerra en la que se conjugan las características de una guerra civil con los fundamentos de las guerras irregulares y las prácticas del terrorismo, en un contexto histórico que se modifica de forma permanente.

Una guerra que se mueve entre las motivaciones políticas, económicas y sociales, en espacios en los que se confunden lo legal, lo ilegal, lo legítimo y la delincuencia. Una guerra que se libra en el interior de una espiral de criminalización creciente, deshumanización marcada, desarraigo acentuado y dinámicos procesos de acumulación y desarrollo económico en una sociedad guiada por un Estado social de derecho y un régimen democrático, cualquiera que sea el calificativo que quiera dársele.

Una guerra que compromete cada vez más actores e intereses internacionales y se circunscribe a dinámicas globales que la sitúan en su propia resignificación; que se territorializa y desterritorializa6 permanentemente, erosiona el fundamentos del proyecto de nación, el Estado y el ejercicio de la soberanía; una guerra que ha fragmentado por épocas el territorio y se desarrolla desde lógicas regionales y culturales específicas como proyecto revolucionario o como empresa económica legal o ilegal. Dada la complejidad de esta guerra o situación de guerra, resulta pertinente y necesario tratar de caracterizarla, o al menos inventariar el conjunto de componentes que pueden ayudar a su entendimiento y recogen o se adhieren a lo enunciado.

Una aproximación a la noción de conflicto armado7

El conflicto armado en este trabajo se entiende como el conjunto de circunstancias y acciones mediante las cuales se contrastan y confrontan en una sociedad las distintas concepciones de la vida, el ser humano, la sociedad y la cultura, por medio del uso de la violencia y el ejercicio de la guerra, con el propósito de sostener o transformar un orden social y político determinado. Desde esta perspectiva, el conflicto armado sostiene el carácter político que le otorga la legitimidad que, a su vez, posibilita a sus actores a acceder al estatus político o de beligerancia, según el desarrollo del conflicto y el grado de reconocimiento y poder alcanzado por el actor insurgente.

Este noción comprende actores, imaginarios, culturas, territorios, modelos de confrontación, sistemas de organización social, economías de guerra, tradiciones históricas, estructuras de organización de grupos armados y ejércitos, relaciones de autoridad, mando y obediencia, zonas de dominio, influencia y confrontación, modelos de seguridad, legislación nacional e internacional, presupuestos estatales y apoyos internacionales, alianzas y sistemas de mediación, así como nuevos procesos de tenencia, producción y acumulación unidos a prácticas de criminalidad creciente, terrorismo estatal y armado, homogeneización, desarraigo y privatización creciente de la fuerza, entre una variedad de procesos y apoyos que se definen de manera progresiva en las dinámicas de la confrontación y hacen así de esta guerra un fenómeno complejo y particular para nuestra realidad histórica.

Bajo esta óptica, el conflicto armado en cuanto “guerra” se define como una superposición (entrecruzamiento) de guerras, en las cuales las dinámicas de la confrontación y las características de las fuerzas se definen desde las especificidades, las posibilidades y los intereses de cada grupo.

Es una guerra del Estado contra la insurgencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común organizada que la abastece, la cual se desarrolla desde los fundamentos de la seguridad nacional, los conflictos de baja intensidad y la lucha contra el terrorismo. Es una guerra del Estado contra la población en las áreas de conflicto, contra sus formas de organización y cohesión societal.

Es una guerra del paramilitarismo contra la insurgencia, el paramilitarismo “desobediente” y, cuando es imposible de evitar, contra el Estado. Una guerra en la que se encuentran inmersas las lógicas de poder del narcotráfico y sus respectivas mafias (de la cual hace parte y se beneficia el paramilitarismo); financiada y desarrollada por propietarios, ganaderos, comerciantes, agricultores y empresarios dirigida a favorecer sus economías y aumentar sus procesos de acumulación; una guerra contra la población y sus formas de organización social, económica y política.

Es una guerra de la insurgencia contra el Estado, los grupos paramilitares, las mafias de la droga y la ocasional guerra entre guerrillas por áreas de influencia y territorios. Una guerra orientada a derrotar el Estado e imponer un modelo de sociedad y Estado distinto que se compromete con el desarrollo de esta, los intereses y las economías de distintos sectores sociales y, en general, de la población.

Es una guerra entre milicias, pandillas, grupos de justicia privada y sicarios que se desarrolla en las zonas urbanas y suburbanas de las grandes y pequeñas ciudades. Guerra que reproduce las lógicas de confrontación y las enemistades de las otras guerras en los espacios urbanos.

Es una guerra de la empresa del narcotráfico y sus mafias contra el Estado y la insurgencia, envuelta por las dinámicas de las cadenas productivas de la droga y las lógicas de sus conflictos de intereses que comprometen el territorio nacional en la órbita de los conflictos internacionales. Una guerra que se da en el marco del desarrollo de un tipo de capitalismo criminal que modifica las relaciones de tenencia y propiedad rural, atraviesa distintos sectores de la economía y genera procesos de desestabilización institucional.

En fin, es una guerra que compromete cada vez más la región en las zonas de frontera y en las dinámicas políticas que se producen en los Estados vecinos. Una guerra que se regionaliza e internacionaliza en razón a la naturaleza de su misma complejidad; una guerra que se da en la órbita de las guerras globales contra el terrorismo y el narcotráfico, y se nutre de sus ayudas económicas y acompañamientos técnicos y estratégicos; una guerra que se ubica en la zona de defensa de los intereses estratégicos norteamericanos en el continente.

En este escenario de confrontación armada, la calidad de los “ejércitos” que desarrollan esta guerra es distinta y la determinan las lógicas de motivación que animan la participación en cada uno, las cuales son, en lo fundamental, tres: el interés de Estado (ejércitos profesionales), el interés político (ejércitos insurgentes), el interés económico (ejércitos paramilitares, mercenarios y privados al servicio de la empresa del narcotráfico, la minería ilegal, los intereses económicos particulares nacionales o transnacionales y, colateralmente, al de la seguridad del Estado).

Las modalidades de la confrontación de esta guerra no se circunscriben de forma clásica a la naturaleza de las guerras irregulares convencionales (revolucionarias y contrarrevolucionarias). En estas guerras los actores se comprometen, adicionalmente, en acciones de control y sometimiento territorial y poblacional, formulación de programas y planes de desarrollo, imposición de normas de conducta y comportamiento, construcción de economías de guerra, apoyos logísticos y sistemas de tributación paralela a los del Estado, sistemas de vigilancia social y aplicación de justicia privada o revolucionaria. Así, generan dinámicas de participación social y política en las esferas del poder del Estado de derecho con el propósito de adelantar programas, controlar presupuesto y sostener dinámicas de empoderamiento y dominio regional. Todos estos aspectos se construyen sobre la persuasión política, la coerción armada y las prácticas del terror. De hecho, es propio de esta modalidad de guerra el desplazamiento forzado y la homogeneización de la adhesión de la población.

Es una guerra en la que se combina la acción institucional con la guerra sucia, la persecución, la detención y el juzgamiento legal con el asesinato extrajudicial, la masacre y la desaparición forzada. Una guerra en la que el discurso de los derechos humanos es objetivo militar y el derecho internacional humanitario es objeto de burla o se desconoce.

El acuerdo de paz con las Farc-EP no es el fin de la violencia y el conflicto armado

A pesar de esta caracterización, se han desarrollado a lo largo de la historia de Colombia –en particular en las últimas cuatro décadasdistintos esfuerzos por encontrar una salida política al conflicto social y armado a través de acuerdos de paz. El último de ellos es el que se alcanzó en noviembre del 2016 con las Farc-EP.

Pese a los esfuerzos que realizan las distintas partes para disminuir y poner fin al conflicto, este está lejos de terminar. La diversidad de actores e intereses hace que el conflicto no disminuya ni en intensidad ni en com-plejidad. Los otros actores que permanecen en las actividades ilegales y en la confrontación política y militar se han revitalizado. Las dificultades del Gobierno nacional para hacer efectivas sus responsabilidades frente al acuerdo han conducido a que sectores de la insurgencia de las Farc hayan retornado con distintas motivaciones a las armas, mientras otros sectores persisten con obstinación en sacar adelante un acuerdo que se desfigura de manera abrumadora.

La extensión de la influencia territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia zonas antes dominadas de manera hegemónica por las Farc en las regiones de Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Chocó, Vaupés, Guainía y otras zonas de desarrollo estratégico, así como la expansión del narcoparamilitarismo, de las bandas criminales, los grupo armados organizados, la presencia paramilitar del Estado a través de las Águilas Negras, el crimen organizado transnacional y la delincuencia común organizada, entre otros actores que tiene su propia división administrativa del territorio, hace que la solución definitiva del conflicto armado se encuentre aún muy lejana.

La presencia del narcotráfico en muchos de los territorios del país y su incidencia en el desarrollo de las actividades sociales, económicas, políticas e institucionales, a pesar de su ocultamiento premeditado, tiene un peso mayor en la configuración de los conflictos y su solución.

La lucha de las comunidades en los territorios por garantizar sus derechos fundamentales, su permanencia en ellos y defender recursos estratégicos de la nación –tales como el agua y el medioambiente– frente a las políticas y economías extractivistas no resultan un problema menor, así como tampoco lo es el aniquilamiento sistemático de líderes sociales y comunitarios en los territorios; de igual forma, la persecución y judialización de defensores de derechos humanos, de excombatientes y, en general, de activistas sociales. La situación de conflicto social y las prácticas de violencia toman cada vez nuevos rasgos y configuraciones que transforman de manera relevante el portafolio de riesgos y amenazas que debe enfrentar la sociedad colombiana.

Sin embargo, la tarea fundamental que se propuso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y en la que se han comprometido las Farc-EP es sacar las armas de la política. Para esto se han marcado una ruta de reformas institucionales y constitucionales mínimas que permitan ampliar y profundizar la democracia , de manera que, a través de ella, se trabaje con el fin de solucionar los principales problemas sociales y económicos de la nación. Este propósito general se ha visto afectado por la orientación del nuevo gobierno del presidente Iván Duque y del partido y la coalición de gobierno que frente a la comunidad internacional se presenta como impulsor del acuerdo, pero en la práctica mediante la simulación se ha dedicado a desmontarlo y lo reduce a su mínima expresión.

Disposiciones políticas en los acuerdos de paz

El Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, resultante del proceso de conversaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP, dejó señaladas las líneas de cambios necesarios para un proceso de modernización incluyente de la institucionalidad política del país en el camino de la ampliación y la profundización de la democracia. Esto implica la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, a la vez que la apertura de nuevos espacios que permitan la participación en los procesos de gobernanza y gobernabilidad, unido a la construcción de las garantías necesarias para el ejercicio de la práctica política y la protesta social.

El gobierno del presidente Santos y las Farc-EP consideraron en su momento que la construcción y la consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita a nuevas fuerzas surgir en el escenario político, con el objetivo de enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales. Además, tuvieron en cuenta que eso demanda fortalecer el pluralismo y ampliar la representación de las diferentes visiones y de los diversos intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política, e implica el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales, así como el robustecimiento de los espacios de participación para que el ejercicio de participación ciudadana incida, sea efectivo, vigorice y complemente la democracia.

El gobierno del presidente Santos y las Farc-EP reconocen que, en el propósito de consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo político al facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, los cuales tengan las suficientes garantías para el ejercicio de la oposición en el camino de ser verdaderas alternativas de poder. Desde luego, esto requiere de la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, lo que asegure unas condiciones de respeto a los valores democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política.

Por su parte, la ampliación y profundización de la democracia requiere de una oferta de acciones institucionales que el acuerdo considera y deja plasmadas como requerimiento esencial. Entre estas se encuentra una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y los movimientos políticos, y una mayor transparencia del proceso electoral, lo que exhorta a una serie de medidas inmediatas, en especial en las regiones donde persisten riesgos y amenazas, así como a una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y definición de las funciones de las autoridades electorales, de tal manera que ofrezcan mayores garantías para el ejercicio de la oposición política.

Ahora bien, el acuerdo sobre la participación política no reduce esta a lo estrictamente partidario y electoral, sino que la democracia se extiende en prácticas a todos los escenarios de la vida social. Por esta razón, el acuerdo afirma que la construcción de la paz requiere, además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, y en particular en la implementación del acuerdo, el fortalecimiento de las garantías y las capacidades que permitan a los ciudadanos y ciudadanas asociados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos desarrollar sus actividades de manera libre y responsable, de modo que contribuyan a que se expresen los diversos intereses de una sociedad pluralista y multicultural por diferentes medios, lo que incluye la protesta social legítima. En este sentido, la ampliación de las prácticas democráticas debe asegurar la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas, de la asignación de los presupuestos, de la contratación pública y, en general, de los asuntos que atañen a los derechos e intereses de la comunidad, de forma que incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes. Las propuestas buscan que la participación ciudadana se convierta en un verdadero complemento y, a su vez, en un mecanismo de control del sistema de representación política y de la administración pública.

Asimismo, el acuerdo busca posesionar en la política los sectores que tradicionalmente han estado excluidos de los escenarios de discusión y decisión. Con relación a esto señala que el pluralismo debe abrir la participación de las organizaciones y los movimientos sociales, en particular de mujeres, jóvenes y demás sectores excluidos del ejercicio de la política, y en general del debate democrático. En Colombia, las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho a la participación. Enfrentar y transformar estas condiciones históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación política y social, así como desarrollar una cultura que reconozca la igualdad de derechos desde una concepción que deslinda campos con el patriarcalismo político e institucional. Para esto es necesario que la democracia colombiana reconozca la situación y la condición de las mujeres en sus contextos y particularidades, y garantice el ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales y de género.

En el universo de la globalización, los medios de comunicación e información cada vez resultan más necesarios para el ejercicio de la política. Por esta razón, las Farc llaman la atención sobre la necesidad de contar con espacios de difusión (canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local), a fin de que los partidos, las organizaciones y las comunidades que participan en la construcción de la paz y la democracia puedan estar en permanente comunicación con las poblaciones, los territorios y las distintas formas de organización de la sociedad civil.

El acuerdo reclama crear las condiciones y proporcionar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos que participen de manera activa en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, de tal manera que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en una alternativa de poder.

A fin de cumplir con todo lo anterior, el acuerdo señala que se realizarán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos o sociales, y, de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de una sociedad democrática en paz.

Derechos y garantías plenas

para el ejercicio de la oposición política

La ruta que marca el acuerdo de paz para el paso de la organización armada a una organización política se plantea como requisito esencial el respeto por la diferencia. Asimismo, la formulación de una serie de derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en un universo político cuyo principal fundamento es el pluralismo.

Como se señaló, el acuerdo de paz considera que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y los movimientos políticos como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer oposición a políticas del Gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales. A partir del reconocimiento de esta premisa esencial, la definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer otras formas de oposición a través de la protesta legítima.

El acuerdo señala que con relación a los partidos y los movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto de oposición8, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares es necesario no solo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, lo que incluye el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios que les permitan tramitar sus demandas de forma pacífica.