Читать книгу Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - Carlos Medina Gallego - Страница 8

El proceso de paz adelantado entre el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), se fijó como uno de los propósitos esenciales del Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Esto supuso el paso de la organización armada a una organización política, articulada a la institucionalidad democrática del país, en el marco del orden constitucional, del sistema político, del régimen de partidos y del sistema electoral, en un proceso que se concibió como de ampliación y profundización de la democracia.

La conversión de la organización armada en un partido político no es una empresa fácil, a pesar de los conocimientos acumulados y adquiridos por las Farc-EP a lo largo de su historia en el desarrollo de la vida partidaria, de la que nacen, se desprenden y se originan nuevas experiencias, unas veces compartidas con otras organizaciones y otras producto de sus propias lógicas y necesidades. Las Farc-EP, como organización política con estructura partidaria, presenta en el desarrollo de su historia cuatro momentos organizativos que la revisten de características particulares y complejas, los cuales son la base esencial sobre la que se soporta su experiencia en la perspectiva de la configuración de una nueva fuerza política en el desarrollo de la fase de implementación del acuerdo:

• Primer momento. Surge esta guerrilla en el interior del Partido Comunista Colombiano (PCC) en las tradiciones de autodefensas de la década de los treinta del siglo XX. Adquiere un particular desarrollo en la década de los sesenta, cuando se origina la organización guerrillera después del ataque a Marquetalia. La organización es la expresión del principio asumido por el Partido Comunista en torno a la combinación de todas las formas de lucha, que compromete no solo la lucha social y política amplia, sino también la resistencia armada a todas las formas de opresión en la lucha clandestina. Es la historia de las Farc-EP como parte constitutiva del Partido Comunista de Colombia, de sus estructuras de dirección y de sus particulares formas de organización celular. En este periodo se nutre de los cuadros del partido articulados al movimiento social, sindical, campesino, juvenil y popular, y se encuentra subordinada a las directrices políticas del partido, así como a su concepción estratégica de la lucha política. Un punto de inflexión y de rupturas comienza a producirse en la década de los ochenta, lo que origina luego, en el marco del proceso de paz con Betancur, un vigoro proceso de transformación política cuyo principal producto es la Unión Patriótica (UP).

• Segundo momento. En el marco del proceso de paz de La Uribe, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, las Farc-EP impulsan con el PCC y otras fuerzas políticas, en medio de un escenario de apertura y reformas políticas, la creaciónde la Unión Patriótica. Esta tendrá un importante desempeño electoral antes de verse abocada a una estrategia de exterminio, resultado de la política de implementación de la doctrina de la seguridad nacional y el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo institucional.

• Tercer momento. La difícil situación que se generó a raíz del genocidio de la UP, lo cual obliga a la separación entre el PCC y las Farc-EP a finales de la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa, convierte a la organización en una estructura independiente del partido que centraliza el mando político-militar. Diez años crece la organización en el fortalecimiento de sus estructuras militares y el proyecto de convertirse en un ejército del pueblo, mientras desarrolla, de manera simultánea, las actividades políticas y militares. A finales de la década de los noventa y comienzos de la primera década del siglo XXI, las Farc-EP desarrollan, a fin de coordinar su vida política interna y su relacionamiento con la comunidad política nacional e internacional, el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) (concebido como una estructura cerrada muy pegada a las formas de la organización del ejército) y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB) (enfocado en el relacionamiento con los sectores sociales y las masas).

• Cuarto momento. A raíz de los acuerdos que resultaron de las conversaciones de La Habana con la administración del presidente Juan Manuel Santos, surge un nuevo partido que inicia su vida política en el orden institucional con el nombre de “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (Farc), cuyas características esenciales se encuentran, en la actualidad, en un lento proceso de construcción. Esto a partir de distintos matices y en medio de dos grandes formas de pensar la organización: una atada a los fundamentos de marxismo-leninismo, a las formas tradicionales de los partidos leninistas y el centralismo democrático; y otra que se abre de manera amplia a las más variadas formas del pensamiento democrático de fundamento crítico y social, así como a la configuración de una estructura partidista de nueva naturaleza capaz de insertarse de forma natural en el complejo sistema político y de partidos de la nación colombiana.

Este trabajo de investigación, en lo esencial, busca presentar los antecedentes históricos de las tradiciones partidarias de las Farc-EP, el desarrollo de sus procesos políticos internos y los retos que se le presentan a la organización en su inserción política a la vida institucional de la nación a partir de la implementación de los acuerdos firmados con el Gobierno nacional. No es un trabajo de investigación fácil, dada la particular movilidad de los acontecimientos en un periodo de transición cargado de las vicisitudes propias de la vida política nacional y de la complejidad de las relaciones internas de la organización. Esta se construye ahora en nuevos ordenamientos políticos resultantes de la contrastación de unas formas arraigadas de construcción de relaciones de poder propias de la guerra, cuyas características son de naturaleza vertical, hacia los escenarios de su propia y compleja democratización que se fundamenta, esencialmente, en relaciones horizontales que se configuran a través de tensiones y matices político-ideológicos que se disputan posicionamientos de autoridad en la conducción de la organización partidaria en el nuevo escenario político.

En cuanto a la metodología, el trabajo se mueve entre las elaboraciones bibliográficas que se encuentran con relación a la organización (resultado, en lo esencial, de trabajos anteriores del autor), documentos oficiales de la organización elaborados para distintos eventos (los cuales son la base esencial de la construcción del nuevo partido y dinamizan las discusiones internas), y un trabajo de campo que permitió acercamientos a distintas visiones de la construcción del partido y a sus tensiones mediante entrevistas desestructuradas, así como en largas y ricas conversaciones grabadas con miembros del partido Farc-EP involucrados en diversos grados de responsabilidad, autoridad y militancia de base.

Esta investigación se propuso seguir elementos metodológicos de los estudios realizados por la Fundación Berghof, liderada por Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann, los cuales posibilitan análisis particulares sobre el paso de organizaciones armadas a organizaciones políticas exitosas. No obstante, con la libertad para tomar en consideración los elementos metodológicos propuestos por la Fundación Berghof a fin de considerar el caso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común desde un enfoque aplicado, el cual se libera en la especificidad del universo de generalizaciones que suelen considerarse en las formulaciones teórico-metodológicas, de manera que la aproximación sea útil en lo que concierne al caso colombiano y, en particular, al entendimiento del proceso de transición del nuevo partido.

El trabajo, en su conjunto, está atravesado por un enfoque teórico y metodológico que no se explicita a la manera de una tesis doctoral o un trabajo monográfico como un apartado independiente, sino que se adhiere a la construcción de las narrativas de cada uno de los capítulos en los que se ha estructurado el informe final de esta investigación.

El autor tiene absolutamente claras las dificultades y los retos que representa historiar un proceso que está en ciernes y sobre el cual todo está por decantarse y construirse a futuro. No obstante, considera que la investigación se construye a la vez como crónica y memoria de un periodo determinante de la historia política de la nación y de los tránsitos que en ella realizan hoy quienes fueron por décadas protagonistas de la guerra.

Así, metodológicamente se presta especial atención a los elementos de la argumentación que son de obligatoria referencia y se encuentran presentes en las historias y análisis posteriores, puesto que no hay forma de prescindir de ellos, aun cuando cada momento los cargue de nuevas y más profundas significaciones.

La conversión del enemigo en adversario político

No sin dificultades y con poderosos opositores marcha la implementación del Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.

Los logros alcanzados en los temas de desarrollo agrario integral, participación política, drogas ilícitas y víctimas resultan, a tres años de la firma del acuerdo y la implementación, aún precarios e insuficientes, tal como lo han señalado los informes que se han presentado. La decidida voluntad de paz de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común choca contra distintas circunstancias que los obliga a utilizar todos los medios legales para exigir el cumplimiento por parte de la sociedad y el Estado colombianos del acuerdo firmado. Estos obstáculos seguramente se abordarán con inteligencia en busca de superar todos los aspectos de orden político, jurídico-constitucional, social, administrativo y técnico que sea necesario sortear.

En esta sección se presenta una reflexión sobre la conversión de las Farc-EP de enemigo en el campo de la guerra a adversario en el campo de la democracia, de manera que precede el abordaje del actor político como tal.

El camino de la guerra hacia la democracia

Un lugar para el otro

A pesar de los pocos avances en materia de implementación y cumplimiento del acuerdo a tres años de su firma, un debate en ciernes que debe adelantarse en el seno de la sociedad colombiana corresponde a la construcción de las subjetividades colectivas que le dan –antes, durante y después de los acuerdos– un lugar al otro en una sociedad que debe transformarse en la construcción de lo político y lo público.

Se asume que para una concepción moderna, democrática y pluralista de la sociedad es inaceptable partir de una noción negativa de la percepción política del otro en cuanto enemigo, ligada al dominio e imposición del poder instituido, como si no existiera otra alternativa capaz de construirse en legitimidad y legalidad, desde lo político y lo público, más allá de la enemistad de la guerra en un universo de reconocimiento de la diferencia como fundamento y esencia de las prácticas democráticas.

El enemigo como un otro no

Por el contrario, persistir en la idea de considerar al opositor como enemigo es un obstáculo mayor para cualquier proceso de paz y reconciliación.

El enemigo es un otro que representa la negación del propio modo de existencia de las instituciones y de la sociedad, por tanto, persiste en su destrucción y, en consecuencia, es natural que la sociedad y el poder instituido lo rechace o combata a fin de mantener su forma de vida, la cual depende de la destrucción total de ese otro distinto. En estas condiciones, es el ejercicio del poder de la fuerza a través de la violencia y la guerra la que busca saldar una relación política irreconciliable.

En ese estado de percepción y confrontación se desarrollaron sesenta años de conflicto armado y guerra en Colombia. Ahora bien, la guerra procede de la enemistad, ya que esta es una negación absoluta del ser distinto. De esta manera, la guerra se presenta como el medio político extremo de la oposición amigo/enemigo, de modo que lo político adquiere un particular sentido en ese contexto de confrontación. Se posibilita, entonces, un escenario distinto al exterminio mutuo en un proceso de diálogos y acuerdos que trasforman de forma sustancial la naturaleza de la percepción del otro, del ser distinto en cuanto adversario legítimo en un escenario de confrontación democrática.

De ahí que el paso de la condición de enemigo a la condición de adversario sea un salto cualitativo de la confrontación del escenario de la guerra al ejercicio pleno de la lucha democrática.

El adversario como un otro sí

Sin embargo, el reconocimiento de la condición de adversario legítimo reviste la aceptación de la existencia de un ser colectivo que adquiere identidad en el reconocimiento de su condición de diferente, así como en la identificación de sus idearios y propuestas como socialmente legítimas.

En este sentido, en un proceso de solución política no se trata de someter u homogenizar las formas de pensamiento, de manera que se aniquilen así las posibilidades de ser, pensarse, expresarse y actuar desde la riqueza propositiva de la diferencia y en el ejercicio del disenso como fundamento del ser oposición.

Resulta lesivo para la construcción de contextos de convivencia democrática y desarrollo social y económico percibir al potencial adversario político como enemigo público y no como adversario legítimo. El Estado, en cuanto unidad política, tiene la capacidad y el monopolio de la determinación política, y esa capacidad debe colocarla al servicio de la construcción de la paz y de la democracia en el reconocimiento del otro opositor como adversario legítimo.

En los diálogos de La Habana surgieron los enunciados que permiten superar una teoría del Estado total que elimina la diferencia entre este y la sociedad, por la cual se identifica la política con lo meramente Estatal, separada de la sociedad.

La política más allá de la política

Hoy se reconoce con facilidad cómo en el país se ha producido una “despolitización” de la sociedad, un desplazamiento hacia el marketing y el mercado electoral, así como una creciente politización de la sociedad civil en un paso acelerado de la lucha reivindicativa hacia el desarrollo de un modelo de participación política que compromete nuevos escenarios, en los cuales la política es mucho más que el ejercicio del poder político asumido a través de los procesos electorales para el ejercicio de la función pública.

Así se constituye en fundamento de una práctica social que contempla procesos colectivos de toma de decisiones, elaboración de planes y programas de desarrollo, estructuración de presupuestos participativos con pertinencia en la realización de obras que contribuyan a la generación del bienestar estratégico de la sociedad y a fortalecer entidades administrativas, así como al potenciamiento de la capacidad de gestión social de las comunidades, de acciones que no constituyen otra cosa que la ampliación y la profundización de la democracia.

Sin embargo, la aceptación del adversario no es solo el reconocimiento de un otro distinto; es también la aceptación explícita de que el objetivo de la política, su tarea, es la construcción del orden social, el cual se logra a partir de elaborar alternativas posibles tendientes a la transformación de las condiciones de vida actuales.

Es un orden que no significa necesariamente armonía, sino conflicto dinamizado por una cultura y una práctica política que se compromete en la construcción de ese nuevo orden deseado. De ahí que resulte mejor utilizar la categoría de “posacuerdo” a la de “posconflicto”, en la medida en que las sociedades se desarrollan y alcanzan la mejor convivencia y el mayor nivel de bienestar cuando logran tramitar sus contradicciones y conflictos en los escenarios del diálogo y en la institucionalidad democrática.

Hoy, en el desarrollo del proceso de implementación de los acuerdos, es urgente y necesario que el Estado-gobierno impulse una pedagogía de paz por la cual se construya una subjetividad colectiva –la cual le da un lugar al otro distinto en su calidad de adversario legítimo– en los escenarios de la vida política de la nación, y evite así toda práctica que descalifique, construya polarización, desencuentro, odios y guerra.

Superar la cultura del odio y la venganza

La transformación de las prácticas democráticas la precede el cambio de cultura y de actitud de la ciudadanía, así como de la institucionalidad política, frente a la diferencia en el marco de la construcción de un escenario que deja de lado los odios y los encadenamientos de las venganzas, y se mueve en cambio hacia una cultura que se reconoce y se valora en el fortalecimiento del pluralismo, la tolerancia, la deliberación y el debate respetuoso sobre los problemas estructurales de la nación.

La no utilización de las armas y la proscripción de la violencia en las prácticas políticas, el reconocimiento del otro distinto como opositor válido y la no aniquilación del adversario, sino su valoración positiva y su protección decidida, constituyen la base esencial de la nueva cultura democrática por desarrollarse en una sociedad que se fija como propósito la construcción de una paz estable y duradera.

La construcción de un nuevo y sólido sistema democrático se abre en oportunidades y seguridades para la participación de los diferentes actores sociales y políticos en el desarrollo pleno de sus intereses políticos y colectivos, adscritos a un proyecto ético y a una práctica política que concibe la vida humana y el interés colectivo como fundamento y razón de ser de la política como tal.

El nuevo orden democrático debe construirse sobre la superación definitiva de las prácticas de violencia, el aniquilamiento del adversario, la estigmatización, la persecución, el señalamiento, la utilización del miedo y el terror para el sometimiento colectivo, así como la superación y proscripción de todo el repertorio criminal que agobió durante años al país.

Ni el Estado ni los particulares pueden hacer uso de prácticas criminales con el propósito de imponer sus ideas y utilizar a su favor –en detrimento del interés colectivo– los escenarios institucionales que son el fundamento de la democracia y la convivencia pacífica.

Partidos políticos y movimientos sociales

La ampliación y profundización de la democracia debe permitir el surgimiento de nuevas fuerzas, movimientos y partidos políticos, así como el fortalecimiento de las formas organizadas de la sociedad civil que se expresan a través de movimientos sociales y populares, las cuales portan sus propias agendas reivindicativa y de lucha social y política.

Estas expresiones políticas y sociales de la ciudadanía, de las poblaciones y de los territorios deben contar con espacios amplios de participación y un reconocido protagonismo en la construcción de una auténtica democracia en la que incidan en la definición de las decisiones que comprometen el interés público.

La democracia del posconflicto armado debe garantizar no solo la organización y la participación decidida de nuevas fuerzas y movimientos, sino también el reconocimiento y la defensa del pluralismo, de manera que los nuevos partidos políticos y movimientos sociales que hagan oposición, sin importar cuál sea su orientación ideológica, toda vez que estén inscritos en el ordenamiento institucional, sean reconocidos, aceptados y protegidos de tal manera que puedan presentarse como alternativa de poder en el marco del ordenamiento del juego democrático. Estas nuevas fuerzas sociales y políticas deben contar con todos los apoyos institucionales y, de forma equitativa, con los recursos públicos destinados a financiar los partidos y los movimientos políticos, en el propósito de que estos no se conviertan en instrumentos del interés privado y cumplan a cabalidad la función pública que compete a su naturaleza y razón de ser.

Dado que es la oposición la que legitima el orden democrático, debe contar con las mayores garantías en el sistema político y electoral, de modo que se supere todo tipo de riesgos y amenazas. Esto requiere no solo el mejoramiento del sistema de partidos y del sistema electoral, sino, adicionalmente, el desempeño adecuado de la institucionalidad que regula y posibilita las prácticas democráticas institucionales y garantiza la participación apropiada y segura de la sociedad civil en la lucha social y política.

Los ajustes que se deben realizar al modelo de democracia deben también contemplar medidas incluyentes que garanticen la participación de todos los sectores, en especial de las minorías étnicas y socioculturales, así como de las fuerzas políticas minoritarias. Estas deben, a su vez, articularse a las distintas instancias de las posibilidades del desempeño institucional a nivel nacional, regional y local, así sus resultados electorales no sean exitosos en términos de representación en los escenarios de decisión política.

Sin embargo, es importarte señalar que en la democracia del posconflicto armado la participación política no se reduce al sistema de partidos y al sistema electoral, sino que se construye en todos los escenarios en los que se erige institucional y socialmente el bien común y las acciones humanas están regentadas por el interés general.

De ahí que sea necesario extender las prácticas de gobierno a la vida social e involucrar a la población y a la ciudadanía en estas, a través de los más variados y determinantes instrumentos (tales como los planes de desarrollo y presupuestos participativos, las veedurías ciudadanas, el control social a la gestión pública y las posibilidades que aumentan la capacidad de ejecución de las comunidades en obras de su propio interés) requiere de comunidades participativas con poder de decisión y capacidad de gestión y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y obras.

Antes que la guerra se encuentra la protesta social legítima

La terminación del conflicto armado no es la finalización del conflicto humano, social, político, cultural, ambiental o de cualquier otra modalidad. Por el contrario, se produce un incremento de los conflictos sociales que requieren del reconocimiento y la legitimación de la protesta social como una expresión necesaria y útil al ordenamiento democrático. Esto conduce irremediablemente a desmontar los imaginarios desde los cuales se persiguió, estigmatizó, judicializó y criminalizó la protesta social.

Parar las hostilidades institucionales y parainstitucionales, militares y paramilitares, criminales de todo tipo, contra el movimiento social y popular y construir una nueva y más incluyente cultura política e institucional en relación con la importancia social y política de la protesta civilizada hace parte de la desestigmatización de los movimientos sociales y populares, del cese de hostilidades contra estos movimientos y de la construcción de los escenarios legítimos y democráticos para la protesta.

Lo anterior convoca a reconocer la necesidad que existe en el país de recuperar, garantizar y proteger la protesta social y política como un derecho social fundamental y un instrumento de una auténtica democracia, abierta a la inconformidad y a la crítica.

Los dirigentes sociales y populares no pueden seguir siendo estigmatizados, perseguidos, encarcelados y asesinados por defender las agendas colectivas de los sectores sociales, las poblaciones y los territorios; por el contrario, esos dirigentes y líderes deben considerarse patrimonio de la democracia e inteligencia social de la inconformidad de un valor superior para la construcción de sociedades más justas y equitativas. No pueden considerarse enemigos, ni siquiera adversarios; son, en lo esencial, gestores de bienestar de las comunidades y de sus derechos.

Un estatuto para el reconocimiento,

el respeto y la seguridad del otro posible

La democracia del posconflicto armado1, en el proceso de transformación de las formas de percepción del otro distinto a un otro posible, debe hacer un reconocimiento constitucional e institucional de la oposición de los movimientos y partidos políticos, así como de las formas de acción de los movimientos sociales y populares. Todo en un contexto de afirmación de sus derechos y responsabilidades frente a la convivencia civilizada, de la posibilidad de dirimir las diferencias a través del diálogo y aspirar al ejercicio legítimo del poder.

La oposición política y la oposición social y popular presentan una forma diferenciada de requerirse en el escenario institucional y social. La primera requiere de un orden normativo que garantice sus derechos y le ofrezca las seguridades para el ejercicio de la práctica política desde una orientación crítica a las practicas del poder dominante y un estatuto de oposición que reconozca las libertades y los derechos políticos que le brinde las seguridades para su ejercicio; la segunda, por su parte, demanda el reconocimiento de las distintas formas de organización y movilización de la protesta social en el trámite de las demandas ciudadanas y del reconocimiento constitucional e institucional del legítimo derecho de organización, movilización y protesta social.

La posibilidad de que la insurgencia se movilice de la guerra hacia la política, en el ámbito del reconocimiento del poder hegemónico de las armas por parte del Estado, así se reserve el derecho a la rebelión, requiere de un comportamiento social e institucional en el que se reconoce a los “reincorporados” la plenitud de sus derechos ciudadanos y políticos, y ofrece a estos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones con todas las fuerzas, movimientos y partidos políticos existentes en el país.

El estatuto de oposición no se elabora con el fin de reconocerles derechos a quienes pasan de las armas a la política, sino con el propósito de ofrecerle a todos los partidos las mismas condiciones para asumirse en el ejercicio de la práctica política desde la oposición (bien sea esta de derecha, de centro o bien de izquierda). Sin embargo, la existencia de un estatuto de oposición y de una ley reglamentaria que garantice los derechos de las fuerzas disidentes y el trámite de los disensos en un escenario de posibilidades y recursos políticos amplios puede no ser suficiente –a pesar de toda su integralidad–, pues como se sabe lo que define la calidad del ejercicio de oposición es la práctica social y política, así como el comportamiento institucional frente a esta.

De nada sirven las leyes si no se aplican con eficiencia, eficacia y rectitud

La Constitución de 1991 establece, en el artículo 112, lo siguiente:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos:

El acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales. El uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Si bien estos aspectos son importantes, resultan a todas luces insuficientes para la dimensión de la acción política y social de los opositores en una democracia que se construye no solo desde la inclusión y el reconocimiento de los derechos, sino, además, desde la ampliación de la participación de las minorías críticas en la gestión institucional y pública.

Pese a que la Carta estableció en el mismo artículo que “una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”, a casi tres décadas de expedida la constitución (1991-2019) ni los gobiernos ni el Congreso se han puesto en la tarea de cumplir con este mandato constitucional. El “estatuto de la oposición” debe entenderse como el conjunto de normas que garantizan el libre accionar de las organizaciones políticas y sociales que no piensen como el Gobierno. Debe establecer sus derechos y reglamentar sus posibilidades para el uso pleno de las oportunidades que ofrece la democracia y posibilita el Estado en la acción política.

De esta manera, se garantizan aspectos tales como crear organizaciones, movimientos y partidos políticos, ser reconocidos por el Estado y recibir la personería jurídica, proporcionarse sus propios reglamentos, tener sus representantes legales, participar libremente y desde sus propios imaginarios en la disputa política nacional por los cargos de elección popular y que se les tenga en cuenta en la asignación de cargos en los distintos niveles del Gobierno, o bien obtener la información necesaria para la vigilancia y el control político de la administración y de las funciones gubernamentales.

Asimismo, que no se les persiga por sus opiniones ideológicas y políticas, y se proteja a sus dirigentes y asociados. Contar con medios de comunicación hablados, escritos, televisión y de cualquier otra forma de comunicación que les permita hacer el proselitismo y la divulgación de sus ideas e iniciativas con amplitud; disponer de recursos públicos para su funcionamiento y la financiación de sus campañas, entre otras posibilidades que brinden garantías a su práctica política integral, democrática y segura.

En fin, un estatuto de oposición que permita a un partido o a una coalición de partidos que durante un determinado periodo de gobierno se encuentre en el poder ofrecer a los otros las mismas garantías que quiere se le ofrezcan si en el periodo siguiente resulta en la oposición, o se declara independiente.

La seguridad y la protección del otro posible

No puede volverse a repetir en la historia del país que, una vez se termina un proceso de solución política al conflicto armado, los que se reintegran a la vida social e institucional se conviertan en blanco de la criminalización de las fuerzas institucionales y parainstitucionales.

La criminalización de los que entran a ejercer, en condiciones de ciudadanos con derechos, las distintas actividades de la vida social y política genera desconfianza, incertidumbre y nuevas formas de resistencia y violencia. La democracia del posconflicto armado debe erigirse sobre la defensa y el respeto por la vida, la libertad de pensamiento y opinión, la no estigmatización del contrario, su protección y el ofrecimiento de garantías plenas para el ejercicio de las prácticas políticas.

La seguridad de quienes ejercen la política debe superar todo tipo de incertidumbres y ser fundamento de la democracia del posconflicto, de modo que se evite la reedición del genocidio político padecido en el país en relación con el gaitanismo y la Unión Patriótica.

La democracia del posconflicto armado debe ayudar a construir una cultura de la convivencia civilizada y pacífica, erigida sobre la tolerancia, el reconocimiento y el respeto por el contrario; debe dignificar la práctica política mediante la superación de todo tipo de persecución y estigmatización a causa de las ideas. El Estado y sus instituciones deberán garantizar la seguridad de sus opositores y asumir la responsabilidad de sus vidas. La seguridad se debe considerar el fundamento de la democracia y del orden social e institucional, la garantía para el ejercicio político de la ciudadanía.

La institucionalidad encargada de la seguridad debe operar de manera coordinada en el propósito de prestar con eficiencia los servicios que garantizan a la opinión crítica y a la oposición el ejercicio de la práctica política, de modo que se prevenga así la criminalización y se opere con eficiencia contra el crimen y la impunidad. Esto demanda de una limpieza y un ajuste del orden normativo e institucional a fin de que no se repita la instrumentalización criminal de las instituciones de inteligencia y seguridad, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia del país. Lo peor que le puede pasar a una nación y a un Estado es que las instituciones que se crean para su seguridad se conviertan en instrumento de la delincuencia y el terrorismo.

Es necesario crear un sistema de prevención de la criminalización de la práctica política y de la oposición que preste especial atención a la inteligencia preventiva y se acompañe de un sistema de alertas tempranas, lo cual ponga en marcha eficientes esquemas de protección. Sin embargo, el ideal de una buena democracia es que sus funcionarios públicos no requieran por razones de su cargo o de sus ideas ningún tipo de protección, más allá de la que se le ofrece a todo ciudadano.

El sistema de protección debe contar con un recurso humano suficientemente capacitado y de especiales virtudes éticas para el desempeño de la función de seguridad y protección de personas, así como de la logística y de los presupuestos suficientes que se deben manejar con escrupulosa pulcritud. Ahora bien, incluso así es necesario que el sistema de protección y seguridad, para la práctica política, cuente con un observatorio interinstitucional y social que realice un seguimiento a las situaciones de riesgo y al desempeño institucional de protección. Este observatorio, además del personal institucional, lo deben constituir miembros de los partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin embargo, la seguridad no puede circunscribirse única y exclusivamente a quienes participan en la lucha política a través del sistema de partidos y electoral, pues hace parte de la construcción de un sólido sistema democrático en el posconflicto armado el cese de las hostilidades políticas, sociales e institucionales contra las organizaciones y los movimientos sociales, los medios de comunicación, los comunicadores alternativos y los defensores de derechos humanos. Para esto es necesario construir una cultura no solo de la tolerancia, sino, esencialmente, de las formas de presentación de la crítica, de la protesta y de su receptividad institucional, así como de su tratamiento adecuado en materia de garantía de derechos.

El Estado y los respectivos gobiernos deben ampliar y desarrollar los mecanismos de participación democrática que garantizan la movilización y la protesta social mediante una normatividad que sancione de manera ejemplar su criminalización, a la vez que establece programas de protección a los líderes sociales y populares, a las comunidades y organizaciones sociales, a los comunicadores y a los defensores de los derechos humanos.

En fin, este informe de investigación se encuentra dividido en siete capítulos. El primero centra su atención en los procesos seguidos por la organización a lo largo de su historia hasta el momento en el que se encuentra en la actualidad (2019). Se preocupa por presentar lo esencial de cada periodo de tal forma que sirva al entendimiento de la complejidad que representa para la organización la transición hacia la vida política democrática. En ese capítulo se hace particular referencia a los desarrollos de la organización en el interior del Partido Comunista Colombiano, a su crecimiento como brazo armado, a los intentos de solución política que condujeron a los acuerdos de La Uribe y al surgimiento de la experiencia de la Unión Patriótica, así como a sus éxitos electorales y su dramático exterminio. Se señalan las razones por las cuales se produce el desprendimiento de las relaciones de las Farc-EP con la Unión Patriótica y el PCC. El capítulo presta especial atención a la dinámica interna de las Farc-EP para, de manera independiente y autónoma, organizar sus propias estructuras de partido y movimiento político a través del Partido Comunista Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano, que serán las estructuras con las que llega a los diálogos y al acuerdo final. Asimismo, al acumulado sobre el cual se estructura como nueva organización partidaria con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conforme lo ordenó su Congreso Fundacional, en agosto-septiembre del 2017, después de proceder a la formalización de la dejación de las armas.

El segundo capítulo toma en consideración los elementos metodológicos propuestos por la Fundación Berghof para considerar el caso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común desde un enfoque aplicado que se libera en la especificidad del universo de generalizaciones que suelen considerarse en las formulaciones teórico-metodológicas, en el propósito de que la aproximación sea útil en lo que concierne al caso colombiano.

Nos preocupamos allí por desarrollar una aproximación a la caracterización del conflicto colombiano como una superposición de guerras con distintos intereses y actores entrelazadas en un único escenario de conflictividad social y política; se enfatiza en que el acuerdo de paz con las Farc-EP aún no constituye el fin de la violencia y el conflicto armado debido a su propia complejidad. En este capítulo también se consideran y se presentan los resultados de los diálogos y acuerdos de La Habana, en relación con las disposiciones políticas que fijan determinaciones con respecto a los derechos y las garantías plenas para el ejercicio de la oposición política; las garantías orientadas a los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta pacífica; la necesidad de disponer de medios de comunicación para la democracia; el tema que abarca la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización; el control y la veeduría ciudadana; la planeación democrática y participativa; la participación, el pluralismo, la igualdad y las garantías de seguridad; la transparencia en los procesos electorales; la reforma del régimen y de la organización electoral; la cultura política democrática y participativa; la representación política de poblaciones y zonas afectadas por el conflicto; la promoción de la participación política y ciudadana de la mujer; y el acceso a medios por parte de los partidos y los movimientos políticos. Todos elementos que se contemplan en el punto 2 del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP.

El tercer capítulo aborda la presentación de los elementos constitutivos y esenciales de la reincorporación de las Farc-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus intereses conforme lo señala el acuerdo final.

En este capítulo se hace un particular énfasis en la reincorporación política, pues se señala la ruta de garantías para el nuevo partido o movimiento político tales como la personería jurídica, la financiación y la asistencia técnica, las campañas electorales, el acceso a medios, la seguridad, la representación política en el Congreso de la República, la participación en el Consejo Nacional Electoral y las reformas de una apertura democrática necesaria para construir la paz, aspectos estos esenciales en lo político. No obstante, también se tratan las condiciones y los prerrequisitos para que esa participación se pueda dar sobre la garantía de la reincorporación económica y social.

El cuarto capítulo centra su atención en las disposiciones de seguridad en los acuerdos de paz para el ejercicio de la actividad social y política de las Farc-EP. En este sentido, establece al menos tres tipos de seguridades y sus correspondientes necesidades para ser objeto de estudio e implementación práctica: la seguridad política, jurídica y física.

Al tener como referencia esos tres componentes se precisan desde las formulaciones del acuerdo final los aspectos relacionados con las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sispep); el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que se han denominado “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”; los principios orientadores de las políticas de seguridad; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y sus competencias; la integración del cuerpo élite orientado a combatir ese fenómeno; las garantías básicas para el ejercicio de la función del fiscal, de los jueces y de otros servidores/as públicos y, en general, todos los requerimientos para el establecimiento y el funcionamiento eficaz del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, con especial atención en las medidas de protección, seguridad personal y colectiva, así como en las medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

El quinto capítulo asume como centro de su análisis la situación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en el contexto del posacuerdo y las incertidumbres de su implementación. A partir de esto se presenta un recorrido por el significado del posconflicto armado, las renegociaciones y los ajustes al acuerdo, y por los informes institucionales sobre la implementación del punto de participación política. Entre estos se encuentran: el Informe del Instituto Kroc; el tercer informe de verificación de la implementación del acuerdo final del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa para la Paz (Cinep/PPP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) (agosto del 2018); el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la implementación del acuerdo en lo relacionado con el punto de participación política y el balance que por medio de una carta al Senado de la República hacen Iván Márquez y Oscar Montero (El Paisa) desde su situación de repliegue táctico de seguridad, al estado de implementación del acuerdo final a dos años de la firma.

El sexto capítulo considera la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y la caracteriza como un actor político en el contexto del ordenamiento político e institucional de la nación. Se refiere al Congreso Constitutivo de la nueva fuerza política y a la declaración política que establece su ruta hacia el futuro. Asimismo, considera la presentación de la plataforma ideológica del partido y sus estatutos, en los cuales se definen la naturaleza de la organización y los principios, la condición de militantes o afiliados/as; la estructura interna y los órganos de dirección y de toma de decisiones; las comisiones de trabajo; los órganos e instancias de control; el código ético-disciplinario; las rentas, el patrimonio del partido y las disposiciones para su disolución, fusión, escisión y liquidación. De igual forma, se aborda la presentación del código ético-disciplinario del partido y su inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El séptimo capítulo trata aspectos referentes a la cohesión interna y la dinámica de construcción de matices políticos al interior de las Farc-EP, lo cual desemboca en el surgimiento de las disidencias posacuerdo y los puntos de tensión que empiezan a dinamizar la vida interna de la nueva organización. De igual forma, se propone establecer el grado de legitimidad con el que inicia a construirse en el escenario social e institucional de la nación.

Para este capítulo se ha tomado en consideración metodológica una modalidad de entrevista-testimonio centrada en aspectos muy particulares que se mueven desde los límites de la dejación de armas hasta la llegada de sus representantes al Congreso de la República. Se selecciona para esto a miembros de la organización con distintos grados de compromiso y militancia que presentan diferentes formas de percibir el proceso (algunas veces de manera coincidente, otras con diferencias sustanciales). Se considera la opinión de miembros de la dirección del partido pertenecientes al Consejo Político Nacional, quienes representaron a las Farc-EP en el Congreso de la República por medio de Voces de Paz, así como la opinión de asesores académicos para el desarrollo del punto de participación política y la de miembros de base que de las estructuras del partido clandestino pasaron al nuevo partido legal. Se ha buscado que en esas entrevistas se exprese la voz de las mujeres con sus particulares lecturas políticas y de género.

Las conclusiones generales son una reflexión a futuro de los retos que enfrenta la organización en el propósito de permanecer en el escenario político institucional, en un universo convulsionado que se transforma de manera vertiginosa y no siempre en sentido progresista.

1. Existe una variedad de opiniones en relación con la utilización de esta designación de “posconflicto armado”; si bien algunos prefieren referirse a una fase como “posacuerdo”, en este trabajo se utilizarán ambas designaciones en contextos de diferente significación definidos por el análisis.