Читать книгу Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - Carlos Medina Gallego - Страница 9

La historia política de las Farc-EP se encuentra unida a los orígenes de las organizaciones políticas de izquierda en el país, y en particular a los del Partido Comunista Colombiano (PCC)1.

Es la historia de su complejo devenir histórico, en el marco del desarrollo de la vida política de la nación colombiana y de sus conflictos, marcados por la estigmatización, el señalamiento, la persecución política sistemática y la violencia como práctica de exterminio del adversario. Es también la historia de la lucha de los movimientos sociales y políticos por ocupar un lugar de reconocimiento y respeto en una sociedad democrática pluralista que posibilite dirimir las diferencias y las contradicciones, así como generar las transformaciones que requiera el país y la sociedad al amparo de un orden constitucional que garantiza los mismos derechos y establece las mismas responsabilidades para todos los ciudadanos.

La historia política de las Farc-EP se desenvuelve en un mundo que evoluciona de manera permanente a través de sus conflictos económicos, sociales, ideológicos y políticos, los cuales desembocan –no pocas veces– en la confrontación armada. Se da, claro, en el marco de los conflictos mundiales, del orden político internacional, de las relaciones de dominación y dependencias, de la construcción de los bloques, de los correspondientes alineamientos políticos e ideológicos, del mundo del desarrollo capitalista, el capitalismo criminal y la globalización neoliberal.

Este capítulo centra su atención en los procesos seguidos por la organización a lo largo de su historia hasta el estadio en el que se encuentra en la actualidad (2020). Se preocupa por presentar lo esencial de cada periodo, de tal forma que permita comprender la complejidad que representa para la organización la transición hacia la vida política democrática. En este aparte se hace particular referencia a los desarrollos de la organización en el interior del Partido Comunista, a su crecimiento como brazo armado, a los intentos de solución política que condujeron a los acuerdos de La Uribe y al surgimiento de la experiencia de la Unión Patriótica (UP), a sus éxitos electorales y su dramático exterminio. Asimismo, se señalan las razones por las cuales se produce el rompimiento de las relaciones de las Farc-EP con la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

El capítulo presta especial atención a la dinámica interna de las Farc-EP para, de manera independiente y autónoma, organizar sus propias estructuras de partido y movimiento político a través del Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) y el Movimiento Bolivariano, que serán las estructuras con las que llega a los diálogos y al acuerdo final, y el acumulado sobre el cual se estructurará como nueva organización partidaria con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), conforme al mandato de su Congreso Fundacional, realizado en agosto y septiembre del 2017, después de haber procedido a hacer formal la dejación de las armas.

El capítulo toma con especial rigor y seguimiento los documentos que en cada momento acompañaron los desarrollos de la organización, así como las dinámicas y los conflictos que representaron sus desarrollos.

El Partido Comunista Colombiano

y la combinación de todas las formas de lucha

Con la instauración del Frente Nacional, el PCC2 asume de manera conjunta con otras fuerzas tales como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y la Alianza Nacional Popular (Anapo) la “lucha democrática” en el contexto del impulso de los frentes populares y en el marco de la estrategia política de combinar todas las formas de lucha3. Gran parte de su actividad consistirá, en lo esencial, en ganar para el proyecto de lucha comunista un sector significativo de la juventud, para lo cual potencializa la estructura organizativa juvenil que, adscrita al partido y bajo la denominación de Juventud Comunista (JUCO), tendrá la responsabilidad de reclutar cuadros jóvenes con el fin de aumentar la base social y política del partido, menguada por años de lucha clandestina y ofensiva institucional.

La Juventud Comunista se desarrolla rápidamente en las universidades y al furor de la Revolución cubana logra desplazar la hegemonía que hasta entonces tenían las juventudes de los partidos tradicionales en estas instituciones, con lo cual convierte estos centros de cultura en importantes escenarios de la acción política de los grupos de izquierda que se identifican con el pensamiento marxista, de modo que ocupa por completo la actividad universitaria con luchas sociales y políticas durante las dos décadas siguientes.

Para este periodo el partido era una organización con una gran capacidad de reproducir sus condiciones de existencia y alcanzar acumulados en los sectores de masas, articulado a la lucha organizativa, política y de reivindicaciones sociales. Su actividad la centra en los sectores campesinos donde ha construido importantes experiencias organizativas de luchas agrarias, lo que incluye invasiones de tierra, así como la creación de las autodefensas campesinas y el naciente movimiento guerrillero de las Farc-EP. De igual forma, su actividad se extendió a los núcleos obreros y de trabajadores sindicalizados4, a las organizaciones estudiantiles y al movimiento popular y barrial que, para la época, tenía una importancia capital en razón a las transformaciones que se operaban en las ciudades a raíz de las migraciones poblacionales causadas por la violencia.

No obstante, en la dinámica política en que se desarrolla el PCC ese proceso se produjo en un ambiente de transformaciones políticas significativas en el contexto nacional e internacional, y en una atmósfera de crecimiento de las contradicciones internas del partido5. En los albores del Frente Nacional el partido apoyó al sector liberal del régimen unido en su propuesta política de reconquista de la legalidad y en la tesis de construir un “gran partido de masas”. Esta táctica política profundizó la inconformidad entre sus miembros, quienes veían que el partido empezaba a perder su vitalidad revolucionaria frente a otras fuerzas y procesos que se desarrollaban de manera simultánea6.

En medio de la lucha interna se conoció el triunfo de la Revolución cubana (1959), lo que contribuyó a que se agudizaran las contradicciones internas en el PCC. El calentamiento revolucionario de los ánimos juveniles generado por el proceso cubano llevó a que varios militantes del partido, y sobre todo de la JUCO7, abandonaran su concepción de lucha pacífica y decidieran buscar en las armas –inicialmente con el Movimien-to Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC)– una opción diferente para la revolución colombiana8. Si bien las primeras experiencias foquistas fracasaron, las ideas de Fidel Castro y el Che Guevara se abrieron paso entre amplios sectores revolucionarios que confluyeron desde la década de los sesenta en lo que llegaría a ser el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las guerrillas más importantes en la historia colombiana, todavía en armas a la espera de un proceso de paz viable.

Sin embargo, tal vez el aspecto más importante y determinante en la lucha interna del PCC es el debate que se da en el Movimiento Comunista Internacional (MCI) durante la primera mitad de la década de los sesenta entre los partidos soviético y chino. El XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) sostuvo dos tesis centrales que constituyeron el inicio de las divergencias con el Partido Comunista de China (PCCH).

Primero, la crítica a Stalin hecha y sustentada por Jruschov, acusándolo de “culto a la personalidad”; y segundo, los llamados a la coexistencia pacífica con los EE. UU., los cuales fueron vistos como tesis “revisionistas” que buscaban subordinar y frenar las luchas de liberación nacional en el mundo con el pretexto de que las condiciones mundiales hacían posible la vía parlamentaria como forma principal9. En 1960, en la reunión de partidos comunistas en Moscú, los soviéticos insistieron en la teoría de la transición y la coexistencia pacífica. Esto produjo una ruptura definitiva en el Movimiento Comunista Internacional entre prosoviéticos y prochinos, lo cual se oficializó a partir del XXII Congreso del PCUS de 1961. Entre 1962 y 1963, en una serie de cartas entre el PCUS y el PCCH se planteó la ruptura inminente, y en 1963 se produjo la más fuerte escisión del MCI: decenas de partidos comunistas se dividieron, lo que incluyó al colombiano. Un sector se quedó con la línea soviética y el otro marchó hacia la línea china que ponía el énfasis en el marxismo leninismo, pensamiento Mao Tse Tung.

Esta condición internacional se convirtió en un catalizador de las diferencias internas que el PCC buscó resolver por la vía de la expulsión de los críticos y opositores de su política de alianzas y de su concepción táctica de la lucha revolucionaria. El PCC realizó el IX Congreso a mediados de 1961, en el que planteó como táctica principal para el periodo la alianza electoral con el MRL de Alfonso López Michelsen, recién creado en 1960. A pesar de que un sector de la oposición se había movilizado hacia el MOEC, se mantenía en el interior del Partido Comunista un fuerte cuestionamiento a las políticas impulsadas por el Comité Central (CC).

La primera cuestión que apareció en las discusiones fue la relacionada con la caracterización de la revolución colombiana, sus vías y su proximidad. Estos temas, los más candentes del IX Congreso del partido, realizado en junio de 1961, se analizaron durante varios meses. En ese congreso se adoptaron las tesis sobre la revolución agraria y antiimperialista que desechaban la vía única, en busca de no cerrar por cuenta del movimiento las posibilidades de avanzar por la vía democrática sin abandonar la perspectiva de la vía no pacífica, en la lógica de la combinación de todas las formas de lucha10.

A partir del IX Congreso se incrementaron las expulsiones: Francisco Garnica, secretario político de la JUCO en el Valle es expulsado en el v Pleno de 1962. Durante el pleno, Garnica criticó al PCC por centrar su ataque contra lo que se denominaba el “oportunismo de izquierda”, insistiendo en que el principal peligro para la revolución colombiana era el “oportunismo de derecha”. Esta posición dividió a la JUCO y el sector mayoritario abandonó el partido. El 11 de marzo de 1962 el Comité Ejecutivo Central de la JUCO expulsó a Edisson Lopesierra, Fred Kaim, Uriel Barrera, César Uribe, Libardo Mora Toro (futuros fundadores del PCC-ML) y Víctor Medina Morón (uno de los fundadores del ELN).

El 3 de diciembre de 1963, Pedro Vásquez Rendón, miembro del Comité Central, envió una carta al partido en la que cuestionaba su expulsión en el 29 Pleno. Vásquez Rendón formulaba una dura crítica a la dirección del partido centrándose en el cuestionamiento a la creencia del partido en una alianza con la burguesía, o en la existencia de sectores progresistas de la burguesía; para él, la burguesía colombiana era en su totalidad proimperialista, de modo que se oponía a la estrategia de participar en elecciones y planteaba que estaban cerradas las vías para la participación electoral. Asimismo, condenaba la línea de la autodefensa para el movimiento campesino, pues impedía el avance a “formas superiores de lucha”, al tiempo que hacía una defensa de la Revolución cubana, de las tesis del Partido Comunista Chino y de Mao Tse Tung (Vásquez Rendón, 1975). El debate culminó con las expulsiones de numerosos cuadros del partido y la liquidación de regionales completos11.

En general, para ese momento en el país se presentaba una crisis en la definición de la vía política para el desarrollo de la revolución que, a su vez, se producía de igual forma en todo el continente. Eudocio Ravina, en su estudio “Estrategia y táctica comunista para América Latina”, señala que se trataba de llevar de manera simultánea y por diversos grupos comunistas las dos tácticas que han dividido públicamente a Moscú y a Pekín: la que creía que el triunfo de la revolución no podía venir sino por medio de la formación de dirigentes y de la estructuración de fuertes partidos de masas, y la que creía en la posibilidad de la toma del poder por audaces golpes de fuerza que debían iniciarse como reivindicaciones nacionalistas y populares, lo cual luego sería capitalizado por el comunismo.

En el debate interno que duró más de diez años, el PCC perdió perspectiva política y decidió “deshacerse” de valiosos cuadros, lo que afectó su tradicional liderazgo en la izquierda que, en esos momentos, se disputaban el MRL y la Anapo. Comunistas maoístas y “prosoviéticos” se trenzaron en una feroz lucha política e ideológica llena de prejuicios, sectarismos, dogmatismos y descalificativos morales mutuos que recogían la tradición de la lucha política partidista colombiana. El PCC no pudo dar salida a los nuevos liderazgos que habían surgido, cerró posibilidades de renovación y llevó a varios de sus miembros a salir del partido y formar otras organizaciones que, a la postre, aplicaron la herencia de las prácticas contra las que se revelaron12.

Entre 1963 y1965 se reagruparon sectores de la JUCO de los regionales del PCC que habían sido expulsados (entre estos el MOEC, el Frente Unido de Acción Revolucionaria [FUAR], el PRS y la Juventud del MRL) en torno al antielectorerismo, el impulso a la lucha armada y el planteamiento de que no era posible ninguna conciliación con la burguesía en oposición a las tesis “revisionistas” del PCC13.

Estos sectores formaron el Comité de Integración de los Movimientos Revolucionarios Colombianos (Cimrec), el cual se propuso como tarea la construcción de un nuevo partido marxista leninista (ML). En marzo de 1964 se realizó en Medellín la Primera Conferencia de Marxistas-Leninistas, pero dado que la mayoría de asistentes provenían del PCC, los acuerdos sobre el tipo de organización a crear no pudieron concretarse, así que se convocó a una segunda conferencia en junio de ese mismo año para discutir sobre el tipo de revolución a desarrollar en el país (si socialista o democrática, el escenario principal la ciudad o el campo, la construcción del partido, si era necesario un ejército y un frente de masas, etc.). Asimismo, se llegó al acuerdo de realizar el primer congreso del nuevo partido. Para esto se empezó a publicar el periódico Revolución como órgano del Cimrec, el cual terminaría por ser el órgano de difusión del nuevo partido marxista leninista.

En los documentos preparatorios del congreso se caracterizó la sociedad colombiana como “predominantemente capitalista con remanentes feudales, dependiente del imperialismo norteamericano”, en busca de encontrar argumentos teóricos diferentes a las tesis del PCC que la caracterizaban como “semifeudal y semicolonial”.

En los debates sobre si crear un ejército, un partido o un movimiento de coordinación de varias organizaciones fue definitivo el carisma de las personalidades que se reunieron, cuyos puntos de vista pesaban sobre el conjunto de los asistentes. Tales son los casos de Pedro Vásquez Rendón, viejo militante del PCC, caracterizado por su fe inquebrantable en la lucha armada, miembro del Comité Central del PCC y con la experiencia guerrillera del sur del Tolima; Pedro León Arboleda, reconocido por su posición ortodoxa y beligerante con un gran desprecio hacia todo lo que significaba el PCC; y Francisco Garnica, quien salió de la JUCO en donde había sido uno de sus más queridos dirigentes, encargado de las relaciones internacionales y reconocido entre los movimientos sociales del Valle del Cauca14.

El 17 de julio de 1965, después de un proceso de debates y acuerdos, se funda, en el que se denominó el “x congreso”15, el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista (PCC M-L). Asisten a este evento Pedro Vásquez Rendón, Pedro León Arboleda, Fred Kaim, Uriel Barrera, Carlos Arias, Libardo Mora Toro, Aldemar Londoño, Jaime Romero Buj (exmiembros del PC), Francisco Garnica, Ricardo Torres, Carlos Alberto Morales (JUCO) y Francisco Caraballo (JMRL), entre otros. El Congreso elige un Comité Central de veintisiete miembros, un Comité Ejecutivo y un Secretariado presidido por Pedro Vásquez Rendón, en el que también se encontraba Pedro León Arboleda, Carlos Arias y Bernardo Ferreira Grandet.

Sobre el carácter de la revolución se mantuvo la tesis de revolución patriótica, popular y antiimperialista, se dio una unidad entre quienes sostenían la tesis de revolución socialista de inmediato, los que concebían una etapa intermedia entre la nueva democracia y la revolución socialista, y los que defendían la nueva democracia como la revolución que debía emprenderse (Molano Camargo, 2004).

El partido consideraba que la situación nacional y el estado de ánimo de las masas era tal que se vivía una situación preinsurreccional. De ahí sus orientaciones: la revolución será posible exclusivamente de manera armada y el escenario principal será el campo. Todos los marxistas leninistas en un solo partido, todos los combatientes populares en un solo ejército revolucionario, todos los revolucionarios en un solo frente patriótico de liberación. La situación preinsurreccional se atribuía a los conflictos urbanos y rurales de la primera mitad de la década de 1960, y al descontento frente a la situación económica. También se analizaba con exceso de optimismo el incremento de la tendencia abstencionista de 1964, lo cual reflejaba más el descontento con el pacto del Frente Nacional que cualquier otra cosa.

Desde el mismo momento de su fundación, el nuevo Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista fue consecuente con su planteamiento sobre la lucha armada, de modo que creó un núcleo de lo que sería el futuro Ejército Popular de Liberación (EPL).

Las discusiones internas, el afinamiento de las posiciones políticas, los alineamientos internacionales, los debates, las expulsiones y los fraccionamientos, así como el surgimiento de nuevas formas de organización y nuevas visiones de la lucha política, hacen parte de la experiencia acumulada de las Farc-EP en este periodo para la configuración de su nueva organización política. Otros elementos recogerá la organización de la experiencia de La Uribe y la fundación, el desarrollo político organizativo y el genocidio de la Unión Patriótica.

Los acuerdos de La Uribe y la Unión Patriótica

A partir de la firma de los Acuerdos de La Uribe las Farc-EP inician un proceso dirigido, en lo esencial, a constituir una fuerza política capaz de participar en el escenario de apertura democrática que se construye de manera progresiva y enfrentar las provocaciones y agresiones a las que se ven abocados sus frentes por parte de las Fuerzas Militares y de los organismos paramilitares impulsados por estas. Para entonces, las Farc-EP cuentan con veintisiete frentes guerrilleros que se distribuyen a lo largo de las principales regiones del país. Estos frentes se han acogido a la disposición de cese al fuego ordenada por la organización, y se han dedicado, sobre todo, a promover un proyecto político unitario como una propuesta de convergencia de distintas fuerzas de izquierda y democráticas, lo cual terminará por originar la Unión Patriótica.

La situación no es fácil. Junto con el discurso de paz de Betancurt se construye de forma simultánea un proceso de pacificación violenta agenciado por los mandos militares que no ven con buenos ojos el proceso que adelanta el presidente con los grupos guerrilleros. Ese proceso impulsó con mayor fuerza –pese a las denuncias hechas por la Procuraduría de la Nación– los grupos paramilitares, cuya experiencia más fuerte se ubicó en el Magdalena Medio, en el municipio de Puerto Boyacá, con una experiencia piloto de lucha anticomunista que comenzó a partir de entonces a reproducirse en otras regiones del territorio nacional16.

El 29 de septiembre de 1984, el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc-EP envía un memorando a la Comisión Nacional de Verificación en el que llama la atención sobre las dificultades que se vienen presentando en relación con el proceso de paz; realiza las denuncias pertinentes a las violaciones de la tregua, señala el avance del fenómeno paramilitar y pone a disposición de la comisión los fundamentos del proyecto político en el que procuran convertirse las Farc-EP. Esta época es supremamente importante porque en las dinámicas de la guerra y la paz, en la construcción de los escenarios democráticos y en el desarrollo de la guerra sucia comienza a producirse lo que más adelante será la separación definitiva de la relación organizativa y política entre el PCC y las Farc-EP:

De nuestra parte hemos cumplido al pie de la letra los acuerdos de La Uribe. No acontece de la misma manera con la orden presidencial de cese al fuego. A partir del 28 de mayo de 1984, el Ejército despliega operativos contraguerrilleros en los frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 10 en Arauca, en el 21, 22, 23 y en el 4, 12 y 20 frentes en el Magdalena Medio, en el 3 y el 13 frente en el Huila y dispuesto operativos ante-orden contra todos los demás frentes de las Farc en el país. Esta violación de los acuerdos de La Uribe y de la orden presidencial de cese al fuego de parte del Ejército, tiene base en la circular del general Vega Uribe aparecida en la prensa el 1 de junio de 1984 y que en concreto dice: “Las Fuerza Militares continuarán tal como se ha dispuesto intensificando sus operativos, hasta el momento en que las organizaciones subversivas de las Farc tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia de combate y control militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo. (Estado Mayor Central de las Farc-EP, 29 de septiembre de 1984)

Para las Farc-EP las declaraciones del general Vega Uribe y, en general, el comportamiento de las Fuerzas Militares estaban dirigidos a que se rompieran los acuerdos de La Uribe y se impidiera avanzar en el camino de la búsqueda de una salida política al conflicto armado, el cual se inicia con el cese al fuego y cuyos mayores enemigos se encuentran en la cúpula militar17. A esto se suma la situación de orden público que, en medio del estado de sitio, no logra superar el asesinato de campesinos, líderes populares, políticos y jefes guerrilleros que sacrifican los organismos militares y los cuerpos paramilitares.

A lo anterior se agrega el estado de sitio generalizado a todo el territorio nacional, los asesinatos de campesinos y gentes del pueblo, de dirigentes revolucionarios como Jesús Eduardo Vasco y el médico Carlos Toledo Plata en Santander y muchos otros en diversos lugares del país, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y todavía la tortura, y en general la continuación de la ola terrorista con cargo a las Fuerzas Militares y mecanismos paramilitares como el mas y otros escuadrones de la muerte, sabiéndose como se sabe de la procedencia, dirección y financiación de tales grupos terroristas. (29 de septiembre de 1984)

Las Farc-EP solicitaron el levantamiento del estado de sitio que se había establecido a raíz del asesinato del ministro Lara Bonilla por parte de los carteles de la droga, pues consideraban que esto alertaba a las mafias del narcotráfico y les permitía salir libremente del país, mientras eran los movimientos sociales y el proceso político los que se veían afectados por la medida.

Sobre las consideraciones generales enunciadas, la organización presentó de nuevo ante la comisión y por intermedio de esta a los medios de comunicación y a la opinión pública la propuesta de un programa político que por entonces construía con el fin de convertirlo en la base del lanzamiento de un movimiento político nacional, documento que ya había dado a conocer al Congreso en carta dirigida el 20 de julio de 1984. Por medio de este programa, las Farc-EP se comprometen a encabezar, en unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad del país y a la controversia civilizada, por una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la oposición y el acceso a todos los medios de comunicación social, a su libre organización, a su lucha y movilización, por la creación de un clima de participación en las gestiones del Estado.

En el marco de la apertura democrática, las Farc-EP, junto con otros partidos y corrientes de izquierda se proponen luchar, utilizando todos los medios, por una reforma de las costumbres políticas con el fin de desmontar el monopolio del poder político ejercido por los partidos tradicionales en beneficio de las clases dominantes, y abrir así un cauce a la participación de las grandes mayorías nacionales en los asuntos del Gobierno. Se proponen también desarrollar una lucha política por una reforma electoral que posibilite, a través de residuos y cocientes especiales, que los sectores populares y los partidos de oposición minoritarios lleguen al parlamento y allí ocupen cargos de importancia en la constitución de la dirección del cuerpo legislativo; en suma, se plantea la lucha por la elección popular de alcaldes y gobernadores y por la descentralización de la gestión pública. En ese camino se proponía que el municipio se elevara a la categoría de célula viva de la nación con un presupuesto proveniente de los impuestos y las rentas nacionales, y que los concejos municipales y las asambleas departamentales jugaran un papel determinante conforme a las necesidades del desarrollo económico, social y político del país.

El programa también formula la necesidad de luchar por la aprobación de una ley de reforma agraria democrática que les entregue de forma gratuita la tierra a los campesinos que no la poseían, sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios improductivos, cualquiera que fuese el tipo de propiedad o concesión. Esa reforma debía acompañarla una política de crecimiento y desarrollo rural (asistencia técnica, crédito, mercadeo, etc.) que aumentara la producción y el bienestar de la población campesina.

Asimismo, se planteó una ley de reforma urbana que contemplara el diseño general de un plan nacional de construcción de vivienda al alcance de las posibilidades económicas de los destechados. Se propuso luchar contra el impuesto sobre el valor añadido (IVA), por la reducción del impuesto predial y de renta, por reformas en la educación que democratizaran la participación en la conducción de los procesos del sistema educativo, la hicieran gratuita y la estatizaran por completo.

Una especial atención prestó el programa a las reformas en la administración de justicia en relación con la definición clara de los campos de aplicación de la justicia ordinaria y castrense, a fin de que esta última no pudiera inmiscuirse en el enjuiciamiento de civiles, sino de militares en servicio activo. Sin embargo, el centro fundamental de atención en materia normativa el programa lo enfoca en la necesidad de una reforma constitucional que dotara al país de una nueva constitución moderna y democrática.

Son aspectos centrales de la propuesta los procesos de nacionalización de las empresas y banca extranjera, lo que concierne a la independencia y la soberanía de la nación y su capacidad de autodeterminarse libre de las injerencias imperialistas y de sus programas de seguridad.

Existía en el programa la preocupación porque los escenarios de las luchas campesinas, populares y sindicales ayudaran al fortalecimiento de la democracia, se combatieran los grupos paramilitares que comenzaban a proliferar por todo el país y las Fuerzas Militares regresaran a los cuarteles, el ministro de Defensa fuera civil, se desmilitarizara la vida nacional, se indemnizara a las víctimas de la violencia y se juzgara y castigara a los criminales que agenciaron las torturas, los asesinatos y las desapariciones de la población civil18.

Si se considera el desarrollo posterior de la vida política del país, muchos de los aspectos allí planteados tuvieron curso y se convirtieron en hechos políticos. Es el caso de la elección popular de alcaldes y goberna-dores, la descentralización política y la transformación de la Constitución Política de Colombia, entre otros aspectos que se trabajaron en relación con la ampliación de la democracia y la reforma de la justicia. No obstante, cada uno de estos aspectos asumió su propia versión y énfasis en el marco del imaginario neoliberal y las políticas estatales de modernización.

Al realizar el balance del primer año de los acuerdos de La Uribe, las Farc-EP, en carta dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Verificación, Dr. Jhon Agudelo Ríos, señalan que el camino de la paz ha estado lleno de obstáculos y de grandes dificultades, lo cual, en particular, se debe a que los enemigos de la paz han dividido el país en dos: uno formal, gober- nado por el presidente Betancur, y otro real bajo el control de los militares:

El primer escollo en el camino de la paz lo constituye el estado de sitio. El segundo, la incomprensión y el sectarismo de la cúpula militar actual, del militarismo y en general de la reacción más oscurantista del país. El tercero, las vacilaciones y la conciliación del señor presidente de la República frente a la campaña habilidosamente orquestada por los reaccionarios contra la política de paz, en la que llevan la voz cantante los altos jerarcas militares.

[...]

Esto es posible porque en realidad hay en Colombia dos poderes: uno, el del presidente constitucional de la República, o sea el poder formal y otro, el de los militares reaccionarios al mando de la Fuerza Pública, o sea el poder real. (AH-Farc-EP, 1984)

En este documento se encuentra un extenso inventario de los actos de provocación desarrollados por las Fuerzas Militares contra las distintas estructuras de los frentes guerrilleros en el país, y se señala que su trabajo estaba, en lo fundamental, dedicado a construir las condiciones que les permitieran avanzar en la conversión de la organización en un movimiento político (la Unión Patriótica). Señalan el número de muertos y presos que han colocado, y convocan a la comisión para que transmita al presidente Betancur la situación por la que atraviesa el proceso no solo con las Farc-EP, sino con los demás movimientos guerrilleros, en particular con el M-19.

La carta de las Farc-EP al presidente de la comisión responsabiliza de la existencia del movimiento guerrillero a la intransigencia de los militares:

[L]os verdaderos impulsores del movimiento guerrillero colombia-no han sido los reaccionarios, los militares pro-yanquis y los militaris-tas. De esto no debe quedar la menor duda. Por eso, ponerles camisas de fuerza a los enemigos de la paz es la gran tarea de los colombianos, comenzando por el propio presidente Belisario Betancur. Por eso, la política de cese al fuego, tregua y paz democrática, apertura y reformas es la única política conveniente y justa en la actualidad. La vía contraria es la guerra civil o la insurrección popular.

[...]

Como nosotros somos conscientes de estas cosas, no nos resultó difícil plantearnos la cuestión de convertirnos en la plataforma de lanzamiento de un nuevo movimiento político. Próximamente dará a la luz un millón de ejemplares de la plataforma nacional de lucha de la Unión Patriótica. El nuevo movimiento político contará en las ciudades con oficinas abiertas al público y un semanario que llevará el mismo nombre del movimiento. En todas las áreas de los diversos frentes de las Farc se estarán creando comandos departamentales, regionales y municipales y amplios comités de la base de la Unión Patriótica y ya comenzamos a organizar el nuevo movimiento político en las ciudades. (1984)

La Unión Patriótica

A lo largo del proceso de paz adelantado por las Farc-EP se gestan dos propuestas unitarias. Una se expresa en el ámbito político con la Unión Patriótica, y la otra en aspectos organizativos, políticos y militares en la Coordinadora Guerrillera19.

El 11 de mayo de 1985, a pocos días de cumplirse un año de la firma de los acuerdos de La Uribe y en medio del crecimiento de los obstáculos y las dificultades para sacar adelante el proceso, aparece públicamente una nueva organización política de izquierda impulsada por las Farc-EP y concebida, en un comienzo, como su expresión política, a la cual se le denomina “Unión Patriótica”.

En noviembre del mismo año se realiza el Primer Congreso Nacional, en el cual se plasma la visión del perfil político y social que va a tener la UP:

La Unión Patriótica es un amplio movimiento de convergencia democrática que lucha por las reformas políticas, económicas y sociales que garanticen al pueblo colombiano una paz democrática […]. Es un movimiento amplio donde caben: los obreros, los campesinos, los intelectuales, los estudiantes, los profesionales, los artesanos, los artistas, los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos industriales, los sectores democráticos de la burguesía no monopolista, las personalidades democráticas de cualquier tendencia política, los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, las personas de cualquier credo o religión, los militares amigos de la democracia y de la paz, las organizaciones indígenas, las organizaciones cívicas, las juntas de acción comunal, los comités barriales, las organizaciones sociales, las amas de casa, los usuarios de los servicios públicos y en general todas las corrientes de opinión y las gentes sin partido que quieren luchar por las reformas y la paz democrática. (Unión Patriótica, 16-17 de noviembre de 1985)

Esta caracterización amplia e incluyente sería muy útil tomarla en consideración en el actual momento de la transición; constituye un patrimonio heredado que no sería pertinente desechar en la ruta a seguir en la vida democrática e institucional de la nación.

En el Primer Congreso Nacional, la Unión Patriótica establece los objetivos generales por los cuales se propone trabajar:

[T]enemos como [...] objetivo construir un frente político y social de millones de colombianos comprometidos con los cambios democráticos que el país está reclamando […]. Millones de colombianos independientes que están cansados de tanta politiquería tradicional y esperan cambios democráticos que hagan posible su participación política. Este es un proyecto […] que se caracteriza por su amplitud, contrario a toda concepción sectaria, excluyente o hegemónica.

[...]

La UP debe mostrarse capaz de formular un mensaje apropiado para que se adhieran muchos ciudadanos y organizaciones políticas a quienes se les debe tratar con deferencia, se les debe respetar su perfil liberal, conservador, socialista, independiente o cívico. Lo correcto es ir ampliando la convergencia. No hay que escatimar esfuerzo alguno para mantener la unidad, respetando los criterios y buscando permanentemente el consenso. (Unión Patriótica, 16-17 de noviembre de 1985)

La lucha por la democracia constituye el eje central sobre el cual gira el proyecto político de la UP. La organización centró su discurso en el desconocimiento de la democracia existente, concebida como democracia representativa, la que considera excluyente, construida por los intereses de los dos partidos tradicionales apoyados en el militarismo.

Para la UP, la alternativa es la democracia participativa:

La existencia de minorías privilegiadas y mayorías marginadas, explica el conflicto social resultante y las condiciones de injusticia e inequidad. Esta situación de crisis del desorden tradicional no podrá resolverse sino a través de la construcción de un nuevo orden social democrático y mediante la organización y movilización consciente del pueblo, para la participación directa en los centros de decisión y poder del Estado. El pueblo debe tener canales políticos propios para acceder a las instituciones donde se definen los planes y programas de desarrollo socio-económico y en donde se asignan los recursos para su ejecución. La participación popular directa en las instituciones del Estado no puede ser simplemente consultiva sino que debe ser decisoria. (AH-Farc-EP, Documentos del II Congreso de la UP)

De esta forma, configuran el concepto de democracia, el cual constituye el eje fundamental del discurso político de UP.

Al provenir de las iniciativas políticas de la Farc-EP, uno de los temas más difíciles de manejar para la organización lo constituyó el de la violencia política. La UP buscaba establecer una diferencia absolutamente clara entre la violencia política ejercida de manera legítima y articulada a un proyecto político, que se acepta, es justa y es legítima en razón a su naturaleza política. Plantean, frente a este difícil tema, que la resistencia es válida y democrática, y existe en la medida en que se produce una violencia que aniquila las causas populares y se desarrolla como terrorismo estatal y guerra sucia. Este dualismo hace parte de las dificultades que tendrá que enfrentar la organización política con un altísimo costo en vidas.

Los argumentos de unidad y convergencia por la democracia no son obstáculos para defender la validez de las diversas formas de acción (la lucha armada incluida), de las cuales algunas son difícilmente aceptadas por la democracia: la lucha armada es el resultado de las condiciones de represión y violencia impuestas por el sistema de la democracia restringida. (AH-Farc-EP, Documentos del II Congreso de la UP)

De igual forma, la presentación del programa hace énfasis en la salida negociada, para lo cual utiliza la estrategia que plantea la imposibilidad de la derrota militar de alguna de las partes y, por tanto, es necesario llegar a una salida negociada. La UP sostiene que, de darse una democracia plena, así como el respeto a las libertades y a los derechos de los trabajadores de la ciudad y del campo, si se respeta la vida de todos los colombianos sería ilegítima y absurda cualquier respuesta armada.

El 20 de agosto de 1986, tras los comicios electorales, el Consejo Electoral, en cumplimiento de la Ley 58 de 1985, reconoce el estatus jurídico de la UP con la Resolución n.º 37; le atribuye plenos derechos y exige de las autoridades de la República la garantía y la protección de sus derechos constitucionales para su existencia política y el ejercicio de su actividad en la vida civil colombiana. Sin embargo, los derechos que se reconocieron en el papel se negaron en el discurso de la criminalidad institucional y paramilitar que convirtió el nuevo proyecto en el blanco de sus acciones criminales.

En 1986, el primer año de participación electoral, se constituyó la UP como el fenómeno político electoral; obtuvo la más alta votación de la izquierda hasta esa época, reflejada en el apoyo de 320 000 electores y la elección de 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados departamentales, 351 concejales y el nombramiento de 23 alcaldes municipales (Córdoba Treviño, 1992, p. 65).

A partir de los comicios electorales de 1986 la violencia contra la UP fue en aumento y el precio que comienza a pagar por su voluntad de permanecer en la lucha política democrática se hace muy alto. Se empiezan a producir asesinatos, masacres, atentados y desapariciones en contra de sus militantes; más de 5500 de sus principales dirigentes, dos senadores, dos parlamentarios, cinco diputados departamentales, cuarenta y cinco concejales y alcaldes y dos candidatos presidenciales sucumben a la acción terrorista del Estado y los grupos paramilitares20.

La violencia del terrorismo de Estado impactó de forma directa a la UP. Los dirigentes que se habían reincorporado a la vida civil son asesinados, al igual que muchos otros que no habían tenido ningún nexo político o ideológico con la guerrilla. La Unión Patriótica, lentamente, decidió reestructurarse y dotarse de una política propia e independiente de las Farc-EP. Este proceso se oficializó en abril de 1987, cuando la dirección de la UP rompió relaciones con la dirección de las Farc. Este comportamiento correspondía a la necesidad de subsistir como proyecto político en un momento en que el partido estaba en la mira de los paramilitares, quienes lo acusaban de ser la fachada de las Farc. Iván Márquez y Braulio Herrera, antiguos comandantes de los frentes 14 y 15 y a quienes se les había encargado la tarea de impulsar el movimiento político, fueron llamados por las Farc-EP a reincorporarse a los frentes militares. En ese proceso asumió la dirección del movimiento Jaime Pardo Leal, quien fue elegido máximo dirigente de la organización y se convirtió con el tiempo en su candidato a la presidencia de la República.

La permanencia de Pardo Leal al frente de la organización dura hasta su asesinato, el 11 de octubre de 1987, momento en el que lo reemplaza Bernardo Jaramillo. Al frente de la organización, Jaramillo asume como tarea principal no permitir la destrucción de la UP, a pesar de la persecución que se desató en contra del grupo en todo el país y comenzó a sumar vertiginosamente muertos en un genocidio político que no tendrá comparación en la historia reciente de Colombia. A Bernardo Jaramillo lo asesinan el 22 de marzo de 1990, lo cual se convirtió, a su vez, en el desvanecimiento de la Unión Patriótica y un distanciamiento cada vez mayor hasta la absoluta separación de las Farc-EP y el PCC.

La nueva experiencia de conformación de una organización política y de masas tendrá que esperar una década más hasta la conformación del Partido Comunista Colombiano Clandestino y El Movimiento Bolivariano.

El Partido Comunista Colombia Clandestino

y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia

En medio del proceso de paz y al conmemorarse los treinta y cinco años del surgimiento del movimiento insurgente, el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc-EP emite el pronunciamiento anual de conmemoración, en el cual, además de hacer un recuento de su origen, su programa y sus conferencias, de señalar los procesos de paz adelantados y los logros obtenidos hasta el momento, convoca al pueblo colombiano a la formación de un nuevo movimiento político, clandestino en su funcionamiento, amplio en sus criterios y revolucionario en sus objetivos, resumido en la Plataforma